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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03529-00

Fecha
15 de julio de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03529-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar improcedente la solicitud de tutela presentada por Nubia Enith Salgado Ramírez y Nidis Yurenis Salas Salgado, en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03529-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

15 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., quince (15) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03529-00
Demandantes: Nubia Enith Salgado Ramírez y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia

Temas: Tutela contra providencia judicial en el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho / Subsidiariedad
Decisión: Declarar improcedente

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la solicitud formulada por Nubia Enith Salgado Ramírez y Nidis
Yurenis Salas Salgado en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de
la Constitución Política, y desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015
y 333 de 2021.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

1. Nubia Enith Salgado Ramírez y otro promovieron solicitud de tutela con el fin
de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
acceso a la administración de justicia y la seguridad social, los cuales consideraron
vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 13 de mayo de 2025 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado
05001333300420160027002.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expusieron lo siguiente:

2.1. Margelia Coneo Marsigla presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social2,
con la finalidad de cuestionar la legalidad de los actos administrativos mediante los

1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «1ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2».
2 En adelante UGPP.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03529-00
Demandante: Nubia Enith Salgado Ramírez y otro

cuales se le negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente por el
fallecimiento de Eduar Manuel Salas Tordecilla.

2.2. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, en
sentencia del 28 de febrero de 2018 accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda al considerar que la allí demandante reunió los presupuestos legales para
el reconocimiento de la prestación al momento de la muerte del causahabiente. En
contra de esta decisión la parte demandada interpuso recurso de apelación.

2.3. Encontrándose en trámite el recurso de apelación, solicitó que se declarara la
nulidad de la sentencia de primera instancia, por configurarse la causal 8 del artículo
133 del Código General del Proceso y por violación al debido proceso, en tanto no
fueron citadas al proceso, pese a ser beneficiarias de la pensión de sobrevivientes.

2.4. El Tribunal Administrativo de Antioquia, declaró la nulidad de la sentencia del
28 de febrero de 2018 y ordenó devolver el expediente al juzgado de origen para que
se integrara el contradictorio con Nubia Enith Salgado Ramírez y Nidis Yurenis Salas
Salgado, en calidad de litisconsortes necesarios.

2.5. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, en
sentencia del 30 de junio de 2022 accedió a las pretensiones de la demanda de las
vinculadas y se negaron las de la demandante, al considerar que Margelia Coneo
Marsigla procreó a Eder Salas Coneo con Eduardo Salas, pero para la fecha de los
hechos no era su compañera permanente, mientras que se acreditó que Nubia Edith
Salgado convivió con el causante hasta la fecha de su muerte, con quien procreó a
Nidis Yurenis Salas Salgado. En contra de esta decisión ambas partes interpusieron
recurso de apelación.

2.6. El Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia del 13 de mayo de 2025
revocó parcialmente la decisión del a quo al considerar que no podía pronunciarse
de fondo respecto al derecho pensional de las vinculadas, ya que actuaron como
litisconsortes de la parte pasiva, pero no como intervinientes ad excludendum, ni
tampoco interpusieron demanda de reconvención, que hiciera posible definir su
derecho pensional.

2.7. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al
incurrir en defecto sustantivo por la falta de congruencia entre la parte motiva y
resolutiva de la decisión, comoquiera que, pese a que indicó que no podía decidir
sobre su derecho pensional, debido a su indebida citación como litisconsortes
necesarios y no como intervinientes ad excludendum, sí dejó sin efecto la orden a la
UGPP de reconocer, liquidar y pagar la pensión de sobrevivientes a Nubia Enith
Salgado Ramírez (50%) y a Nidis Yurenis Salas Salgado (25% del 45%).

2

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Demandante: Nubia Enith Salgado Ramírez y otro

2.8. En defecto procedimental ya que no estaba en una situación donde fuera
imposible proferir una decisión de fondo, pues tenía la facultad de sanear el proceso
y asegurar que terminara con una sentencia justa, como es la nulidad por incorrecta
citación o tenerlas como intervinientes ad excludendum en virtud de que su
pretensión siempre fue obtener el reconocimiento de la pensión de sobreviviente, o
en su defecto, dictar un fallo inhibitorio, y no como se hizo, revocar el fallo y dejarlas
sin la posibilidad de reclamar su derecho pensional.

