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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03511-00

Fecha
28 de agosto de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03511-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por las demandantes, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03511-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

28 de agosto de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03511-00
Demandantes: María Fernanda Collo y otra

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., 28 de agosto de 2025

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03511-00
Demandantes: MARÍA FERNANDA COLLO Y OTRA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA Y OTROS

Tema: Contra sentencias que decidieron acción de cumplimiento.
Improcedente. Falta de legitimación en la causa por activa

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por las señoras María Fernanda Collo y Sol
Guerrero, en representación de sus menores hijos BMC y CDOG, en su orden, contra el
Tribunal Administrativo del Cauca, el Juzgado Segundo Administrativo de Popayán y la
Secretaría de Educación de ese municipio.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 9 de junio de 20251, en ejercicio de la acción de tutela, las demandantes pidieron la
protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la educación y de acceso
a la administración de justicia de sus menores hijos BMC y CDOG.

A juicio de las tutelantes, la vulneración de dichas garantías superiores se deriva de las
sentencias del 28 de enero y 14 de marzo de 2025, mediante las cuales el Juzgado
Segundo Administrativo de Popayán y el Tribunal Administrativo del Cauca accedieron a
las pretensiones de la acción de cumplimiento 19001-33-33-002-2024-00264-00/01.

2. Pretensiones

Las actoras formularon las siguientes pretensiones:
Primera. Se sirva H Consejo de Estado tutelar el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO, AL
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, A LA EDUCACIÓN, - AL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, A LA EDUCACIÓN – INTERES SUPERIOR DEL MENOR Y AL
TRABAJO.

Segunda. Consecuencialmente, revocar las sentencias de primera y segunda instancia y se ordene
vincular a la comunidad educativa, al proceso judicial a efectos de garantizar de acuerdo a las normas
constitucionales, el resarcimiento del Derecho Fundamental a la Educación de Calidad que ha sido
vulnerado en el pronunciamiento del Tribunal Administrativo del Cauca confirmatorio de la sentencia del
Juzgado segundo administrativo de Popayán.

Tercera. Sírvase declarar que se ha vulnerado el Derecho fundamental a la prevalencia de los derechos
de niños y niñas, previsto en el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia con la pretensión a
que ojalá situaciones como éstas sean estudiadas detenidamente para que las providencias tengan en
cuenta la comunidad educativa, ya que es hacia ellos que va dirigido al servicio educativo, porque hasta
el momento solo se ha observado la relación empleada – empleador (sic para toda la cita).

1 Índice 1 de Samai.

1

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03511-00
Demandantes: María Fernanda Collo y otra

3. Hechos

Del expediente y de los documentos que reposan en el aplicativo Samai, la Sala destaca
los siguientes hechos relevantes:

3.1 Actuación administrativa

Por medio de Resolución 17172 del 4 de octubre de 2024, el Ministerio de Educación
Nacional fijó el cronograma para el traslado de docentes y directivos con derechos de
carrera que laboraban en las entidades territoriales, el cual incluía las fechas en las que se
debían realizar los reportes de las vacantes definitivas, la inscripción de los aspirantes, la
verificación de los documentos que allegaran para acreditar los requisitos y la expedición
de los actos administrativos de reubicación.

En razón a que la Secretaría de Educación de Popayán no atendió el cronograma previsto
en la Resolución 17172 del 4 de octubre de 2024, el 7 de noviembre de 2024 la señora
Anyela Viviana Muñoz Silva le pidió acatar dicho acto administrativo, a lo que no accedió
esa dependencia, con lo que agotó el requisito de procedibilidad de la acción de
cumplimiento previsto en el artículo 8º de la Ley 393 de 1997.

3.2 Acción de cumplimiento

La señora Anyela Viviana Muñoz Silva promovió acción de cumplimiento contra la
Secretaría de Educación de Popayán (a la que se le asignó el número de radicación 19001-
33-33-002-2024-00264-00/01), con el propósito de que se le ordenara obedecer la
Resolución 17172 del 4 de octubre de 2024, ya que ese ente territorial no había adelantado
el procedimiento de traslado en los términos previstos en dicho acto administrativo, pese a
que contaba con vacantes definitivas que podían ser provistas con docentes y directivos
de carrera.

