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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03486-00

Fecha
17 de julio de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03486-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de vinculación presentada por los accionantes, la solicitud de remisión presentada por la señora Yulieth Alejandra Montenegro Zúñiga y las solicitudes de desvinculación presentadas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán y la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela respecto de la Resolución núm. 02 de 2025, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela respecto de la petición de 2 de abril de 2025, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor Abdul Jalim Albadam Acevedo. En consecuencia, ORDENAR al Juez Segundo Penal del Circuito de Puerto Tejada que, en un término de cuarenta y ocho (48) horas 18 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-007 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 18 de enero de 2017. 19 Ibidem. 16 Radicación: 11001-03-15-000-2025-03486-00 Accionantes: Abdul Jalim Albadam Acevedo y otro contadas a partir de la notificación de esta providencia, dé respuesta a la petición presentada el 10 de abril de 2025, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. QUINTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. SEXTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03486-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

17 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-03486-00
Accionantes: ABDUL JALIM ALBADAM ACEVEDO Y OTRO
Accionados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Tema: ACCIÓN DE TUTELA – Se declara improcedente el mecanismo de
amparo – La parte actora dispone de otro medio de defensa judicial para
ventilar los motivos de inconformidad. Se ampara derecho de petición.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por los accionantes contra el Consejo
Superior de la Judicatura, el Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, el Juez Segundo Penal del
Circuito de Puerto Tejada y la señora Yulieth Alejandra Montenegro Zúñiga.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. Los señores Abdul Jalim Albadam Acevedo y Sair Andrés Rubio Cardona
solicitaron la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso, al acceso a cargos públicos y de petición, cuya vulneración le atribuyeron
al Consejo Superior de la Judicatura, al Consejo Seccional de la Judicatura del
Cauca, al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, al Juez Segundo Penal
del Circuito de Puerto Tejada y a la señora Yulieth Alejandra Montenegro Zúñiga
con la Resolución núm. 02 de 13 de enero de 2025 y la omisión de dar respuesta a
las peticiones presentadas el 2 y el 10 de abril de 2025.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Informaron que son empleados de carrera y ejercen los cargos de oficial mayor
y escribiente en el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Puerto Tejada.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Accionantes: Abdul Jalim Albadam Acevedo y otro

2.2. Manifestaron que el cargo de secretario en el juzgado mencionado se encuentra
en vacancia definitiva.

2.3. Señalaron que, mediante la Resolución núm. 005 de 26 de abril de 2024, se
nombró temporalmente al señor Abdul Jalim Albadam Acevedo en el cargo de
secretario entre el 26 de abril y el 31 de julio de 2024, y a la señora Yulieth Alejandra
Montenegro Zúñiga en el cargo de oficial mayor en el mismo periodo.

2.4. Indicaron que mediante las Resoluciones núms. 08 de 31 de julio, 014 de 31 de
octubre y 016 de 21 de noviembre de 2024 se prorrogaron los nombramientos hasta
el 12 de enero de 2025.

2.5. Adujeron que el 12 de enero de 2025 el Juez Segundo Penal del Circuito de
Puerto Tejada nombró a la señora Yulieth Alejandra Montenegro Zúñiga en el cargo
de secretaria, por lo que “[…] el señor ABDUL ALBADAM reintegrado […] a su cargo
de oficial mayor […] manteniendo al señor RUBIO CARDONA en el cargo de
escribiente […]”.

2.6. Señalaron que el 2 de abril de 2025 presentaron una petición al Juez Segundo
Penal del Circuito de Puerto Tejada en la que solicitaron lo siguiente:

“[…] respetuosamente le solicito me informe las razones para ser removido del
cargo de secretario del despacho que venía desempeñando desde el mes de
abril de 2024, y el fundamento jurídico para esta decisión […]”.

2.7. Manifestaron que el 10 de abril de 2025 solicitaron “[…] COPIA DE LOS ACTOS
DE NOMBRAMIENTO EMITIDOS ENTRE EL MES DE ENERO DE 2024, Y EL 10
DE ABRIL DE 2025 […]”, pero no han recibido respuesta.

2.8. Precisaron que el 8 de mayo de 2025 solicitaron al nominador “[…] nulitara o
revocara […]” el acto administrativo de nombramiento de la señora Yulieth Alejandra
Montenegro Zúñiga en el cargo de secretaria y mediante Oficio de 28 de mayo de
2025 el juez accionado negó la solicitud presentada.

2.9. Adujeron que se encuentran vulnerados sus derechos fundamentales indicados
supra porque se nombró en los cargos de oficial mayor y secretario a una persona
que no tiene derechos de carrera, impidiendo el acenso de los accionantes.

