Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03492-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03492-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-03492-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
5 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C, cinco (5) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicado : 11001-03-15-000-2025-03492-001
Accionante : Claudia Milena Fragozo Álvarez
Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de
Bucaramanga, Unidad Administrativa Especial de Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, Juzgado Sexto
Accionados : de Familia de Bucaramanga, Juzgado Tercero Laboral al
Circuito de Pasto, Tribunal Administrativo de Santander y
Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con
Funciones de Conocimiento
Acción : Tutela
Derechos : Debido proceso y acceso a la administración de justicia
Tema : Tutela contra tutela
Decisión : Sentencia de primera instancia - declara improcedente
Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela
incoada por la señora Claudia Milena Fragozo Álvarez, por la presunta vulneración
de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por la actora frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará
lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo
pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
La demanda de tutela.
Claudia Milena Fragozo Álvarez, quien actúa en nombre propio, interpuso el
presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
presuntamente vulnerados por el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de
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Expediente digital disponible en Samai.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-03492-00
Demandante: Claudia Milena Fragozo Álvarez
Demandado: Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Bucaramanga y otros
Bucaramanga, la Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, el Juzgado Sexto de Familia de Bucaramanga, el Juzgado
Tercero Laboral al Circuito de Pasto, el Tribunal Administrativo de Santander y el
Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Funciones de
Conocimiento.
Por consiguiente, solicitó declarar la nulidad de los siguientes fallos de tutela:
• El proferido por el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Bucaramanga, expediente con radicado 68001-33-33-014-2025-00034-
00.
• Juzgado Sexto de Familia de Bucaramanga proceso con radicado 68001-
31-10-006-2025-00074-00.
• Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pasto en el marco de la acción de
tutela con radicado 52001-31-05-003-2025-10007-00.
• El del Tribunal Administrativo de Santander, en el marco de la sentencia de
segunda instancia radicada No. 68001-33-33-013-2025-00022-01 y;
• El del Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Funciones
de Conocimiento, en el marco de la acción de tutela radicado No 05001-31-
18-001-2025-00051-002. Solicitud que se funda al considerar que fueron
expedidos con violación al debido proceso.
Hechos3.
La tutelante relata que, tiene la calidad de empleada pública, nombrada en
provisionalidad en el cargo de gestor 1, código 301, grado 1, en la división de
servicio al ciudadano de la Dirección Seccional de Impuestos de Barranquilla DIAN.
Manifiesta que la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), realizó convocatoria
a concurso de mérito, proceso de selección DIAN 2022, Resolución de la Comisión
Nacional del Servicio Civil No 13250 de fecha 05 de julio de 2024, ofertando 189
vacantes para el cargo de Gestor I, código 301, grado 1, con OPEC 198476.
El 28 de abril de 2025, recibió correo electrónico por parte de la DIAN, donde se le
informaba que, en cumplimiento de las decisiones judiciales proferidas por las
2
No se realizará el análisis del proceso con radicación 05001-31-18-001-2025-00051-00, toda vez que corresponde a una
acción de tutela en materia de salud de acuerdo a la página de consulta de procesos nacional unificada de la Rama Judicial.
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Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 00002.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-03492-00
Demandante: Claudia Milena Fragozo Álvarez
Demandado: Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Bucaramanga y otros
autoridades que fungen como accionadas en la presente acción de tutela,
empezarían a nombrar nuevos servidores en algunos de los cargos que
actualmente están ocupados de manera provisional, o en encargo, específicamente
en el cargo de «gestor i, código 301, grado i».
Indica que, el 3 de febrero de 2025, revisó el radicado número 680013333014-2025-
00034-00 en la página de consulta unificada de procesos de la Rama Judicial. Este
proceso corresponde a la Selección DIAN 2022 – Modalidad de Ingreso para el
cargo de GESTOR 1 CÓDIGO 301 GRADO 01 (OPEC 198476).
La consulta reveló que el despacho judicial dejó constancia de la vinculación de los
aspirantes admitidos al proceso. Sin embargo, el documento no especifica que se
haya ordenado la vinculación o notificación de los funcionarios que ocupan dicho
cargo en provisionalidad.
