Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03523-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-03523-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03523-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-03523-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
2 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03523-01
Accionante: Alejandro González Beltrán
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
Temas: Derechos: debido proceso, acceso a la administración de
justicia y propiedad. Sentencia revoca decisión de primera
instancia y niega pretensiones de reparación directa por error
judicial. REVOCA SENTENCIA- NIEGA AMPARO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el señor Alejandro González
Beltrán, mediante apoderado, en contra de la sentencia del 14 de agosto de 2025
proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que declaró improcedente la
acción de tutela.
ANTECEDENTES
El accionante pretende el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y a «la propiedad adquirida»,
los cuales considera vulnerados por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, al proferir la sentencia del 6 de diciembre de 2024 dentro del medio
de control de reparación directa con radicado 25000-23-36-000-2016-02369-00
[02].
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamenta en los que se resumen a continuación.
Que el actor como consumidor financiero constituyó 3 CDT con la Corporación
Financiera del Valle hoy Corporación Financiera Colombiana S.A. (por un
proceso de fusión), referenciados con el número 159743, 159744 y 159745 por
valor de $58.500.000 cada uno, los cuales iniciaron el 17 de febrero de 1989 y
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03523-01
vencieron el 17 de febrero de 1999.
Que el actor el 17 de febrero de 1999 presentó ante la entidad financiera copia
de los CDT para su pago, CORFICOLOMBIANA le negó el pago porque no aportó
los originales.
Que el 19 de febrero de 1999 presentó los CDT originales ante la entidad
financiera, para redimirlos; la Corporación negó el pago, puso en el anverso de
cada uno de los títulos un sello que dice anulado y denunció al actor por la
presunta comisión de los delitos de falsedad en documento privado y estafa.
Que el Tribunal Superior de Cali lo absolvió y la decisión fue confirmada por la
Corte Suprema de Justicia, Sala Penal en Casación, quien ordenó la entrega de
los títulos al actor.
Que inició proceso ejecutivo para obtener el pago de los CDT, el Juzgado 26 Civil
del Circuito de Bogotá libró mandamiento de pago y en segunda instancia, el
Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil «revocó» dicha providencia, con
fundamento en que la literalidad del documento estaba alterada «dado el sello de
ANULADO que se leía en el anverso de cada título, impuesto por la propia
deudora como subterfugio para denunciar» al actor.
El actor formuló demanda de reparación directa en contra de la Nación- Rama
Judicial- Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil por error judicial. Le correspondió
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B con
radicado 25000-23-36-000-2016-02369-00 [02], quien en sentencia del 21 de
octubre de 2022 declaró solidariamente responsables civil y
extracontractualmente a la Nación- Rama Judicial- Consejo Superior de la
Judicatura- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la Corporación
Financiera Colombiana S.A.- Corficolombiana S.A. y, condenó a estas entidades
al pago de los perjuicios causados al demandante.
Que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A en sentencia del 6 de
diciembre de 2024 revocó la decisión de primera instancia y negó las
pretensiones.
Considera que la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos: fáctico,
porque no tuvo en cuenta que: 1) el sello de anulado fue puesto por la entidad
cuando el título terminó su circulación con la presentación para el pago; 2) al
presentarse para el pago al mismo emisor, es decir, Corficolombiana, «NO
TENÍAN EL SELLO DE ANULADO, lo que hace evidente que el tenor literal de
los documentos CDts (sic)» que la entidad tuvo a la vista, estaban perfectos y sin
alteración en su tenor literal y 3) el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, al
argumentar que «no importaba quien hubiera puesto el sello a los títulos para
efectos de su literalidad-, muestra una falla lógica, de experiencia y de
2
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03523-01
ciencia, que sólo puede ser considerada como un grave error imposible de
admitir de juristas versados en la crítica de las pruebas».
Sustantivo, por aplicar un criterio regresivo sobre el error jurisdiccional, exigiendo
al demandante la prueba de un dolo o culpa grave sin considerar que la
responsabilidad del Estado por error judicial es objetiva y no exige prueba
subjetiva de mala fe, como lo ha reiterado el Consejo de Estado y la Corte
Constitucional en las sentencias SU-128 de 2021 y T-114 de 2020.
