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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03496-00

Fecha
2 de julio de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03496-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Niégase el amparo invocado, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03496-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

2 de julio de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Dos (2) de julio de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente (E): FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-03496-00
Demandante: JUDITH DONADO VALEGA
Demandado: SALA B DE DECISIÓN ORAL DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL – ANÁLISIS DEL DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL – SE NIEGA EL
AMPARO

Síntesis del caso: la actora consideró vulnerados sus derechos fundamentales con ocasión
de la sentencia que revocó la decisión que accedió parcialmente a las pretensiones de su
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y en su lugar las negó. La Sala negará el
amparo por no encontrar configurados el desconocimiento del precedente alegado.

La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Judith Donado Valega
para la protección de sus derechos constitucionales fundamentales del debido
proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y mínimo vital1, consagrados
en los artículos 29, 229 y 13 de la Constitución Política, supuestamente vulnerados
con ocasión de la sentencia del 14 de febrero de 2025 proferida por la autoridad
judicial demandada, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicación 08-001-33-33-013-2023-00338-01.

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1
Sobre el mínimo vital como derecho fundamental ver las sentencias SU-995 de 1999 y T-184 de
2009, proferidas por la Corte Constitucional, entre otras.

2

Expediente: 11001-03-15-000-2025-03496-00
Demandante: Judith Donado Valega
Acción de tutela

1) Prestó sus servicios a la Universidad del Atlántico entre el 5 de octubre de 1972 y
el 30 de abril de 1997 y mediante Resolución no. 000974 del 20 de mayo de 1997 esa
entidad le reconoció pensión vitalicia de jubilación a partir del 1 de mayo de 1997, en
cuantía de dos millones setecientos treinta y ocho mil ciento sesenta y cuatro pesos
($2.738.164,00) equivalentes al 100% del último salario devengado por haber reunido
los requisitos establecidos en el literal b del artículo 9 de la Convención Colectiva de
Trabajo de 1976.

2) El artículo segundo de la Resolución no. 000974 del 20 de mayo de 1997
establecía que el reajuste de su pensión de jubilación se haría de oficio cada vez y
con el mismo porcentaje en que fuese incrementado el salario mínimo legal mensual,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 71 de 1988.

3) Desde enero del año 2000 la Universidad del Atlántico reajustó anualmente la
pensión de la actora con base en el incremento del Índice de Precios al Consumidor –
IPC, pues el monto de la mesada que recibía era superior al salario mínimo legal
mensual y en estos casos la Ley 100 de 1993 estableció que el incremento anual
sería con el IPC.

4) El 11 de julio de 2023 solicitó a la Universidad del Atlántico que reajustara el pago
de su mesada pensional desde el 1° de enero del 2000 con el mismo porcentaje del
incremento del salario mínimo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo segundo de
la Resolución no. 000974, que le pagara el correspondiente retroactivo causado a su
favor por las diferencias en los incrementos anuales y que le enviara una certificación
de los incrementos de su mesada pensional.

5) Mediante comunicación del 14 de noviembre de 2023, la Universidad del Atlántico
negó la solicitud de la demandante y no envió la solicitada certificación de los
incrementos de su mesada pensional.

6) El 17 de noviembre de 2023 presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la Universidad del Atlántico para que se declarara la nulidad de
la comunicación del 14 de noviembre de 2023 y se ordenara que dicha entidad
reconociera el derecho a que su mesada pensional se reajustara con el incremento
del salario mínimo y no con el IPC y se le pagara la suma correspondiente al

3

Expediente: 11001-03-15-000-2025-03496-00
Demandante: Judith Donado Valega
Acción de tutela

retroactivo causado desde que se hizo la modificación de los incrementos anuales de
pensión.

7) Mediante sentencia del 9 de diciembre de 2024 el Juzgado Trece Administrativo
del Circuito Judicial de Barranquilla accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda; declaró la nulidad de la comunicación del 14 de noviembre de 2023 y
condenó a la Universidad del Atlántico a reajustar la pensión de la actora en la forma
establecida en el artículo segundo de la Resolución no. 000974 desde enero del
2000, pero solo a pagar las diferencias en las mesadas causadas desde el 11 de julio
de 2020, en virtud de la prescripción que se configuró respecto de los años
anteriores.

