Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-03518-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-03518-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-03518-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
22 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero de Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., veintidós (22) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Radicado : 11001-03-15-000-2025-03518-011
Demandante : Fausto Martínez Useche
Demandado : Consejo de Estado, Sección Quinta
Vinculados : Gilberto Moreno Vargas y Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B
Acción : Tutela (impugnación)
Derechos : Debido proceso, «a ser elegido y a la eficacia del voto»
Tema : Tutela contra providencia, nulidad electoral de concejal
Decisión : Sentencia de segunda instancia - confirma en sentido de
negar
Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por el actor contra el fallo de 21
de agosto de 2025, emitido por el Consejo de Estado, Sección Primera2, que declaró
improcedente el trámite constitucional de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por el accionante frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se
revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se
determinará lo que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo
constitucional.
La demanda de tutela.
El demandante, por conducto de apoderado judicial, interpuso el presente recurso
de amparo, con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales al
debido proceso, «a ser elegido y a la eficacia del voto», presuntamente vulnerados por el
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Expediente digital disponible en Samai.
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C. P. Oswaldo Giraldo López.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03518-01
Demandante: Fausto Martínez Useche
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Consejo de Estado, Sección Quinta.
Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos el fallo de 3 de abril de 2025, mediante el
cual el Consejo de Estado - Sección Quinta3, revocó la providencia de 28 de
noviembre de 2024, en la que, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección B negó las pretensiones formuladas en la demanda de nulidad
electoral promovida por el señor Gilberto Moreno Vargas en contra del acto que
declaró su elección como concejal del municipio de El Colegio (Cundinamarca), para
el período 2024 - 20274 (expediente 8), para acceder a aquellas. En su lugar, pidió
que se ordene a la autoridad accionada proferir una nueva decisión en la que no se
concedan las súplicas formuladas en el aludido asunto contencioso-administrativo.
Hechos5.
De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por el
accionante se puede evidenciar que, el 27 de noviembre de 2023 el señor Gilberto
Moreno Vargas instauró demanda de nulidad electoral en su contra (expediente
25000-23-41-000-2023-01696-01), con el propósito de obtener la anulación de su
elección como concejal de El Colegio (Cundinamarca), para el periodo 2024 - 2027,
por incurrir en la causal de doble militancia, prevista en el inciso 2° del artículo 2 de
la Ley 1475 de 2011 y el artículo 107 constitucional.
Que, de ese asunto ordinario conoció el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B que, el 28 de noviembre de 2024 negó las
pretensiones, al estimar que el inciso 2° del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011
«dispuso como obligación del futuro candidato renunciar a la curul que ostentaba con 12 meses de
antelación, sin prever, de forma expresa que dicha renuncia debiera ser aceptada para surtir efectos,
[dado que] si así lo fuera la misma norma indicaría que con la aceptación de la renuncia podría
postularse», por lo que «no se evidencia que se cumplan los requisitos para considerar que el
señor Fausto Martínez Useche incurrió en doble militancia. Pues[,] aunque: i) fue elegido como
miembro de una corporación pública -Concejo Municipal de El Colegio- por el partido político Alianza
Social Independiente “ASI”, y ii) aspiraba a ser elegido como [c]oncejal en las elecciones del 29 de
octubre de 2023 por […] el Partido Liberal, lo cierto es que renunció a su curul con 12 meses de
antelación a su postulación, lo cual solo requiere la presentación de la renuncia, no su aceptación -
hecho ocurrido el 20 de junio de 2022».
3
C. P. Gloria María Gómez Montoya.
4
Acta E-26 CON del 29 de octubre de 2023.
5
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital de primera instancia en SAMAI, índice 00002.