2.10. Señalaron que la renuncia al cargo de secretario presentada por el señor Abdul
Jalim Albadam Acevedo no fue libre y espontanea.

2.11. Expusieron que han trabajado por siete años dentro del juzgado y que se
nombró a una persona que ingresó al despacho recientemente, que no cumple con
los requisitos de experiencia.

2.12. Indicaron que la decisión del juez desconoció las sentencias SU-452 de 2024
de la Corte Constitucional y de 2 de mayo de 2025 del Tribunal Administrativo de
Caldas.

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2.13. También indicaron lo siguiente:

“[…] Consideramos que, como funcionarios de carrera judicial, se vulnera
nuestro derecho a la igualdad, frente al procedimiento para suplir cargos que
se encuentran en vacancia definitiva, frente a otras entidades, dejando el
asunto a la libre interpretación del nominador, (ver Concepto 103421 de 2023
Departamento Administrativo de la Función Pública), lo que es absolutamente
inconcebible, si se pondera que estamos hablando de la administración de
justicia.

Por último, en gracia discusión, si se trata de acudir a este argumento
justificándose en las necesidades del servicio, para no entorpecer la pronta y
diligente administración de justicia, este argumento genera el interrogante, ¿se
entorpece la administración de justicia promocionando a un servidor de carrera
judicial que cumple con los requisitos legales para ocupar el cargo, y que se
desempeña en el despacho donde se encuentra la vacante definitiva, o
nombrando a una persona ajena a la carrera judicial? […]”.

III. PRETENSIONES

3. Los accionantes formularon las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERO: Respetuosa y humildemente solicitamos que se vincule a la
HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL, CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA y CONSEJO SECCONAL DE LA JUDICATURA DE CAUCA para
que en atención a la jurisprudencia que ha sido citada, se pronuncie frente a la
interpretación que se está dando a la forma de provisión de cargos de carrera
que se encuentran en vacancia definitiva. Esto en atención al examen de
constitucionalidad que practicó a los proyectos de ley que derivaron en la
reforma a la Ley 270 de 1996, introducida por la Ley 2430 de 2024. En especial,
si la reforma al numeral segundo del artículo 132 de la Ley 270, implica que solo
se deba considerar a los servidores judiciales con derechos de carrera para
desempeñar cargos en provisionalidad cuando se encuentren en vacancia
temporal, o si esta interpretación implica que este procedimiento se extienda y
aplique también para que los funcionarios con derechos de carrera judicial,
puedan suplir provisionalmente cargos que se encuentren en vacancia
definitiva, esto mientras se surte el nombramiento en propiedad a través de los
mecanismos legales establecidos en el numeral primero de la norma en cita.

SEGUNDO: Que se tutelen nuestros derechos fundamentales que han sido
vulnerados al desconocer los principios constitucionales del mérito y la carrera
administrativa como son, entre otros, a la igualdad, en su dimensión a la no
discriminación, derecho fundamental al debido proceso, al debido proceso
administrativo, derecho a ocupar cargos públicos, y de petición.

TERCERO: Consecuencia de lo anterior, se exhorte al nominador y juez el
doctor HEBERT RENE VALVERDE ORTEGA a que emita las decisiones que
en derecho corresponda para que cese la vulneración a los nuestros derechos
fundamentales invocados los demás que su señoría establezca como
vulnerados tomando decisiones en derecho para que con ello se subsane dicha
vulneración.

CUARTO: Que se ordene al Doctor HEBERT RENE VALVERDE ORTEGA,
titular del despacho, responder los derechos de petición radicados en fecha 2 y
10 de abril de los corrientes, y que ordene suministrar copia de los autos de
enero de 2025 con sus respectivos soportes, mediante los cuales se
fundamentó y adoptó la decisión de nombramiento de la Abogada YULIETH

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ALEJANDRA MONTENEGRO ZUÑIGA en el cargo de secretaria del Despacho,
con sus respectivos soportes.

QUINTO: Que se solicite a la señora YULIETH ALEJANDRA MONTENEGRO
ZUÑIGA aportar las constancias y certificaciones que avalan su experiencia,
entre ellas las certificaciones de los juzgados y/o constancias de los procesos
en los que haya litigado cuando ejercía su cargo como abogada junior entre el
12 de diciembre de 2022 y el 15 de febrero de 2024. Lo anterior aportando
radicado y en lo posible las actuaciones que tuvo dentro de los mismos.

SEXTO: Que se vincule al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE CAUCA o al ente
competente, para que emita concepto sobre el cumplimiento o no de los
requisitos para ocupar el cargo de secretaria del juzgado segundo penal del
circuito por parte de la señora YULIETH ALEJANDRA MONTENEGRO
ZUÑIGA.

