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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03520-01

Fecha
5 de febrero de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03520-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 4 de noviembre de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03520-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

5 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-03520-01
Accionantes: MABEL DEL CARMEN CÁRDENAS ESPINOSA Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Se confirma el fallo
impugnado – No cumple con el requisito de relevancia constitucional.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia
de 4 de noviembre de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. Los señores Mabel del Carmen Cárdenas Espinosa, Aurora de Jesús Muñoz de
Castrillón, Wendy Paola Castrillón Cárdenas, Yordi Yasser Castrillón Cárdenas,
Orfilia de Jesús Castrillón Muñoz, Deisy Castrillón Muñoz, Carlos Andrés Castrillón
Muñoz, Sergio Mauricio Castrillón Muñoz y Gloria Patricia Castrillón Muñoz
solicitaron, a través de apoderado judicial, la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y reparación integral,
cuya vulneración le atribuyeron a la providencia 9 de diciembre de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro medio control de reparación
directa con número de radicación 05001-33-33-035-2016-00062-00/02.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Relataron que el 24 de marzo de 1998 el Bloque Metro de las Autodefensas
Unidas de Colombia ingresó al corregimiento el Jordán, en el Municipio de San
Carlos – Antioquia y sacó de sus casas a cinco personas, entre las cuales se

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

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Accionantes: Mabel del Carmen Cárdenas Espinosa y otros

encontraba el señor José Darío Castrillón Muñoz, quien fue asesinado ese mismo
día.

2.2. Refirieron que, por lo anterior el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado
de Descongestión de Antioquia, inició un proceso penal en el cual fue vinculado
Gabriel Muñoz Ramírez –alias “[…] Castañeda […]”– como integrante y comandante
del referido grupo armado ilegal y que, mediante sentencia de 25 de marzo de 2014,
fue condenado por el homicidio agravado del señor José Darío Castrillón Muñoz.

2.3. Señalaron que, con base en lo anterior, presentaron demanda en ejercicio del
medio de control de reparación directa núm. 05001-33-33-035-2016-00062-00/02
contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional, con el fin de que se declarara
responsable por la desaparición forzosa y posterior homicidio del señor José Darío
Castrillón Muñoz.

2.4. Expresaron que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Treinta
y Cinco Administrativo del Circuito de Medellín, autoridad judicial que, mediante
providencia de 14 de diciembre de 2020, declaró probada la excepción de caducidad
del medio de control de reparación directa.

2.5. Adujeron que interpusieron recurso de apelación contra la anterior decisión y el
Tribunal Administrativo de Antioquia, a través de sentencia de 9 de diciembre de
2024, confirmó lo resuelto en primera instancia.

2.6. Consideraron que la providencia cuestionada vulneró sus derechos
fundamentales indicado supra, al incurrir en una violación directa de la Constitución,
para lo cual argumentaron:

“[…] Violación directa de la Constitución.” (Sentencia T-678 de 2007).
(BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD)

EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA al emitir la decisión que
resuelve RECURSO DE APELACIÓN incurrió en una clara vía de hecho al fallar
un asunto teniendo como argumento que no hay constancia que la víctima
hubiese pedido protección, pues era imposible denunciar, el que lo hacía era la
próxima víctima, entonces el obligado a poner en conocimiento de los hechos
de violencia era el mismo estado, quien a través de las inspecciones de policía
y el ministerio público realizaba el levantamiento de los cuerpos que dejaba la
violencia en este municipio, y que era el Ministerio Público en cabeza del
Personero el que tenía la obligación de denunciar estos crímenes y esta
amenazas y tampoco lo realizó seguramente por miedo, pero que entonces se
convierte en otra falla en la prestación del servicio del estado. Esto entonces
es concomitante con lo expresado por el doctor ALVARO CRUZ RIA—O
cuando dice que la ausencia de solicitud de protección no aniquila la posición
de garante del estado. Y es que las autoridades sabían de la existencia de
estos grupos en el municipio y esto explica porque podían actuar libremente,
sin que fuesen combatidos por la fuerza pública. […]”. [Negrilla del texto].

