Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03431-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03431-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-03431-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
17 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03431-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: NUBIA ALCIRA CAMPOS DE MELO
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR
INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL, PUES LO PRETENDIDO POR LA ACTORA ES
REABRIR EL DEBATE SURTIDO DENTRO DEL MEDIO DE CONTROL DE
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. LA DIVERGENCIA
OBEDECE A UN DEBATE DE ASPECTOS QUE FUERON RESUELTOS DE
FORMA ADMISIBLE POR LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: A LA IGUALDAD, AL DEBIDO PROCESO,
AL TRABAJO, A LA SEGURIDAD SOCIAL Y AL MÍNIMO VITAL.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora
contra la SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “B”- DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1 y la
SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE
ESTADO2.
1
En adelante el TRIBUNAL.
2
En adelante la SECCIÓN SEGUNDA.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03431-00
Actora: NUBIA ALCIRA CAMPOS DE MELO
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
La señora NUBIA ALCIRA CAMPOS DE MELO, a través de
apoderado, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo
86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al trabajo, a la
seguridad social y al mínimo vital, los cuales estima vulnerados por
el TRIBUNAL y la SECCIÓN SEGUNDA, al haber proferido la
providencia de 12 de junio de 2020, y la sentencia de 7 de noviembre
de 2024, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 2017-02563-01.
I.2.- Hechos
Indicó que promovió una acción de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE
LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)3, con el fin de que se declarara
3
En adelante la UGPP.
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3
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Actora: NUBIA ALCIRA CAMPOS DE MELO
la nulidad de las resoluciones núms. RDP 039647 de 21 de octubre
de 2016 y RD 004763 de 10 de febrero de 2017, que le negaron el
reconocimiento y pago de la pensión gracia.
Aseguró que al proceso le fue asignado el número único de radicación
2017-02563-00 y le correspondió al TRIBUNAL, que mediante
sentencia de 12 de junio de 2020, negó las pretensiones de la
demanda.
Manifestó que presentó recurso de apelación, que fue resuelto por la
SECCIÓN SEGUNDA que, mediante sentencia de 7 de noviembre de
2024, confirmó la sentencia de primera instancia.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Manifestó que no es cierto que se presente contradicción en las
pruebas aportadas, ni que la actora se haya demorado en cumplir
con la carga de la prueba por no haber aportado los actos
administrativos de nombramiento de los contratos de prestación de
servicios o el certificado de información laboral, con lo que la
SECCION SEGUNDA, resta importancia a la certificación emitida por
la institución educativa departamental José María Obando, que no
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fue tachada de falsa por la UGPP, ni por el TRIBUNAL, en la que
trabajó como docente de hora cátedra, pero no como docente oficial,
lo cual no resulta incompatible con que se hubiera desempeñado
como secretaria.
Que la SECCIÓN SEGUNDA restó valor probatorio al certificado de
tiempo de servicios expedido por la Secretaría de Educación del
departamento de Putumayo, de 9 de diciembre de 2020.
Indicó que respecto de la tacha de falsedad, el artículo 224 del CGP,
es aplicable por remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011,
respecto del documento auténtico y resaltó que los documentos
públicos y privados preferidos por las partes o por terceros en original
o en copia, que sean elaborados, firmados o manuscritos, además de
los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se
presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falsedad.
Así las cosas, destacó que no existe contradicción entre las
certificaciones emitidas por la institución educativa departamental
José María Obando, que no fueron tachadas de falsas ni por el
TRIBUNAL ni por la UGPP.
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Mencionó que la SECCION SEGUNDA hizo una indebida valoración
probatoria que fue caprichosa e incompleta, respecto de la
certificación de la institución educativa departamental José María
Obando del municipio de El Rosal y no comprende el argumento
respecto del cual dice que no se acreditó su vinculación laboral a la
institución antes de 31 de diciembre de 1980.
Advirtió que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
defecto fáctico4, por indebida valoración probatoria del certificado
laboral de 28 de agosto de 2015, suscrito por el rector de la
mencionada institución.
Alegó que la SECCIÓN SEGUNDA incurrió en desconocimiento del
precedente al apartarse sin razón alguna de las sentencias5 que
reconocen que los tiempos laborados en intendencias y comisarias
deben ser considerados para acreditar tiempo necesario para cumplir
los 20 años de servicio como docente territorial o nacionalizado, para
acceder a la pensión reclamada.
Finalmente, resaltó que las autoridades judiciales accionadas
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Corte Constitucional SU 424 de 2021
5
Sentencia de Unificación SU-155 de 2023
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incurrieron en violación directa de la Constitución, comoquiera que
las providencias cuestionadas vulneran sus derechos fundamentales
a la igualdad y a la seguridad jurídica.
