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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03462-00

Fecha
8 de agosto de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03462-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. RECONOCER a QI ENERGY SAS ESP como coadyuvante de la parte accionada y al Grupo de Energía de Bogotá SA ESP y Manuel Antonio Salazar Restrepo como coadyuvantes de los accionantes. SEGUNDO. RECONOCER como terceros con interés en el proceso a ECOPETROL SA, la Transportadora de Gas Internacional SA ESP (TGI), la Cámara Regional de la Construcción de Bogotá y Cundinamarca (CAMACOL BYC), la Veeduría Ciudadana, Latín American Capital Corp. SA, Energía Inversiones SAS y a la Agremiación de comercializadoras de Energía sin generación Centralizada (CODISGEN). TERCERO. NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Electrificadora del Huila SA ESP, la Cámara Colombiana de Construcción (CAMACOL), el Departamento Administrativo de Planeación (DNP), Sociedad Portuaria El Cayao SA ESP (SPEC LNG), Sol & Cielo Energía SAS ESP, la Financiera de Desarrollo Territorial SA (FINDETER), el Comité Asesor de Comercialización (CAC), la Procuraduría General de la Nación, la Federación Colombiana de Municipios, RUITOQUE SA ESP, el Consejo Nacional de Operación (CNO), AIR-E SA ESP INTERVENIDA, la Federación Nacional de 27 Quien a su vez tiene la calidad de director ejecutivo de la CREG. 20 Radicación: 11001-03-15-000-2025-03462-00 Demandante: Magdalena Holguín de Torres y otros Departamentos (FND), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Empresa de Energía de Boyacá SA ESP (EBSA), la Empresa Distribuidora del Pacífico SA ESP (DISPAC), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPPDD), la Empresa de Energía de Arauca ESP (ENELAR), el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para zonas no interconectadas (IPSE), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE). CUARTO. ABSTENERSE de pronunciase sobre la declaratoria del estado de cosas inconstitucional por los presuntos riesgo sistémico y crisis estructural del sistema y sector eléctrico del país, así como para adoptar las medidas de organización y/o reorganización para conjurarlo. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03462-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

8 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03462-00
Demandante: Magdalena Holguín de Torres y otros
Demandado: Presidente de la República y otros

Tema: Tutela contra acción u omisión de autoridad pública. Riesgo
estructural en el sistema de energía. Solicitud de declaratoria de
estado de cosas inconstitucional.
Decisión: Se abstiene de pronunciarse sobre la declaratoria del estado de
cosas inconstitucional y adoptar las medidas de organización y/o
reorganización para conjurarlo: declara la improcedencia de unas
pretensiones por falta de subsidiariedad y niega en todo lo demás

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Magdalena Holguín de Torres, Martha
Elena Múnera Aristizábal, Felipe Piquero Villegas, Laura Tobar Salazar, Raúl Fernando
Pineda López, Cristóbal Machado Krieger, Bulla Quiroga, Juan Pablo Salamanca Rozo,
María Paula Gómez Rojas, Lizeth Johana Lugo López y Luis Jaime Rojas Camargo
contra el presidente de la República, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Unidad
de Planeación Minero-Energética (UPME) y la Comisión de Regulación de Energía y Gas
(CREG).

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 5 de junio de 2025, Magdalena Holguín de Torres, Martha Elena Múnera
Aristizábal, Felipe Piquero Villegas, Laura Tobar Salazar, Raúl Fernando Pineda López,
Cristóbal Machado Krieger, Bulla Quiroga, Juan Pablo Salamanca Rozo, María Paula
Gómez Rojas, Lizeth Johana Lugo López y Luis Jaime Rojas Camargo presentaron
acción de tutela, en nombre propio y en representación de «la generación actual y las
generaciones futuras de usuarios del sistema de energía […] y los de todas las personas
naturales y jurídicas que se encuentran en una situación similar», con el fin de obtener la
protección de los derechos fundamentales a la energía, educación, salud, vivienda digna,
libertad de expresión e información y libertad económica y de empresa.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03462-00
Demandante: Magdalena Holguín de Torres y otros

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitaron que se declare el estado de cosas
inconstitucional (ECI) en el sistema de energía eléctrico; se ordene a las accionadas la
elaboración de un plan estratégico para superar la crisis del sector energético1; se ordene
a las autoridades administrativas con injerencia en el sector minero-energético2 que
respeten las competencias asignadas a cada una de ellas; se dejen sin efectos los actos
administrativos expedidos por las entidades accionadas que contravengan el artículo 74.1
de la Ley 142 de 1994 y el artículo 23 de la Ley 143 de 1994; se declare que la Comisión
de Regulación de Energía y Gas (CREG) es la única entidad competente para modificar,
suspender o interpretar lo dispuesto en la normatividad relativa a la aplicación de los
programas de limitación de suministro; se declare que la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios (SSPPDD) se extralimitó en el ejercicio de sus funciones al expedir
la Circular Externa No. 20241000001314; se conmine a la SSPPDD para que no se
extralimite en sus funciones; se exhorte a la empresa XM SA ESP a presentar una
excepción de inconstitucionalidad respecto de la Circular Externa No. 20241000001314
de 13 de diciembre de 2024 de la SSPPDD; se ordene al Gobierno Nacional que haga la
asignación presupuestal suficiente para asegurar el pago a las distribuidoras y
comercializadores de energía eléctrica por concepto de subsidios y opción tarifaria para
la vigencia 2025; se ordene al Gobierno Nacional que lleve a cabo los nombramientos de
los expertos comisionados de la CREG; se establezcan los mecanismos que permitan el
inyectar capital del Fondo Empresarial de la SSPPDD; se ordene la cesación de la
intervención estatal excesiva en la fijación de precios del sector de energía y gas; se inste
a las entidades accionadas para que adopten medidas que garanticen una regulación
económica que respete los principios constitucionales de la libre competencia y la libertad
de empresa; se ordene establecer políticas eficientes en el mercado de contratos de
suministro de energía; y se implementen políticas y planes de acción urgentes para la
explotación de los recursos gasíferos disponibles.

3. Como fundamento fáctico de la solicitud de amparo, señalaron que en la
actualidad el sector energético atraviesa una crisis estructural producto de un conjunto
de acciones y omisiones de las autoridades accionadas, pero sobre todo del presidente
de la República, quien ha adoptado medidas (a través de actos administrativos) que
debilitan la institucionalidad y profundizan las dificultades financieras del sector, tal como
ocurrió con la abrogación de competencias de la CREG a favor del Gobierno Nacional,
con el propósito de intervenir a partir de factores de índole político y no técnico3.

4. Aducen que este tipo de decisiones administrativas no solo han afectado la
sostenibilidad financiera, sino también han dado lugar a que se creen distorsiones en el
mercado con la potencialidad de afectar la cadena de suministro del servicio de energía,

1
El cual debe (1) contener «(i) un diagnóstico de la situación actual del sector de energía eléctrica; (ii) la formulación de las medidas
legislativas, administrativas y presupuestales necesarias para para abordar y superar esta situación (incluida la crisis financiera debida
a la falta de pago de subsidios, opción tarifaria y otras obligaciones con las empresas del sector); (iii) el cronograma para la
implementación de las medidas previstas para superar el ECI, y (iv) un mecanismo de monitoreo y seguimiento a la ejecución de las
medidas formuladas y que serán adoptadas en el marco de dicho plan»; (2) tener en cuenta las propuestas presentadas por «la
Federación Nacional de Departamentos (FND) y la Federación Nacional de Municipios (FNM); los gremios como ANDESCO
(Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones), ACOLGEN (Asociación Colombiana de Generadores
de Energía Eléctrica), ANDEG (Asociación Nacional de Empresas Generadoras), ASOCODIS (Asociación Colombiana de
Distribuidores de Energía Eléctrica) y la Asociación de Energías Renovables (SER); y, finalmente, las empresas generadoras y
comercializadoras de energía eléctrica»; y (3) remitirse a la Corte Constitucional , la Procuraduría General de la Nación y Contraloría
General de la República.
2
Entre ellos, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
y el Ministerio de Minas y Energía.
3
Los accionantes mencionaron: (i) desinstitucionalización del sector de energía eléctrica []

2

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Demandante: Magdalena Holguín de Torres y otros

dando ello lugar a «inminentes posibles apagones y desabastecimiento», aparejado del
incremento en los precios de los contratos suscritos por los generadores térmicos.

5. Señalaron que se ha desmantelado la capacidad operativa e independencia de
la CREG, dada la falta de nombramiento de los expertos comisionados en propiedad y la
suplencia de aquella a través de la figura del encargo, lo que ha generado de forma
concomitante la falta de quorum y rigor técnico en las decisiones de aquella autoridad,
incertidumbre regulatoria y riesgo de desabastecimiento por falta de medidas oportunas.

