Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03466-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03466-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-03466-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello
17 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-03466-00
Demandante JORGE LUIS BORRE RUIZ
Demandada PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTRO
Temas Acción de tutela. Requisito de subsidiariedad. Reforma pensional.
Acción pública de inconstitucionalidad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el señor Jorge Luis Borre Ruiz, de conformidad con lo dispuesto por
los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 5 de junio de 20251, el señor Jorge Luis Borre Ruiz instauró acción de tutela, en
nombre propio, contra el Congreso de la República de Colombia y el presidente de
la República, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la seguridad
social y al mínimo vital, así como el principio de confianza legítima.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERO: Que se me declare la protección inmediata de mis derechos fundamentales a la
seguridad social, al mínimo vital y a la confianza legítima, frente a los efectos regresivos de la
Ley 2381 de 2024.
SEGUNDO: Que se ordene la inaplicación de los artículos de la Ley 2381 de 2024 que
eliminan la pensión sustitutiva y la devolución de saldos, en mi caso particular, por vulnerar
mis derechos fundamentales.
TERCERO: Que se ordene al presidente de la República y al Congreso de la República la
suspensión de la aplicación de la norma hasta que sea resuelta su exequibilidad por la Corte
Constitucional.
CUARTO: Que se ordene garantizarme la continuidad del régimen anterior con derechos
adquiridos o en tránsito a la pensión bajo la Ley 100 de 1993.
QUINTO: QUE NO SE ME APLIQUE EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 2381 DE 2024, que
reforma el sistema pensional actual en Colombia, donde establece el plazo máximo para
acreditar los requisitos necesarios para acceder a la oportunidad de traslado entre regímenes
pensionales, en el contexto del nuevo sistema que entrará en vigor el 1 de julio de 2025, y se
respete mi Derecho a continuar bajo la Ley 100 del 1993, y recibir la DEVOLUCIÓN DE
SALDOS DE MIS AHORROS PENSIONALES.
SEXTO: QUE NO DESEO TRASLADARME A NINGÚN PILAR SEMICONTIBUTIVO QUE
PROPONE LA NUEVA REFORMA PENSIONAL Ley 2381 de 2024, Y MI INTERÉS ES
SEGUIR PERMANECIENDO EN EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y NO PIENSO
RENUNCIAR A ÉL CON SU NEFASTO (DECRETO 0514 DEL 9 DE MAYO DE 2025) ART.
2.2.1.12.
SÉPTIMO: QUE NO DESEO ACOGERME A UNA RENTA VITALICIA y que mis Ahorros sean
devueltos completo con su respectiva rentabilidad y los ajustes de la inflación, ya que
considero que ES UNA VIL EXPROPIACIÓN, CONFISCACIÓN Y ARBITRARIEDAD que
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Samai, índice 2.
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quiere realizar el actual gobierno, al ahorro de los que esperamos una Devolución de Aportes
o Pensión Sustitutiva para una vejez digna, la cual no se negocia.
OCTAVO: Que al aprobarse dicha REFORMA PENSIONAL, me siento despojado de los
ahorros que por tanto tiempo (30 años) llevo esperando, y que son el ahorro de mi familia de
mis proyectos que a futuro puedo tener.
NOVENO: QUE LA CORTE CONSTITUCIONAL DECLARE LA INCONSTITUCIONALIDAD E
INEXEQUIBILIDAD DE LA LEY 2381 DE 2024, ANTES QUE ENTRE EN VIGENCIA EL 1 DE
JULIO DE 2025, POR LA GRAN VIOLACIÓN A DERECHOS FUNDAMENTAL YA
ADQUIRIDOS DE MILLONES DE COLOMBIANOS QUE NOS ENCONTRAMOS EN ESTA
SITUACIÓN».
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
El tutelante manifestó que ha cotizado al sistema pensional conforme a la Ley 100
de 1993.
Indicó que actualmente tiene 57 años y cuenta con 550 semanas cotizadas en el
Fondo de Pensiones Porvenir.
3. Fundamentos de la acción
El actor aseguró que a la fecha no cumple con los requisitos de la Ley 100 de 1993
para obtener una pensión de vejez, esto es 1300 semanas y 62 años. Sin embargo,
aseguró que bajo esa normativa sí podría acceder a la figura de la devolución de
aportes, la cual aplica cuando no se cumple con los requisitos para acceder a una
pensión o no se desea continuar cotizando por voluntad propia.
