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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03517-00

Fecha
26 de junio de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03517-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, de conformidad con las consideraciones anteriormente expuestas. Segundo: Declarar la improcedencia de la acción de tutela presentada por el señor Camilo Antonio Velásquez Matallana, por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, en lo relacionado con el desconocimiento del precedente judicial contenido de la sentencia de unificación del 12 de febrero proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva. Tercero: Negar la tutela en relación con los demás defectos alegados, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia. Cuarto: Reconózcase personería al abogado Jairo Sarmiento Patarroyo con tarjeta profesional núm. 62.110 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de la parte accionante, en los términos y para los fines conferidos en el poder especial obrante en el expediente. Quinto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Sexto: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-03517-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

26 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03517-00
Accionante: Camilo Antonio Velásquez Matallana
Accionados: Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado

Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro del proceso
ejecutivo

Decisión: Niega el amparo de tutela porque no se acreditaron los defectos
endilgados

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
acción de tutela1 presentada por el señor Camilo Antonio Velásquez Matallana,
quien actúa a nombre propio, en contra de la Subsección B, de la Sección Segunda
del Consejo de Estado por la presunta vulneración de los derechos fundamentales
al debido proceso e igualdad, con ocasión de la providencia del 31 de octubre de
2024 proferida dentro del proceso ejecutivo con radicado 25000-23-42-000- 2022-
00058-01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia del 25 de
febrero de 2016, ordenó al Distrito Capital de Bogotá, Secretaría de Gobierno de
Bogotá -hoy Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia-, Cárcel Distrital de
Varones y Anexo Mujeres reconocer y pagar a favor del señor Camilo Antonio
Velásquez las horas extras diurnas; así como reliquidar los recargos nocturnos, el
trabajo en dominicales y festivos y las cesantías, debidamente actualizadas.

3. Con ocasión de lo anterior, el señor Camilo Antonio Velásquez Matallana,
solicitó librar mandamiento de pago contra el Distrito Capital de Bogotá, Secretaría
de Seguridad, Convivencia y Justicia, Cárcel Distrital de Varones y Anexos de
Mujeres teniendo como título ejecutivo dicha providencia.

4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca a través del auto del 6 de
septiembre de 2022 negó parcialmente el mandamiento. En consecuencia, ordenó

1 Acción de tutela presentada el 9 de junio de 2025.

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el pago de $21.136.815 por concepto del saldo de capital; $2.840.498 por intereses
causados hasta el 9 de enero de 2017 y por los intereses moratorios sobre el saldo
del capital adeudado que se causen desde el 10 de enero de 2017 hasta el pago
total.

5. En sede de apelación, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B mediante proveído del 31 de octubre de 2024 confirmó la anterior decisión.

2.2. Fundamento jurídico

6. La parte actora señaló que en la providencia objeto de la acción de tutela se
configuró un defecto fáctico por indebida valoración probatoria, particularmente
hizo referencia a la sentencia del 25 de febrero de 2016, en la medida que «no se
tuvo en cuenta la integridad de las sentencias de recaudo sino que de manera
parcial se tomaron como parámetros para la reliquidación de los recargos festivos
diurnos del 200% y recargos festivos nocturnos del 235%, el 100% y 135%
desconociendo lo dispuesto de manera clara en las sentencias de recaudo».

7. De otra parte, alegó un defecto sustantivo por indebida interpretación de lo
preceptuado en los artículos 35 y 39 del Decreto Ley 1042 de 1978, lo que, a su
juicio, vulnera el derecho fundamental al debido proceso.

8. Finalmente, manifestó que la decisión objeto de cuestionamiento adolece de
un desconocimiento de precedente contenidos en las sentencias de tutela del 9
de septiembre de 20212 y 27 de noviembre de 20233; así como la sentencia de
unificación del 12 de febrero de 20154; además de la sentencia del 22 de junio de
20235 todas proferidas por el Consejo de Estado, asuntos análogos donde se
modificaron las sentencias objeto de ejecución.

