Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-03522-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-03522-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-03522-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
12 de febrero de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-03522-01
Demandante: MARÍA ISABEL GELVEZ OROZCO
Demandado: SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
Síntesis del caso: la demandante consideró que la autoridad judicial demandada vulneró sus
derechos fundamentales con ocasión de las providencias que declararon la nulidad del acto de
elección como diputada. Sin embargo, la Sala confirmará la decisión impugnada que declaró
improcedente el amparo solicitado por el incumplimiento de los requisitos de relevancia
constitucional y subsidiariedad.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de la
sentencia de 8 de agosto de 2025 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado mediante la cual se dispuso:
“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por
María Isabel Gelvez Orozco contra el Consejo de Estado-Sección Quinta, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.”. (archivo disponible en
medio magnético a través del aplicativo SAMAI, índice 20, primera instancia,
negrillas y mayúsculas del original)
I. ANTECEDENTES
La demanda
El 9 de junio de 20251, la señora María Isabel Gelvez Orozco, por medio de apoderado
judicial, promovió proceso de acción de tutela en contra de la Sección Quinta del Consejo
de Estado, con el fin de que se protegieran sus derechos constitucionales fundamentales
del debido proceso, participación política y ejercicio de cargos y funciones públicas y, por
tanto, se accediera a las siguientes súplicas:
“PRIMERA. - AMPARAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y EJERCICIO DE CARGOS PÚBLICOS de la
señora MARIA ISABEL GELVEZ OROZCO.
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Índice 1, Samai, primera instancia.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-03522-01
Demandante: María Isabel Gelvez Orozco
Acción de tutela
SEGUNDA. - DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de 12 de diciembre de 2024 y
ORDENAR a la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO que profiera
una decisión de reemplazo en el medio de control de nulidad electoral con radicado
No. 81001233900020230008400 que respete los derechos al DEBIDO
PROCESO, PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y EJERCICIO DE CARGOS PÚBLICOS
de la accionante.
TERCERA. - ORDENAR el reintegro de la señora MARÍA ISABEL GELVEZ
OROZCO al cargo de diputada del departamento de Arauca.
CUARTA. - Las demás órdenes que el Juez de Tutela encuentre necesarias para
proteger y obtener el restablecimiento de los derechos fundamentales vulnerados”.
(archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI, índice 2).
Hechos
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:
1) La señora María Isabel Gelvez Orozco fue elegida diputada de Arauca en las elecciones
del 29 de octubre de 2023, para el período 2024-2027, mientras que su hermana, Ladi Elena
Gelvez Orozco, fungía como personera del municipio de Arauquita (Arauca).
2) El ciudadano Germán Ernesto Escobar Higuera interpuso demanda con el fin de obtener
la nulidad del acto que declaró la elección de la señora María Isabel Gelvez Orozco como
diputada, contenido en el formulario E-26 ASA del 7 de noviembre de 2023, expedido por la
Comisión Escrutadora General, en la cual argumentó que la elegida estaba incursa en la
inhabilidad tipificada en el artículo 33 de la Ley 617 de 2000.
3) El Tribunal Administrativo de Arauca, en sentencia de primera instancia de 13 de agosto
de 2024, declaró la nulidad de la elección de la accionante, por estar incursa en la inhabilidad
prevista en el artículo 49 de la Ley 2200 de 2022; al respecto, advirtió que el artículo 33 de
la Ley 617 del 2000, en el que se basó la demanda, fue derogado por aquella norma y
encontró probado que la hermana de la accionante era personera de un municipio del
departamento en el que había sido elegida diputada.
4) El fallo fue apelado por la señora María Isabel Gelvez Orozco, bajo el argumento de que
la demanda invocó normas inaplicables al caso, al estar el artículo 33 de la Ley 617 del 2000
derogado y al no poderse aplicar materialmente la Ley 2200 de 2022, motivo por el cual, el
juzgado aplicó una inhabilidad por analogía, lo cual está vedado en el ordenamiento jurídico.
5) El recurso fue desatado por la Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia del 12
de diciembre de 20242, en la que confirmó la decisión de primera instancia, tras considerar
que la disposición vigente que contiene el régimen de inhabilidades de los diputados es el
2
Decisión que fue notificada el 16 de diciembre de 2024.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-03522-01
Demandante: María Isabel Gelvez Orozco
Acción de tutela
artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, por lo que no se aplicó una inhabilidad por analogía,
sino que tan solo se corrigió un error en la citación de la norma.
