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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03536-01

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03536-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero. REVOCAR parcialmente la sentencia del 5 de agosto de 2025 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo. AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor Ericsson Ernesto Mena vulnerado por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Unidad Nacional de Protección, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Policía Nacional. Tercero. ORDENAR a dichas entidades que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, brinden al accionante una respuesta clara, coherente y de fondo a la petición elevada el 5 de mayo de 2025, y la notifiquen debidamente. Cuarto. NEGAR el amparo respecto al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Quinto. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción en contra de los organismos internacionales accionados y el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas de Protección Colectiva. Sexto. CONFIRMAR la sentencia en lo demás, acorde con lo expuesto. Séptimo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03536-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

26 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03536-01
Accionante: Ericsson Ernesto Mena
Accionados: Presidencia de la República de Colombia y otros

Tema: Tutela por vulneración del derecho fundamental de petición. Cumplimiento
del Acuerdo de Escazú. Legitimación en la causa por pasiva. MODIFICA
SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el accionante en contra de la
sentencia del 5 de agosto de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, a través de la cual declaró la carencia actual de objeto por
hecho superado frente a las pretensiones dirigidas en contra del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Unidad Nacional de Protección y la
Procuraduría General de la Nación, y negó las súplicas respecto a las demás
autoridades accionadas y vinculadas.

ANTECEDENTES

El señor Ericsson Ernesto Mena pretende que se protejan sus derechos
fundamentales de petición, debido proceso y acceso a la administración de justicia,
los cuales considera vulnerados por la Presidencia de la República, el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia
y del Derecho, la Unidad Nacional de Protección, el Consejo Superior de la
Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación,
la Defensoría del Pueblo y el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de
Medidas de Protección Colectiva, por falta de respuesta a la petición radicada el 5
de mayo de 2025.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

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El accionante narró que el 5 de mayo de 2025, solicitó a las entidades accionadas
que rindieran informes detallados sobre las razones del incumplimiento del Acuerdo
de Escazú adoptado el 4 de marzo de 2018, ratificado por Colombia mediante la
Ley 2307 de 2023, particularmente en relación con la falta de protección a
defensores ambientales, la ausencia de tribunales ambientales especializados y la
omisión de medidas para garantizar el acceso a la justicia ambiental.

Consideró que para la fecha de instauración de la tutela habían transcurrido más de
los 15 días hábiles, previstos en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, pero ninguna
de las entidades respondió de fondo ni le notificó sobre alguna prórroga, por lo que
incurrieron en una omisión que vulnera sus derechos fundamentales de petición,
debido proceso y acceso a la administración de justicia.

Que la falta de respuesta le impide conocer las barreras normativas, presupuestales
y operativas que perpetúan el incumplimiento del Acuerdo, afectando su capacidad
de exigir justicia y protección ambiental; y, además, agrava la situación de
indefensión de los defensores ambientales y le impide obtener información crucial
para litigar en casos ambientales.

PRETENSIONES

Solicitó que se ordenara a las autoridades accionadas que, en un plazo no mayor a
48 horas a la notificación de esta providencia, respondan de fondo la petición del 5
de mayo de 2025; y que informen sobre las medidas para garantizar el cumplimiento
del Acuerdo de Escazú, particularmente el acceso a la justicia ambiental. También
pidió requerir a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo
para que vigilen el acatamiento del fallo.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 16 de junio de 2025, se admitió la acción; se requirió al accionante para que
allegara el documento que acreditara su calidad de representante del colectivo
Primera Línea Ambiental Colombia; y se corrió el respectivo traslado. El 9 de julio
de 2025, se vinculó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos,
al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y a la
Policía Nacional.

POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

El Ministerio de Justicia y del Derecho adujo que carece de legitimación en la
causa por pasiva, pues no intervino en los hechos expuestos por el actor como
vulneradores de derechos fundamentales, por lo que solicitó su desvinculación.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible afirmó que otorgó respuesta
a la solicitud del accionante, de forma clara, de fondo y congruente, mediante la
comunicación con radicado 20002024E2046471, y efectuó el traslado de la petición
a la Agencia de Renovación del Territorio, mediante el radicado 31102025E2021637

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del 25 de junio de 2025, por lo cual se configura la carencia actual de objeto por
hecho superado.

La Unidad Nacional de Protección indicó que brindó respuesta al pedimento del
actor, a través del OFI-2025-000066435 del 18 de junio de 2025 al correo
electrónico primeralineambiental@proton.me, por lo que se presenta un hecho
superado.