2.3. Pretensiones

9. Con fundamento en lo anterior, solicitó lo que in extenso se cita:

«(…)
Primero: Se conceda, la tutela interpuesta, con el fin de proteger los
derechos Constitucionales fundamentales, denominados: DERECHO
A LA IGUALDAD, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, COSA
JUZGADA, INMUTABILIDAD DE LAS SENTENCIAS, principios
Constitucionales del artículo 53 de la Carta Política, en especial la
igualdad de oportunidades a los trabajadores, remuneración mínima
vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad de trabajo;
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas
laborales: facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos
y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda
en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
así como el derecho al acceso a la administración de justicia conforme
al artículo 229 de la Constitución Política, ante la existencia de defecto
fáctico y sustantivo.

2 Radicado: 11001-03-15-000-2021-05248-00
3 Radicado:11001-03-15-000-2023-04299-01
4 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado 25000 23 25000 2010 00 725 01 (1046-2013)
5 Radicado: 25000 23 42000 2018 01477 01 (4303-2022)

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Segunda: Que el H. Consejo de Estado, disponga DEJAR SIN
EFECTOS la providencia de segunda instancia proferida por la
Subsección "B" de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado de
fecha 31 de octubre de 2024, notificada electrónicamente el 4 de
febrero de 2025, en el expediente 25000 23 42 000 2022 000 58 01,
Proceso ejecutivo laboral siendo demandante CAMILO ANTONIO
VELASQUEZ MATALLANA demandado SECRETARIA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA - CARCEL DISTRITAL DE
VARONES Y ANEXO DE MUJERES DE BOGOTÁ, respecto a la cual
la parte actora radicó solicitud de adición, aclaración y corrección el 5
de febrero de 2025, la cual fue negada mediante providencia proferida
30 de abril de 2025 y notificada electrónicamente el 22 de mayo de
2025, por tanto se solicita se ordene a la H. Sala accionada proferir
nueva providencia conforme a lo consagrado en los artículos 35 y 39
del Decreto Ley 1042 de 1978, respecto a los porcentajes reales y
valores favorables a reconocer por concepto de reliquidación de los
recargos festivos diurnos del 200% y recargos festivos nocturnos del
235% con el factor de 190 horas mensuales (jornada máxima legal
empleados públicos), toda vez que la H. Sala accionada confirmó la
decisión errónea del H. Tribunal al desconocer lo dispuesto en la
sentencia de recaudo de primera instancia, tanto así que tanto en el
recurso de apelación en los numerales 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y
12 (folios 4 a 13), se desglosan los motivos de inconformidad, así
como en la solicitud de adición, aclaración y corrección de la
providencia de segunda instancia en el proceso ejecutivo en los
numerales 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, (folios 1a 9 del mismo), como con las
operaciones aritméticas de los numerales 11, 12 y 13 (folios 10 al 12)
se transcribieron apartes pertinentes de la sentencia del proceso de
acción de nulidad y restablecimiento del derecho de primera instancia
(…).» (Sic)

2.4. Intervenciones

10. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 10 de junio
de 2025 a través del cual se ordenó notificar al Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B como accionado y al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F y al Distrito Capital – Cárcel
Distrital de Varones y Anexos de Mujeres como terceros interesados en el resultado
del proceso.

11. La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia solicitó que se
declare la improcedencia del mecanismo constitucional por falta de legitimación en
la causa por pasiva.

12. Asimismo, pidió que de conocer de fondo se declare improcedencia de la acción
de tutela, al no concurrir los requisitos excepcionales establecidos por la Corte
Constitucional para controvertir providencias judiciales.

13. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F adjuntó copia del expediente digital, pero no rindió informe.

14. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

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15. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Cuestión previa

3.2.1. De la solicitud de desvinculación

16. Sobre el particular, se tiene que si bien la Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia, solicita la desvinculación del presente proceso, lo cierto es
que esta Sala no encuentra mérito suficiente para acceder a dicha pretensión, toda
vez que su vinculación como accionado obedeció a que fue parte demandada
dentro del proceso ordinario.

3.2.2. Reconocimiento de personería jurídica

17. Sobre el particular, se advierte que la acción de tutela de la referencia fue
presentada a través de apoderado judicial. Sin embargo, se tiene que en el auto
admisorio de la acción de tutela de la referencia no le fue reconocida personería
jurídica al abogado Jairo Sarmiento Patarroyo.