8) El juzgado encontró que debió aplicarse lo dispuesto en los artículos 73 y 74 del
Código Contencioso Administrativo –aplicable para el año 2000– para la revocatoria
directa de actos de contenido particular, por lo que la Universidad del Atlántico debía
contar con el consentimiento expreso y escrito de la señora Donado Valega.

9) La Universidad del Atlántico apeló esa decisión, alegó que se configuró la pérdida
de fuerza de ejecutoria del artículo 2 del acto que reconoció la pensión de la actora
porque con la entrada en vigencia del artículo 14 de la Ley 100 de 1993
desaparecieron los fundamentos de derecho que soportaban el reajuste en los
términos señalados en el acto, debido a que dicha norma estableció que las
pensiones se reajustarán anualmente de oficio, el 1º de enero de cada año, según la
variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE
para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual
sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada
vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno.

10) Mediante sentencia del 14 de febrero de 2025 la Sección B de la Sala de Decisión
Oral del Tribunal Administrativo del Atlántico revocó la decisión de primera instancia
y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda; consideró que operó la pérdida
de ejecutoria del artículo segundo de la Resolución no. 000974 y no su revocatoria
directa porque con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 desaparecieron sus
fundamentos de derecho.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-03496-00
Demandante: Judith Donado Valega
Acción de tutela

2. Los fundamentos de la vulneración

La parte demandante alegó que la autoridad judicial demandada incurrió en un
defecto sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial.

Afirmó que el tribunal demandado ignoró el precedente vertical sin justificar las
razones por las que lo hizo; específicamente se refirió a i) la sentencia del 26 de
septiembre de 2024, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con supuestos
de hecho similares, en la cual se accedió a las pretensiones de la demanda por
considerar que la universidad debió agotar el procedimiento para la revocatoria del
acto administrativo y ii) fallos del Consejo de Estado en sede de acción de tutela en
los cuales se negó el amparo invocado por la Universidad del Atlántico en contra de
decisiones en las cuales se había accedido a las pretensiones de nulidad y
restablecimiento del derecho en casos similares.

Además, sostuvo que también se desconoció el precedente judicial horizontal porque
las salas A y C del mismo Tribunal Administrativo del Atlántico han accedido a las
pretensiones de demandas presentadas con fundamento en supuestos de hecho y
derecho similares.

3. Pretensiones.

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:

“1. Con todo respeto le solicito al Honorable Consejo de Estado, se sirva
TUTELARLE a la Señora JUDITH DONADO VALEGA sus derechos
fundamentales AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, AL DEBIDO PROCESO, AL
DERECHO DE IGUALDAD, AL ACCESO A LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA, AL MÍNIMO VITAL y demás derechos fundamentales que
resulten violados o amenazados, por las actuaciones activas y omisivas del
despacho judicial entutelado, toda vez que la SALA (B) DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, conformada por los Honorables
Magistrados Doctores OSCAR WILCHEZ DONADO como ponente, ANGEL
HERNANDEZ CANO y LUIS EDUARDO CERRA JIMENEZ, como
acompañantes, mediante sentencia de segunda instancia de fecha 14 de
Febrero de 2025, notificada el 7 de Marzo de 2025, resolvió revocar la
sentencia de primera instancia proferida el 10 DE Diciembre de 2024 por el
despacho del Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito de
Barranquilla, que había concedido las pretensiones de la demanda de mi
representada, incurriendo en un defecto sustantivo por el desconocimiento
del precedente judicial oportunamente allegado a este proceso.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-03496-00
Demandante: Judith Donado Valega
Acción de tutela

2. SE ORDENE DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda instancia
de fecha 14 de Febrero de 2025, notificada el 7 de Marzo de 2025, proferida
por la SALA (B) DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO,
suscrita por los Señores magistrados Doctores OSCAR WILCHEZ
DONADO como ponente, ANGEL HERNANDEZ CANO y LUIS EDUARDO
CERRA JIMENEZ como acompañantes, mediante la cual resolvieron
revocar la sentencia de primera instancia de fecha 10 de Diciembre de
2024 proferida por el despacho del Juzgado Trece Administrativo Oral del
Circuito de Barranquilla, que había concedido las pretensiones de la
demanda de mi representada, incurriendo en un defecto sustantivo, al no
observar el precedente judicial vertical oportunamente allegado a este
proceso.

