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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03470-01

Fecha
31 de octubre de 2025
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03470-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Confirmar la sentencia de 11 de julio de 2025, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas. Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03470-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

31 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03470-01
Accionante: ERNESTINA MORENO PEÑA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ARAUCA Y OTROS

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con pretensión de reconocimiento y
pago de una pensión de sobrevivientes. Requisito de la relevancia
constitucional

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la parte demandante contra la sentencia de 11 de julio de 2025
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la
que se declaró improcedente la acción de tutela por falta de relevancia
constitucional.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 6 de junio de 2025, la parte accionante pidió al juez constitucional la protección
de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social, a la igualdad,
al debido proceso, a la vida en condiciones dignas y al principio de in dubio pro
operario, supuestamente vulnerados por las autoridades accionadas.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“2.1. Que se tutelen los derechos fundamentales la señora ERNESTINA MORENO PEÑA
quien actúa como cónyuge supérstite del causante MIGUEL ÁNGEL ECHEVERRY
MARÍN, AL MINIMO VITAL, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES
DE PERSONA DE LA TERCERA EDAD, A LA IGUALDAD, A LA DIGNIDAD HUMANA,
A LA SEGURIDAD SOCIAL EN CONEXIDAD CON EL DERECHO FUNDAMENTAL AL
DEBIDO PROCESO Y CON LOS DERECHOS ADQUIRIDOS, A UNA VIDA EN
CONDICIONES DIGNAS, LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD, FAVORABILIDAD,
IRRENUNCIABILIDAD, IN DUBIO PRO OPERARIO vulnerados por el JUZGADO
PRIMERO (1) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE ARAUCA, EL
HONORABLE EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ARAUCA Y LA NACIÓN —
MINISTERIO DE DEFENSA —EJÉRCITO NACIONAL, y como consecuencia de Io
anterior.

2.2. Que se REVOQUE las sentencias proferidas por el JUZGADO PRIMERO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE ARAUCA, de fecha 26 de junio del
2019 y del HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ - SALA LABORAL, de
fecha 31 de enero del 2025, por desconocer el principio de favorabilidad y los derechos
fundamentales de la señora ERNESTINA MORENO PEÑA, quien actúa como cónyuge
supérstite del causante CABO PRIMERO MIGUEL ÁNGEL ECHEVERRY MARÍN, a
quien le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a
que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, le reconozca y pague la PENSIÓN DE
SOBREVIVIENTES de conformidad con Io preceptuado en los artículos 5 y 20 del
Acuerdo 224 aprobado por el Decreto 3041 de 1966, modificado por el Artículo 19 del

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03470-01
Demandante: Ernestina Moreno Peña

acuerdo 019 de 1983, ISS aprobado por el decreto 232 de 1984, en aplicación AL
PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE FAVORABILIDAD y demás normas concordantes.
2.3. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO a favor de la demandante, SE CONDENE al
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, a reconocer y pagar la pensión de
sobrevivientes de conformidad con Io preceptuado en los artículos 5 y 20 del acuerdo
224 aprobado por el decreto 3041 de 1966, Modificado por el Artículo 19 del acuerdo 019
de 1983, ISS aprobado por el decreto 232 de 1984, en aplicación AL PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DE FAVORABILIDAD y demás normas concordantes.

2.4. Que se CONDENE al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL al pago del
RETROACTIVO PLENO de las mesadas pensionales a favor de la señora ERNESTINA
MORENO PEÑA, desde la fecha del fallecimiento del causante, es decir desde el 23 de
julio de 1989 junto los intereses moratorios, indexación, costas y agencias en derecho”.

2. Hechos

La parte actora sostuvo que el 4 de febrero de 2015 solicitó al Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional el reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes, con ocasión del fallecimiento del señor Miguel Ángel Echeverry
Marín (q. e. p. d.), ocurrido el 23 de julio de 1989, quien en vida fue su cónyuge.

Relató que por medio de Resolución n.º 1628 de 13 de abril de 2015, la autoridad
administrativa le negó el reconocimiento de la referida prestación económica, por lo
que interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, que fue desatado
mediante Resolución n.º 2838 de 22 de junio de 2015, en la que se declaró
improcedente por no cumplir con los requisitos.