Además, advirtió que «los JUZGADOS CATORCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE BUCARAMANGA, JUZGADO SEXTO DE FAMILIA DE BUCARAMANGA, JUZGADO
TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE PASTO, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
SANTANDER, JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO PARA ADOLESCENTES CON
FUNCIONES DE CONOCIMIENTO, nunca ordenaron vincular ni mucho menos notificar a mi
persona como tercera afectada con las decisiones de tutela en los procesos con radicados
680013333014-2025-00034-00, 68001311000620250007400, 52001310500320251000700,
680013333013-2025-00022-01, 050013118001 2025-00051 00». [Sic en toda la cita]
II. TRÁMITE PROCESAL
Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto de 10 de
junio de 2025, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión, se ordenó
notificar al Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Bucaramanga, a la
Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
– DIAN, al Juzgado Sexto de Familia de Bucaramanga, al Juzgado Tercero Laboral
al Circuito de Pasto, al Tribunal Administrativo de Santander y al Juzgado Primero
Penal del Circuito para Adolescentes con Funciones de Conocimiento.
2.1 Contestaciones de la acción.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-03492-00
Demandante: Claudia Milena Fragozo Álvarez
Demandado: Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Bucaramanga y otros
2.1.1 El Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Bucaramanga4 indica
que, en el marco de la acción de tutela con radicado 680013333014-2025-00034-
00 se actuó conforme a derecho, teniendo en cuenta que, la sentencia del 28 de
febrero de 2025 ordenó «a la DIAN hacer uso de la lista de elegibles contenida en
la Resolución No. 7480 para proveer las vacantes creadas por el Decreto 0419 de
2023 y distribuidas para el cargo de Gestor 1 Grado 1, Código 301, ficha técnica
CC-AU-3008” haciendo el énfasis de que tuvieran en cuenta los empleos que se
encontraran ocupados con “estabilidad laboral reforzada y debilidad manifiesta
conforme al ordenamiento jurídico vigente».
2.1.2 El Juzgado Sexto de Familia de Bucaramanga5 solicitó declarar
improcedente la presente acción constitucional, argumentando que, en el marco de
la acción de tutela con radicado 680013110006202500074-00, la señora Claudia
Milena Fragozo no se presentó ante el juzgado, a pesar de que fue notificada por
la Comisión Nacional del Servicio Civil.
2.1.3 El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pasto6 manifestó que, en el
marco de la acción de tutela con radicado 5620013105003202510007 se cumplió
con el deber de publicidad, en razón a que, se ordenó a las accionadas notificar la
existencia de la acción constitucional a través de las páginas web de sus entidades,
por lo que, se permitió a los interesados ejercer sus derechos de defensa y
contradicción.
2.1.4 El Tribunal Administrativo de Santander7 solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela, toda vez que, este mecanismo constitucional de
acuerdo a la jurisprudencia es totalmente improcedente contra sentencias de tutela,
pues, los errores en que incurran los jueces pueden ser «corregidos a través del
mecanismo de revisión dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y en el Decreto 2591
de 1991».
Señaló que, la sentencia de tutela de segunda instancia con radicado
680013333014-2025-00034-01 no vulneró derecho fundamental alguno,
comoquiera que «se dio cumplimiento al principio de contradicción y se vinculó a
4
Índice 00009 de Samai.
5
Índice 00010 de Samai.
6
Índice 00011 de Samai.
7
Índice 00012 y 00014 de Samai.
4
Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-03492-00
Demandante: Claudia Milena Fragozo Álvarez
Demandado: Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Bucaramanga y otros
todos los posibles afectados, incluyendo a los participantes de la Convocatoria
DIAN-2497 de 2022, para el cargo de Gestor I, Código 301».
Finalmente, indicó que, la accionante no contaba con la calidad de litisconsorte
necesario, por lo que, «podía proferir la sentencia de tutela sin adelantar su vinculación» ello,
«en virtud del sistema global de la planta de personal de la DIAN, conforme a lo previsto en el
Decreto 927 de 2003». Es decir que, no existe un derecho individualizado y subjetivo
que pueda ser afectado directamente por el nombramiento de un nuevo titular con
ocasión de la aplicación de la lista de elegibles.
