Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03532-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-03532-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03532-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-03532-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
10 de julio de 2025
Demandante: María del Carmen Aponte Sánchez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03532-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03532-00
Demandante: MARÍA DEL CARMEN APONTE SÁNCHEZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A
Tema: Tutela de fondo – mora judicial.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción constitucional de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20151.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. El 9 de junio de 2025, la señora María del Carmen Aponte Sánchez,
actuando en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A. Con la solicitud de amparo pretende la
protección de sus derechos fundamentales a la seguridad social, al debido
proceso, al mínimo vital y de acceso a la administración de justicia.
2. Las anteriores garantías las estimó vulneradas con ocasión de la presunta
mora judicial injustificada en la que habría incurrido la autoridad judicial
accionada en pronunciarse sobre su solicitud de desistimiento del recurso de
apelación, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 76001-23-33-000-2019-00764-00/01.
1.2. Pretensiones
3. La accionante solicitó lo siguiente:
PRIMERO: Que se TUTELEN mis derechos fundamentales a la SEGURIDAD
SOCIAL, DEBIDO PROCESO, MÍNIMO VITAL, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN
1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: María del Carmen Aponte Sánchez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03532-00
DE JUSTICIA, los cuales están siendo vulnerados por el CONSEJO DE ESTADO.
SEGUNDO: Que, como consecuencia del amparo constitucional solicitado, se
ordene al Honorable CONSEJO DE ESTADO emitir el pronunciamiento
correspondiente respecto de la actuación procesal pendiente, con el fin de que el
expediente sea remitido al juzgado de origen, quede ejecutoriada la sentencia que
reconoció mi derecho a la pensión y pueda así ejercer las reclamaciones
pertinentes ante la entidad obligada al pago2.
1.3. Hechos
4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:
5. La señora María del Carmen Aponte Sánchez interpuso demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra el Departamento de Valle del
Cauca y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con el fin de
se declare la nulidad del Oficio No. 1.210.30-66.201367952 del 24 de abril de
2018, por medio del cual le fue suspendido el reconocimiento y pago de la
sustitución pensional reclamada con ocasión del fallecimiento de su compañero
permanente.
6. Al proceso se le asignó el radicado 76001-23-33-000-2019-00764-00/01 y
le fue repartido al Tribunal Administrativo de Valle del Cauca quien, en sentencia
del 29 de septiembre de 2023, accedió a las pretensiones de la demanda. En
consecuencia, declaró la nulidad del acto administrativo demandado y le ordenó
al Departamento de Valle del Cuca el reconocimiento y pago de la sustitución
pensional a favor de la demandante. Posteriormente, mediante auto del 26 de
abril de 2024 a través del cual fue adicionada la referida sentencia, negó las
demás pretensiones de la demanda.
7. Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación debido a que no le fueron reconocidos los intereses moratorios, de
conformidad con el artículo 141 de las Ley 100 de 1993. El trámite de la alzada
le fue asignado a Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado el
5 de agosto de 2024.
8. Mediante memorial radicado en esa misma fecha, la señora Aponte
Sánchez manifestó que desistió del recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia del 29 de septiembre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo
de Valle del Cauca. Por lo anterior, en auto del 10 de octubre de 2024, la
autoridad judicial accionada le corrió traslado del desistimiento a las partes
demandadas con el fin de que se pronunciaran al respecto.
9. Por un lado, el Departamento del Valle del Cauca manifestó que no se
2 Transcripción literal del escrito de tutela con posibles errores.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: María del Carmen Aponte Sánchez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03532-00
opone al desistimiento. Por su parte, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio guardó silencio.
10. A través de memoriales radicados el 12 de diciembre de 2024, el 27 de
enero y 7 de abril de 2025, la accionante solicitó el impulso del proceso, con el
fin de que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado se
pronuncie sobre su solicitud.
11. Finalmente, mediante auto del 19 de junio de 20253, la autoridad judicial
accionada aceptó el desistimiento radicado por la demandante y precisó que,
como consecuencia, la sentencia del 26 de abril de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca quedó en firme.