18. Por lo tanto, en la parte resolutiva de la presente providencia se procederá a
reconocer personería al abogado Jairo Sarmiento Patarroyo con tarjeta profesional
núm. 62.110 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de la parte
accionante, en los términos y para los fines conferidos en el poder especial obrante
en el expediente.

3.3. Problema jurídico

19. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si la Subsección B, de la Sección Segunda, del Consejo de Estado, al
proferir la sentencia del 31 de octubre de 2024, vulneró los derechos fundamentales
al debido proceso e igualdad, al incurrir en los defectos fáctico, sustantivo y
desconocimiento de precedente.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

20. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015. Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de
las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa
judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene
el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

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21. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a
los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es
susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.

22. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito
garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía
e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

23. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y
por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa,
tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien
demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate
de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que
devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.

3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración
de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.

3.3.1.2. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple el requisito de subsidiariedad, salvo en lo relacionado con el
desconocimiento del precedente por el desconocimiento de la sentencia de
unificación del 12 de febrero de 2015, proferida por la Sección Segunda del Consejo
de Estado, toda vez que en los artículos 256 y siguientes de la Ley 1437 de 2011,
se estableció el mecanismo extraordinario de unificación de jurisprudencia para los
eventos en los que la sentencia proferida por un Tribunal Administrativo contraríe o
se oponga a una sentencia de unificación del Consejo de Estado.

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24. Al respecto, se advierte que la parte accionante no demostró haber agotado
el referido recurso extraordinario, motivo por el cual se declarará la improcedencia
por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, exclusivamente en lo que tiene
que ver con el desconocimiento de la referida providencia.

3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de
6 meses desde que se notificó la providencia objeto de cuestionamiento, esto es,
el 4 de febrero de 2025 y la interposición de la acción de tutela, es decir, 9 de junio
de la presente anualidad.

3.3.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida
que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental del debido
proceso y acceso a la administración de justicia como consecuencia de los
defectos, sustantivo, fáctico y desconocimiento de precedente, los cuales se
encuentran fundamentados razonablemente.

25. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.4. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

26. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional6 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa7, que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y
sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la
misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las
omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la
veracidad de los hechos analizados por el juez.

b. Una dimensión positiva8, que se presenta generalmente cuando el
juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

27. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del
juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen
defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos
interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le corresponde
determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta más

6 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010,

T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
7 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
8 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

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convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos
probatorios»9.

28. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por
el juez que ordinariamente conoce de un asunto.

3.4.1. Análisis de la presunta configuración del defecto fáctico en el asunto
bajo examen

29. La parte accionante sostiene que la decisión objeto de cuestionamiento
adolece de un defecto fáctico por indebida valoración del material probatorio
allegado al proceso, particularmente hizo referencia a la sentencia objeto de
ejecución proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 25 de febrero
de 2016.

30. Sobre el particular, se observa que la Subsección B, de la Sección Segunda,
del Consejo de Estado, al proferir la providencia del 31 de octubre de 2024, indicó:

«(…)
16. Al respecto, la Sala advierte que, en la parte resolutiva de la sentencia de nulidad
y restablecimiento del derecho proferida el 25 de febrero de 2016 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, luego de declarar la nulidad del oficio
201003330239211 del 22 de junio de 2010 y de la Resolución 494 del 13 de
septiembre del mismo año, se ordenó, a título de restablecimiento del derecho, al
Distrito Capital de Bogotá, Secretaría de Gobierno de Bogotá —actualmente
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia—, Cárcel Distrital de Varones y
Anexo Mujeres, lo siguiente:

«a) El valor correspondiente a cincuenta horas (50) extras diurnas al mes, desde el
28 de mayo de 2007 hasta cuando se dé cumplimiento a la presente sentencia, con
fundamento en los artículos 36 a 38 del Decreto 1042 de 1978, liquidadas con base
en el factor hora que resulte de dividir la asignación básica mensual sobre el número
de horas mensuales de la jornada ordinaria laboral, esto es, 190 y no 240.