PRETENSIONES
El accionante solicita el amparo de los derechos invocados y, en consecuencia,
ordenar a la Nación- Rama Judicial y a Corficolombiana el pago inmediato del
daño patrimonial causado al consumidor financiero por el valor de los CDT,
cuantificados hasta la fecha del pago.
ACTUACIÓN PROCESAL DE PRIMERA INSTANCIA
El 11 de julio de 2025 el consejero sustanciador de primera instancia admitió la
acción de tutela de la referencia, vinculó como terceros interesados al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, al Consejo
Superior de la Judicatura, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a
la Corporación Financiera Colombiana S.A- Corficolombiana.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A adujo que la acción de
reparación directa no es el mecanismo para satisfacer las pretensiones del
proceso ordinario, como lo intentó el accionante.
Frente al argumento del actor de que la autoridad judicial accionada no consideró
que la imposición de los sellos de anulados sobre los CDT fue posterior a la
exhibición de estos ante la Corficolombiana, puso de presente que dicho
argumento no fue planteado en el trámite de la reparación directa.
Además, señaló que la sentencia cuestionada no incurrió en el defecto fáctico,
pues la autoridad analizó de manera detallada las pruebas y, con base en ellas
concluyó que la valoración probatoria que realizó el Tribunal Superior de Bogotá,
Sala Civil no se apartó de los criterios objetivos para atender su propio capricho
o voluntad, sino que, la decisión de que los documentos aportados no reunían los
requisitos para librar mandamiento de pago se sustentó en el hecho de que los
CDT allegados contenían un sello de anulado que impedía tener por satisfecho
el principio de literalidad.
Por lo anterior, pidió que se declare improcedente la acción de tutela.
3
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03523-01
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
La Corporación Financiera Colombiana S.A. señaló que la acción de tutela no
cumple el requisito de relevancia constitucional, dado que busca utilizar este
mecanismo como una tercera instancia para reabrir un debate que ya se zanjó y
en el cual más de 6 autoridades judiciales desestimaron sus pretensiones.
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial manifestó que la
providencia discutida por el actor se profirió dentro del marco normativo
establecido para el efecto y la interpretación de la autoridad judicial accionada
fue razonable y orientada a la aplicación de los principios constitucionales; motivo
por el cual no hay lugar a declarar la responsabilidad administrativa de las
entidades demandadas.
Por otro lado, pidió su desvinculación de la acción de tutela por falta de
legitimación en la causa por pasiva, dado que los derechos alegados por el señor
González no son consecuencia de una acción u omisión a tribuible a la Dirección.
No se presentaron mas intervenciones.
SENTENCIA IMPUGNADA
El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante fallo del 14 de agosto de 2025
declaró improcedente la acción de tutela, considerando que en el caso concreto
no se satisface el requisito de la relevancia constitucional en tanto los
argumentos que plantea el accionante pretenden controvertir lo resuelto por el
juez ordinario y reabrir el debate ya zanjado en el proceso de reparación directa.
El Juez constitucional de primera instancia destaca que la controversia sugerida
por el señor González gira en torno a la valoración probatoria realizada en la
sentencia del 6 de diciembre de 2024, de ahí que, propone un defecto fáctico,
pues a su juicio no se analizaron en debida forma algunos elementos
probatorios mediante los cuales pretende que se valide la existencia formal y el
contenido del CDT; sin embargo, los planteamientos del actor no permiten
evidenciar, que las consideraciones de la autoridad judicial accionada se
alejaron de las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica.
Por otro lado, indicó que el argumento del actor según el cual, el Tribunal
Superior de Bogotá, Sala Civil incurrió en un error de hecho al apreciar los tres
CDT, por cuanto los sellos a ellos impuestos no tenía la capacidad de destruirlos
jurídicamente, por ser su imposición por parte de Corficolombiana resultaba
contraria al ordenamiento jurídico y haberse hecho sin el consentimiento de la
contraparte; circunstancia que también configuraba un error de derecho por no
tener en cuenta el artículo 1602 del C.C., según el cual el contrato es ley para
las partes; no fue expuesto en el trámite del medio de control de reparación
directa.