El fundamento de la vulneración
La demandante señaló que la Sección Quinta del Consejo de Estado vulneró sus derechos
constitucionales fundamentales antes mencionados, con ocasión de la sentencia de 12 de
diciembre de 2024, por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos sustantivo, procedimental
y desconocimiento del precedente.
En cuanto al defecto sustantivo y procedimental, afirmó que la nulidad se declaró con
fundamento en una norma distinta a la invocada en la demanda original, pues las sentencias
se basaron en el numeral 6º del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, la cual no fue objeto de
discusión, lo que le impidió ejercer su derecho de defensa
Adicionalmente, señaló que la norma contiene un parágrafo que modifica sustancialmente
su alcance sobre el concepto de “departamento”, lo cual fue ignorado por los jueces, quienes
asumieron erróneamente que se trataba de una simple reproducción de una norma anterior.
Los jueces de instancia inaplicaron el parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022
basándose en la sentencia C-326 de 2021, expedida por la Corte Constitucional, que declaró
inexequible el artículo 6 de la Ley 1871 de 2017 con contenido material y alcances distintos,
sin realizar un análisis argumentativo que demostrara una contradicción clara y evidente con
la Constitución.
Frente al desconocimiento del precedente jurisprudencial sostuvo que para el momento en
que se inscribió como candidata a la Asamblea Departamental de Arauca no existía
jurisprudencia del Consejo de Estado o de la Corte Constitucional que le permitiera concluir
de manera razonable que se encontraba incursa en la causal de inhabilidad del artículo 49
de la Ley 2200 de 2022, por lo que la posterior interpretación vulneró el principio de
confianza legítima y el derecho al debido proceso.
Por último, adujo que se desconoció el precedente fijado por la SU – 207 de 2022 que exige
un análisis probatorio detallado para determinar si el parentesco de un candidato con un
funcionario público realmente influye en el electorado, pues únicamente se realizó una
verificación de elementos formales, sin valorar pruebas que demostraban que la elección no
dependía del municipio de Arauquita, donde su hermana ejercía como personera, toda vez
que aun si se suprimían esos votos aun alcanzaba los votos necesarios para acceder al
cargo.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-03522-01
Demandante: María Isabel Gelvez Orozco
Acción de tutela
Actuación procesal
Por medio de auto de 16 de julio de 20253, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela, ordenó la notificación al Tribunal
Administrativo de Arauca y a la Sección Quinta del Consejo de Estado, vinculó al señor
Germán Ernesto Escobar Higuera y publicó la providencia en la página web del Consejo de
Estado para el conocimiento de quienes pudieran tener interés en el asunto, con el fin de
que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.
Sentencia de primera instancia
La Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación en sentencia de 8 de agosto
de 20254 declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento de los requisitos de
relevancia constitucional y de subsidiariedad.
En primer lugar, frente a los reparos por el uso indebido de la Ley 2200 de 2022, afirmó que
la parte demandante pretende reabrir discusiones resueltas y decididas por la autoridad, en
consideración a que la aplicación de la norma vigente, en lugar de la norma citada en la
demanda, fue ampliamente justificada y desarrollada en las sentencias de instancia,
fundando su excepción de inconstitucionalidad en la jurisprudencia de la Sección Quinta del
Consejo de Estado anterior y posterior a la vigencia de la Ley 2200 de 2022.
Por otro lado, frente al desconocimiento del precedente precisó que dichos argumentos
fueron traídos únicamente en el escrito de tutela, los cuales no fueron presentados ni
sustentados dentro del proceso ordinario cuando interpuso el recurso de apelación en contra
de la sentencia de primera instancia, con lo cual pretende desplazar la competencia de la
autoridad natural.
Impugnación
La parte demandante presentó impugnación contra el fallo de primera instancia, concedida
en auto del 1° de diciembre de 20255 y notificado el 11 de diciembre de 2025.
La sentencia de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado deja a la
acción de tutela contra providencia judicial en un escenario de negación del acceso a la
administración de justicia, pues en la misma, por un lado, se afirma que presentar reparos
en sede de tutela que ya fueron expuestos en el proceso ordinario transforma a la acción
3
Índice 05 Samai, primera instancia.
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Índice 20, Samai, primera instancia.
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Índice 26 Samai, primera instancia.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-03522-01
Demandante: María Isabel Gelvez Orozco
Acción de tutela
de tutela en una instancia adicional, mientras que, de manera contradictoria, estima que los
otros reparos no cumplen con el requisito de subsidiariedad por no haber sido presentados
ante el juez ordinario.