Mencionó que el 1º de julio de 2016 promovió demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ministerio de Defensa
Nacional, Ejército Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad de los actos
administrativos a través de los cuales se le negó el reconocimiento y pago de una
pensión de sobrevivientes.

Indicó que el asunto fue asignado por reparto al Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Arauca1, que mediante sentencia de 26 de junio de 2019 negó las
pretensiones de la demanda, por considerar que no le resultaban aplicables las
disposiciones del Decreto 3041 de 1966, por cuanto en ese régimen general se
excluyó a aquellas personas vinculadas a las entidades públicas, quienes cuentan
con regímenes pensionales especiales.

Agregó que contra dicha decisión interpuso recurso de apelación, el cual fue
resuelto mediante sentencia de 31 de enero de 2025, en la que el Tribunal
Administrativo de Arauca confirmó la decisión recurrida, bajo el argumento de que
no era posible aplicar al caso concreto las disposiciones contenidas en el Decreto
3041 de 1966, en virtud del principio de favorabilidad, en razón a que los miembros
de la Fuerza Pública no fueron destinatarios del mencionado cuerpo normativo que
reguló las prestaciones pagadas por el Instituto de Seguros Sociales, debido a que
los aportes del fallecido se realizaron a la Caja de Sueldos de Retiro de las Fuerzas
Militares.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora mencionó que las decisiones proferidas por las autoridades
judiciales, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
constituyen una “vía de hecho”, que desconoce sus derechos fundamentales al
mínimo vital, a la seguridad social, a la igualdad y a la dignidad humana.

1
Identificado con radicado n.º 81001-33-31-001-2017-00330-00
2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03470-01
Demandante: Ernestina Moreno Peña

Trajo a consideración los artículos 13, 25, 48 y 53 de la Constitución Política, y
argumentó que se configura un perjuicio irremediable, dado que se trata de una
persona de la tercera edad en estado de vulnerabilidad. Asimismo, citó apartes de
las sentencias T-581A de 2011, T-071 y T-121 de 2014, T-084 de 2017, T-525 de
2017 y T-370 de 2018 de la Corte Constitucional, relacionadas con el principio de
favorabilidad, la retrospectividad de la ley pensional y el derecho al mínimo vital.

Adujo que las autoridades judiciales se apartaron del marco normativo vigente y
aplicable al momento del fallecimiento del señor Miguel Ángel Echeverry Marín,
desconociendo el contenido y los efectos jurídicos del Decreto 232 de 1984,
mediante el cual se aprobó el Acuerdo 019 de 1983, que modificó los artículos 5 y
20 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de 1966. Agregó que
esa normativa establece requisitos más accesibles para el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes.

Señaló que, en el proceso ordinario, quedó demostrado que el señor Miguel Ángel
Echeverry Marín en su calidad de cabo primero del Ejército Nacional, contaba al
momento de su fallecimiento con 378.28 semanas de cotización, lo que evidencia
el cumplimiento del requisito de 150 semanas dentro de los seis años anteriores al
deceso, o más de 300 semanas en cualquier época. Por lo tanto, resultaba
procedente el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

Para terminar, indicó que actualmente cuenta con 60 años y tiene derecho a la
pensión de sobrevivientes, ya que su cónyuge prestó servicio en las Fuerzas
Militares entre el 23 de abril de 1982 y el 23 de julio de 1989. Esta circunstancia
evidencia el cumplimiento de los presupuestos señalados en el Decreto 232 de
1984, sumado a que dicha interpretación se ajusta a la protección de sus garantías
ius fundamentales, las cuales no fueron reconocidas por las autoridades judiciales
accionadas.

4. Oposición

4.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Arauca

Las magistradas que integran la sala de decisión de la sentencia objetada solicitaron
que se declare la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que carece del
presupuesto de la relevancia constitucional, pues expone reproches sobre la
valoración e interpretación efectuadas en el caso de la accionante, lo cual equivale
a una tercera instancia.

Sostuvieron que en el proceso ordinario se indicaron los motivos por los cuales no
era factible la aplicación del Decreto 3041 de 1966, ya que estaba destinado
exclusivamente a los afiliados al Instituto de Seguros Sociales y, en esa medida, no
podía trasladarse al oficial fallecido, sin que dicho análisis implicara el
desconocimiento del principio de favorabilidad.