4
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03523-01
Por lo anterior, adujo que los planteamientos del actor están dirigidos a que se
modifique el raciocinio de la corporación enjuiciada, por no estar de acuerdo con
lo decidido, más allá de sugerir alguna discusión que justifique razonablemente
una afectación desproporcionada de los derechos invocados.
IMPUGNACIÓN
El accionante impugnó la sentencia del 14 de agosto de 2025, para lo cual
reiteró los argumentos de la acción de tutela encaminados a alegar la violación
de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración
de justicia y a la propiedad adquirida, con ocasión de la sentencia del 6 de
diciembre de 2024 que profirió el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
A la Sala le corresponde en segunda instancia analizar sí la decisión del juez
constitucional de primera instancia se ajusta a derecho, para lo cual abordará la
siguiente temática: I) generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales y III) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos
generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la
Sentencia C590/052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la
Sentencia SU128/21, se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño
5
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03523-01
constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones. (...).
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius
fundamental irremediable. (...)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción
de tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (...)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse
que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y
que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que
esto hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...).»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que
haber incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. (…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima
de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)
6
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03523-01
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»3
En la misma línea, el Alto Tribunal Constitucional en sentencia SU-215 de 2022
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica y expresó:
«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando
la tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes,
como órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela
debe ser especialmente exigente pues la sustentación de tales
requisitos requiere de una argumentación cualificada4.
(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de
la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene
‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia
reprochada”5. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su
análisis únicamente a los argumentos propuestos por el accionante,
(…). Si el juez constata alguna irregularidad debe comprobar que sea
grave y de una entidad tal que amerite la intervención urgente del juez
de tutela6.»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las
exigencias generales de procedibilidad cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de
los señalados, si este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que
habilite la intervención del juez constitucional.
Análisis del caso concreto
En síntesis, el accionante manifestó su desacuerdo con la decisión de primera
instancia, que declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el
requisito de relevancia constitucional, reiterando lo expuesto en el escrito de
tutela, esto es, que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A le
transgrede sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la propiedad adquirida, mediante la sentencia del 6
de diciembre de 2024 que negó las pretensiones de reparación directa por error
judicial.
3 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4 Sentencia SU-074 de 2022.
5 Sentencia SU-074 de 2022.
6 Sentencia SU-072 de 2018.
7
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03523-01
Frente a los requisitos de procedencia de la tutela se observa que a) el requisito
de relevancia constitucional, contrario a lo expuesto por el juez constitucional de
primera instancia, la Sala considera que en el caso sí se satisface este
presupuesto, pues se alega la vulneración de los derechos fundamentales por la
presunta configuración de los defectos sustantivo y fáctico y el actor expone con
suficiente claridad los hechos que considera constitutivos de los errores que
trasgreden sus los derechos; b) el accionante no cuenta con otro medio de
defensa para discutir lo aquí expuesto; c) se cumple con el requisito de
inmediatez, pues la acción se presentó dentro de los seis meses siguientes a la
notificación de la providencia -11 de diciembre de 2024- y la acción se instauró el
9 de junio de 2025; d) la tutela no se dirige contra un fallo de la misma naturaleza.
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A en la sentencia
cuestionada señaló que el error jurisdiccional se configura cuando las decisiones
judiciales resultan contrarias a derecho por carecer de una justificación
coherente, razonable y jurídicamente atendible; también, está supeditado a que
el afectado con la decisión cuestionada hubiera interpuesto los recursos de ley y
que la providencia se encuentre en firme.
En cuanto al error de derecho, adujo que el demandante debe señalar las normas
que considera transgredidas y de manera sucinta explicar la forma en la que
fueron infringidas; en relación con el error de hecho se debe indicar la omisión de
decreto o práctica de pruebas o una defectuosa apreciación probatoria y, las
razones por las cuales se considera, se transgredió la ley.
