Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03501-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03501-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-03501-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
3 de julio de 2025
Demandante: Carlos Alirio Rojas Morales
Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Rad: 11001-03-15-000-2025-03501-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03501-00
Demandante: CARLOS ALIRIO ROJAS MORALES
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia por falta de
relevancia constitucional. Ausencia de configuración del
defecto de desconocimiento del precedente.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela interpuesta por
el accionante, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la Constitución
Política, artículo 86, y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
Mediante escrito presentado el 6 de junio de 2025, el señor Carlos Alirio Rojas
Morales, por conducto de apoderado judicial, entabló acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
Judicial de Ibagué, en la que solicitó la protección de sus derechos fundamentales
a la igualdad, el debido proceso y el acceso a la administración de justicia.
Para el actor, tales garantías constitucionales fueron vulneradas por las
autoridades judiciales con ocasión de los autos del 19 de julio de 2024 y 13 de
marzo de 2025, dictados al interior del proceso ordinario de reparación directa
73001-33-33-003-2024-00128-00/011, en los que se concluyó que la demanda
1 Promovido en contra de del municipio de Ibagué, el departamento del Tolima, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de
Defensa Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación
1
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Demandante: Carlos Alirio Rojas Morales
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había sido presentada de manera extemporánea configurado de esta manera el
fenómeno de caducidad.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en ese sentido, pidió:
[…]
2.- Ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima proferir decisión de remplazo, de
acuerdo con lo establecido en la Constitución, la ley y la jurisprudencia, con el fin de
que no se vulneren los derechos fundamentales en la primera consagrados.2
1.3. Hechos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
El señor Carlos Alirio Rojas Morales, a través de mandatario judicial, entabló medio
de control de reparación directa en contra del municipio de Ibagué, el departamento
del Tolima, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, el
Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Defensa Nacional, la Policía
Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
En dicho contencioso se pretendía debatir la eventual responsabilidad de las
autoridades demandadas, derivado de las condiciones de hacinamiento que tuvo
que soportar el señor Rojas Morales mientras estuvo privado de la libertad en el
periodo comprendido entre el 11 de noviembre de 2021 hasta el 3 de mayo de
2022, en las instalaciones del Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué.
El asunto correspondió en primera instancia al Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito Judicial de Ibagué que, por auto del 19 de julio de 2024, rechazó la
demanda por haber operado el fenómeno de caducidad del medio de control. Lo
anterior, por cuanto el demandante conoció de las condiciones de sobrepoblación
carcelaria desde el día en que ingresó al Complejo Carcelario y Penitenciario de
Ibagué.
Apelada la anterior decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo del
Tolima mediante proveído del 13 de marzo de 2025. En dicha oportunidad, la
autoridad judicial concluyó lo siguiente:
2 Transcripción original del texto con posibles errores.
2
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Bajo las anteriores premisas, esta Corporación considera que, el señor Carlos Alirio
Rojas Morales tuvo conocimiento de las condiciones públicas de hacinamiento en
las que se encontraba a Permanente Central de Ibagué – Tolima desde el momento
que fue ingresado, siendo esto, según las pruebas allegadas, el 11 de noviembre de
2021, por lo que al presentar la solicitud de conciliación extrajudicial el 8 de abril de
2024, el término de 2 años para presentar la acción se encontraba ampliamente
superado.
La anterior decisión fue notificada a la parte demandante el 19 de marzo de 2025
y quedó ejecutoriada el 25 siguiente.
1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo
Luego de recapitular desde el punto de vista jurisprudencial los requisitos de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, enfatizó que
éstos se encuentran acreditados en el presente asunto.
Explicó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en desconocimiento
del precedente, pues no aplicaron los criterios jurisprudenciales establecidos por
el Consejo de Estado sobre la materia. Específicamente, lo atinente al punto de
inicio para el conteo del término de caducidad.
Al respecto, trajo a colación la sentencia del 6 de diciembre de 2022 proferida al
interior del proceso 05001-23-31-000-2002-04829-013, en el que se acogió un
criterio sustancialmente diferente al expuesto por las accionadas.
Asimismo, relacionó los fallos de tutela proferidos en los expediente 11001-03-15-
000-2025-01176-004 y 11001-03-15-000-2025-02071-005, en los que se ha
establecido que las condiciones de hacinamiento carcelario comportan un daño
continuado, lo que muta las circunstancias a partir de las cuales se debe realizar
el estudio de la caducidad.
Por otro lado, refirió una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil, Familia y Agrario, la cual, en su sentir, resulta aplicable al presente
asunto, dado que abordó el tema del cómputo de caducidad.
Finalmente, relató que al interior del Tribunal Administrativo de Quindío, el Tribunal
Administrativo del Tolima, el Tribunal Administrativo de Antioquia hay salas que
aplican un criterio diferente al utilizado en su caso, lo cual, en su sentir conlleva la
trasgresión de su derecho fundamental a la igualdad, pues está recibiendo un trato
discriminatorio frente a otras personas.