6. Indicaron que la deuda a las empresas del sector asciende a los 7.7 billones de
pesos, en la que están incluidos los conceptos de subsidios al consumo de los estratos
1, 2 y 3, opción tarifaria y consumo de entidades oficiales, así como las obligaciones de
la empresa AIRE-E SA ESP INTERVENIDA por transacciones en la bolsa de energía y
cargos por uso del Sistema Interconectado Nacional (SIN).

7. Reprocharon el cambio hecho por parte el Ministerio de Minas y Energía y la
SSDDPP en la asignación de riesgos entre los agentes del sistema, particularmente entre
distribuidores, comercializadores y transmisores.

8. Sumado a todo lo anterior, identificaron otras variables tales como el riesgo de
desabastecimiento en la producción de gas y la demora en la entrada de funcionamiento
de proyectos de generación eléctrica4, también producto de las acciones y omisiones
propias del Gobierno Nacional.

9. Como fundamentos de derecho, los hoy accionantes señalaron que la crisis en
el sector de energía provocada por decisiones del Gobierno Nacional, constituye una
amenaza cierta, grave, inminente y estructural, al generar condiciones que ponen en
riesgo la continuidad, disponibilidad y asequibilidad del suministro de energía eléctrica.
Manifestaron que la proyección de dicha crisis se ve en (i) «un incremento desmesurado
en las tarifas de energía, lo que puede volver el servicio inaccesible para miles de familias,
especialmente en condiciones de pobreza o vulnerabilidad», aparejado a (ii) cortes del
servicio y posibles apagones, producto del desabastecimiento de gas, la no entrada en
funcionamiento de proyectos de generación y transmisión de energía eléctrica y la
inestabilidad institucional del sector. Impactos que de una u otra forma no solo aumentan
las desigualdades sociales sino también recaen sobre grupos poblacionales vulnerables5.

10. Indicaron que existía vulneración o, cuando menos, amenaza del derecho a la
educación de Raúl Fernando Pineda López, Sandra Jimena Bulla Quiroga, Juan Pablo
Salamanca Rozo, María Paula Gómez Rojas y Cristóbal Machado Krieger, «así como de
todas las personas que se encuentran en una situación similar y de personas de las
generaciones futuras de estudiantes que se encontrarán en una situación similar», pues
la crisis afecta de manera particular (i) sus garantías de (a) acceso a procesos educativos
y (b) continuidad o permanencia en estos en condiciones dignas y equitativas, así como
(ii) sus proyectos de vida.

4
Los cuales relacionaron igualmente con las demoras en los trámites de licenciamiento y permisos ambientales.
5
Este argumento esto precedido de un contexto general sobre el derecho (de acceso) a la energía eléctrica como derecho fundamental
independiente y por conexidad, su relación con el bloque de constitucionalidad y sus dimensiones.

3

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Demandante: Magdalena Holguín de Torres y otros

11. Frente al derecho a la salud, sostuvieron que este fue vulnerado o siquiera
amenazado respecto de Magdalena Holguín de Torres, Martha Elena Múnera Aristizábal,
Felipe Piquero Villegas y Laura Tobar Salazar. Para ello, narraron las condiciones de
salud de cada uno y explicaron la relación de aquellas con el uso de ciertos aparatos y/o
instrumentos médicos que dependen de energía. En ese orden, ante «apagones –o
cortes de energía–, racionamientos e inestabilidad en el suministro de energía eléctrica»
se pone en riesgo a aludida garantía constitucional, concretamente en sus dimensiones
de accesibilidad y asequibilidad a la atención médica, y calidad de la misma.

12. Para Lizeth Johana Lugo López y Luis Jaime Rojas Camargo se vio afectado su
derecho a la vivienda digna, comoquiera que los proyectos residenciales en los que
compraron vivienda se encuentran actualmente condicionados en su ejecución, avance
y entrega porque la inestabilidad energética ha paralizado o ralentizado actividades de
construcción y conexión de redes de servicios públicos.

13. Respecto el derecho a la libertad de expresión, señalaron que «[la] afectación
puede predicarse de los ciudadanos Raúl Fernando Pineda López, Sandra Jimena Bulla
Quiroga, Juan Pablo Salamanca Rozo, María Paula Gómez Rojas y Cristóbal Machado
Krieger, en tanto estudiantes universitarios activos y participantes del debate público en
espacios académicos y ciudadanos, cuya capacidad para expresarse y acceder a
información depende directamente de la infraestructura tecnológica sostenida por el
servicio de energía eléctrica».

14. Asimismo, estimaron que fue vulnerado el derecho a la libertad de empresa
porque se ha generado un escenario crítico para la estabilidad y operación en el sector
de energía eléctrica y construcción.

15. Con base en todo lo anterior, alegaron que se encuentran reunidos los requisitos
jurisprudenciales para que se declare el estado de cosas inconstitucional (Sentencia T-
025 de 2004 de la Corte Constitucional)6.

Intervenciones7

6
«existe una vulneración masiva y generalizada de derechos constitucionales que afecta a un grupo significativo de personas[,] […]
esta vulneración masiva y generalizada de derechos fundamentales es consecuencia de una omisión prolongada de las autoridades
en el cumplimiento de las funciones de las que dependería la efectividad de los derechos fundamentales de las personas afectadas[,]
[…] será necesario incorporar procedimientos paralelos y contrarios al ordenamiento jurídico para garantizar la efectividad de los
derechos violados, tales como la normalización de que las personas tengan que acudir a la acción de tutela para acceder a un derecho
fundamental[,] […] no se han adoptado medidas legislativas, administrativas o presupuestales suficientes para conjurar la situación
identificada[,] […] la solución de esta problemática requiere que intervengan de manera conjunta y coordinada varias entidades
estatales para adoptar medidas complejas, cuya ejecución se prolongará en el tiempo y requerirá esfuerzos presupuestales [y] […] si
todas las personas afectadas por la situación acudieran al tiempo a la acción de tutela para exigir la protección de sus derechos, la
capacidad del sistema judicial para responder a tales solicitudes no sería suficiente ante la indudable congestión que se ocasionaría»
7
Mediante Auto de 8 de julio de 2025, se admitió la acción de tutela contra el presidente de la República, el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Planeación Minero-
Energética (UPME) y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), y se vinculó al Departamento Administrativo de la Función
Pública (DAPRE), la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (ACOLGEN), Caribemar de la Costa SAS ESP
(AFINIA), Air-e SAS ESP (Air-e), la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG), la Asociación Nacional de Empresas
de Servicios Públicos y Comunicaciones (ANDESCO), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales (ANLA), el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC), la Asociación Colombina de
Distribuidores de Energía Eléctrica (ASOCODIS), la Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL), el Comité Asesor de
Comercialización (CAC), el Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisión (CAPT), la Contraloría General de la República, el
Centro Nacional de Despacho (CND), el Consejo Nacional de Operación (CON), el Departamento de Planeación Nacional (DNP),
Electrificadora del Caribe – Electricaribe SA ESP, Empresas Públicas de Medellín (EPM), la Financiera de Desarrollo Territorial
(FINDETER), la Federación Nacional de Departamentos, la Federación Nacional de Municipios, el Fondo Solidario para Subsidios y
Redistribución de Ingresos, el Grupo Energía Bogotá SA ESP, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas en
Zonas no Interconectadas – IPSE, la Procuraduría General de la Nación, la Asociación de Energías Renovables (SER), la Sociedad

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Demandante: Magdalena Holguín de Torres y otros

16. La Electrificadora del Huila SA ESP señaló que las acciones y omisiones de las
que parten las reclamaciones de los accionantes no le son atribuibles, razón por la cual
solicitó su desvinculación del proceso por carecer de legitimación pasiva en la causa.
Adujo que la parte actora contaba con otros mecanismos judiciales para lograr el amparo
y/o protección de sus derechos.

17. La Cámara Colombiana de Construcción (CAMACOL) alegó no tener
legitimación en la causa comoquiera que no ostenta la calidad de autoridad administrativa
ni tiene injerencia sobre las acciones u omisiones del Gobierno Nacional.

18. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible manifestó que esa cartera
no ha tenido injerencia alguna en presuntas vulneraciones a derechos fundamentales que
alegó la parte actora, pues la intervención en el «sector de prestación de servicios
públicos domiciliarios» escapa de sus funciones y competencias (Decreto Ley 3570 de
2011). En ese orden de ideas, luego de explicar los objetivos y funciones que le han sido
encomendadas, solicitó que se le desvincule del proceso y, de forma subsidiarie, se
nieguen las suplicas de amparo.

