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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03459-01

Fecha
2 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03459-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia de primera instancia proferida el 26 de junio de 2025 por la Sección Quinta del Consejo de Estado. 7 Radicado: 11001-03-15-000-2025-03459-01 Accionante: Yadira Manrique Céspedes Se confirma la sentencia de primera instancia SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03459-01

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

2 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá, D. C., dos (2) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03459-01
Accionante: Yadira Manrique Céspedes
Accionada: Salud Total E.P.S. S.A.
Referencia: Acción de tutela - Sentencia de segunda instancia

Temas: Acción de tutela por acción u omisión de autoridades públicas y particulares / Se confirma la
sentencia de primera instancia.

Síntesis del caso: La parte actora solicitó el amparo a sus derechos fundamentales porque Salud Total
E.P.S. S.A. no le ha suministrado el medicamento que le recetó su médico tratante.

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por Salud Total E.P.S. S.A.
contra la sentencia de primera instancia proferida el 26 de junio de 2025 por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se concedió el amparo a los derechos
fundamentales de la accionante.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

El 5 de junio de 2025, Yadira Manrique Céspedes presentó, en nombre propio, una
demanda en ejercicio de la acción de tutela con el fin de obtener el amparo de sus
derechos fundamentales a la vida, integridad personal, igualdad, seguridad social y
salud. A su juicio, dichas garantías constitucionales fueron vulneradas por Salud Total
E.P.S. S. A. porque no le han suministrado el medicamento que le recetó su médico.

Como pretensiones, la accionante formuló las siguientes (se transcriben):

PRIMERO. TUTELAR mi derecho fundamental a la vida en conexidad con el derecho a
la salud, vida digna e integridad personal, seguridad social y derecho a la igualdad
previamente vulnerados por la E.P.S. SALUD TOTAL, por la negación de autorización
de suministro de medicación ordenada por médico tratante.

SEGUNDO: ORDENAR a la E.P.S. Salud Total autorizar y suministrar dentro de las 24
horas siguientes al fallo de este asunto, el medicamento denominado lanreotide [sic],
tal como fue prescrito por el médico tratante, así como el suministro por parte de la EPS

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03459-01
Accionante: Yadira Manrique Céspedes
Se confirma la sentencia de primera instancia

SALUD TOTAL de Tratamiento en Salud de Carácter Integral, respecto a diagnóstico
por Síndrome de Lynch, accediendo sin dilaciones a la autorización, práctica o entrega
de los medicamentos, procedimientos o insumos que sean considerados necesarios por
los galenos para el tratamiento de la referida patología.

TERCERO: ORDENAR a la E.P.S SALUD TOTAL, que garantice la administración
oportuna y el cubrimiento total del tratamiento1.

B. Hechos

La accionante tiene 46 años de edad, reside en el municipio de Ibagué (Tolima) y se
encuentra afiliada a Salud Total E.P.S. S.A. por el régimen contributivo.

Hace 15 años, la accionante entró en remisión del cáncer de colon debido a un
tratamiento exitoso con quimioterapias e intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, el
24 de febrero de 2024, fue diagnosticada con un tumor mixto neuroendocrino con
adenocarcinoma endometrial, lo que condujo a la administración de otra ronda de
quimioterapias, braquiterapias y radioterapias. Además, el 2 de febrero de 2025, se
sometió a una prueba genética que le identificó una variante patogénica asociada con
el síndrome de Lynch.

El 14 de febrero de 2025, el Dr. Wilson Yesid Arévalo Guzmán, oncólogo de la Clínica
Medicadiz S.A.S., formuló una dosis de lanreotida para el tratamiento de la patología,
al tiempo que registró esta prescripción a través del sistema MIPRES del Ministerio de
Salud y Protección Social. No obstante, Salud Total E.P.S. S.A. no autorizó la entrega
del fármaco.

El 28 de mayo de 2025, la accionante asistió a una cita de control de oncología. Durante
la consulta, el galeno le insistió sobre la urgencia de iniciar el tratamiento y le formuló
nuevamente la prescripción del fármaco lanreotida.

Desde entonces, la accionante ha acudido en repetidas ocasiones a la sede de la
Oficina de Autorizaciones de Salud Total E.P.S. S.A. para la obtención de la dosis de
lanreotida, pero la entidad accionada ha rehusado su entrega bajo el argumento de que
la indicación de uso del medicamento no está aprobada por el Invima.

