Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-03486-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-03486-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-03486-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
4 de septiembre de 2025
Demandantes: Abdul Jalim Albadam Acevedo y otro
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03486-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03486-01
Demandantes: ABDUL JAILIM ALBADAM ACEVEDO Y OTRO
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Temas: Tutela de fondo. Nombramiento en provisionalidad. Derecho
fundamental de petición.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del
17 de julio de 2025, por medio de la cual el Consejo de Estado, Sección Primera,
declaró improcedente la acción de tutela respecto de la Resolución 002 del 13 de abril
de 2025, negó las pretensiones relacionadas con la petición del 2 de abril de 2025 y
amparó el derecho de petición del señor Abdul Jalim Albadam Acevedo.
I. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
Mediante escrito enviado el 6 de junio de 2025, los señores Abdul Jalim Albadam
Acevedo y Sair Andrés Rubio Cardona presentaron acción de tutela en contra del
Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca,
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, el Juez Segundo Penal del
Circuito Judicial de Puerto Tejada y la señora Yulieth Alejandra Montenegro Zúñiga,
con el fin de que les sean amparados sus derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso, de acceso a cargos públicos y de petición, los cuales consideran
conculcados con ocasión de la designación efectuada en la Resolución 002 del 13 de
enero de 2025 y la falta de respuesta de las solicitudes presentadas el 2 y el 10 de
abril de 2025.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte actora elevó las siguientes pretensiones:
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Demandantes: Abdul Jalim Albadam Acevedo y otro
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
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PRIMERO: Respetuosa y humildemente solicitamos que se vincule a la HONORABLE
CORTE CONSTITUCIONAL, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y
CONSEJO SECCONAL DE LA JUDICATURA DE CAUCA para que en atención a la
jurisprudencia que ha sido citada, se pronuncie frente a la interpretación que se está
dando a la forma de provisión de cargos de carrera que se encuentran en vacancia
definitiva. Esto en atención al examen de constitucionalidad que practicó a los
proyectos de ley que derivaron en la reforma a la Ley 270 de 1996, introducida por la
Ley 2430 de 2024. En especial, si la reforma al numeral segundo del artículo 132 de
la Ley 270, implica que solo se deba considerar a los servidores judiciales con
derechos de carrera para desempeñar cargos en provisionalidad cuando se
encuentren en vacancia temporal, o si esta interpretación implica que este
procedimiento se extienda y aplique también para que los funcionarios con derechos
de carrera judicial, puedan suplir provisionalmente cargos que se encuentren en
vacancia definitiva, esto mientras se surte el nombramiento en propiedad a través de
los mecanismos legales establecidos en el numeral primero de la norma en cita.
SEGUNDO: Que se tutelen nuestros derechos fundamentales que han sido vulnerados
al desconocer los principios constitucionales del mérito y la carrera administrativa
como son, entre otros, a la igualdad, en su dimensión a la no discriminación, derecho
fundamental al debido proceso, al debido proceso administrativo, derecho a ocupar
cargos públicos, y de petición.
TERCERO: Consecuencia de lo anterior, se exhorte al nominador y juez el doctor
HEBERT RENE VALVERDE ORTEGA a que emita las decisiones que en derecho
corresponda para que cese la vulneración a los nuestros derechos fundamentales
invocados los demás que su señoría establezca como vulnerados tomando decisiones
en derecho para que con ello se subsane dicha vulneración.
CUARTO: Que se ordene al Doctor HEBERT RENE VALVERDE ORTEGA, titular del
despacho, responder los derechos de petición radicados en fecha 2 y 10 de abril de
los corrientes, y que ordene suministrar copia de los autos de enero de 2025 con sus
respectivos soportes, mediante los cuales se fundamentó y adoptó la decisión de
nombramiento de la Abogada YULIETH ALEJANDRA MONTENEGRO ZUÑIGA en el
cargo de secretaria del Despacho, con sus respectivos soportes.