2.1.5 La Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales – Dian 8 manifestó que la DIAN no está legitimada en la causa por
pasiva, en razón a que, no influye en la decisión sobre la posible vulneración del
derecho de defensa.
2.1.6 El Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Funciones
de Conocimiento, guardó silencio para la oportunidad señalada.
2.2 Trámite de los vinculados
A través de providencia del 25 de julio de 2025, se ordenó la vinculación de las
personas beneficiadas con los fallos de tutela, quienes se pronunciaron de la
siguiente manera:
2.2.1 Las señoras Sandra Paola Velandia Monsalve, Liliana Andrea Cerquera
Ortiz y Mariela Gutiérrez Bautista9 se opusieron a la prosperidad de las
pretensiones de la demanda argumentando que, la nueva acción de tutela es
improcedente porque busca controvertir decisiones judiciales de primera y segunda
instancia que ya hicieron tránsito a cosa juzgada constitucional.
Sostienen que, la tutela no puede convertirse en una instancia adicional para reabrir
debates ya concluidos, especialmente cuando no se demuestra la existencia de un
fraude procesal o actuaciones arbitrarias por parte de los jueces. Además, señalan
que, la accionante fue negligente al no actuar oportunamente, pues, admite haber
8
Índice 00013 de Samai.
9
Índices 00021 a 00023 de Samai.
5
Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-03492-00
Demandante: Claudia Milena Fragozo Álvarez
Demandado: Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Bucaramanga y otros
recibido una notificación con un enlace para consultar los fallos, aunque ahora
alegue que estaba inhabilitado.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia.
Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud
de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y
333 de 2021.
3.2 Cuestión previa
Mediante oficio de 25 de agosto de 2025, la consejera de Estado Elizabeth Becerra
Cornejo manifestó impedimento para conocer del trámite constitucional de la
referencia, al considerar que incurre en la causal 5° del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal, esto es, «[q]ue exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna
de las partes, denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial».
Ante ello, manifestó que la une un vínculo de amistad íntima con una de las
accionadas, la Magistrada María Eugenia Carreño Gómez, con quien mantiene una
relación «[…] de amistad íntima derivada de haber compartido actividades personales,
académicas y profesionales por más de treinta años […]», ante tal manifestación, se
declarará fundado el impedimento manifestado.
3.3 La acción.
La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por
los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como
mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos fundamentales,
permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
3.4 Problema jurídico.
6
Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-03492-00
Demandante: Claudia Milena Fragozo Álvarez
Demandado: Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Bucaramanga y otros
Se contrae a determinar, si es dable a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar los fallos de
tutela proferidos por: i) el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Bucaramanga, expediente no. 680013333014-2025-00034-00; ii) Juzgado Sexto
de Familia de Bucaramanga, radicado 68001311000620250007400; iii) Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de Pasto proceso con radicado
52001310500320251000700 y; el Tribunal Administrativo de Santander, en el
marco de la sentencia de segunda instancia radicado 680013333013-2025-00022-
01; y, en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al debido
proceso y acceso a la administración de justicia en este mecanismo constitucional.
3.5 La acción de tutela contra providencias judiciales.
El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional
que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de
derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con
la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido de
forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.
La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista
de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela
contra decisiones judiciales, dado que, no obstante, el reconocimiento del principio
de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de
una providencia judicial, derechos fundamentales.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994
se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera
calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando
se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i)
defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en
una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando
resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder
a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico,
se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada,
carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que
7
Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-03492-00
Demandante: Claudia Milena Fragozo Álvarez
Demandado: Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Bucaramanga y otros
aparece en aquellos eventos en los que se actúa completamente al margen del
proceso establecido.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales, están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante
sentencia C-590 de 2005, se destacó el carácter excepcional de la acción de tutela,
vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos
fundamentales.
Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos
excepcionales de aplicación, los cuales, deben satisfacerse plenamente para
identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden
estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan
derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se
profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.
Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales
genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la excepcionalidad de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual solamente cuando tenga
indudable relevancia constitucional resulta procedente.
