Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-03522-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-03522-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-03522-00
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
8 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
RADICACIÓN NÚMERO: 11001-03-15-000-2025-03522-00
ACCIONANTE: MARÍA ISABEL GELVEZ OROZCO
AUTORIDAD: CONSEJO DE ESTADO-SECCIÓN QUINTA
PROCESO: ACCIÓN DE TUTELA
ASUNTO: SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario. SUBSIDARIEDAD
Improcedencia cuando existen medios ordinarios.
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por María Isabel Gelvez Orozco contra el
Consejo de Estado-Sección Quinta.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
El 9 de junio de 2025, María Isabel Gelvez Orozco, por medio de apoderado judicial,
interpuso acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la participación política y ejercicio de cargos y
funciones públicas; que considera vulnerado por el Consejo de Estado-Sección Quinta,
al haber proferido la sentencia de única instancia del 12 de diciembre de 2024, mediante
la cual se confirmó la decisión de declarar la nulidad de la elección de la accionante como
diputada del Departamento de Arauca, en el marco del proceso identificado con el
Radicado No. 81001-23-39-000-2023-00084-00/01.
Su demanda de tutela presenta las siguientes pretensiones (se transcriben, incluso con
errores):
«PRIMERA.- AMPARAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y EJERCICIO DE CARGOS PÚBLICOS de la
señora MARIA ISABEL GELVEZ OROZCO.
SEGUNDA.- DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de 12 de diciembre de 2024 y
ORDENAR a la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO que profiera
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Accionante: María Isabel Gelvez Orozco
Acción de tutela – sentencia de primera instancia
una decisión de reemplazo en el medio de control de nulidad electoral con radicado
No. 81001233900020230008400 que respete los derechos al DEBIDO
PROCESO, PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y EJERCICIO DE CARGOS PÚBLICOS
de la accionante.
TERCERA.- ORDENAR el reintegro de la señora MARÍA ISABEL GELVEZ
OROZCO al cargo de diputada del departamento de Arauca.
CUARTA.- Las demás órdenes que el Juez de Tutela encuentre necesarias para
proteger y obtener el restablecimiento de los derechos fundamentales
vulnerados».
2. Hechos relevantes
Las señoras María Isabel y Ladi Elena Gelvez Orozco 1 son hermanas. Mientras su
hermana fungía como personera del municipio de Arauquita, Arauca, María Isabel fue
elegida diputada de Arauca en las elecciones del 29 de octubre de 2023, para el período
2024-2027.
El ciudadano Germán Ernesto Escobar Higuera interpuso demanda con el fin de obtener
la nulidad del acto que declaró la elección de la señora María Isabel Gelvez Orozco como
diputada de la Asamblea Departamental de Arauca, contenido en el formulario E-26 ASA
del 7 de noviembre de 2023, expedido por la Comisión Escrutadora General. La demanda
argumentó que la elegida estaba incursa en la inhabilidad tipificada en el artículo 33 de
la Ley 617 de 2000.
El Tribunal Administrativo de Arauca, en primera instancia, declaró la nulidad de la
elección de la accionante, por estar incursa en la inhabilidad prevista en el artículo 49 de
la Ley 2200 de 2022. Advirtió que el artículo 33 de la Ley 617 del 2000, en el que se basó
la demanda, fue derogado aquella norma. Encontró probado que Ladi Elena Gelves,
hermana de la accionante, era personera de un municipio del departamento en que había
sido elegida diputada. Consideró que el personero ejerce autoridad civil y administrativa,
y que, a pesar de que la Ley 2200 de 2022 estableció en el parágrafo de su artículo 49,
que la inhabilidad se predica del departamento como entidad pública, esta norma debía
inaplicarse por resultar contraria a la Constitución de 19912. En consecuencia, inaplicó
1 Si bien los registros civiles presentan diferencia en como se escribe el apellido -el de la accionante «Gelvez» y el de
su hermana «Gelves»- acreditan que su parentesco al compartir los mismos padres.