QUINTO: Que se solicite a la señora YULIETH ALEJANDRA MONTENEGRO ZUÑIGA
aportar las constancias y certificaciones que avalan su experiencia, entre ellas las
certificaciones de los juzgados y/o constancias de los procesos en los que haya litigado
cuando ejercía su cargo como abogada junior entre el 12 de diciembre de 2022 y el 15
de febrero de 2024. Lo anterior aportando radicado y en lo posible las actuaciones que
tuvo dentro de los mismos.
SEXTO: Que se vincule al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y CONSEJO
SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE CAUCA o al ente competente, para que emita
concepto sobre el cumplimiento o no de los requisitos para ocupar el cargo de
secretaria del juzgado segundo penal del circuito por parte de la señora YULIETH
ALEJANDRA MONTENEGRO ZUÑIGA.
SÉPTIMO: Que de no cumplirse los requisitos para ocupar el cargo de secretaria del
despacho por parte de la señora MONTENEGRO se exhorte al señor juez doctor
HEBERT RENE VALVERDE ORTEGA a tomar los correctivos necesarios para
subsanar dicho yerro.
1.3. Hechos
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La solicitud de amparo presentada por los señores Abdul Jalim Albadam Acevedo y
Sair Andrés Rubio se sustenta en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son
relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:
Aseveraron que son empleados de la carrera judicial y desempeñan, en su orden, los
cargos de oficial mayor y escribiente en el Juzgado Segundo Penal del Circuito Judicial
de Puerto Tejada.
Destacaron que el empleo de secretario en el aludido juzgado se encuentra en
vacancia definitiva.
Señalaron que el juez Segundo Penal del Circuito Judicial de Puerto Tejada, por medio
de la Resolución 005 del 26 de abril de 2024, nombró en provisionalidad al señor Abdul
Jalim Albadam Acevedo en el cargo de secretario y a la señora Yulieth Alejandra
Montenegro Zúñiga en el empleo de oficial mayor por el interregno comprendido entre
el 26 de abril y el 31 de julio de 2024. Designaciones que prorrogó hasta el 12 de enero
de 2025, a través de las Resoluciones 08 del 31 de julio, 014 del 31 de octubre y 016
del 21 de noviembre de 2024.
Adujeron que el titular del despacho, mediante Resolución 002 del 13 de enero de
2025, nombró a la señora Yulieth Alejandra Montenegro Zúñiga en el cargo de
secretaria, lo que generó que el señor Albadam Acevedo retornara a su empleo de
oficial mayor y que el señor Sair Andres Rubio Cardona permaneciera en la plaza de
escribiente, sin opción de promoción alguna.
Mencionaron que, por escritos del 26 de febrero, 2 y 10 de abril de 2025 dirigidos a su
superior (i) expresaron su inconformidad con el nombramiento de la señora
Montenegro Zúñiga, (ii) evidenciaron que ella no cumple los requisitos mínimos para
acceder al cargo de secretario y (iii) solicitaron información respecto de las razones
fácticas y jurídicas que motivaron su decisión, así como copia de los actos de
designación emitidos entre el mes de enero de 2024 y el 10 de abril de 2025, sin
obtener respuesta alguna.
Añadieron que el 8 de mayo de 2025, pidieron al juez Segundo Penal del Circuito
Judicial de Puerto Tejada la revocatoria del nombramiento de la señora Yulieth
Alejandra Montenegro Zúñiga, solicitud que fue negada a través del Oficio del 28 de
mayo siguiente, con el argumento de que ese acto «se ajusta a la normatividad vigente
y goza de presunción de legalidad según el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011».
1.4. Sustento de la petición
Los accionantes indicaron que el nombramiento de la señora Yulieth Alejandra
Montenegro Zúñiga desconoce el Acuerdo PSAA06-3560 de 2006 del Consejo
Superior de la Judicatura, que establece los requisitos para acceder al cargo de
secretario de Juzgado de Circuito.
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Advirtieron que la antes nombrada no cuenta con «los dos años de experiencia
profesional relacionada exigidos para el cargo, puesto que entre la fecha de grado y la
fecha de posesión no habían transcurrido más de 18 meses».