Frente al supuesto error judicial endilgado al Tribunal Superior de Bogotá, Sala
Civil mediante la sentencia del 27 de agosto de 2014 relacionó los siguientes
hechos relevantes que encontró probados en el proceso:
Proceso penal adelantado en contra del señor Alejandro González Beltrán
• El 13 de febrero de 1999 el actor radicó ante Corfivalle aviso de terminación del
contrato de depósito a término fijo enviado por el señor González Beltrán con el
propósito de obtener el pago de los CDT 159743, 159744 y 159745, por valor de
$58.500.000 cada uno, los cuales tenían como fecha de redención el 17 de
febrero de 1999.
• Ante la inexistencia de registro contable y financiero en la entidad de dichos
depósitos y la falta de inscripción de quien decía ser beneficiario de los títulos en
el libro de registro que debe llevar el creador, Corfivalle se rehusó a cancelar los
títulos, les colocó un sello de anulado y denunció penalmente al actor.
• El Juzgado 9º Penal del Circuito de Cali el 9 de marzo de 2005 declaró
penalmente responsable al señor González por los delitos de falsedad en
documento privado y estafa en grado de tentativa. El Tribunal Superior de Cali,
8
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03523-01
Sala Penal el 24 de abril de 2006 revocó la decisión de primera instancia y
absolvió al actor ante la duda razonable. La Corte Suprema de Justicia, Sala
Penal en sentencia del 5 de julio de 2007 resolvió no casar la referida providencia
y el 7 de septiembre de igual año se hizo entrega de los CDT al peticionario.
Proceso ejecutivo núm. 2010-00446-00
El 12 de julio de 2010, el actor presentó demanda ejecutiva en contra de
Corficolombiana a fin de que se librara mandamiento de pago de los CDT ya
citados, más los intereses causados durante los 10 años de vigencia de éstos, es
decir, del 17 de febrero de 1989 al 17 de febrero de 1999.
El Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá en auto del 22 de julio de 2010 libró
mandamiento de pago. El Juzgado Décimo Civil del Circuito de Descongestión
de Bogotá el 27 de abril de 2012 declaró probada la «excepción causal»
propuesta por la ejecutada y negó la continuación de la ejecución. El Tribunal
Superior de Bogotá, Sala Civil mediante providencia del 27 de agosto de 2014
confirmó la anterior decisión, por las siguientes razones:
• Indicó que una obligación puede cobrarse ejecutivamente cuando es clara,
expresa y actualmente exigible; que conste en un documento escrito que
provenga del deudor o del causante y que constituya plena prueba contra él, tal
y como lo dispone el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil.
• Manifestó que los certificados de depósito con los números 159743, 159744 y
159745 «presentaban un sello de anulado que los deterioró por completo o los
destruyó in radice, desapareciendo sus efectos jurídicos y dejando sin fuerza el
derecho supuestamente en ellos incorporado, por lo que no existía soporte para
librar mandamiento de pago y, menos aún, para proferir sentencia de seguir
adelante con la ejecución».
• Afirmó que, en el caso concreto la leyenda de anulado impedía tener claridad
del derecho, su incorporación y la exigibilidad de la obligación que el demandante
pretende que se deduzca de los CDT, por lo que, dijo que lo pertinente era iniciar
una acción de cancelación y reposición.
• Precisó que si bien los CDT fueron arrimados al proceso penal que culminó con
decisión absolutoria en aplicación del principio in dubio pro reo, lo cierto es que
dichos documentos no estaban exentos del análisis de los requisitos formales por
parte del juez civil, pues en el proceso penal la discusión giró en torno a
establecer la existencia de una conducta punible, pero no se evaluó la validez del
título desde el punto de vista comercial.
