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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03499-00

Fecha
10 de julio de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutiérrez Arguello
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03499-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por la señora María Isabel Moreno Arcia, dadas las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-03499-00 Demandante: María Isabel Moreno Arcia 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada la presente decisión, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03499-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello

10 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-03499-00
Demandante MARÍA ISABEL MORENO ARCIA
Demandado CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Temas Acción de tutela contra acto administrativo. La subsidiariedad.
Examen de Estado para abogados.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia, la acción de tutela
instaurada por la señora María Isabel Moreno Arcia, de conformidad con lo
dispuesto por el Decreto 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones
El 6 de junio de 20251, la señora María Isabel Moreno Arcia, en nombre propio,
instauró acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al trabajo, debido proceso, igualdad, dignidad humana y acceso a la
administración de justicia.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRINCIPALES
1. Amparar mis derechos fundamentales al trabajo (Art. 25 C.P.), al debido proceso (Art. 29
C.P.), a la igualdad (Art. 13 C.P.), a la dignidad humana (Art. 1 C.P.) y al acceso a la
administración de justicia (Art. 229 C.P.), los cuales han sido vulnerados por la decisión
del Consejo Superior de la Judicatura – URNA al negarme la expedición de la tarjeta
profesional como abogada, pese a cumplir con todos los requisitos académicos
legalmente establecidos.
2. En consecuencia, ordenar al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad del Registro
Nacional de Abogados (URNA) que, en el término improrrogable que el despacho
determine, revoque la Resolución No. 3737 de 2025 y su confirmatoria, y en su lugar
proceda a expedir mi tarjeta profesional de abogada, reconociendo la validez de mi
formación académica y demás requisitos exigidos por la ley.
3. Así mismo, solicito que en mi caso particular se inaplique la exigencia del examen estatal
obligatorio establecido por la Ley 1905 de 2018, por constituir una barrera irrazonable y
desproporcionada que vulnera mis derechos fundamentales, en especial cuando he
acreditado de forma suficiente y legítima mi idoneidad profesional mediante un título
otorgado por una universidad legalmente reconocida por el Estado.
SUBSIDIARIA
1. Subsidiariamente, en caso de que el despacho considere que no es procedente la
expedición inmediata de la tarjeta profesional definitiva, solicito se ordene al Consejo
Superior de la Judicatura – Unidad del Registro Nacional de Abogados (URNA) la
expedición de una tarjeta profesional provisional, que me habilite para ejercer
temporalmente la abogacía, mientras se resuelve de fondo la legalidad y razonabilidad
de los requisitos exigidos por la Ley 1905 de 2018, en especial el examen estatal, cuya

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Samai, índice 2. 1

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Demandante: María Isabel Moreno Arcia

aplicación automática y sin considerar el principio de progresividad afecta derechos
fundamentales como el trabajo, la igualdad y la dignidad humana».

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. La señora María Isabel Moreno Arcia obtuvo su título como abogada en el año
2025 de la Universidad del Sinú.

2.2. El 11 de marzo de 2025, la señora María Isabel Moreno Arcia le solicitó a la
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares del Consejo Superior
de la Judicatura la expedición de la tarjeta profesional de abogada.

2.3. Mediante Resolución 3737 de 22 de abril de 2025, la Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares negó la solicitud de tarjeta profesional,
porque encontró que la solicitante no había presentado el examen de Estado
consagrado en la Ley 1905 de 2018.

2.4. La señora María Isabel Moreno Arcia presentó recurso de reposición contra
dicha resolución, el cual fue decidido mediante Resolución 5004 de 26 de
mayo de 2025, en el cual se resolvió no reponer la resolución inicial.

3. Fundamentos de la acción

La tutelante controvirtió la decisión del Consejo Superior de la Judicatura, Unidad
de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares consistente en negar la solicitud de
expedición de la tarjeta profesional de abogada.

Aseguró que como resultado de esa determinación no ha podido ejercer su
profesión, ya que ha sido excluida de procesos de selección laboral y concursos
públicos por no contar con la tarjeta profesional, pues esta última es un requisito
habilitante e indispensable. Circunstancia que ha impactado negativamente su
estabilidad económica y su proyecto de vida.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Mediante auto de 11 de junio de 2025, se admitió la acción de tutela
interpuesta por la señora María Isabel Moreno Arcia contra el Consejo Superior
de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia; y se dispuso efectuar las notificaciones correspondientes.

4.2. La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
del Consejo Superior de la Judicatura sostuvo que no se cumple con el
requisito de subsidiariedad, debido a que la pretensión de la accionante está
encaminada a controvertir la decisión adoptada mediante la Resolución 3737
de 2025, confirmada mediante acto administrativo del 26 de mayo de 2025,
por medio de la cual se le negó la expedición de la tarjeta profesional por no
acreditar el cumplimiento del requisito legal del examen de Estado establecido
en la Ley 1905 de 2018.