2.7. Indicaronque “[…] es de público conocimiento que las AUC contaron con la
participación de la fuerza pública y hasta con la ayuda de mandatarios locales, pues
hoy un ex - Alcalde, un personero y miembros del concejo Municipal de San Rafael,

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Accionantes: Mabel del Carmen Cárdenas Espinosa y otros

vecino del municipio de San Carlos fueron condenados por actuaciones conjuntas
con las AUC […]”.

2.8. Señalaron que “[…] La muerte de JOSE DARIO CASTRILLON MUÑOZ, dadas
las condiciones, que fue en una masacre, la complicidad del estado, DEBE DE
CONSIDERARSE UN CRIMEN DE LESA HUMANIDAD, y estos crímenes no
prescriben, y si bien se ha unificado los términos para acudir a la jurisdicción
administrativa, también es cierto que los hechos de zozobra, miedo que tuvieron las
víctimas, no acudieron a la jurisdicción, así mismo; dada la complicidad del estado,
FUE SOLO HASTA QUE SE DIO LA SENTENCIA PENAL, que se tuvo la
SEGURIDAD DEL CULPABLE DE LA MUERTE DEL CAUSANTE […]”. [Negrilla del
texto].

2.9. Citaron como normas violadas, el artículo 29 y 93 de la Constitución Política, el
artículo 3º de los Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo II adicional de 1977,
a su vez, citaron sentencias proferidas por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos frente a los casos Masacre de Mapiripán vs Colombia de 2005; 19
Comerciantes vs Colombia de 2004 y La Rochela vs Colombia de 2004, así como
sentencias proferidas por el Consejo de Estado en las que se estudiaron delitos de
lesa humanidad.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1.- Decretar que EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, ha
violado los derechos constitucionales fundamentales enunciados en el concepto
de violación y en consecuencia.

2- Revocar la sentencia de segunda instancia y ordenar una nueva sentencia en
donde se concedan las pretensiones […]”.

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 11 de junio de 2025 el Despacho sustanciador de la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado i) admitió la acción de tutela, ii)
requirió al señor Carlos Andrés Castrillón Muñoz y al apoderado judicial Jesús Dianor
López López para que allegaran el respectivo poder que lo habilitaba para la
presentación de la demanda de tutela y, iii) vinculó en calidad de terceros con interés
directo en el resultado del proceso al Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del
Circuito de Medellín y a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Ejército
Nacional.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas,
se allegaron los siguientes informes:

4

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Accionantes: Mabel del Carmen Cárdenas Espinosa y otros

5.1. El Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Medellin indicó que
la decisión de primera instancia fue confirmada por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, por lo que, se realizó un análisis cuidadoso de la jurisprudencia aplicable
al caso en concreto.

5.2. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional solicitó que se declarara
la improcedencia de la acción de tutela, en razón a que la parte actora pretende
reabrir un debate jurídico ya resuelto por el juez natural del asunto.

5.3. El Tribunal Administrativo de Antioquia manifestó que la sentencia acusada
realizó un análisis riguroso de las pruebas obrantes en el expediente, las cuales
desvirtuaron la configuración del delito de desaparición forzada por cuanto existía
una prueba directa del homicidio desde el día de los hechos y, no se acreditó una
situación que hubiera impedido a los demandantes acudir oportunamente a la
justicia. Solicitó declarar improcedente el mecanismo de amparo.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 4 de noviembre de 2025, la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado i) admitió la acción de tutela presentada por el señor
Carlos Andrés Castrillón Muñoz y ii) declaró improcedente la acción de tutela al
considerar que no se superó el requisito general de relevancia constitucional.

7. Sostuvo “[…] Cabe precisar que, si bien en la demanda de tutela se plantearon
reparos en diferentes términos a los que fueron presentados ante la autoridad judicial
accionada, lo cierto es que la parte actora pretende convertir el mecanismo
constitucional en una tercera instancia, pues alega que el delito perpetrado contra el
señor José Darío Castrillón Muñoz debe ser considerado de lesa humanidad y, en
consecuencia, busca debatir los argumentos que fueron resueltos en la sentencia de
segunda instancia respecto del conteo del término de la caducidad en el medio de
control de reparación directa, a partir de la providencia mediante la cual se condenó
penalmente al señor Gabriel Muñoz Ramírez […]”.