3. SE ORDENE al Tribunal Administrativo del Atlántico, que, en un término
prudente y razonable, que no supere los 10 días hábiles, profiera una nueva
sentencia dentro del proceso que da origen a este tutela, radicado con el
numero 08-001-33-33-013-2023-00338-01, en el que funge como parte
demandante la Señora JUDITH DONADO VALEGA y como parte
demandada la UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO, teniendo en cuenta las
pruebas allegadas y decretadas, los hechos de la demanda, las
pretensiones de la misma y sobre todo el precedente judicial vertical de la
Sección Segunda del Consejo que en un caso similar al que ahora nos
ocupa, mediante sentencia del 26 de Septiembre de 2024, atendiendo un
recurso de apelación contra la Sentencia de fecha 11 de Octubre de 2022
proferida por la Sala C del Tribunal Administrativo del Atlántico, confirmó el
fallo condenatorio de la citada Sala C.” (índice 2 del aplicativo Samai –
negrillas, subrayado y mayúsculas del original)

4. Actuación procesal

Mediante auto del 10 de junio de 20252 se admitió la acción de tutela, se notificó al
presidente y magistrados integrantes de la Sala B de Decisión Oral del Tribunal
Administrativo del Atlántico y se vinculó al titular del Juzgado Trece Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Barranquilla y al rector o quien haga sus veces de la
Universidad del Atlántico, entregándoles copia de la demanda y los anexos.

5. Actuación de la autoridad judicial demandada y vinculadas

La juez del Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla3
solicitó que se niegue la solicitud de amparo por considerar que no vulneró los
derechos fundamentales de la demandante o que se declarara su improcedencia;
además, allegó el expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

2
Índice 4 del expediente digital en Samai.
3
Índices 8 y 9 del expediente digital en Samai.

6

Expediente: 11001-03-15-000-2025-03496-00
Demandante: Judith Donado Valega
Acción de tutela

El magistrado ponente de la Sala B de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del
Atlántico4 solicitó que se declare improcedente la solicitud de amparo o, en su
defecto, que se niegue, porque dicha autoridad judicial no desconoció el precedente
judicial y tampoco incurrió en ningún otro defecto, por lo cual lo que pretende la actora
es emplear la acción de tutela como una instancia adicional del proceso ordinario
para que el juez de tutela se pronuncie sobre el fondo del asunto; además, allegó el
expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

El jefe encargado de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Universidad del Atlántico5
solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela por encontrar que no
cumple con los requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional; alegó que no
se demostró que el tribunal demandado hubiere incurrido en algún defecto en la
providencia cuestionada y que la actora pretende emplear este mecanismo
constitucional como una instancia adicional del proceso ordinario por estar en
desacuerdo con la decisión.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. La finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco
para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para
revivir términos precluidos o acciones caducadas.
4
Índice 11 del expediente digital en Samai.
5
Índice 15 del expediente digital en Samai.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-03496-00
Demandante: Judith Donado Valega
Acción de tutela

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del
demandante.

2. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional
a la Sección B de la Sala de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Atlántico
con el fin de que se protejan los derechos constitucionales fundamentales del debido
proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y mínimo vital,
supuestamente vulnerados con ocasión de la sentencia del 14 de febrero de 2025,
mediante la cual se revocó la decisión que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la actora en
contra de la Universidad del Atlántico y, en su lugar, las negó.

En los términos en que fue propuesta la controversia, la Sala negará el amparo por
las razones que procederán a exponerse:

La acción de tutela cumplió con los requisitos genéricos de procedibilidad enunciados
por la jurisprudencia constitucional por cuanto: i) la cuestión que se discute resulta de
relevancia constitucional, en tanto se invocó un defecto por desconocimiento del
precedente jurisprudencial, argumentos que no pudieron ser planteados en el curso
del proceso ordinario, máxime cuando la providencia que se ataca revocó la decisión
de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y,
en su lugar, las negó; ii) se agotaron todos los medios de defensa judicial disponibles
al alcance de las personas afectadas ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo; iii) el presente caso no se trata de una irregularidad procesal que deba
ser tenida como un efecto determinante en la sentencia que se impugna y que afecte
los derechos fundamentales de la parte actora; iv) la parte actora identificó de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se
transgredieron; v) no se ataca una sentencia de tutela y, vi) se cumplió con el
requisito de la inmediatez, si se tiene en cuenta que la acción fue promovida dentro

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-03496-00
Demandante: Judith Donado Valega
Acción de tutela

de los 6 meses siguientes a la notificación de la providencia del 14 de febrero de
20256.