2 Argumentó que el contenido de esa norma es similar al del artículo 6 de la Ley 1871 de 2017, el cual fue declarado
inexequible en la sentencia C-326 del 18 de noviembre de 2021. En dicha providencia, se consideró que:
«el artículo 6 de la Ley 1871 de 2017, no cumple con los requisitos propios de las leyes interpretativas, puesto
que el legislador no se limitó a fijar el sentido de una disposición anterior, esto es, del artículo 33 de la Ley 617
de 2000, sino que, como se demostró, modificó el alcance material de estas disposiciones, al disponer qué debe
entenderse por departamento, para efectos de la aplicación del régimen de inhabilidades de los diputados, esto
es, el aspecto puramente institucional (entidad pública y sus entidades descentralizadas), sin tener en cuenta el
aspecto territorial. Esta modificación material de las leyes interpretadas, hace que el régimen de inhabilidades de
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Accionante: María Isabel Gelvez Orozco
Acción de tutela – sentencia de primera instancia
esa disposición en virtud de la excepción de inconstitucionalidad y declaró la nulidad de
la elección porque la accionante se encontraba inhabilitada para ser diputada.
El fallo fue apelado ante la Sección Quinta de esta Corporación, bajo el argumento de
que la demanda invocaba dos normas inaplicables al caso, una derogada y otra
materialmente aplicable a concejales y no a diputados. Alegó que, con la interpretación
que hizo el Tribunal para aplicar la ley vigente, se aplicó una inhabilidad por analogía y
esto está vedado en el ordenamiento jurídico.
La Sección Quinta confirmó la decisión del a quo, mediante sentencia del 12 de diciembre
de 2024. En su sentencia, consideró que, a pesar de que la demanda invocara la Ley 617
del 2000, la decisión del Tribunal al estudiar los cargos conforme a la Ley 2200 del 2022
estuvo respaldada por
«el derecho de acceso a la justicia y el principio de prevalencia del derecho
sustancial sobre los aspectos formales, previstos en el artículo 228 de la
Constitución Política, y en las atribuciones específicas que otorga la ley procesal
al juez, que le permiten interpretar la demanda, dentro de criterios de razonabilidad
y proporcionalidad».
Respecto de la aplicación de inhabilidades por analogía, consideró que el asunto fue
decidido «con fundamento en la norma vigente y a partir de los factores de configuración
que ella contiene», por lo que no se aplicó una inhabilidad por analogía, sino que se
corrigió un error en la citación de la norma.
3. Fundamentos de la solicitud
La parte accionante alega que la providencia enjuiciada incurrió en los defectos
sustantivo, procedimental y de desconocimiento del precedente. La demanda organizó
esos defectos en cuatro cargos distintos, que se resumirán a continuación.
Primero, denuncia un defecto sustantivo y procedimental derivado de que la nulidad de
la elección se declaró con base en una norma distinta a la invocada en la demanda
original. La accionante sostiene que la norma aplicada por el Tribunal Administrativo de
Arauca (numeral 6º del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022) no fue objeto de discusión
durante el proceso, lo que le impidió a ejercer adecuadamente su derecho de defensa.
los diputados sea menos estricto que el señalado para los congresistas, lo cual constituye un desconocimiento
de la prohibición del inciso segundo del artículo 299 de la Carta, por cuanto el legislador no puede fijar un régimen
de inhabilidades menos estricto que el señalado por la Constitución para los congresistas, razón por la cual la
Sala encuentra que los segmentos sub examine son inconstitucionales».
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Accionante: María Isabel Gelvez Orozco
Acción de tutela – sentencia de primera instancia
Además, señala que esta norma contiene un parágrafo que modifica sustancialmente su
alcance -relativo al concepto de «departamento»-, lo cual fue ignorado por los jueces,
quienes asumieron erróneamente que se trataba de una simple reproducción de una
norma anterior.
En segundo lugar, la accionante aduce que la providencia aplicó indebidamente la
excepción de inconstitucionalidad. Argumenta que los jueces de instancia inaplicaron el
parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022 basándose en la sentencia C-326 de
2021, expedida por la Corte Constitucional, que declaró inexequible el artículo 6 de la Ley
1871 de 2017 con contenido material y alcances distintos, sin realizar un análisis
argumentativo que demostrara una contradicción clara y evidente con la Constitución.
Esta falta de motivación, según la accionante, excede los límites de la autonomía judicial
y evidencia arbitrariedad por parte de la Sección Quinta.