C. Fundamentos de la vulneración

Según la accionante, Salud Total E.P.S. S.A. vulneró sus derechos fundamentales a la
vida, integridad personal, igualdad, seguridad social y salud, consagrados en los
artículos 11, 12, 13, 48 y 49 de la Constitución Política, porque no le han suministrado
el fármaco lanreotida, a pesar de que sí fue aprobado por el Invima para el manejo de
los síntomas ocasionados por tumores neuroendocrinos. En consecuencia, indica que
la falta de entrega del medicamento le ocasionó una interrupción injustificada en su
tratamiento oncológico que, a su vez, aumentó el riesgo de recurrencia.
1 Índice 02 en SAMAI.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03459-01
Accionante: Yadira Manrique Céspedes
Se confirma la sentencia de primera instancia

D. Trámite procesal

Por auto del 6 de junio de 20252, la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la
acción de tutela, ordenó notificar a Salud Total E.P.S. S.A. y vinculó a la actuación
como terceros con interés a Clínica Medicadiz S.A.S., Gencell Pharma S.A.S., Clinaltec
S.A.S., el Invima, la Adres y la Superintendencia Nacional de Salud. Adicionalmente,
se requirió al Invima para que informara si el medicamento lanreotida cuenta con
aprobación o estudio de bioequivalencia por parte de la Sala Especializada de
Medicamentos y Productos Biológicos.

E. Oposiciones e intervenciones

Salud Total E.P.S. S.A.3 (accionada) afirmó que no vulneró los derechos fundamentales
de la accionante porque la indicación de uso de la lanreotida no está aprobada por el
Invima ni está prevista en el listado de usos no incluidos en el registro sanitario. En ese
orden, señaló que el 16 de junio de 2025 se convocó a la Junta Médica de Oncología
de la Clínica Medicadiz S.A.S., presidida por el médico tratante, quien concluyó que la
mejor línea farmacológica para reducir los riesgos de recidiva tumoral de la accionante
era el tratamiento adyuvante con «capecitabina + temozolamida por 2 años, más
tamoxifeno por 5 años».

El Invima4 (tercero con interés) informó que el medicamento lanreotida cuenta con
registro sanitario vigente y que no figura en el listado de medicamentos vitales no
disponibles ni el listado de usos no incluidos en el registro sanitario. Agregó que no es
competente para pronunciarse en concreto sobre la idoneidad de la prescripción, toda
vez que ello le corresponde al médico tratante en ejercicio de su autonomía profesional.
Finalmente, solicitó su desvinculación del presente proceso por falta de legitimación en
la causa pasiva.

La Adres5, Clínica Medicadiz S.A.S.6, Gencell Pharma S.A.S.7, Clinaltec S.A.S.8 y la
Superintendencia Nacional de Salud9 (terceros con interés) solicitaron su
desvinculación del presente proceso por falta de legitimación en la causa pasiva.

F. Fallo impugnado

El 26 de junio de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado profirió sentencia de
primera instancia en la que decidió (se transcribe)10:

2 Índice 05 en SAMAI.
3 Índice 17 en SAMAI.
4 Índice 14 en SAMAI.
5 Índice 09 en SAMAI.
6 Índice 11 en SAMAI.
7 Índice 12 en SAMAI.
8 Índice 13 en SAMAI.
9 Índice 16 en SAMAI.
10 Índice 19 en SAMAI

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03459-01
Accionante: Yadira Manrique Céspedes
Se confirma la sentencia de primera instancia

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación y de declaración de falta de
legitimación en la causa por pasiva elevadas por Cencell Genética Avanzada, Clinaltec
S.A.S., la Superintendencia Nacional de Salud, el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos, y la Administradora de los Recursos del Sistema General
de Seguridad Social en Salud.

SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales a la salud, a la vida en condiciones
dignas, a la integridad física y psíquica, a la seguridad social y a la igualdad de la señora
Yadira Manrique Céspedes.

TERCERO: En virtud de lo anterior, ORDENAR a Salud Total EPS lo siguiente:

I. Que, en el término de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia,
adelante el trámite conjunto requerido con la IPS correspondiente para garantizar que:
i) se comunique a la señora Manrique Céspedes el concepto expedido por la junta
médica del 16 de junio de 2025, relacionado con la alternativa terapéutica prescrita; ii)
se expida la autorización requerida para el suministro de los medicamentos
«capecitabina + temozolamida por 2 años, más tamoxifeno por 5 años»; iii) se lleve a
cabo el trámite que garantice el inicio de dicho tratamiento, con respeto a los principios
de continuidad, integralidad, accesibilidad, oportunidad y universalidad que rigen la
prestación del servicio de salud.

II. En adelante, deberá llevar a cabo todas las gestiones conjuntas requeridas para
garantizar que cualquier otro procedimiento médico o suministro de medicamentos que
requiera la accionante para tratar las enfermedades que actualmente padece, sigan
siendo prestados en atención a tales principios. Esto, en estricto cumplimiento de los
postulados establecidos por la jurisprudencia constitucional.