8
Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-03492-00
Demandante: Claudia Milena Fragozo Álvarez
Demandado: Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Bucaramanga y otros
Al respecto, la Corte indica que, los defectos o vicios que debe presentar la decisión
que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto
procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen
del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador
carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la
decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente
y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido,
se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y
esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi)
decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones;
(vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos
la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii)
violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera
el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que, si bien no se está
ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
Por otra parte, se destaca que, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales10, rectificó su
posición mediante sentencia de 31 de julio de 201211, en el sentido de disponer
que, la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren
derechos fundamentales, con observancia de los parámetros fijados
jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la
jurisprudencia; lineamientos que, esta subsección con anterioridad al fallo citado ha
aplicado en los términos antes expuestos12.
10
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016,
C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993,
AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-
03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
11
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
12
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-
00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp.
2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando
9
Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-03492-00
Demandante: Claudia Milena Fragozo Álvarez
Demandado: Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Bucaramanga y otros
3.6 Caso concreto.
Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, en la medida en que recae sobre la presunta
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia de la tutelante; (ii) las decisiones controvertidas no son
susceptibles de otro medio de defensa judicial, dado que fueron proferidas en
segunda instancia y se encuentran ejecutoriadas; (iii) se establecieron los hechos
que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; y (iv) el
requisito de inmediatez se satisface, comoquiera que, las sentencias atacadas
quedaron ejecutoriadas en las siguientes fechas: el 2 de abril de 202513, 22 de abril
de 202514, 30 de abril de 202515, 19 de mayo de 202516 y la solicitud de amparo se
presentó el 6 de junio de 2025, es decir, todas dentro de un término prudencial.
No obstante, se advierte que, no se satisface el requisito que, la tutela no se
instaure contra fallos que decidan una acción de esa naturaleza, puesto que, las
providencias reprochadas fueron dictadas dentro de los trámites de tutela con los
siguientes radicados (i) No. 68001-33-33-013-2025-00022-01 (Tribunal
Administrativo de Santander); (ii) 68001-31-10-006-2025-00074-00 (Juzgado 6 de
Familia del Circuito Judicial de Bucaramanga); (iii) 68001-33-33-014-2025-00034-
00 (Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga); y (vi)
52001-31-05-003-2025-10007-00 (Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pasto).
La jurisprudencia constitucional17, en principio, indicó que, la tutela no es
procedente para controvertir decisiones adoptadas dentro de otras acciones de ese
Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp.
2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012,
exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve.
13
Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander dentro de la radicación: 68001-33-33-013-2025-00022-01,
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 26 de abril de 2025, motivo por
el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 28 de los mismos mes y año, conforme al artículo 205
(numeral 2) del CPACA.
14
Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander dentro de la radicación: 68001-33-33-014-2025-00034-01,
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 11 de abril de 2025, motivo por
el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 15 de los mismos mes y año, conforme al artículo 205
(numeral 2) del CPACA.
15
Sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bucaramanga- Sala Familia dentro de la radicación: 68001-31-10-006-
2025-00074-02, El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 23 de abril de
2025, motivo por el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 25 de los mismos mes y año, conforme
al artículo 205 (numeral 2) del CPACA.
16
Sentencia proferida por el Tribunal Superior de Pasto Sala Laboral dentro de la radicación: 52001-31-05-003-2025-10007-
01, El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 12 de mayo de 2025, motivo
por el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 14 de los mismos mes y año, conforme al artículo
205 (numeral 2) del CPACA.
17
Corte Constitucional, sentencia T-200 de 2003, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
10
Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-03492-00
Demandante: Claudia Milena Fragozo Álvarez
Demandado: Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Bucaramanga y otros
tipo, por cuanto se afectaría su naturaleza y se originaría inseguridad jurídica y
desconocimiento del principio de cosa juzgada, puesto que, las controversias
conocidas por la autoridad judicial nunca serían resueltas definitivamente ante la
posibilidad de instaurar, de manera concadenada, varias solicitudes de amparo. Al
respecto, la Corte Constitucional18 sostuvo:
«3.2. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional también ha precisado que la
posibilidad de interponer una acción de tutela contra providencias judiciales no
incluye aquellos casos en los cuales la providencia judicial es otra tutela. Es decir,
los precedentes han establecido que la acción de tutela dirigida contra otra tutela no
es procedente. El criterio unificado de la Corte frente a la improcedencia general de
la acción de tutela contra fallos de tutela, fue precisado en la sentencia SU-1219 de
200119. En dicha providencia se reiteraron las razones constitucionales por las
cuales no procede la acción de tutela contra fallo de tutela.