8. Al respecto concluyó que “[…] para la Sala es evidente que la parte actora reiteró
los argumentos planteados en el recurso de apelación con el fin de que se estudiara
nuevamente, mediante el mecanismo constitucional, la contabilización del término
de caducidad a partir de la sentencia condenatoria proferida el 25 de marzo del 2014,
aspecto sobre el cual se pronunció el Tribunal accionado y señaló las razones por
las cuales no había lugar a acoger los argumentos presentados en el recurso de
apelación […]”.

9. Señaló que “[…] el Tribunal accionado realizó el conteo de la caducidad a partir del
2 de marzo de 2011 y concluyó que el término de 2 años establecido en la ley venció
el 3 de marzo de 2013; no obstante, la solicitud de conciliación extrajudicial se
presentó el 25 de enero de 2016 y la demanda se presentó el 10 de marzo de 2016.
[…]”.

5

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Accionantes: Mabel del Carmen Cárdenas Espinosa y otros

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

10. La parte accionante impugnó el fallo proferido en primera instanciay solicitó
revocar la decisión que declaró improcedente el mecanismo de amparo, para lo cual,
argumentó que la presente acción de tutela sí tiene relevancia constitucional, pues
“[...] no estamos en una discución que se circunscriba a espectos legales ya zanjados
por el juez natural [...]”, por ello, transcribió normas, docrina y jurisprudencia que
considera se deben tener en cuenta al caso en concreto a fin de amparar sus
derechos fundamentales.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

11. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 20246.

VIII.2. Problemas jurídicos

12. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado7, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela. Y, si ello es así, se deberá:

b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.

13. Con el fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: (i) procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales; para posteriormente (ii) resolver el caso concreto.

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único

Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4 “Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia

y del Derecho”.
5 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.

6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

6

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VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

14. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

15. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que
proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

16. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

17. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto,
fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.

18. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de

8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de
2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
9
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
10
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que
presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.

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Accionantes: Mabel del Carmen Cárdenas Espinosa y otros

esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en dichos
parámetros.

19. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento
excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores
constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica
e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

20. El
criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

21. Los señores Mabel del Carmen Cárdenas Espinosa, Aurora de Jesús Muñoz de
Castrillón, Wendy Paola Castrillón Cárdenas, Yordi Yasser Castrillón Cárdenas,
Orfilia de Jesús Castrillón Muñoz, Deisy Castrillón Muñoz, Carlos Andrés Castrillón
Muñoz, Sergio Mauricio Castrillón Muñoz y Gloria Patricia Castrillón Muñoz
solicitaron, a través de apoderado judicial, la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, tutela judicial efectiva y reparación integral, cuya
vulneración le atribuyeron a la providencia 9 de diciembre de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro medio control de reparación directa con
número de radicación 05001-33-33-035-2016-00062-00/02.

22. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial el
de relevancia constitucional.

VIII.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

23. El requisito de procedencia de relevancia constitucional se entiende cumplido
cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún
derecho fundamental12 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter
meramente legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras
jurisdicciones13.

24. En las acciones de tutela contra providencias judiciales14 el referido requisito se
cumple siempre que se evidencie la afectación o vulneración de las garantías
constitucionales o núcleo esencial de los derechos fundamentales y se descarte el uso

11
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
12
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba
Triviño.
13
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016 (M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva).
14
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar y/o cuestionar
el contenido de una decisión judicial.

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del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces15.

25. En cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena del
Consejo de Estado, en sentencia de unificación16, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el
actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que
el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar
improcedente el amparo constitucional […]”. [Negrilla fuera del texto]

26. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202217 precisó, en relación con el
alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes del juez
constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
(ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia
judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o
violatoria de derechos fundamentales.

[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución del caso
ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el núcleo esencial
de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia.