Para sustentar la decisión, señaló que la solicitud de amparo cumplió los requisitos de
procedencia porque la accionante no tenía a su alcance otro mecanismo judicial para
la protección de sus derechos fundamentales. En concreto, si bien la Superintendencia
Nacional de Salud goza de competencias jurisdiccionales para conocer asuntos
relacionados con el Plan de Beneficios de Salud, las sentencias T-206 de 2013, T-234
de 2013, T-014 de 2017, T-327 de 2024 de la Corte Constitucional han precisado que
este mecanismo resulta ineficaz, máxime cuando se trata de pacientes oncológicos.

En segundo lugar, expuso que la Junta Médica de Oncología de la Clínica Medicadiz
S.A.S. optó por modificar el fármaco prescrito para el tratamiento de la patología, sin
que al juez constitucional le corresponda pronunciarse sobre la conveniencia de esta
decisión. Sin embargo, señaló que Salud Total E.P.S. S.A. no justificó la tardanza en
emitir este concepto médico, aunado a que tampoco demostró que dicho cambio se le
comunicó a la paciente ni que se le suministró el nuevo medicamento. En ese orden,
consideró que le asistía razón a la accionante en su reproche por la ausencia de una
atención integral, accesible, oportuna y universal, motivo por el cual encontró
acreditada la vulneración a sus derechos fundamentales.

Finalmente, negó las solicitudes de desvinculación formuladas por el Invima, la Adres,
la Superintendencia Nacional de Salud, Clínica Medicadiz S.A.S., Gencell Pharma

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03459-01
Accionante: Yadira Manrique Céspedes
Se confirma la sentencia de primera instancia

S.A.S. y Clinaltec S.A.S., toda vez que fueron vinculadas al presente proceso en calidad
de terceros con interés.

G. Impugnación

Por escrito del 7 de julio de 202511, Salud Total E.P.S. S.A. impugnó la sentencia de
primera instancia, que le fue concedida en el auto del 11 de julio de 2025 12.

Como motivo de inconformidad, sostiene que la solicitud de amparo carece de
actualidad en el objeto porque se configuró un hecho superado con la emisión del
concepto de la Junta Médica de Oncología de la Clínica Medicadiz S.A.S.

Por otra parte, agrega que la acción de tutela también era improcedente, toda vez que
su negativa en suministrar el fármaco lanreotide se soportó en que no fue prescrito en
las indicaciones autorizadas por el Invima.

II. CONSIDERACIONES

H. Competencia

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
conocer del asunto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y
en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

I. Requisitos generales de procedencia

La Sala observa que se encuentran satisfechos los requisitos que habilitan la
procedencia de la acción de tutela para el amparo del derecho fundamental a la salud,
por cuanto: (i) la accionante identificó los hechos y las razones en que se fundamenta
la acción, así como los derechos fundamentales que consideró vulnerados; (ii) la acción
de tutela se promovió en un término razonable y prudencial, habida cuenta de que
transcurrió menos de un mes entre su presentación y la ocurrencia del hecho
presuntamente vulnerador; (iii) la accionante no tiene a su alcance otros mecanismos
judiciales que resulten idóneos y eficaces para obtener la protección inmediata de sus
garantías constitucionales.

En particular, según el artículo 41 de la Ley 1122 de 2007 (modificado por la Ley 1949
de 2019), la Superintendencia Nacional de Salud es competente para dirimir las
controversias que se susciten entre los usuarios y las entidades promotoras de salud
por la cobertura del Plan de Beneficios en Salud (PBS), entre otros asuntos. No

11 Índice 24 en SAMAI.
12 Índice 26 en SAMAI.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03459-01
Accionante: Yadira Manrique Céspedes
Se confirma la sentencia de primera instancia

obstante, como lo señaló el a quo, la Corte Constitucional13 estableció que ese
mecanismo es impertinente e ineficaz para amparar la salud de sujetos en situaciones
de urgencia, vulnerabilidad o debilidad manifiesta. Esto se debe a que la controversia
puede tardar años en solucionarse por esa vía, aunado a que las oficinas regionales
deben enfrentar una «situación estructural determinante que conlleva a revisar el
carácter idóneo y eficaz de la función jurisdiccional»14.

Adicionalmente, de conformidad con el artículo 42.2 del Decreto 2591 de 1991 y la
sentencia C-134 de 1994 de la Corte Constitucional, la acción de tutela procede contra
acciones u omisiones de particulares «cuando aquel contra quien se hubiere hecho la
solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de salud […]».