El tercer cargo gira en torno al desconocimiento del precedente jurisprudencial. La
accionante sostiene que se inscribió como candidata en un contexto normativo que no
permitía prever razonablemente que estuviera incursa en una causal de inhabilidad, por
el alcance modificado del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022. La posterior interpretación
restrictiva de la norma por parte del Consejo de Estado, sin considerar las circunstancias
particulares del caso, vulneró el principio de confianza legítima y el derecho al debido
proceso.
Finalmente, señala que se desconoció el precedente fijado por la Corte Constitucional en
la sentencia SU-207 de 2022, que exige un análisis probatorio detallado para determinar
si el parentesco de un candidato con un funcionario público realmente influye en el
electorado. En este caso, la accionante aduce que dicho análisis se omitió y que la
Sección Quinta optó por una «verificación mecánica de elementos formales», sin valorar
pruebas que demostraban que la elección no dependía del municipio de Arauquita, donde
su hermana ejercía como personera, pues al suprimir los votos obtenidos en ese
municipio, alcanza los votos necesarios para acceder al cargo.
4. Trámite procesal
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Accionante: María Isabel Gelvez Orozco
Acción de tutela – sentencia de primera instancia
El 16 de julio de 2025 se admitió la acción de tutela3 y se ordenó su notificación a la
autoridad judicial accionada y al señor Germán Ernesto Escobar Higuera, como tercero
interesado. Se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y se publicó
la providencia en la página del Consejo de Estado, para quienes tengan interés en el
asunto. Asimismo, se solicitó al Consejo de Estado-Sección Quinta que remitiera copia
digital del expediente identificado con el radicado 81001-23-39-000-2023-00084-00/01,
contentivo del proceso de nulidad electoral adelantado por los accionantes contra el
Municipio de Valledupar. Se reconoció personería al abogado Alberto Rojas Ríos como
apoderado de la parte accionante.
El Consejo de Estado-Sección Quinta no contestó la acción, pero por medio de la
secretaría, remitió el expediente del proceso de nulidad electoral. El tercero interesado,
a pesar de ser notificado, tampoco se pronunció sobre los hechos.
II. CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela contra la sentencia enjuiciada
cumple con los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales y, de ser el caso, si se vulneraron los derechos fundamentales de la accionante
con su expedición.
6. Análisis de la sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86
de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la acción con arreglo a lo dispuesto por el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo No. 80 del 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de la Corporación.
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede excepcionalmente
contra providencias judiciales, si se advierte la afectación manifiesta y grosera de un
derecho constitucional fundamental 4 . De conformidad con su jurisprudencia, la tutela
3 SAMAI, índice 5.
4 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Accionante: María Isabel Gelvez Orozco
Acción de tutela – sentencia de primera instancia
contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: (i) que
la controversia tenga relevancia constitucional; (ii) que el afectado haya agotado todos
los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que
se configure un perjuicio irremediable; (iii) que la tutela se formule con inmediatez; (iv) si
se trata de una irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; (v)
que la solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta
vulneración; (vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de
tutela5.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una prueba;
falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un precepto; error
inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del «precedente»
constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación directa de la
Constitución.
Relevancia constitucional
La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional 6:
(i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo cual no basta con
enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se deben expresar las
razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor respecto de tales
derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) Que la tutela no constituya
una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia
acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto constitucional y no meramente
legal y/o económico.
En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos antes
expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que excluye su
formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen a la
5 Ibidem.
6 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03
15 000 2012 02201 01 (IJ).
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Accionante: María Isabel Gelvez Orozco
Acción de tutela – sentencia de primera instancia
controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional es
consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad de los
jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional. Además de
lo anterior, la Corte indicó que:
«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades principales; a
saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad
de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia
adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal».
Subsidiariedad
El inciso tercero del artículo 86 de la Constitución y el artículo 6.1 del Decreto 2591 de
1991 prevén que la acción de tutela no procede cuando existan otros recursos o medios
de defensa judiciales. La jurisprudencia constitucional ha precisado que esta regla tiene
dos excepciones: i) el empleo de la acción de tutela como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable, o ii) cuando los medios de defensa no sean idóneos ni
eficaces para superar la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales
invocados7.
