Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03453-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03453-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-03453-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
30 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03453-01
Accionante: Luis Prada Acosta
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Temas: Derechos al debido proceso y acceso a la administración de
justicia. Responsabilidad disciplinaria de abogado. Ejercicio de
la profesión encontrándose suspendido por sanción. REVOCA
SENTENCIA- NIEGA AMPARO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el señor Luis Prada Acosta, en
nombre propio, en contra de la sentencia del 9 de septiembre de 2025 proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que declaró
improcedente la acción de tutela en relación con el defecto fáctico y negó
respecto del procedimental.
ANTECEDENTES
El accionante pretende el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales considera
vulnerados por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, al proferir el fallo del
30 de abril de 2025, dentro del proceso disciplinario 15001-11-020-000-2020-
00356-00 [01].
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen a
continuación.
Que el 17 de septiembre de 2020 el Juzgado 1º Promiscuo Municipal de Boyacá
remitió copias en contra del abogado Luis Prada Acosta porque tenía una sanción
disciplinaria de suspensión en el ejercicio de la profesión entre el 9 de julio y el 8
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de septiembre de 2020; y a pesar de ello, realizó actuaciones como profesional
entre el 14 y el 18 de julio de 2020 dentro del proceso verbal de pertenencia 2018-
057.
Que «el 18 de abril de 2020» se dio apertura al proceso disciplinario en contra
del actor y el 28 de septiembre de 2023 la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Boyacá lo declaró responsable por actuar como abogado a pesar de
encontrarse suspendido del ejercicio de la abogacía, incumplir el deber
establecido en el numeral 14 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 y en la falta
descrita en el artículo 39 en concordancia con el numeral 4 del artículo 29 de la
misma normativa, y lo sancionó con 4 meses de suspensión en el ejercicio de la
profesión.
Que interpuso recurso de apelación en contra del fallo mencionado y la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial el 30 de abril de 2025 confirmó la decisión de
primera instancia.
Considera que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial incurrió en el defecto
fáctico por indebida valoración probatoria, pues en su criterio el debate se debía
centrar en establecer si la sanción fue notificada y sí sus efectos eran automáticos
desde el fallo del 13 de mayo de 2020, de ser así el lapso sancionatorio fue hasta
el 12 de julio de 2020, periodo durante el cual no actuó como abogado en el
proceso de pertenencia 2018-057, pues las actuaciones se surtieron con
posterioridad al 14 de igual mes y año.
Señaló que la notificación de la providencia sancionatoria era distinta de la
notificación del período de cumplimiento de la sanción, conforme a la
jurisprudencia del Consejo de Estado1 y que la decisión que se discute
desconoció que el inicio de la sanción debe notificarse a partir de la inscripción
en el Registro Nacional de Abogados.
Que la Comisión ignoró las pruebas que demuestran la falta de notificación de la
ejecución de la sanción y, además, cuestionó inconsistencias en el Oficio 1230,
ya que la fecha aparece alterada, lo que en su entender resta legitimidad a su
contenido.
Que la Comisión también incurrió en el defecto sustantivo, pues desconoció las
normas aplicables sobre la obligación de valorar las pruebas y de respetar la
presunción de inocencia y que la sentencia no tiene la firma de los magistrados
Carlos Arturo Ramírez Vásquez, Magda Victoria Acosta Walteros, Alfonso Cajiao
Cabrera, Julio Andrés Sampedro Arrubla y Diana Marina Vélez Vásquez, lo que
reforzaba la irregularidad.
1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de
31 de mayo de 2021, Radicado 11001-03-15-000-2021-02252-00 (AC).
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PRETENSIONES
El accionante solicita el amparo de los derechos invocados y, en consecuencia,
ordenar a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que, en un término de
cuarenta y ocho (48) horas, emita una nueva decisión donde «se incorporen y se
reconozcan los derechos fundamentales desconocidos y que provocaron la
irregular decisión de fecha treinta (30) de abril de dos mil veinticuatro (sic) (2025)»
y demás cuestiones que estime la Sala convenientes.
ACTUACIÓN PROCESAL DE PRIMERA INSTANCIA
El 11 de junio de 2025 el consejero sustanciador de primera instancia admitió la
acción de tutela de la referencia, vinculó como terceros interesados a la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y al Juzgado 1º Promiscuo Municipal
de Boyacá y negó la medida provisional solicitada.
POSICIÓN DE LA ACCIONADA
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial manifestó que la acción de tutela
es improcedente porque se limita a reiterar argumentos que ya fueron debatidos
en el proceso, pretendiendo reabrir nuevamente la discusión, también indicó que
no acredita la violación de ningún derecho fundamental.
