Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03431-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03431-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-03431-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
4 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03431-01
Accionante: NUBIA ALCIRA CAMPOS DE MELO
Accionados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A, Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial — confirma improcedencia
por falta de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 17 de julio de 2025 por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de
1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos
333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena
del Consejo de Estado.
Por auto del 10 de junio de 20252, el ponente de la primera instancia admitió la
acción constitucional y, mediante la providencia del 6 de agosto de 2025 concedió
la impugnación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. La señora Nubia Alcira Campos de Melo, actuando por medio de
apoderado judicial, presentó acción de tutela en contra de la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado y de la Subsección B de Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Con la solicitud de
amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales a la igualdad,
al debido proceso, al trabajo, a la seguridad social y al mínimo vital.
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 del expediente de primera instancia en Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar
que se notificaron como accionadas a la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado y a la Subsección B de Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Asimismo, se dispuso la vinculación de: (i) la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales — UGPP; y (ii) la Institución Educativa Departamental
José María Obando.
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Accionante: Nubia Alcira Campos de Melo
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2. Las anteriores trasgresiones se las adjudica a las siguientes providencias:
(i) sentencia del 12 de junio de 2020 dictada por el tribunal demandado, mediante
la cual se negaron las pretensiones de la demanda; y (ii) decisión del 7 de
noviembre de 2024, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, que confirmó el fallo de primera instancia3.
3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1. Se amparen los derechos fundamentales de mi poderdante, vulnerados
con las sentencias de primera y de segunda instancia emitidas por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN
SEGUNDA SUBSECCIÓN B y el CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN A, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
de derecho con número de radicado 25000-2342-000-2017-02563-01.
2. Que como consecuencia de la anterior decisión se profiera una orden
judicial con destino al CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN A, en donde se emita una nueva sentencia dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento de derecho con número de radicado
25000- 2342-000-2017-02563-01, bajo los parámetros de justicia que
establezca la Corte Constitucional como garante de los derechos
fundamentales de las personas4.
1.2. Hechos
4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
siguiente manera:
5. El 25 de mayo de 2017, la señora Nubia Alcira Campos de Melo interpuso
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales de la
Protección Social —en adelante UGPP—. Pretendió la nulidad de las
Resoluciones RDP 039647 del 21 de octubre de 2016 y RDP 004763 del 10 de
febrero de 2017, por medio de las cuales la entidad demandada negó el
reconocimiento y el pago de la pensión gracia a su favor.
6. El medio de control le correspondió a la Subsección B de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y se le asignó el número
de radicado 25000-23-42-000-2017-02563-00.
7. Mediante el fallo del 12 de junio de 2020, la autoridad judicial referida, negó
las pretensiones de la demanda. Después de valorar el material probatorio
recaudado, estimó que la señora Campos de Melo no cumplió con los requisitos
para ser beneficiaria de la pensión gracia, ya que no aportó constancia de los
3 Ello, al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
el radicado 25000-23-42-000-2017-02563-00/01.
4 Transcripción literal del escrito de tutela.
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periodos en que laboró, los actos de nombramiento o actas de posesión que
dieran cuenta de su tipo de vinculación, debido a que únicamente afirmó que
trabajó como docente de secundaria con anterioridad al 31 de diciembre de
19805.
8. Inconforme, la parte actora apeló la decisión. Solicitó que se revocara lo
dispuesto por el tribunal accionado y que se accediera a las pretensiones, dado
que cumplió con todos los presupuestos para ser beneficiaria de la pensión de
gracia6. Igualmente, sostuvo que a pesar de que las pruebas aportadas a la
demanda no eran suficientes para acreditar su vinculación con antelación al 31
de diciembre de 1980, era deber del juez decretar las pruebas de oficio que
considere pertinentes.
9. A través de la sentencia del 7 de noviembre de 2024, la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, confirmó el fallo de primera instancia.
Concluyó que la señora Campos de Melo no cumplió con la exigencia legal de
probar la vinculación como docente con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
Lo anterior, teniendo en cuenta que las certificaciones laborales expedidas por la
Institución Educativa Departamental José María Obando7 se contradecían entre
sí, pues, mientras que un documento certificaba que, en el periodo entre 1972 y
1982, laboró como secretaria8, el otro acreditaba que prestó sus servicios como
docente9.
10. Así las cosas, resaltó que la parte demandante tenía la carga de probar el
cumplimiento del mencionado presupuesto, máxime cuando el no haber
superado ese requisito fue el motivo por el cual la UGPP negó el reconocimiento
de la pensión gracia.
1.3. Sustento de la vulneración
11. La accionante afirmó que las autoridades judiciales accionadas, al proferir
las providencias aquí controvertidas, incurrieron en los defectos fáctico y por
desconocimiento del precedente judicial.