b) Reajustar los recargos nocturnos y el trabajo en dominicales y festivos laborados
por el actor desde el 28 de mayo de 2007, hasta cuando se dé cumplimiento a la
presente sentencia, empleando para el cálculo de los mismos el factor de 190 horas
mensuales, que corresponden a la jornada ordinaria laboral, y no 240, y pagar las
diferencias que resulten a favor del demandante, entre lo pagado por el Distrito y lo
que debió pagarse por tales conceptos como resultado del reajuste.

c) Reliquidar el valor de las cesantías reconocidas y pagadas al actor a partir del 28
de mayo de 2007, hasta cuando se dé cumplimiento a la presente sentencia con el
valor que surja por concepto de las horas extras cuyo reconocimiento se ordena. d)
Los valores que resulten de dicha equivalencia deberán ser reajustados en los
términos del artículo 178 del C.C.A., utilizando la siguiente fórmula:
R = Rh Índice final
Índice inicial».
(…)
19. Y según el recuento probatorio de la sentencia de recaudo, al proceso se aportó
«certificación de recargos nocturnos, festivos diurnos y festivos nocturnos expedida
por la Directora de Gestión Humana desde el 27 de mayo de 2007 al 30 de junio de
2015 […]. Asi mismos obra liquidación efectuada por la Directora de Gestión Humana
de la entidad demandada en la que se liquida horas extras, se da cuenta de los
recargos pagados en lugar de horas extras, compensatorios a cancelar, días
compensatorios, reliquidación de recargos, primas y factores salariales y cesantías»

9 Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.

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[sic]. Así, el Tribunal referido concluyó lo siguiente:
(….)
20. En ese orden de ideas, la Sala observa que la sentencia de recaudo ordenó el
pago de las prestaciones sociales adeudadas al demandante, calculadas con base
en una jornada ordinaria de 190 horas mensuales, y no en 240, desde el 28 de mayo
de 2007 hasta la fecha de pago. Dicho cálculo debía incluir la reliquidación i) de horas
extras diurnas con recargo del 25% sobre la remuneración básica por hora, contrario
a lo señalado en el recurso de alzada, pues, aunque en la parte resolutiva se ordena
el pago de este emolumento, lo cierto es que de la lectura integral de la sentencia se
advierte que estaba probado que la entidad había liquidado las horas extras por 240
horas mensuales, es decir, que corresponde el pago de las diferencias causadas y
no pagadas. Asimismo, se evidencia la orden de reajustar ii) el recargo nocturno por
el 35% sobre la asignación mensual para los empleados que trabajan ordinariamente
en la jornada nocturna y iii) el trabajo en dominicales y festivos con un recargo del
100% sobre el día laborado y iv) las cesantías con el valor que surja por concepto de
las horas extras.
(…)
(…) No obstante, como se dijo anteriormente, al realizar una lectura integral de la
sentencia recaudo, se advierte con claridad que esta dispuso que la reliquidación de
las horas extras diurnas, los recargos nocturnos y el trabajo en días dominicales y
festivos debía efectuarse con base en los porcentajes establecidos en el Decreto
1042 de 1978, y tomando como referencia una jornada ordinaria de 190 horas
mensuales, y no de 240 horas.
(…)»

31. De las transcripciones relacionadas previamente se desprende que la
autoridad judicial accionada sustentó la decisión en un análisis probatorio integral
en consonancia con las reglas de la sana critica, lo que le permitió concluir que en
el presente asunto se debía confirmar la decisión de negar parcialmente el
mandamiento ejecutivo, en la medida que la reliquidación de las horas extras
diurnas, los recargos nocturnos y el trabajo en días dominicales y festivos debía
efectuarse con base en los porcentajes establecidos en el Decreto 1042 de 1978,
y tomando como referencia una jornada ordinaria de 190 horas mensuales, y no de
240 horas.

32. De modo que, no se observa una indebida interpretación de la prueba
contenida en la sentencia de recaudo, como lo sostiene la parte actora en la
demanda de tutela, pues, en efecto, es de una lectura integral de dicha providencia
que se desprende que el pago de las prestaciones sociales adeudadas al señor
Camilo Antonio Velásquez Matallana debe ser calculado con base en una jornada
ordinaria de 190 horas mensuales como se indicó previamente.

