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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03440-00

Fecha
24 de julio de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03440-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la señora Nancy Vargas Casasbuenas. SEGUNDO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada esta decisión, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria. CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-03440-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

24 de julio de 2025

Demandante: Nancy Vargas Casasbuenas
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03440-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03440-00
Demandante: NANCY VARGAS CASASBUENAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN E

Temas: Tutela contra providencia judicial. Defectos fáctico, sustantivo
y desconocimiento de precedente.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en ejercicio
de la acción constitucional prevista en el artículo 86 de la Constitución y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La señora Nancy Vargas Casasbuenas, por medio de apoderado, presentó
acción de tutela, el 5 de junio de 20251, contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, con el fin de que se amparen
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la
igualdad de trato en la aplicación de la ley y la tutela judicial efectiva.

Estimó quebrantadas dichas garantías con ocasión de la sentencia del 13 de
diciembre de 2024, que revocó el fallo del 24 de mayo del mismo año, a través
del cual el Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá había
negado las pretensiones de la demanda y, en su lugar, accedió parcialmente a
ellas, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
11001-33-35-023-2020-00385-00/01, adelantado por la actora contra la Nación
–Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la accionante solicitó lo siguiente:

1 Samai, índices 2 y 3.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Nancy Vargas Casasbuenas
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03440-00

1-. Solicito conceder la acción de tutela instaurada contra la Subsección “E”
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, integrada por
los magistrados Jaime Alberto Galeano Garzón, Patricia Victoria Manjarrés
Bravo y Ramiro Ignacio Dueñas Rugnon, por vulnerar los derechos
fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad de trato en la
aplicación de la ley, tutela jurisdiccional efectiva, defecto sustantivo por
interpretación indebida del artículo 7 de la Ley 71 de 1988, desconocimiento
del precedente judicial de la Corte Constitucional y violación directa del principio
de favorabilidad y los derechos consagrados en los artículos 13, 29, 48 y 53 de
la Constitución Nacional.

2-. Como consecuencia de lo anterior, ordenar que se profiera una nueva
sentencia donde se tenga en cuenta la totalidad de los tiempos de servicios
prestados por la demandante para el Banco de Bogotá, como semanas
debidamente cotizadas y en este entendido, junto con los periodos públicos, se
reconozca el estatus pensional desde el 13 de enero de 2016, fecha en la que
la accionante acreditó los requisitos del artículo 7 de la ley 71 de 1988 para
acceder a la pensión de jubilación por aportes2.

1.3. Hechos

La petición de tutela tuvo como fundamento, los siguientes:

La accionante narró que nació el 13 de enero de 1961 y actualmente se
encuentra en servicio activo como docente en propiedad del distrito de Bogotá.

Mencionó que durante su vida laboral se ha desempeñado en el sector privado
y público. En el primero, laboró en el Banco de Bogotá, mientras que en el
público prestó sus servicios (i) en el Instituto de Mercadeo Agropecuario
(IDEMA), (ii) en el municipio de Mariquita (Tolima) como docente en un centro
educativo y (iii) en la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá.

Explicó que el periodo objeto de la reclamación es el laborado en el Banco de
Bogotá desde el 2 de febrero de 1982 hasta el 2 de febrero de 1983 y del 16 de
septiembre de 1983 hasta el 27 de julio de 1988.

Agregó que en el IDEMA se desempeñó desde el 5 de mayo de 1989 hasta el 4
de abril de 1990, mientras que como docente temporal del Centro Educativo
Resurgir Buenavista del municipio de Mariquita (Tolima) desde el 1º de febrero
hasta el 30 de noviembre de 1998.

Destacó que como docente interina en la Secretaría Distrital de Educación de
Bogotá estuvo vinculada desde el 23 de enero hasta el 27 de junio de 2003 y
del 14 de julio hasta el 12 de diciembre de 2003; así mismo, que fungió como
docente en provisionalidad del 22 de enero 2004 al 15 de julio 2005 y como
docente en propiedad del 15 de julio de 2005 a la fecha.

2 Transcripción literal del texto original, por lo que puede contener errores.

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Demandante: Nancy Vargas Casasbuenas
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E
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Afirmó que estuvo vinculada como docente antes de la entrada en vigencia de
la Ley 812 de 2003, por lo que consideraba ser beneficiaria del régimen de
transición allí previsto y, en consecuencia, tenía derecho a la pensión de
jubilación por aportes en los términos del artículo 7 de la Ley 71 de 1988.