[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la violación de
derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al acceso efectivo a la

15
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En igual sentido,
ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
16
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
17
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

9

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administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de amparo está construida sobre
lo que el demandante considera es una mejor interpretación de una norma de
naturaleza legal y, en particular, sobre la pretensión de que se acoja su lectura con
respecto a la exención definida en literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece de
relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es exclusivamente
económico pues esta no involucra el interés general sino uno estrictamente privado o
particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias
en un asunto de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos se
puede llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones
de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el
reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii)
laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican pretensiones económicas, la
Corte ha reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta
con claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho
fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.

[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida
pues no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales […]”.
[Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto]

27. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202318.

28. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales19.

29. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte accionante invoque el
texto constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o varios
derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; sino que dicho atentado
debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la Constitución
Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.

30. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de estudio
la parte accionante alega que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos

18
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de marzo de
2023.
19
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo Vargas Ayala;
8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-002244-00, C.P.
Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

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Accionantes: Mabel del Carmen Cárdenas Espinosa y otros

fundamentales indicados supra, al incurrir en una violación directa de la Constitución,
para lo cual argumentaron:

“[…] Violación directa de la Constitución.” (Sentencia T-678 de 2007).
(BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD)

EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA al emitir la decisión que
resuelve RECURSO DE APELACIÓN incurrió en una clara vía de hecho al fallar
un asunto teniendo como argumento que no hay constancia que la víctima
hubiese pedido protección, pues era imposible denunciar, el que lo hacía era la
próxima víctima, entonces el obligado a poner en conocimiento de los hechos
de violencia era el mismo estado, quien a través de las inspecciones de policía
y el ministerio público realizaba el levantamiento de los cuerpos que dejaba la
violencia en este municipio, y que era el Ministerio Público en cabeza del
Personero el que tenía la obligación de denunciar estos crímenes y esta
amenazas y tampoco lo realizó seguramente por miedo, pero que entonces se
convierte en otra falla en la prestación del servicio del estado. Esto entonces
es concomitante con lo expresado por el doctor ALVARO CRUZ RIA—O
cuando dice que la ausencia de solicitud de protección no aniquila la posición
de garante del estado. Y es que las autoridades sabían de la existencia de
estos grupos en el municipio y esto explica porque podían actuar libremente,
sin que fuesen combatidos por la fuerza pública. […]”. [Negrilla del texto].

31. Indicaronque “[…] es de público conocimiento que las AUC contaron con la
participación de la fuerza pública y hasta con la ayuda de mandatarios locales, pues
hoy un ex - Alcalde, un personero y miembros del concejo Municipal de San Rafael,
vecino del municipio de San Carlos fueron condenados por actuaciones conjuntas
con las AUC […]”.

32. Señalaron que “[…] La muerte de JOSE DARIO CASTRILLON MUÑOZ, dadas
las condiciones, que fue en una masacre, la complicidad del estado, DEBE DE
CONSIDERARSE UN CRIMEN DE LESA HUMANIDAD, y estos crímenes no
prescriben, y si bien se ha unificado los términos para acudir a la jurisdicción
administrativa, también es cierto que los hechos de zozobra, miedo que tuvieron las
víctimas, no acudieron a la jurisdicción, así mismo; dada la complicidad del estado,
FUE SOLO HASTA QUE SE DIO LA SENTENCIA PENAL, que se tuvo la
SEGURIDAD DEL CULPABLE DE LA MUERTE DEL CAUSANTE […]”. [Negrilla del
texto].

33. Citaron como normas violadas, el artículo 29 y 93 de la Constitución Política, el
artículo 3º de los Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo II adicional de 1977,
a su vez, citaron sentencias proferidas por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos frente a los casos Masacre de Mapiripán vs Colombia de 2005; 19
Comerciantes vs Colombia de 2004 y La Rochela vs Colombia de 2004, así como
sentencias proferidas por el Consejo de Estado en las que se estudiaron delitos de
lesa humanidad.

34. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de relevancia
constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica constitucional; y ii)
la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una tercera instancia con

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lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.

35. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional. Para
ello es necesario que el accionante motive suficientemente las razones por las que
considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación desproporcionada
a sus derechos fundamentales […]”.

36. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte accionante aduce que
le fueron desconocidos sus derechos fundamentales, no está poniendo de presente
que en la providencia censurada se haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino
que el motivo de su inconformidad gira en torno a que el Tribunal confirmó la decisión
de primera instancia que declaró probada la excepción de caducidad del medio de
control de reparación directa.

37. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por el Tribunal Administrativo de Antioquia en la providencia cuestionada:

“[…] La desaparición forzada de personas es considerada tanto en la legislación,
doctrina y en la jurisprudencia nacional e internacional, como delito de lesa
humanidad por cuanto involucra además de los derechos fundamentales de la
víctima, la convivencia social, la paz y la tranquilidad del género humano.

[…]

Pues bien, de acuerdo con las pruebas antes relacionadas, no se encuentra
acreditado que el señor JOSÉ DARÍO CASTRILLÓN MUÑOZ quien vivía en el
Corregimiento de El Jordán del Municipio de San Carlos, Antioquia, para el año
1998 hubiese desaparecido, sin que su familia volviera a tener noticias de él.

Lo anterior, pues las declaraciones rendidas por familiares que ahora demandan
e investigaciones realizadas para el proceso penal, son coincidentes y
contundentes en señalar que la víctima fue sacada de su casa y después fue
asesinada muy cerca, al punto que su cuerpo fue hallado momento después por
familiares y conocidos, hecho que también se acredita con el acta de necropsia
realizada el 24/03/1998 y que dio lugar a la sentencia dictada en contra del señor
MUÑOZ RAMÍREZ, quien confesó su ajusticiamiento en el proceso penal, y por
ello fue condenado por el delito de HOMICIDIO AGRAVADO.

Así entonces, no encuentra la Sala probado el daño de desaparición forzada,
pues no hubo falta de información sobre el paradero del señor JOSÉ DARÍO
CASTRILLÓN MUÑOZ, sino un homicidio ocurrido el 24 de marzo de 1998, del
cual se estudiará la caducidad del medio de control.

2.5.2.- De la inferencia sobre la participación del Estado en el hecho dañoso
probado.

En este punto, corresponde a la Sala determinar cuándo los afectados tuvieron
elementos de juicio para inferir o deducir que, en la causación del daño hubo
acción u omisión del Estado.

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Al respecto, advierte la Sala que no obra en el proceso prueba alguna que de
manera expresa y directa les atribuya la responsabilidad de la muerte del señor
JOSÉ DARÍO CASTRILLÓN MUÑOZ, a agentes o ex -agentes del Estado, pues
acudiendo a la sentencia proferida el 25/03/2014 en el proceso penal rad. 05
0031 07 001 2011 00065, donde se analizó las circunstancias de tiempo, modo
y lugar en que ocurrieron los homicidios, entre ellos, el del señor CASTRILLÓN
MUÑOZ, y las desapariciones forzadas, se concluye expresamente que fueron
responsabilidad del condenado perteneciente a las AUC Bloque “Héroes de
granada”, quien de manera libre, consciente y voluntaria aceptó la
responsabilidad por tales actos.

[…]

Recuérdese que la jurisprudencia precisa que el término de caducidad no corre
cuando los afectados se encuentran en una imposibilidad material de acudir ante
la Jurisdicción, y para ello hace referencia a supuestos objetivos como secuestro,
enfermedad, y otros, los mismos que deben ser acreditados.

En el presente caso, no se avizora la existencia de alguna situación que hubiere
imposibilitado a los afectados para acudir ante la administración de justicia dos
años antes de la radicación de la presente demanda en el año 2016; al contrario,
se advierte que algunos demandantes rindieron declaraciones sobre la muerte
del señor JOSÉ DARÍO CASTRILLÓN MUÑOZ ante la Fiscalía General de la
Nación, Dirección Seccional de Fiscalía de Medellín, Fiscalía Octava delegada
ante Jueces penales del Circuito Especializado de Medellín, los días 12 de enero
de 2011 y 2 de marzo del mismo año (C2-6/Fl. 1361 y 1363 del expediente
físico), lo que permite inferir que a partir de estas fechas les era posible
demandar.