Por otro lado, precisó que la anotación de la suspensión correspondía a un acto
administrativo de ejecución cuya finalidad era materializar una decisión judicial
ejecutoriada.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
La Comisión Seccional Judicial de Boyacá, Despacho núm. 003 solicitó su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, pues la tutela está
encaminada en contra de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y no de esa
autoridad.
Pidió que se niegue el amparo invocado, ya que el proceso disciplinario en contra
del actor se adelantó con estricto cumplimiento de la Ley 1123 de 2007,
respetando el debido proceso, la defensa, la contradicción y la presunción de
inocencia.
El Juzgado 1º Promiscuo Municipal de Boyacá pidió su desvinculación de la
acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva, ya que no fue la
autoridad que profirió la sentencia que hoy se discute.
No se presentaron mas intervenciones.
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SENTENCIA IMPUGNADA
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante fallo del 9 de
septiembre de 2025 declaró improcedente la acción de tutela en relación con el
defecto fáctico, por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional,
pues considera que los argumentos del actor pretenden reabrir un debate que
ya fue objeto de pronunciamiento por parte del juez natural.
Que el actor en la acción de tutela cuestiona la valoración probatoria sobre la
notificación de la anotación en el registro de sanciones y la incidencia de dicho
análisis en la determinación de su responsabilidad disciplinaria, fue la misma
línea de defensa que manejó el tutelante en el proceso disciplinario.
Expresó que la tutela busca auscultar el razonamiento interpretativo del juez
natural del asunto, para lo cual precisó que las diferencias interpretativas que
existieren entre el demandante y el juez de la causa no constituyen por sí
mismas, la justificación para que el juez constitucional entre a revisar las
decisiones.
Frente al defecto procedimental adujo que no está probado, pues a diferencia
de lo sostenido por el accionante la providencia fue suscrita por los
«magistrados Alfonso Cajiao Cabrera, Magda Victoria Acosta Walteros, Juan
Carlos Granados Becerra, Diana Marina Vélez Vásquez, Mauricio Fernando
Rodríguez Tamayo (con salvamento de voto) y Julio Andrés Sampedro Arrubla
(con salvamento de voto). El magistrado Carlos Arturo Ramírez Vásquez no
firmó la sentencia, pero se dejó constancia expresa de su ausencia».
Manifestó que el artículo 288 del Código General del Proceso, aplicable al
proceso disciplinario por la remisión expresa del artículo 16 de la Ley 1123 de
2007 establece que la falta de firmas es una irregularidad formal subsanable.
Explicó que en el asunto, la única ausencia correspondió al magistrado Carlos
Arturo Ramírez Vásquez y la providencia fue suscrita por 6 magistrados de la
Sala, quienes respaldaron mayoritariamente la ponencia que confirmó la
responsabilidad disciplinaria.
Concluyó que no se configuró un defecto procedimental que altere el sentido del
fallo ni que afecta el derecho fundamental del debido proceso de las partes;
razón por la cual negó el amparo invocado frente a ese error.
IMPUGNACIÓN
El accionante impugnó la sentencia del 9 de septiembre de 2025 sosteniendo,
de un lado, que «el auto que se critica no abordó en su real extensión la acción
puesta a su consideración, es que no se encuentra motivación para controvertir»
y, por otro lado, expone que como el a quo concluyó que «la violación al debido
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proceso no es susceptible de ser considerado como reclamable al tenor del
bloque de constitucionalidad» trae a colación sentencia de la Corte
Constitucional donde favoreció a la multinacional Colsanitas «al tener como
sancionable desde el punto de vista constitucional la violación al debido
proceso»; además, mencionó un fallo del Tribunal Superior de Bogotá del 19 de
agosto de 2025 y la decisión del 18 de septiembre de 2025 donde se amparó el
derecho al debido proceso del señor Álvaro Uribe Vélez.
Se decidirá, previas las siguientes
CONSIDERACIONES DE LA SALA
A la Sala le corresponde en segunda instancia analizar sí la decisión del juez
constitucional de primera instancia se ajusta a derecho, para lo cual abordará la
siguiente temática: I) generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales y III) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales2, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos
generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la
Sentencia C590/053. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la
Sentencia SU128/21, se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones. (...).
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
2 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
3 M.P. Jaime Córdoba Triviño
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salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius
fundamental irremediable. (...)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción
de tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (...)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse
que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y
que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que
esto hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...).»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. (…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima
de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
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constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»4
En la misma línea, el Alto Tribunal Constitucional en sentencia SU-215 de 2022
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica y expresó:
«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando
la tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes,
como órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela
debe ser especialmente exigente pues la sustentación de tales
requisitos requiere de una argumentación cualificada5.