1.4. Sustento de la vulneración
12. La accionante sostuvo que si bien reconoce que la Sección Segunda del
Consejo de Estado enfrenta una alta carga laboral, lo cierto es que ha incurrido
en una mora judicial injustificada ya que han transcurrido alrededor de ocho
meses sin que se haya surtido ninguna actuación procesal, situación que le ha
generado una afectación grave a sus derechos fundamentales.
13. Indicó que es una adulta mayor cuya calidad de vida se ha visto afectada
por las múltiples enfermedades crónicas que padece, motivo por el cual, al ser
un sujeto de especial protección, su proceso debe ser priorizado, aún más
cuando su reproche recae en la falta de un trámite secretarial.
14. Finalmente, refirió que la sentencia T-186 de 2017 proferida por la Corte
Constitucional dispuso que la mora judicial impide el disfrute efectivo del derecho
de acceso a la administración de justicia y que se presenta como resultado de
acumulaciones procesales estructurales.
1.5. Trámite de primera instancia
15. Por medio del auto del 17 de junio de 2025, el despacho ponente de esta
decisión admitió la solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó notificar como
entidad accionada al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
Asimismo, dispuso vincular como terceros con interés al Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, al Departamento de Valle del Cauca, a la Secretaría de la
Sección Segunda del Consejo de Estado y a la Secretaría General del Consejo
de Estado. También se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, en los términos que establece el artículo 610 del CGP.
3 Notificado el 26 de junio de 2025.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: María del Carmen Aponte Sánchez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03532-00
1.6. Intervenciones
1.6.1. Secretaría General del Consejo de Estado
16. La secretaria general de la corporación, luego de hacer un recuento de las
actuaciones procesales surtidas en el proceso, señaló que el 12 de diciembre de
2024, el 27 de enero y el 7 de abril de 2025 remitió las solicitudes de impulso
procesal radicadas por la accionante a la secretaría de la Sección Segunda del
Consejo de Estado por ser la encargada de darles trámite, de conformidad con
el artículo 13 del Reglamento Interno del Consejo de Estado.
17. Por lo anterior, sostuvo que actuó conforme al ordenamiento legal frente
al trámite de las solicitudes, motivo por el cual solicitó que se niegue la solicitud
de amparo frente a su dependencia.
1.6.2. Gobernación de Valle del Cauca
18. Solicitó su desvinculación del proceso por considerar que carece de
legitimación en la causa por pasiva, dado que la vulneración de las garantías
constitucionales de la accionante le fueron atribuidas a la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado.
1.6.3. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y el
Tribunal Administrativo de Valle del Cauca se limitaron a remitir copia del
expediente electrónico solicitado.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
19. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
tutela presentada por la parte actora contra la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado. Lo anterior, de conformidad con lo establecido
por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015
modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
del Consejo de Estado.
2.2. Cuestión previa
20. La Gobernación de Valle del Cauca solicitó su desvinculación por
considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva. Al respecto, la Sala
negará su requerimiento, dado que fue vinculado como tercero con posible
interés en las resultas del proceso, pues figuró como parte demandada al interior
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho del cual la accionante
predica la presunta mora judicial.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: María del Carmen Aponte Sánchez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03532-00
2.3. Legitimación en la causa
21. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
22. La señora María del Carmen Aponte Sánchez está legitimada en la causa
por activa por ser quien presentó la solicitud de desistimiento del recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia proferida al interior de la acción
de nulidad y restablecimiento con radicado 76001-23-33-000-2019-00764-00/01,
cuya mora judicial se predica a través de este mecanismo constitucional.
23. Asimismo, se evidencia que la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado está legitimada en la causa por pasiva por ser la autoridad
judicial que actualmente tramita el proceso ordinario sobre el cual la parte actora
sostiene que ha incurrido en mora judicial.
2.4. Problema jurídico
24. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados, el problema jurídico a
resolver en este caso es el siguiente:
• ¿La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado vulneró
los derechos fundamentales a la seguridad social, al debido proceso, al
mínimo vital y de acceso a la administración de justicia al incurrir en una
presunta mora judicial dentro del trámite del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 76001-23-33-000-2019-00764-
00/01?
25. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) las generalidades de la acción de tutela, (ii) la mora judicial, y (iii) el
caso concreto.