Téngase en cuenta que, aunque los señores SERGIO MAURICIO Y GLORIA
PATRICIA CASTRILLÓN MUÑOZ, y la señora AURORA DE JESÚS MUÑOZ,
hermanos y madre de la víctima, respectivamente, indican que se desplazaron
del Corregimiento el Jordán de San Carlos Antioquia a Medellín luego de ocurrido
el homicidio (en el año 1998), para las fechas antes enunciadas (año 2011)
habían declarado y por ende se sentían y estaban en capacidad de acudir ante
las autoridades.

Así las cosas, dada la notoriedad de la responsabilidad del Estado que se alega
en la demanda, la cual se sustenta en la omisión de las Fuerzas Armadas de
brindar seguridad en la zona presuntamente amenazada, que incluso puede
predicarse desde la ocurrencia del hecho o más tardar desde el 2004, por las
razones antes expuestas, y que los afectados tenían posibilidad de demandar
desde el 2 de marzo de 2011, será a partir de ese momento que se contará el
término de caducidad.

Por consiguiente, el término de dos años que trata la norma vencería el 3 de
marzo de 2013, el cual no fue suspendido con la solicitud de conciliación
extrajudicial radicada el 25 de enero de 2016 y menos con la radicación de la
demanda que fue el 10 de marzo de 2016, por lo tanto, la demanda fue
presentada de manera extemporánea.

A la misma conclusión se llega, de calificar los delitos por los cuales se reclama
la indemnización, como de lesa humanidad; pues éstos no excluyen la aplicación
del término de caducidad consagrado en la ley, así lo ha precisado la Corte
Constitucional en sentencia SU-312 del 13 de agosto de 2020, que dijo:

“6.34. Al respecto, este Tribunal evidencia que el establecimiento del término de
caducidad para pretender por vía judicial la reparación de los menoscabos
patrimoniales causados por el Estado con ocasión de un delito de lesa

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humanidad, un crimen de guerra o genocidio, no representa una afectación del
derecho al acceso a la justicia de las víctimas de violaciones a los derechos
humanos con el fin de obtener una compensación por el daño padecido, porque:
(i) Los interesados en la reparación patrimonial cuentan con un plazo razonable
de dos años para acudir al aparato jurisdiccional y satisfacer sus pretensiones,
el cual no se cuenta necesariamente desde el momento del daño que origina el
perjuicio, sino que sólo se inicia a contabilizar cuando el afectado tenga
conocimiento de que el menoscabo fue causado por el Estado y se encuentre en
la capacidad material de imputarle el mismo ante el aparato jurisdiccional; (ii) La
procedencia de la demanda de reparación debe ser analizada por el juez
contencioso administrativo competente, atendiendo a las particularidades de
cada asunto en concreto; y (iii) La desestimación del medio de control de
reparación directa por caducidad, no le impide al perjudicado obtener la
compensación económica del daño causado por otras vías, como el incidente de
reparación integral en el marco del proceso penal que se adelante en contra del
responsable material del delito de lesa humanidad o el trámite de indemnización
administrativa (…) ”

En consecuencia, habrá de CONFIRMARSE la sentencia recurrida, proferida el
14 de diciembre de 2020 por el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del
Circuito Oral de Medellín […]”. [negrilla del texto].

38. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante el trámite del
proceso contencioso administrativo.

39. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado
[…]”20. Significa lo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado indebidamente
como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de
interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial […]”; ya que en
“[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las decisiones
de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos […]”21.

40. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”22.

41. Con fundamento en lo anterior, la Sección confirmará el fallo impugnado, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

20 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
21 Ibidem
22Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo
Schlesinger; 5 de febrero de 2021.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-03520-01
Accionantes: Mabel del Carmen Cárdenas Espinosa y otros

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 4 de noviembre de 2025, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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