Enfatizaron que designar a una persona que (i) no forma parte de la lista de elegibles
vigente, (ii) no pertenece a la carrera judicial y (iii) no cumple con la experiencia
profesional relacionada mínima para acceder al empleo de secretario, además de
desmotivar a los empleados de planta del juzgado, desconoce «los principios
constitucionales de mérito, igualdad y legalidad, pilares fundamentales del sistema de
carrera judicial».
Mostraron que el nombramiento cuestionado se funda en la renuncia del señor Abdul
Jalim Albadam Acevedo, lo cual no es cierto, ya que lo que sucedió fue que el juez
Segundo Penal del Circuito Judicial de Puerto Tejada impuso los cambios, con lo cual
desconoció el procedimiento que existe para suplir los empleos que se encuentran en
vacancia definitiva y los derechos fundamentales invocados.
1.5. Trámite en primera instancia
En primera instancia se dictó auto admisorio el 16 de junio de 2025, decisión con la
que se ordenó notificar como accionados al Consejo Superior de la Judicatura, al
Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca, al Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Popayán, al Juez Segundo Penal del Circuito de Puerto Tejada y a la señora Yulieth
Alejandra Montenegro Zúñiga.
1.6. Intervenciones
1.6.1. El Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca, por medio de escrito del 24
de junio de 2025, señaló que no vulneró ni amenazó ninguno de los derechos
invocados por los tutelantes, por lo cual solicitó su desvinculación y, subsidiariamente,
negar el amparo solicitado.
Puntualizó el marco normativo rector y, en cuanto a la provisión de cargos en vacancia
definitiva, enfatizó que la autoridad nominadora debe agotar las alternativas de
nombrar a un empleado de carrera del despacho respectivo, o una persona que haga
parte del registro de elegibles siempre y cuando cumplan con los requisitos para el
cargo.
1.6.2 El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, en escrito del 24 de
junio de 2025, puso de presente que no tiene legitimación en la causa por pasiva y,
por ende, debe ser desvinculado. Esto, por cuanto no fue la autoridad que expidió el
acto administrativo de nombramiento que se está cuestionando.
Argumentó que, en todo caso, la petición de amparo es improcedente por incumplir el
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requisito de subsidiariedad, ya «que el ordenamiento jurídico colombiano contempla
otros medios de control para el debate de los actos administrativos de nombramiento».
1.6.3 La Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de
la Judicatura, a través de escrito del 25 de junio de 2025, también pidió su
desvinculación, o en su defecto negar el amparo perseguido, porque «no ha vulnerado
ni afectado los derechos fundamentales invocados por los accionantes».
1.6.4 La señora Yulieth Alejandra Montenegro Zúñiga solicitó que se analice el tema
de la competencia en los términos del numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto
333 de 2021, ya que de fondo se cuestiona un acto administrativo proferido el juez
Segundo Penal del Circuito Judicial de Puerto Tejada.
Indicó que la acción de tutela es improcedente porque no cumple con el requisito de
subsidiariedad y, en todo caso, su designación no tiene la virtualidad de incidir en «en
el ejercicio del derecho al trabajo de los accionantes», ni coartar el inicio de las
acciones pertinentes ante el juez natural.
1.6.5 El juez Segundo Penal del Circuito de Puerto Tejada, por escrito del 25 de
junio de 2025, hizo un recuento de las actuaciones que desplegó con ocasión de la
vacancia definitiva del cargo de secretario y precisó que la Resolución 002 del 13 de
enero de 2025 está debidamente motivada.
Insistió en que el nombramiento que se cuestiona está:
Conforme a las exigencias normativas (Ley 270/1996, Ley 2430/2024), [el] Acuerdo
emitido por el Consejo Superior de la Judicatura No. PCSJA24-12238 de fecha 9 de
diciembre de 2024, [y la] interpretación Jurisprudencial de la diferencia entre las «vacantes
temporales y definitivas»; para colegir que, tratándose de la últimas, existe autonomía del
nominador para la designación del cargo
Evidenció que los accionantes cuentan con otros medios de defensa judicial para
controvertir el acto que tildan de ilegal, nulo, irregular o arbitrario.