Indicó que dicha norma establece como requisitos para acceder a la referida
pensión haber acreditado 20 años de aportes en cualquier tiempo y haber
cumplido 60 años, para los hombres, y 55 años, para las mujeres.

Refirió que, sumados los tiempos laborados en el sector público y privado,
acreditaba los 20 años de servicio el 10 de agosto de 2015, mientras que los 55
años de edad los había cumplido el 13 de enero de 2016, fecha en la cual se
entendía que había adquirido el estatus pensional.

Manifestó que el 17 de septiembre de 2020, ante la Secretaría de Educación de
Bogotá, solicitó el reconocimiento y pago de la referida pensión y mediante
Resolución 5860 del 22 de octubre siguiente, dicha entidad negó la solicitud.

Advirtió que el 24 de mayo de 2024, el Juzgado Veintitrés Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá profirió sentencia de primera instancia, mediante la
que negó las pretensiones de la demanda. Para esta autoridad judicial, la actora
no acreditó los requisitos establecidos en el régimen de la Ley 33 de 1985 y
tampoco los contenidos en la Ley 71 de 1988, pues no era beneficiaria del
régimen de transición al no tener 33 años y contar con más de 15 años de
servicio, razón por la cual el régimen para acceder a su prestación era el de la
Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003.

Explicó que apeló ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, que por medio del fallo del 13 de diciembre de 2024
revocó la providencia del Juzgado y accedió al reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación por aportes, con fundamento en que los docentes se
encuentran exceptuados del sistema integral de seguridad social, como lo indica
el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, lo cual tenía su razón de ser en que tienen
una normativa especial que regula el régimen de transición, como lo es el
artículo 81 de la Ley 812 de 2003, y el parágrafo transitorio 1 del artículo 1 del
Acto Legislativo 01 de 2005.

Para el tribunal la señora Vargas Casasbuenas acredita el requisito exigido en
dichas normas especiales para ser beneficiaria del régimen de transición,
comoquiera que fue vinculada como docente oficial antes de la vigencia de la
Ley 812 de 2003; adicionalmente, cumplió los requisitos dispuestos en la Ley 71
de 1988 para acceder a la pensión de jubilación por aportes.

1.4. Sustento de la vulneración

A juicio de la demandante, la decisión dictada en segunda instancia, desconoció
el período de relación laboral que sostuvo con el Banco de Bogotá entre el 2 de

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febrero de 1982 y el 2 de febrero de 1983, y del 16 de septiembre de 1983 hasta
el 27 de julio de 1988.

Aseguró que la autoridad judicial no tuvo en cuenta estos períodos bajo el
argumento de que en el expediente solamente estaban acreditados los aportes
a pensión al antiguo Instituto de Seguros Sociales (ISS) – hoy Colpensiones –,
para el lapso comprendido entre el 27 de septiembre de 1985 y el 1º de agosto
de 1988.

Consideró que el tribunal no le dio el valor probatorio pertinente a la certificación
laboral expedida por el Banco de Bogotá, en la cual se registraba la totalidad de
los períodos trabajados en esa entidad.

Agregó que la autoridad judicial interpretó indebidamente el artículo 7 de la Ley
71 de 1988 al disponer que cumplió el estatus pensional el 13 de agosto de 2018,
pues de las pruebas allegadas al expediente se podía determinar que el tiempo
de servicios y la edad exigida en la norma para acceder a la pensión de jubilación
por aportes se había alcanzado el 13 de enero de 2016.

Sostuvo que se desconocieron los períodos efectivamente laborados, pese a
estar debidamente certificados por el empleador, lo cual vulneraba sus derechos
fundamentales a la seguridad social y al debido proceso, ya que su situación
pensional se vio modificada al trasladar la fecha de cumplimiento de los
requisitos en más de dos años, afectando a su vez su mínimo vital al no permitirle
disfrutar de su pensión.

Refirió que la postura asumida en la sentencia desconoce el precedente de la
Corte Constitucional, específicamente el expuesto en las decisiones T-906 de
2013 y T-079 de 2016, según el cual lo que debe primar, para el reconocimiento
de la pensión, es la relación laboral, ya que no se le puede trasladar al trabajador
la carga de la ausencia de cotizaciones por parte del empleador.