La Defensoría del Pueblo señaló que no tiene legitimación en la causa por pasiva,
ya que no ha vulnerado ni amenazado algún derecho fundamental ni es la autoridad
competente para pronunciarse sobre el asunto, por lo cual pidió su desvinculación.

La Presidencia de la República manifestó que la tutela debe ser negada, pues por
medio del OFI25-00087016 / GFPU 13150000 del 9 de mayo de 2025 contestó la
solicitud del 5 de mayo de 2025 del accionante, señalando su falta de competencia
y, en tal sentido, la trasladó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, bajo
el OFI25-00087017 /GFPU 13150000 de la misma fecha.

Que teniendo en cuenta que el accionante adjuntó con el escrito de tutela una
solicitud del 29 de mayo de 2025, verificó el sistema de gestión documental y se
encontró que fue resuelta mediante el OFI25-00106934 / GFPU 13150001 del 6 de
junio de 2025 y redirigida a la Fiscalía General de la Nación, a través del OFI25-
00106941 / GFPU 13150001 de igual data.

El Consejo Superior de la Judicatura allegó el Oficio UADEO25-1881 del 23 de
mayo de 2025, mediante el cual otorgó respuesta a la solicitud del actor.

La Procuraduría General de la Nación expuso que la acción debe ser negada por
improcedente, ya que los supuestos fácticos invocados han sido superados, en
tanto se dio trámite a la solicitud presentada por el actor.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas expresó que
no existe vulneración de los derechos fundamentales del accionante, pues las
peticiones de la tutela no fueron presentadas ante esa entidad y no son de su
competencia. Por lo tanto, pidió su desvinculación.

Los demás vinculados guardaron silencio.

SENTENCIA IMPUGNADA

El 5 de agosto de 2026, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
declaró la carencia actual de objeto por hecho superado frente a las pretensiones
dirigidas en contra del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Unidad
Nacional de Protección y la Procuraduría General de la Nación, y negó las súplicas
respecto a las demás autoridades accionadas y vinculadas.

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Afirmó que, si bien del material probatorio aportado no obraba la solicitud
presentada por el accionante ni la constancia de envío, y el actor tampoco indicó el
objeto perseguido en su petición, lo que impedía identificar las autoridades frente a
las cuales el accionante la radicó, lo cierto es que las entidades previamente
señaladas resolvieron la petición con posterioridad a la radicación de la tutela, y el
Ministerio de Justicia y del Derecho, la Presidencia de la República y la Defensoría
del Pueblo la contestaron antes de la instauración de esta acción, remitiéndola a
otras entidades por ser las competentes e informándole al actor sobre el particular.

Indicó que las pretensiones de la tutela encaminadas a lograr el reconocimiento de
fondo de lo pedido en la solicitud allegada por la Presidencia de la República no
podían ser objeto de pronunciamiento, dadas las diferencias entre el derecho de
petición, como derecho fundamental, y lo solicitado.

IMPUGNACIÓN

El accionante impugnó la sentencia, al considerar que se incurrió en error fáctico
manifiesto porque se negó la legitimación en la causa por pasiva de varias de las
entidades destinatarias de la petición, a pesar de que acreditó la remisión de la
petición efectuada el 5 de mayo de 2025 a la Oficina de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,
la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior y de Justicia, el Comité de
Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas de Protección Colectiva, la
Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría
del Pueblo, el Consejo Superior de la Judicatura, la Unidad Nacional de Protección
y la Policía Nacional, y que la Presidencia de la República confirmó, en su
respuesta, haber recibido la petición y adjuntó copia completa en su contestación.

Indicó que en la decisión recurrida se desconoció la facultad legal del Ministerio del
Interior y de Justicia de trasladar al Comité de Evaluación de Riesgo y
Recomendación de Medidas de Protección Colectiva, a pesar de que dicha cartera
ministerial no solo es miembro permanente de dicho Comité, sino que aloja su
Secretaría Técnica y lo preside, acorde con el artículo 2.4.1.5.11 del Decreto 2078
de 2017, por lo que el Ministerio estaba plenamente facultado y obligado a gestionar
una respuesta colectiva del CERREM.

Expuso que la Sala trató la solicitud del 5 de mayo de 2025 como «un derecho de
petición ordinario», sin tener en cuenta que constituía una exigencia del
cumplimiento de obligaciones vinculantes bajo el Acuerdo de Escazú y limitándose
a analizar si existió respuesta formal, lo que normaliza la impunidad estructural en
un país donde 79 defensores ambientales fueron asesinados en 2023 y 248 entre
2016 y 2024.