Destacó que antes de emitir la Resolución 002 del 13 de enero de 2025 convocó a una
reunión de trabajo en la que socializó las medidas que tomaría y la facultad que ostenta
para cubrir las vacancias definitivas. Posterior a ello, atendió de forma verbal y escrita
los requerimientos de los señores Abdul Jalim Albadam Acevedo y Sair Andrés Rubio
Cardona, lo que desvirtúa «presunta violación del derecho de petición».
1.7. Sentencia de primera instancia
El Consejo de Estado, Sección Primera, en providencia del 17 de julio de 2025, (i) negó
las solicitudes de desvinculación presentadas y la remisión de este mecanismo, en los
términos del del numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 333 de 2021, (ii) declaró
la improcedencia de la acción de tutela frente a la Resolución 002 del 13 de enero de
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2025, (iii) negó las pretensiones relacionadas con el escrito del 2 de abril de 2004, (iv)
amparó el derecho fundamental de petición al señor Abdul Jalim Albadam Acevedo y
(v) ordenó al juez Segundo Penal del Circuito de Puerto Tejada que, en el término
perentorio de 48 horas, dé respuesta a la solicitud presentada el 10 de abril de 2025.
En primer término, estableció que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán
y la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura
tienen interés jurídico y, por ende, deben continuar vinculados.
Añadió que como la acción de tutela se dirige también contra el Consejo Superior de
la Judicatura el conocimiento de este mecanismo se mantiene en la Corporación, en
los términos del numeral 8 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de
2015; además, precisó que no existían razones para vincular, en este caso, a la Corte
Constitucional, como lo solicitó la parte actora en sus pretensiones.
En segundo lugar, señaló que como de fondo se controvierte la Resolución 002 del 13
de enero de 2025, los accionantes tienen a disposición otros medios de control
eficaces. Circunstancia que torna este mecanismo improcedente, máxime cuando los
accionantes no acreditaron la inminencia de un perjuicio irremediable.
En tercer orden, evidenció que, como la captura de pantalla de la petición del 2 de abril
de 2025, tendiente a que el Juez Segundo Penal del Circuito Judicial de Puerto Tejada
explicara las razones fácticas y jurídicas que motivaron la designación de la señora
Yulieth Alejandra Montenegro Zúñiga, no permitía verificar si esa solicitud
efectivamente se envió a su destinatario, era claro que no se acreditó la vulneración
alegada.
En cuarto lugar, ya que la petición del señor Abdul Jalim Albadam Acevedo del 10 de
abril de 2025, dirigida a que se expidieran copias de los actos de nombramiento,
efectivamente se envió y no había obtenido pronunciamiento alguno del aludido juez,
constató la transgresión del derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la
Constitución Política y, por ende, ordenó al funcionario judicial que diera respuesta en
las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia.
1.8. Impugnación
Con escrito recibido el 29 de julio de 2025, los señores Abdul Jalim Albadam Acevedo
y Sair Andrés Rubio Cardona impugnaron la decisión de primera instancia, por cuanto
no se pronunció respectó de la vinculación de la Corte Constitucional, lo que permitiría
obtener una postura oficial en cuento a «la interpretación del artículo 132 de la Ley 270
de 1996, modificado por la Ley 2430 de 2024». Disposiciones cruciales para «definir
los límites y condiciones de los nombramientos provisionales tanto en vacancias
temporales como definitivas».
Señalaron que tal omisión, privó al proceso:
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De una oportunidad clave para obtener una interpretación institucional uniforme y refuerza
la incertidumbre jurídica frente a actos discrecionales que afectan directamente los
derechos de carrera, toda vez que los nominadores se están escudando en un “vacío”
normativo para pasar por encima de los empleados de carrera y así nombrar a personas
que no pertenecen a la carrera judicial en paga de favores o que por vínculos de amistad
[…].