12. Sostuvo que se valoraron indebidamente las pruebas y, en particular que,
se le restó valor probatorio al certificado laboral10 que acreditaba su labor como
docente entre 1972 y 1982, puesto que la UGPP en ningún momento tachó de
falsedad el documento. Igualmente, indicó que no es incompatible que haya
trabajado simultáneamente como secretaria y docente en la Institución Educativa
5 En particular, hizo referencia a los años 1974, 1975, 1976, 1979 y 1980.
6 Adujo que cumplió con la edad mínima requerida, prestó servicio docente con una vinculación
de naturaleza territorial y/o nacionalizada por 20 años y se vinculó con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980.
7 Las certificaciones referidas se allegaron al expediente, debido a que se decretaron unas
pruebas de oficio el 6 de junio de 2024.
8 Certificado del 3 de septiembre de 1999, expedido por la rectora de turno de la institución
educativa.
9 Certificado del 28 de agosto de 2015, expedido por el rector de turno de la institución educativa.
10 Ibidem.
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Departamental José María Obando.
13. Por otro lado, adujo que se desconocieron las providencias del Consejo
de Estado11 que establecen cuáles son las pruebas para acreditar la calidad de
docente, permitiendo usar cualquier medio probatorio, y «reconocen que los
tiempos laborados en intendencias y comisarías deben ser considerados para
acreditar tiempo necesario para cumplir los 20 años de servicio como docente
territorial o nacionalizado, necesarios para acceder a la pensión de jubilación
gracia».
1.4. Intervenciones
14. UGPP. Solicitó que declare la improcedencia del trámite de la referencia.
Estimó que la parte actora pretende convertir este trámite constitucional en una
tercera instancia, teniendo en cuenta que está inconforme porque ya el juez
natural de la causa atendió sus pretensiones y resolvió negaras.
15. En ese orden, concluyó que se configura la cosa juzgada respecto de la
sentencia de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, y
que no se demostró la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable que
permitiese el estudio del caso concreto. Finalmente, solicitó la desvinculación del
presente asunto12.
16. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B. Se limitó a enviar el expediente solicitado.
17. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. A pesar de haber
sido debidamente notificada, guardó silencio.
1.5. Sentencia de primera instancia
18. Mediante el fallo del 17 de julio de 2025, la Sección Primera del Consejo
de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela de la referencia, por
carecer de relevancia constitucional.
19. Lo anterior, con fundamento en que la accionante pretende convertir el
presente asunto en una tercera instancia donde el juez de tutela haga un nuevo
estudio de los reproches expuestos y resueltos dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, pero sin que ningún argumento dé cuenta de una
presunta trasgresión de sus garantías fundamentales.
1.6. Impugnación
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 21 de junio de 2018, M.P. Carmelo
Perdomo Cuéter, Rad. 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
12 El juez de primera instancia, resolvió negar la solicitud de desvinculación pues fue vinculada
como tercero con interés y no como accionada.
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20. La señora Nubia Alcira Campos de Melo pidió que se revocará la decisión
del a quo y se accediera al amparo solicitado. Indicó que no busca convertir este
mecanismo en una instancia adicional, sino que todos sus argumentos pretenden
demostrar la indebida valoración probatoria en que incurrió la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado. En concreto, reiteró que se
desestimó la posibilidad de que ella pudo haber trabajado simultáneamente como
secretaria y docente, entre los años 1972 y 1982.
21. Asimismo, sostuvo que la autoridad judicial referida, a pesar de que
decretó ciertas pruebas de oficio, no tomó las determinaciones suficientes para
acreditar que efectivamente sí laboró como docente en el periodo aludido.
1.7. Trámite de segunda instancia
22. Mediante escrito presentado el 2 de septiembre de 2025, la magistrada
Gloria María Gómez Montoya manifestó impedimento para conocer y decidir el
presente mecanismo constitucional.
23. Indicó que se encuentra incurso en la causal de impedimento prevista en
el numeral 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal 13. Al respecto,
expuso que sostiene una amistad íntima con el consejero Jorge Iván Duque
Gutiérrez, quien suscribió la providencia objeto del presente litigio constitucional.
24. Al respecto, la Sala por auto de la misma fecha de la presente providencia,
declaró infundado el impedimento manifestado por la doctora Gómez Montoya,
pues no se encontraron los supuestos de hecho establecidos en la norma para
la configuración de la causal invocada.
II. CONSIDERACIONES
25. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró la
improcedencia de la solicitud de amparo. En tal sentido, se demostrará que en el
asunto no se supera el requisito de la relevancia constitucional.
2.1. Cuestión previa
26. Si bien la parte actora cuestiona la providencia del 7 de noviembre de
2024, dictada por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
y, la providencia proferida el 12 de junio de 2020 por la Subsección B de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, esta colegiatura
se limitará al estudio del fallo de segunda instancia. Lo anterior, por haber sido la
decisión que zanjó la controversia al interior del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número de radicado 25000-23-
42-000-2017-02563-00/01.