3 MP Guillermo Sánchez Luque.
4 MP José Roberto Sáchica Méndez
5 MP Fernando Alexei Pardo Flórez
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Aunado lo anterior, alegó un defecto material o sustantivo por errónea
interpretación de la norma que regula el cómputo del término de caducidad. Lo
anterior, dado que, desde su punto de vista, dicho plazo solo empezó a
contabilizarse a partir del momento en que cesó el daño.
1.5. Trámite de la acción de tutela
La magistrada ponente, por auto del 12 de junio de 2025, admitió la acción de
tutela, ordenó la notificación del Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, dispuso la vinculación del
municipio de Ibagué, el departamento del Tolima, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, la Unidad
de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, el Ministerio de Justicia y del Derecho,
el Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la
Nación, y, por último, ordenó a la Secretaría de la corporación realizar una
publicación sobre la existencia del trámite de la referencia.
1.6. Intervenciones
El Ministerio de Justicia y del Derecho advirtió que no se configuró la vulneración
de los derechos fundamentales invocados, por cuanto la solicitud de amparo no
puede ser usada como medio para revivir términos ya precluidos. Por otro lado,
indicó que carece de legitimación en la causa por pasiva, pues la acción busca
reprochar decisiones dictadas por autoridades judiciales.
El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué relató las
actuaciones procesales surtidas al interior del proceso ordinario, para acto seguido
acotar que la providencia judicial no fue tomada de forma caprichosa o arbitraria.
El Municipio de Ibagué relató que no ha incurrido en acción u omisión que
constituya vulneración de las garantías constitucionales del actor. Explicó que no
hay aptitud sustancial frente al amparo alegado, por cuanto se busca atacar una
providencia judicial.
La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios y el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario solicitaron la desvinculación del trámite, por carecer
de legitimación en la causa por pasiva.
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial refirió que no es la entidad
llamada a soportar las pretensiones de la demanda, pues no cuenta con la
competencia para remover del ordenamiento jurídico las decisiones adoptadas al
interior de los procesos judiciales.
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La Fiscalía General de la Nación relató que no cuenta con legitimación en la
causa por pasiva, dado que no existe causalidad entre las decisiones judiciales
reprochadas y las conductas del ente acusador. Por otro lado, advirtió que el
asunto carece de relevancia constitucional, pues se busca reabrir un debate
zanjado por el juez ordinario.
La Policía Nacional indicó que el amparo cuestiona providencias judiciales
dictadas por las autoridades judiciales accionadas, sin hacer mención alguna a la
entidad y, en ese sentido, solicitó su desvinculación del asunto.
El Tribunal Administrativo del Tolima a través de la secretaría de la Corporación
remitió el acceso al expediente del proceso ordinario.
1.7. Manifestación de impedimento del doctor Omar Joaquín Barreto Suárez
El magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, mediante escrito del 2 de julio de
2025, manifestó estar impedido para conocer de la acción de tutela de la referencia.
Lo anterior, en razón a que se encuentra incurso de la causal establecida en el
numeral 1.° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, pues, su cónyuge
se encuentra vinculada como fiscal adscrita en carrera del ente acusador.
La Sala mediante proveído del 3 de julio de 2025 declaró infundado el anterior
impedimento, por cuanto no se demostró el elemento subjetivo que denote el
interés directo de la cónyuge en el trámite del proceso ordinario sobre el cual versa
la solicitud de amparo.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción constitucional del asunto, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.
2.2. Cuestión previa
Con su escrito de intervención, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el municipio
de Ibagué, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Fiscalía General de
la Nación, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios y el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario solicitaron su desvinculación del trámite constitucional.
La Sala accederá al pedimento alegado, dado que, con base en las actuaciones
que se dieron en el proceso ordinario 73001-33-33-003-2024-00128-00/01, se
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tiene que no hubo auto admisorio de la demanda, por lo que tampoco se surtió acto
procesal alguno de notificación a las demandadas y, en consecuencia, nunca se
trabó la litis en tal asunto.
En ese sentido, se tiene que las entidades en cita carecen de interés en la presente
acción constitucional, por lo que se dispondrá su desvinculación en la parte
resolutiva de esta decisión.
2.3. Problema jurídico
Conforme lo establecido en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
accionante, el material probatorio recaudado y la intervención presentada,
corresponde a la Sala abordar los siguientes interrogantes:
• ¿Se superan los requisitos adjetivos de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:
• ¿Se configuró la vulneración de los derechos fundamentales del accionante,
con ocasión del auto del 13 de marzo de 2025, proferido por el Tribunal
Administrativo del Tolima, que confirmó la decisión del 19 de julio de 2024
dictada por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
Ibagué, la cual dispuso el rechazo de la demanda por haber operado el
fenómeno de caducidad del medio de control?