33. En ese sentido, lo que la Sala observa es una divergencia en la apreciación
de un mismo conjunto de pruebas, lo que no es suficiente para estructurar un
defecto fáctico en punto de una indebida valoración probatoria, puesto que para
que ello resulte configurado es necesario que el juez de instancia se separe por
completo de los hechos probados, situación que no se muestra evidente en este
asunto.

34. En ese orden de ideas, la autoridad judicial accionada sustentó la decisión
en un análisis probatorio integral en consonancia con las reglas de la sana crítica,
lo que le permitió concluir que en el presente asunto se debía confirmar la decisión
de negar parcialmente el mandamiento ejecutivo, hecho que no puede ser calificado
como violatorio de los derechos fundamentales, en respeto de los principios de
autonomía e independencia judicial.

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35. Por lo expuesto, se puede observar un análisis íntegro del material probatorio
aportado al proceso a la luz de las reglas de la sana crítica, hecho que no puede
ser calificado como violatorio de los derechos fundamentales, sino respetuoso del
principio de independencia judicial, además que no se advierte que el estudio
realizado por la autoridad judicial sea contraevidente, arbitrario o caprichoso.

36. En ese contexto, se recuerda que el defecto fáctico se configura únicamente
en los eventos en los que se advierta que la valoración de la prueba fue arbitraria
o irracional, y en el caso concreto la argumentación de la providencia es razonable.

37. Al respecto, la Corte Constitucional ha recordado que la autonomía con que
cuenta el juez para valorar la prueba dentro de cierto grado de discrecionalidad,
cuando sus conclusiones están fundadas en una crítica objetiva fundada en la
lógica y en los principios de racionalidad jurídica que deben guiar los
pronunciamientos de la justicia, descarta la posibilidad de calificar su decisión como
violatoria de derechos fundamentales o constitutiva de algún defecto puesto que se
trata, simplemente, de la actividad ejercida de manera razonable al amparo de los
principios constitucionales de autonomía e independencia judicial10.

38. Es necesario recordar que el análisis que le corresponde realizar al juez
constitucional al estudiar la procedencia de tutela contra providencia judicial no es
de corrección sino de validez11, motivo por el cual solo habrá lugar a amparar los
derechos fundamentales en los eventos en los que se advierta que el razonamiento
es arbitrario o caprichoso. Por lo tanto, para la Sala no se encuentra configurado el
defecto fáctico.

3.5. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

39. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el
campo de aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en
los siguientes términos:

«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son evidentemente
aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de la normatividad (sic) que
contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando omite la
aplicación de una regla definida por una sentencia con efecto erga omnes. En suma,
el defecto sustantivo se configura cuando la interpretación y aplicación de la
normatividad al caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad
y razonabilidad que orientan al sistema jurídico»12.

40. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en
los cuales se configura el defecto sustantivo como causal especifica de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales:

«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de

10 Sentencia T-106 de 2000.
11Corte Constitucional, sentencia SU 128 de 6 de mayo de 2021, magistrado ponente: Cristina Pardo
Schlesinger.
12 Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo

Montealegre Lynett.

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juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando la
autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal
aplicables en un caso determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su
aplicación indebida, por error grave en su interpretación o por el desconocimiento del
alcance de las sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se
ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.

En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:

(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta
por el fallador.

(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce
a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse
de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente
perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o
desproporcionada), y, finalmente.

(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la
jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la
cosa juzgada respectiva”.

Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es cierto que
los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía e
independencia judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad
no es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de
la función pública de administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden
jurídico preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho».

«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo que
convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma
el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al
apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por
ejemplo (i) porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el
ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario
se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación
al caso concreto es inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada inexequible por la
propia Corte Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser
constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la
norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente
señalados por el legislador»13.

41. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que
se presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las
normas que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que
contraría los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoció
la normativa aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio decidendi de una
sentencia con efectos erga omnes.