Sostuvo que la legalidad de dicho acto administrativo de carácter particular y
concreto debe ser cuestionada a través de los mecanismos ordinarios de
control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, conforme a lo
dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

Agregó que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para controvertir
decisiones administrativas y que en el caso no se configura perjuicio
irremediable alguno.

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Por otra parte, en el evento de estudiar de fondo de la acción tutela, solicitó
negar el amparo, porque en el caso no existe una actuación u omisión
administrativa injusta que afecte los derechos fundamentales invocados.

En su criterio, tal circunstancia no se presenta en el caso, puesto que la
decisión de no expedir la tarjeta profesional se fundamentó en las
disposiciones legales y jurisprudenciales que rigen la materia.

Sobre el marco normativo aplicable, sostuvo que la Ley 1905 de 28 de junio
de 2018 estableció la aprobación del examen de Estado como requisito para
el ejercicio de abogado:
«ARTÍCULO 1. Para ejercer la profesión de abogado, además de los requisitos exigidos en
las normas legales vigentes, el graduado deberá acreditar certificación de aprobación del
Examen de Estado que para el efecto realice el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ).
Se entenderá aprobado el Examen de Estado cuando el resultado supere la media del puntaje
nacional de la respectiva prueba. En el resultado individual de cada examen, el CSJ señalará
la representación porcentual del puntaje obtenido sobre la media nacional.
Parágrafo 1°. Si el egresado o graduado no aprueba el examen, se podrá presentar en las
siguientes convocatorias que señale el CSJ hasta tanto obtenga el porcentaje mínimo exigido.
PARÁGRAFO 2. La certificación de la aprobación del Examen de Estado será exigida por el
Consejo Superior de la Judicatura o por el órgano que haga sus veces para la expedición de
la Tarjeta Profesional de Abogado. Para ser representante de una persona natural o jurídica
para cualquier trámite que requiera un abogado, será necesario contar con la tarjeta
profesional de abogado, que solo se otorgará a quienes hayan aprobado el examen. Para las
demás actividades no se requerirá tarjeta profesional.
ARTÍCULO 2. El requisito de idoneidad para el ejercicio de la profesión de abogado
establecido en la presente ley se aplicará a quienes inicien la carrera de derecho después de
su promulgación».

En armonía con la anterior norma, la unidad de registro indicó que se expidió
el Acuerdo PCSJA24-12162 de 9 de abril de 2024, en el cual se estableció que
(i) para poder ejercer la profesión de abogado se requiere estar inscrito en el
Registro Nacional de Abogados y (ii) para ejercer la representación de
terceros, se debe solicitar la expedición de la tarjeta profesional de abogado.

Seguido, expuso que en la sentencia SU-128 de 2024 la Corte Constitucional
se pronunció sobre las disposiciones contenidas en la Ley 1905 de 2018 y
ordenó a «(i) todas aquellas personas graduadas del pregrado en Derecho y destinatarias
de la Ley 1905 de 2018, a quienes el Consejo Superior de la Judicatura hubiere expedido
tarjeta profesional provisional, y que presentaron la solicitud antes de las cero horas (0:00) del
26 de diciembre de 2023 y (ii) todas las personas graduadas del pregrado en Derecho y
destinatarias de la Ley 1905 de 2018 que presentaron la solicitud de tarjeta profesional antes
de las cero horas (0:00) del 26 de diciembre de 2023, siempre y cuando satisfagan los demás
requisitos vigentes para la expedición de la tarjeta profesional».

Con base en lo anterior, sostuvo que la mencionada sentencia solo cobija a
quienes solicitaron la tarjeta profesional antes del 26 de diciembre de 2023 y
que no pudieron presentar el examen por no haber sido implementado aún.
Por consiguiente, la unidad de registro aseguró que dicha circunstancia
excluye a la accionante de los supuestos excepcionales contemplados en la
sentencia SU-128 de 2024, debido a que aquella presentó la solicitud de
expedición de la tarjeta profesional el 11 de marzo de 2025. Además, agregó
que la tutelante inició sus estudios de derecho el 21 de enero de 2019, es decir
con posterioridad a la Ley 1905 de 2018.

Por ende, indicó que la señora Moreno Arcia sí se encuentra sometida al
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 1905 de 2018,
incluyendo la aprobación del examen de Estado de idoneidad para el ejercicio
de la abogacía.

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De otro lado, en cuanto a la pretensión de que se expida una tarjeta profesional
con vigencia provisional, manifestó que tanto el Consejo de Estado como la
Corte Constitucional han indicado que el Consejo Superior de la Judicatura no
tiene competencia para regular y expedir la tarjeta profesional con vigencia
provisional. De ahí que no le es posible proceder con dicha expedición.