2.1 Caracterización del desconocimiento del precedente

1) El precedente judicial ha sido definido como “aquel conjunto de sentencias previas
al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un
problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una
autoridad determinada, al momento de dictar sentencia7”.

En esos términos, el precedente corresponde a una o varias decisiones previas
relevantes para la solución de un nuevo asunto en el que se plasma el criterio pacífico
y reiterado y se dictan una serie de reglas o parámetros para abordar los casos que,
en lo sucesivo, tengan una estricta y real relación con aquel. Como ante casos con
supuestos fácticos y jurídicos similares se debe otorga un tratamiento jurídico similar,
la sentencia precedente debería determinar el sentido de la decisión posterior en aras
de garantizar la igualdad de las partes ante la ley y la seguridad jurídica en las
decisiones judiciales.

2) No obstante, como lo ha considerado la Corte Constitucional8 es necesario precisar
que no todo el contenido de una sentencia posee “fuerza normativa de precedente”,
pues ello solo será predicable de la “ratio decidendi”. En efecto, para mayor claridad
sobre dicho punto recuérdese que en la estructura de las providencias judiciales es
posible identificar tres partes i) la parte resolutiva o decisum, en la que se profieren
las órdenes vinculantes para las partes del proceso y que constituye la solución al
problema jurídico examinado; ii) la ratio decidendi, compuesta por las consideraciones
o razones que sustentan, motivan y justifican la decisión adoptada, y iii) los obiter
dicta o dichos de paso, que no son más que aquellos argumentos de argumentos de
referencia, complementarios o de contexto que no son vinculantes ni necesarios para
la resolución del asunto.

6
La sentencia fue notificada el 7 de marzo de 2025 y la demanda de acción de tutela se presentó el 6
de junio de 2025.
7
Corte Constitucional, sentencia T-1029 de 2012.
8
Corte Constitucional, sentencia SU-380 de 2021.

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Demandante: Judith Donado Valega
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Se insiste, de las tres partes solo la segunda, esto es, la ratio decidendi posee fuerza
de precedente siempre que ella “i) establezca una regla relacionada con el caso a
resolver posteriormente; ii) haya servido de base para solucionar un problema jurídico
semejante, o una cuestión constitucional similar a la que se estudia en el caso
posterior; y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la providencia anterior
sean semejantes o planteen un punto de derecho parecido al que se debe resolverse
posteriormente7”.

3) Asimismo, no toda providencia judicial constituye precedente aplicable al caso, por
el contrario, hay asuntos que pese a su similitud corresponden a un mero
antecedente judicial, sin la fuerza vinculante necesaria propia del precedente para
establecer una regla cuya aplicación deba necesariamente ser atendida.

4) Partiendo del supuesto de que “no todo lo que dice una sentencia es pertinente
para la definición de un caso posterior”, la Corte Constitucional diferenció entre lo que
se denomina antecedente jurisprudencial y precedente, en sentido estricto.

En la sentencia T-830 de 2012, esa Corporación se pronunció al respecto en los
términos que a continuación se explican:

“El (…) –antecedente- se refiere a una decisión de una controversia anterior
a la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el
punto de vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos
puntos de Derecho (e.g. conceptos, interpretaciones de preceptos legales,
etc.) que guían al juez para resolver el caso objeto de estudio. Por tanto, los
antecedentes tienen un carácter orientador, lo que no significa (a) que no
deban ser tenidos en cuenta por el juez a la hora de fallar, y (b) que lo
eximan del deber de argumentar las razones para apartarse, en virtud de los
principios de transparencia e igualdad. (…)

[Entretanto, el] –precedente-, por regla general, es aquella sentencia o
conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto
de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y
en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la
controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso”.

Luego entonces, puede predicarse la existencia de un precedente en los eventos en
los cuales:

“(i) los hechos relevantes que definen el asunto pendiente de fallo son
semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan un caso del pasado.

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(ii) la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado,
constituye la pretensión del caso presente.

(iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en una distinta o más
específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”.