SEPTIMO: Que de no cumplirse los requisitos para ocupar el cargo de
secretaria del despacho por parte de la señora MONTENEGRO se exhorte al
señor juez doctor HEBERT RENE VALVERDE ORTEGA a tomar los correctivos
necesarios para subsanar dicho yerro

OCTAVO: las demás decisiones que el juez de tutela considere necesarias para
subsanar y cesar la vulneración de derechos fundamentales de los tutelantes.
[…]”. [Negrilla original del texto]

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 10 de abril de 2025, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la acción de tutela.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuada la notificación a la autoridad accionada, se allegaron los
siguientes informes:

5.1. El Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca indicó que no ha vulnerado
los derechos fundamentales de los accionante y precisó lo siguiente:

“[…] En cuanto a la provisión de cargos en la Rama Judicial, es importante
mencionar que este se realiza por el sistema legal previsto, de acuerdo con la
naturaleza de los cargos y, le corresponde a la respectiva autoridad
nominadora de conformidad con lo dispuesto en los artículos 130, 131 y 132 de
la Ley 270 de 1996 Estatutaria de Administración de Justicia. Ahora bien, el
Consejo Superior de la Judicatura en el ejercicio de sus funciones
constitucionales, legales, y reglamentarias, emitió el Acuerdo PCSJA24-12238
de 9 de diciembre de 2024, por medio del cual reglamentó el numeral 2 del
artículo 132 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 68 de la Ley 2430
de 2024, y expuso los lineamientos que deben aplicarse para la provisión de
cargos en provisionalidad en vacancias temporales.

Con relación a la provisión de cargos en vacancia definitiva, en el numeral 2 del
artículo 132 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, modificado por
el artículo 68 de - la Ley 2430 de 2024, señaló que el nominador efectuaría el
nombramiento en provisionalidad hasta tanto la designación pudiera efectuarse
por el sistema legalmente previsto, para lo cual el Consejo Superior de la

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Judicatura en el citado AcuerdoPCSJA24-12238 consideró que en dichos
casos la autoridad nominadora debe también dar “cumplimiento de los
principios de igualdad en el acceso, imparcialidad en la evaluación, publicidad
en las etapas, moralidad en todas las actuaciones y celeridad en su resolución,
dando prioridad a la selección de personas que se encuentren en carrera
judicial y cumplan con los requisitos para el cargo”, agotando las alternativas
de nombrar a un empleado de carrera del despacho respectivo, o una persona
que haga parte del registro de elegibles siempre y cuando cumplan con los
requisitos para el cargo. Reglas que se estima debió acatar el señor Juez
Segundo Penal del Circuito de Puerto Tejado al efectuar el nombramiento de
la señora YULIETH ALEJANDRA MONTENEGRO ZUÑIGA […]”.

5.2. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán manifestó que no ha
vulnerado los derechos de los accionantes y carece de “[…] legitimación en la causa
por pasiva […] porque no es la autoridad que expidió el acto administrativo de
nombramiento que se está cuestionando […]”.

5.3. La Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura solicitó su desvinculación o negar las pretensiones de la acción
de tutela.

5.4. La señora Yulieth Alejandra Montenegro Zúñiga solicitó remitir la acción de
tutela a la autoridad judicial competente, conforme al numeral 5 del artículo
2.2.3.1.2.1 en razón a que el objeto de controversia es la Resolución núm. 02 de
2025, expedida por el Juez Segundo Penal del Circuito de Puerto Tejada.

5.5. Señaló que la acción de tutela es improcedente para controvertir la Resolución
núm. 02 de 2025 porque cuentan con otro medio de defensa y que los documentos
solicitados por los accionados en sus peticiones contienen información personal.

5.6. Igualmente, indicó que no era superior de los tutelantes, por lo que no tenía el
deber de responder las peticiones presentadas el 2 y 10 de abril de 2025.

5.7. Por lo expuesto solicitó lo siguiente:

“[…] PRIMERO: Declarar improcedente la tutela, para cuanto concita a los
problemas jurídicos, de, si el Juez 2º Penal del Circuito de Puerto Tejada
transgredió los derechos de carrera de los actores, con motivo de la
designación en provisionalidad efectuada a favor de la Suscrita; y, si la Suscrita
transgredió el derecho de petición a los actores, porque no ha expedido su hoja
de vida y certificaciones sobre su experiencia profesional. Según lo expuesto.