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Demandante: Fausto Martínez Useche
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Inconformes con esa decisión, tanto el señor Gilberto Moreno Vargas como el
Ministerio Público, interpusieron recursos de apelación, desatados el 3 de abril de
2025 por el Consejo de Estado - Sección Quinta, en el sentido de revocarla, con
fundamento en que «la renuncia no señaló el momento a partir del cual surtiría sus efectos, como
lo exige el artículo 53 de la Ley 136 de 1994, lo cual resulta necesario para evitar que se configure
la prohibición de doble militancia por el elemento temporal», razón por la cual, «se materializó cuando
el alcalde municipal dictó el correspondiente acto administrativo en el cual la aceptó y posteriormente
remitió la actuación a la corporación pública para la declaratoria de la vacancia absoluta y
designación del correspondiente reemplazo», lo que ocurrió el 19 de julio de 2023, es decir,
«no se efectuó 12 meses antes del 29 de junio de 2022, cuando inició el período de inscripciones
para las elecciones territoriales del año 2023».
El 10 de abril de 2025 el demandante formuló solicitud de adición, encaminada a
que se le explicara:
«[…] (i) cuál es el soporte constitucional o legal que le exige expresamente a un concejal
que pretende cambiar de partido en la próximas elecciones, que se le debe aceptar la
renuncia a su curul un año antes del primer día de inscripciones, para no incurrir en la
prohibición de doble militancia (sin que baste su sola presentación), (ii) en el mismo
sentido, cuál es el soporte constitucional o legal que le exige expresamente a un
concejal que pretende cambiar de partido en la próximas elecciones, renunciar en el
mismo término -ya referenciada- al partido al que pertenecía para ese entonces, so
pena de incurrir en doble militancia, y (iii) sobre el análisis obligatorio relacionado con
la aplicación en el caso en concreto del principio pro homine (entre la interpretación del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la del Consejo de Estado), y de los principios
de taxatividad e interpretación restrictiva en tratándose de sanciones o medidas
restrictivas a los derechos fundamentales (como el derecho a ser elegido y la eficacia
del voto, contenidas en el artículo 40 de la Constitución Política), producto de la
anulación de una elección popular».
La anterior petición fue resuelta mediante auto de 8 de mayo de 2025 proferido por
el Consejo de Estado, Sección Quinta, en el sentido de negarla, en atención a que,
«no se present[ó] algún aspecto o extremo de la litis respecto del cual se hubiere dejado de resolver» .
Sobre la precedente situación el actor expone que la providencia objeto de censura
incurre en defecto sustantivo, comoquiera que, «impuso una exigencia no contemplada en
la Constitución ni en la ley, al considerar que [su] renuncia […] solo surtió efectos desde su
aceptación formal, debido a que la carta no contenía una fecha interna», premisa que «constituye
una interpretación manifiestamente irrazonable, desproporcionada y contraria a los principios de
legalidad, taxatividad y seguridad jurídica».
Lo anterior, por cuanto, «no existe disposición alguna en el ordenamiento jurídico que exija
que la carta de renuncia contenga fecha interna para que produzca efectos. El requisito legal
consiste, exclusivamente, en la presentación de la renuncia con al menos doce meses de
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antelación al primer día de inscripciones, como lo establece de forma clara y directa el inciso
final del artículo 107 de la Constitución y el artículo 2° de la Ley 1475 de 2011».
Además, «si una renuncia es presentada sin condición ni plazo, como en este caso, debe
entenderse conforme al régimen general de los actos unilaterales de voluntad como una renuncia
pura y simple, que surte efectos desde el momento en que se presenta. Así lo dispone el
ordenamiento constitucional y legal, que no exige aceptación para que la presentación sea
válida».
Asimismo, el accionante argumenta que la sentencia reprochada adolece de (i)
desconocimiento del precedente, «al haberse ignorado abiertamente el contenido obligatorio
de la sentencia C-303 de 2010 de la Corte Constitucional, que realizó el control abstracto de
constitucionalidad del Acto Legislativo 01 de 2009, mediante el cual se modificó el artículo 107 de la
Constitución Política, introduciendo una regla de inhabilidad para quienes, ostentando una curul por
un partido político, deseen aspirar por una colectividad distinta en el siguiente período electoral»,
cuyo único requisito es que «el servidor público renuncie a su curul con al menos un año de
antelación al primer día de inscripciones. No se exige la aceptación formal, […] ni ningún acto de
tercero que condicione el efecto de esa renuncia» ; y (ii) violación directa de la Constitución
Política, con ocasión de la flagrante vulneración de los derechos fundamentales
aquí alegados.