(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de
la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene
‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia
reprochada”6. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su
análisis únicamente a los argumentos propuestos por el accionante,
(…). Si el juez constata alguna irregularidad debe comprobar que sea
grave y de una entidad tal que amerite la intervención urgente del juez
de tutela7.»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las
exigencias generales de procedibilidad cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de
los señalados, si este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que
habilite la intervención del juez constitucional.
Análisis del caso concreto
En síntesis, el accionante manifestó que el juez constitucional de primera
instancia no abordó la discusión que se planteó en el escrito de tutela y trajo a
colación sentencias donde se amparó el derecho fundamental al debido proceso.
Valga reiterar que en la acción de tutela no se requiere sustentar la impugnación,
en aplicación del principio de informalidad; por lo que habrá de considerarse el
escrito de tutela presentado inicialmente, así como el alegato contenido en el
recurso8.
El actor estima que la decisión del 30 de abril de 2025, proferida por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial afecta los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, pues a su juicio la autoridad
4 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
5 Sentencia SU-074 de 2022.
6 Sentencia SU-074 de 2022.
7 Sentencia SU-072 de 2018.
8 Corte Constitucional, Sentencia T 538 de 2017.
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accionada incurrió en los defectos: fáctico, por valoración indebida de las pruebas
sobre la notificación de la anotación en el registro de sanciones y su incidencia
en la determinación de la responsabilidad disciplinaria y sustantivo, porque la
decisión cuestionada no tiene las firmas de todos los magistrados.
Frente a los requisitos de procedencia de la tutela se observa que a) el requisito
de relevancia constitucional, contrario a lo expuesto por el juez constitucional de
primera instancia, la Sala considera que en el caso sí se satisface este
presupuesto, pues se alega la vulneración de los derechos fundamentales por la
presunta configuración de los defectos ya mencionados y el actor expone con
suficiente claridad los hechos que considera constitutivos de los errores que
trasgreden sus derechos; b) el accionante no cuenta con otro medio de defensa
para discutir lo aquí expuesto; c) se cumple con el requisito de inmediatez, pues
la acción se presentó el 5 de junio de 2025, esto es, dentro de los seis meses
siguientes a la notificación de la providencia, lo cual ocurrió el 30 de mayo del
año en curso y quedó ejecutoriada el 10 de junio de igual año y d) la tutela no se
dirige contra un fallo de la misma naturaleza.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial expuso que el artículo 47 de la Ley
1123 de 2007 establece las reglas sobre la ejecutoria de las decisiones
disciplinarias, señalando que la sanción impuesta adquiere firmeza cuando
vencen los términos legales para interponer los recursos o, estos ya fueron
resueltos de manera definitiva.
Precisó la Comisión que la norma referida no dispone la obligación de notificar el
momento exacto en el que empieza a regir la sanción disciplinaria, dado que
dicho trámite no constituye una decisión judicial y por ello no requiere notificación
adicional, lo que sí debe ser notificado es la providencia que resuelve la situación
disciplinaria del profesional del derecho.
Descendiendo al caso concreto la autoridad accionada mencionó que está
demostrado que el actor fue notificado de la sanción impuesta el 3 de julio de
2020, mediante Oficio SJ FRUJ 13613, en cumplimiento de la providencia del 13
de mayo de igual año, fallo que no tenía otra instancia por lo que adquirió firmeza
en esa fecha.
Adujo que desde la fecha en que la sanción quedó en firme el actor «tenía la
obligación ineludible de regularizar su situación profesional, tanto con sus clientes
como con los despachos judiciales con los que tenía relación»; y el hecho de que
el disciplinado haya pretendido seguir ejerciendo la profesión en contravía de la
sanción impuesta, resalta que su actuación desconoció el régimen disciplinario.
Agregó que el análisis probatorio demuestra que la sanción impuesta mediante
sentencia del 13 de mayo de 2020 le fue notificada formalmente al actor el 3 de
julio de 2020; sin embargo, este continuó ejerciendo la profesión, asumiendo la
representación judicial de las demandas dentro del proceso de prescripción
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extraordinaria adquisitiva de dominio núm. 2018-057 en donde, entre otras
actuaciones presentó contestación de la demanda el 16 de julio de 2020, en
abierta contravención a la prohibición derivada de la sanción impuesta.
La Comisión consideró que no es dable al recurrente pretender trasladar la
responsabilidad de su omisión a la oficina de Registro Nacional de Abogados,
pues el deber de abstenerse de ejercer la profesión nació desde el momento en
que le fue notificado el fallo de segunda instancia y, no con la actualización formal
del registro.