19. Electrificadora de Santander SA ESP (ESSA), Empresa de Energía del
Quindío SA ESP (EDEQ) y Empresas Públicas de Medellín ESP (EPM) respaldaron
las pretensiones de la acción de tutela. Identificaron algunas situaciones que ponen en
riesgo la estabilidad del sector energético colombiano y la continuidad del servicio
público8, así como los factores que explican dicha problemática y las irregularidades
administrativas e institucionales alrededor de la misma9. Explicaron las razones por las
que existía un estado de cosas inconstitucional en el sector e hizo una serie de
propuestas técnicas específicas para respaldar las pretensiones de la solicitud de
amparo. Con fundamento en lo anterior, solicitaron (i) acoger las pretensiones de la
acción de tutela, (ii) declara el estado de cosas inconstitucional y reconocer la crisis por
la que pasa el sector, y (iii) ordenar la elaboración de un plan estratégico para superar
dicha crisis, en el que se garantice la participación técnica de todos los actores del sector
(empresas y gremios).

20. XM Compañía de Expertos en Mercados SA ESP expresó que se atenía a lo
que decidiera el juez de tutela. Adujo que no existía acción u omisión que se reprochara
en su contra por parte de los accionantes. Señaló cuáles eran sus funciones en el sector

Portuaria El Cayao SA ESP (SPEC LNG), la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la XM Compañía de Expertos en
Mercados SA ESP, el Comité Asesor de Coordinación y Seguimiento a la situación Energética, Celsia Colombia SA ES, Enel Colombia
SA ESP, Centrales Eléctricas del Norte de Santander SA ESP, Central Hidroeléctrica de Caldas SA ESP, Electrificadora de Santander
SA ESP, Centrales Eléctricas de Nariño SA ESP, Empresa de Energía del Quindío SA ESP, Electrificadora del Caquetá SA ESP,
Empresa de Energía de Boyacá SA ESP, Electrificadora del Huila SA ESP, Empresa de Energía de Casanare SA ESP, Compañía de
Electricidad de Tuluá SA ESP, Empresa Distribuidora del Pacifico SA ESP, Empresa de Energía de Pereira SA ESP, QI Energy SAS
ESP, Empresa de Energía del Valle de Sibundoy SA ESP, Sol & Cielo Energía SAS ESP, Ruitoque SA ESP, Empresa de Energía de
Arauca, Empresa de Energía del Putumayo SA ESP, Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Guaviare SA ESP, Empresa
Municipal de Energía Eléctrica SA ESP, Vatia SA ESP, Empresas Municipales de Cali EICE ESP y la Asociación Colombiana de Gas
Natural.
8
Las cuales clasificó de la siguiente manera: escasez de oferta de energía: dificultades para cubrir la demanda, altos precios en el
mercado, mayor exposición en bolsa; retraso de proyectos: incumplimientos contractuales, renegociaciones; riesgo sistémico:
impactos económicos de la intervención de AIR-E SAS ESP; reglamentación por parte de la CREG: quorum decisorio; «tiempos de
aprobación» y «aprobación» de las solicitudes de ajuste a los planes de inversión y planes de expansión y cobertura; no pago de
subsidios.
9
Entre ellas: abastecimiento y seguridad energética, cambio de las reglas del mercado, sostenibilidad financiera del sector, debilidad
institucional, exceso de competencias regulatorias en cabeza del Ministerio de Minas y energía, arrogación indebida de funciones en
la SSPPDD.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03462-00
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eléctrico con fundamento en la Ley 143 de 1994 – artículo 11 (Centro Nacional de
Despacho) y las Resoluciones CREG 071 de 2006 (Administrador del Sistema de
Intercambios Comerciales) y 008 de 2003 (o Liquidador y Administrador de Cuentas).
Indicó que no está llamada a inaplicar Circular Externa No. 20241000001314 del 13 de
diciembre de 2024, comoquiera que dicho acto administrativo no ha sido suspendido o
anulado por la jurisdicción de lo contencioso – administrativo.

21. El Departamento Administrativo de Planeación (DNP) sostuvo que no era la
autoridad encargada de dar trámite a las reclamaciones advertidas en el escrito de tutela,
de conformidad con los artículos 59 de la Ley 489 de 1998, 9 de la Ley 2056 de 2020,
1.1.1.1. y 3 del Decreto 1893 de 2021. Con fundamento en ello, alegó su falta de
legitimación en la causa por pasiva y solicitó su desvinculación.

22. QI ENERGY SAS ESP solicitó ser reconocido como coadyuvante del presidente
de la República, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Minas
y Energía, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la UPME y la CREG.

23. La Asociación Nacional de Empresas de Generadoras (ANDEG) manifestó no
contar con legitimación por pasiva en el proceso de la referencia. Hizo un recuento de la
situación (intervención administrativa por parte de la SSPPDD) que atraviesa AIR-E SAS
ESP y puso de presente que presentó una acción de cumplimiento orientada a obtener
que XM SA ESP de cumplimiento a la regulación de la CREG (Circular No.
20241000001314 de 13 de diciembre de 2024).

24. La Sociedad Portuaria El Cayao SA ESP (SPEC LNG) sostuvo que no era una
autoridad administrativa o un particular que ejerciera función administrativa, tampoco una
sociedad dedicada a la generación o comercialización de energía. Aclaró que no participa
en la importación o comercialización de gas, sino que cuenta con un terminal marítimo
que permite transformar el gas natural de estado líquido a estado gaseoso. Por lo anterior,
solicitó ser desvinculada del proceso.

25. La Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica
(ASOCODIS) adujo que es una asociación encargada de canalizar los intereses
gremiales, así como promover y defender la libre competencia y desarrollo del mercado
del sector eléctrico colombiano, en especial, en lo relacionado con las actividades de
distribución y comercialización, no obstante, no ejecuta dichas actividades y, por lo tanto,
no es una empresa de servicios públicos domiciliarios ni tiene a su cargo la prestación de
estos. Aunado a ello, describió la situación que atraviesa el sector en relación con las
deudas por subsidios, opción tarifaria y consumo del sector oficial.

26. ECOPETROL SA señaló que pese a que en el auto admisorio de tutela no se le
vinculó como accionada o tercera10, en los hechos No. 204 y 231 de la solicitud de amparo

10
«Sea lo primero, señalar que Ecopetrol no es parte dentro de la presente acción de tutela por las siguientes razones: (i) la demanda
fue dirigida contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de
Hacienda, La UPME y la CREG; (ii) ninguna de las pretensiones va dirigida contra Ecopetrol ni es de su competencia; (iii) solo en dos
hechos del escrito de tutela se menciona de manera tangencial a Ecopetrol, pero no se le atribuye la vulneración de ningún derecho
fundamental; y (iv) en el auto admisorio de la tutela se ordenó la vinculación oficiosa de múltiples entidades dentro de las cuales no
se incluyó a Ecopetrol.»

6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03462-00
Demandante: Magdalena Holguín de Torres y otros

se le mencionó. Con fundamento en lo anterior, explicó que la empresa no es responsable
del abastecimiento de gas del país, ni agente del mercado de energía eléctrica.

27. Sol & Cielo Energía SAS ESP solicitó ser desvinculada del proceso por no
contar con legitimación pasiva en la causa, pues no tuvo conexión fáctica o jurídica con
los hechos de la acción y ni fue responsable de los actos y omisiones que dieron lugar a
la vulneración alegada.

28. La Financiera de Desarrollo Territorial SA (FINDETER) luego de explicar su
naturaleza jurídica, señaló que ha creado productos financieros en aras de apoyar a las
empresas distribuidoras y comercializadoras de energía que tuvieran saldos de opción
tarifaria, en cumplimiento de los artículos 5 de la Ley 2299 de 2023 y 88 de la Ley 2342
de 2023, por medio de las cuales se le autorizó de manera temporal para otorgar crédito
directo con o sin tasa compensada a las ya mencionadas. Asimismo, alegó su falta de
legitimación pasiva en la causa, comoquiera que su intervención en el sector no
constituye vulneración alguna de derechos fundamentales, sino un esfuerzo institucional
por fortalecer las capacidades del sistema eléctrico nacional.

29. El Grupo de Energía de Bogotá SA ESP11 coadyuvó la acción de tutela. Para
ello, aportó elementos técnicos, financieros y jurídicos con los cuales pretendió dar
cuenta de que la crisis energética era estructural, actual y atribuible a las omisiones y
decisiones de las autoridades accionadas12, así como de las razones por las que
estimaba que eran relevantes las órdenes solicitadas alrededor de la declaratoria del ECI.
Alegó que existe una vulneración directa de su derecho fundamental a la libertad de
empresa por «la falta de pago sistemática y deliberada de obligaciones estatales[,] el
traslado arbitrario e inconstitucional de riesgos financieros[,] la restricción grave de su
capacidad operativa y de inversión [y] la pérdida de competitividad y calificación
crediticia»13.

30. El Comité Asesor de Comercialización (CAC) explicó su naturaleza y funciones
y, partir de ello, solicitó su desvinculación del proceso, bajo el entendido que dicha
autoridad no había vulnerado los derechos fundamentales de los accionantes.