SEGUNDO: Negar la acción de tutela de la referencia, en cuanto involucra al
motivo de acusación y problema jurídico, de, si el Juez 2º Penal del Circuito de
Puerto Tejada transgredió el derecho de petición a los actores, al no impartir
contestación a las peticiones del 2 y 10 de abril de 2025. Según lo expuesto.
[…]”.

5.8. El Juez Segundo Penal del Circuito de Puerto Tejada hizo una exposición
sobre las actuaciones que se han desplegado con la vacancia definitiva del cargo
de secretario en el despacho judicial.

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5.9. Precisó que informó al Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca sobre la
vacancia definitiva del cargo y se está realizando el procedimiento administrativo
correspondiente para proveer la vacante con la persona que se encuentra en la lista
de elegibles.

5.10. Indicó que mediante la “[…] Resolución No. 020 del 6/12/2024, se nombra como
secretaria en propiedad a la abogada LESLIE DENISSE TORRES QUINTERO
[…]”; que en la Resolución núm. 003 12 de febrero de 2025 se dispuso: “[…]
CONCEDER PRÓRROGA por el término de quince (15) días hábiles, y “por una
sola vez”, para la toma de posesión del cargo de SECRETARIA de esta
Dependencia Judicial a la abogada LESLIE DENISSE TORRES QUINTERO […]”;
y a través de la “[…] Resolución No. 004 del 05/03/2025, se acepta la declinación
de ser nombra como secretaria en propiedad a la abogada ANGELA MARIA
MUÑOZ DORADO […]”. [Negrilla y mayúscula original del texto]

5.11. Resaltó que mediante la Resolución núm. 02 de 2025 nombró a la señora
Yulieth Alejandra Montenegro Zúñiga como secretaria del Despacho, mientras se
surte el procedimiento, y que la citada servidora cumple con los requisitos de
experiencia para el ejercicio del cargo.

5.12. Además, señaló lo siguiente:

“[…] XV. El nombramiento de la Secretaria de este despacho Judicial, se ha
efectuado conforme a las exigencias normativas (Ley 270/1996, Ley
2430/2024), Acuerdo emitido por el Consejo Superior de la Judicatura No.
PCSJA24-12238 de fecha 9 de diciembre de 2024, e interpretación
Jurisprudencial de la diferencia entre las “vacantes temporales y definitivas”;
para colegir que, tratándose de la últimas, existe autonomía del nominador para
la designación del cargo, repito en VACANCIA DEFINITIVA (hasta la presente
fecha).

[…]

XVII. Los dos accionantes, tildan de “ilegal, nula, irregular, arbitraria”, la
Resolución No.002 de 13/01/2025, sin haber agotado los medios de control
establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso
Administrativo (CPACA), tales como: nulidad y restablecimiento del derecho,
nulidad electoral, etc; omitiendo flagrantemente el principio de “Subsidiariedad
o Residualidad” que debe regir en toda acción de amparo constitucional.

XVIII. Por el contrario “pretenden” sin fundamento legal, fáctico y probatorio
alguno que, a través de la presente acción de tutela, se “nulite” la tan
mencionada Resolución No.002 del 13/01/2025.

XIX. En cuanto a la “presunta violación del derecho de petición”, es dable
recodarles a los dos accionantes que, antes de emitir este funcionario la
Resolución No.002, convoqué a reunión al equipo de trabajo para dar a conocer
mi humilde interpretación de la naturaleza de las “vacantes temporales o
definitivas”, y luego hemos llevado a cabo varias reuniones donde continúan
planteado el tema; obteniendo la respuesta (verbal y escrita), tal como lo hice
en la contestación a sus peticiones el día 28/05/2025 (la cual fue enviada a los
correos de los dos accionantes).

Por ello, no es cierto que no he dado respuesta a sus solicitudes (anexo
respuesta dentro del término legal y Actas de reuniones, las cuales se han

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negado a firmar, aunque repito han participado activamente en las mismas), en
aludida contestación de manera extensa indico la normatividad y
Jurisprudencia de las altas Cortes, para apoyar la legalidad de acto
administrativo No.002 del 13/01/2025.

XX. De igual forma, considero pertinente iterar al Honrable Consejero, que los
actores están pretendiendo, sin justificación alguna, pretermitir la competencia
del Juez Natural, esto es, el Juez de lo Contencioso Administrativo. […]”.

5.13. Los accionantes solicitaron vincular a la Corte Constitucional al proceso de
tutela de la referencia, en razón a “[…] la trascendencia del asunto […]”.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia de la Sala

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20194,
modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20245.

VI.2. Cuestiones previas

VI.2.1. De las solicitudes de desvinculación

7. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de las solicitudes de
desvinculación procesal presentadas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Popayán y la Unidad de Administración de Carrera la Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura.

