Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03517-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03517-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-03517-01
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
1 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., primero (01) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03517-01
Accionante: Camilo Antonio Velásquez Matallana
Accionado: Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Sentencia
emitida dentro de proceso ejecutivo. Ejecución de sentencia de nulidad y
restablecimiento del derecho / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No satisface
carga argumentativa y emplea la tutela como tercera instancia.
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia proferida el 26 de junio de 2025 por la Sección Segunda – Subsección
A del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de
amparo sobre algunos cargos y otros fueron negados.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 9 de junio de 2025, el señor Camilo Antonio Velásquez Matallana promovió
acción de tutela contra la Sección Segunda – Subsección B del Consejo de Estado,
con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales1 . Pretende que se deje
sin efectos la providencia de 31 de octubre de 20242, proferida en el marco del trámite
ejecutivo3 surtido contra el Distrito Capital – Secretaría de Seguridad, Convivencia y
Justicia - Cárcel Distrital de Varones y Anexo Mujeres.
2.
Dicha acción tuvo por objeto obtener el cumplimiento de la condena contenida en
la sentencia de 25 de febrero de 2016 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Segunda – Subsección F, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho que promovió el accionante4 a fin de que se le reconocieran y pagaran
varios factores salariales causados durante el ejercicio del cargo de guardián en la
Cárcel Distrital.
1 Invocó los derechos a la igualdad, debido proceso, mínimo vital y acceso a la administración de justicia. También
se hace referencia al fenómeno de la cosa juzgada, a la inmutabilidad de la sentencia y a los principios contenidos
en el artículo 53 de la Constitución Política.
2 Frente a la cual se presentó una solicitud de adición, aclaración y corrección, negada el 30 de abril de 2025.
3 Radicado: 25000-23-42-000- 2022-00058-01 (1038-2023).
4 Radicado: 25000-23-25-000-2011-00346-00
1
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03517-01
Accionante: Camilo Antonio Velásquez Matallana
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
3.
A través de la providencia cuestionada, el Consejo de Estado confirmó la decisión
del a quo5 de reconocer a favor del demandante, por concepto de horas extras y
recargos nocturnos, festivos diurnos y festivos nocturnos, causados del 31 de mayo
de 2007 al 31 de diciembre de 2014, un total de $91.645.996, con fundamento en
que el factor hora se obtenía dividiendo la asignación básica mensual sobre un total
de 190 horas mensual. La Administración canceló $75.009.860 por los aludidos
recargos durante dicho período considerando una jornada máxima de 240 horas y
no de 190. La diferencia salarial entre lo que debía sufragar el empleador por tal
trabajo suplementario y lo que recibió el demandante arroja un valor de
$21.418.916 6 , al cual debía descontarse las respectivas cotizaciones a salud y
pensión por un monto de $1.806.277. De otro lado, se concluyó que por el reajuste
de cesantías e intereses de las cesantías se debía pagar al actor $3.740.427, así
como también $2.840.498 de intereses de mora. Todo lo anterior, daba un total de
$26.193.575, suma a la cual se le descontaron $2.216.261 correspondientes a un
pago previo efectuado por el Distrito dando cumplimiento al fallo de recaudo. De
acuerdo a lo anterior, determinó que se le adeudaba al demandante $23.977.314
como condena a ejecutar.
4.
Mediante auto de 30 de abril de 2025, se negó la solicitud de adición, aclaración
y corrección frente a la providencia de 31 de octubre de 2024. Se consideró que los
argumentos expuestos se orientan a modificar la decisión objeto de dicha petición.
No se incurrió en error por omisión o cambio de palabras, no contiene conceptos o
frases que ofrezcan duda ni se omitió resolver sobre algún punto de la litis.
5.
El accionante sostuvo que en la providencia atacada se configuró un defecto
fáctico por indebida valoración de las pruebas aportadas al plenario, especialmente,
de la sentencia del 25 de febrero de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que constituye el título ejecutivo. En este fallo se ordenó reliquidar los
recargos nocturnos y el trabajo dominical y festivo, con porcentajes del 35%, 200%
y 235%, con base en una jornada máxima legal de 190 horas mensuales, en
aplicación a la sentencia de unificación de 12 de febrero de 2015. Actuar con el que
se desconoció el principio de cosa juzgada y la inmutabilidad de las sentencias.
6.
Se incurrió en defecto sustantivo por indebida aplicación de lo dispuesto en los
artículos 35 y 39 del Decreto 1042 de 1978, según los cuales procede la reliquidación
de los recargos nocturnos, dominicales y festivos, en los términos solicitados. Con
los desprendibles de nómina se acreditó que la Administración, en aplicación a estas
normas, liquidó sobre una jornada laboral de 240 horas mensuales, los factores
salariales demandados con unos porcentajes de recargo del 35%, 200% y 235%.