I.4.- Pretensiones
La actora solicita el amparo de sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] 1. Se amparen los derechos fundamentales de mi
poderdante, vulnerados con las sentencias de primera y de
segunda instancia emitidas por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN
SEGUNDA SUBSECCIÓN B y el CONSEJO DE ESTADO -
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN
SEGUNDA - SUBSECCIÓN A, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento de derecho con número de radicado
25000-2342-000-2017-02563-01.
2. Que como consecuencia de la anterior decisión se profiera una
orden judicial con destino al CONSEJO DE ESTADO - SALA DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN
SEGUNDA - SUBSECCIÓN A, en donde se emita una nueva
sentencia dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento de derecho con número de radicado 25000-
2342-000-2017-02563-01, bajo los parámetros de justicia que
establezca la Corte Constitucional como garante de los derechos
fundamentales de las personas. (Negrilla pertenece al texto).
I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL allegó electrónicamente el expediente 2017-
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02563-01.
I.5.2. La SECCIÓN SEGUNDA pese a ser notificada en debida
forma, guardó silencio.
I.6. Intervinientes
I.6.1.- La UGPP indicó que no existió vulneración de los derechos
fundamentales alegados por la actora y pide ordenar que la acción
de tutela sea declarada improcedente, al considerar que la autoridad
judicial emitió la decisión judicial en derecho y es cosa juzgada.
Solicitó ser desvinculada al considerar que hubo indebida vinculación
a la acción de tutela, que existe la cosa juzgada respecto de la
sentencia; que la acción de tutela no es un mecanismo con el que se
pueda pretender una tercera instancia de las decisiones adoptadas
por el juez de la causa después de haber agotado el procedimiento
establecido por la ley.
Adujo que no hay un perjuicio irremediable demostrado por la actora,
y no puede pretender que con el mecanismo especial de la acción de
tutela se dirima una situación que ya fue resuelta por el juez natural.
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Solicitó que se niegue el amparo de los derechos fundamentales
deprecados por la actora.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Cuestión previa
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la
sentencia.
La Sala advierte que la UGPP solicitó su desvinculación en la
presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por
pasiva.
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Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
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bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]”. (Destacado de la Sala).
Ahora bien, comoquiera que la UGPP fue vinculada en calidad de
demandada dentro del mencionado medio de control, objeto de
cuestionamiento, le asiste interés directo en las resultas del proceso
constitucional de la referencia, razón por la cual, la Sala denegará su
solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
consejera María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
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observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
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b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
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momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
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por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se
dejen sin efecto las providencias de 12 de junio de 2020 y 7 de
noviembre de 2024, proferidas por el TRIBUNAL y la SECCIÓN
SEGUNDA, respectivamente, dentro medio de control de nulidad y
restablecimiento identificado con el número único de radicación
2017- 02563-01.
A las citadas providencias la actora les atribuye la vulneración de sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al trabajo,
a la seguridad social y al mínimo vital, habida cuenta que, a juicio de
la actora, se incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y
desconocimiento del precedente al dejar de analizar en debida
forma las pruebas obrantes en el expediente que demostraban su
vinculación con la institución educativa departamental José María
Obando del municipio de El Rosal, pues LA SECCION SEGUNDA las
tachó de falsas, sin que fuera así por parte del TRIBUNAL ni de la
UGPP; sumado a ello, la institución no pudo certificar su vinculación
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como secretaria, como quiera que en los archivos no reposaba
información relacionada entre los años 1973 y 1983.
Alegó que la SECCIÓN SEGUNDA incurrió en desconocimiento del
precedente al apartarse sin razón de las sentencias proferidas por
el Consejo de Estado que reconocen los tiempos laborados en
intendencias y comisarias deben ser considerados para acreditar
tiempo necesario para cumplir 20 años de servicio como docente
territorial o nacionalizado para acceder a la pensión gracia.
Es del caso advertir que, si bien en la acción de tutela se solicita dejar
sin efectos tanto la providencia de 12 de junio de 2020 proferida
por el TRIBUNAL, como la dictada el 7 de noviembre de 2024,
por la SECCIÓN SEGUNDA, respectivamente, la Sala realizará
únicamente el análisis de la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados frente a la providencia de segunda
instancia, toda vez que fue esta la que dio por terminado el proceso
para el actor.
De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,
la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
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según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida
por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la
relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional6, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».7
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
6
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
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Sala Plena de esta Corporación8, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [9]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [10].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [11].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[9] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[10] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[11] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
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es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [12].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
[12] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [13]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [14].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [15]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
[13] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[14] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[15] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional
en sentencia SU-215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho
requisito tiene como finalidades las siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia
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constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
ordinario.
Ahora bien, descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la
controversia que propone la actora implica la reapertura de un asunto
que ya fue resuelto en el medio de control y del cual se pretende
constituir una instancia adicional, comoquiera que los argumentos
expuestos en el escrito de tutela están dirigidos a demostrar que las
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pruebas aportadas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho eran suficientes para acceder a la liquidación de
perjuicios solicitada.