Conforme a lo anterior, el Tribunal concluyó que en el evento de hacer caso omiso
al sello de anulado que contenían los títulos, la decisión de terminar el proceso
se mantendría ante la prosperidad de las excepciones propuestas por la
9
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03523-01
ejecutada: la prescripción de la acción cambiaria porque transcurrió más tiempo
del que establece el artículo 789 del Código de Comercio y, la ausencia de la
causa pues no existe evidencia de la existencia del negocio subyacente que dio
lugar a la expedición de los títulos.
El señor González interpuso recurso extraordinario de revisión en contra de la
sentencia del 27 de agosto de 2014, con base en las causales 6ª y 8ª del artículo
355 del Código General del Proceso; la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil lo declaró infundado.
Descendiendo al caso concreto, la Sección Tercera, Subsección A de la
corporación indicó que se satisfacían los requisitos de procedencia del medio de
control de reparación directa por error jurisdiccional, pues la sentencia del 27 de
agosto de 2014 quedó en firme el 23 de septiembre de igual año y, si bien el actor
promovió tutela y recurso extraordinario de revisión en contra de dicha decisión,
ninguna próspero.
Precisó que el análisis de las providencias acusadas no podía convertirse en una
instancia adicional del proceso, pues la labor del juez de lo contencioso
administrativo debe limitarse a la verificación de la existencia de motivación
jurídica y probatoria que justifique adecuadamente la decisión, sin que haya lugar
a pronunciarse acerca de si comparte o no las motivaciones realizadas.
La autoridad judicial accionada consideró que no le asistía razón al demandante
al decir que en la sentencia del 27 de agosto de 2014 se le otorgó un alcance
equivocado a la inscripción de anulado contenida en cada uno de los CDT núm.
159743, 159744 y 159745, por lo siguiente:
La conclusión según la cual los CDT presentados por el señor Alejandro
González Beltrán no cumplían con los requisitos del artículo 488 del C.P.C. se
sustentó en el hecho de que los referidos documentos contenían un sello de
anulado que impedía tener por satisfecho el principio de la literalidad y, en el
proceso penal que se adelantó en su contra no se podía ni se definió la validez
de los títulos.
Trajo a colación las características esenciales de los títulos valores, como lo son:
la literalidad, la autonomía, la legitimación y la incorporación, que consagra el
artículo 619 del C. Co, a efectos de que «esos títulos, en sí mismos considerados,
expresen a plenitud el derecho de crédito en ellos incorporados, de forma tal que,
en condiciones de seguridad y certeza jurídica, sirvan de instrumentos para
transferir tales obligaciones»7. Descartó entonces la indebida valoración atribuida
al Tribunal, al determinar que los títulos presentados tenían expresiones
contrapuestas, pues, de un lado se hablaba de un derecho, mientras que de otro
aparecía consignado que estaba anulado,
7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 19 de abril de 1993. G.J. t.CCXXII,
núm. 2461. M.P. Eduardo García Sarmiento.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03523-01
No encontró desacertada la apreciación y alcance que el Tribunal le otorgó a los
fallos que se dictaron el 24 de abril de 2006 y el 5 de julio de 2007, en el curso
del proceso penal que se adelantó en contra del actor, pues la temática abordada
por los jueces penales no gravitó en torno a la validez u oponibilidad de los títulos
valores, sino en la presunta responsabilidad penal del acusado por los delitos de
falsedad en documento privado y estafa, por lo que tampoco eran impedimento
para que el juez del proceso ejecutivo revisara el mérito del título valor presentado
como base del cobro.
La autoridad judicial accionada señaló que de la lectura de la sentencia
cuestionada se desprende que el Tribunal fue claro en indicar que, con
independencia de quién y en qué momento tuvo lugar la implantación del sello de
anulación, lo cierto era que los CDT así aportados no podían considerarse como
títulos ejecutivos y, en esa medida, no había soporte para librar mandamiento de
pago, pues no se podía cobrar una obligación contenida en un documento con
una leyenda de anulación.
Estimó que la anterior conclusión no es desacertada o infundada, sino que era
labor del juez del ejecutivo, verificar si los documentos aportados tenían una
obligación expresa, clara y exigible, conforme a los requisitos que contempla el
artículo 488 del C.P.C hoy 422 del C.G.P.