Agregó que no todas las actividades laborales relacionadas con el ejercicio del
derecho están condicionadas a la presentación de la tarjeta profesional de
abogado. Al contrario, existe un campo amplio que la tutelante puede
desarrollar cuando adelante su inscripción como abogada en el Registro
Nacional de Abogados.

En suma, concluyó que la negativa de expedir la tarjeta profesional no vulnera
los derechos fundamentales de la accionante, sino que obedece al
cumplimiento estricto del marco legal vigente, el cual no prevé excepciones
para casos como el de la tutelante. Y agregó que la pretensión de inaplicar la
ley o de crear una figura provisional sin respaldo normativo no puede ser
atendida, pues su gestión se encuentra regida por los límites legales y las
decisiones proferidas por las altas cortes.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales.

Sin embargo, la acción es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando
se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Planteamiento del problema jurídico

De los antecedentes expuestos, le corresponde a la Sala establecer si se cumple
con el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela por controvertirse a través
de la acción de tutela actos administrativos.

En caso de superar tal análisis, la Sala determinará si la Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la
Judicatura vulneró los derechos fundamentales al trabajo, debido proceso, igualdad,
dignidad humana y acceso a la administración de justicia de la señora María Isabel
Moreno Arcia, como consecuencia de lo dispuesto en las resoluciones 3737 de 22
de abril de 2025 y 5004 de 26 de mayo de 2025.

3. Requisito de la subsidiariedad de la acción de tutela

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela es el de subsidiariedad. Esa
norma dispone que la tutela «solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable». A su turno, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece que la
acción de tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial,
a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

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Según esas normas, la subsidiariedad hace referencia a que la acción de tutela solo
procede cuando no existen otros medios de defensa idóneos para amparar los
derechos fundamentales invocados; o siempre que ello sea necesario para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo
transitorio de protección. De esta forma, se busca que los mecanismos ordinarios
de defensa para la protección de los derechos no sean desplazados o suplantados
por la acción de tutela.

Así las cosas, la tesis de la Sección consiste en que, por regla general, cuando
existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz no es procedente la acción de
tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del medio de defensa se definen en
función del caso concreto, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentra
el solicitante. En ese estudio también debe analizarse la existencia o no de un
perjuicio irremediable, en los términos del numeral 1º del artículo 6 del Decreto 2591
de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

En ese sentido, el juez de tutela tiene la potestad de valorar las circunstancias
particulares de cada caso y determinar si la acción es procedente; o si, por el
contrario, existen otros medios que permiten satisfacer los derechos fundamentales
del actor.

Sobre el requisito de subsidiariedad, la Corte Constitucional ha manifestado lo
siguiente:
«La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones
de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un
derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro
mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección
del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un
mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar
el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción
de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción
de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para
alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del
actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección,
precisamente incorporado a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con el fin
de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una
plena protección de sus derechos esenciales (…)»2.

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe probar
que se agotaron los recursos que tenía a su disposición pues, de lo contrario, la
tutela deviene improcedente.

Ahora bien, con fundamento en el requisito de la subsidiariedad, la jurisprudencia
de las altas cortes ha concluido que, por regla general, esta acción es improcedente
cuando se pretende controvertir actos administrativos, puesto que el interesado
puede o pudo discutir su contenido a través de distintos medios de control,
dependiendo de la naturaleza del acto, sea general o particular.

4. Análisis en el caso

4.1. Explicado lo anterior, la Sala considera que no se cumple con el requisito de
subsidiariedad, porque en el caso existe un mecanismo de defensa ordinario
a través del cual la parte actora puede controvertir las resoluciones 3737 de
22 de abril del 2025 y 5004 de 26 de mayo de 2025: el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 de la Ley
1437 de 2011, según el cual «Toda persona que se crea lesionada en un derecho
subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá
solicitar que se le repare el daño».

2
Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 1992.

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4.2. Con todo, es preciso observar que se pueden presentar casos excepcionales
en los que a pesar de la existencia de otro medio de defensa judicial es posible
que la tutela proceda como mecanismo transitorio. Y esto obedece a que la
existencia de un medio judicial ordinario no necesariamente significa la
improcedencia de la acción de tutela.

Sin embargo, en el caso no se configuran tales eventos excepcionales, debido
a que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es idóneo
y eficaz para resolver las inconformidades mencionadas por la tutelante. Para
la Sala, este resulta eficaz para la defensa del derecho invocado en el escrito
de tutela, en el marco del cual la parte actora cuenta con las garantías y
herramientas que le provee el debido proceso que caracteriza el proceso
judicial.

El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, además,
posibilita el empleo de medidas cautelares que, gracias a los cambios
introducidos en la Ley 1437 de 2011, garantizan celeridad y mayor campo de
valoración para el juez contencioso administrativo. De manera que en el
supuesto de que existiera un perjuicio de vasta magnitud las medidas
cautelares garantizan la idoneidad y celeridad del medio de control referido.