En efecto, revisada la providencia cuestionada, se advierte que las
inconformidades que ahora trae la accionante a esta sede
constitucional ya fueron resueltas de forma admisible por la
SECCIÓN SEGUNDA al realizar un análisis del asunto así:
“[…] para la Sala el material probatorio recaudado no resulta
suficiente para establecer la prestación del servicio docente,
aunado a que no reposa ninguna otra prueba que ofrezca certeza
sobre la forma en que fue vinculada al servicio, dado que obra
acto administrativo alguno, como tampoco orden de servicio y
menos aún se aportó certificado laboral proveniente de la
entidad nominadora. Tampoco existe claridad sobre los límites
temporales de las mentadas designaciones, y pese a que se
decretó prueba a fin de obtener claridad sobre el desarrollo de
la función docente durante el periodo en estudio, lo cierto es
que, las pruebas proporcionadas como se dijo, resultan
insuficientes, no pudiendo pasar por alto la Sala la contradicción
existente entre las dos certificaciones aportadas al plenario, en
tanto, por un lado, en el año 1999 la rectora de la institución
educativa certificó que la accionante laboró como secretaria
desde el año 1973 a 1981 –cargo administrativo cuyo ejercicio
no puede ser computado para pensión gracia-; y luego, en
constancia emitida en el año 2015, el rector de la misma
institución indica por el contrario, que laboró como docente
desde el año 1974 hasta 1976 y luego de 1979 a 1982.
En concordancia con lo anterior, la Sala restará merito
probatorio a las documentales antes relacionadas, y dado que
no existen otras pruebas en el plenario que ofrezcan certeza
sobre la prestación del servicio docente de la actora –bien sea
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territorial o nacionalizado- con anterioridad al 31 de diciembre
de 1980, se concluye que no se acredita dicha exigencia legal
para obtener la pensión gracia.
Ahora, valga resaltar que la parte demandante tenía pleno
conocimiento que este requisito fue el objeto de discrepancia con
la entidad demandada, motivo por el cual le fue negada en sede
administrativa la prestación, por lo que era de su carga
demostrar el cumplimiento del mismo, aportando el material
probatorio correspondiente que llevara al convencimiento del
ejercicio docente territorial o nacionalizado, bien fuera
aportando los actos administrativos de designación, o los
contratos de prestación de servicios, certificado de información
laboral emitida por la entidad nominadora, entre otros; pero por
el contrario, incumplió con la carga probatoria a que hace
referencia el artículo 167 del Código General del Proceso, que
dispone que «Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho
de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen».
[…]
Importante destacar que, en sede de impugnación alega la
demandante que si el tribunal estimaba que las pruebas no eran
suficientes debía decretarlas de oficio, argumento que para la
Sala no resulta suficiente para despojarse de la carga probatoria
que le asiste de probar los fundamentos de hecho y de derecho
que expone en el libelo demandatorio. Y en todo caso, en esta
instancia se efectuó un decreto de pruebas de oficio, y en
cumplimiento de ello se incorporó un material probatorio que,
en vez de ofrecer credibilidad respecto a la prestación del
servicio docente antes del 31 de diciembre de 1980, lo que
conllevó fue a que sugieran nuevas dudas al respecto, lo que a
todas luces impide a esta Colegiatura convalidar los tiempos
aludidos en la demanda.
Como resultado del análisis realizado, se advierte que no se
encuentra acreditado el requisito de la prestación del servicio
docente con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 lo que
imposibilita continuar con el estudio de los demás periodos de
labor; en consecuencia, la Sala se releva de analizar las demás
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exigencias de ley, para obtener la pensión gracia; lo cual
conlleva a confirmar la sentencia de primera instancia que negó
las pretensiones. […]” (Destacado fuera de texto).
De los apartes transcritos de la providencia cuestionada se extrae
que las inconformidades expuestas en el escrito de tutela de la
referencia, además de que carecen de una perspectiva
constitucional, en la medida en que su solución se deriva de la
interpretación que la parte actora pretende que se dé a las pruebas
dispuestas en el asunto, fueron resueltas por la autoridad judicial
accionada en el auto cuestionado.
Significa lo precedente que lo pretendido por la actora es que el juez
de tutela haga un nuevo examen integral de los argumentos
expuestos dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
en el que se estableció que no le asistía derecho a la actora de
percibir la pensión gracia, con la finalidad de que se haga una
corrección al análisis que hizo la autoridad judicial accionada de
segunda instancia y se acoja la interpretación que propone, como si
el mecanismo de amparo fuera una instancia o recurso adicional a
los previstos en el trámite ordinario.
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En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte
actora, sino una divergencia que obedece a la interpretación dada
por el juez natural del asunto a las pruebas allegadas al proceso, en
el cual el juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a
la acción de tutela el carácter de un recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales y de paso invadir la competencia
y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente el
amparo solicitado, por carencia del requisito general de la relevancia
constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL (UGPP), por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 17 de julio de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN (E2) OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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