8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en sentencia SU-077 de 2018, señaló lo siguiente:

“[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud
legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la llamada a responder
por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de que la
transgresión del derecho alegado resulte demostrada.6

Sobre el particular, el artículo 86 de la Constitución establece que la tutela
procede contra cualquier autoridad pública. Por lo tanto, es posible concluir que
el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, están
legitimadas por pasiva en el caso que se analiza, pues se trata de autoridades
públicas, presuntamente responsables de las acciones y omisiones que, a juicio

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
5
Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
6
Ver sentencias T-430 de 1993, M.P. Hernando Herrera Vergara y T-662 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

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del accionante, vulneraron sus derechos fundamentales […]". [Subrayado fuera
del texto].

9. Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Popayán y la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura fueron identificados por el accionante como accionados
en este proceso, por lo que le asiste el interés jurídico para ser vinculada a esta
acción constitucional. Razón por la cual, se denegarán las solicitudes de
desvinculación elevada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la
presente providencia.

VI.2.2. De la solicitud de remisión

10. La señora Yulieth Alejandra Montenegro Zúñiga solicitó remitir la acción de tutela
a la autoridad judicial competente, conforme al numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1 en
razón a que el objeto de controversia es la Resolución núm. 02 de 2025, expedida
por el Juez Segundo Penal del Circuito de Puerto Tejada.

11. Al respecto, se precisa que la acción de tutela de la referencia se interpuso por
dos empleados judiciales vinculados a la jurisdicción ordinaria contra el Consejo
Superior de la Judicatura, el Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, el Juez Segundo Penal del
Circuito de Puerto Tejada y la señora Yulieth Alejandra Montenegro Zúñiga.

12. De acuerdo con el numeral 87 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de
mayo de 2015, el conocimiento de esta acción corresponde a esta Corporación.

VI.2.3. De la solicitud de vinculación

13. Los accionantes, mediante escrito de 24 de junio de 2025, solicitaron vincular a
este proceso a la Corte Constitucional. Sin embargo, la Sala considera que no
existen razones para vincular a la Corporación judicial mencionada.

VI.3. Problemas jurídicos

14. Teniendo en cuenta la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer lo
siguiente:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela. Y, de ser así, se deberá determinar:

7
“8. Las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, y se
resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere
el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto.
Cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron
a la jurisdicción ordinaria, el conocimiento corresponderá a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y cuando se trate
de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, el conocimiento corresponderá a la jurisdicción ordinaria. En los demás casos de tutelas
promovidas por funcionarios o empleados judiciales, las acciones de tutela serán conocidas por la Corte Suprema de Justicia
o el Consejo de Estado”.

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b) Si la autoridad accionada vulneró los derechos fundamentales invocados por
los accionantes con la Resolución núm. 02 de 13 de enero de 2025 y la
omisión de dar respuesta a las peticiones presentadas el 2 y el 10 de abril de
2025.

15. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) la procedencia de la acción de tutela contra actos
administrativos; y posteriormente (ii) resolver el caso concreto, siempre y cuando se
superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas.

VI.4. Requisitos de procedencia de la acción de tutela contra actos
administrativos

16. Sobre el particular, la Sala advierte que, de conformidad con lo establecido por el
artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, relativo a la subsidiariedad de la acción de
tutela, por regla general, esta no procede para controvertir actos administrativos de
carácter general o particular, toda vez que el legislador previó como mecanismo de
defensa judicial para desvirtuar su legalidad, la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho y, en su defecto, la acción de nulidad.

17. En ese sentido, la jurisprudencia8 de la Corte Constitucional ha sido reiterativa en
expresar que:

“[...] el estudio de procedencia de la acción de tutela, cuando el actor pretende
controvertir un acto administrativo, debe considerar que el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –CPACA–
consagró mecanismos de autotutela y los medios de control de nulidad y de
nulidad y restablecimiento del derecho, para el efecto. En este contexto, la
jurisprudencia constitucional ha definido, por regla general, la
improcedencia de la tutela para controvertir actos administrativos en
atención a: (i) la existencia de mecanismos de autotutela; (ii) la existencia de
medios judiciales ordinarios establecidos para controvertir las actuaciones de la
administración en el ordenamiento jurídico; (ii) la presunción de legalidad que
las reviste; y (iii) la posibilidad de que, a través de las medidas cautelares o
provisionales, se adopten remedios idóneos y eficaces de protección de los
derechos en ejercicio de los mecanismos ordinarios. [...]” [Negrilla original del
texto].