Que la respuesta de la Unidad Nacional de Protección reconoce hechos ignorados
en la sentencia, esto es, la falta de inclusión en el Decreto 1066 de 2015 de los
defensores ambientales como un grupo autónomo de protección, y la ausencia de
tribunales ambientales especializados.

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En consecuencia, solicitó declarar la nulidad absoluta de la sentencia del 5 de
agosto de 2025; reconocer que el incumplimiento del Acuerdo de Escazú constituye
una vulneración continua de derechos fundamentales; y ordenar a las entidades
accionadas emitir respuestas sustantivas, pertinentes y ajustadas al Acuerdo.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidades de la acción de tutela; ii) derecho de petición y iii) análisis
del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

Derecho de petición

El derecho fundamental de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución
Política de Colombia, permite el establecimiento de una comunicación efectiva entre
la Administración y los ciudadanos, cuya fluidez y eficacia constituye una exigencia
impostergable para los ordenamientos organizados bajo la insignia del Estado
democrático de derecho.

Así mismo, las reglas consagradas en la Constitución y la ley y desarrolladas por la
jurisprudencia, dan cuenta de la calidad que debe tener la respuesta que se brinde:
debe resolver el fondo del asunto y debe ser coherente, entendiendo por ello la
armonía entre lo solicitado por el peticionario y la decisión adoptada por la
peticionada.

Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que «la satisfacción del derecho
de petición no depende de la respuesta favorable a lo solicitado, por lo que hay
contestación incluso si la respuesta es en sentido negativo y se explican los motivos
que conducen a ello. De ahí que se diferencie el derecho de petición del “derecho a
lo pedido»1.

En el mismo sentido, ha establecido la jurisprudencia Constitucional el imperativo
de que el solicitante conozca el contenido de la contestación emitida, para lo cual,
la autoridad debe realizar la efectiva notificación de su decisión, de conformidad con

1 Sentencia T-242 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Véanse también, entre otras, las Sentencias

T-180 de 2001, T-192 de 2007, T-558 de 2012, T-155 de 2018 y T-051 de 2023.

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los estándares contenidos en el CPACA y que este deber se mantiene, incluso,
cuando se trate de contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de competencia
de la autoridad e informar sobre la remisión a la entidad encargada2.

Ahora, en caso de que no sea posible dar respuesta dentro del término, antes del
vencimiento la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el
término en el cual se dará la contestación, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 1755 de 2015, artículo 14.

Así las cosas, la garantía del derecho de petición se entiende cumplida con la
manifestación adecuada a la solicitud planteada, con la respuesta efectiva para la
solución del caso y con la oportuna comunicación de esta al interesado.

Análisis del caso concreto

A esta Subsección corresponde definir si las autoridades accionadas se encuentran
legitimadas en la causa por pasiva y, de ser así, si brindaron respuesta a la solicitud
presentada por el accionante el 5 de mayo de 2025 en relación principalmente con
el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Acuerdo de Escazú desde su
adopción el 4 de marzo de 2018.

Sobre el particular, se observa que junto con el escrito de tutela, el accionante allegó
copia del correo electrónico enviado en la fecha señalada, en el que consta como
asunto «solicitud formal para exigir informes detallados sobre las razones del
incumplimiento del Acuerdo de Escazú, desde su adopción el 4 de marzo de 2018
en particular la falta de protección a defensores ambientales como población
minoritaria y vulnerable, violando su derecho a la defensa efectiva y el acceso a la
justicia ambiental, en un contexto de alto riesgo en Colombia, en defensa de
Ericcson Mena y la Primera Línez Ambiental Colombia, con alcance nacional».

Además, también se aprecia que la solicitud fue remitida a las siguientes direcciones
electrónicas: contacto@presidencia.gov.co; info@minambiente.gov.co;
servicioalciudadano@mininterior.gov.co; gestion.documental@minjusticia.gov.co;
atencionalusuario@unp.gov.co; info@cendoj.ramajudicial.gov.co;
ges.documentalpqrs@fiscalia.gov.co; servicioalciudadano@unidadvictimas.gov.co;
lineadirecta@policia.gov.co; ohchr-InfoDesk@un.org y colbo@unhcr.org.

En esa medida, se advierte que la petición del 5 de mayo de 2025 fue remitida por
el actor a la Presidencia de la República, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, al Ministerio del Interior, al Consejo Superior de la Judicatura, al
Ministerio de Justicia y del Derecho, a la Unidad Nacional de Protección, la Fiscalía
General de la Nación, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, la Policía Nacional, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones

2 Sentencia T-610 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Véase también, entre otras, las sentencias T-430 de

2017, T-206 de 2018, T-217 de 2018, T-397 de 2018 y T-007 de 2019.