Conforme a lo dicho, la Sección Tercera, Subsección A de la corporación resolvió
revocar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B el 21 de octubre de 2022 y
negar las pretensiones de la demanda de reparación directa por error
jurisdiccional.
El actor afirma que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A incurrió
en el defecto fáctico, por: omitir la existencia, la legitimidad formal y el contenido
de los certificados de depósito identificados con número 159743, 159744 y
159745; no tener en cuenta el «reconocimiento que realizó el juez penal sobre la
autenticidad de los CDT» y la legitimidad del tenedor y no valorar la confesión de
Corficolombiana cuando aceptó que de manera unilateral impuso el sello de
anulado a los títulos.
La Sala estima necesario reiterar que la labor del juez de lo contencioso
administrativo, que tiene a su cargo determinar si existe o no un error
jurisdiccional, se limita a verificar si la motivación jurídica y la valoración
probatoria justifica la decisión que se adoptó, es decir que, el juez no puede volver
a realizar un estudio del caso y mucho menos efectuar pronunciamientos sobre
si comparte o no las motivaciones realizadas por el funcionario judicial, so pena
de transgredir los principios de cosa juzgada y del juez natural.
Aclarado lo anterior, la Sala encuentra que la autoridad accionada analizó el
11
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03523-01
material probatorio en debida forma y conforme a los criterios de la sana crítica y
la ley de la experiencia y, con base en ellos consideró que la conclusión a la que
arribó el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, es razonable y coherente y no
arbitraria, pues observó que los CDT no cumplían los requisitos que contempla
el artículo 488 del CPC (hoy 422 del CGP), porque el sello de anulado desdibuja
el principio de literalidad, ya que impide tener por ciertos los derechos que se
encuentran escritos en el título.
Precisamente, la autoridad judicial accionada estimó que le asiste razón al
Tribunal cuando indicó que no se podían tener por válidos los CDT a causa del
proceso penal que se adelantó en contra del actor, dado que en dicha instancia
lo que se estudió fue si el señor González incurrió en los delitos de falsedad
en documento privado y la estafa en grado de tentativa y, en ningún
momento se analizó la validez del título como tal, máxime si se tiene en cuenta
que dicha función le corresponde al juez del proceso ejecutivo, quien es el
llamado a revisar si el título contiene una obligación clara, expresa y exigible y
hay lugar a librar mandamiento de pago.
Frente al argumento de que la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta que
los CDT para el momento de presentación para su cobro no tenían el sello de
anulado y que este lo impuso Corficolombiana de manera unilateral, es del caso
precisar que dicho análisis no le corresponde realizarlo al juez que estudia el error
jurisdiccional, pues éste se limita a revisar la decisión que emitió el funcionario
judicial demandado. Razón por la cual no se configura el defecto fáctico indicado.
Por otro lado, el actor alega que la autoridad judicial accionada incurrió en el
defecto sustantivo, por exigir prueba de un dolo o culpa grave sin considerar que
la responsabilidad del Estado por error jurisdiccional es objetiva.
La Sala advierte que la Sección Tercera, Subsección A de la corporación en la
sentencia controvertida expuso que el error judicial puede acaecer en dos
supuestos, estos son: un error de hecho o de derecho, y explicó la carga
argumentativa y probatoria que debía asumir el demandante en cada caso,
exigencia que la Sala no encuentra que materialice el defecto indicado; lo que
dista mucho de lo alegado por el actor.
En consecuencia, se negará el amparo invocado por no configurarse los defectos
sustantivo y fáctico ni cualquier otro.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: REVOCAR la sentencia del 14 de agosto de 2025, mediante la cual el
12
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03523-01
Consejo de Estado, Sección Quinta declaró improcedente la acción de tutela, de
acuerdo con la parte motiva de esta providencia.
Segundo: NEGAR la tutela solicitada por el señor Alejandro González Beltrán,
conforme a las consideraciones expuestas.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
13
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.