Así mismo, que no se tuvo en cuenta el fallo del 1º de marzo de 2001, proferido
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A dentro del radicado
25000-23-25-000-1997-03617-01 (2615-99), con ponencia del magistrado
Alberto Arango Mantilla, en el que se estableció que los nominadores tienen el
deber de realizar los aportes respectivos, sin que su omisión pueda afectar el
derecho a la pensión de los trabajadores, posición que fue reiterada el 9 de junio
de 2011 (no precisó en qué expediente).

Indicó que la decisión del tribunal es contradictoria, porque reconoció la relación
laboral con el Banco de Bogotá desde el 2 de febrero de 1982 hasta el 2 de
febrero de 1983 y del 16 de septiembre de 1983 hasta el 27 de julio de 1988,
pero no la tuvo en cuenta para el cómputo de la pensión, bajo el argumento de
que en la historia laboral no se registraron los aportes del periodo trabajado
desde el 2 de febrero de 1982 hasta el 2 de febrero de 1983 y desde el 16 de
septiembre de 1983 hasta el 26 de septiembre de 1985.

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Advirtió que, por ese motivo, se podían avizorar los defectos sustantivo y fáctico
en la providencia, pues el tribunal interpretó el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 de
manera contraria a lo dispuesto por la Corte de Constitucional y el Consejo
Estado, en el sentido que si bien esta normativa prevé la condición de lograr el
reconocimiento pensional con la sumatoria de tiempos públicos y privados, esta
no se limita únicamente a los periodos efectivamente cotizados, sino que va más
allá, en el entendido que se tienen que tener por válidos, para efectos de la
jubilación, todos los ciclos trabajados.

Indicó que dicha autoridad judicial debió tomar todos los tiempos laborados y no
solo los periodos cotizados o aportados, por lo que es evidente el defecto
sustantivo de la sentencia.

Además, indicó que no se observa dentro de la providencia una valoración
probatoria adecuada de la certificación laboral emitida por el Banco de Bogotá,
pues el tribunal se limitó a tener en cuenta la historia laboral expedida por del
ISS, hoy Colpensiones, esto es, solo los tiempos cotizados, sin analizar la
referida certificación. Tampoco explicó las razones por las que no le daba valor
a esta prueba, por lo que se estructura un defecto fáctico.

1.5. Trámite, contestaciones e intervenciones

Mediante el auto del 10 de junio de 20253, se admitió la solicitud de tutela y se
ordenó notificar esta decisión a los magistrados que integran la Sección
Segunda, Subsección E del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Además, se informó la iniciación del presente trámite procesal al Juzgado
Veintitrés Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, a la Nación –Ministerio
de Educación Nacional, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y a la Secretaría de Educación de Bogotá, que presentaron las
siguientes intervenciones:

1.5.1. Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá

Afirmó que no existe violación al debido proceso, a la igualdad, la seguridad
social e igualdad, pues el trámite se desarrolló según la normativa y los
procedimientos, esto es, en derecho.

Además, después de realizar un análisis de las disposiciones y la jurisprudencia
que se aplicarían al caso, concluyó que la demandante no tenía derecho a que
se le reconociera y pagara su pensión bajo el régimen de la Ley por Aportes (Ley
71 de 1988), al no ser beneficiaria del régimen de transición, pues a 1º de abril
de 1994, fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, contaba con 33
años, si se tiene en cuenta que nació el 13 de enero de 1961 y no tenía más de
15 años de servicio.

En esa medida, para el juzgado, este caso debía estudiarse según las

3 Samai, índice 5.

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disposiciones de la Ley 100 de 1993, modificada por la por la Ley 797 de 2003,
razón por la cual negó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en primera instancia.

Por lo anterior, solicitó negar el amparo de tutela, pues ese despacho cumplió
con todas las actuaciones.

1.5.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E

El tribunal precisó que no se trata de una cuestión de evidente relevancia
constitucional, comoquiera que la parte accionante controvierte cuestiones de
orden estrictamente legal que en su momento fueron debatidas y resueltas en el
proceso ordinario, por lo que no pueden tratarse en sede constitucional, en la
medida que transmutaría en una tercera instancia.