2.9. La absolución se basó en una citación indebida, argumento ajeno al debate
del proceso y a la apelación, lo que les impidió ejercer defensa y contradicción frente
al nuevo asunto planteado por el juez de segunda instancia, pues en el recurso
ninguna de las partes puso en tela de juicio la manera como se integró el
contradictorio.

2.10. En desconocimiento del precedente judicial de la Corte Suprema3 que señaló
que, en discusiones por pensión de sobreviviente entre compañeras o cónyuge, no
era obligatorio integrar la litis, pues cada beneficiario podía actuar individualmente, y
aun así, se podía admitir como interviniente ad excludendum a quien fue vinculada
erróneamente como litisconsorte necesario.

1.1.2. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitaron:

«[…] se conceda el amparo inmediato y se deje sin efectos la sentencia del 13 de mayo de
2025, proferida por la SALA QUINTA DE DECISIÓN DEL H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE ANTIOQUIA, por cuanto incurre el juez colegiado en un DEFECTO PROCEDIMIENTAL,
en tanto se debió haber hecho uso de las facultades que le obligan a tomar medidas para
fallar de fondo, incumpliendo con ello, una obligación legal del derecho procedimental,
violando así de manera directa la Constitución y la Ley, y, en un DEFECTO MATERIAL O
SUSTANTIVO, en tanto se presenta una evidente contracción entre la parte motiva y la
resolutiva, ya que no obstante indicar en la parte motiva que no era posible resolver sobre
el derecho pensional de las vinculadas DADA LA INDEBIDA CITACIÓN QUE SE HIZO DE
ELLAS PARA INTERVENIR EN EL PROCESO, lo que le generaba un fallo inhibitorio, en
su parte resolutiva determinó REVOCAR la sentencia en sus numerales segundo a noveno,
generando con ello una ABSOLUCIÓN sobre la prestación pensional reconocida en primera
instancia, lo que evidencia una INCONGRUENCIA entre la parte motiva y la parte resolutiva,
violatoria del derecho al DEBIDO PROCESO Y DEFENSA.
Como consecuencia de lo anterior, solicito se ordene a la citada Sala proceda a realizar los
ajustes que correspondan o, a emitir nueva sentencia, ajustándola a la realidad procesal
[…]». (sic)

3 Al respecto citó las sentencias: i) 24 de junio de 1999, rad. 11862; ii) CSJ SL, 21 de febrero de 2006,

rad. 29954; iii) CSL SL 7100-2017; iv) SL 18102-2016. Radicación 45585. M.P. Jorge Mauricio Burgos
Ruíz. 7 de septiembre de 2016; v) SL 7100-2017. Radicación 44946. MP. Clara Cecilia Dueñas
Quevedo. 17 de mayo de 2017; vi) SL 997-2021. Rad. 80548. M.P. Jorge Luis Quiroz Alemán. 17 de
marzo de 2021; vii) SL 1853-2021. Radicación 76698. MP. Iván Mauricio Lenis Gómez. 3 de marzo de
2021; SL 3157-2023. Radicación 93564. M.P. Iván Mauricio Lenis Gómez. 4 de octubre de 2023.

3

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1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Medellín4 si bien
allegó copia del expediente digital, guardó silencio frente a la petición de amparo.

5. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social5 solicitó que se declarara
improcedente la petición de amparo ante la inexistencia de un perjuicio irremediable
o vulneración de derechos fundamentales. La verdadera intención de las
demandantes fue sustituir una decisión judicial ejecutoriada proferida por el juez
natural de la causa, máxime, cuando el litigio ya fue decidido con respeto al principio
de la doble instancia, sin que la tutela sea la vía adecuada para reclamar prestaciones
económicas negadas en sede judicial.

6. El Tribunal Administrativo de Antioquia6 luego de hacer un recuento de las
actuaciones jurídico-procedimentales surtidas al interior del proceso contencioso,
manifestó atenerse a lo que el juez constitucional considerara e insistió en los
argumentos expuestos en la providencia, pues, no se evidenció vulneración alguna a
derechos fundamentales ni se configuraron las causales específicas de procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, ya que la decisión se apoyó en un marco
normativo y jurisprudencial robusto de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema
de Justicia sobre el acceso a la pensión de sobreviviente.