3.5.1. Análisis de la presunta configuración del defecto sustantivo en el caso
concreto

42. En el presente asunto, la parte actora alega una indebida interpretación de
lo preceptuado en los artículos 35 y 39 del Decreto Ley 1042 de 1978.

13 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt

Chaljub.

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43. Al respecto, se observa que la autoridad judicial accionada en la decisión
objeto de cuestionamiento, consideró:

22. Así las cosas, la Sala considera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
aborda el cálculo del capital en relación con las horas extras diurnas, los recargos
nocturnos y el trabajo en dominicales y festivos, con lo cual dio cumplimiento al título
ejecutivo (…).

22.1. Para el cálculo de la hora extra diurna, aplicó un recargo del 25% [porcentaje
establecido en el literal c) del artículo 36 del Decreto 1042 de 1978] sobre la
remuneración básica mensual por hora trabajada, que resultaba, de dividir la
asignación básica mensual sobre la jornada ordinaria laboral de 190 horas, más un
adicional del 100% correspondiente al valor de una hora según la asignación básica
establecida, sin exceder para el pago de 50 horas extras diurnas mensuales. Ello
cumplimiento del título ejecutivo, que dispuso «el valor correspondiente a cincuenta
horas (50) extras diurnas al mes, desde el 28 de mayo de 2007 hasta cuando se dé
cumplimiento a la presente sentencia, con fundamento en los artículos 36 a 38 del
Decreto 1042 de 1978, liquidadas con base en el factor hora que resulte de dividir
la asignación básica mensual sobre el número de horas mensuales de la jornada
ordinaria laboral, esto es, 190 y no 240».

22.2. Para establecer el valor una hora de recargo nocturno, se liquidó por el 35%
[porcentaje establecido en el artículo 35 ibidem] de la remuneración básica mensual
por hora nocturna permanente sobre una jornada ordinaria laboral de 190 horas
mensuales, sin incluir el valor hora de la asignación básica. Ello es así, por cuanto
lo que se pretende pagar es una tarifa adicional por la hora nocturna permanente
pagada como asignación básica.

22.3. Para determinar el valor hora de trabajo dominical y festivo, se calculó por el
100% [porcentaje establecido en el artículo 39 ejusdem11] de recargo de cada hora
laborada en una jornada ordinaria laboral de 190 horas mensuales. Como ocurre
en el recargo nocturno, sin incluir el valor hora de la asignación básica.

23. Y si bien frente a estos dos últimos ítems, es decir, el recargo nocturno y el
trabajo en dominicales y festivos, la sentencia que sirve de título ejecutivo en la
parte resolutiva solo ordenó «[r]eajustar los recargos nocturnos y el trabajo en
dominicales y festivos laborados por el actor desde el 28 de mayo de 2007, hasta
cuando se dé cumplimiento a la presente sentencia, empleando para el cálculo de
los mismos el factor de 190 horas mensuales, que corresponden a la jornada
ordinaria laboral, y no 240, y pagar las diferencias que resulten a favor del
demandante, entre lo pagado por el Distrito y lo que debió pagarse por tales
conceptos como resultado del reajuste». Es del caso, reiterar que en la parte
considerativa el tribunal hizo alusión a los porcentajes que corresponden a para su
pago (…).

44. A partir de las transcripciones realizadas previamente, la Sala considera que
las conclusiones a las que llegó la autoridad judicial accionada para confirmar la
decisión de negar parcialmente el mandamiento de pago no obedecieron a un
capricho o arbitrariedad, ni se fundamentaron en su simple voluntad, sino que, por
el contrario, correspondió a un estudio lógico y plausible de lo previsto en el Decreto
1042 de 1978, disposición normativa aplicable al asunto.

45. Sobre el particular, la autoridad judicial accionada destacó que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca dio cumplimiento al título ejecutivo porque abordó
el cálculo del capital en relación con las horas extras diurnas, los recargos
nocturnos y el trabajo en dominicales y festivos, de conformidad con lo preceptuado
en los artículos 35, 36 y 39 del aludido decreto.