En este caso se cumple con el requisito de subsidiariedad, por cuanto no dispone de ningún
otro medio eficaz para la protección de sus derechos fundamentales, sin que resulte acorde
exigir que los reparos por los cuales se presenta la tutela hayan sido expuestos previamente,
pues no se pretenden reabrir una etapa fenecida, sino, por el contrario, la protección de los
derechos fundamentales vulnerados.
De igual forma, se cumple con el requisito de relevancia constitucional toda vez que, lejos
de debatir la corrección de una sentencia judicial, se pretende que el juez de tutela analice
su contenido en relación con verdaderos principios constitucionales para definir el alcance
de un derecho fundamental.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una
autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.
2. El caso concreto
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-03522-01
Demandante: María Isabel Gelvez Orozco
Acción de tutela
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Sección Quinta del
Consejo de Estado con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados por motivo del fallo proferido
el 12 de diciembre de 2024, por cuanto, a su juicio, incurrieron en los defectos sustantivo,
procedimental y desconocimiento del precedente.
La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la
acción de tutela por falta de relevancia constitucional y subsidiariedad.
En su escrito de impugnación el demandante alegó que si se cumplieron con los requisitos
de relevancia constitucional y subsidiariedad.
En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala confirmará la sentencia de
primera instancia que declaró la improcedencia de la acción de tutela por el incumplimiento
de los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad, por las razones que se
procederán a exponer:
3.1. La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias judiciales
Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su
procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez
constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.
En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no todos los
asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la competencia de los
jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre constitucional como la seguridad
jurídica y la autonomía e independencia judicial.
Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de la Corte
Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un modelo de requisitos
generales de procedencia y defectos o causales específicas, orientados a preservar el
carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro de los cuales se la imperiosa
necesidad de constatar que el debate que se propone reviste una genuina, verdadera y
marcada relevancia constitucional ocupa un lugar central.
En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que el
cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres finalidades
concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los jueces ordinarios,
impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii)
restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva de derechos
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-03522-01
Demandante: María Isabel Gelvez Orozco
Acción de tutela
fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde
resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo se convierta en una
instancia o recurso adicional frente a decisiones judiciales ejecutoriadas.
En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente6, la Corte ha reiterado que
la acción de tutela contra providencias judiciales no puede desnaturalizarse en un medio
para revisar la “correcta” aplicación del ordenamiento, sustituir el criterio del juez natural o
reabrir debates probatorios ya concluidos, e insistió en que el juez constitucional sólo puede
intervenir cuando la controversia planteada trasciende el ámbito de la legalidad y se
proyecta como un problema genuinamente constitucional que afecte derechos
fundamentales de las partes involucradas.
De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional enfatizó
que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de índole
constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de un derecho
fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la interpretación de
normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de manera que las
controversias que “se limitan a la mera determinación de aspectos legales de un derecho,
como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma procesal7”, carecen,
en principio, de relevancia constitucional, salvo que se acredite de manera específica una
afectación grave y desproporcionada de derechos fundamentales.
En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se había
planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este presupuesto
aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunto constitucional, sino uno
meramente legal y/o económico” o cuando la parte actora “busca una instancia adicional
para reabrir debates meramente legales ya concluidos con la intención de revivir los
términos procesales”.
En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña una
exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con invocar, en
abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le asiste la carga de
explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión cuestionada comporta una
restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado por el Consejo de
Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la que se dispuso que “no
basta con (…) aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
6
Corte Constitucional, sentencia SU-103 de 2022.
7
Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-03522-01
Demandante: María Isabel Gelvez Orozco
Acción de tutela
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales8”, enfatizando en que
corresponde al demandante justificar por qué su pretensión tiene tal entidad, so pena de
rechazo o improcedencia.
En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento más
exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las mencionadas
sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte Constitucional fueron
específicas en destacar que la relevancia constitucional no se presume por la sola
invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención de un derecho fundamental,
en tanto corresponde a la parte actora exponer un problema jurídico de naturaleza
constitucional e identificar con claridad los defectos que se pretenden atribuir a la
providencia objeto de censura, con una explicación clara sobre el por qué estos desbordan
el margen de interpretación y conducen a la vulneración concreta de un derecho
fundamental, de ahí que se ha reiterado que la acreditación del requisito “más allá de la
mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos
fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una restricción
desproporcionada” de tales derechos:
“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto
tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se
limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico
con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente
una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando
la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.”.9
En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción de tutela
se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos o simples
desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la acción de tutela no
puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la corrección jurídica de la
decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador ordinario ni reabrir litigios legalmente
concluidos.
Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-022 de 2019, determinó
que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección de las decisiones
de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que resulta diáfano que la intención
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez,
sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
9
Ibidem.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-03522-01
Demandante: María Isabel Gelvez Orozco
Acción de tutela
de las partes es instrumentalizar este mecanismo con el único fin de cuestionar la
interpretación, el criterio o la posición del juez natural, simplemente por encontrarse en
desacuerdo con la decisión desfavorable a sus intereses, dicho mecanismo carece de una
verdadera trascendencia desde la óptica constitucional.
El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo del
actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario con miras
a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura, específicamente,
con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la consecuencia lógica es
que es que el amparo así deprecado se torna a todas luces improcedente pues en esa
hipótesis se está ante un debate infraconstitucional que no compromete directamente
mandatos superiores y cuya resolución compete únicamente a los jueces ordinarios,
quienes fueron investidos por el legislador de precisas facultades para ello.
El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces ordinarios, de
modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que comporten una genuina y
marcada importancia desde el punto de vista de los derechos fundamentales, en orden a
evitar inmiscuirse en discusiones que no son de su resorte, so pena de vaciar de contenido
las competencias asignadas a cada jurisdicción. El rol del juez de tutela no puede ni debe
confundirse con el de una instancia revisora de las providencias proferidas por los jueces
naturales en su ejercicio de tal y cualquier intento dirigido a reemplazar o arrogarse
competencias de juez ordinario, desde luego, debe ser contenido.
En suma, a partir de lo dispuesto, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019, SU-128
de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, es necesario verificar que la acción de tutela
reúna los siguientes parámetros: i) el debate planteado en la acción de tutela debe
trascender la mera legalidad y tener la virtualidad de incidir en la interpretación, aplicación
o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental; ii) la controversia no puede
limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado carente de proyección
constitucional; iii) el escrito de acción de tutela debe mostrar una afectación grave, concreta
y desproporcionada de derechos fundamentales atribuible a una decisión judicial arbitraria
o irrazonable, y iv) no es constitucionalmente relevante una pretensión dirigida a replantear
discusiones que ya fueron propuestas, analizadas y resueltas en el proceso ordinario,
mediante los recursos propios de la jurisdicción competente.
Tales criterios, además, son aún más rigurosos cuando se pretenda emplear la acción para
cuestionar una decisión de una Alta Corte, pues, de conformidad con lo establecido por la
propia Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019, esta hipótesis comporta un
escrutinio aún más estricto, en el que se “exige valorar, prima facie, si la decisión se
fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-03522-01
Demandante: María Isabel Gelvez Orozco
Acción de tutela
derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de acción tanto de los jueces
constitucionales, como de las demás jurisdicciones’ en estricto respeto a la independencia
de los jueces ordinarios.” (negrillas adicionales).”10.
En conclusión, la relevancia constitucional opera como un filtro material y obligatorio que
condiciona el estudio de fondo de las acciones de tutela contra providencias judiciales, en
tanto exige que la parte actora demuestre, con una argumentación clara y específica, que
la providencia cuestionada desborda el margen de interpretación razonable y comporta una
afectación grave e injustificada de derechos fundamentales.
En esa medida, el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la acción obliga al juez
de tutela a declarar improcedente el amparo cuando se advierta que se pretende emplearlo
para expresar desacuerdos con la decisión, replantear discusiones probatorias o jurídicas
ya zanjadas, o perseguir fines meramente económicos o privados; únicamente cuando se
supera este umbral es legítimo avanzar al examen de los defectos alegados en el caso
concreto.
3.2 La falta de relevancia constitucional en el caso concreto frente al defecto
sustantivo
1) En suma, la accionante sostuvo que la Sección Quinta del Consejo de Estado fundamentó
su decisión con base en una norma distinta a la invocada en la demanda original, pues el
numeral 6º del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022 no fue objeto de discusión durante el
proceso; adicionalmente, señaló que dicha norma contiene un parágrafo que modifica
sustancialmente su alcance, lo cual no fue tenido en cuenta por los jueces de instancia.
2) En este caso, la Sala advierte que la acción de tutela no satisface el requisito general de
procedencia relativo a la relevancia constitucional, en la medida en que los planteamientos
formulados por la parte actora, aun cuando se presentan bajo la invocación de un defecto
sustantivo, no plantean un problema iusfundamental autónomo, ni ponen de presente la
configuración de un yerro judicial ostensible, manifiesto o arbitrario que comprometa
directamente el núcleo esencial del derecho al debido proceso.