Indicó que la demandante considera que se debió decidir de manera diferente,
respecto de los periodos tenidos en cuenta para reconocer el derecho pensional,
por lo que pretende utilizar este mecanismo exclusivamente en beneficio de sus
intereses económicos, pues la sentencia cuestionada le fue parcialmente
adversa a lo que pretendía.

Señaló que la tutelante no acreditó que la vulneración invocada existió, o que la
actuación discutida fue desproporcionada y arbitraria.

Afirmó que lo que busca la demandante es reabrir el debate respecto del fondo
del asunto, toda vez que en el proceso ordinario se analizó la situación fáctica y
se resolvieron los argumentos planteados oportunamente en la demanda y en el
recurso de apelación, con base en las pruebas y la jurisprudencia aplicable.

Asimismo, aseveró que todos estos aspectos fueron resueltos en la sentencia
de segunda instancia, la cual se encuentra debidamente ejecutoriada y con
efectos de cosa juzgada, circunstancia que implica que esta acción sea
improcedente.

Aseguró que pudo activar el recurso extraordinario de revisión, según el artículo
248 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, el cual «procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos». En esa medida, si la actora no
se encontraba de acuerdo con lo adoptado debió acudir a dicho mecanismo
judicial extraordinario.

Manifestó que el motivo de la acción de tutela se dirige exclusivamente a
cuestionar los tiempos de servicio que esta pretende sean tenidos en cuenta,
respecto de los cuales señala que laboró en el Banco de Bogotá desde el 2 de
febrero de 1982 hasta el 2 de febrero de 1983 y desde el 16 de septiembre de
1983 hasta el 26 de septiembre de 1985.

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Sección Segunda, Subsección E
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En esa medida, resaltó que la providencia objetada por esta vía señaló que,
según el reporte de semanas cotizadas expedido por Colpensiones, la
accionante laboró en una entidad pública, así como en una empresa del sector
privado, durante otros periodos de tiempo diferentes a aquellos en los que prestó
los servicios como docente oficial, lo que llevo a que se sumaran los tiempos
servidos y determinar que su estatus pensional se cumplió el 12 de agosto de
2018.

Aclaró que aun cuando la actora indicó en la demanda que laboró al servicio del
Banco de Bogotá del 2 de febrero de 1982 al 2 de febrero de 1983, y del 16 de
septiembre de 1983 al 27 de julio de 1988, en el plenario únicamente se
encontraba acreditado que realizó aportes a pensión al ISS, hoy Colpensiones,
durante el periodo comprendido entre el 27 de septiembre de 1985 hasta el 1.º
de agosto de 1988, por lo que solo este interregno de tiempo se podía tener en
cuenta para efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes.

Por lo anterior, concluyó que la sentencia no incurrió en la violación de los
derechos fundamentales alegados; por el contrario, fue proferida de conformidad
con los argumentos señalados por las partes en el proceso ordinario y se desató
cada uno de ellos, en atención a las pruebas y a la jurisprudencia aplicable al
asunto.

1.5.3. Ministerio de Educación Nacional

Este ministerio indicó que la demandante no demuestra que las vulneraciones a
las garantías fundamentales invocadas comprometan gravemente la existencia
o su supervivencia, tampoco el acceso a la administración de justicia.

Manifestó que el caso planteado se presenta como una controversia de
naturaleza estrictamente económica que involucra intereses privados, situación
que excede la competencia del juez de tutela por carecer de absoluta relevancia
constitucional, por lo cual debería declararse improcedente la presente acción.

Adicionalmente, explicó las competencias que por ley le corresponden y aclaró
que no representa a las secretarías de educación, por lo que el superior
jerárquico es el respectivo alcalde municipal o gobernador departamental, según
corresponda.

También, afirmó que no está facultada para definir situaciones particulares y
concretas en relación con la prestación efectiva del servicio público educativo,
menos aun cuando la entidad competente para esto es la entidad territorial
certificada en educación.

Precisó que la organización, vigilancia, realización de concursos públicos,
administración del personal administrativo y docente, cofinanciación y prestación
directa del servicio educativo, está a cargo de las entidades certificadas en
educación, por medio de sus secretarías.

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Sección Segunda, Subsección E
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Por lo anterior, solicitó declarar improcedente esta acción y desvincularlo por
falta de legitimación en la causa.

1.5.4. Secretaría de Educación de Bogotá

Advirtió que era el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, la autoridad judicial competente para rendir el respectivo informe,
pues era este el que tenía la relación directa con los hechos de la presunta
vulneración y la materialización de las pretensiones.