4.2. Respuesta del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Arauca

El titular del despacho rindió informe en el que pidió declarar improcedente la acción
de tutela por carecer del requisito de la relevancia constitucional, al pretenderse
reabrir un debate que fue zanjado por el juez natural.

4.3. Respuesta del Ministerio de Defensa Nacional

La apoderada judicial de la entidad se pronunció frente a los hechos que dieron
origen a la acción de tutela y solicitó declarar improcedente la acción de tutela por
falta del presupuesto de la relevancia constitucional, al acudir al juez de tutela a
modo de tercera instancia, ante la inconformidad con las decisiones que resolvieron
no acceder al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.
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Demandante: Ernestina Moreno Peña

5. Sentencia de tutela impugnada

La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en fallo de 11 de
julio de 2025, resolvió lo siguiente:

“PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad
con las razones ut supra.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación”.

Señaló que la parte accionante alegó la vulneración de sus derechos fundamentales
debido a la falta de aplicación del Decreto 3041 de 1966, que regulaba lo relativo a
la seguridad social de los afiliados al Instituto de Seguros Sociales. Por lo tanto, no
se supera el requisito de relevancia constitucional, en la medida en que sobre ese
aspecto ya se pronunció el juez natural, quien explicó las razones por las cuales el
régimen general y especial de las Fuerzas Militares no son comparables desde la
perspectiva del principio de favorabilidad. En consecuencia, consideró que se
demostró que se acude a la acción de tutela como una tercera instancia.

6. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
actora impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó que se revoque, para lo
cual expuso lo siguiente:

Indicó que había agotado todos los mecanismos de defensa judicial a su alcance,
sin que se hubiera logrado una protección efectiva del derecho fundamental a la
seguridad social, al cual debe accederse teniendo en cuenta que fue cónyuge
supérstite del señor Miguel Ángel Echeverry Marín, quien se desempeñó en vida
como miembro del Ejército Nacional entre el 23 de abril de 1982 y el 23 de julio de
1989, cumpliendo los requisitos establecidos en el Decreto 232 de 1984.

Expuso que resulta inaceptable que las autoridades judiciales accionadas hayan
optado por aplicar una norma especial más restrictiva, que desconoce el principio
de favorabilidad y, además, impone barreras injustificadas para el acceso a la
pensión de una persona de la tercera edad, en estado de indefensión y que goza
de especial protección constitucional.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
se debe revocar la sentencia de 11 de julio de 2025 de la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción

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de tutela por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional, y si se debe
acceder al amparo constitucional en los términos propuestos por la parte actora.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que
el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones2.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20053, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin
que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría
frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional4.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala5, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o
de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de
tutela.

ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las
razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.

iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de
la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe
referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación
con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de
incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos
que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

2
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
3
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
4
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
5
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea
la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se
trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional
del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia de 11
de julio de 2025 declaró la improcedencia de la solicitud de amparo, bajo el
argumento de que la parte actora no cumplió con el requisito de la relevancia
constitucional debido a que la discusión planteada fue objeto de análisis por el juez
natural en el curso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

La parte actora impugnó la anterior decisión, para lo cual aseguró que había
agotado todos los recursos judiciales sin obtener una protección efectiva de su
derecho fundamental a la seguridad social, al cual debería acceder como cónyuge
supérstite del señor Miguel Ángel Echeverry Marín quien fue miembro del Ejército
Nacional entre 1982 y 1989 y cumplió con los requisitos del Decreto 232 de 1984.

En esa medida, alegó que las autoridades judiciales aplicaron una norma especial
más restrictiva, que desconoce el principio de favorabilidad y establece barreras
injustificadas para acceder a la pensión, especialmente por tratarse de una persona
de la tercera edad en situación de vulnerabilidad y con protección constitucional
reforzada.