3) En efecto, los argumentos expuestos se orientan a controvertir la forma como la Sección
Quinta del Consejo de Estado aplicó la disposición vigente que contiene el régimen de
inhabilidades de los diputados esto es el artículo 49 de la Ley 2200 de 2022.
10
Criterio que, a su vez fue ratificado en la sentencia SU-215 de 16 de junio de 2022, MP Natalia Ángel Cabo.
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Demandante: María Isabel Gelvez Orozco
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4) En ese contexto, más allá de un supuesto defecto sustantivo o procedimental, la acción
de tutela se utiliza como un mecanismo encaminado a reabrir una discusión ya resuelta en
sede judicial, con el propósito de obtener una nueva valoración de la norma aplicable al
caso, lo cual resulta incompatible con el carácter excepcional del amparo constitucional y
con la prohibición de convertirlo en una tercera instancia.
5) Por consiguiente, al no acreditarse una afectación directa y concreta de derechos
fundamentales que trascienda la órbita del desacuerdo jurídico o probatorio, la Sala
concluye que la acción de tutela es improcedente, por incumplimiento del requisito general
de relevancia constitucional exigido para la procedencia excepcional de la tutela contra
providencias judiciales.
6) En la providencia cuestionada el tribunal demandado confirmó la decisión que había
declarado la nulidad de la elección de la señora María Isabel Gelvez Orozco como diputada
de la Asamblea Departamental, período 2024-2027, con base en los siguientes argumentos:
“(…) 66. Primera inconformidad. Se observa que el tribunal se percató en la
sentencia de las imprecisiones de la demanda en cuanto a la norma que
consagraba la causal de inhabilidad invocada, las cuales habían sido advertidas
en la contestación de la demanda. Al respecto, se pronunció en los siguientes
apartados:
(…)
67. Pese a lo anterior, consideró que una interpretación integral y sistemática de
la demanda le permitía concluir sin lugar a dudas que su motivación era la
vulneración del régimen de inhabilidades previsto para los diputados en el artículo
49 de la Ley 2200 de 2022. En tal sentido, explicó:
(…).
68. En ese orden, observó que el artículo 33 de la Ley 617 de 2000 había sido
derogado por la Ley 2200 de 2022, habida cuenta que en el artículo 49 previó el
régimen de inhabilidades de los diputados y en el artículo 154 derogó todas las
disposiciones contenidas en aquella ley que le fueran contrarias.
69. Por lo tanto, si bien la disposición invocada en la demanda como sustento de
la inhabilidad no fue en estricto sentido la que analizó el tribunal para resolver el
caso, lo cierto es que aquella y la que terminó siendo aplicada son idénticas en su
contenido, como se ilustra a continuación, en lo pertinente:
70. Así, en la providencia se advirtió expresamente que el problema jurídico se
decidiría con base en la disposición vigente que contiene el régimen de
inhabilidades de los diputados, cabe reiterar, el artículo 49 de la Ley 2200 de 2022,
y fue desde su contenido que se abordaron los elementos que configuran la causal
de inhabilidad del numeral 6.
71. La Sala considera que el enfoque que adoptó el tribunal para abordar este
asunto está respaldado en el derecho de acceso a la justicia y el principio de
prevalencia del derecho sustancial sobre los aspectos formales, previstos en
el artículo 228 de la Constitución Política, y en las atribuciones específicas que
otorga la ley procesal al juez, que le permiten interpretar la demanda, dentro de
criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
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Demandante: María Isabel Gelvez Orozco
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72. En esa línea, la Corte Constitucional ha explicado que «defectos tales
como la cita errónea de una disposición legal que por su contenido es
fácilmente identificable por el juez, o el concepto de la violación insuficiente
pero comprensible, no pueden conducir a desestimar un cargo de nulidad11»
(…).
78. Segunda inconformidad. La demandada invoca contra la sentencia apelada la
interpretación restrictiva y el carácter taxativo de las inhabilidades, dado que limitan
derechos fundamentales, en concordancia con el principio pro homine y de
favorabilidad. De acuerdo con lo expuesto en el recurso, es posible entender que,
a su juicio, dichos parámetros habrían sido desconocidos por la decisión recurrida,
ya que el juez no debió resolver el asunto con base en una norma derogada.