Teniendo en cuenta lo anterior, el tutelante reprochó que la Ley 2381 de 2024, que
contiene la reforma pensional, eliminó la devolución de saldos y la indemnización
sustitutiva, lo cual afecta su posibilidad de recuperar los ahorros que hasta el
momento tiene cotizados.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Mediante auto de 11 de junio de 2025, se admitió la acción de tutela
interpuesta por el señor Jorge Luis Borre Ruiz contra la Presidencia de la
República y el Congreso de la República y se dispuso efectuar las
notificaciones correspondientes.
4.2. La Presidencia de la República sostuvo que la acción de tutela es
improcedente, porque existen otros mecanismos judiciales para controvertir la
constitucionalidad de una norma legal, como la acción pública de
inconstitucionalidad consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política.
Esta acción garantiza que cualquier persona pueda cuestionar normas que
afecten el orden constitucional, reconoce el papel esencial de los ciudadanos
en la vigilancia de la constitucionalidad y asegura la protección del Estado de
derecho.
Por ende, consideró que la acción de tutela no es procedente para dejar sin
efectos una disposición legal de carácter general a falta de cumplimiento del
requisito de subsidiariedad.
Informó que ya se encuentran en curso varias demandas de
inconstitucionalidad contra la Ley 2381 de 2024 (expedientes D-16137, D-16142 y
D-15.989) y que recientemente el magistrado Jorge Enrique Ibáñez presentó un
proyecto de fallo ante la Corte Constitucional relacionado con esta reforma. En
su criterio, esto demuestra que el control de constitucionalidad está siendo
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ejercido por el órgano competente, conforme a los procedimientos y
competencias establecidas en la Constitución Política. Además, tal
circunstancia confirma que la acción pública de inconstitucionalidad es el canal
adecuado y legítimo para discutir la validez de las leyes expedidas por el
Congreso de la República.
También informó que la Corte Constitucional devolvió a la Cámara de
Representantes la reforma pensional para subsanar un vicio de procedimiento,
lo cual impide que la reforma entre en vigor el 1 de julio, como estaba
originalmente previsto.
De otra parte, manifestó que la Ley 2381 de 2024 establece un régimen de
transición como mecanismo de protección para los afiliados que al 30 de junio
de 2025 cuenten con un mínimo de semanas cotizadas: 900 en el caso de los
hombres y 750 en el de las mujeres. Esta figura busca salvaguardar principios
como la seguridad jurídica y la confianza y expectativas legítimas, porque
permite que quienes cumplen con los requisitos mencionados continúen
rigiéndose por las disposiciones de la Ley 100 de 1993. Así se evita una
afectación desproporcionada ante el nuevo esquema pensional.
Por lo expuesto, la presidencia consideró que no ha cometido ninguna omisión
que permita al accionante reclamar la violación de sus derechos
fundamentales. Con fundamento en lo anterior, solicitó la declaratoria de
improcedencia de la acción de tutela y subsidiariamente que sean negadas las
pretensiones.
4.3. El Senado de la República manifestó que de su parte no ha existido
vulneración a los derechos a la seguridad social, mínimo vital y confianza
legítima del accionante, puesto que sus actuaciones se han regido por las
funciones del trámite legislativo descrito en la Ley 5 de 1992.
Asimismo, se refirió a la libertad de configuración legislativa, en virtud de la
cual el Congreso de la República tiene la facultad para diseñar, estructurar y
desarrollar normas, respetando los límites que impone la Constitución Política
de 1991 y el bloque de constitucionalidad.
Explicó que, según el artículo 154 de la Constitución Política, existen cuatro
formas diferentes de iniciativa legislativa: (i) iniciativa de los miembros del
Congreso de la República; (ii) iniciativa popular; (iii) iniciativa funcional; e (iv)
iniciativa gubernamental. Por consiguiente, aunque la Constitución Política
contempló diversas alternativas para iniciar el trámite legislativo, lo cierto es
que la acción de tutela no es el mecanismo ideado por el constituyente para
promover iniciativas legislativas.