5 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en auto del 6 de septiembre de 2022, negó parcialmente el
mandamiento y ordenó el pago de solamente $21.136.815 por concepto de saldo de capital, $2.840.498 por
intereses causados hasta el 9 de enero de 2017, fecha en se probó
6 Cifra indexada.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03517-01
Accionante: Camilo Antonio Velásquez Matallana
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
7.
El Consejo de Estado debió reajustar el valor a pagar por cada acreencia salarial,
únicamente en lo referente a las horas de jornada laboral mensuales (190 horas, no
240), sin disminuir los porcentajes de remuneración aplicados en sede
administrativa, pues con ello, actuó en detrimento del patrimonio del demandante.
8.
Por otra parte, cuestionó un posible desconocimiento del precedente por no
tenerse en cuenta las sentencias de tutela de 9 de septiembre de 2021 de la
Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación7, de 10 de junio de 2021
de la Sección Quinta del Consejo de Estado8, y de 27 de noviembre de 20239, en las
que, en similar situación fáctica a la suya, se concedió el amparo. De igual modo, se
inobservó la sentencia de unificación del 12 de febrero de 201510, así como los fallos
de 12 de febrero de 201511, 22 de junio de 202312 y 14 de noviembre de 202413
emitidos por las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en procesos ordinarios análogos.
B. Sentencia de primera instancia
9.
Mediante sentencia de 26 de junio de 2025, la Sección Segunda – Subsección A
del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el
requisito de subsidiariedad, en lo relacionado con el desconocimiento del precedente
judicial contenido en la sentencia de unificación del 12 de febrero de 2015 proferida
por la Sección Segunda de la misma Corporación, aspecto que pudo ser alegado en
ejercicio del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, consagrado en
los artículos 256 y siguientes del CPACA.
10.
Por otro lado, negó el amparo en relación con los defectos fáctico, sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial, pues la autoridad judicial accionada efectuó
una valoración probatoria integral y dio aplicación debida a las normas y la
jurisprudencia invocada.
C. La impugnación
11.
El señor Velásquez Matallana indicó que el tema sobre el cual debe pronunciarse
el juez de tutela es la modificación del título de recaudo hecha por el juez del
ejecutivo, al avalar una liquidación de la condena contraria a las reglas de reajuste
de factores salariales allí decantadas. Reiteró los argumentos esgrimidos en la
solicitud de amparo e hizo énfasis en que el mismo Consejo de Estado, tanto en sede
de tutela como en procesos ordinarios y ejecutivos, ha concedido la reliquidación de
7 Expediente 11001-03-15-000-2021-05248-00, M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
8 Expediente 11001-03-15-000-2021-01379-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
9 Expediente 11001-03-15-000-2023-04299-01, M.P. César Palomino Cortés.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda. Expediente 25000 23 25000 2010 00 725 01 (1046-2013)
11 Expediente 25000232500020100072501. M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
12 Expediente 25000234200020180147701 (4303-2022). M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
13 Expediente
25000234200020180150001. M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves. Fallo, en el que a juicio del
demandante se citan otras dos sentencias de especial relevancia para su caso particular, con los Radicados
25000234200020180152601 y 25000234200020130542001.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-03517-01
Accionante: Camilo Antonio Velásquez Matallana
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
las horas extra, los recargos nocturnos y el trabajo en días y noches dominicales y
festivos, aplicando el 35%, 200% y 235%, respectivamente.
12.
Solicitó tener en cuenta que la decisión objeto de tutela le causó un perjuicio
irremediable, consistente en que solo se le reconoció $21.136.815 por concepto de
capital, cuando según su propia liquidación de la condena este concepto tiene un
valor estimado total de $64.914.626.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
E. Competencia
13.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 199114.
F. Análisis del caso concreto
14.
Esta Subsección modificará el fallo impugnado, pues una revisión de los
planteamientos aducidos por la actora permite advertir que la solicitud de amparo
deviene improcedente por no encontrarse acreditado el presupuesto de relevancia
constitucional.
15.
Los cuestionamientos expuestos en la tutela se fundamentan en argumentos
presentados por el actor durante el trámite del proceso ejecutivo, lo que evidencia
que se pretende convertir el mecanismo de amparo en una instancia adicional a fin
de discutir el monto de la condena impuesta a favor del accionante, sin que se haya
evidenciado una verdadera deficiencia probatoria o sustantiva que amerite una
protección constitucional. Además, el alegado desconocimiento del precedente
carece de carga argumentativa.
16.