7. Margelia Coneo Marsigla guardó silencio.

2. Consideraciones

8. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iv) determinación del problema jurídico; y v) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

9. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política
y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 1.° del Decreto 333

4 Ver índice 9 de Samai. Archivo denominado «19RECIBEPRUEBAS_TestigoDocumentalCEp(.pdf)

NroActua 9».
5 Ver índice 12 de Samai. Archivo denominado «25_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-

RESPUESTAAVOCOAT2(.pdf) NroActua 12».
6 Ver índice 13 de Samai. Archivo denominado «28RECIBEPRUEBAS_RespuestaTutela11001(.pdf)

NroActua 13».

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del 6 de abril de 20217 esta Sala es competente para conocer de la solicitud de
amparo contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

10. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo
del Consejo de Estado8 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema9. Al respecto señaló lo
siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto
los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».

11. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

12. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo10, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

13. Ahora bien, la Corte Constitucional11 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea

7 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.

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relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez;
y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

14. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos12,
el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad del
amparo debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos
específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal
trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales13.

15. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

16. De acuerdo con el escrito de tutela, la Sala deberá definir si: ¿la solicitud de
tutela presentada por Nubia Enith Salgado Ramírez y Nidis Yurenis Salas Salgado
cumple con el requisito de procedibilidad adjetiva de la subsidiariedad?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva – de la subsidiariedad

17. El artículo 86 constitucional señala que: «[e]sta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 dispone, entre otras, como causal de improcedencia de la
solicitud de amparo:

[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]

12 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
13 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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18. Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha
definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia14, es decir, no es un
mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios
ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco
constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de
un derecho, pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

2.4.2. Sobre el caso concreto

19. Las demandantes acudieron al juez de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la sentencia
proferida el 13 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por
medio de la cual, en segunda instancia, consideró que no era posible pronunciarse
de fondo respecto a su derecho pensional, comoquiera que actuaron como
litisconsortes de la parte pasiva, y no como intervinientes ad excludendum en aras
de lograr el reconocimiento de su derecho.

20. En este punto se recuerda que, si bien las demandantes invocaron defectos
sustantivo y procedimental y desconocimiento del precedente judicial, lo cierto es que
la motivación de los tres tiene que ver con la supuesta falta de congruencia entre lo
pedido y lo resuelto, pues, según su decir, la autoridad judicial demandada basó su
decisión en una indebida citación, argumento ajeno al debate del proceso y a la
apelación, y desconoció que podía sanear el trámite o dictar un fallo inhibitorio, en
lugar de revocar la sentencia y dejarlas sin posibilidad de reclamar sus derechos
pensionales.

21. En este orden de ideas, se considera que las inconformidades planteadas por
la parte demandante deben ser dilucidadas por el juez natural del asunto a través del
Recurso Extraordinario de Revisión, en los términos de los artículos 248 y 250 de la
Ley 1437 de 201115, que señalan:

Artículo 248.Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y
por los jueces administrativos.

Artículo 250.Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, son causales de revisión:

[…]

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación […]

14 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-1121

de 2003.
15 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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22. En concordancia con lo expuesto, respecto a la falta de congruencia como
causal de nulidad de la sentencia, en providencia del 13 de octubre de 2020 la Sala
Catorce Especial de Decisión del Consejo de Estado, dentro del radicado 2019-
00119-00, con ponencia del consejero Alberto Montaña Plata, consideró:

«[…] Respecto al principio de congruencia, la jurisprudencia de lo contencioso
administrativo ha desarrollado su contenido bajo los siguientes términos:

“(…) nulidad originada en la sentencia, se configura, entre otras razones, cuando al
demandado se le condena por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la
demanda o por causa diferente a la invocada en la misma.

Motivo este que también se desprende del artículo 29 constitucional, cuya violación puede
originar la nulidad del fallo respectivo, cuando la transgresión, se repite, se presente
directamente en el fallo, como cuando no existe coherencia entre la parte motiva y la
resolutiva, por ejemplo.