Expresaron que el a quo tampoco efectuó un examen de legalidad «del nombramiento
provisional de la señora Yulieth Alejandra Montenegro Zúñiga, quien fue designada
como secretaria del despacho». Omisión grave si se considera que se solicitó requerir
a la antes nombrada para que acreditara el cumplimiento de los requisitos mínimos del
empleo que ocupa, en especial la experiencia profesional relacionada conforme a lo
dispuesto en el Acuerdo PSAA06-3560 de 2006.
Explicaron que la primera instancia, de igual forma, desatendió la búsqueda de un
concepto técnico, por parte del Consejo Seccional de la Judicatura o del Consejo
Superior de la Judicatura, «con el fin de establecer, desde la perspectiva institucional,
si la persona nombrada cumplía con las exigencias normativas para ocupar el cargo
en provisionalidad por lo menos en cuanto a los requisitos mínimos». Lo anterior,
además, pone de relieve la pasividad del juez de tutela pues no requirió a la señora
Yulieth Alejandra Montenegro Zúñiga para que allegara certificaciones, constancias o
documentos que acreditaran su idoneidad.
Adujeron, en cuanto a la subsidiaridad, que el fallo de primera instancia no analizó si
lo otros medios de protección que aduce son idóneos y eficaces «para garantizar una
protección real de los derechos fundamentales invocados». Añaden que, en este caso,
acudir a la jurisdicción contencioso administrativa no representa una solución
adecuada, si se atiende que la demora de un proceso ordinario mantiene la exclusión
indebida de los empleados de planta y las prácticas puestas en evidencia, las cuales
son contrarias al principio de legalidad, al mérito y al régimen de carrera propiamente
dicho.
Reiteraron que en primera instancia se debió analizar el trasfondo del asunto, esto es
la ocupación de cargos judiciales por personas que no han acreditado objetivamente
su idoneidad, y «no limitarse a verificar la respuesta de un derecho de petición».
Indicaron que, si bien es cierto que en el juzgado se han celebrado reuniones de
carácter informal en las que se han abordado diversos temas administrativos,
incluyendo el relativo al nombramiento de la señora Yulieth Alejandra Montenegro
Zúñiga, también lo es que su nominador no les ha notificado, entregado o remitido
copia de acta alguna.
Arguyeron que en el juzgado se crearon carpetas digitales denominadas «ACTAS –
2024» y «ACTAS – 2025» el 7 de julio de 2025, que contienen archivos con sus firmas,
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las cuales se tomaron sin autorización o consentimiento, situación que configura una
posible falsedad ideológica, en los términos del artículo 286 del Código Penal.
Mencionaron que es preocupante que un juez, llamado a ser garante de la legalidad y
el respeto por los derechos, actúe forma arbitraria y desleal, pues crea documentos
extemporáneos, afirma falsamente su participación o firma en ellos, y remite dicha
información como si se tratara de prueba válida y legítima.
Pidieron que se revoque la sentencia impugnada y se profiera una de reemplazo, en
la que se:
Analice integralmente todas las pretensiones formuladas, ordene la verificación formal y
documental del cumplimiento de los requisitos del cargo por parte de la funcionaria
designada, solicite concepto técnico a la autoridad competente respecto al cumplimiento
de requisitos mínimos para ocupar dicho cargo, y vincule a los órganos institucionales
pertinentes a fin de obtener una interpretación oficial sobre el alcance del artículo 132 de
la Ley 270 de 1996, modificado por la Ley 2430 de 2024.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la acción constitucional del asunto, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.
2.2. Cuestión previa
De la lectura del escrito de tutela se advierte que la parte actora cuestiona la
Resolución 002 del 13 de enero de 2025, porque nombró en provisionalidad a la señora
Yulieth Alejandra Montenegro Zúñiga, quien es ajena a la Rama Judicial, no figura en
la lista de elegibles vigente, y no cumple con la experiencia profesional relacionada
mínima para acceder al empleo de secretario conforme lo dispone el Acuerdo PSAA06-
3560 de 2006. Situación que pone de relieve una práctica de los funcionarios judiciales,
como el juez Segundo Penal del Circuito Judicial de Puerto Tejada, de cubrir las
vacancias definitivas sin dar prioridad a las personas que se encuentran en la carrera
judicial con requisitos para el cargo.