Para sustentar los referidos reproches, el demandante afirmó que hubo una
valoración defectuosa de lo dispuesto en la sentencia de 26 de febrero de 2015,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que es el título base de
recaudo. En dicha providencia, se dispuso dentro de las reglas para liquidar las horas
extra diurnas, los recargos nocturnos y los recargos dominicales y festivos, que estos
debían ser recalculados con una base de jornada laboral mensual de 190 horas, no
de 240 como lo había efectuado la Administración, y en unos porcentajes de
remuneración adicional del 35%, 200% y 23%, respectivamente. Esto, en aplicación
de lo dispuesto en los artículos 35 a 39 del Decreto Ley 1042 de 1978 y en la
sentencia de unificación del 12 de febrero de 2015, proferida por la Sección Segunda
del Consejo de Estado, junto con otros fallos de la misma Corporación en los que se
avaló esa liquidación.
14 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03517-01
Accionante: Camilo Antonio Velásquez Matallana
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
17.
El actor pretendió hacer valer esta misma interpretación de la sentencia que
constituye el título ejecutivo, así como de las normas y jurisprudencia citadas en la
tutela, al presentar el recurso de apelación contra el auto del 6 de septiembre de
2022 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda
– Subsección F, que ordenó seguir adelante con la ejecución con base en una
presunta liquidación incorrecta de la condena impuesta al Distrito Capital.
Argumentos reiterados en la solicitud de adición, aclaración y corrección que
presentó contra la sentencia objeto de reproche y que fue negada mediante auto del
30 de abril de 202515.
18.
Al respecto, esta Sala pudo constatar que la autoridad judicial demandada
rechazó la liquidación de la condena presentada por el actor, teniendo en cuenta lo
dispuesto en el título de recaudo y lo establecido en el Decreto 1042 de 1978 para
cada factor salarial a recalcular, acorde a la interpretación dada sobre dicha
normatividad en la sentencia de unificación del 12 de febrero de 2015. Con la acción
de tutela se buscó reabrir un debate jurídico y probatorio debidamente zanjado por
el juez natural de la causa, a fin de obtener un fallo favorable a sus intereses.
19.
En efecto, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
transcribió lo dispuesto en la sentencia del 25 de febrero de 2016 sobre las reglas
aplicables para liquidar cada acreencia laboral pendiente de reconocimiento y pago
a favor del actor, concluyendo que la liquidación de la condena que quedó
consagrada en el mandamiento de pago, respetó lo allí ordenado.
20.
Aclaró que si bien es cierto se aportó al proceso ejecutivo desprendibles de pago
que daban cuenta que se le pagó al señor Velásquez, recargos nocturnos del 35%,
recargos festivos diurnos del 200% y recargos festivos nocturnos del 235%, horas
extras por un 175%, 225% y 275%, sobre la base de una jornada laboral de 240
horas mensuales, lo cierto es que, al realizar una lectura integral de la sentencia de
recaudo, se adviertía que esta dispuso que la reliquidación de las horas extras
diurnas, los recargos nocturnos y el trabajo en días dominicales y festivos debía
efectuarse con base en los porcentajes establecidos en el Decreto 1042 de 1978, y
tomando como referencia una jornada ordinaria de 190 horas mensuales, y no de
240 horas.
21.
Explicó que el perjuicio en la liquidación de los emolumentos mencionados
radicaba, precisamente, en el número de horas que constituían la jornada ordinaria
laboral, la cual tenía un máximo mensual de 190 horas para el personal de
guardianes de la Cárcel Distrital. Al no contar con una regulación especial, les
resultaba aplicable el Decreto 1042 de 1978, siendo sus labores comparables a las
del personal bomberil, tal como se estableció en la providencia de unificación del 12
15 Actuaciones que reposan en la copia del expediente digital del proceso ejecutivo a índice 9 del aplicativo
SAMAI de tutela de primera instancia.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03517-01
Accionante: Camilo Antonio Velásquez Matallana
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
de febrero de 2015 radicado 25000-23-25000-2010-00725-01 (1046-2013), que fue
citada en la sentencia de recaudo. Providencia en la que no se señalaron porcentajes
de los recargos distintos a los indicados en el decreto en comento.
22.
Finalmente, aclaró que el mandamiento de pago para los meses de marzo de
2008, enero, febrero, septiembre de 2010, enero de 2011, junio y julio de 2013 causó
saldos negativos al ejecutante, porque como lo dijo el a quo, los pagos realizados
por la entidad ejecutada, en algunos meses, registraron saldos negativos. Sin
embargo, la orden de recaudo fue clara en precisar el modo de liquidar la condena,
esto con fundamento en el Decreto 1042 de 1978, luego ello no era un descuento
«ilógico y contrario a derecho», como lo señalaba el accionante. Los descuentos son
montos que, desde el inicio, no debieron ser desembolsados por dichos porcentajes,
lo cual generó un saldo a su favor que debe ser objeto de ajuste.