1.2 Contestaciones de la acción.
1.2.1 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B6 adujo que «en el marco del proceso electoral […] ha actuado con observancia
al debido proceso y les ha garantizado a las partes su derecho de defensa y contradicción» .
1.2.2 El Consejo de Estado, Sección Quinta7 indicó que «[u]na revisión del escrito
inicial no evidencia motivos para concluir la relevancia constitucional del asunto, en tanto la parte
actora se limita a exponer su inconformidad con las consideraciones de la sentencia cuestionada,
reiterando, incluso, argumentos que fueron atendidos por esta corporación judicial, sin que
materialmente, refiera a una verdadera situación que conlleve la transgresión de sus garantías
fundamentales, buscando con ello la creación de una instancia adicional al medio de control de
nulidad electoral».
Agregó que, «el artículo 107 Constitucional y el artículo 2 inciso 2º de la Ley 1475 del 2011, en
efecto consagran la necesidad de la renuncia del integrante de una corporación pública, si es su
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Índice 00011 del expediente de Samai de primera instancia.
7
Índice 00013 del expediente de Samai de primera instancia.
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deseo aspirar en la siguiente elección por partido o movimiento político diferente» ; sin embargo,
«[p]ara entender [sus] efectos […], con fundamento en el artículo 53 la Ley 136 de 1994, [un concejal
es] separado de la corporación pública […] [cuando es] aceptada por la autoridad que resulte
competente, acto que, a su vez, debe cumplir con la exigencia normativa de indicar de manera
expresa la fecha a partir de la cual surte efectos».
1.2.3 El señor Gilberto Moreno Vargas guardó silencio en la oportunidad prevista
para el efecto.
1.3 Providencia impugnada8.
Mediante sentencia de 21 de agosto de 2025, el Consejo de Estado, Sección
Primera declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, al considerar que
no se cumple el requisito de relevancia constitucional, porque, «la parte actora pretende
reabrir el debate que se surtió en el proceso de nulidad electoral, dado que sus inconformidades
están encaminadas a cuestionar lo resuelto por la autoridad judicial accionada frente a la
interpretación de las normas aplicables al caso», en lo concerniente «al momento a partir del
cual surtió efectos [su] renuncia […] a la curul que ocupaba en el Concejo Municipal de El Colegio
(Cundinamarca)».
1.4 La impugnación9.
Inconforme con esa determinación, el accionante la impugnó, para lo cual, reiteró
los argumentos expuestos en su escrito inicial y adicionó que su fundamento
«constituye un verdadero pretexto para evadir el análisis de fondo y simplificar lo que en realidad es
una vulneración ostensible y directa de derechos fundamentales» , pues, sus cuestionamientos
no implican «un simple desacuerdo interpretativo […], sino de una [tesis] judicial que creó un
requisito inexistente en el ordenamiento».
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia.
En virtud de los artículos 3210 del Decreto ley 2591 de 199111 y 2512 del Acuerdo 80
del 12 de marzo de 201913, expedido por la sala plena del Consejo de Estado, esta
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Índice 00016 del expediente de Samai de primera instancia.
9
Índice 00020 del expediente de Samai de primera instancia.
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«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
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«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
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«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
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Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
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Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.
2.2 La acción.
Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
2.3 Problema Jurídico.
Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo de 3
de abril de 2025, mediante el cual el Consejo de Estado, Sección Quinta revocó la
providencia de 28 de noviembre de 2024, en la que, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección primera, Subsección B negó las pretensiones formuladas
en la demanda de nulidad electoral promovida por el señor Gilberto Moreno Vargas
en contra del acto que declaró la elección del tutelante como concejal del municipio
de El Colegio (Cundinamarca), para el período 2024 - 202714 (expediente 25000-
23-41-000-2023-01696-01), para acceder a aquellas; y, en caso afirmativo, si se han
vulnerado las garantías superiores al debido proceso, «a ser elegido y a la eficacia del
voto» invocadas en la solicitud de amparo.
2.4 La acción de tutela contra providencias judiciales.
El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional
que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de
derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con
la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido de
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Acta E-26 CON del 29 de octubre de 2023.
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forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.