Sobre el tema, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado sostuvo lo siguiente:
«i) lo que ahora se discute a través de la acción de tutela se podrá discutir promoviendo
el proceso de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que:
ii) que la suspensión provisional del nuevo código tiene la misma prontitud y eficacia
protectora que la acción de tutela, por varias razones: a) porque se decide al iniciar el
proceso, b) procede para evitar un “perjuicio irremediable”; y iii) porque la contradicción
que se exige para suspender el acto administrativo ya no tiene el rigor y la exigencia del
pasado: que sea ostensible; de hecho se puede hacer un estudio complejo para
concluirlo»3.

Además de tratarse de un mecanismo eficaz e idóneo, en el cual se pueden
solicitar medidas cautelares, en el caso no existe un perjuicio irremediable en
los términos dispuestos por la jurisprudencia constitucional, es decir una
afectación grave, inminente y que requiera medidas impostergables. Esto
obedece a que (i) la accionante puede intentar ejercer su profesión en roles
que no necesariamente impliquen la representación judicial; y (ii) la negativa
a su solicitud se fundamentó en un requisito de ley imprescindible, situación
que, en todo caso, puede superarse fácilmente una vez la accionante apruebe
el examen de Estado.

Tal como se explicó en la sentencia SU-128 de 2024, la función social de la
abogacía se relaciona no solo con la resolución de problemas, sino con el
ejercicio de representación de terceros que depositan su confianza en el
profesional del derecho. Además, como lo indicó la Corte Constitucional, la
abogacía es la profesión que más incidencia tiene en la calidad de las
instituciones estatales y, consecuentemente, en la consolidación del Estado
de Social Derecho y el buen funcionamiento del sistema democrático.

Para la alta Corte el examen de Estado como requisito de idoneidad adicional
está justificado, pues permite verificar la aptitud del graduado de derecho,
asegurar un estándar mínimo de calidad y contribuir a mejorar la formación de
los estudiantes de derecho.

A partir de lo expuesto, para la Corte es claro que la función social de la
profesión de abogado y el consecuente riesgo que implica su ejercicio

3
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de marzo de 2014. Radicado 25000-
23-42-000-2013-06871-01. Actor: Gustavo Francisco Petro Urrego. Demandado: Procuraduría General de la Nación.

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adecuado justifican la decisión del Legislador de establecer un requisito de
idoneidad adicional, como lo es el «Examen de Estado», cuyos objetivos, de
conformidad con la Sentencia C-138 de 2019, pueden sintetizarse en: (i)
verificar, con base en criterios objetivos e imparciales, la idoneidad profesional
y las capacidades y aptitudes de los graduados en Derecho; (ii) asegurar un
estándar mínimo de calidad que permita diferenciar las competencias entre
estos graduados y, (iii) contribuir a mejorar la formación disciplinar e
interdisciplinar de los estudiantes de Derecho.

La exigencia legítima del examen de idoneidad redunda en un beneficio para
la sociedad porque asegura que profesionales que reúnen la totalidad de los
requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico sean quienes ejerzan la
profesión en todos sus ámbitos.

Por consiguiente, la relevancia social de la profesión de abogado, el riesgo que
implica su ejercicio, la consagración del examen de Estado como un requisito
de ley justificado y la posibilidad que la accionante ejerza otros roles jurídicos
que no impliquen representación judicial desdibujan la existencia de un
perjuicio irremediable.

Por lo tanto, se considera que en el caso no se configuran las condiciones
necesarias para que la tutela proceda como mecanismo transitorio. Ni existe
un perjuicio que cumpla con las características dispuestas por la jurisprudencia
constitucional para ser considerado como irremediable ni se advierte la falta
de idoneidad o ineficacia del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho.

A causa de lo anterior, se debe concluir que no existe razón válida que permita
la procedencia excepcional de la tutela en el caso.

4.3. Finalmente, es importante recordar que es imperativo que se cumplan con
rigor cada uno de los requisitos de procedencia de la acción de tutela,
incluyendo el de subsidiariedad. Si estos no se cumplen no hay lugar a estudiar
el asunto de fondo, escenario último en el que se determinaría si las
autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales alegados por
la parte actora.

5. Conclusión

Por las razones expuestas, la Sala concluye que no se satisface el requisito de
subsidiariedad de la acción de tutela, dada la existencia de otro mecanismo judicial
de defensa al cual se debe acudir para controvertir los actos administrativos
controvertidos; a lo que se suma que no se configuran las condiciones necesarias
para que la tutela proceda como mecanismo transitorio. En consecuencia, la Sala
declarará la improcedencia de la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por la señora
María Isabel Moreno Arcia, dadas las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

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3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada la presente decisión, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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