Antes de abordar el fondo del asunto, la Sala considera pertinente precisar que, si
bien la demandante alegó ser sujeto de especial protección constitucional en razón
a su edad -60 años-, lo cierto es que dicha condición debe evaluarse conforme a los
criterios establecidos por la Corte Constitucional, en los que ha señalado que la
edad avanzada se determina teniendo en cuenta la expectativa de vida promedio
en el país6. Según las estadísticas del DANE, para el año 2024 la expectativa de
vida de las mujeres colombianas era de 80 años7.

En consecuencia, la accionante no se encuentra dentro del grupo poblacional
considerado vulnerable por razón de la edad y, en todo caso, aun si se superara
dicho aspecto, esa circunstancia por sí sola no permite flexibilizar, en principio, el
análisis de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales.

Precisado lo anterior, la Sala anticipa que confirmará la sentencia impugnada, por
considerar que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de la relevancia
constitucional, como pasa a exponerse:

El 1º de julio de 2016, la parte actora promovió demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ministerio de Defensa
Nacional, Ejército Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad de los actos

6 Sentencia T-077 de 2024. M.P. Natalia Ángel Cabo.
7https://dane70.dane.gov.co/los-hitos/censos/personas-mayores-de-100-anos-en-

colombia#:~:text=Hoy%20una%20persona%20nacida%20en,una%20mujer%2C%2080%2C13.
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administrativos mediante los cuales se le negó el reconocimiento y pago de una
pensión de sobrevivientes.

Lo anterior, tras señalar que el señor Miguel Ángel Echeverry Marín (q. e. p. d.),
quien en vida fue su cónyuge y falleció el 23 de julio de 1989, prestó servicio en las
Fuerzas Militares entre el 23 de abril de 1982 y el 23 de julio de 1989, por lo que al
momento de su fallecimiento contaba con 378.28 semanas de cotización, lo que
evidencia el cumplimiento del requisito de 150 semanas dentro de los seis años
anteriores al deceso, o más de 300 semanas en cualquier época.

A título de restablecimiento del derecho solicitó condenar a la entidad demandada
a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes, de conformidad con lo
preceptuado en el Decreto 232 de 1984, mediante el cual se aprobó el Acuerdo 019
de 1983, que modificó los artículos 5 y 20 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por
el Decreto 3041 de 1966.

El asunto fue asignado por reparto al Juzgado Primero Administrativo del Circuito
de Arauca, que mediante sentencia de 26 de junio de 2019 negó las pretensiones
de la demanda, al considerar que no resultaban aplicables las disposiciones del
Decreto 3041 de 1966, dado que dicho régimen general excluye a las personas
vinculadas a entidades públicas, quienes cuentan con regímenes pensionales
especiales.

Contra dicha decisión, la parte accionante interpuso recurso de apelación, en el que
indicó que el soldado profesional estuvo vinculado a las Fuerzas Militares por más
de siete años, cubriendo el riesgo de vejez, invalidez y muerte, y que resultaba
viable aplicar lo establecido en los artículos 5 y 20 del Acuerdo 224 de 1966,
aprobado por el Decreto 3041 de 1966 y modificado por el artículo 19 del Acuerdo
019 de 1983, aprobado por el Decreto 232 de 1984, bajo el principio de
favorabilidad. Además, señaló que se cumplió el requisito de las 150 semanas
cotizadas dentro de los seis años anteriores al fallecimiento, o 300 semanas en
cualquier tiempo.

El recurso de alzada fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Arauca mediante
sentencia de 31 de enero de 2025, en la que confirmó la decisión recurrida, al
considerar que no era posible aplicar al caso concreto las disposiciones contenidas
en el Decreto 3041 de 1966 en virtud del principio de favorabilidad, dado que los
miembros de la Fuerza Pública no fueron destinatarios del mencionado cuerpo
normativo, el cual regulaba las prestaciones pagadas por el Instituto de Seguros
Sociales, mientras que los aportes del fallecido se realizaron a la Caja de Sueldos
de Retiro de las Fuerzas Militares.

Para arribar a tal conclusión, la autoridad judicial precisó que el derecho pensional
por muerte se causa a partir de la fecha del fallecimiento, y que para el caso del
señor Miguel Ángel Echeverry Marín era aplicable el Decreto 95 de 1989, el cual
exigía como requisito la prestación de servicios a las Fuerzas Militares durante 12
o 15 años o más.