Por otra parte, sostuvo que carece de legitimación en la causa por pasiva pues,
con base en sus funciones, no tiene facultad para determinar la inaplicación
de la Ley 2381 de 2024 ni para ordenar al presidente de la República la
suspensión de dicha norma. Además, consideró que no existe nexo causal
entre su competencia y la presunta vulneración de derechos alegada por el
actor.
Finalmente, adujo que no se cumple con el requisito de subsidiariedad, debido
a que la acción de tutela no es idónea ni apta para la finalidad perseguida por
el actor; y tampoco se presentan circunstancias para flexibilizar ese requisito,
en tanto que no está involucrado un sujeto de especial protección
constitucional ni se advierte una situación de debilidad manifiesta.
Por las razones expuestas, el Senado de la República solicitó declarar la
improcedencia de la acción de tutela por no cumplir el requisito de
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subsidiariedad y negar las pretensiones debido a que no existe vulneración de
los derechos fundamentales del actor.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
De los antecedentes expuestos, le corresponde a la Sala establecer si se cumple
con el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela, en tanto que lo pretendido
por el accionante es controvertir aspectos de la Ley 2381 de 2024.
En caso de superar tal análisis, la Sala determinará si las autoridades accionadas
vulneraron los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital, así
como el principio de confianza legítima del señor Jorge Luis Borre Ruiz.
3. Requisito de la subsidiariedad de la acción de tutela
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela es el de subsidiariedad. Esa
norma dispone que la tutela «solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable». A su turno, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece que la
acción de tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial,
a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Según esas normas, la subsidiariedad hace referencia a que la acción de tutela solo
procede cuando no existen otros medios de defensa idóneos para amparar los
derechos fundamentales invocados; o siempre que ello sea necesario para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo
transitorio de protección. De esta forma, se busca que los mecanismos ordinarios
de defensa para la protección de los derechos no sean desplazados o suplantados
por la acción de tutela.
Así las cosas, la tesis de la Sección consiste en que, por regla general, cuando
existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz no es procedente la acción de
tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del medio de defensa se definen en
función del caso concreto, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentra
el solicitante. En ese estudio también debe analizarse la existencia o no de un
perjuicio irremediable, en los términos del numeral 1º del artículo 6 del Decreto 2591
de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
En ese sentido, el juez de tutela tiene la potestad de valorar las circunstancias
particulares de cada caso y determinar si la acción es procedente; o si, por el
contrario, existen otros medios que permiten satisfacer los derechos fundamentales
del actor.
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Demandante: Jorge Luis Borre Ruiz
Sobre el requisito de subsidiariedad, la Corte Constitucional ha manifestado lo
siguiente:
«La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones
de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un
derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro
mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección
del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un
mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar
el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción
de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria.
La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario
para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance
del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección,
precisamente incorporado a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con el fin
de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una
plena protección de sus derechos esenciales (…)»2.
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe probar
que se agotaron los recursos que tenía a su disposición pues, de lo contrario, la
tutela deviene improcedente.
4. Análisis en el caso
4.1. Explicado lo anterior, la Sala considera que no se cumple con el requisito de
subsidiariedad, porque en el caso existe un mecanismo de defensa a través
del cual la parte actora puede controvertir la Ley 2381 de 2024: la acción
pública de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 241 de la
Constitución Política, según el cual la Corte Constitucional es competente para
«Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las
leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación».
El referido tribunal constitucional ha reiterado que la acción pública de
inconstitucionalidad permite a los ciudadanos atacar las normas que pretendan
hacer parte del ordenamiento jurídico o que ya se encuentren en este, pero
que contraríen o desconozcan la Constitución Política.
En palabras de la Corte, «se trata entonces de un mecanismo que entre otras cosas limita
el ejercicio del poder legislativo al marco de la Carta Política» 3 y que materializa el
derecho de los ciudadanos colombianos a participar en las decisiones que los
afectan4. Justamente, en el marco de la acción pública de inconstitucionalidad
el actor podrá exponer sus inconformidades frente a la Ley 2381 de 2024 y
solicitar ante la Corte Constitucional que se «DECLARE LA
INCONSTITUCIONALIDAD E INEXEQUIBILIDAD DE LA LEY 2381 DE 2024».