Si existen otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para
solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se
debe recurrir a ellos y no a la acción de tutela. En consecuencia, una persona que acude
a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede
desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico, ni
pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que debe
conocer dentro del marco estructural de la administración de justicia, de un determinado
asunto radicado bajo su competencia8.
Este requisito general de las acciones de tutela se hace más exigente cuando el objeto
de la acción es una providencia judicial. Así, se ha establecido que los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios son, por regla general, las vías legítimas de defensa y
7 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-026 de 2021. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
8 Corte Constitucional. Sentencia T-373 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Betancur.
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Accionante: María Isabel Gelvez Orozco
Acción de tutela – sentencia de primera instancia
reconocimiento de derechos fundamentales9. La Corte Constitucional, en sentencia SU-
062 de 2018, estableció las razones principales que refuerzan el requisito de
subsidiariedad en tutelas contra providencias judiciales:
«En primer lugar, las sentencias son decisiones emanadas de un juez que recibió
el encargo constitucional de poner fin a las controversias en una jurisdicción
determinada, para lo cual, fue revestido de autonomía e independencia (…). [L]a
acción de tutela que no es presentada con apego estricto al principio de
subsidiariedad, niega la garantía del debido proceso, de acuerdo con la cual, una
persona sólo puede ser procesada por su juez natural.
En segundo lugar, las etapas, el procedimiento y los recursos que conforman un
proceso son el primer espacio de protección de los derechos fundamentales de los
asociados, especialmente en lo que tiene que ver con las garantías del debido
proceso de manera que no es admisible que el afectado alegue la vulneración o
amenaza de un derecho fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus
derechos dentro del proceso, pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha
dotado de todas las herramientas necesarias para corregir durante su trámite las
irregularidades procesales que puedan afectarle.
Y la última razón es que la acción de tutela contra providencias judiciales no
pretende sustituir al juez natural, ni discutir aspectos legales que ya han sido
definidos, o están pendientes de definir. Sin embargo, cuando se desconoce el
principio de subsidiariedad, y se intenta usar la acción de tutela como otra instancia
u otro recurso de litigio, sin que existan razones evidentes para advertir violaciones
a derechos fundamentales, se atenta contra la cosa juzgada y contra la seguridad
jurídica».
La Corte Constitucional también ha destacado que el requisito de subsidiariedad guarda
relación con el deber de identificar de manera razonable los hechos y argumentos que
acrediten la trasgresión de derechos fundamentales, de modo que:
«[…] se traduce en el deber de demostrar que, en el asunto sub-judice,
efectivamente sus derechos están siendo trasgredidos y que ello fue puesto a
consideración del juez natural de la causa o, en su defecto, que ello no fue posible
por razones ajenas a su voluntad»10.
Caso concreto
La accionante considera que la Sección Quinta del Consejo de Estado vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la participación política y ejercicio de cargos
y funciones públicas al confirmar la decisión del Tribunal, que anuló su acto de elección
como diputada del departamento de Arauca.
9 Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; se citan, entre otras, las sentencias
SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017, M.P. José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto
Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
10 Corte Constitucional, sentencia SU-081 de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Accionante: María Isabel Gelvez Orozco
Acción de tutela – sentencia de primera instancia
Su demanda de tutela presenta cuatro cargos hacia la providencia: primero, que se
desconoció su derecho de defensa y contradicción por haber basado su sentencia en el
artículo 49.6 de la Ley 2200 de 2022, cuando la demanda se basaba en el artículo 33.5
de la Ley 617 del 2000. Segundo, que se violó directamente la Constitución al inaplicar
el parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, por vía de la excepción de
inconstitucionalidad, sin que hubiera lugar a ello. Tercero, que se desconoció el
precedente sobre los efectos en el tiempo del precedente jurisprudencial, porque la
Sección Quinta aplicó la jurisprudencia retrospectivamente y, cuarto, que se desconoció
la sentencia SU-207 de 2022, por medio de la cual la Corte Constitucional estableció que
debía valorarse la «probabilidad real y materialmente posible de ejercer la autoridad
administrativa en el mismo municipio del candidato», mediante un «estricto y detallado
análisis probatorio, orientado por los principios de razonabilidad y proporcionalidad».