(…)

En términos generales, la congruencia se entiende como el deber legal que tienen los
funcionarios judiciales al emitir sus decisiones de no incurrir en fallos ultrapetita,
extrapetita o minuspetita, definidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado, en los
siguientes términos: // Este principio de la congruencia de la sentencia [C.C.A. Art. 170],
exige de una parte que exista armonía entre la parte motiva y la parte resolutiva de la
misma, lo que se denomina congruencia interna, y de otra, que la decisión que ella
contenga, sea concordante con lo pedido por las partes tanto en la demanda, como en el
escrito de oposición, denominada congruencia externa, es decir, se tome la decisión
conforme se ha marcado la controversia en el proceso.

Cuando en una providencia judicial, no se respeta el principio de la congruencia, se incurre
en lo que la doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que consiste en reconocer un mayor
derecho que el invocado por el demandante, “extrapetita”: cuando se reconoce un derecho
que no ha sido reclamado o cuando se reconoce un derecho reclamado o se acoge la
pretensión pero por una causa diferente o deducida de hechos no alegados, y
“minuspetita”: cuando se omite el pronunciamiento sobre una de las pretensiones.”16

En concordancia, la falta de congruencia interna o externa se erige como una causal de
nulidad de la sentencia, que le permite al juez de la revisión infirmar el fallo cuestionado.
Es importante poner de presente que, normativamente este principio estaba previsto en
el artículo 170 del CCA y no de forma expresa en el CPACA.

Sin embargo, esa omisión no implica la inexistencia de este principio en la jurisdicción de
lo contencioso administrativo, principalmente, porque el artículo 30617 del CPACA,
establece que aquellos aspectos no desarrollados en ese código se regirían por el CGP.
De esta manera, el principio de congruencia se desprende del artículo 28118 del CGP y

16 (Consejo de Estado) Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta.

Sentencia de 16 de agosto de 2002. Expediente: 760012324000199704345-01 (12668). Actor:
Productora de Papeles Propal S.A. Demandado: Municipio de Yumbo – Valle del Cauca. C.P. Juan
Ángel Palacio Hincapié.
17 Ley 1437 de 2011. “Artículo.306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este

Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los
procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.”
18 Ley 1564 de 2012. “Artículo 281 Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los

hechos y las pretensiones aducidas en la demanda y en las demás oportunidades que este código
contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la

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del artículo 29 constitucional, que consagra el derecho fundamental al debido proceso19.
Al respecto, la Corte Constitucional20 ha definido este principio:

“(…) como uno de los elementos constitutivos del derecho fundamental al debido
proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, en la medida que
impide determinadas decisiones porque su justificación no surge del proceso por no
responder en lo que en él se pidió, debatió, o probó.

(…)

De lo expuesto hasta el momento, se puede concluir que el juez debe tomar su decisión
de manera congruente con los hechos, pretensiones y excepciones probadas dentro
del proceso. Por lo tanto, no podrá proferir una sentencia en la que se pronuncie acerca
de algo que no fue solicitado por las partes (extra petita) o en la que otorgue más de lo
pedido (ultra petita), pero tampoco podrá fallar sin pronunciarse acerca de todas las
pretensiones, pues de lo contrario deberá explicar de manera suficiente las razones
por las cuales omitió referirse a algún pedimento. El principio de congruencia de la
sentencia, además garantiza el oportuno uso del derecho de defensa por parte de las
partes, puesto que les permite hacer uso de cada una de las herramientas establecidas
en la ley para ello.”

En ese sentido, la incongruencia genera la nulidad de la sentencia cuando esta trastorna
completamente los términos de referencia que sirvieron al desarrollo del proceso21. Por
esta razón, no cualquier reproche sobre la falta de congruencia externa o interna
estructura la causal de revisión, pues se exige que la disparidad entre lo pedido, lo
debatido y lo probado sea protuberante22, a tal punto que, no exista justificación objetiva
y relacionada con las materias medulares del proceso. […]». (sic)

23. En cuanto al recurso extraordinario de revisión en materia de lo contencioso-
administrativo como mecanismo de defensa idóneo y eficaz y la falta de
subsidiariedad, la Corte Constitucional en sentencia SU – 026 de 2021 sostuvo lo
siguiente:

«[…] 5.1. En la sentencia C-520 de 2009, al estudiar una demanda contra el artículo 57
(parcial) de la Ley 46 de 1998, la Corte Constitucional se refirió a la naturaleza y finalidad
del recurso extraordinario de revisión en el ordenamiento jurídico colombiano. Expuso que
este recurso, previsto por el legislador en la jurisdicción ordinaria –civil, penal y laboral– y
la jurisdicción contencioso-administrativa[36], es una excepción al principio de cosa juzgada
de las sentencias ejecutoriadas, pues busca “enmendar los errores o ilicitudes cometidos
en su expedición, así como restituir el derecho del afectado a través de una nueva
providencia fundada en razones de justicia material, que resulte acorde con el
ordenamiento jurídico”[37].

ley. // No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido
en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta. // Si lo pedido por el demandante excede
de lo probado se le reconocerá solamente lo último. // En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier
hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de
haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte
interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio (…)”.
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, Sentencia de 8 de mayo de 2019,

Radicado 1998-00153-01.
20 Corte Constitucional, Sentencia T-455 de 2016.
21 Corte Constitucional, Sentencia T- 1274 de 2008.
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Decisión,

Sentencia de 7 de abril de 2015, Radicado 2013-00358-00(REV).

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03529-00
Demandante: Nubia Enith Salgado Ramírez y otro

5.2. El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo de defensa que fue creado
para deshacer las sentencias ejecutoriadas cuando se tiene conocimiento de falencias
que llevaron al juez a emitir un fallo contrario al derecho.[38] En ocasiones, es necesario
dejar sin valor una sentencia ejecutoriada “debido a que, por circunstancias no conocidas
en el momento de adoptar la decisión, o acaecidas con posterioridad a la decisión, se
revela que ésta se fundó en un error, fraude o ilicitud”[39]. Este recurso, entonces,
constituye una excepción necesaria al principio de cosa juzgada, en la media en que busca
restablecer la justicia material al anular una sentencia ilegítima y ordenar emitir un nuevo
fallo acorde con el ordenamiento jurídico.

5.3. En la sentencia C-450 de 2015, esta Corporación reiteró que el recurso de revisión
es una herramienta para restituir los derechos al debido proceso y acceso a la
administración de justicia del afectado a través de una nueva sentencia. Sin embargo,
debido a su naturaleza excepcional, el legislador limitó su ejercicio al cumplimiento de
unas causales taxativas de procedencia. Al respecto, este fallo señaló:

“La revisión, que no es un recurso sino una acción, pretende, como lo ha señalado la
doctrina y la jurisprudencia, un examen detallado de ciertos hechos nuevos que afectan
la decisión adoptada y el sentido de justicia que de ella emana. La acción de revisión, en
la medida en que afecta la certeza brindada por la cosa juzgada, es no sólo extraordinaria,
sino que además procede por las causales taxativamente señaladas por la ley, y no es
posible aducir otras distintas. Y esta taxatividad es razonable, pues se trata de una figura
que modifica providencias amparadas en el principio de cosa juzgada, y por ello las
causales previstas para la revisión deben ser aplicadas e interpretadas en sentido
restringido”[40]

[…]

5.5. Respecto de la tipología y comprensión particular de estas causales, el Consejo de
Estado precisó que, a excepción del numeral 4°, ninguno de los numerales que posibilitan
la revisión extraordinaria apuntan a reabrir el debate jurídico ni refutan el criterio con que
el juez interpretó o aplicó la ley. Por el contrario, las causales cuestionan puntualmente
las irregularidades procesales y probatorias que afectaron la integridad de la decisión y
vulneraron los derechos de las partes. Al respecto, dicha autoridad judicial expuso que
“las causales de los numerales 5 y 8 son de índole procesal, mientras que las causales
de los numerales 1, 2, 3, 6 y 7 recaen sobre aspectos que atañen a la validez o
insuficiencia de los elementos de prueba que determinaron el sentido de la decisión” [41].