Praxis que, según los tutelantes, desatiende el artículo 132 de la Ley 270 de 1996,
modificado por la Ley 2430 de 2024 y riñe con «los principios constitucionales de
mérito, igualdad y legalidad, pilares fundamentales del sistema de carrera judicial».
Con este contexto, los señores Abdul Jalim Albadam Acevedo y Sair Andrés Rubio
Cardona señalaron que el a quo no entendió el trasfondo del asunto, esto es la
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ocupación de cargos judiciales por personas que no han acreditado objetivamente su
idoneidad, pues solo se limitó verificar si hubo o no respuesta de una petición.
En ese orden, precisaron que lo que buscan en esta instancia es que se profiera una
decisión de reemplazo en la que se (i) verifique si la señora Yulieth Alejandra
Montenegro Zúñiga cumple con los requisitos mínimos exigidos para el cargo de
secretario; (ii) identifiquen los conceptos rectores sobre la provisión de cargos en
vacancia definitiva; y (iii) vincule a los órganos institucionales pertinentes, como la
Corte Constitucional, a fin de obtener una interpretación oficial sobre el alcance del
artículo 132 de la Ley 270 de 1996, modificado por la Ley 2430 de 2024, que se aplique
al caso concreto. Pronunciamiento y ejercicio que es propio de un examen de legalidad
a cargo del juez administrativo, por lo que en esta sede no se hace necesaria la
vinculación de la Corte Constitucional, tal como lo señaló el a quo.
Así las cosas, se entiende que el tema central de inconformidad en esta instancia tiene
su génesis en el acto administrativo, y no en la vulneración del derecho de petición, el
cual ya fue amparado por el a quo.
Por otra parte, pusieron de presente unas irregularidades que se suscitaron en torno a
las actas de las reuniones que se celebraron en el Juzgado Segundo Penal del Circuito
Judicial de Puerto Tejada para tratar temas administrativos, incluyendo el relativo al
nombramiento de la señora Yulieth Alejandra Montenegro Zúñiga, que podrían ser
configurativas de una presunta falsedad ideológica y, por lo mismo, ameritan un
pronunciamiento.
La Sala no abordará estudio respecto de esas anomalías, por cuanto no fueron
vislumbradas en el escrito inicial de tutela, así que constituyen argumentos nuevos
frente a los cuales el extremo pasivo no tuvo oportunidad de ejercer su derecho de
defensa y contradicción.
2.3. Problema jurídico
De conformidad con lo anteriormente expuesto, corresponde a la Sala determinar si
hay lugar a confirmar, revocar o modificar la providencia de primera instancia conforme
a lo planteado por la parte impugnante.
Por lo anterior, se deberá analizar si el Juzgado Segundo Penal del Circuito Judicial
de Puerto Tejada desconoció los derechos fundamentales de los accionantes, con la
expedición de la Resolución 002 del 13 de enero de 2025, por medio de la cual se
dispuso el nombramiento de la señora Yulieth Alejandra Montenegro Zúñiga en el
cargo de secretaria del despacho.
A efectos de resolver el anterior planteamiento, de manera preliminar se abordarán los
siguientes temas: (i) generalidades de la acción de tutela; (ii) procedencia de la acción
de tutela en contra de actos administrativos de carácter particular y general; y (iii) el
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caso concreto.
2.3.1. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política consagra el precepto constitucional, según el
cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la
protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o
amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares
en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.
Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser residual
y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no es absoluto,
sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en el artículo 6º
del Decreto 2591 de 1991, entre otros motivos, la relativa a la existencia de otros
mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del derecho que se alega
amenazado o vulnerado (subsidiariedad).
2.3.2. Procedencia de la acción de tutela en contra de actos administrativos de
carácter particular y general
Por regla general, se ha considerado la improcedencia de la solicitud de amparo
cuando se dirige en contra de actos administrativos de carácter particular, en tanto que
los medios de control previstos ante la jurisdicción contenciosa administrativa son los
mecanismos idóneos para asumir el conocimiento de las controversias que se susciten
entre los particulares y la administración.