A través de sentencia del 28 de enero de 2025, el Juzgado Segundo Administrativo de
Popayán declaró que la entidad allí demandada había inobservado la Resolución 17172
del 4 de octubre de 2024 y le ordenó que dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria
de la decisión fijara el correspondiente cronograma para adelantar el proceso de traslado
de docentes y directivos con derecho de carrera. El a quo indicó que la deserción
estudiantil, invocada por la Secretaría de Educación de Popayán para justificar su omisión
de surtir el aludido trámite, carecía de sustento.

Contra la anterior providencia la demandada interpuso recurso de apelación, con el
argumento de que no era dable que se le ordenara adelantar el procedimiento establecido
en la Resolución 17172 del 4 de octubre de 2024, porque no contaba con presupuesto para
ello, ese acto administrativo no señalaba una obligación de imperioso cumplimiento y la
demandante no agotó el requisito de renuencia en debida forma.

El Tribunal Administrativo del Cauca, con sentencia del 14 de marzo de 2025, confirmó la
decisión de primera instancia y ordenó que se compulsara copias a la Procuraduría General
de la Nación, en aras de que investigara las presuntas faltas disciplinarias en las que
pudieron incurrir los encargados de acatar la Resolución 17172 del 4 de octubre de 2024.
En la providencia se indicó que se agotó en debida forma el requisito de la renuencia, que
los traslados de los educadores tenían como finalidad garantizar la adecuada prestación
de los servicios educativos y que estos eran de obligatoria observancia.

3.3 Incidente de desacato

En cumplimiento de las precitadas sentencias, la Secretaría de Educación de Popayán
emitió la Resolución 20251700033834 del 31 de marzo de 2025, en la que convocó el
traslado de docentes, pero no hizo referencia a los directivos, de ahí que la señora Anyela
Viviana Muñoz Silva promoviera incidente de desacato, dentro del cual el 2 de mayo de
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2025 el «Tribunal Administrativo del Cauca» requirió el respectivo informe, por lo que
aquella dependencia emitió la Resolución 20251770054084 del 7 de los mismos mes y
año, en la que también convocó a los directivos, situación por la que el trámite incidental
fue archivado el 23 de mayo del año en curso.

4. Fundamentos de la tutela

Las tutelantes, quienes son madres de 2 menores de edad que estudian en uno de los
colegios públicos de Popayán, no expusieron las razones por las que la acción de tutela
cumplía los requisitos generales de procedibilidad contra providencia judicial y, aunque
tampoco invocaron de manera expresa alguna causal específica de procedibilidad, de lo
señalado por ellas se infiere que su inconformidad comporta violación directa de la
Constitución, derivada de la omisión de vincularlas a la acción de cumplimiento 19001-
33-33-002-2024-00264-00/01, lo que les impidió exponer argumentos contra los traslados
de los docentes regulados en la Resolución 20251700033834 del 31 de marzo de 2025,
la cual desconocía que el Decreto 1373 de 2007 preveía que aquellos debían realizarse
cada año antes del receso estudiantil.

5. Trámite procesal

Por auto del 11 de junio de 2025 el Despacho sustanciador inadmitió la acción de la
referencia y requirió a las demandantes para que, dentro de los 3 días siguientes a la
notificación de la decisión, (i) aclararan si actuaban en causa propia o en representación de
algún estudiante de los colegios públicos de Popayán; (ii) identificaran el interés que tenían
en el trámite constitucional; (iii) allegaran los registros civiles en caso de que actuaran en
representación de sus menores hijos; (iv) determinaran las autoridades accionadas y las
pretensiones frente a cada una de ellas; (v) expusieran los hechos u omisiones que
involucraban vulneración de derechos fundamentales; (vi) indicaran los presuntos vicios en
los que incurrían las sentencias cuestionadas; y (vii) señalaran cuál era el acto administrativo
que cuestionaban y las razones para ello.

Con memorial del 20 de junio de 2025 las tutelantes subsanaron la demanda, en el sentido
de atender los anteriores requerimientos, motivo por el cual la acción de tutela fue admitida
el 3 de julio de 2025 y, entre otras cosas, se denegó la medida provisional formulada2 y se
ordenó notificar a las autoridades accionadas y vincular como tercero con interés a la señora
Anyela Viviana Muñoz Silva.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría General del Consejo de Estado
practicó las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 9 y el
14 de julio de 2024.