La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista
de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela
contra decisiones judiciales, dado que, no obstante, el reconocimiento del principio
de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de
una providencia judicial, derechos fundamentales.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994
se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera
calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se
presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto
sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma
indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta
indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a
aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se
presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada,
carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que
aparece en aquellos eventos en los que se actúa completamente al margen del
proceso establecido.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante
sentencia C-590 de 2005, se destacó el carácter excepcional de la acción de tutela,
vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos
fundamentales.
Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos
excepcionales de aplicación, los cuales, deben satisfacerse plenamente para
identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden
estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan
derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se
profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.
Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
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relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales
genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar su excepcionalidad, la cual,
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta procedente.
Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión
que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto
procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen
del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador
carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la
decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente
y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido,
se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto
lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión
sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii)
desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii)
violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera
el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que, si bien no se está
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ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
Por otra parte, se destaca que, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba
improcedente para controvertir decisiones judiciales15, rectificó su posición
mediante sentencia de 31 de julio de 201216, en el sentido de disponer que, la acción
constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos
fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así
como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que, esta
subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes
expuestos17.
2.5 Caso concreto.
Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado,
contrario a lo indicado en primera instancia, comporta relevancia constitucional, por
cuanto recae sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso, «a ser elegido y a la eficacia del voto» del tutelante; (ii) contra la decisión
objeto de censura no procede recurso alguno; (iii) se establecieron los hechos que
originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el
requisito de inmediatez se satisface, en la medida en que la providencia atacada
quedó ejecutoriada el 14 de abril de 202518 y la solicitud de amparo se presentó el
9 de junio siguiente, es decir, dentro de los 6 meses y (v) la sentencia acusada no
desató una acción de tutela.
15
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C.
P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-
429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2
de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-
01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
16
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
17
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-
00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-
01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-
00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-
01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas
Monsalve.
18
Cabe precisar que dentro de su ejecutoria se formuló solicitud de adición, la cual fue resuelta con auto de 8 de mayo de
2025, notificado por estado el día siguiente.
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Demandante: Fausto Martínez Useche
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta
En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
del asunto bajo la causal específica denominada defecto sustantivo, dado que, pese
a que el actor alegó también desconocimiento del precedente y violación directa de
la Constitución Política, se advierte que sus reproches y la génesis de la vulneración
invocada radican en, a su juicio, una indebida interpretación normativa, por lo que
en virtud del principio de oficiosidad, que señala que el juez de tutela debe
interpretar de manera extensiva el escrito inicial19, resulta procedente analizar este
trámite a partir de la aludida causal de procedencia de tutela contra providencia
judicial.
2.5.1 Defecto sustantivo.
Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que los
jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato,
las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las normas
que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.
La jurisprudencia constitucional20 ha estimado que la providencia judicial proferida
con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado defecto
sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con fundamento en
una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue derogada,
declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con el decidido,
la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente se omite
aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:
«Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o yerro
en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación de las
disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar
a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta
trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la efectividad de
los derechos constitucionales21».
En el asunto sub examine el demandante aduce que la providencia cuestionada
incurrió en defecto sustantivo, al desconocer la verdadera interpretación del inciso
19
Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «Respecto del papel del juez de tutela,
esta Corte ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su función de garante de los derechos
fundamentales de las personas, y su rol es mucho más activo que el de otros operadores jurídicos. En esta medida es su
deber esclarecer los hechos que dieron origen a la acción, así como eventualmente las pretensiones que llevarían a la
salvaguarda de los mismos [...].
15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras jurisdicciones, y
en esta medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca de la demanda».
20
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
21
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03518-01
Demandante: Fausto Martínez Useche
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta
final del artículo 107 de la Constitución y el artículo 2° de la Ley 1475 de 2011, que
establecen que «[…] [l]os candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un
partido o movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura
o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto,
deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones» , es
decir, solo imponen la presentación de la renuncia con una antelación mínima de
doce meses al primer día de inscripciones, y no su aceptación.