Artículo 74 de la Constitución Política: “Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos
salvo los casos que establezca la ley. (…)” Capítulo V de la Ley 1437 de 2011, sobre PUBLICACIONES,
CITACIONES, COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2020.

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Unidas y la Agencia de la ONU para los Refugiados.

Sin embargo, debe precisarse que estos dos últimos son organismos
internacionales y, por tanto, carecen de legitimación en la causa por pasiva, pues
no se encuentran dentro de los destinatarios del artículo 23 constitucional, al no
tratarse de autoridades nacionales, o particulares, que acorde con la jurisprudencia
constitucional3, en desarrollo de los artículos 2, 20, 23 y 86 de la Constitución, que
i) presten un servicio público o están encargados de ejercer funciones públicas; ii)
se encuentren en una posición dominante o iii) frente a quienes con la petición
presentada se busque la garantía de otros derechos fundamentales.

Además, dichos organismos gozan de inmunidades y prerrogativas, con el objetivo,
en palabras de la Corte Constitucional, «de asegurar la independencia y neutralidad
de las labores que desarrolle(n)»4, por lo cual los jueces nacionales carecen de
competencia para juzgarlos. En consecuencia, respecto a la Oficina de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas y a la Agencia de la ONU para los Refugiados,
se revocará la sentencia recurrida, para declararla improcedente.

Igualmente, se advierte que el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación
de Medidas de Protección Colectiva no tiene personería jurídica y está conformado
por el procurador general de la Nación, el defensor del pueblo, el fiscal general de
la Nación, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, en los
términos del artículo 2.4.1.5.12., entidades que se encuentran vinculadas a esta
acción y frente a las que se realizará el respectivo estudio. En esa medida, en
relación con dicho colectivo también se adoptará la misma determinación.

Aclarado lo anterior, se continuará con el estudio de la vulneración del derecho
fundamental de petición respecto a las demás entidades accionadas. Sin embargo,
previo a ello, se precisa que si bien el actor allegó copia del correo electrónico donde
consta en términos generales el objeto de la solicitud, como se vio previamente, lo
cierto es que no se aprecia el contenido del documento que allí se adjuntó, pues,
aunque el accionante aportó una petición, esta tiene fecha del 29 de mayo de 2025,
la cual es posterior a la fecha del correo electrónico. Además, se evidencia que las
respuestas otorgadas por las entidades accionadas que sí contestaron la solicitud
no coinciden con el contenido de dicho documento.

Lo expuesto, en principio, impediría proceder al estudio de fondo, pero lo cierto es
que, de los informes rendidos por varias de las entidades accionadas, se observa
que recibieron una petición del 5 de mayo de 2025 relacionada con el cumplimiento
del Acuerdo de Escazú, tanto así que algunas de ellas otorgaron respuesta y
transcribieron apartes del pedimento, por lo cual se procederá al estudio con base
en dicha información.

Así, se observa que el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, la
Policía Nacional y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

3 Ver, entre otras, Sentencia T-317/19 de la Corte Constitucional.
4 Sentencia T-093/12 de la Corte Constitucional.

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no rindieron informe (con excepción de esta última) y no demostraron que hubieran
brindado una respuesta de fondo al accionante, a pesar de que el actor les envío el
correo electrónico del 5 de mayo con la solicitud adjunta, por lo cual se amparará
su derecho fundamental de petición y se les ordenará que resuelvan la solicitud.

En relación con la Unidad Nacional de Protección, se aprecia que allegó respuesta
al pedimento del actor, a través del OFI-2025-000066435 del 18 de junio de 2025,
pero no remitió constancia del envío, por lo cual se accederá a la salvaguarda
pedida.

En cuanto al Consejo Superior de la Judicatura, se observa que allegó el Oficio
UADEO25-1881 del 23 de mayo de 2025, mediante el cual otorgó respuesta a la
solicitud del actor; sin embargo, esta fue enviada el 24 de junio de ese año a un
correo electrónico (plajusticiaambiental@gmail.com) distinto a la dirección
electrónica desde la cual se envió la solicitud (primeralineambiental@proton.me),
por lo que también se accederá a la protección solicitada.