31. La Procuraduría General de la Nación alegó no tener legitimación en la causa
por pasiva, comoquiera que frente a las pretensiones de la parte actora carecía de
competencia, así como tampoco desplegó alguna conducta que pudiera haber afectado
las garantías constitucionales de la parte actora.

11
Directamente y por conducto de la sociedad Enlaza Grupo Energía Bogotá SAS ESP.
12
Para ello, hizo referencia a: (1) la crisis energética estructural: falta de pago por subsidios y opción tarifaria, parálisis regulatoria,
ausencia de una política energética de largo plazo que fortalezca la matriz de generación y la autosuficiencia gasífera, erosión de la
confianza inversionista, retraso de proyectos de infraestructura energética; (2) el retraso en la ejecución de proyectos estratégicos de
transmisión y su impacto estructural (fragmentación de licenciamiento ambiental, aumento de costos operativos, limitaciones a la
capacidad de transporte eléctrico); (3) impacto financiero estructural sobre las empresas.
13
«En suma, estas condiciones impuestas por la actuación y omisión del Estado configuran una vulneración directa, concreta y actual
del derecho fundamental a la libertad de empresa del GEB. No se trata de afectaciones aisladas o hipotéticas, sino de restricciones
estructurales que limitan de manera desproporcionada su capacidad de organizarse, planificar, invertir y competir en el mercado
eléctrico bajo condiciones de seguridad jurídica mínimas. La obligación constitucional de proteger la libertad de empresa, reconocida
como derecho fundamental de aplicación inmediata en el artículo 333 de la Constitución, implica que el Estado no puede trasladar
arbitrariamente sus cargas financieras al sector privado ni generar condiciones de desigualdad que distorsionen la competencia. En
este caso, las decisiones y omisiones del Gobierno han impuesto al GEB una carga económica excesiva, han restringido su margen
de acción empresarial y han afectado gravemente su sostenibilidad financiera y competitividad. Por tanto, se configura de manera
palmaria la vulneración del derecho fundamental a la libertad de empresa que amerita la intervención del juez constitucional para
cesar la amenaza y ordenar medidas estructurales que restauren el orden constitucional vulnerado.»

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-03462-00
Demandante: Magdalena Holguín de Torres y otros

32. La Federación Colombiana de Municipios no era responsable de la presunta
vulneración de los derechos fundamentales invocados por tratarse de un tema que se
encuentra alejado de la naturaleza jurídica de esta entidad, razón por la cual estimó que
debía ser desvinculada del proceso.

33. La Empresa de Energía del Valle de Sibundoy SA ESP (EMEVASI) señaló que
adoptaba una posición técnica activa frente a las pretensiones de la acción de tutela.
Sobre esta base, solicitó tener en cuenta la condición particular de las empresas
pequeñas y regionales del sector y que se garantizara su participación efectiva en
eventuales mecanismos de seguimiento y/o planes sectoriales. Indicó que cualquier
medida que se tomara en el marco de esta acción constitucional debería responder a los
principios de proporcionalidad, gradualidad, viabilidad operativa y diferenciación regional.

34. La Central Hidroeléctrica de Caldas SA ESP BIC (CHEC) manifestó su
respaldo a las pretensiones de los accionantes, por lo tanto profundizó y desarrolló los
argumentos técnicos y jurídicos desplegados en la solicitud de amparo, con el propósito
de demostrar las fragilidades (i) energética (riesgo de desabastecimiento), (ii) financiera
(pasivos superiores a $7 billones) e (iii) institucional (erosión de la confianza regulatoria)
que afronta el sector eléctrico en el país14. Asimismo, insistió en que el «patrón
sistemático» no solo afecta los derechos y garantías de los usuarios finales del servicio
de energía, sino también a las empresas prestadoras del servicio. Aunado a ello, hizo
una serie de propuestas técnicas que solicitó fueran tenidas en cuenta en la elaboración
del plan estratégico para atender la crisis.

35. RUITOQUE SA ESP adujo que es una sociedad comercial legalmente constituida
que tiene como objeto social la prestación de servicios públicos domiciliarios y que
actualmente actúa como operador de red en los municipios de Floridablanca y
Piedecuesta (Santander), así como agente comercializador en diferentes regiones
(caribe, oriente y centro) del país. En ese orden, pidió ser desvinculada del proceso ya
que no ha vulnerado los derechos de la parte actora y ninguna de las pretensiones se
refiere a ella.

36. El Consejo Nacional de Operación (CNO) solicitó su desvinculación por falta
de legitimación pasiva en la causa, dadas su naturaleza jurídica y funciones. Adema,
señaló que (i) las pretensiones no están dirigidas en su contra, (ii) no tiene relación
sustancial con los hechos ni con las autoridades accionadas, y (iii) «no hay una cadena
factual y de razonamientos en los hechos y pretensiones que permita concluir que el CNO
es responsable y copartícipe por acción u omisión en la vulneración de los derechos
fundamentales». Manifestó que de forma reiterada ha advertido a las autoridades
sectoriales los riesgos que presentan la operación segura y confiable del Sistema
Interconectado Nacional y la atención de la demanda.

14
La CHEC hizo referencia a: el abastecimiento y la seguridad energética, el cambio de reglas en el mercado, la sostenibilidad
financiera del sector, la debilidad institucional, el exceso de competencias regulatorias en el Ministerio de Minas y Energía, la
abrogación indebida de funciones por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el incremento del riesgo de cartera y
desequilibrio estructural del mercado.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-03462-00
Demandante: Magdalena Holguín de Torres y otros

37. VATIA SAS ESP adujo ser una empresa prestadora de servicios públicos
domiciliarios, concretamente, de generación y comercialización de energía eléctrica.
Señaló que no ostenta funciones administrativas, facultades decisorias de carácter
político ni competencias normativas regulatorias o de planeación del sector. Indicó que
no ha vulnerado los derechos de los hoy accionantes.

38. La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y
Comunicaciones (ANDESCO) puso de presente que durante los últimos 3 años ha
advertido al Gobierno Nacional sobre los riesgos estructurales que enfrenta el sistema de
energía eléctrica y gas natural. Advertencias que han contado con sus respectivos
soportes técnicos y jurídicos y que han puesto de presente el deterioro institucional,
financiero y operativo del sector15.

39. La Empresa de Energía del Casanare SA ESP (ENERCA) manifestó que se
atenía a lo que resultara probado en el proceso. Además, sostuvo que la deuda del
Gobierno con las empresas del sector eléctrico representa un grave riesgo para la
estabilidad y la continuidad en la prestación del servicio. Comoquiera que las
pretensiones no se dirigieron contra ella, señaló que no se oponía a las mismas.

40. AIR-E SA ESP INTERVENIDA luego de hacer un recuento de los hechos y
argumentos del escrito de tutela, indicó que la acción de tutela no con cumplía con el
requisito de subsidiariedad, pues no se han agotado todos los mecanismos ordinarios
previstos para controvertir los actos administrativos que se mencionan en la acción de
tutela y respecto de los cuales se manifestaron ciertas inconformidades por parte de los
accionantes. Aunado a ello, alegó que carece de legitimación en la causa por pasiva, ya
que las pretensiones están orientadas cuestionar la supuesta acción y omisiones de los
entes gubernamentales y regulatorios que han dado lugar a la crisis energética. Manifestó
que la acción de tutela no era la herramienta procesal adecuada para exigir una
excepción de constitucionalidad sobre la Circular Externa No. 20241000001314 de 2024.

41. La Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) señaló que (i) no ha
obstaculizado proyectos, sino que ha cumplido diligentemente su función de planeación
técnica; (ii) la falta de articulación institucional no es responsabilidad exclusiva de esa
autoridad; (iii) los retrasos en los proyectos de interés nacional y estratégico (PINES) son
consecuencia directa de factores ajenos esa Unidad; y (iv) ha actuado dentro del marco
estricto de sus competencias legales. Advirtió que no ha desplegado conducta alguna
que haya vulnerado los derechos de la parte actora y, por ende, se opuso a las súplicas
de amparo16.

42. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) explicó la naturaleza
jurídica de la entidad, su régimen jurídico y funciones. Hizo una relación de competencias
funcionales de los diferentes organismos que intervienen en la prestación del servicio de

15
Entre ellas: crisis regulatoria e inoperancia de la CREG, déficit de subsidios y afectación de la sostenibilidad financiera, opción
tarifaria impagada y riesgo de cartera, riesgo sistémico por intervención de AIR-E, riesgo de desabastecimiento de energía y gas.
16
Asimismo, hizo varias precisiones sobre el Plan Indicativo de Expansión de Generación y el estado de avance de los proyectos por
convocatorias con corte a 31 de mayo de 2025. Enlistó los proyectos PINES y los proyectos STN y STR ejecución, adjudicación y
ampliación. Sobre los PINES, expresamente indicó: «A efectos del seguimiento y la identificación de los cuellos de botella para el
desarrollo de estos se realizan mesas de trabajo quincenales con Mininterior, ICANH, Minambiente, Minenergía, UPME,
Corporaciones Regionales Autónomas, etc., las cuales no se han vuelto a citar por parte de Presidencia y desde la UPME se considera
importante retomarlas.»