18. La Corte Constitucional mediante sentencia SU-691 de 2017 concluyó que:

“[…] por regla general, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo cuenta
con los instrumentos procesales idóneos y eficaces para garantizar la protección
de los derechos fundamentales, materializados en el conocimiento del asunto
por jueces especializados y en el decreto de medidas cautelares de protección.
Sobre las medidas cautelares, la Corte señaló que “la medida cautelar de
suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos se encuentra
regulada en el artículo 231, en el cual se contempló para su procedencia la
comprobación de una contradicción entre el acto demandado y una norma
superior a partir de la evidencia o del estudio de las pruebas allegadas a la
solicitud” […]”.

8
Corte Constitucional. Sentencia T-8.999.065 de 2023. M.P.: Alejandro Linares Cantillo.

10
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03486-00
Accionantes: Abdul Jalim Albadam Acevedo y otro

19. Asimismo, la jurisprudencia ha reconocido que, en algunas circunstancias
especiales, procede la acción de tutela contra actos administrativos, siempre que se
reúnan las siguientes condiciones: i) se esté en presencia de una vulneración de
derechos fundamentales y, ii) que, como consecuencia de lo anterior, exista peligro
de ocurrencia de un perjuicio irremediable, con lo que el amparo procedería como
mecanismo transitorio.

20. En ese sentido, en sentencia T-514 de 20039, la Corte Constitucional determinó:

“[...] La Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es
improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos
fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la
expedición de actos administrativos, como quiera que existen otros mecanismos
tanto administrativos como judiciales para su defensa; (ii) que procede la acción
de tutela como mecanismo transitorio contra las actuaciones administrativas
cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable; y (iii)
que solamente en estos casos el juez de tutela podrá suspender la aplicación
del acto administrativo [artículo 7 del Decreto 2591 de 1991] u ordenar que el
mismo no se aplique [artículo 8 del Decreto 2591 de 1991] mientras se surte el
proceso respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo [...]”.
[Subrayado fuera del texto].

21. Aunando a lo anterior, la Corte Constitucional ha admitido que, cuando se
presenta una vía de hecho administrativa y se demuestra un perjuicio irremediable,
la acción de tutela puede incluso proceder excepcionalmente. Sobre este punto, en
Sentencia T - 912 de 2006, se señaló:

“[...] No obstante, esta Corporación también ha admitido que en ciertos casos,
cuando existe una vía de hecho en un acto administrativo y se observa la
existencia de un perjuicio irremediable, la acción de tutela procederá no sólo
como mecanismo transitorio, sino que excepcionalmente podrá́ concederse de
forma definitiva. En efecto, en la sentencia T-418 de 2003, se señaló́ sobre este
punto lo siguiente:

[...] si se trata de una decisión proferida en proceso administrativo, fiscal o
disciplinario, en la que se alega la existencia de una vía de hecho en la decisión
correspondiente, el examen del juez de tutela es distinto, pues, en estos casos,
el afectado siempre puede acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
En estos eventos, cuando existe indudablemente la vía de hecho, según las
circunstancias del caso concreto, y frente a un perjuicio irremediable,
debidamente sustentado, el juez de tutela puede conceder la acción de tutela,
como mecanismo transitorio, o, excepcionalmente, en forma definitiva.’

Así también lo señaló en la sentencia T-811 de 2003, en donde la Corte resaltó
lo siguiente:

‘No obstante lo afirmado, ha de manifestarse que la acción de tutela resulta
excepcionalmente procedente contra actuaciones administrativas en todos
aquellos casos en los que la actuación de la autoridad respectiva carezca de
fundamento objetivo y sus decisiones sean el producto de una actitud arbitraria
y caprichosa que traiga como consecuencia la vulneración de derechos
fundamentales de la persona, incurriendo de esa manera en lo que se ha
denominado como ‘vía de hecho [...]”.

9
Corte Constitucional, expediente T-705724, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-03486-00
Accionantes: Abdul Jalim Albadam Acevedo y otro

VI.5. El caso concreto

22. Los señores Abdul Jalim Albadam Acevedo y Sair Andrés Rubio Cardona
solicitaron la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso, al acceso a cargos públicos y de petición, cuya vulneración le atribuyeron
al Consejo Superior de la Judicatura, al Consejo Seccional de la Judicatura del
Cauca, al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, al Juez Segundo Penal
del Circuito de Puerto Tejada y a la señora Yulieth Alejandra Montenegro Zúñiga
con la Resolución núm. 02 de 13 de enero de 2025 y la omisión de dar respuesta a
las peticiones presentadas el 2 y el 10 de abril de 2025.

23. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de la acción de tutela, en especial, el requisito de subsidiariedad.