En síntesis, en esa decisión la Corte indicó que no es procedente la tutela contra
tutela porque de lo contrario (i) implicaría instituir un recurso adicional para insistir
en la revisión de tutelas que con anterioridad no fueron seleccionadas, (ii) supondría
crear una cadena interminable de demandas, con lo cual resultaría afectado el
principio de seguridad jurídica, (iii) se afectaría el mecanismo de cierre
hermenéutico de la Constitución, confiado a la Corte Constitucional, y (iv) la tutela
perdería su efectividad, pues “quedaría indefinidamente postergada hasta que el
vencido en un proceso de tutela decidiera no insistir en presentar otra tutela contra
el fallo que le fue adverso para buscar que su posición coincida con la opinión de
algún juez. En este evento, seguramente el anteriormente triunfador iniciará la
misma cadena de intentos hasta volver a vencer”.
3.3. Así mismo, la sentencia de unificación de la Corte antes citada, precisó que
cuando un juez de tutela falla en la interpretación de la Constitución, incurre en una
arbitrariedad o afecta el debido proceso por configurar una vía de hecho, éstos
pueden resolverse en el proceso de eventual revisión ante la Corte Constitucional,
consagrado en el artículo 241 Superior. 20 En otras palabras, una interpretación
errada o incompleta de la Constitución puede ser ajustada en sede de revisión».
18
Sentencia T-272 de 2014, M. P. María Victoria Calle Correa.
19
(MP. Manuel José Cepeda Espinosa). La posición unificada que contiene esta sentencia, ha sido reiterada por las diferentes
Salas que han integrado esta Corporación: T-174 de 2002 (MP. Rodrigo Escobar Gil), T-192 de 2002 (MP. Eduardo
Montealegre Lynnet), T-217 de 2002 (MP. Jaime Córdoba Triviño), T-354 de 2002 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-
444 de 2002 (MP. Jaime Araujo Rentería), T-200 de 2003 (MP. Rodrigo Escobar Gil), T-536 de 2004 (MP. Clara Inés Vargas
Hernández), T-059 de 2006 (MP. Álvaro Tafur Galvis), T-104 de 2007 (MP. Álvaro Tafur Galvis), T-210 de 2008 (MP. Jaime
Araujo Rentería), T-282 de 2009 (MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-137 de 2010 (MP. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo), T-151 de 2010 (MP. Nilson Pinilla Pinilla), y T-813 de 2010 (MP. María Victoria Calle Correa).
20
Artículo 241: A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los
estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: 9.revisar, en la forma que
determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales. Por su parte,
el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución,” señala: revisión por la Corte Constitucional: La Corte Constitucional designará dos de sus Magistrados para
que seleccionen, sin motivación expresa y según su criterio, las sentencias de tutela que habrán de ser revisadas. Cualquier
Magistrado de la Corte, o el Defensor del Pueblo, podrá solicitar que se revise algún fallo de tutela excluido por éstos cuando
considere que la revisión puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave. Los casos de tutela que no sean
excluidos de revisión dentro de los 30 días siguientes a su recepción, deberán ser decididos en el término de tres meses.