13
ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento: […]
5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, víctima o
perjudicado y el funcionario judicial.
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2.2. Caso Concreto
2.2.1 La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales
27. El Consejo de Estado14 y la Corte Constitucional15, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales16 y a la configuración de algún
defecto especial17 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.
28. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
29. En este orden, la Sección pasará a estudiar los requisitos generales de
procedencia referidos, en el caso sub examine.
30. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).
31. La Sala advierte que la señora Nubia Alcira Campos de Melo está
legitimada en la causa por activa, porque integró la parte demandante dentro del
medio de control en el que se dictó la providencia que se reprocha mediante esta
vía. Por otro lado, se evidencia que la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado está legitimada en la causa por pasiva por haber proferido la
sentencia controvertida dentro del trámite objeto de la litis.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
15 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
16 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)
efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida por la
Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
17 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
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32. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional18, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.
33. En este caso, a juicio de la parte tutelante, la autoridad judicial accionada
incurrió en los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente judicial. En
particular, indicó que: (i) no valoró debidamente las pruebas, dado que desestimó
el certificado19 expedido por la Institución Educativa Departamental José María
Obando que daba cuenta de su vinculación como docente con anterioridad al 31
de diciembre de 1980 y, (ii) desconoció las providencias del Consejo de Estado20
que establecen cuáles son las pruebas para acreditar la calidad de docente,
permitiendo usar cualquier medio probatorio, y «reconocen que los tiempos
laborados en intendencias y comisarías deben ser considerados para acreditar
tiempo necesario para cumplir los 20 años de servicio como docente territorial o
nacionalizado, necesarios para acceder a la pensión de jubilación gracia».
34. La Sala considera que la solicitud de amparo no supera el requisito de la
relevancia constitucional. Esto, debido a que la parte actora pretende reabrir el
debate jurídico ya zanjado en el proceso ordinario, sin que medie una
argumentación encaminada a evidenciar la presunta transgresión de sus
garantías constitucionales que justifique la intromisión del juez de tutela.
35. En este punto, se recuerda que formular un simple desacuerdo con una
decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unos derechos
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento cumpla con el
presupuesto bajo estudio. En estos casos, se requiere que en el escrito inicial
medie un ejercicio argumentativo que permita entrever que la controversia gira
en torno al alcance, contenido o goce de la garantía fundamental invocada.
36. Así las cosas, para la colegiatura resulta evidente que los reproches de la
accionante reflejan una mera inconformidad con el criterio adoptado por el juez
natural de la causa, por considerar que con las pruebas obrantes en el expediente
no se podía encontrar superado el requisito de vinculación como docente con
18 Sentencia SU-215 de 2022.
19 Certificado del 28 de agosto de 2015, expedido por el rector de turno de la institución educativa.
20Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 21 de junio de 2018, M.P. Carmelo
Perdomo Cuéter, Rad. 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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anterioridad al 31 de diciembre de 1980, para ser beneficiaria de la pensión
gracia.
37. Ahora bien, en el escrito de impugnación la parte actora adujo que la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, pese a que decretó
pruebas de oficio, no tomó las determinaciones suficientes para acreditar que
efectivamente sí laboró como docente en el periodo comprendido entre 1972 y
1982. No obstante, se resalta que, en la sentencia de segunda instancia la
autoridad judicial estipuló que la parte demandante tenía la carga de probar el
cumplimiento del mencionado presupuesto, teniendo en cuenta que el no haber
acreditado ese requisito, fue el motivo por el cual la UGPP negó el reconocimiento
de la pensión gracia.
38. En ese orden, se observa que la accionante pretende convertir este trámite
constitucional en una instancia adicional en la que se acceda a la interpretación
que plantea, dado que los argumentos traídos a esta sede son una reiteración de
los presentados en la demanda y en la apelación contra la sentencia de del
tribunal demandado. Finalmente, se resalta que, respecto del defecto por
desconocimiento del precedente judicial, la actora, a pesar de que trajo a colación
una sentencia de unificación de esta corporación, no indicó que regla en
especificó se ignoró y porque era aplicable a su caso, por ende, no cumplió con
la carga argumentativa que avale al juez constitucional de estudiar la presunta
transgresión de las garantías fundamentales invocadas.
39. Además, es relevante indicar que, cuando se cuestiona una providencia
de un órgano de cierre como la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, la procedencia es aún más excepcional y debe ser más restrictivo su
análisis. Por lo tanto, se requiere una carga argumentativa mayor por parte del
accionante.
40. En consecuencia, la Sala confirmará el fallo del 17 de julio de 2025 dictado
por la Sección Primera del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de
la solicitud de amparo, por no cumplir con el requisito de la relevancia
constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 17 de julio de 2025 proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03431-01
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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