5) No obstante lo anterior y pese a la fuerza vinculante del precedente, se acepta que
los jueces se aparten de este bajo las siguientes condiciones: i) deben hacer
explícitas las razones por las cuales se abstienen de aplicar el precedente y se
apartan del mismo, lo que se ha denominado cumplimiento de la “carga de
transparencia”; ii) están llamados a demostrar que los argumentos que ofrecen,
desarrollan y amplían de mejor manera el contenido de los derechos, principios y
valores constitucionales objeto de protección, pues no cualquier motivo constituye
una razón válida para “justificar” el apartamiento del precedente, exigencia que se
reconoce como la “carga de argumentación”.

2.2 Análisis del desconocimiento del precedente jurisprudencial en el caso
concreto

1) La demandante señaló que el tribunal demandado desconoció la jurisprudencia del
Consejo de Estado en sede de tutela y en un caso de nulidad y restablecimiento del
derecho en los cuales determinó que en casos similares al suyo la Universidad del
Atlántico debió agotar el procedimiento de revocatoria directa del acto que reconoció
la pensión de jubilación para modificar la forma en que haría el reajuste de las
mesadas. Además, invocó sentencias de las otras salas de decisión del Tribunal
Administrativo del Atlántico en las cuales accedió a las pretensiones de la demanda
en casos con fundamentos fácticos y jurídicos similares.

2) No obstante, la Sala evidenció que las providencias cuyo desconocimiento alega la
demandante no constituyen precedente judicial vinculante, pues se trata de
decisiones proferidas por el Consejo de Estado en sede de tutela y en un caso de
nulidad y restablecimiento del derecho, por lo cual tienen efectos inter partes, y no se
advierte que exista una sentencia de unificación que haya consolidado una línea de
decisión clara que constituya precedente para el caso bajo estudio.

3) Por otro lado, es de precisar que las decisiones del tribunal tampoco constituyen
precedente judicial obligatorio, pues fueron proferidas por salas de decisión diferentes
y en procesos de nulidad y restablecimiento del derecho en los que se estudió el caso
particular de cada demandante, por lo cual la decisión no puede ser trasladada

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automáticamente al caso de la actora en virtud de que esta considere que se trata de
casos con similitud fáctica.

4) Sumado a lo anterior, la Sala advierte que el tribunal demandado sustentó su
decisión en providencias de esta Corporación, a partir de las cuales revocó la
sentencia de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda. En particular,
estudió jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado
relacionadas con el reajuste de las mesadas pensionales9.

5) Especialmente el tribunal citó las consideraciones hechas por la Corte
Constitucional en las que se indicó que el artículo 1° de la Ley 4ª de 1976 fue
derogado tácitamente por el artículo 1° de la Ley 71 de 1988; a su vez el artículo 14
de la Ley 100 de 1993, mediante la cual se creó el Sistema General de Seguridad
Social, avanzando en la política de garantizar el poder adquisitivo constante de las
pensiones, procedió a modificar el artículo 1° de la Ley 71 de 1988, disponiendo,
como regla general, que todas las pensiones se reajustarían anualmente y de oficio el
primero (1°) de enero de cada año, ya no en el mismo porcentaje en que se
incrementaba el salario.

6) Dicha Corporación explicó que, a partir del 1° de enero de 1989 y hasta la entrada
en vigencia de la Ley 100 de 1993, todas las pensiones que fueron reconocidas en el
país, tanto en el sector público como en el privado, se reajustaron anualmente
conforme a la fórmula prevista en la Ley 71 de 1988, esto es, en el mismo porcentaje
en que se incrementó por el Gobierno el salario mínimo legal mensual; que con la
expedición de la Ley 100 de 1993 y su entrada en vigencia, las pensiones
reconocidas antes y después de dicha ley, se vienen reajustando en la forma prevista
por su artículo 14 y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 142 y 143 ibidem,
lo que significa que el referido reajuste se produce anualmente según la variación
porcentual del Índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año
inmediatamente anterior.

9
Sentencia C-110/06, M.P. Rodrigo Escobar Gil; sentencia C-435/17, M.P. Luis Guillermo Guerreo
Pérez; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, C.P. William
Hernández Gómez, sentencia del 17 de agosto de 2017, radicación 11001-03-24-000-2010-00007-00
(3294-14).