Ahora bien, frente al referido reproche, en la providencia censurada de 3 de abril de
2025 el Consejo de Estado, Sección Quinta, sostuvo:
«48. La prohibición que analiza la Sala, también fue objeto de regulación estatutaria, en
tanto el artículo 2º de la Ley 1475 del 2011, complementó la normativa constitucional al
disponer que «[l]os candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por
un partido o movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras
ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por un
partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce (12)
meses antes del primer día de inscripciones».
50. Es de resaltar que la jurisprudencia de esta corporación ha precisado que las
disposiciones jurídicas antes transcritas, garantizan el ejercicio de los derechos políticos
de quienes ocupan cargos en corporaciones pública y deciden aspirar por un partido o
movimiento político diferente de aquel que lo avaló, siempre y cuando se cumplan los
parámetros antes señalados. […]
[…]
53. El punto central de la discusión que se plantea en esta instancia responde al
momento en que se materializó la renuncia a la curul que ocupaba el señor Fausto
Martínez Useche en representación del partido Alianza Social Independiente y sus
efectos. Para resolver sobre ese particular, es importante atender, en primer lugar, los
argumentos expuestos por el demandante en su recurso.
[…]
58. Actualmente, la Ley 136 de 1994, en su capítulo IV y la Ley 1551 del 2012,
constituyen el parámetro normativo que fija el régimen de los concejales. El literal b) del
artículo 51 de la primera de las disposiciones jurídicas mencionadas, establece como
causal de falta absoluta «la renuncia aceptada», norma que debe interpretarse en
armonía con el artículo 63 Ibidem, que consagra:
«Las vacancias absolutas de los concejales serán ocupadas por los
candidatos no elegidos en la misma lista, en orden de inscripción, sucesiva y
descendente. El Presidente del Concejo, dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes a la declaratoria, llamará a los candidatos que se encuentren en dicha
situación para que tomen posesión del cargo vacante que corresponde.” (énfasis
propio)
59. De acuerdo con la preceptiva anterior, se debe concluir que la aceptación de la
renuncia como causal de falta absoluta de un concejal, es requisito para que la curul
quede vacante y, de esa forma, poder proveer la plaza con el candidato que
corresponda.
60. A su turno, el artículo 53 de la Ley 136 de 1994, establece que «la renuncia de un
concejal se produce cuando él mismo manifiesta en forma escrita e inequívoca
su voluntad de hacer dejación definitiva de su investidura como tal. La renuncia
deberá presentarse ante el Presidente del Concejo, y en ella se determinará la fecha
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03518-01
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Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta
a partir de la cual se quiere hacer». (énfasis propio)
61. Esta Sección22, ha reconocido que «la redacción del enunciado transcrito da lugar
a colegir que la renuncia de un concejal se produce, esto es, se materializa, al momento
en que manifiesta por escrito su voluntad de apartarse de su investidura, a partir de una
fecha determinada. Como bien se observa, la norma es clara en señalar que la carga
del dimitente se agota en el momento mismo de la manifestación que en ese sentido
presenta, sin condicionamiento expreso o tácito a su aceptación».
62. A pesar de lo anterior, en la sentencia reseñada, que además es el fundamento de
la impugnación presentada por el Ministerio Público, esta judicatura expuso la
necesidad de integrar e interpretar efectivamente las condiciones en que se debe
presentar la renuncia de un miembro de corporación pública, tesis que se reitera en esta
oportunidad, pues el marco normativo aplicable en dicho fallo está vigente.
63. Allí se precisó que:
[…]
[…] tanto la presentación de la renuncia a la curul, como la fecha a partir de la
cual esta produce efectos, debe contemplar la antelación de doce meses
previos al inicio de las inscripciones para la próxima elección, de conformidad
con el inciso segundo del artículo 2° de la Ley 1475 de 2011, toda vez que si
tales efectos se difieren a una fecha posterior, se configuraría la doble
militancia política.
Así mismo, la aceptación de la renuncia debe producir efectos desde la fecha en la
que el concejal señale en su escrito, pues por expresa previsión del artículo 53 bajo
cita, esta se causa desde el momento “a partir de la cual se quiere hacer.”
[…]
64. La tesis expuesta no amplía el contenido del artículo 2º de la Ley 1475 del 2011,
como lo expone el apoderado del demandado en sus alegatos de segunda instancia,
quien considera que solo se exige la renuncia a la curul o cargo de elección popular, sin
que se requiera la aceptación para efectos de purgar la prohibición de doble militancia.