De conformidad con el entendimiento expuesto, la Sala se pronunciará sobre la acción
cargo a cargo, evaluando la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales respecto de cada uno de ellos.
El primer cargo indica que se anuló la elección de la accionante con base en una norma
inaplicable al asunto, por estar derogada en el momento de su inscripción como candidata
y de su correspondiente elección.
La sentencia de segunda instancia manifestó que la aplicación del artículo 49.6 de la Ley
2200 de 2022 respondió al derecho al acceso a la administración de justicia del
demandante, así como al principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las
formas. El ad quem consideró que el contenido normativo del artículo 33 de la Ley 617
del 2000 es idéntico al del artículo 49.6 de la Ley 2200 de 2022, por lo cual los argumentos
de la demanda podían examinarse de fondo. Explicó que
«la Corte Constitucional ha explicado que “defectos tales como la cita errónea de
una disposición legal que por su contenido es fácilmente identificable por el
juez, o el concepto de la violación insuficiente pero comprensible, no pueden
conducir a desestimar un cargo de nulidad11” (se destaca)».
Del mismo modo, encontró que el Código General del Proceso, al regular la congruencia
de los fallos en su artículo 281, exige identidad entre el fallo, los hechos, las pretensiones
y excepciones. Al evaluar ese punto, la Sección Quinta determinó que la decisión se
11 [17] «Corte Constitucional, sentencia C-197 de 1999».
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Accionante: María Isabel Gelvez Orozco
Acción de tutela – sentencia de primera instancia
había circunscrito al «marco jurídico y fáctico de la controversia», que «la decisión
respondió a la fijación del litigio definida en la audiencia inicial, que apuntaba a determinar
si debía declararse la nulidad del acto acusado “por las causales de inhabilidad
esgrimidas por el demandante”12». Ante ello, el ad quem determinó que no se había
vulnerado el principio de congruencia.
De lo expuesto, queda claro que la aplicación de la norma vigente en lugar de la norma
citada en la demanda fue ampliamente justificada y desarrollada en las sentencias de
instancia. El desarrollo del Tribunal, que avaló la Sección Quinta, no carece de un juicio
de ponderación, sino que respondió a la tensión de los derechos y principios de la
accionante (allí demandada) con los del accionante y los del electorado, frente a la cual
decidió privilegiar la segunda.
Sobre ello, es menester poner de presente que el principio pro homine, que protege al
elegido, está llamado a ceder ante los derechos del elector y los principios de la
democracia que protege el sistema electoral. Así lo estableció la jurisprudencia de
unificación de la Sección Quinta13, al anunciar que:
«para la efectiva realización de la democracia, se requiere que, con fundamento
en los parámetros constitucionales, el Estado y los individuos cumplan y observen
sus presupuestos -entendidos como esos requisitos formales y materiales para el
acceso a un cargo o función pública que la norma fundamental ha fijado-, razón
por la que no es posible subordinar sus fundamentos a la realización exclusiva de
los derechos fundamentales del elegido, pues estos solo se pueden satisfacer
cuando previamente se han observado los supuestos para la realización de la
democracia, entendida esta como principio y valor fundante del Estado
colombiano. Por ello es que no puede perderse de vista que, el acto electoral
antes que el derecho del elegido, es el derecho del elector y que, por ende,
en esta materia el principio pro homine opera a favor del segundo y no del
primero, lo que se traduce en pro hominum (humanidad), pro electoratem
(electorado) o pro sufragium (electores)».
Con ello, encuentra la Sala que la ponderación que hizo el juez electoral estaba
plenamente respaldada.
Dicho esto, la Sala evidencia que la acción de tutela, en este primer cargo, plantea un
desacuerdo con la ponderación hecha por los jueces de instancia, que no tiene la
vocación de traducirse en una violación del debido proceso de la accionante por no haber
sido caprichosa o arbitraria. Por el contrario, ambas instancias sustentaron su postura
12 [18] Ver acta de la audiencia inicial, celebrada el 7 de marzo de 2024.
13 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 7 de julio de 2016. Rad. 11001-03-28-000-2015-00051-00(SU).