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Acción de tutela

7) Finalmente la Corte Constitucional concluyó que específicamente las pensiones
cuyo monto mensual fuese igual al salario mínimo legal mensual vigente sí debían
reajustarse oficiosamente en el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario
por parte del Gobierno Nacional, respecto de las demás se haría con el IPC sin que
pueda entenderse que frente a los ajustes con vigencia de la norma anterior
constituyan un derecho adquirido.

8) En cuanto a la revocabilidad y el decaimiento o pérdida de ejecutoria de los actos
administrativos10, el tribunal, luego de citar jurisprudencia del Consejo de Estado
concluyó que:

“En ese orden, la Sala considera que en este caso operó la pérdida de la
ejecutoriedad del artículo 2° de la Resolución No. 000974 del 20 de mayo
de 1997 y no su revocatoria directa, por las siguientes razones:

(i) Con la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, desaparecieron sus
fundamentos de derecho; en efecto, si bien la institución universitaria
accionada, pese a que en la data del acto de reconocimiento pensional ya
estaba vigente el referido estatuto, ordenó reajustar la pensión conforme a
la Ley 71 de 1988 y así lo aplicó hasta el año 1999, la colegiatura entiende
que, al percatarse de esa falencia, dejó de ejecutar el citado articulado,
pues no estaba en la obligación de hacerlo.

(ii) No se presenta alguna de las causales del artículo 93 del CPACA: se
reitera que, lo acontecido fue la desaparición del fundamento normativo.

(iii) No existe manifestación de la universidad, relacionada con la revocatoria
del artículo 2° de la Resolución No. 000974 del 20 de mayo de 1997; en
cambio, operó su pérdida de ejecutoriedad, por ministerio de la Ley.

(iv) No hay una decisión que invalide el contenido jurídico del aludido
artículo 2°; por lo tanto, lo que se presentó fue su ineficacia.

Adicionalmente, el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 es claro en señalar
que, las pensiones “se reajustarán anualmente de oficio, el primero de
enero de cada año”; por tanto, no era necesario contar con la autorización
de la señora Sánchez Jiménez.»” 11.

9) Adicionalmente, el tribunal se refirió a una de las sentencias de tutela proferidas
por la Sección Cuarta de esta Corporación12, cuyo desconocimiento alega la actora, y

10
Sala de Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. José Roberto Sáchica Méndez, sentencia
del 02 de julio de 2021, radicación: 68001-23-33-000-2014-00656-01 (58372); Consejo de Estado. Sala
de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Bogotá. 3
de noviembre de 2011. Radicación 11001-03-24-000-2006-00225-00; Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, sentencia del 02 de junio de
2016, radicación: 11001-03-24-000-2007-00125-00.
11
Índice 2 del expediente digital en Samai.
12
Radicado 11001-03-15-000-2022-06735-00, sentencia del 2 de marzo de 2023.

13

Expediente: 11001-03-15-000-2025-03496-00
Demandante: Judith Donado Valega
Acción de tutela

determinó que esa decisión aún no estaba ejecutoriada porque para ese momento no
se había resuelto la impugnación presentada por la Universidad del Atlántico y que,
en todo caso, no era aplicable porque las sentencias de tutela tienen efectos inter
partes.

10) El tribunal concluyó que el reajuste pensional reconocido a la demandante por la
Universidad del Atlántico mediante el artículo 2 de Resolución no. 000974 del 20 de
mayo de 1997 no era un derecho adquirido y podía ser susceptible de modificación
por leyes posteriores y eso fue lo que sucedió con la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993, la cual dispuso en su artículo 14 que la proporción en la que se
indexarían las mesadas pensionales superiores al salario mínimo se haría según la
variación porcentual del IPC para el año inmediatamente anterior y como la actora
devenga un salario mayor su incremento debía hacerse con base en el IPC.

11) En consecuencia, la Sala concluye que, contrario a lo afirmado por la parte
demandante, la autoridad judicial demandada no incurrió en un desconocimiento del
precedente jurisprudencial, sino que se basó en jurisprudencia de esta Corporación y
de la Corte Constitucional para interpretar las normas aplicables al caso, en vista de
que no existe una línea jurisprudencial unificada que fuera aplicable al caso bajo
estudio.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

FALLA:

1º) Niégase el amparo invocado, de conformidad con las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual

14

Expediente: 11001-03-15-000-2025-03496-00
Demandante: Judith Donado Valega
Acción de tutela

revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado (E) Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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