6. Intervenciones

El Juzgado Segundo Administrativo de Popayán indicó que la acción de tutela de la
referencia no satisfacía la exigencia de procedibilidad de subsidiariedad, por cuanto las
actoras «dispone[n] de mecanismos ordinarios de defensa que cuentan con garantías
procesales, como las medidas previas, las cuales permiten la efectiva protección de sus
intereses» (sic), como la solicitud de suspensión provisional de las Resoluciones
20251700033834 del 31 de marzo de 2025 y 20251770054084 del 5 de mayo de 2025,
dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Que en las sentencias que decidieron la acción de cumplimiento se consignó que los
procedimientos de traslado debían efectuarse sin afectar la prestación del servicio de
educación y se justificaban en la inobservancia de la Secretaría de Educación de
Popayán de la Resolución 17172 del 4 de octubre de 2024, emitida por el Ministerio de
Educación Nacional, la cual era de obligatoria observancia.
2 Consistente en suspender el cumplimiento de los fallos que decidieron la acción de cumplimiento 19001-33-33-002-

2024-00264-00/01.
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La Secretaría de Educación de Popayán adujo que no vulneró los derechos
fundamentales invocados, pues el procedimiento que adelantaba para atender la
Resolución 17172 del 4 de octubre de 2024 obedecía a las órdenes previstas en los fallos
que decidieron la acción de cumplimiento 19001-33-33-002-2024-00264-00/01. Además,
señaló que a los docentes nombrados en provisionalidad no les asistía una prerrogativa
de inamovilidad en el empleo, pues su estabilidad laboral era relativa, por tanto, debían
darle paso a quienes superaron los concursos de méritos, conforme a la jurisprudencia
constitucional.

Que dentro del mencionado trámite se aseguró la continuidad en la prestación de los
servicios educativos en las instituciones públicas de Popayán, de ahí que no fuera dable
advertir alguna cesación de las actividades que afectaran a los estudiantes. Por último,
afirmó que la tutela de la referencia no colmaba la exigencia de subsidiariedad, por cuanto
las decisiones administrativas adoptadas en el marco del procedimiento de traslados de
docentes y directivos estaban sujetos a control por parte de la jurisdicción contencioso-
administrativa, y no se evidenciaba la configuración de un perjuicio irremediable.

El Tribunal Administrativo del Cauca y la señora Anyela Viviana Muñoz Silva
guardaron silencio a pesar de que se les notificó el auto admisorio de la acción de tutela de
la referencia, a sus respectivos correos electrónicos3.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la tutela presentada por las demandantes,
con el fin de dejar sin efectos la sentencia del 14 de marzo de 2025, mediante la cual el
Tribunal Administrativo del Cauca decidió en segunda instancia la acción de cumplimiento
19001-33-33-002-2024-00264-00/014.

La Sala anticipa que declarará improcedente la presente acción de tutela porque las
demandantes carecen de legitimación en la causa por activa, toda vez que no integraron
alguna de las partes de la acción de cumplimiento 19001-33-33-002-2024-00264-00/01.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la legitimación en la causa por activa y,
finalmente, (iii) analizará el caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales5 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos6 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3 stadmcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co, stadmincau@notificacionesrj.gov.co, tadmin02cau@notificacionesrj.gov.co y
anvis84@hotmail.com.
4 Es de anotar que si bien las accionantes también cuestionan la sentencia del 28 de enero de 2025, con la que el

Juzgado Segundo Administrativo de Popayán decidió en primera instancia la acción de cumplimiento 19001-33-33-
002-2024-00264-00/01, la Sala centrará su estudio jurídico en la del 14 de marzo de 2025, porque fue la que decidió
de manera definitiva esas diligencias.
5 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
6 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
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3. Falta de legitimación en la causa por activa

Según el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela «podrá ser ejercida por
cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará
por sí misma o a través de representante». Al respecto, en sentencias T-511 de 2017 y T-
005 de 20227, la Corte Constitucional señaló que la legitimación en la causa es uno de
los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela. Por consiguiente, de no satisfacerse
este requisito, el juez deberá declarar improcedente el amparo solicitado.