Es de recibo indicar que el estudio que hará la Sala versara únicamente sobre la
anterior decisión, pues es con ocasión de ésta que se consolidó la situación jurídica
de la parte accionante de cara al proceso ordinario de reparación directa que
promovió.
Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; ii) de los requisitos generales de procedibilidad
de la tutela contra providencia judicial y iii) el caso en concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20126
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
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Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema7 y declaró su
procedencia.8
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Requisitos de procedencia
Para el caso en concreto, la Sala anticipa que declarará improcedente la acción
constitucional ante la falta de relevancia constitucional respecto al cargo por
defecto sustancial, puesto que no cumple con las reglas establecidas por la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-215 de 20229.
En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias
judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
8 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
9 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones
de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio
de igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia
y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una
instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes
o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal10 (Énfasis de
la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico11; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional12.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal13”. En este orden, se reitera que
10 Sentencia SU-573 de 2019.
11 Sentencia SU-103 de 2022.
12 Sentencia SU-103 de 2022.
13 Sentencia SU-103 de 2022.
8
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el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda
la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales14”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.
[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto15, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de
los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal16. (Resaltado
de la Sala)
A partir de los hechos expuestos en la solicitud de amparo, los documentos que
conforman el proceso ordinario y las decisiones de primera y segunda instancia, la
Sala advierte que el cargo por defecto sustancial no goza de relevancia
constitucional y, en ese sentido, debe ser declarada improcedente la acción de
tutela.
Se advierte que el amparo constitucional estudiado no tiene la identidad o
trascendencia para aplicar, interpretar o desarrollar mandatos constitucionales,
toda vez que la discusión planteada por la parte accionante pone en evidencia una
inconformidad con la conclusión a la que llegó el juez de segunda instancia.
Adicionalmente, desde el ámbito argumentativo, los reparos que son expuestos en
el escrito introductorio, pese a hacer una enunciación de garantías y hacer un uso
de lenguaje de carácter constitucional, no exponen con suficiencia razones de peso
que justifiquen la intromisión del juez constitucional. Máxime cuando no se
evidencia prima facie vulneración de los derechos fundamentales por parte de la
autoridad judicial accionada.
La carga argumentativa que hace alusión la Corte Constitucional no se satisface
simplemente con enunciar y transcribir artículos de la Constitución Política para
cumplir el mencionado ejercicio, sino que dicha labor comprende un ejercicio
argumentativo mucho más profundo.
Los reparos que planteó el extremo accionante tienen como finalidad la imposición
de su criterio hermenéutico sobre el que primó para el juez el de segunda instancia,
sobre el cómputo del término de caducidad.
14 Sentencia SU-128 de 2021.
15 Sentencia SU-573 de 2019.
16 Ibid.
9
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Por otro lado, frente al cargo denominado desconocimiento del precedente la
Sala estima que si cumple el presupuesto de relevancia constitucional, dado que
se trata de la presunta lesión de varios derechos fundamentales, en particular de
la garantía de acceso a la administración de justicia y contrariando el criterio fijado
por el Consejo de Estado sobre la materia.
Aunado lo anterior, se advierte que la decisión reprochada conlleva
intrínsecamente la imposibilidad de la parte de activar el aparato judicial, pues, se
reitera, se trata de un auto que rechazó la demanda por haber operado la
caducidad del medio de control, lo cual deja al actor sin la posibilidad de obtener
un pronunciamiento de fondo sobre su controversia.
En este punto, resulta pertinente que el estudio se hará a partir de las decisiones
del órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa administrativa, lo cual conlleva
la exclusión de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil, Familia y Agrario.
Asimismo, frente a la eventual vulneración del derecho a la igualdad, tampoco se
hará un estudio de fondo, dado que las decisiones alegadas por la parte
corresponden a tribunales administrativos de diferentes distritos judiciales, lo cual
hace inviable aplicar la figura del precedente horizontal.
En cuanto al requisito de subsidiariedad se tiene que el auto proferido por el
Tribunal Administrativo del Tolima no es pasible de otro mecanismo ordinario de
impugnación, aunado el hecho que, dada el tipo de providencia que es, no es
susceptible de los recursos extraordinarios reservados únicamente para las
sentencias.
Asimismo, con base en el recuento fáctico realizado, la decisión data del 13 de
marzo de 2025, por lo que, sin necesidad de establecer la fecha de ejecutoria de
ésta, se advierte, sin hesitación alguna, que la acción de tutela se promovió dentro
de un término razonable, con lo que se cumple con el presupuesto de inmediatez.