5.6. Lo anterior erige al recurso extraordinario de revisión en materia contencioso-
administrativa como un medio de defensa idóneo y eficaz cuando la vulneración del
derecho al debido proceso tiene origen en un fallo judicial que se encuentra ejecutoriado.
De hecho, la jurisprudencia constitucional ha reconocido la innegable semejanza entre la
acción de tutela y el recurso de revisión cuando se busca proteger este derecho:

“A través de ese medio [recurso extraordinario especial de revisión] se plantearía la
controversia sobre el debido proceso en términos idénticos a los que constituyen el
presupuesto para resolver la acción de tutela, al punto que un pronunciamiento del juez
constitucional dejaría sin oficio al juez competente. Los dos procesos, el extraordinario
especial de revisión y el de tutela, tendrían identidad de causa petendi y de petitum, y
resulta claro que no puede haber, sobre la misma causa, dos pronunciamientos judiciales
concurrentes”[42].

5.7. Estas similitudes entre los dos mecanismos de defensa han llevado a la Corte
Constitucional a establecer la siguiente subregla de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales:

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03529-00
Demandante: Nubia Enith Salgado Ramírez y otro

“[E]l recurso de revisión constituye un mecanismo idóneo y eficaz de defensa judicial
dependiendo de la naturaleza de los derechos invocados por el peticionario, y la cobertura
brindada por las causales aplicables al proceso específico. Así, el recurso será eficaz
cuando a) la única violación alegada sea el derecho al debido proceso y, eventualmente,
la de otros derechos que no tienen carácter fundamental, o b) cuando el derecho
fundamental cuya protección se solicita sea susceptible de ser protegido de manera
integral dentro del trámite del recurso, porque concurren en él (i) causales de revisión
evidentemente dirigidas a salvaguardar dicho derecho, y (ii) en caso de prosperar el
recurso, decisiones que restauran de forma suficiente y oportuna el derecho.”[43]

5.8. Dicho de otro modo, la acción de tutela desplazará el recurso extraordinario de
revisión siempre que (i) el derecho fundamental cuya protección se solicita no sea
susceptible de ser protegido de manera integral dentro del trámite del recurso; y (ii) las
causales de revisión no se encuadren dentro de los hechos denunciados por el
accionante. En síntesis, para la Sala Plena “la acción de tutela se torna improcedente
cuando al interior de un proceso contencioso-administrativo se alega la vulneración al
debido proceso y este derecho fundamental es susceptible de ser protegido mediante el
trámite del recurso extraordinario de revisión”[44]. […]». (sic)

24. De acuerdo con la normativa y la jurisprudencia en cita, se tiene que la
sentencia del 13 de mayo de 2025, hoy acusada, fue proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia y contra esta no procede recurso alguno; además, como
causal de procedencia del recurso extraordinario de revisión, de acuerdo con los
motivos en que la parte demandante sustenta los defectos alegados, en el presente
asunto en particular se evidencia que confluyen los elementos estructurales para que
proceda el estudio por la causal quinta del artículo 250 del C.P.A.C.A. que versa
sobre la nulidad por falta de congruencia.

25. Dicho lo anterior, sea lo primero indicar que la exigencia en la interposición de
los recursos de manera oportuna tiene como finalidad evitar que la solicitud de
amparo suplante los mecanismos ordinarios establecidos en nuestro ordenamiento
jurídico. Es decir, se persigue que, en la tutela contra providencias judiciales, no haya
negligencia en el deber de acudir ante la administración judicial, para la concreción
de las garantías otorgadas por la Constitución Política.

26. Es decir, para que el juez constitucional pueda pronunciarse sobre el fondo del
asunto planteado es necesario que este supere los requisitos generales de
procedencia de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, de tal manera
debe concluirse que el amparo de la referencia resulta improcedente por
desconocimiento del principio de subsidiariedad.

3. Conclusión

27. En este orden de ideas, la Sala declarará improcedente, por no superar el
requisito de la subsidiariedad, la solicitud de tutela presentada por Nubia Enith
Salgado Ramírez y Nidis Yurenis Salas Salgado en contra del Tribunal Administrativo
de Antioquia.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03529-00
Demandante: Nubia Enith Salgado Ramírez y otro

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Declarar improcedente la solicitud de tutela presentada por Nubia Enith
Salgado Ramírez y Nidis Yurenis Salas Salgado, en contra del Tribunal
Administrativo de Antioquia.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

LVLQ/LXRR

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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