J. Análisis y sentido de la decisión

La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que amparó los derechos
fundamentales de la accionante y ordenó medidas para su restablecimiento inmediato,
porque la vulneración se encuentra acreditada y la pretensión de amparo constitucional
no se satisfizo en el curso del proceso. Por lo tanto, no se configuró una carencia actual
de objeto.

La carencia actual de objeto es un fenómeno jurídico-procesal que se presenta cuando,
al momento de dictar sentencia, ha cesado el hecho vulnerador. Como las pretensiones
de la solicitud de amparo se tornan inocuas, cualquier pronunciamiento de fondo sobre
la controversia sería también ineficaz. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional15
ha considerado que existen tres eventos que pueden generar la carencia actual de
objeto, a saber: (i) el hecho superado, (ii) el daño consumado y (iii) la situación
sobreviniente.

Para la entidad accionada, la emisión del concepto de la Junta Médica de Oncología
de la Clínica Medicadiz S.A.S. configuró un hecho superado. No obstante, no acreditó
que hubiere suministrado el medicamento sustituto, ni mucho menos que le hubiere
comunicado a la accionante sobre los cambios en su tratamiento farmacológico, pues
únicamente allegó la anotación registrada el 16 de junio de 2025 por la Junta Médica
de Oncología de la Clínica Medicadiz S.A.S. en la historia clínica.

Ciertamente, en el caso concreto, la vulneración se generó con ocasión de la omisión
en proveer un acceso íntegro y oportuno a un servicio de salud. En consecuencia, las
órdenes proferidas en la sentencia de primer grado no son inocuas ni devienen en vano.
Por el contrario, son medidas imperativas para la protección inmediata a los derechos
fundamentales de la accionante.

13 Corte Constitucional, sentencias SU-124 de 2018, SU-508 de 2020, T-122 de 2021, T-224 de 2020, T-427 de

2017 y T-004 de 2013, entre otras.
14 Corte Constitucional, sentencia SU-508 de 2020.
15 Corte Constitucional, sentencia SU-522 de 2019.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03459-01
Accionante: Yadira Manrique Céspedes
Se confirma la sentencia de primera instancia

En ese orden, la Sala concluye que la acción de tutela no perdió actualidad, pues la
controversia ius-fundamental que se suscitó en la demanda aún debe ser resuelta y la
pretensión de amparo continúa insatisfecha.

Ahora bien, la accionante solicitó el amparo a sus derechos fundamentales porque no
le suministraron la dosis del fármaco lanreotida, a pesar de que su médico tratante
registró la prescripción a través del sistema MIPRES del Ministerio de Salud y
Protección Social, para su financiación con cargo a la unidad de pago por capitación
(UPC), y que el medicamento cuenta con registro sanitario del Invima.

Posteriormente, el 16 de junio de 2025, se convocó a una Junta Médica de Oncología
en la Clínica Medicadiz S.A.S., la cual fue presidida por el oncólogo de la aquí
demandante, el Dr. Wilson Yesid Arévalo Guzmán. Durante la sesión, los miembros
convinieron en modificar la prescripción, pues consideraron que «la mejor opción de
adyuvancia y línea farmacológica indicada en pro de reducir riesgos [de] recidiva
tumoral [y] optimizar sobrevida libre de enfermedad en este caso» consiste en el
tratamiento con capecitabina, temozolamida y tamoxifeno.

Bajo ese horizonte, para esta Sala es claro que sí era constitucionalmente admisible
ordenar la entrega del medicamento en los términos prescritos por la Junta Médica de
Oncología de la Clínica Medicadiz S.A.S., aun cuando ello ocurrió con posterioridad a
la admisión de la solicitud de amparo, toda vez que la Ley Estatutaria 1751 de 2015
garantiza el principio de autonomía médica. En efecto, el médico tratante es el
profesional cualificado para definir la pertinencia, idoneidad y eficacia de las
intervenciones farmacológicas, por lo cual se presume que su criterio está soportado
en las condiciones particulares de la paciente y la evidencia científica.

No obstante, como se expuso en precedencia, esta Sala no observa una actuación
espontánea y voluntaria por parte de Salud Total E.P.S. S.A. que haya restablecido los
derechos fundamentales de la accionante. Por lo tanto, si bien en la IPS de la Clínica
Cádiz S.A.S. se optó por formular un medicamento sustituto, lo cierto es que esta
circunstancia tampoco permite desvirtuar la vulneración que, ante la inoportuna
provisión del tratamiento farmacoterapéutico, aún persiste.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia de primera instancia proferida el 26 de junio de
2025 por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03459-01
Accionante: Yadira Manrique Céspedes
Se confirma la sentencia de primera instancia

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta decisión personalmente a las partes o por el medio
más expedito y eficaz.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, REMÍTASE el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: PUBLÍQUESE esta providencia en la página web de la Corporación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada a la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

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