Así las cosas, la accionada estimó que los argumentos del actor en el sentido de
que su imposibilidad para continuar ejerciendo solo surgía a partir de la
notificación de la anotación de la sanción en el registro, carece de sustento
jurídico, dado que la inscripción es un aspecto secundario frente a la obligación
principal de cesar en el ejercicio de la profesión.
Conforme a lo expuesto, concluyó que el señor Prada es responsable de
quebrantar el deber profesional consagrado en el numeral 14 del artículo 28 de
la Ley 1123 de 2007 y, en consecuencia, incurrir en la falta prevista en el artículo
39 de la Ley 1123 de 2007, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 4 del
artículo 29 ibid, en la modalidad dolosa.
En consecuencia, confirmó la sentencia del 28 de septiembre de 2023, proferida
por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, que declaró al actor
responsable disciplinariamente y lo sancionó con 4 meses de suspensión en el
ejercicio de la profesión.
La Sala advierte que los argumentos que expone el actor frente a que la Comisión
inadvirtió la sentencia del 31 de mayo de 2021 del Consejo de Estado que hace
referencia a la supuesta diferencia que hay entre la notificación de la providencia
sancionatoria y el cumplimiento de la sanción encajan en el defecto sustantivo y,
el cuestionamiento relacionado con la falta de firmas se ajusta al error
procedimental.
La sentencia que señala el actor como desconocida se trata de una acción de
tutela donde se alegó la presunta violación de los derechos fundamentales al
debido proceso y al trabajo, porque la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
en criterio del accionante notificó la sentencia sancionatoria «en dos
oportunidades diferentes, situación esta (sic) que devino en la imposición de la
sanción impuesta en mas (sic) de una ocasión».
En aquella oportunidad el juez de tutela señaló que las notificaciones a las que
hace alusión el actor no comportan una doble ejecución de la sanción, ya que, la
primera, comunicó el contenido de la sentencia sancionatoria y, la segunda,
notificó la inscripción de la decisión en esa base de datos; razón por la cual negó
el amparo invocado.
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Al respecto, la Sala encuentra que no se materializa el defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente, por no acatar la interpretación de la sentencia
del 31 de mayo de 2021 del Consejo de Estado, dado que se trata de un fallo de
tutela que no es vinculante y tampoco comparte los mismos supuestos de hecho
del caso concreto, pues en dicha oportunidad se alegó una supuesta doble
notificación de la providencia sancionatoria y aquí se discute la falta de
comunicación de la anotación de la sanción en el Registro Nacional de Abogados.
Frente al defecto fáctico, el actor dijo que la Comisión no tuvo en cuenta las
inconsistencias del Oficio 1230, ya que la fecha aparece alterada, lo que en su
entender resta legitimidad a su contenido. La Comisión en la decisión
cuestionada adujo que dicha prueba no resulta determinante para modificar el
fallo, «en razón a que con suficiente tiempo, se le informó de la sanción impuesta,
por ende, se reitera, el letrado debía empezar a organizar su situación jurídica y
de esta manera evitar mayores complicaciones, por lo tanto, ello no constituye
circunstancia suficiente para absolver al disciplinado».
No se configura el defecto alegado, en la medida que la Comisión sí tuvo en
cuenta el hecho alegado por el actor y consideró que dicha prueba no era
suficiente para absolver al disciplinado, valoración que no resulta irracional o
desproporcionada.
Por último, el actor aduce que la sentencia cuestionada no fue suscrita por todos
los magistrados. No le asiste razón al accionante pues la Sala encuentra que el
único que no firmó el fallo fue el magistrado Carlos Arturo Ramírez Vásquez, pero
se dejó constancia de su ausencia en el documento.
Aunado a lo anterior, el artículo 288 del Código General del Proceso trata sobre
las irregularidades de forma que son subsanables de oficio o a petición de parte.
La Sala comparte la decisión de primera instancia sobre este punto, bajo el
entendido que no se configuró el defecto procedimental, porque la sentencia del
30 de abril de 2025 fue firmada por 6 magistrados de la Sala, quienes respaldaron
la ponencia que confirmó la responsabilidad disciplinaria.
En consecuencia, se revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
se negará el amparo invocado por no configurarse los defectos sustantivo, fáctico
y/o procedimental, ni cualquier otro.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
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FALLA
Primero: REVOCAR la sentencia del 9 de septiembre de 2025, mediante la cual
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B declaró improcedente la
acción de tutela, en relación con el defecto fáctico y negó respecto del
procedimental, de acuerdo con la parte motiva de esta providencia.
Segundo: NEGAR la tutela solicitada por el señor Luis Prada Acosta, conforme
a las consideraciones expuestas.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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