2.5. Generalidades de la acción de tutela
26. Según el artículo 86 de la Constitución Política toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción
u omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que
indica el Decreto 2591 de 1991.
27. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta
acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para
evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: María del Carmen Aponte Sánchez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03532-00
demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente
la tutela como mecanismo transitorio.
2.6. La mora judicial
28. La Sala considera necesario recordar que de acuerdo con una
interpretación armónica de los artículos 229 de la Constitución4, del derecho
fundamental al debido proceso5 y de los principios de la Carta Política, se ha
otorgado el carácter de fundamental al derecho de acceso a la administración de
justicia6.
29. Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía:
(…) no puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal
de llegar ante los jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a
atender las demandas de los asociados, puesto que su esencia reside en la
certidumbre de que, ante los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a la
luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria que
aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador acerca de los hechos
materia de su decisión7.
30. Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y
230 de la Constitución Política y del desarrollo de la jurisprudencia constitucional
se desprende que el derecho a la tutela judicial efectiva implica de una parte, que
cuando el «ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
encuentre una respuesta rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus
derechos y garantías»8, y de otro lado, «la obligación correlativa de las
autoridades judiciales de promover e impulsar todas las condiciones que sean
necesarias para que el acceso de los particulares a dicho servicio público sea
real y efectivo»9.
4 «Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley
indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado».
5 Constitución Política de 1991. Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la
plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun
cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se
presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado
tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante
la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la
prueba obtenida con violación del debido proceso.
6 Corte Constitucional, Sentencia T-006 de 1992.
7 Corte Constitucional, Sentencia C-1027 de 2002.
8 Corte Constitucional, Sentencia C-796 de 2006.
9 Ibídem.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: María del Carmen Aponte Sánchez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03532-00
31. Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 270 de
1996 - Estatuaria de la Administración de Justicia-10 y con sustento en los
principios de celeridad, eficiencia y respeto de los derechos que rigen la función
judicial, el juez, como director del proceso, debe velar por la rápida solución del
caso con el fin de evitar el desgaste que representa adelantar todo un proceso
para terminarlo con una sentencia inhibitoria o que termine por vulnerar los
derechos fundamentales de las partes.
32. Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple
en el Estado Social de Derecho, en el que «ha dejado de ser el frio funcionario
judicial que aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin
vendas- que se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la
agitada realidad subyacente y asumir su responsabilidad como servidor vigilante,
activo y garante de los derechos materiales. El juez que reclama el pueblo a
través de su Carta Política ha sido encomendado con dos tareas imperiosas: (i)
la obtención del derecho sustancial y (ii) la búsqueda de la verdad. Estos dos
mandatos a su vez constituyen el ideal de la justicia material»11.
33. La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial
puede llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia, en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación
es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas
estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de
diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes por parte de los mismos12.
34. Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que
«atendiendo la realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento
de los términos procesales no es imputable al actuar de los funcionarios
judiciales»13.
35. De conformidad con la sentencia SU-453 de 2020 de la Corte
Constitucional, se entiende justificada la mora cuando: (i) se está ante asuntos
de alta complejidad en los que se demuestra de manera integral una diligencia
razonable del juez que los atiende, y (ii) se constata la existencia de problemas
estructurales, de exceso de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser
catalogadas como imprevisibles e ineludibles.
36. Continuando con el criterio de esa Corporación frente al particular se tiene
que:
10 Ley 270 de 1996. Artículo 1: La administración de justicia es la parte de la función pública que
cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos,
obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia
social y lograr y mantener la concordia nacional.
11 Corte Constitucional, Sentencia SU-768 de 2014.
12 Corte Constitucional, Sentencia T-1019 de 2010.
13 Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2013.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: María del Carmen Aponte Sánchez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03532-00
… por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un
mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su estudio,
para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por ello, la
jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar del
juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se entienden
vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego de hacer un extenso
recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación concluyó que el
incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es producto de
la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable
del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen problemas
estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga
laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias
imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo
previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la misma providencia, se está
ante un caso de dilación injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial
no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el
cumplimiento de sus funciones14.
37. Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición
reiterada en relación con la existencia de la mora judicial, según la cual
únicamente se predica si hay dilación injustificada al resolver los asuntos
sometidos a la competencia del juez15. En este evento, debe acreditarse que la
conducta omisiva materializa la violación al derecho de acceso a la
administración de justicia y de contera, al debido proceso de las partes.
2.7. Mora judicial en el caso concreto
38. Como se expuso desde el acápite de antecedentes, a juicio de la parte
actora, la vulneración de sus derechos fundamentales a la seguridad social, al
debido proceso, al mínimo vital y de acceso a la administración de justicia por
parte de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, se debe
a la presunta mora judicial en que ha incurrido en el trámite del desistimiento del
recurso de apelación que presentó dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 76001-23-33-000-2019-00764-00/01.
39. Lo anterior, debido a que desde el 5 de agosto de 2024 radicó solicitud de
desistimiento del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 29 de
septiembre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca,
sin que a la fecha se haya proferido una decisión al respecto.
40. De la revisión del expediente en cuestión, la Sala advierte que el proceso
ordinario fue asignado a la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado el 5 de agosto de 2024. No obstante, mediante memorial radicado el
14 Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2013.
15 Entre otras, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta. Sentencia del 18 de agosto de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03905-00. C.P. Pedro
Pablo Vanegas Gil.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: María del Carmen Aponte Sánchez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03532-00
mismo día, la señora Aponte Sánchez manifestó que desistió del recurso de
apelación, motivo por el cual el 10 de octubre de 2024 la autoridad judicial
accionada le corrió traslado a las demás partes del proceso para que se
pronunciaran al respecto.
41. Finalmente, mediante auto del 19 de junio de 2025, aceptó el desistimiento
radicado por la demandante y precisó que, como consecuencia, la sentencia del
26 de abril de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
quedó en firme.
42. La anterior decisión le fue notificada a la apoderada judicial de la
accionante el 26 de junio de 2025, a la dirección de notificación electrónica
sandra16mhc@hotmail.com, como se evidencia a continuación:
43. De lo anterior, la Sala advierte que lo pretendido por la señora Aponte
Sánchez fue resuelto en el transcurso de la presente acción constitucional,
comoquiera que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante el auto del 19 de junio de 2025, aceptó la solicitud de desistimiento
radicada y dejó en firme la sentencia de primera instancia proferida el 26 de abril
de 2024 por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, el cual fue notificado
el 26 de junio de 2025.
44. En este punto, conviene recordar que existen eventos en los que la
amenaza al derecho fundamental desaparece en el trascurso de la acción de
tutela, de suerte que el instrumento pierde efectividad, lo que hace que la
intervención del juez constitucional sea inane. Al respecto, la Corte Constitucional
ha señalado que «el juez de tutela no ha sido concebido como un órgano
consultivo que emite conceptos o decisiones inocuas una vez ha dejado de existir
el objeto jurídico, sobre escenarios hipotéticos, consumados o ya superados».
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: María del Carmen Aponte Sánchez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03532-00
45. Sobre el tema, cabe destacar la sentencia SU-522 de 2019, en la que se
precisó que, si luego de acudir a la autoridad judicial, «la situación ha sido
superada o resuelta de alguna forma», no tendría sentido un pronunciamiento,
puesto que «la posible orden que impartiera el juez caería en el vacío», siendo
esta la «idea central que soporta el concepto de carencia actual de objeto».
46. Sobre la figura del hecho superado, la Corte Constitucional indicó en la
sentencia SU-225 de 2013, que «se configura cuando entre el momento de la
interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se satisface por
completo la pretensión contenida en la demanda de amparo. En otras palabras,
aquello que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido
antes de que el mismo diera orden alguna».
47. Por tanto, para la Sala se configuró la carencia actual de objeto por hecho
superado. Lo anterior, toda vez que desapareció la circunstancia que podía
originar algún quebranto de los derechos fundamentales de la tutelante. Así que
cualquier orden que se imparta por parte de esta sala carecería de sentido, pues
la posible vulneración cesó debido, a la actuación adelantada por la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Gobernación del Valle
del Cauca.
SEGUNDO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO en la acción de tutela promovida por la señora María del Carmen
Aponte Sánchez.
TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: María del Carmen Aponte Sánchez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03532-00
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.