Aseguró que no observaba reproche alguno frente a la actuación u omisión de
la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá que generara una afectación
de los derechos de la accionante, toda vez que estos se circunscriben a
situaciones específicas de la legalidad o no de una providencia judicial proferida
por el tribunal, así como de la aplicación de las normas de orden legal y
administrativo que regulaban este el caso, de lo cual la entidad no tenía
injerencia alguna.

Consideró que no cumple con ninguno de los requisitos específicos establecidos
por la jurisprudencia constitucional para que sea procedente. Por el contrario, lo
que pretendía la demandante era revivir la discusión jurídica respecto de la
decisión tomada por los despachos judiciales. Por lo anterior, solicito que se
rechace por improcedente.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Cuestión previa

El Ministerio de Educación Nacional pretende su desvinculación del presente
asunto, al considerar que no es el competente para atender las pretensiones de
la parte actora.

Al respecto, se precisa que su vinculación se realizó en calidad de tercero,
debido a que conformaba la parte demandada dentro del proceso ordinario en el
que se emitió la sentencia cuestionada en el presente mecanismo constitucional.

Por tal motivo, no se accederá a su petición, ya que le asiste un interés en las
resultas del trámite de la referencia, por cuanto puede verse afectado con la
decisión que se adopte.

2.3. Problema jurídico

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Corresponde a la Sala analizar si la solicitud de tutela cumple con los requisitos
generales de procedibilidad y, de superarse lo anterior, deberá verificar si el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social,
igualdad de trato en la aplicación de la ley y tutela judicial efectiva, así como el
principio de favorabilidad.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio
de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, reiteración; ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de
procedibilidad; y finalmente, de encontrarse superados se revisará, iii) el fondo
del reclamo.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.
Reiteración4

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 31 de julio de
20125, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó, lo
siguiente:

[S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar los parámetros bajo los cuales se
hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «[…] fijados
hasta el momento jurisprudencialmente […]». En efecto, sabido es que la tutela
es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Decisiones del 13 de marzo de

2025, expedientes n.º 11001-03-15-000-2025-00881-00 y 11001-03-15-000-2025-00808-00.
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 31 de julio de

2012, expediente n.º 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).

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fundamentales, como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales
dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo (procedencia
sustantiva) o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto
(procedencia adjetiva).

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedencia. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para
la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud
y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón
a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente
en el sentido de la decisión y, ii) que la acción no intente reabrir el debate de
instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. Examen de los requisitos: Procedencia adjetiva

2.5.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe señalar que
la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que
las sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo
de amparo constitucional contra una decisión judicial «...el juez de tutela debe
limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados
por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo
de la providencia reprochada».

Enfatizó en que cuando se cuestiona una providencia de una alta Corte, el
análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la
decisión fue proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal
constitucional consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
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Demandante: Nancy Vargas Casasbuenas
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03440-00

Igualmente, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en
cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:

[…] (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que
la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

Según lo expuesto, la Sala encuentra que el caso objeto de estudio no es
relevante desde el punto de vista constitucional, pues al revisar el escrito que dio
origen a la acción de tutela se puede concluir que la parte actora pretende reabrir
el debate zanjado por la Subsección E, de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

En el asunto que ocupa a la Sala, la señora Vargas Casasbuenas considera
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social,
a la igualdad de trato en la aplicación de la ley y a la tutela judicial efectiva, con
ocasión de la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, mediante la
cual se revocó el fallo del 24 de mayo del mismo año, dictado por el Juzgado
Veintitrés Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra la Nación, Ministerio
de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, Secretaría de Educación de Bogotá con radicado 11001-33-35-023-
2020-00385-00/01.

Según se tiene, el argumento expuesto por la accionante radica en que el tribunal
incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y por el desconocimiento de
precedente. No obstante, su inconformidad se resume en el hecho de que el
tribunal prescindió de la valoración de un certificado, mediante el cual se
evidencia un periodo de tiempo laborado en el Banco de Bogotá, que modifica la
fecha en la que cumpliría su estatus pensional.