Adicionalmente, en el marco del proceso contencioso administrativo el interesado
cuenta con la posibilidad de solicitar el decreto de medidas cautelares. En relación con
los actos administrativos de carácter general, se señala que el artículo 6 del Decreto
2591 de 1991, establece que la acción de tutela no procederá «cuando se trate de
actos de carácter general, impersonal y abstracto» (numeral 5).
Por tanto, la regla es la improcedencia de la acción de tutela para controvertir actos de
naturaleza general, impersonal y abstracta, así como la posibilidad excepcional de ser
implementada como mecanismo transitorio cuando se compruebe que de la aplicación
o ejecución de un acto de dicha naturaleza se deriva la vulneración, siempre que se
pretenda conjurar la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable.
2.3.3. Caso concreto
Los señores Abdul Jalim Albadam Acevedo y Sair Andrés Rubio Cardona instauraron
acción de tutela en contra del Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Seccional
de la Judicatura del Cauca, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, el
Juez Segundo Penal del Circuito Judicial de Puerto Tejada y la señora Yulieth
Alejandra Montenegro Zúñiga con el fin de que les sean amparados sus derechos
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fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de acceso a cargos públicos y de
petición.
Lo anterior, porque con ocasión de la expedición de la Resolución 002 del 13 de enero
de 2025, que nombró en provisionalidad a la señora Yulieth Alejandra Montenegro
Zúñiga, vieron frustrada la oportunidad que tenían de acceder al cargo de secretario
por pertenecer a la carrera judicial y cumplir con los requisitos exigidos para ocupar
dicha dignidad.
Respecto de este punto, la primera instancia consideró que la acción de tutela no
procede como mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales que
resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de un acto
administrativo.
Por su parte, los accionantes cuestionaron al a quo porque no efectuó un examen de
legalidad del acto administrativo cuestionado, con la consecución de conceptos de
autoridad y la verificación de requisitos de la Yulieth Alejandra Montenegro Zúñiga.
En primer término, resulta pertinente señalar que la acción de tutela no procede para
establecer la validez ni la legalidad de los actos administrativos, en razón de su
naturaleza residual y subsidiaria. De ahí que los ciudadanos tienen la carga razonable
de acudir previamente, a través de los respectivos medios de control, ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativa, con el fin de solucionar los conflictos que
tienen con la administración y proteger sus derechos.
En este caso, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es el
mecanismo judicial idóneo para garantizar la protección de los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas.
Sobre el particular, insiste en que este instrumento de defensa se caracteriza por tener
un trámite preferente, ser residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio
de esta acción no es absoluto, sino que está limitado por las causales de
improcedencia contenidas en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, entre otros
motivos, la relativa a la existencia de otros mecanismos de defensa judicial para
garantizar la protección del derecho que se alega amenazado o vulnerado
(subsidiariedad).
Así, la acción de tutela no procederá cuando existan otros recursos o medios de
defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable. Por lo que se precisa que al momento de analizar si en un
caso particular se está ante un perjuicio irremediable que justifique el amparo
transitorio, se deben evaluar en conjunto los siguientes elementos 1:
i) Que el perjuicio sea inminente, lo cual implica que la amenaza exista o esté por existir.
1
Corte Constitucional, sentencias T-225 de 1993, T-809 de 2013, T-695 de 2014 y T-884 de 2014.
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ii) Que éste sea grave y tenga la suficiente entidad para comprometer un bien moral o
material de la persona.
iii) Que haya necesidad de adoptar medidas urgentes para superar la condición de
amenaza del derecho fundamental.
iv) Que no se pueda postergar la acción de tutela, pues de lo contrario el mecanismo de
protección sería ineficaz.
Por tanto, este perjuicio irremediable debe ser inminente o actual, y además ha de ser
grave, y requerir medidas urgentes e impostergables2.