Finalmente, se reitera que las decisiones judiciales reprochadas a través de la
solicitud de amparo fueron proferidas al interior del proceso ordinario que en
ejercicio del medio de control de reparación directa promovió el señor Carlos Alirio
Rojas Morales. Lo anterior, satisface el requisito de que la acción no cuestione otra
decisión de la misma naturaleza, es decir tutela contra tutela.
2.6. Desconocimiento del precedente y el caso concreto
La Sala precisa que el precedente es aquella regla creada por una alta corte para
solucionar un determinado conflicto jurídico, sin que sea necesario un número
plural de decisiones en el mismo sentido para que aquella sea considerada como
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precedente. Igualmente, constituyen precedente las sentencias de
constitucionalidad y las de unificación, expedidas tanto por la Corte Constitucional,
como por el Consejo de Estado.
Asimismo, el máximo tribunal constitucional ha definido al precedente judicial
como: «[…] la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado,
que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe
necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir
un fallo17».
El principio de coherencia también comporta el deber de respeto por los
precedentes horizontales, es decir, las decisiones adoptadas por el mismo juez 18.
Así, la Corte Constitucional ha indicado que:
[…] el respeto al precedente es una obligación de todas las autoridades
judiciales, - sea éste vertical u horizontal-, dada su fuerza vinculante y su
inescindible relación con la protección de los derechos al debido proceso e
igualdad19.
Lo anterior, dado que el precedente constituye una herramienta de protección de
la confianza legítima y la buena fe, en la medida en que el respeto por las
decisiones anteriores obedece a la guarda del principio de igualdad, el cual
resultaría transgredido sí frente a casos idénticos se brinda una respuesta disímil.
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala prontamente advierte que el
Tribunal Administrativo del Tolima no incurrió en el yerro de desconocimiento del
precedente de la jurisprudencia del Consejo de Estado. Lo anterior, por cuanto
sobre la materia no existe un criterio unificado en torno al cómputo del término de
caducidad y el posible daño continuado en los casos de hacinamiento carcelario.
En efecto, se advierte que la providencia judicial acusada, acogió la tesis de la
sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C20 del 6 de
diciembre de 2022, «[…] el conteo del término de caducidad para demandar inicia
desde que se produjo la conducta dañosa o desde la fecha en que el demandante
tuvo conocimiento del daño». Circunstancia que, encaja en los supuestos
contemplados en el literal i) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, referente a la
caducidad de la reparación directa, criterio opuesto a los argumentos de la
17 Corte Constitucional, M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo, Sentencia SU-354 de 25.05.17,
Exp. T-5.882.857.
18 Corte Constitucional, M.P. Diana Fajardo Rivera, Sentencia SU-380 de 03.11.21, Exp. T-
8.147.130.
19 Corte Constitucional, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, Sentencia SU-113 de 08.11.18, Exp.
T-6.550.645.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, M.P.
Guillermo Sánchez Luque, providencia de 6 de diciembre de 2022, expediente con radicado interno
47.148.
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Demandante: Carlos Alirio Rojas Morales
Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Rad: 11001-03-15-000-2025-03501-00
Subsección A en la sentencia de 6 de octubre de 201921, que indicó que el daño
en estos eventos es continuado.
En el caso sub examine el tribunal en la providencia acusada determinó que el
señor Rojas Morales tenía conocimiento del daño desde el momento cuando
ingresó al establecimiento carcelario. Lo cual, conforme quedó dicho
anteriormente, es un criterio utilizado por esta corporación para analizar el cómputo
del término de caducidad.
La anterior conclusión no resulta arbitraria o caprichosa, ya que deviene de un
ejercicio intelectual del funcionario natural de la causa, el cual se enfrenta a
múltiples posibilidades hermenéuticas en su labor de interpretación a un caso en
específico22, por ello, no le corresponde a la autoridad judicial constitucional
señalar cuál de tales posibilidades es la «correcta» o aquella que más conviene en
un caso en concreto, pues se vulneraría la independencia y autonomía con la que
cuenta el funcionario que conoce el trámite ordinario
La Sala concluye que la discusión planteada en la acción de tutela no superó el
requisito de relevancia constitucional frente al defecto sustancial y, por otro lado,
no prospera el amparo por desconocimiento del precedente.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DESVINCULAR de la acción de tutela de la referencia al Ministerio de
Justicia y del Derecho, el municipio de Ibagué, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela de Carlos Alirio Rojas Morales contra el
Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
Judicial de Ibagué, respecto al cargo por desconocimiento del precedente; y
DECLARAR improcedente el amparo constitucional por falta de relevancia
constitucional de los demás cargos.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes e intervinientes.
21 Expediente 70001-23-33-000- 2014-00186-01.
22 Ver al respecto: Corte Constitucional sentencia T-192 de 2015.
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Demandante: Carlos Alirio Rojas Morales
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Rad: 11001-03-15-000-2025-03501-00
CUARTO: En el evento que esta decisión no se impugnada, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a
lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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