VI.5.1. Del incumplimiento del requisito general de procedibilidad de
subsidiariedad

24. La acción de tutela es un medio de defensa judicial que, de conformidad con el
artículo 86 de la Constitución Política, tiene carácter subsidiario, excepcional y
residual. Esto significa que por regla general este instrumento de protección de
derechos fundamentales solo será procedente cuando se hayan agotado todos los
medios de defensa judicial previstos por el legislador o cuando los mismos no sean
idóneos para la protección de los derechos fundamentales que se consideran
vulnerados.

25. Se destaca que este carácter excepcional y residual se encuentra previsto en el
artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991. La norma aludida dispone:

“[…] CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela
no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.

[…]”.

26. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo el interesado debe
agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal [acción, recurso,
incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su
naturaleza10], lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en
tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.

27. La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de la
acción de tutela, en los siguientes términos:

10
Corte Constitucional. Sala Plena. Auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 16 de abril de 2015.

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Accionantes: Abdul Jalim Albadam Acevedo y otro

“[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado
sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la
protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción
constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho.”

“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se
encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que
quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber agotado
los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.

Exigencia que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito,
que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí
misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de
defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un
camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los
procesos judiciales […]”11.

28. En este mismo sentido se pronunció esta Sala de Decisión, en sentencia de 25
de abril de 2019, al respecto expuso lo siguiente: “[…] la tutela no puede ser utilizada
como acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios, salvo que
estos medios ordinarios no sean idóneos o eficaces para proteger los derechos
fundamentales controvertidos o cuando la acción de tutela se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]”12.

29. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991 señalan
una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que cuando se trate
de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de tutela sin agotar
los mecanismos judiciales ordinarios. Es decir, no es necesario, bajo este supuesto
excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios cuando con la acción de
tutela se pretende evitar un perjuicio irremediable.

30. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser
conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.

31. Descendiendo al caso objeto de estudio, se observa que los accionantes alegan
que se vulneraron sus derechos fundamentales citados supra con la Resolución núm.
02 de 202513.

32. En el acto administrativo cuestionado se dispuso:

“[…] PRIMERO: NOMBRAR en provisionalidad a la abogada YULIETH
ALEJANDRA MONTENEGRO ZUÑIGA, identificada con la cédula de

11
Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencias T-890 de 24 de noviembre de 2011, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván
Palacio Palacio y T-580 de 26 de julio de 2006, Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de abril de 2019, expediente
número 11001-03-15-000-2018-04033-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
13
“POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD”. [Negrilla original del texto]

13
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Accionantes: Abdul Jalim Albadam Acevedo y otro

ciudadanía número […] expedida en Popayán, Cauca, como SECRETARIA de
este Juzgado a partir e inclusive del día trece (13) de enero de dos mil
veinticinco (2025), y hasta que se provea el cargo por el sistema legal previsto
(Art. 68 de la Ley 2430 del 2024, modificó el numeral 2° del artículo 132 de la
Ley 270 de 1996).

SEGUNDO: COMUNICAR esta decisión a la nombrada y en caso de
aceptación désele la posesión legal a la abogada YULIETH ALEJANDRA
MONTENEGRO ZUÑIGA.

TERCERO: REMITIR copia de la presente resolución a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial del Cauca y al Consejo Seccional de la
Judicatura del Cauca – Sala Administrativa, dentro del término legal. […]”.

33. En criterio de la Sala la parte accionante tiene a su disposición otros medios de
defensa, a través del cual puede controvertir el acto que aduce como causante de
la vulneración de sus garantías constitucionales.

34. Resulta oportuno resaltar que esta Sala de Decisión14 ha sostenido que: “[…] con
la expedición la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, ya no es aceptable el argumento
según el cual los medios de control ordinarios no son eficaces ni oportunos para la
protección de los derechos presuntamente conculcados en casos como el estudiado
[…]”15.

35. Lo anterior en consideración a que: “[…] la mencionada normativa además de
darle celeridad a los procesos al consagrar la oralidad en los mismos, contiene
diferentes herramientas jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas, las
medidas cautelares incluso de urgencia16, como la suspensión provisional de los
efectos del acto administrativo o del procedimiento hasta tanto se defina la
declaración o no de su nulidad; ordenar la adopción de una decisión administrativa;
impartir órdenes o imponerle obligaciones de hacer o no hacer a cualquiera de las
partes, las cuales demuestran la efectividad del procedimiento ordinario cuando se
advierte una situación apremiante que necesite ser remediada incluso antes de que
se profiera una decisión definitiva […]”17. [Subrayado fuera del texto].

36. Por lo expuesto, la Sala considera que en el asunto objeto de estudio no se
cumple el requisito general de subsidiariedad y tampoco se encuentra acreditado la
configuración de un perjuicio irremediable, evento en el cual procedería la acción de
tutela como mecanismo transitorio.