En relación con el presupuesto de la subsidiariedad, se reitera que, de conformidad
con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela solo procederá cuando
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
De manera que, se debe hacer uso de todos los medios que el sistema judicial dispone
para conjurar la situación que amenaza o lesiona sus derechos, ello con la finalidad de
que se impida el uso indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente
o instancia judicial alterna de protección.
Así, la acción de tutela es improcedente en cuanto se utiliza como instrumento
adicional o supletorio, o cuando con ella se pretenda obtener un pronunciamiento más
rápido sin el agotamiento de las instancias de la respectiva jurisdicción3.
En tal sentido, desconocer el carácter subsidiario de la acción de tutela vaciaría de
contenido los otros mecanismos de defensa judiciales que han sido previstos en las
normas constitucionales y legales para salvaguardar los derechos invocados.
Por tanto, se precisa que para la defensa de los intereses de las partes existe el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, mecanismo que le permite al juez
administrativo decretar medidas cautelares, declarar la nulidad del acto administrativo
enjuiciado, restablecer el derecho vulnerado y ordenar la reparación de los daños
acreditados.
2 Los presupuestos para la configuración del perjuicio irremediable fueron delimitados por la Corte
Constitucional desde la sentencia T-225 de 1993, con ponencia del magistrado Vladimiro Naranjo Mesa.
Dicha línea fue reconocida por la Sala Plena de la Corte en la sentencia C-531 de 1993. A continuación,
se reseña, en síntesis, lo pertinente: “… son elementales para la comprensión de la figura del perjuicio
irremediable, … A). El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por suceder prontamente’….
|| B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes… || C).
No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran intensidad del
daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona… || D). La urgencia y la gravedad
determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer
el orden social justo en toda su integridad. Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de
ser ineficaz por inoportuna… Se trata del sentido de precisión y exactitud de la medida, fundamento
próximo de la eficacia de la actuación de las autoridades públicas en la conservación y restablecimiento
de los derechos y garantías básicos para el equilibrio social”
3
Corte Constitucional. Sentencia SU 599 de 1999.
12
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Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido que un medio idóneo es aquel que
garantiza la definición del derecho controvertido y que, en la práctica es el adecuado
para proteger el derecho fundamental que se considere vulnerado 4.
A su vez, el alto tribunal constitucional ha considerado que para la eficacia es necesario
valorar si el medio existente es el adecuado para proteger objetivamente el derecho
que se transgrede o se amenace 5. Es decir, la eficacia se refiere a la oportunidad del
medio de defensa; mientras que la idoneidad a la protección adecuada en el tiempo.
Por consiguiente, la acción de tutela no puede sustituir los mecanismos de defensa
con los que cuenta la parte demandante para la protección de sus derechos
fundamentales, dada la naturaleza excepcional y subsidiaria de este medio
constitucional.
Adicionalmente, se encuentra que, la parte actora alegó que, si bien existen otros
mecanismos de defensa judicial, los mismos se tornan ineficaces en procura de evitar
un perjuicio irremediable derivado de la no promoción o el ascenso preferente que
implicó la Resolución 002 de 2025.
En relación con lo anterior, debe indicarse que los señores Abdul Jalim Albadam
Acevedo y Sair Andrés Rubio Cardona tampoco lograron demostrar la configuración
de un perjuicio irremediable que permitiera establecer que las vías judiciales
mencionadas no son las idóneas y eficaces para debatir la presunción de legalidad
que recae en la Resolución 002 de 2025, máxime cuando conservan sus empleos y
las garantías propias de la carrera judicial.
Por las razones expuestas y en atención a que el Juez Segundo Penal del Circuito
Judicial de Puerto Tejada no ha dado respuesta al derecho de petición del 10 de abril
de 2025, se confirmará la sentencia proferida el 17 de julio de 2025 por la Sección
Primera de esta corporación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRIMERO: Confírmase la sentencia del 17 de julio de 2025, proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado.
SEGUNDO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
4
Sentencias T-999 de 2000 y T-847 de 2003
5
Sentencia T-106 de 1993, T-480 de 1993 y T-847 de 2003.
13
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TECERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/
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