65. La lectura que propone la parte desconocería otros elementos normativos que
deben integrarse para interpretar adecuadamente el precepto mencionado, pues de lo
contrario, perdería su contenido y eficacia. Así las cosas, el acto de renuncia que hoy
en día consagra la norma electoral, no puede leerse sin el efecto que aquello tiene
respecto de otras instituciones como el mandato popular y representativo que implica
ocupar la curul, el derecho del partido a llenar el espacio que se deja, la vacancia
absoluta de aquella y el llamamiento a ocuparla, como fue señalado en párrafos
precedentes».
De lo expuesto se colige que, la autoridad accionada explicó con claridad que,
contrario a lo afirmado por el actor, no se impuso una regla adicional a la prevista
en el artículo 2º de la Ley 1475 del 2011, que exige que se presente la renuncia a
la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones, sino que
en tratándose de un concejal, debía analizarse también el artículo 53 de la Ley 136
de 1994, que establece que su renuncia, además, de manifestar su voluntad de
«hacer dejación definitiva de su investidura como tal», debe determinar la fecha a partir
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Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 22 de julio del 2021. Radicación 25000-23-41-000-2019-01089-01. M.P.
Carlos Enrique Moreno Rubio.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03518-01
Demandante: Fausto Martínez Useche
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta
de la cual lo anterior se llevará a cabo, esto, precisamente, para que no queden sus
efectos condicionados a su aceptación.
Para arribar a dicha conclusión, la autoridad accionada tuvo en cuenta el criterio
fijado en precedencia en un asunto de miliares contornos23, según el cual, «tanto la
presentación de la renuncia a la curul, como la fecha a partir de la cual esta produce efectos,
debe contemplar la antelación de doce meses previos al inicio de las inscripciones para la
próxima elección, de conformidad con el inciso segundo del artículo 2° de la Ley 1475 de 2011,
toda vez que si tales efectos se difieren a una fecha posterior, se configuraría la doble
militancia política».
Es decir, para la Sala la autoridad accionada ya había resuelto con suficiente
motivación la inconformidad expuesta por el actor en su escrito inicial, la cual reiteró
en esta acción de tutela (para lo cual invocó las causales de defecto sustantivo,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución Política), lo
que denota que su intención, más allá de manifestar la supuesta vulneración de
derechos fundamentales, es utilizar este mecanismo constitucional como una
instancia adicional con el fin de obtener un pronunciamiento favorable a sus
intereses.
Asimismo, en reciente sentencia de unificación SU-304 de 202424 la Corte
Constitucional sostuvo que, en las tutelas contra fallos proferidos por una alta corte,
como en este caso, el examen debe realizarse con mayor rigurosidad para poder
constatar «una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto de una actuación
arbitraria», lo que implica que no se permita su uso con el propósito de reabrir debates
concluidos en el proceso ordinario y por el juez natural de la causa, máxime, cuando
la discusión suscitada versa sobre una interpretación normativa.
En consecuencia, para la Sala no se configuró el defecto sustantivo alegado por el
tutelante, puesto que, la determinación objeto de reproche estuvo debidamente
fundamentada, tanto normativamente como de conformidad con jurisprudencia
sobre la materia.
III. DECISIÓN
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Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 22 de julio del 2021. Radicación 25000-23-41-000-2019-01089-01. M.P.
Carlos Enrique Moreno Rubio.
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M. P. Vladimir Fernández Andrade.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03518-01
Demandante: Fausto Martínez Useche
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta
En este caso el análisis efectuado supera el requisito de relevancia constitucional,
siendo lo procedente revocar la decisión de primera instancia que declaró
improcedente la solicitud, para, en su lugar, negar el amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 21 de agosto de 2025, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Primera, que declaró la improcedencia de la presente
acción, para en su lugar, NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al
debido proceso, «a ser elegido y a la eficacia del voto» invocados por el señor Fausto
Martínez Useche, por las razones consignadas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. COMUNICAR la presente decisión a la Sección Primera de esta
Corporación y remitir copia.
CUARTO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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