79. Sin embargo, el recurrente no controvirtió el análisis jurídico y probatorio que
hizo el tribunal frente a los cuatro elementos que configuran la inhabilidad, ni
explicó de qué forma esta valoración se opone al carácter restrictivo y taxativo de
las inhabilidades para ocupar cargos de elección popular.
80. En efecto, no desmintió el parentesco con la personera ni se refirió a las
funciones analizadas para deducir el ejercicio de autoridad civil y administrativa en
ese cargo, como tampoco refutó que la hermana de la demandada lo hubiese
ocupado dentro de los doce meses que preceden a la elección.
81. En cuanto al elemento espacial, no se observa en el recurso algún argumento
concreto de oposición a la excepción de inconstitucionalidad del parágrafo del
artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, que fue la figura invocada por el tribunal para
respaldar la conclusión sobre el ejercicio autoridad en el departamento, por parte
de una funcionaria de una entidad del orden municipal.
82. No obstante, es posible interpretar que el debate sobre la norma vigente que
propone la parte demandada conduce, necesariamente, a revisar el factor territorial
de la causal de inhabilidad, ya que es el único ingrediente que la diferencia con el
texto anterior del numeral 5 del artículo 33 de la Ley 617 de 2000.
83. Sobre el punto, y ante la precariedad de la sustentación del recurso en esta
parte, baste con reiterar la tesis de esta Sala, en cuanto a que el parágrafo del
artículo 49 de la Ley 2200 de 2022 flexibiliza el régimen de inhabilidades de los
diputados, respecto al de los congresistas, en abierta contradicción con el artículo
299 de la Constitución Política.
84. Ello es así, porque configura el elemento territorial de las causales, en
particular, aquella por vínculo o parentesco con un funcionario que ejerce
autoridad, únicamente cuando el familiar ocupa un cargo en la
administración departamental o alguna de sus entidades adscritas o
vinculadas, mientras que para los congresistas, específicamente los
representantes a la Cámara, se estructura también cuando el respectivo cargo
pertenece a alguno de los municipios del departamento.
(…).
86. La situación descrita también se presenta en este caso, toda vez que no
está en discusión que la hermana de la señora María Isabel Gelvez Orozco
fue personera del municipio de Arauquita, entidad territorial comprendida en
el departamento de Arauca. Por lo tanto, la autoridad civil y administrativa
que acompaña a ese cargo, que tampoco se apeló, fue ejercida «en el
respectivo departamento», como lo requiere el numeral 6 del artículo 49 de
la Ley 2200 de 2022.
87. De acuerdo con el estudio precedente, la Sala concluye que el tribunal no faltó
a la interpretación restrictiva ni al carácter taxativo de las inhabilidades, toda vez
11
Corte Constitucional, sentencia C-197 de 1999.
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Demandante: María Isabel Gelvez Orozco
Acción de tutela
que decidió el asunto con fundamento en la norma vigente y a partir de los factores
de configuración que ella contiene.”. (negrillas de la Sala)
7) No obstante, tales planteamientos no trascienden el ámbito de una discrepancia frente al
artículo 49 de la Ley 2200 de 2022 que habla de las inhabilidades de los diputados y su
rango de aplicación, pues no evidencian, prima facie, una afectación directa del núcleo del
debido proceso, más allá de la insistencia de la demandante en sostener en que esa
disposición no fue invocada en el escrito de la demanda, discusión que fue debidamente
abordada en las sentencias cuestionadas, razón por la cual no satisfacen el requisito de
relevancia constitucional exigido para la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales.
8) En ese orden de ideas, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la referencia
no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir un debate
propio del proceso ordinario y al juez constitucional le está vedado pronunciarse sobre
materias que desbordan su competencia.
4.1. Caracterización del requisito de subsidiariedad
La acción de tutela es un mecanismo excepcional y extraordinario para acudir ante el juez
constitucional cuando el ordenamiento jurídico no prevea una herramienta jurisdiccional
idónea y eficaz para la protección de los derechos fundamentales, como se infiere del texto
del inciso 3 del artículo 86 de la Carta Política.
En desarrollo del precepto constitucional aludido, el numeral 1 del artículo 6 del Decreto
2591 de 1991 exige como presupuesto procesal de la acción de tutela que el demandante
no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se interponga como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
La finalidad de este presupuesto de procedibilidad de la acción es que las personas hagan
uso de todos los mecanismos que el sistema judicial consagra para conjurar la situación que
amenaza o vulnera sus derechos fundamentales, de modo que se restrinja el uso
indiscriminado e indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente o instancia
judicial alterna de protección para desplazar o reemplazar a las herramientas judiciales que
el legislador estableció para la protección de los derechos.