46. En ese sentido, no es de recibo el argumento según el cual hubo una

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indebida interpretación de los artículos 35 y 39 del Decreto Ley 1042 de 1978, en
la medida que se observa que el análisis realizado en la decisión cuestionada
obedece a un estudio lógico de las disposiciones normativas aplicables al caso
concreto, lo que le permitió concluir que se debía confirmar la decisión de negar
parcialmente el mandamiento de pago porque se dio cumplimiento al título ejecutivo
contenido en la sentencia del 25 de septiembre de 2016.

47. En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante
con la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales.

3.6. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales

48. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al efectuar el estudio de
exequibilidad respecto del artículo 4 de la Ley 169 de 189614, precisó que de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230 superior, los jueces solo están
sometidos al imperio de la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma
forma como lo han hecho en casos anteriores, siempre y cuando, «expongan clara
y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión».

49. Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C-
590 de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por parte
del juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela.

50. Respecto del precedente vertical15, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto
hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial,
por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones.

51. Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el
asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que al mismo tiempo, surge de
los presupuestos fácticos relevantes de cada caso16.

52. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y
razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido
en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad
y de la independencia judicial; por tanto, no podrá reprocharse a la sentencia
arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables
ningún género de discriminación17.

53. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por
parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad

14 Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
15 Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
16 Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
17 Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

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por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se encuentran en
idénticas circunstancias frente a la Ley.

3.6.1. Análisis de la presunta configuración del desconocimiento de
precedente

54. La parte accionante señala que la sentencia cuestionada adolece de un
desconocimiento de precedente contenido en las sentencias de tutela del 9 de
septiembre de 2021 y 27 de noviembre de 2023; además de la sentencia del 22 de
junio de 2023 proferida por la Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo
de Estado.

55. Sin embargo, para la Sala no se encuentra configurado dicho defecto, pues,
si bien la providencia que se alega como desconocida contenida en la sentencia
del 22 de junio de 2023 aborda el estudio un asunto en donde se modificó la
sentencia objeto de ejecución, lo cierto es que ello no es suficiente para que los
casos se orienten de manera análoga, por cuanto existen elementos de análisis que
habilitan al juez administrativo para abordar una lectura diferente a la controversia.

56. En cuanto a los fallos de tutelas del 9 de septiembre de 2021 y 27 de
noviembre de 2023, proferidas por el Consejo de Estado debe decirse que no
constituyen un precedente de obligatorio cumplimiento. Máxime cuando la decisión
objeto de cuestionamiento contiene una carga argumentativa suficiente y razonable
en la que se observaron las pautas jurisprudenciales fijadas actualmente por la
Sección Segunda del Consejo de Estado, por lo que no es dable considerarla como
constitutiva de desconocimiento del precedente, pues, por el contrario, corresponde
al ejercicio de la función prevista a cargo de los jueces, conforme se deduce del
contenido normativo de los principios constitucionales de autonomía e
independencia judicial.

57. Así las cosas, por lo expuesto no es factible entender que se incurrió en un
desconocimiento de precedente y, menos aún, en una decisión arbitraria o
caprichosa, pues, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante
con la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales.

58. En consecuencia, la Sala procederá a negar el amparo constitucional
reclamado por la parte accionante, al no configurarse ninguna vulneración ius
fundamental. Y en lo relacionado con el desconocimiento de la sentencia de
unificación del 12 de febrero de 2012, proferida por la Sección Segunda del Consejo
de Estado, se declarará la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con
el requisito de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

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FALLA

Primero: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por la Secretaría Distrital
de Seguridad, Convivencia y Justicia, de conformidad con las consideraciones
anteriormente expuestas.

Segundo: Declarar la improcedencia de la acción de tutela presentada por el señor
Camilo Antonio Velásquez Matallana, por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad, en lo relacionado con el desconocimiento del precedente judicial
contenido de la sentencia de unificación del 12 de febrero proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado, de conformidad con las razones expuestas en la
parte motiva.

Tercero: Negar la tutela en relación con los demás defectos alegados, de acuerdo
con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia.

Cuarto: Reconózcase personería al abogado Jairo Sarmiento Patarroyo con tarjeta
profesional núm. 62.110 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado
de la parte accionante, en los términos y para los fines conferidos en el poder
especial obrante en el expediente.

Quinto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Sexto: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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