La legitimación en la causa por activa en materia de tutela se refiere a exigir que quien
actúa sea el titular de los derechos invocados como supuestamente vulnerados. En
sentencia T-105 de 2020, la Corte Constitucional explicó que «quien demanda tiene
legitimidad en la causa por activa cuando es titular de los derechos fundamentales vulnerados o
está en capacidad de actuar en representación de otras personas a quienes les es imposible
defender sus derechos directamente».

A partir de los artículos 86 de la Constitución Política y 10 del Decreto 2591 de 1991,
también puede establecerse que la acción de tutela puede ser ejercida directamente por
el titular del derecho presuntamente vulnerado o por un tercero que actúe en su nombre.
Sobre esta última posibilidad, la Corte Constitucional ha determinado que quien actúa en
nombre de otro puede hacerlo como: «(i) representante legal del titular de los derechos, (ii)
apoderado judicial, (iii) agente oficioso y (iv) defensor del pueblo o personero municipal»8.

La Corte Constitucional también ha determinado que la condición de parte o interviniente
en el proceso que se dictó la providencia acusada es determinante para efectos de
analizar la legitimación en la causa. En sentencia SU-173 de 2015, la Corte declaró la
falta de legitimación de la causa por activa del demandante que presentó una acción de
tutela en contra de una providencia que anuló un laudo arbitral, porque «carece de la
condición de “parte”, es decir de interés legítimo que lo vincule al proceso de anulación de laudo
arbitral del cual predica un defecto que vulnera el debido proceso».

4. Análisis del caso concreto

En el escrito de tutela las demandantes aseveraron que la sentencia censurada
desconocía los derechos fundamentales de sus menores hijos, por cuanto debieron ser
vinculadas a la acción de cumplimiento 19001-33-33-002-2024-00264-00/01 para que
pudieren pronunciarse sobre el procedimiento de traslado previsto en la Resolución
17172 del 4 de octubre de 2024, emitida por el Ministerio de Educación Nacional.

Al analizar las pruebas que reposan en el expediente, la Sala evidencia que en razón a que
la Secretaría de Educación de Popayán no había fijado el cronograma de traslados de
docentes y directivos en ese ente territorial, conforme a la Resolución 17172 del 4 de
octubre de 2024, la señora Anyela Viviana Muñoz Silva le pidió a aquella dependencia
acatar el aludido acto administrativo, pero como no obtuvo respuesta positiva, promovió la
acción de cumplimiento 19001-33-33-002-2024-00264-00/01 con el fin de que se
ordenara ello.

Del asunto conoció el Juzgado Segundo Administrativo de Popayán, que el 6 de
diciembre de 2024 lo admitió y dispuso notificar a la Secretaría de Educación de esa
ciudad, y el del 28 de enero de 2025 declaró que la entidad allí demandada había
inobservado la Resolución 17172 del 4 de octubre de 2024 y le ordenó fijar el cronograma
respectivo para adelantar el trámite de traslado de docentes y directivos con derechos de
carrera, decisión que confirmó en segunda instancia el Tribunal Administrativo del Cauca,
con fallo del 14 de marzo de 2025.

7 También pueden consultarse las sentencias T-001 de 1997, T-531 de 2002, T-024 de 2019, entre otras.
8 Sentencia T-292 de 2021.

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En atención al anterior recuento fáctico, la Sala evidencia que las partes en la acción de
cumplimiento 19001-33-33-002-2024-00264-00/01 fueron la señora Anyela Viviana
Muñoz Silva, como demandante, y la Secretaría de Educación de Popayán, como
demandada, esto es, la persona que promovió la acción de cumplimiento y a las
autoridades encargadas de cumplir el mandato presuntamente inobservado, conforme al
artículo 5°9 de la Ley 393 de 1997.