En esa medida, cuando se presenta la acción de tutela con el fin de obtener una decisión
más rápida, para burlar los procedimientos judiciales previamente estatuidos o para
proponer argumentos y planteamientos que no se propusieron ante el juez ordinario
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Demandante: María Isabel Gelvez Orozco
Acción de tutela
habiendo tenido la oportunidad de hacerlo, se desconoce el carácter subsidiario y residual
de este mecanismo constitucional.
Ahora bien, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de la
subsidiariedad debe ser estudiado en cada caso concreto y, por ende, aun en los eventos
en que existan otros medios de defensa judicial, existen dos excepciones que justifican su
procedibilidad, así:
(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las controversias
no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso estudiado,
procede el amparo como mecanismo definitivo; y,
(ii) cuando, pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede como
mecanismo transitorio.
En suma, la acción de tutela condiciona el ejercicio de la acción de tutela a la inexistencia
de otro medio de defensa judicial, salvo que este no suponga un mecanismo idóneo y
efectivo para evitar la vulneración o amenaza del derecho fundamental o que se pretenda
un amparo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio irremediable.
4.2. Verificación del cumplimiento del requisito de subsidiariedad frente al
desconocimiento del precedente
1) En el presente asunto se advierte que la parte demandante invocó la configuración de un
desconocimiento del precedente, por cuanto consideró que a la fecha de su inscripción no
existía la jurisprudencia restrictiva del Consejo de Estado que le permitiera concluir que se
encontraba en alguna causal de inhabilidad.
2) Se desconoció el precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-207 de
2022, pues no se realizó un análisis probatorio detallado para determinar que el parentesco
del candidato realmente influye en el electorado.
3) No obstante, a partir de la revisión de las pruebas aportadas al expediente, para la Sala
resulta claro que el interés de la parte demandante consiste en debatir argumentos nuevos
que no fueron planteados ni discutidos en el trámite del proceso ordinario, pues en el recurso
de apelación contra la sentencia que declaró la nulidad del acto de su elección, la actora
limitó su reparo a la indebida aplicación de las normas porque supuestamente la demanda
inicial se presentó con fundamento en la Ley 617 del 2000.
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Demandante: María Isabel Gelvez Orozco
Acción de tutela
4) Sin embargo, la Sala encuentra que ni en el recurso de apelación ni en el escrito de
contestación señaló que a la fecha de su inscripción no existía jurisprudencia que le
permitiera concluir que se encontraba en alguna causal de inhabilidad o el desconocimiento
de la SU - 207 de 2022, por lo que la acción de tutela no es el escenario para traer a colación
argumentaciones fácticas y jurídicas que son del resorte del juez natural y que, como se
explicó en precedencia, habiendo tenido la oportunidad de hacerlo, debieron habérsele
puesto en consideración para que este tuviera la oportunidad de pronunciarse sobre las
mismas.
5) Contrario a lo sostenido por la actora, no se trata de una denegación de justicia ni de una
encrucijada para impedirle cuestionar la providencia, pues lo que busca garantizar con este
presupuesto es que los debates se den al interior del proceso ordinario y ante el juez natural
de la causa, de modo que si la parte interesada tuvo la oportunidad procesal
correspondiente para proponer el mismo reparo y no lo hizo se desconoce el carácter
residual y subsidiario de la acción de tutela si, contrariando sus propios actos, lo propone
como un argumento nuevo en sede constitucional, a pesar de que la autoridad judicial
accionada no tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre él.
6) Respecto de tal presupuesto general de procedibilidad, en la sentencia C-590 de 2005 la
Corte Constitucional señaló que es necesario que el accionante identifique, de forma
razonable, los yerros de la autoridad judicial que generan la violación y que esta haya sido
alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido posible, así:
“Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional
(…).
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el
sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto
es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo,
se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de
las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez (…).
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue
a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas
por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la
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Demandante: María Isabel Gelvez Orozco
Acción de tutela
haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de
pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela (…)” (negrillas adicionales).
7) En consecuencia, es necesario que los yerros de la autoridad judicial que la parte actora
invoca como generadores de la vulneración se hayan explicado y sustentado con claridad
“y que [la parte actora] hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible”, exigencia que la propia Corte justificó en los siguientes
términos12:
“Esta exigencia es comprensible en la medida que, sin que la acción de tutela
llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no
previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión
judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo
ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.”.