Además, explicó que el principio de favorabilidad ofrece una solución constitucional
en situaciones donde existe duda sobre la disposición jurídica aplicable al momento
de resolver un asunto, sin que la jurisprudencia haya permitido “aplicar el régimen
general cuando las disposiciones especiales resultan lesivas a los derechos fundamentales
de los asociados, sino que ha explicado que ello solo es posible cuando la normativa
general se encontraba vigente para el momento en que ocurren los hechos sobre los cuales
se edifican las pretensiones”.

En relación con la normatividad aplicable al caso de la demandante, sostuvo que
“los artículos 5 y 20 del Decreto 3041 de 1966 prevén condiciones más beneficiosas que
las estipuladas en el Decreto 95 de 1989 para el reconocimiento de la pensión de
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sobrevivientes, habida cuenta de que exigían que el asegurado tuviera acreditadas ciento
cincuenta (150) semanas de cotización dentro de los seis (6) años anteriores a la invalidez,
setenta y cinco (75) de las cuales debían corresponder a los últimos tres (3) años, mientras
que el citado régimen especial exigía contar con 15 o más años de servicio activo para que
los causahabientes del militar tuvieran derecho a la pensión de sobrevivientes. No obstante,
estas disposiciones se aplican exclusivamente a quienes cotizaran o se encontraran
afiliados al Instituto de Seguros Sociales (ISS), por tanto, no se trata en sí de una norma
general o un régimen general al cual se pueda acudir por favorabilidad u otras razones”.

En esa medida, consideró que al caso de la accionante al resultarle aplicable el
Decreto 095 de 1989 por ser el que se encontraba vigente al momento del
fallecimiento, no era viable aplicar la normatividad señalada por la demandante, aun
cuando esta resultara más favorable, pues la misma correspondía al régimen
general, lo que excluía al soldado profesional, quien perteneció al régimen especial
de las Fuerzas Militares.

En ese contexto, para la Sala la discusión propuesta por la parte actora concerniente
al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en virtud de lo establecido en
artículos 5 y 20 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de 1966 y
modificado por el artículo 19 del Acuerdo 019 de 1983, aprobado por el Decreto 232
de 1984, carece del presupuesto de la relevancia constitucional, porque se observa
que se insiste en el mismo debate que fue analizado por el juez natural, en el curso
del trámite judicial que se adelantó ante el juez natural.

En ese orden de ideas, se evidencia que existen similitudes en los reproches que
se desarrollaron en el curso del proceso ordinario y los argumentos que se plantean
en el escrito de tutela. Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia SU-
573 de 20198, estableció que la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a
saber: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de
relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces”9 (Negrilla de la Sala)

10
En la sentencia SU-215 de 2022 , recordó que el cumplimiento del requisito de la
relevancia constitucional requiere “involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico”, a lo que agregó que “la controversia no debe
limitarse a una puramente legal y/o económica”. De allí que “la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios,
pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección de los derechos efectiva de los derechos fundamentales y
no a problemas de carácter legal”.

A su vez, en sentencia SU-451 de 202411, la Corte Constitucional enfatizó que la
“tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección
del fallo cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.

Así las cosas, la Sala coincide con el a quo en que la parte actora acudió a la acción
de tutela con el fin de solicitar el amparo constitucional de sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social, a la igualdad, al debido
proceso, a la vida en condiciones dignas y al principio de in dubio pro operario, en
este caso a la manera de una tercera instancia, toda vez que insiste en el mismo

8
M.P.: Carlos Bernal Pulido.
9
Postura reiterada en sentencia SU-128 de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger.
10
M.P. Natalia Ángel Cabo.
11
M.P. Jorge Enrique Ibañéz Najar.
8

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03470-01
Demandante: Ernestina Moreno Peña

debate que fue desarrollado por el juez natural en el curso del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, y que le resultó desfavorable a sus
intereses.

Por las razones expuestas, la Sala confirmará la decisión impugnada que declaró
la improcedencia de la acción de tutela por ausencia del requisito de relevancia
constitucional.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

Primero.- Confirmar la sentencia de 11 de julio de 2025, proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones aquí
expuestas.

Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

9

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