Sobre la vinculación en el trámite de la acción de cumplimiento, la Corte Constitucional10
ha señalado que «por regla general, en el trámite de la acción de cumplimiento la obligación de
vinculación oficiosa sólo se predica de aquella autoridad o particular que, conforme al
ordenamiento jurídico, tenga competencia para cumplir con el deber omitido, y, en el caso del
particular, siempre que esa competencia se explique por el ejercicio de una función pública»

En el caso de las señoras María Fernanda Collo y Sol Guerrero, la Sala no advierte que
a la autoridad judicial demandada hubiese omitido su deber de vincularlas de manera
oficiosa. Sin embargo, se destaca que nada les impedía que así lo solicitaran ante el juez
natural del asunto.

De manera que, como las tutelantes no intervinieron en esas diligencias en
representación de sus menores hijos, no es dable asumir que las sentencias
cuestionadas vulneraran sus derechos fundamentales, pues, en principio, los efectos de
esas decisiones les atañen a quienes intervinieron en la controversia.

Lo anterior cobra mayor relevancia si se considera que la Corte Constitucional11, al
estudiar la posible vinculación de terceros en acciones de cumplimiento, ha señalado que
«el deber que surge para el juez de vincular al proceso a todas las personas que resulten
directamente interesadas en el mismo, a las personas que son titulares de las relaciones jurídicas
que pueden resultar afectadas, o a las personas que han intervenido en los actos sobre los cuales
versa la controversia. Lo anterior, por cuanto, siendo imperioso para las autoridades públicas
“proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y
demás derechos y libertades” ( C. P. artículo 2º. ) es claro que el juez, en su condición de
autoridad pública que dirige el proceso, está obligado a hacer realidad la garantía constitucional
que a toda persona se otorga de acceder a la administración de justicia, (artículo 229 C.P.) bajo
las reglas del debido proceso, aplicables por supuesto a las actuaciones judiciales».

En este caso, sin embargo, la Sala no advierte que las accionantes alegaran algunas
condiciones que ponen en evidencia que les asista un interés legítimo que hiciera
imperiosa su vinculación en la acción de cumplimiento cuestionada.

Luego, es dable concluir que el debate propuesto no recae sobre una genuina vulneración
de sus derechos fundamentales.

Adicionalmente, es de advertir que, en el evento que se produzca la desvinculación de
alguno de los docentes vinculados en provisionalidad que dictan clase a los menores como
consecuencia del cumplimiento del calendario de traslados, las demandantes podrían
promover el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el
artículo 13812 del CPACA, contra esos actos, trámite judicial en el cual podrían pedir la

9 «La acción de cumplimiento se dirigirá contra la autoridad a la que corresponda el cumplimiento de la norma con

fuerza material de ley o acto administrativo.
Si contra quien se dirige la acción no es la autoridad obligada, aquél deberá informarlo al juez que tramita la acción,
indicando la autoridad a quien corresponde su cumplimiento. En caso de duda, el proceso continuará también con las
autoridades respecto de las cuales se ejercita la acción hasta su terminación. En todo caso, el juez de cumplimiento
deberá notificar a la autoridad que conforme al ordenamiento jurídico tenga competencia para cumplir con el deber
omitido […]».
10 Sentencia T-1054 de 2007
11 Sentencia T-1064/07
12 «Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se

declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá
solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del
artículo anterior […]».
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medida cautelar de suspensión provisional de que trata el numeral 3 del artículo 23013
del CPACA, la cual, dicho sea de paso, resulta un medio de defensa ágil y efectivo, en
cuanto permite proteger y garantizar, de manera provisional, el objeto del proceso y la
efectividad de la sentencia.

Además, las accionantes podrán solicitar medidas cautelares de urgencia, que pueden
decretarse sin correr traslado al demandado, en el evento de que se evidencie urgencia
en el caso objeto de discusión, como lo dispone el artículo 23414 del CPACA.

En ese orden de ideas, la Sala evidencia que la tutela deviene en improcedente porque
las tutelantes carecen de legitimación en la causa por activa, ya que no integraron alguna
de las partes en la acción de cumplimiento 19001-33-33-002-2024-00264-00/01.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

III. FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por las demandantes, conforme
a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

13 «Las medidas cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener

relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá
decretar una o varias de las siguientes medidas:
[…]
3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo».
14 «Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá

adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que por su urgencia, no es
posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar.
La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución de la caución señalada
en el auto que la decrete».
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