C.P. Alberto Yepes Barreiro.
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Accionante: María Isabel Gelvez Orozco
Acción de tutela – sentencia de primera instancia
con principios de raigambre constitucional y en las pruebas que obraban en el expediente.
Por ello, resulta improcedente que el juez de tutela revise o evalúe la interpretación y
alcance dado por el juez natural del asunto.
La acción de tutela no es una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista
para desconocer la autonomía e independencia que caracteriza las actuaciones
judiciales. Por las razones expuestas, el primer cargo no cumple con el requisito general
de procedencia atinente a la relevancia constitucional.
El segundo cargo alega que la excepción de constitucionalidad invocada por el Tribunal
y avalada por la Sección Quinta, para inaplicar el parágrafo del artículo 49 de la Ley 2220
de 2022, fue conjurada de forma irregular y sin atender la carga argumentativa que le
corresponde. Adujo que a pesar de que dicho artículo y el 6º de la Ley 1871 de 2017,
declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-326 de 202114 tienen
alcance distinto, se concluyó equivocadamente que su contenido material era el mismo.
La Sala advierte que, como ocurrió con el primer cargo, los jueces de instancia fundaron
su excepción de inconstitucionalidad en la jurisprudencia de la Sección Quinta del
Consejo de Estado anterior y posterior a la vigencia de la Ley 2200 de 2022, y en el
razonamiento de la Corte Constitucional al declarar inexequible el artículo 6 de la Ley
1871 de 2017. Dicha Sección reiteró esa postura en la sentencia de segunda instancia,
junto con su jurisprudencia15.
Sin embargo, debe ponerse de presente que la misma providencia enjuiciada estableció
que el recurso de apelación no había presentado reparos sobre la aplicación de la
excepción de inconstitucionalidad:
«81. En cuanto al elemento espacial, no se observa en el recurso algún argumento
concreto de oposición a la excepción de inconstitucionalidad del parágrafo del
artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, que fue la figura invocada por el tribunal para
respaldar la conclusión sobre el ejercicio autoridad en el departamento, por parte
de una funcionaria de una entidad del orden municipal.
82. No obstante, es posible interpretar que el debate sobre la norma vigente que
propone la parte demandada conduce, necesariamente, a revisar el factor territorial
de la causal de inhabilidad, ya que es el único ingrediente que la diferencia con el
texto anterior del numeral 5 del artículo 33 de la Ley 617 de 2000
14 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-326 de 2021. M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
15 Consejo de Estado, Sección Quinta. sentencia de 8 de julio de 2021. Rad. 85001-23-33-000-2020-00007-02, M.P.
Rocío Araújo Oñate; sentencia de 18 de julio de 2024. Rad. 05001- 23-33-000-2024-00039-01. M.P. Pedro Pablo
Vanegas Gil.
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Radicación:11001-03-15-000-2025-03522-00
Accionante: María Isabel Gelvez Orozco
Acción de tutela – sentencia de primera instancia
83. Sobre el punto, y ante la precariedad de la sustentación del recurso en esta
parte, baste con reiterar la tesis de esta Sala, en cuanto a que el parágrafo del
artículo 49 de la Ley 2200 de 2022 flexibiliza el régimen de inhabilidades de los
diputados, respecto al de los congresistas, en abierta contradicción con el artículo
299 de la Constitución Política».
Al examinar el memorial mediante el que se interpuso el recurso, la Sala observa que los
reparos van encaminados a acreditar el desconocimiento del principio de congruencia
entre la demanda y el fallo del Tribunal, sin mencionar siquiera la excepción de
inconstitucionalidad como institución ni el parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 de
2022. Ante ello, la Sala encuentra acreditado lo que se dijo en la sentencia de segunda
instancia; que en la apelación no hay oposición a la excepción de constitucionalidad.
La omisión de plantear los argumentos que esgrime en sede de tutela excusa al Tribunal
de la carga argumentativa exigida por la accionante, que le correspondería si la indebida
invocación de la excepción de inconstitucionalidad se hubiese argumentado al apelar la
sentencia de primera instancia, pues su competencia está restringida a los cargos del
recurso. De conformidad con lo establecido en el artículo 328 del Código General del
Proceso, el ad quem «deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley».