9

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Demandante: Magdalena Holguín de Torres y otros

energía eléctrica17. Alegó que desde 1992 a la actualidad, los usuarios del sector no se
han visto afectados por una falta de suministro por desabastecimiento y, en ese orden,
resultaba necesario indagar si aquella falta de suministro alegada fue o no consecuencia
de falta de pago, mantenimientos o fuerza mayor. Sostuvo que la parte actora no aportó
pruebas que demostraran la supuesta vulneración sistemática, masiva y generalizada de
las garantías constitucionales cuya protección se pretendió. Frente al cumplimiento de
sus funciones, mencionó las de abastecimiento y confiabilidad del sistema de energía
eléctrica, y gestión regulatoria para los años 2023, 2024 y 2025.

43. La Federación Nacional de Departamentos (FND) alegó su falta de
legitimación pasiva en la causa, pues ninguno de los hechos y argumentos en los que se
sustentó la solicitud de amparo tiene relación directa o indirecta con esa autoridad.

44. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público manifestó que ninguno de los
hechos de la acción de tutela se refiere a asuntos que por competencia deban ser
atendidos por esa cartera ministerial, razón por la cual se opuso a que prospere alguna
de las súplicas de amparo en su contra. Alegó que no está a cargo de la administración
de los recursos del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos
(FSSRI) porque ello compete a Ministerio de Minas y Energía. Señaló que carecía de
legitimación en la causa por pasiva, razón por la cual la acción de tutela resultaba
improcedente.

45. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) explicó su
naturaleza jurídica y, con fundamento en ello, solicitó que se le excluya del conjunto de
autoridades responsables por la crisis estructural del sector eléctrico colombiano y se
declare improcedente cualquier medida ajena al marco de sus competencias. Pidió su
desvinculación del proceso. Señaló que no tiene funciones de formulación de política
energética, regulación económica, ni planeación del sistema eléctrico o de gas, ya que
sus competencias se circunscriben a la evaluación, decisión, seguimiento y control de los
instrumentos ambientales requeridos por proyectos, obras o actividades que puedan
generar impactos ambientales significativos. Adujo que no participa en la designación de
comisionados de la CREG ni en la expedición de medidas regulatorias del sector. Solicitó
expresamente que se le excluya de cualquier atribución de responsabilidad respecto a la
eventual entrada o no en operación de proyectos, pues ha cumplido cabalmente sus
deberes legales. Indicó que no existió nexo alguno de causalidad, atribución o
competencia directa suya respecto de las vulneraciones alegadas ni de las órdenes
solicitadas. Sostuvo que no vulneró los derechos de los accionantes y que estos últimos
incumplieron la carga de probar sus alegaciones.

46. La Asociación Colombiana de Gas Natural (NATURGAS) adujo que no era
una autoridad pública, ni ha participado en la expedición de los actos administrativos que
motivan la acción de tutela. Señaló que tampoco ejerce funciones de intervención en los
mercados energéticos, pues su labor consiste en generar análisis técnicos, promover
buenas prácticas, participar en espacios de diálogo institucional y aportar insumos que

17
Mencionó al Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia de
Industria y Comercio (SIC).

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Demandante: Magdalena Holguín de Torres y otros

fortalezcan las políticas públicas del sector energético, en especial, aquellas relacionadas
con el uso eficiente, seguro y sostenible del gas natural.

47. La Empresa de Energía de Boyacá SA ESP (EBSA) alegó su falta de
legitimación pasiva en la causa con fundamento en que los hechos y pretensiones de la
acción de tutela escapan de sus competencias.

48. Transportadora de Gas Internacional SA ESP (TGI) manifestó que es una
sociedad por acciones de constituida como empresa de servicios públicos mixta con más
del 50% de aportes públicos y señaló que «el servicio público domiciliario de gas natural
debe entenderse como un derecho fundamental, en virtud de su conexidad con otros
derechos fundamentales como la vida, la salud, la alimentación, la vivienda digna y la
dignidad humana». Indicó que le asiste legitimación en la causa como agente de la
cadena de abastecimiento de gas natural, así como por la relación entre el servicio
público domiciliario de gas y el sector energético.

49. La sociedad Celsia Colombia SA ESP aclaró que no ostenta la calidad de
autoridad pública accionada, no ha expedido los actos administrativos y no ha adoptado
ninguna de las políticas que se señalan en la acción de tutela como causas del riesgo
estructural que se denuncia. Reconoció la existencia de aquel riesgo con ocasión de los
problemas sistémicos de sostenibilidad financiera, planeación, regulación y pago
oportuno del sector eléctrico. Solicitó que las eventuales órdenes que puedan dictarse
busquen fortalecer la coordinación institucional y la sostenibilidad del sistema de forma
equilibrada, evitando la imposición de cargas o mandatos directos a empresas privadas.

50. La Empresa Distribuidora del Pacífico SA ESP (DISPAC) sostuvo que la
solicitud de amparo no cumplió con el requisito de subsidiariedad, comoquiera que lo
pretendido por la parte actora fue desconocer las competencias de los jueces de lo
contencioso administrativo respecto de la acción de cumplimiento y el medio de control
de nulidad; el Congreso de la República en lo que respecta a la facultad de expedir leyes
que rigen el ejercicio de la función pública y la prestación de servicios públicos; y los
Ministerios de Minas y Energía y Hacienda y Crédito Público, la CREG y la UPME frente
a la determinación y establecimiento de políticas en sus respectivos ramos. Alegó su falta
de legitimación en la causa por pasiva.

51. Manuel Antonio Salazar Restrepo solicitó ser reconocido como coadyuvante de
la parte actora, pues consideró que la falta de acceso a la energía eléctrica afectó su
ejercicio periodístico, su libertad de expresión y su derecho a la información.

52. Centrales Eléctricas del Norte de Santander SA ESP (CENS) manifestó que
el Ministerio de Minas y Energía tiene obligaciones pendientes por concepto subsidios
reconocidos por esa electrificadora a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3. Enlistó las
problemáticas que enfrenta el sector energético colombiano (abastecimiento y seguridad
energética, cambio de reglas en el mercado, sostenibilidad financiera, debilidad
institucional). Estimó que era necesaria la intervención del Consejo de Estado para el
desarrollo de un plan estratégico que apunte a la resolución del estado actual del sector
y minimice el desabastecimiento y/o crisis energética del país.

11

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Demandante: Magdalena Holguín de Torres y otros

53. La Cámara Regional de la Construcción de Bogotá y Cundinamarca
(CAMACOL BYC) presentó una solicitud para ser reconocido como coadyuvante de los
accionantes. Explicó el marco jurídico colombiano sobre la relación de la vivienda digna
y la prestación del servicio de energía eléctrica. Sostuvo que era urgente la intervención
constitucional por la crisis energética del país. Por lo anterior, solicitó se declare el estado
de cosas inconstitucional.

54. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de tutela, ya que la parte actora cuenta con el medio de control de nulidad
para enjuiciar las decisiones administrativas que dieron lugar a sus reclamaciones.
Asimismo, adujo que carecía de legitimación en la causa por pasiva.

55. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPPDD) alegó su
falta de legitimación pasiva en la causa por ausencia de acción u omisión vulneradora de
su parte. Adicionalmente, recordó que la tutela no es el mecanismo para lograr la nulidad
de actos administrativos, razón por la cual la solicitud de amparo de la referencia no
satisfizo los requisitos de procedibilidad. Hizo algunas precisiones frente a la toma de
posesión de la empresa AIR-E SA ESP.

56. La Empresa de Energía de Arauca ESP (ENELAR) solicitó ser desvinculada en
consideración a que no vulneró de forma alguna los derechos fundamentales de la parte
actora. Señaló que existen mecanismos ordinarios para lograr la protección de las
garantías constitucionales que se invocaron como violadas.

57. El Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para
zonas no interconectadas (IPSE) se opuso a las pretensiones de amparo. Adujo que
no se cumplió con el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, así como
tampoco se probó la vulneración alegada, por lo menos en lo que a esa autoridad. Alegó
su falta de legitimación pasiva en la causa.

58. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE)
indicó que la parte actora carece de legitimación activa, comoquiera que los accionantes
no actúan en defensa de sus propios derechos fundamentales ni demuestra cómo estos
han sido vulnerados de forma concreta, sino que se limita a referirse de manera general
a un sector indefinido de la sociedad, sin acreditar un perjuicio particular. Señaló que la
parte actora cuenta con la vía ordinaria para reclamar y obtener la protección de derechos
colectivos: la acción popular. Los reparos planteados en el escrito de tutela tienen relación
con las competencias de la SSPPDD y el Ministerio de Minas y Energía. Asimismo, alegó
su falta de legitimación en la causa por pasiva.

59. La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica
(ACOLGEN) solicitó que (i) se amparen los derechos fundamentales a la energía,
educación salud, vivienda, libertad de expresión, información y empresa; (ii) se declare
el estado de cosas inconstitucional; (iii) se ordene al presidente de la República y al
ministro de Minas y Energía que cesen toda acción u omisión que debilite la autonomía
e independencia de la CREG; (iv) se ordene a los Ministerios de Hacienda y Crédito y de

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-03462-00
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Minas y Energía que elaboren y ejecuten un plan de pagos sobre la totalidad de deudas
por concepto de subsidios y opción tarifaria; (v) se ordene a la SSPPDD y al Ministerio
de Minas y Energía que adopten medidas financieras y administrativas para que AIR-E
SA ESP INTERVENIDA cumpla con sus obligaciones; y (vi) se ordene al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, la ANLA y las corporaciones autónomas regionales
(CAR) que elaboren y ejecuten un plan de choque para evacuar los trámites de
licenciamiento ambiental, sustracción de áreas y demás permisos que tiene paralizados
ciertos proyectos estratégicos de generación y transmisión de energía.

60. La sociedad Caribemar de la Costa SA ESP (AFINA) dio cuenta de la deuda
que tienen las entidades oficiales con ella por concepto de mora en el pago del servicio
público de energía prestado (consumo), así como por subsidios, la cual a su tuno ha
llevado a la empresa a la adquisición de productos de crédito y compromiso financieros
para sostener la prestación del servicio en el mercado. Estimó procedente la declaratoria
de estado de cosas inconstitucional, previo requerimiento a las autoridades
administrativas para que adopten los correctivos necesarios para superar la crisis.

61. La Empresa de Energía de Pereira SA ESP alegó su falta de legitimación pasiva
en la causa y solicitó ser tenida como coadyuvante de la parte actora. Asimismo, presentó
reparos sobre la metodología de remuneración de los cargos de comercialización. Estimó
procedente la declaratoria del estado de cosas inconstitucional y la adopción de medidas
para conjurarlo.

62. Veeduría Ciudadana, por conducto de su presidenta María Ximena Valencia
López, comparte las pretensiones de la acción de tutela en cuanto buscan la adopción
de acciones urgentes, orientadas a garantizar la estabilidad y sostenibilidad del sector
eléctrico. Solicitaron la ceración de mesas de trabajo para avanzar en la estructuración
de soluciones estructurales.

63. Las sociedades Latin American Capital Corp. SA y Energía Inversiones SAS,
en calidad de accionistas de la empresa AIR-E SAS ESP INTERVENIDA, señalaron que
la crisis que afronta el sector de energía eléctrica se debe a las acciones y omisiones
imputables al Gobierno Nacional, tal como fueron descritas por los accionantes.
Solicitaron que la toma de posesión de AIR-E SAS ESP INTERVENIDA cambie para
efectos que sea de administración y no liquidación.

64. La Agremiación de Comercializadores de Energía sin Generación
Centralizada (CODISGEN) solicitó ser reconocida como tercero en el proceso de la
referencia, tener en cuenta el material técnico probatorio aportado para demostrar la crisis
energética del país y que se adopten medidas estructurales, particularmente frente a la
CREG para que esta última (i) emita la regulación necesaria que corregir las asimetrías
de poder entre generadores y comercializadores independientes, (ii) establezca
condiciones de acceso y precios de referencia trasparentes no discriminatorios y (iii) se
abstenga de seguir tolerando practicas restrictivas bajo la excusa de la autorregulación
del mercado.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-03462-00
Demandante: Magdalena Holguín de Torres y otros

65. El Ministerio de Minas y Energía, el Administrador del Sistema de Intercambios
Comerciales (ASIC), el Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisión (CAPT), la
Contraloría General de la República, el Centro Nacional de Despacho (CND), el Fondo
Solidario para Subsidios y Redistribución de Ingresos, la Asociación de Energías
Renovables (SER), el Comité Asesor de Coordinación y Seguimiento a la Situación
Energética, Centrales Eléctricas de Nariño SA ESP, Electrificadora del Caquetá SA ESP,
Compañía de Electricidad de Tuluá SA ESP, Empresa de Energía del Putumayo SA ESP,
Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Guaviare SA ESP, Empresa
Municipal de Energía Eléctrica SA ESP y Empresas Municipales de Cali EICE ESP, pese
a que fueron debidamente notificados, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

66. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No. 80 de
2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente para conocer
del proceso de la referencia.

Cuestiones previas

67. QI ENERGY SAS ESP, el Grupo de Energía de Bogotá SA ESP y Manuel Antonio
Salazar Restrepo presentaron solicitudes para ser reconocidos como coadyuvantes. Al
respecto, es preciso señalar que el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 prevé la
posibilidad de que quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso sea
reconocido como coadyuvante de cualquiera de los extremos procesales. Asimismo, la
Corte Constitucional ha fijado una serie de reglas procesales para esta figura (alcance y
oportunidad), en el marco de la acción de tutela:

«(i) la participación del coadyuvante debe estar acorde con las posiciones y pretensiones
presentadas por el accionante o el accionado en el trámite de tutela, es decir, no puede
formular pretensiones propias de amparo a sus derechos fundamentales;

(ii) la coadyuvancia puede ser llevada a cabo hasta antes de que se expida la sentencia que
finalice el proceso de tutela, es decir, hasta antes de la sentencia de única, de segunda
instancia o de revisión ante la Corte Constitucional, según sea el caso.» 18

68. En ese orden de ideas, esta Sala reconoce a QI ENERGY SAS ESP como
coadyuvante de la parte accionada y al Grupo de Energía de Bogotá SA ESP y a Manuel
Antonio Salazar Restrepo como coadyuvantes de los accionantes.

69. Aunado a ello, se reconocerá como terceros con interés en el proceso a
ECOPETROL SA, la Transportadora de Gas Internacional SA ESP (TGI), la Cámara
Regional de la Construcción de Bogotá y Cundinamarca (CAMACOL BYC), la Veeduría
Ciudadana, Latín American Capital Corp. SA, Energía Inversiones SAS y a la
Agremiación de comercializadoras de Energía sin generación Centralizada (CODISGEN),

18
Corte Constitucional. Auto 401 de 2020. [Sobre las reglas de la coadyuvancia en el trámite de tutela puede verse las sentencias
T-304 de 1996, T- 1062 de 2010, T-269 de 2012 y T-070 de 2018].

14

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03462-00
Demandante: Magdalena Holguín de Torres y otros

pues pese a que no fueron vinculados en el auto admisorio de la tutela, presentaron
informe en el proceso de la referencia.

70. Finalmente, la Sala despachará de forma desfavorable la solicitudes de
desvinculación presentadas por la Electrificadora del Huila SA ESP, la Cámara
Colombiana de Construcción (CAMACOL), el Departamento Administrativo de
Planeación (DNP), Sociedad Portuaria El Cayao SA ESP (SPEC LNG), Sol & Cielo
Energía SAS ESP, la Financiera de Desarrollo Territorial SA (FINDETER), el Comité
Asesor de Comercialización (CAC), la Procuraduría General de la Nación, la Federación
Colombiana de Municipios, RUITOQUE SA ESP, el Consejo Nacional de Operación
(CNO), AIR-E SA ESP INTERVENIDA, la Federación Nacional de Departamentos (FND),
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Empresa de Energía de
Boyacá SA ESP (EBSA), la Empresa Distribuidora del Pacífico SA ESP (DISPAC), la
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios (SSPPDD), la Empresa de Energía de Arauca ESP (ENELAR) y el Instituto
de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para zonas no interconectadas
(IPSE), comoquiera que aquellas sociedades y autoridades fueron vinculadas en calidad
de terceros y el objeto de la presente tutela puede tener incidencia en el sector al que
pertenecen o sobre el marco de sus competencias, razón por la cual se estima que
cuentan con interés en las resultas del proceso.

71. La misma suerte correrán las solicitudes de desvinculación del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), pues respecto
de estas autoridades se formularon pretensiones concretas y/o tienen relación directa
con los fundamentos fácticos de la presente solicitud de amparo.

Problemas jurídicos

72. Corresponde a la Sala determinar:

(i) ¿Puede el juez de tutela de instancia decidir sobre la declaratoria de un estado
de cosas inconstitucional, así como respecto de las órdenes de orientación y
reorientación para superar el mismo?