(negrillas de la Sala)
8) Ello resulta apenas lógico, si se considera que esta acción constitucional no puede
constituirse como un mecanismo complementario, adicional o sustituto de los procesos
judiciales ordinarios, pues ello provocaría el efecto contrario al perseguido mediante esta
acción, ya que se desconocería la garantía del debido proceso prevista en el artículo 29 de
la Constitución Política, según la cual las controversias deberán ser decididas por el juez
natural de la causa y con observancia de las formas propias de cada juicio.
9) Sobre este último aspecto, la Corte Constitucional en sentencia T-649 de 2011, señaló:
“Una segunda razón radica en el respeto por la importancia del proceso judicial.
Las etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el primer
espacio de protección de los derechos fundamentales. Estando obligados los
jueces a obedecer la ley y la Constitución (Art. 4 y 230 C.N), corresponde a todos
velar porque los derechos fundamentales sean respetados al interior y como
resultado de los procesos judiciales. Es en este sentido que la sentencia C-543 de
1992 puntualiza que: “tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de
los derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal como lo acreditan
sus remotos orígenes” (negrillas del original). Por tanto, es inadmisible que el
afectado alegue la vulneración o amenaza de un derecho fundamental
cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro del proceso,
pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha dotado de las herramientas
tendientes a corregir durante su trámite las irregularidades que puedan
afectarle” (negrillas de la Sala).
10) En consonancia con el criterio jurisprudencial expuesto, en este caso resulta claro que
lo pretendido por la parte demandante es que, bajo la supuesta configuración de un
desconocimiento del precedente, se analicen argumentos que debieron ser planteados
dentro del proceso ordinario, lo que no es de recibo dado que sobre ellos no tuvo la
12
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005.
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Demandante: María Isabel Gelvez Orozco
Acción de tutela
oportunidad de pronunciarse el juez ordinario y tampoco la contraparte pudo ejercer su
defensa.
11) En ese orden de ideas, como se trata de un argumento nuevo que pudo ser plateado
dentro del proceso ordinario -porque la decisión de primera instancia le fue desfavorable y
fue ella quien apeló- pero no lo hizo, la acción de tutela es improcedente por incumplimiento
del requisito de subsidiariedad, pues este mecanismo constitucional “no es un medio que
remedie los desaciertos procesales de las partes”13.
12) Si bien es cierto que tal presupuesto ha sido concebido como una causal autónoma de
procedencia14, también lo es que guarda una íntima relación con la idea de subsidiariedad,
no en el sentido genérico simple de haberse agotado todos los recursos judiciales
disponibles, sino en uno más concreto y específico, referido a impedir que se reabra un
asunto litigioso con los mismos argumentos que por desidia, negligencia, incuria o descuido
de las partes que, teniendo la oportunidad de plantearlos en sede ordinaria, no lo hicieron.
13) Como lo ha dicho esta Corporación en anteriores decisiones15, esta herramienta
constitucional no puede ser utilizada para revivir oportunidades procesales fenecidas ni para
plantear o mejorar argumentos que se dejaron de proponer en las instancias del proceso
ordinario, máxime si se tiene en cuenta que ni siquiera se justificaron los motivos por los
cuales se incurrió en dicha omisión
14) De igual manera, la Sala encuentra que con los medios de prueba allegados al proceso
no hay lugar a inferir la existencia de un perjuicio con las condiciones de inminencia,
gravedad y urgencia que demanden medidas impostergables para evitar la consumación de
un daño y que ameriten la intervención transitoria y excepcional del juez de tutela, razón de
más para concluir que la acción de tutela resulta improcedente en el presente caso.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, providencia de 31 de mayo de
2018, exp. 25000-23-42-000-2018-00580-01(AC), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
14
O incluso como sinónimo de falta de relevancia constitucional, como lo hace la Sección Cuarta de esta
Corporación. En efecto, a partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-
15-000-2020-05131-00, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para determinar si un
asunto tiene relevancia constitucional.
“En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud
de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos
argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada”. (negrillas
adicionales).
15
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 15 de septiembre de 2022, exp. 11001-
03-15-000-2022-04683-00, MP Fredy Ibarra Martínez.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-03522-01
Demandante: María Isabel Gelvez Orozco
Acción de tutela
15) En consecuencia, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela por el incumplimiento de los requisitos de relevancia
constitucional y subsidiariedad, por las razones hasta aquí expuestas.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
1°) Confírmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente el amparo
solicitado, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama, telefónica,
electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.
3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia y
remítasele copia del mismo.
4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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