4.2. Con todo, es preciso observar que se pueden presentar casos excepcionales
en los que a pesar de la existencia de otro medio de defensa judicial es posible
que la tutela proceda como mecanismo transitorio. Y esto obedece a que la
existencia de un medio judicial no necesariamente significa la improcedencia
de la acción de tutela.
Sin embargo, en el caso no se configuran tales eventos excepcionales. Para
la Sala, la acción pública de inconstitucionalidad resulta idónea y eficaz para
el propósito indicado en el escrito de tutela, en el marco del cual la parte actora
no solo cuenta con las garantías y herramientas que le provee el debido
proceso que caracteriza el proceso judicial, sino que puede desarrollar los
argumentos por los cuales, en su criterio, la Ley 2381 de 2024 es contraria a
la Constitución Política, especialmente en lo relacionado con la devolución de
saldos, la indemnización sustitutiva y demás aspectos.
2
Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 1992.
3
Corte Constitucional. Sentencia C-112 de 2018.
4
Corte Constitucional. Sentencia C-441 de 2019.
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Además de tratarse de un mecanismo eficaz e idóneo, en el caso no existe un
perjuicio irremediable en los términos dispuestos por la jurisprudencia
constitucional, es decir una afectación grave, inminente y que requiera
medidas impostergables. Esto obedece a que en el caso no se advierte una
circunstancia específica ocasionada por una autoridad pública o particular que
vaya en detrimento en los derechos subjetivos del accionante.
En otras palabras, a la fecha no existe ninguna situación que limite los
derechos fundamentales del actor o garantías de estirpe constitucional; más
bien lo advertido es un desacuerdo con una norma del ordenamiento jurídico
cuya entrada en vigor se encuentra suspendida5.
Sin embargo, el solo hecho de no estar conforme con una disposición
normativa, independientemente de las razones y de su actual aplicabilidad, no
denota un verdadero perjuicio irremediable en los términos descritos por la
Corte Constitucional. De aceptar ese razonamiento, habría que concluir que
toda regulación sobre la cual un ciudadano no comparte su sentido implica la
existencia de un perjuicio de esa naturaleza. Conclusión que a todas luces
carece de razonabilidad.
Por lo tanto, se considera que en el caso no se configuran las condiciones
necesarias para que la tutela proceda como mecanismo transitorio. Ni existe
un perjuicio que cumpla con las características dispuestas por la jurisprudencia
constitucional para ser considerado como irremediable ni se advierte la falta
de idoneidad o ineficacia de la acción pública de inconstitucionalidad. A causa
de lo anterior, se debe concluir que no existe razón válida que permita la
procedencia excepcional de la tutela en el caso.
De otra parte, si bien podría interpretarse que la acción interpuesta por el actor
es una tutela anticipada atendiendo a la suspensión de la Ley 2381 de 2024
dispuesta por la Corte Constitucional, lo cierto es que cualquier discusión
sobre esta eventualmente deberá cuestionarse a través de la acción pública
de inconstitucionalidad. Por lo tanto, al margen de que la acción se haya
presentado previo a la entrada en vigencia de la mencionada ley, no se puede
pasar por alto la improcedencia de la acción de tutela, a la luz del requisito de
subsidiariedad, para controvertir una ley.
4.3. Finalmente, es importante recordar que es imperativo que se cumplan con
rigor cada uno de los requisitos de procedencia de la acción de tutela,
incluyendo el de subsidiariedad. Si estos no se cumplen no hay lugar a estudiar
el asunto de fondo, escenario último en el que se determinaría si las
autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales alegados por
la parte actora.
5. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala concluye que no se satisface el requisito de
subsidiariedad de la acción de tutela, dada la existencia de otro mecanismo judicial
al cual se debe acudir para controvertir la Ley 2381 de 2024; a lo que se suma que
no se configuran las condiciones necesarias para que la tutela proceda como
mecanismo transitorio.
En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
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https://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/comunicado-27-junio-17-de-2025
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Demandante: Jorge Luis Borre Ruiz
FALLA
1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el señor Jorge
Luis Borre Ruiz, dadas las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente decisión, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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