Dicho esto, por virtud del requisito de subsidiariedad de la acción de tutela, no es dable
trasladar un reparo contra la interpretación del juez de primera instancia al juez
constitucional, cuando omitió ponerlo de presente en el recurso de apelación. La acción
de tutela no es un escenario sustitutivo de las instancias ordinarias, ni constituye una
última instancia para hacer valer sus pretensiones o excepciones.
Este mismo razonamiento lleva a la Sala a descartar, por improcedente, lo expuesto en
el tercer y cuarto cargo, puesto que los argumentos no fueron presentados al juez
ordinario, cuando el razonamiento entre la sentencia de primera instancia y la de segunda
no cambió y, en esa medida, el recurso de apelación resultaba idóneo para presentar los
argumentos de defensa que se presentan recién en sede de tutela.
Como se comprueba en el expediente, la excepción de inconstitucionalidad que se alega
mal aplicada e insuficientemente argumentada; la aplicación retrospectiva del precedente
y la aparente falta de valoración probatoria de cara a evaluar la influencia real de su
hermana frente al electorado, que la accionante considera contraria a sus derechos,
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Radicación:11001-03-15-000-2025-03522-00
Accionante: María Isabel Gelvez Orozco
Acción de tutela – sentencia de primera instancia
fueron consecuencia del razonamiento del Tribunal Administrativo de Arauca en la
sentencia de primera instancia.
En ese escenario, la apelación resulta idónea para ventilar los cargos que se presentan
en la acción de tutela. Tampoco se demuestra que el haber puesto de presente los
defectos de la providencia en el recurso de apelación no fue posible por razones ajenas
a su voluntad, según lo indica la jurisprudencia Constitucional.
Por el contrario, una vez proferido el fallo de primera instancia con los mismos
argumentos del de segunda, la accionante decidió, voluntariamente, abstenerse de
abordar los fundamentos sustanciales de la decisión, sino circunscribir su único cargo al
principio de congruencia por la supuesta aplicación de una norma derogada y al principio
pro homine, bajo el cual, ante la duda, la interpretación debía favorecer a la elegida.
Desestimados esos cargos, y sin que se hayan presentado discrepancias frente a la
configuración de la inhabilidad o frente a la excepción de inconstitucionalidad del
parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, el juez de segunda instancia no estuvo
llamado a pronunciarse sobre los cargos que hoy son objeto de juicio constitucional.
Concluye la Sala valiéndose de lo establecido por la Corte Constitucional, en sentencia
C-543 de 199216, que estableció que:
«si pese a las ocasiones de defensa dentro del proceso y a las posibilidades de
impugnación del fallo que le otorgaba el sistema jurídico en obedecimiento a claros
principios constitucionales (artículos 29 y 31 de la Carta), el interesado se abstuvo
de utilizar los mecanismos a su disposición, tampoco puede acudir a la institución
de la tutela como última tabla de salvación de sus pretensiones, por cuanto ello
implica el alegato de su propia incuria contra el principio universalmente aceptado
y desvirtúa el carácter subsidiario de la acción».
Por lo anterior, se concluye que el actor no puede subsanar sus errores bajo reproches
que no fueron planteados en las respectivas instancias durante el proceso de nulidad
electoral, pues esto desnaturaliza la finalidad de la acción de tutela como mecanismo
supletivo de protección de los derechos fundamentales y permitiría que la parte
accionante se beneficiara de sus propias omisiones al no haber presentado
oportunamente los mecanismos previstos en la ley que permitían atacar la legalidad del
procedimiento adelantado contra él.
16 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-543 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Si bien el criterio
de esa sentencia se replanteó para dar cabida a la procedencia de tutela contra sentencias judiciales cuando se
presentan los requisitos generales y específicos de procedencia, ya explicados, no es menos cierto que las
consideraciones sobre la subsidiariedad a la que hace referencia esa providencia siguen plenamente vigente en el
ordenamiento.
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Radicación:11001-03-15-000-2025-03522-00
Accionante: María Isabel Gelvez Orozco
Acción de tutela – sentencia de primera instancia
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por María
Isabel Gelvez Orozco contra el Consejo de Estado-Sección Quinta, de conformidad con
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
vf
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