Sobre el propósito de la eventual revisión ante la Corte Constitucional, en la sentencia SU-1219 de 2001 (MP. Manuel José
Cepeda Espinosa. SV. Clara Inés Vargas Hernández) la Sala Plena explicó: “(…) el deber de remisión de todos los fallos de
tutela a la Corte Constitucional obedece a la necesidad de que sea un órgano centralizado al cual se le confió la guarda de
la integridad y supremacía de la Constitución el que finalmente determine cuáles son los fallos de tutela que representan una
aplicación adecuada de los derechos constitucionales y así ejerza la tarea de unificación jurisprudencial en materia de
derechos fundamentales y de desarrollo judicial de la Constitución. Con esta decisión el Constituyente ha creado el
mecanismo más amplio, y a la vez eficaz, para evitar que los derechos fundamentales no obtengan la protección que merecen
como principios medulares de la organización política colombiana. Es así como la Corte Constitucional debe mirar la totalidad
de las sentencias de tutela, bien sea para seleccionar las sentencias que ameritan una revisión o para decretar su no
selección pero en cualquiera de estos dos eventos debe estudiar el fallo de instancia y adoptar una decisión al respecto.”
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-03492-00
Demandante: Claudia Milena Fragozo Álvarez
Demandado: Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Bucaramanga y otros
Se destaca que, el alto tribunal constitucional flexibilizó21 la postura de
improcedencia de la tutela contra sentencia de amparo en varios pronunciamientos,
al punto que, en el fallo SU-627 de 201522, indicó que, a ello hay lugar siempre que
se cumplan ciertos presupuestos, en los siguientes términos:
«4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un
proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia
proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que
no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida
por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de
Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que
debe promoverse ante la Corte Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista
fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y
cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad
procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y
suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una
situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación […]». (Énfasis propio).
Al aplicar las exigencias precisadas por la Corte Constitucional para que la tutela
sea procedente contra providencias que decidan otra de similar raigambre, en el
asunto sub examine la Sala concluye que no se colman, dado que, contrario a lo
afirmado por la actora, no se evidencia que la decisión reprochada corresponda a
una situación de fraude, es decir, que se configure lo que ese alto tribunal ha
denominado cosa juzgada fraudulenta, entendida como la «[…] intención dolosa de
servirse de la justicia para alcanzar fines inicuos […]»23.
Aunado a lo anterior, vale la pena advertir que teniendo en cuenta la inconformidad
de la accionante, para la Sala es evidente que aquella tiene a su alcance el
incidente de nulidad contra el trámite de las acciones de tutela en las cuales no fue
vinculada a pesar del interés que le asistía en las resultas de los procesos.
Situación que, igualmente acarrea que no se acredite el requisito de subsidiariedad
y, en consecuencia, se declare la improcedencia de esta acción constitucional.
21
Sentencias T-218 de 2012, M. P. Juan Carlos Henao Pérez, y T-951 de 2013, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
22
M. P. Mauricio González Cuervo.
23
Sentencia T-218 de 2012, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-03492-00
Demandante: Claudia Milena Fragozo Álvarez
Demandado: Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Bucaramanga y otros
Siendo así, y de acuerdo con la postura asumida por la Corte Constitucional, la
presente acción de tutela debe ser declarada improcedente, teniendo en cuenta
que, no se demostró, que las decisiones de tutela acá reprochadas fueron producto
de una situación de fraude; y, en gracia de discusión, la accionante tiene a su
alcance otro medio de defensa judicial, para procurar la defensa de sus derechos
fundamentales.
Siendo así, y de acuerdo con la postura asumida por la Corte Constitucional, la
presente acción de tutela debe ser declarada improcedente, teniendo en cuenta
que, no se demostró, que las decisiones de tutela acá reprochadas fueron producto
de una situación de fraude.
IV. DECISIÓN
La Sala considera que, en el presente asunto la parte actora no acreditó el
cumplimiento del requisito general de procedibilidad de la tutela contra sentencia
de tutela consistente en que los fallos objeto de censura correspondan a una
situación de fraude, motivo por el cual, se declarará la improcedencia de la acción
de tutela de la referencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. Declárese fundado el impedimento manifestado por la consejera
Elizabeth Becerra Cornejo, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia invocados
por la señora Claudia Milena Fragozo Álvarez, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
TERCERO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en
la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
CUARTO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-03492-00
Demandante: Claudia Milena Fragozo Álvarez
Demandado: Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Bucaramanga y otros
a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR
el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
(Impedida)
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
14
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