23.
Precisó que según lo dispuesto en el artículo 430 del CGP, el juez de la ejecución
puede hacer una revisión de los elementos del título y efectuar la liquidación de la
condena, pero no para adelantar un estudio de legalidad de un pronunciamiento que
ya hizo tránsito a cosa juzgada. Por lo que, si el proceso ejecutivo se encontrara
desprovisto del juicio de legalidad que es propio del proceso declarativo, al momento de
librar el mandamiento ejecutivo no se podía acudir a interpretaciones a su favor que se
debieron aclarar, si lo consideraba pertinente, en el trámite del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
24.
Es claro entonces que la argumentación efectuada por la autoridad judicial
accionada dio respuesta a cada uno de los reproches presentados por el accionante
en el escrito de apelación, y que ahora vuelve a alegar en sede de tutela, a fin de
que se haga un estudio adicional de lo decidido por el juez natural de la causa.
25.
De otro lado, sobre el desconocimiento del precedente judicial alegado por el
tutelante, pidió que se tuviera por acreditado tal presupuesto con base en unas
sentencias dictadas por el Consejo de Estado en otras acciones de tutela. Se limitó
a citar in extenso fragmentos de dichos fallos, sin mencionar por qué razones se
debía proceder a ello (solo adujo que guardaban similitud fáctica), máxime cuando
los efectos de esos fallos de tutela son inter partes (artículo 48 -numeral 2- de la Ley
270 de 1996), por lo que no procede su aplicación.
26.
En similares términos, pidió dar aplicación a lo dispuesto en las sentencias de 12
de febrero de 201516, 22 de junio de 202317 y 14 de noviembre de 202418 emitidas
por las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en
procesos similares fácticamente al suyo, sin precisar (i) cuáles fueron los
fundamentos fácticos que dieron origen a esas providencias, (ii) cuáles son las
16 Expediente 25000232500020100072501. M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
17 Expediente 25000234200020180147701 (4303-2022). M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
18 Expediente
25000234200020180150001. M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves. Fallo, en el que a juicio del
demandante se citan otras dos sentencias de especial relevancia para su caso particular, con los Radicados
25000234200020180152601 y 25000234200020130542001.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-03517-01
Accionante: Camilo Antonio Velásquez Matallana
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
subreglas jurisprudenciales que se derivan de las mismas, y (iii) por qué esas
subreglas debían aplicarse a su litigio, es decir, por qué la autoridad judicial
accionada en este caso, estaba obligada a emplear las sentencias en la resolución
del asunto que tenía a su cargo.
27.
Por último, se evidencia que el actor aduce el desconocimiento de la sentencia de
unificación del 12 de febrero de 2015, acorde a la cual se podía entender que la
reliquidación salarial debía hacerse utilizando una base de 190 horas mensuales
como jornada laboral básica y no de 240, pudiendo aplicarse porcentajes del 35%,
200% y 235% para los recargos nocturno, y festivos diurno y nocturno,
respectivamente. Afirmaciones que carecen de veracidad, pues como se expuso
previamente dicho fallo fue citado como sustento de la decisión adoptada por el juez
de la ejecución en segunda instancia y, en todo caso, desconocen que en la
sentencia de unificación no se fijaron porcentajes para los referidos factores
salariales, sino que se precisó la importancia que tenía utilizar una base de 190 horas
mensuales de trabajo para recalcular el pago efectuado por dichos emolumentos a
los guardianes de las cárceles del distrito, acorde a lo previsto en el Decreto 1042 de
1978, ante la falta de regulación específica sobre la materia.
28.
Con lo hasta aquí expuesto, se advierte que el tutelante promovió este trámite con
el fin de abrir nuevamente el debate definido en sede ejecutiva, lo que desconoce la
naturaleza excepcional del mecanismo constitucional. Controvierte el monto
adeudado, aspecto que no es posible examinar por el juez de tutela, máxime cuando
en el título base de ejecución no se establece de manera concreta el monto a pagar.
Al ser una condena en abstracto el juez de ejecución debe desplegar las acciones
necesarias y acudir a las reglas normativas y jurisprudenciales correspondientes
para su monetización, lo cual efectuó la autoridad accionada.
29.
Por lo expuesto, se concluye que el presente trámite constitucional no satisface el
requisito de relevancia constitucional, motivo por el cual esta Sala modificará la
providencia impugnada y declarará la improcedencia de la solicitud de amparo.
30.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 26 de junio de 2025, proferida por la
Sección Segunda – Subsección A de esta Corporación y, en su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03517-01
Accionante: Camilo Antonio Velásquez Matallana
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE19
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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