(ii) ¿Se satisface el requisito de subsidiariedad para enjuiciar las decisiones
administrativas adoptadas por el Gobierno Nacional y demás autoridades
administrativas con incidencia en el sector minero energético en materia de
competencias y regulación?

(iii) ¿La acción de tutela es el mecanismo judicial procedente para procurar el
nombramiento en propiedad de los expertos comisionados que integran la
CREG? De ser afirmativa la respuesta a este interrogante, ¿dicha falta de
designación comporta la vulneración de las garantías constitucionales
invocadas por la parte actora (derechos fundamentales a la energía,
educación, salud, vivienda digna, libertad de expresión e información y libertad
económica y de empresa)?

15

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03462-00
Demandante: Magdalena Holguín de Torres y otros

Análisis de los problemas jurídicos

73. La Sala se abstendrá de pronunciarse sobre la declaratoria el estado de cosas
inconstitucional y las medidas de organización y/o reorganización para conjurarlo,
comoquiera que la Corte Constitucional, en virtud de sus competencias constitucionales
y legales, es la única que puede hacerlo. Asimismo, declarará la improcedencia de los
reparos relacionados contra actos administrativos expedidos por el Gobierno Nacional y
las demás autoridades que integran el sector minero-energético por falta del requisito de
subsidiariedad y negará lo relativo a las presuntas afectaciones derivadas de la falta de
nombramiento en propiedad en las vacantes actuales para los cargos de expertos
comisionados de la CREG.

1. Declaratoria del estado de cosas inconstitucional (ECI) y adopción de medidas
derivadas de dicha declaratoria (competencias de los jueces de tutela de
instancia y revisión)

74. Revisado el escrito de tutela, se advierte que la mayoría de pretensiones
formuladas por la parte actora están encaminadas a lograr la declaratoria de estado de
cosas inconstitucional, así como la adopción de medidas para conjurar el mismo, como
consecuencia del riesgo sistémico y la crisis estructural que enfrente el sector energético
en el país.

75. Al respecto, es preciso señalar que la Corte Constitucional sostiene que los
jueces de tutela deben adoptar los remedios necesarios que permitan restablecer el goce
de los derechos fundamentales, los cuales se concretan en órdenes que pueden
clasificarse como simples o complejas19.

76. Dentro de estas últimas (entiéndase las órdenes complejas), tratándose de los
ECI, es decir, eventos en los que «“el texto constitucional carece de efectividad en el
plano de la realidad, tornándose meramente formal”, y en que “las autoridades, aún al
actuar en el marco de sus competencias legales, tejen su actividad al margen de los
derechos humanos y de sus obligaciones constitucionales, en relación con su respeto y
garantía”20»21, la misma Corte ha contemplado una categoría denominada órdenes
estructurales: de un lado, aquellas que declaran, reiteran o da por superado un estado
de cosas inconstitucional y, del otro, las que orientan o reorientan la estrategia de
superación del ECI.

77. Asimismo, en lo que respecta a la facultad para dictar unas y otras, la Corte
sostiene:

19
Corte Constitucional. Auto 548 de 2017. «La simplicidad o complejidad de las mismas es una cuestión de grado, de modo que una
orden de tutela es simple cuando comprende una sola decisión de hacer o de abstenerse de hacer algo de competencia exclusiva de
la persona destinataria de la orden y que, por lo general, se puede ejecutar a través de un solo acto o de una sola decisión en corto
plazo. Por el contrario, será compleja cuando involucra un conjunto de acciones u omisiones que requieren la concurrencia de varias
instituciones y que, por lo general, requieren de un plazo mayor a cuarenta y ocho (48) horas para su cumplimiento pleno [Sentencia
T-086 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda]»
20
Corte Constitucional. Sentencia T-762 de 2015. MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
21
Corte Constitucional. Sentencia SU-020 de 2022.

16

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03462-00
Demandante: Magdalena Holguín de Torres y otros

«En suma, en atención al principio de la unidad de la jurisdicción las determinaciones del juez
de tutela no podrán (i) constatar, superar o reformar una declaración de estado de cosas
inconstitucional, ni (ii) orientar o reorientar la estrategia de superación del ECI, pues ambas
cosas competen únicamente al órgano de cierre [la Corte Constitucional], en la medida en
que su perspectiva del problema es panorámica.

Deben si (iii) emitir las órdenes complejas o simples que requiera la protección particular de
los derechos fundamentales que se ponga en su conocimiento; y (iii) armonizar las soluciones
concretas del asunto que resuelva, a la estrategia de superación del ECI, para lo cual deben
evitar trastocarla y hacerla inoperante, total o parcialmente, es decir debe concatenar las
circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que deben ejecutarse sus órdenes, simples y
complejas, a las que se impusieron mediante las órdenes estructurales emitidas por la
Corte.»22

78. Bajo este contexto, la Sala se abstendrá de pronunciarse sobre la declaratoria
del estado de cosas inconstitucional frente a la mencionada crisis a la que se enfrenta el
sector energético en el país y sobre las órdenes de orientación y/o reorientación para
conjurar la misma, pues ello le corresponde a la Corte Constitucional, y estudiará, luego
de verificados los requisitos de procedencia de la acción de tutela, qué medidas se
pueden ordenar para el amparo de los derechos aparentemente vulnerados, en el evento
en el que se encuentre que hay lugar a conceder la tutela.

2. Procedencia de la acción de tutela

79. Por temas metodológicos, se analizarán de las pretensiones distintas de la
declaratoria del ECI o de la adopción las medidas para conjurar el mismo: (i) aquellas con
las que se enjuician decisiones administrativas del Gobierno Nacional y demás
autoridades del sector minero-energético y (ii) la relativa al nombramiento en propiedad
de los expertos comisionados que integran la CREG. No sobra aclarar, que dicho estudio
se hará a la luz de la presunta vulneración de derechos fundamentales a la energía,
educación, salud, vivienda digna, libertad de expresión e información y libertad
económica y de empresa.

80. Frente a las primeras, esto es, las pretensiones por medio de las cuales se
enjuician decisiones administrativas (actos administrativos), la Sala declarará la
improcedencia de la acción de tutela por falta de subsidiariedad, por las razones que
pasan a explicarse:

81. Se observa los accionantes solicitaron (1) se dejen sin efectos los actos
administrativos expedidos por las entidades accionadas que contravengan el artículo 74.1
de la Ley 142 de 1994 y el artículo 23 de la Ley 143 de 1994; (2) se declare que la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPPDD) se extralimitó en el
ejercicio de sus funciones al expedir la Circular Externa No. 20241000001314; y (3) se
exhorte a la empresa XM SA ESP a presentar una excepción de inconstitucionalidad
respecto de la Circular Externa No. 20241000001314 de 13 de diciembre de 2024 de la
SSPPDD.

82. En esa medida, debe indicarse que para controvertir los actos administrativos
antes señalados la parte actora dispone de los medios de control previstos en la Ley

22
Corte Constitucional. Auto 548 de 2017.

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Demandante: Magdalena Holguín de Torres y otros

1437 de 2011 – CPACA (nulidad, nulidad por inconstitucionalidad y nulidad y
restablecimiento del derecho, según sea el caso), los cuales resultan idóneos y eficaces,
de cara a los reclamos que se plantean el escrito de tutela. En otras palabras, los
accionantes podrían acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para
discutir las irregularidades que alegan.

83. Adicionalmente, se destaca que el CPACA contempla la posibilidad de que la
parte demandante solicite medidas cautelares, las cuales se encuentran previstas en los
artículos 229 y siguientes, a través de las cuales podría igualmente solicitar la suspensión
temporal de los efectos de los actos enjuiciados, con el fin de evitar la ocurrencia de un
menoscabo que resulte irreparable.

84. Así las cosas, ante la existencia de otro medio de defensa judicial, mediante el
cual la parte actora puede ventilar las inconformidades que expuso en esta sede, la
acción de tutela se torna improcedente en virtud del carácter residual que tiene este tipo
de trámite, el cual le impide al juez constitucional pronunciarse sobre el fondo del asunto,
ya que al emitir un juicio sobre la legalidad de dichos actos administrativos estaría
invadiendo las competencias que le fueron conferidas al juez natural de la causa.

85. En consecuencia, la Subsección concluye que la acción de la referencia no
satisface el requisito de subsidiariedad, como causal genérica para la procedibilidad de
la acción de tutela, puesto que el mecanismo de amparo solo procede cuando la parte
accionante haya empleado los instrumentos judiciales que tiene a su alcance para
obtener la protección de los derechos fundamentales invocados.

86. Aunado a lo anterior, se advierte en que los accionantes no demostraron la
existencia de un perjuicio irremediable, comoquiera que si bien se aportaron datos
técnicos sobre la situación financiera del sector, no se demostró la incidencia directa de
aquellas decisiones administrativas en el caso particular de cada uno de los accionantes
frente a sus garantías fundamentales.