Frente al defecto sustantivo, la tutelante resaltó que se desconoció el artículo 7
de la Ley 71 de 1988, pues si bien esta norma prevé la condición de lograr el
reconociendo pensional con la sumatoria de tiempos públicos y privados, esta
no se limita únicamente a los periodos efectivamente aportados (cotizados), sino
que va más allá, en el entendido que se tienen que tener por válidos, para efectos
de la jubilación, todos los ciclos laborados por el trabajador.

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Sección Segunda, Subsección E
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En relación con el desconocimiento de precedente indicó que se desconocieron
las decisiones T- 906 de 2013 y 079 de 2016, de la Corte Constitucional para
mostrar que la falta de aportes a la seguridad social por parte del empleador no
constituye un motivo suficiente para negar el reconocimiento y pago de la
pensión de vejez que se reclama por quien ha cumplido los requisitos exigidos
por la ley. También, citó la sentencia 25000-23-25-000-1997-3617-01 (2615-99)
dictada por el Consejo de Estado, Subsección A, Sección Segunda, que señala
que la no aportación a los entes de previsión de los valores correspondientes,
en nada podrá afectar el derecho a la pensión de jubilación.

Con base en lo anterior, para la Sala estos defectos coinciden en una misma
inconformidad que es la interpretación errona interpretación de la determinación
del estatus pensional, por lo que considera pertinente analizarlos conjuntamente.

Así, en sentir de la tutelante, se omitió valorar la información contenida en la
certificación expedida, el 20 de diciembre de 2019, por el gerente de dicha
entidad financiera, por medio de la cual se dejó constancia que la señora Vargas
Casasbuenas prestó sus servicios y cotizó al ISS (hoy, Colpensiones), entre el 2
de febrero de 1982 y el 2 de febrero de 1983, y del 16 de septiembre de 1983
hasta el 27 de julio de 1988.

Del análisis de lo pretendido con la acción de tutela, resulta claro que los reparos
de la parte actora respecto a la omisión de valorar, la certificación laboral
expedida por el Banco de Bogotá, por parte de la autoridad judicial accionada
solo demuestran su inconformidad con lo resuelto por ser contrario a sus
intereses, mas no conducen a efectuar un estudio sobre el alcance de los
derechos fundamentales presuntamente invocados, frente a la providencia
judicial cuestionada.

Por lo anterior, en este caso, la acción de tutela presentada por la señora Nancy
Vargas Casasbuenas no satisface el requisito de relevancia constitucional, pues
no existe una argumentación tendiente a demostrar la grave violación de sus
derechos fundamentales y solo plantea un desacuerdo con la supuesta ausencia
de valoración probatoria, frente a una certificación laboral. Esto con el fin de que
el juez de tutela reevalúe la postura finalmente adoptada por la autoridad judicial
accionada y se modifique la fecha en la que cumplió su estatus pensional,
circunstancia que es improcedente.

Adicionalmente, el debate propuesto por la accionante bajo el defecto fáctico, no
demuestra que el presunto error en el juicio valorativo de las pruebas
fuera ostensible, flagrante y manifiesto y tuviera una incidencia directa en la
decisión, supuesto que requiere que la providencia judicial se adopte en
ausencia de respaldo probatorio o que se haya dejado de valorar una prueba
determinante. En este caso, el tribunal tuvo el apoyo probatorio que le permitió
la aplicación del supuesto legal en el que se sustentó la decisión.

Lo anterior es de especial importancia, por cuanto el juez de tutela no puede
realizar nuevamente el análisis que respaldó la decisión proferida por otra
autoridad judicial, máxime si se tiene en cuenta que los jueces están amparados
por los principios de autonomía e independencia judicial que imponen el respeto
por la cosa juzgada.

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Como se observa, la intención del accionante es imponer una postura que resulte
favorable a sus intereses, lo cual escapa del objeto de la acción de tutela e
impide al juez constitucional realizar un pronunciamiento de fondo sobre el
particular.

En esa medida, proceder en contrario implicaría interferir en cuestiones que
desbordan su competencia y, de paso, desnaturalizar el carácter excepcional y
especial de la solicitud de amparo.

Por lo tanto, al no estar acreditados los criterios fijados por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 para encontrar superado el
requisito de relevancia constitucional, ya que la solicitud de amparo solo
pretende reabrir el debate de instancia, la acción de tutela será declarada
improcedente.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA

PRIMERO: Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la señora
Nancy Vargas Casasbuenas.

SEGUNDO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada esta decisión, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Aclara voto
Magistrado

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«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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