37. Conforme a lo anotado, la Sala declarará improcedente la presente acción de
tutela por no cumplir con el requisito general de procedencia de subsidiariedad,
respecto del cuestionamiento de la Resolución núm. 002 de 2025.

14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1° de marzo de 2018,
expediente número 52001-23-33-000-2017-00626-01, C.P. María Elizabeth García González.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de junio de 2021, expediente
número 110010315000202102428-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
16
Artículo 243 del CPACA, que textualmente señala: Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra
parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción,
se evidencie que, por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible
de los recursos a que haya lugar. La media así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la
constitución señalada en el auto que así lo decrete.
17
Ibidem.

14
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Accionantes: Abdul Jalim Albadam Acevedo y otro

VI.5.2. De la presunta vulneración del derecho de petición de los accionantes

38. En el escrito de tutela los accionantes aducen que presentaron dos peticiones el
2 y 10 de abril de 2025, que no han sido respondidas.

39. En cuanto a la petición de 2 de abril de 2025 manifestaron que solicitaron lo
siguiente: “[…] me informe las razones para ser removido del cargo de secretario
del despacho que venía desempeñando desde el mes de abril de 2024, y el
fundamento jurídico para esta decisión […]”. Como constancia de presentación de
dicha petición se aportó la siguiente imagen:

40. Sobre la petición de 10 de abril de 2025 indicaron que solicitaron “[…] COPIA DE
LOS ACTOS DE NOMBRAMIENTO EMITIDOS ENTRE EL MES DE ENERO DE
2024 […]”. Además, aportaron como constancia de presentación de dicha petición
la siguiente imagen:

41. Frente a la petición de 2 de abril de 2025, se advierte que el pantallazo allegado
no permite constatar que en efecto se radicó el derecho de petición, por lo que se
considera que la parte accionante no acreditó la vulneración.

42. Respecto de la petición de 10 de abril de 2025, se observa que únicamente el
señor Abdul Jalim Albadam Acevedo radicó el derecho de petición en la fecha
indicada al correo electrónico del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Puerto
Tejada.

43. El Juez Segundo Penal del Circuito de Puerto Tejada al rendir informe en el
presente proceso constitucional no se pronunció sobre la respuesta a la petición
señalada.

15
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03486-00
Accionantes: Abdul Jalim Albadam Acevedo y otro

44. Al respecto, esta Sección ha señalado que el núcleo esencial del derecho de
petición se conforma por: (i) la pronta resolución; (ii) que la autoridad dé una
respuesta de fondo, es decir que sea clara, precisa, congruente y consecuente con
lo solicitado; y (iii) que la decisión adoptada se le notifique al peticionario18.

45. Sin embargo, la jurisprudencia ha precisado que el sentido de la respuesta no
hace parte del núcleo esencial de este derecho. En virtud de lo anterior, se ha
precisado que la respuesta negativa en ningún caso constituye una vulneración del
derecho fundamental de petición, ya que “[…] existe una diferencia entre el derecho
de petición y el derecho a obtener lo pedido […]”19.

46. De conformidad con lo anterior, y al no estar acreditado que se dio respuesta a la
petición de 10 de abril de 2025, la Sala considera que el Juez Segundo Penal del
Circuito de Puerto Tejada vulneró el derecho fundamental de petición del señor
Abdul Jalim Albadam Acevedo.

47. En consecuencia, se amparará el derecho fundamental de petición del señor
Abdul Jalim Albadam Acevedo y se ordenará al Juez Segundo Penal del Circuito de
Puerto Tejada que dentro de un término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a
partir de la notificación de esta providencia, responda de fondo la solicitud
presentada el 10 de abril de 2025.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de vinculación presentada por los accionantes, la
solicitud de remisión presentada por la señora Yulieth Alejandra Montenegro Zúñiga
y las solicitudes de desvinculación presentadas por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Popayán y la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela respecto de la
Resolución núm. 02 de 2025, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

TERCERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela respecto de la petición
de 2 de abril de 2025, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

CUARTO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor Abdul Jalim
Albadam Acevedo. En consecuencia, ORDENAR al Juez Segundo Penal del
Circuito de Puerto Tejada que, en un término de cuarenta y ocho (48) horas

18
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-007 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 18 de enero de 2017.
19
Ibidem.

16
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03486-00
Accionantes: Abdul Jalim Albadam Acevedo y otro

contadas a partir de la notificación de esta providencia, dé respuesta a la petición
presentada el 10 de abril de 2025, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

QUINTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

SEXTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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