87. Finalmente, frente a la pretensión relacionada con la falta de nombramiento en
propiedad de los expertos comisionados que integran la CREG, la Sala estima que sí se
cumplen los requisitos de procedibilidad porque: (1) se orientó a lograr el amparo de
derechos fundamentales de acceso a la energía23, educación, salud, vivienda digna,
libertad de expresión e información y libertad económica y de empresa; (2) se tiene
acreditada la legitimación, tanto activa como pasiva, porque los accionantes son los
titulares de las garantías constitucionales que se invocan como violadas y las autoridades
accionadas tiene relación directa con los hechos materiales del caso, ya sea por su
pertenencia al sector o por el marco de sus competencias; (3) no existe otro mecanismo
judicial que permita a la parte actora procurar la defensa de sus derechos, pues a la luz
de la Ley 143 de 1994, modificada por la Ley 2099 de 2021, y los Decretos 1260 de 2013
[por el cual se modifica la estructura de la CREG] y 1573 de 2023 [por el cual se aprueba
el reglamento interno de la CREG], no existe una obligación clara y/o expresa en cabeza

23
Es preciso señalar que esta afirmación se soporta en el carácter de esencial del servicio público, así como su dimensión social,
esto es, su condición de indispensable «para el desenvolvimiento de las actividades sociales y económicas del país» (Corte
Constitucional, Sentencia C-447 de 1992), así como su relación intrínseca con el derecho a la vivienda digna. Sobre el particular
pueden consultarse las Sentencias T-233 de 2024, T-337 de 2023 y T-367 de 2020 de la Corte Constitucional.

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Demandante: Magdalena Holguín de Torres y otros

del presidente de la República para nombrar en propiedad a los expertos comisionados
de la CREG que hiciere procedente una acción de cumplimiento; y (4) hubo un plazo
razonable en la presentación de la acción de tutela, comoquiera que lo alegado constituye
una situación actual.

3. Análisis de la vulneración alegada: falta de nombramiento de los expertos
comisionados que integran la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)

88. La Sala negará el amparo en lo que respecta a esta pretensión en particular, por
las siguientes razones:

89. Para la parte actora, el hecho que no hayan sido nombrados en propiedad los
expertos comisionados que integran la CREG, junto a su suplencia a través de la figura
del encargo, ha generado la pérdida de la capacidad operativa e independencia de la
entidad, comoquiera que (i) no existe quorum y rigor técnico en la decisiones de aquella,
(ii) hay incertidumbre regulatoria y (iii) hay riesgo de desabastecimiento por falta de
medidas oportunas. Situaciones que, en su criterio, vulneran y/o amenazan los derechos
a la energía, educación, salud, vivienda digna, libertad de expresión e información y
libertad económica y de empresa.

90. Sin embargo, más allá de las afirmaciones contenidas en el escrito de tutela, los
accionantes no demostraron la vulneración alegada. En el expediente, no reposa prueba
alguna que acredite las calidades o condiciones invocadas por Magdalena Holguín de
Torres, Martha Elena Múnera Aristizábal, Felipe Piquero Villegas, Laura Tobar Salazar,
Raúl Fernando Pineda López, Cristóbal Machado Krieger, Bulla Quiroga, Juan Pablo
Salamanca Rozo, María Paula Gómez Rojas, Lizeth Johana Lugo López y Luis Jaime
Rojas Camargo. Aunado a ello, tampoco dieron cuenta de eventos concretos y
particulares en los que se hayan visto en riesgo sus derechos. Por tal razón, el juez de
tutela no cuenta con los elementos de juicio necesarios para dar por acreditada la
vulneración en la que se fundó la presente acción de tutela.

91. En gracia de discusión, no sobra precisar que de conformidad con el artículo 21
de la Ley 143 de 1994, modificado por el artículo 44 de la Ley 2099 de 2021, la CREG,
como unidad administrativa especial adscrita al Ministerio de Minas y Energía 24, está
integrada, entre otros, por 6 expertos en asuntos energéticos de dedicación exclusiva
para períodos de 4 años25. La misma norma dispone que además de requisitos y
prohibiciones del cargo, serán escogidos libremente por el presidente de la República,
quien propenderá por la formación de un equipo interdisciplinario y no podrá nombrar a
más de un abogado. Por su parte, los artículos 13 y 14 de la Resolución No. 105 003 de
2023, Reglamento Interno de la CREG26, señala que el Comité de Expertos está
integrado por los 6 antes mencionados, ejercerá las funciones y competencias
establecidas en el Decreto 1260 de 2013, sesionará con por lo menos 4 de sus
integrantes, siendo uno de ellos el director ejecutivo, y decidirá por mayoría simple.

24
Decreto 1073 de 2015, artículo 1.2.1.1.4.
25
Sobre el período de los expertos comisionados puede verse: Corte Constitucional, Sentencia C-048 de 2024.
26
Aprobado mediante Decreto 1573 de 2023.

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92. Una vez consultada la página a de la CREG, se evidenció que a la fecha de
expedición de esta providencia, ostentan la calidad de expertos comisionados: Bassier
Antonio Jiménez Rivera (en encargo)27, William Abel Mercado Redondo, Fanny Elizabeth
Guerrero Maya y Orlando Velandia Sepúlveda (en encargo).

93. Así las cosas, (1) no se evidencia que el Comité de Expertos de la CREG no
cuente con el quorum para sesionar y adoptar las decisiones, (2) si lo que pretende
cuestionarse es la calidad técnica de quienes hoy desempeñan los cargos de expertos
comisionados, podría acudirse al medio de control de nulidad electoral, y (3) no se probó,
siquiera de forma sumaria, que la configuración actual del mencionado comité, así como
sus decisiones y omisiones, hayan causado una afectación concreta sobre los derechos
de los accionantes.

Conclusión

94. Con fundamento en las consideraciones antes planteadas, esta Subsección se
abstendrá de pronunciarse sobre la declaratoria del estado de cosas inconstitucional y
las medidas de organización y/o reorganización para conjurarlo, declarará la
improcedencia de los reparos relacionados contra actos administrativos expedidos por el
Gobierno Nacional y las demás autoridades que integran el sector minero-energético y
negará lo relativo a las presuntas afectaciones derivadas de la falta de nombramiento en
propiedad de los expertos comisionados de la CREG.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

III. RESUELVE

PRIMERO. RECONOCER a QI ENERGY SAS ESP como coadyuvante de la parte
accionada y al Grupo de Energía de Bogotá SA ESP y Manuel Antonio Salazar Restrepo
como coadyuvantes de los accionantes.

SEGUNDO. RECONOCER como terceros con interés en el proceso a ECOPETROL SA,
la Transportadora de Gas Internacional SA ESP (TGI), la Cámara Regional de la
Construcción de Bogotá y Cundinamarca (CAMACOL BYC), la Veeduría Ciudadana,
Latín American Capital Corp. SA, Energía Inversiones SAS y a la Agremiación de
comercializadoras de Energía sin generación Centralizada (CODISGEN).

TERCERO. NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Electrificadora
del Huila SA ESP, la Cámara Colombiana de Construcción (CAMACOL), el Departamento
Administrativo de Planeación (DNP), Sociedad Portuaria El Cayao SA ESP (SPEC LNG),
Sol & Cielo Energía SAS ESP, la Financiera de Desarrollo Territorial SA (FINDETER), el
Comité Asesor de Comercialización (CAC), la Procuraduría General de la Nación, la
Federación Colombiana de Municipios, RUITOQUE SA ESP, el Consejo Nacional de
Operación (CNO), AIR-E SA ESP INTERVENIDA, la Federación Nacional de

27
Quien a su vez tiene la calidad de director ejecutivo de la CREG.

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Demandante: Magdalena Holguín de Torres y otros

Departamentos (FND), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la
Empresa de Energía de Boyacá SA ESP (EBSA), la Empresa Distribuidora del Pacífico
SA ESP (DISPAC), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios (SSPPDD), la Empresa de Energía de Arauca ESP
(ENELAR), el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para
zonas no interconectadas (IPSE), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República (DAPRE).

CUARTO. ABSTENERSE de pronunciase sobre la declaratoria del estado de cosas
inconstitucional por los presuntos riesgo sistémico y crisis estructural del sistema y sector
eléctrico del país, así como para adoptar las medidas de organización y/o reorganización
para conjurarlo.

QUINTO. DECLARAR la improcedencia por falta de subsidiariedad de los reparos
relacionados contra actos administrativos expedidos por el Gobierno Nacional y las
demás autoridades que integran el sector minero-energético.

SEXTO. NEGAR la solicitud de amparo en lo relativo a las presuntas afectaciones
derivadas de la falta de nombramiento en propiedad de los expertos comisionados de la
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

SÉPTIMO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

21

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