En relación con la Procuraduría General de la Nación se tiene que otorgó respuesta
a la solicitud, el 16 de julio de 2025, pero no atendió a la totalidad de las solicitudes
del accionante, pues se limitó a indicar las acciones adelantadas para promover la
adecuada implementación de Escazú, por parte de las entidades ambientales del
orden nacional y regional, pero no respondió a las demás peticiones, que constan
en el oficio que le fue remitido por el Ministerio de Justicia y del Derecho y que da
cuenta de la solicitud del 5 de mayo de 2025, como se evidencia de la siguiente
transcripción:

«Solicitud formal para exigir informes detallados sobre las razones del
incumplimiento del Acuerdo de Escazú, desde su adopción el 4 de marzo de 2018, en
particular la falta de protección a defensores ambientales como población minoritaria
y vulnerable, violando su derecho a la defensa efectiva y el acceso a la justicia
ambiental, en un contexto de alto riesgo en Colombia, en defensa de Ericsson Mena
y la Primera Línea Ambiental Colombia, con alcance nacional
(...)
I. A la Procuraduría General de la Nación:
1. Exijo un informe exhaustivo que detalle las razones por las cuales Colombia no ha
cumplido con el Acuerdo de Escazú al no vigilar, desde el 4 de marzo de 2018, su
implementación, permitiendo la persistente falta de protección para los defensores
ambientales, como yo, Ericsson Mena, y laPrimera Lí-nea Ambiental Colombia.Pido
que el informe identifique las fallas institu-cionales que han impedido garantizar
nuestra protección efectiva y el acceso a la justicia ambiental, especificando cómo
estas omisiones han contribuido al riesgo extremo que enfrentamos, en un contexto
donde79 defensores fueron asesinados en 2023y248 entre 2016 y 2024(Global
Witness).
2. Exijo un informe que detalle por qué la Procuraduría no ha instalado a las entidades
responsables a adoptar medidas urgentes para proteger a los de-fensores
ambientales, especificando las barreras administrativas e institucio-nales que han
perpetuado esta inacción y proponiendo acciones concretas para revertirla.
(....)
K. A Todas las Entidades:
1. Exijo un informe conjunto que detalle las razones por las cuales Colombia no ha
cumplido con el Acuerdo de Escazú al no coordinar, desde el 4 de marzo de 2018,
esfuerzos interinstitucionales para implementar sus obligaciones, especificando las
barreras de articulación que han impedido garantizar la pro-tección efectiva y el
acceso a la justicia ambiental para los defensores am-bientales, en un contexto

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donde79 defensores fueron asesinados en 2023y248 entre 2016 y 2024(Global
2024(Global Testigo). Pido que el informe pro-ponga soluciones concretas para
revertir estas violaciones.
2. Exijo un informe que detalle por qué Colombia no ha adoptado integralmente
laResolución 76/300 de la ONU(28 de julio de 2022), que reconoce el derecho
humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, ni la ha elevado a
derecho fundamental en el ordenamiento interno, en clara conexión con el Acuerdo
de Escazú. Pido que se especifiquen las razones normativas, políticas e
institucionales que han impedido esta integración y cómo esta omi-sión ha perpetuado
la vulneración de los derechos de los defensores ambien-tales.
3. Exijo que se reconoce la personería jurídica de laPrimera Línea Ambiental
Colombia,en virtud de nuestras acciones clave en defensa del medio am-biente. Pido
que este reconocimiento garantice nuestra legitimidad y capaci-dad de actuación en
los 32 departamentos y 1.102 municipios de Colombia, permitiéndonos participar
efectivamente en procesos de defensa ambiental y reparación colectiva. Solicito un
informe que detalle los requisitos legales, administrativos y procesales necesarios
para otorgar esta personería, inclu-yendo documentos, trámites y entidades
responsables, y que explique por qué no se ha avanzado en este reconocimiento
desde el 4 de marzo de 2018, especificando las barreras que lo han impedido.
4. Exijo que se incorpora a laPrimera Línea Ambiental Colombiay sus miembros,
incluyéndomea mí, Ericsson Mena, en elRegistro Único de Víc-timas
Ambientales,reconociendo la falta de protección adecuada y la au-sencia de
tribunales ambientales especializados como causas de nuestra vic-timización. Pido
un informe que detalle las razones por las cuales no se ha creado ni implementado
este registro desde el 4 de marzo de 2018, identifi-cando las barreras normativas,
administrativas y operativas que han impedido registrarnos como víctimas de
conflictos ambientales». (sic)

En lo referente al Ministerio de Justicia y del Derecho, la cartera ministerial aportó
el Oficio MJD-OFI25-0021882-GALC-30110 del 16 de mayo de 2025, mediante el
cual remitió la petición del accionante a la Presidencia de la República, al Ministerio
del Interior, a la Unidad Nacional de Protección, a la Unidad de Víctimas, a la Policía
Nacional, a la Procuraduría General de la Nación, al Consejo Superior de la
Judicatura, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Fiscalía General
de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a la Oficina Alto Comisionado de la ONU
para los derechos humanos y a la Oficina Alto Comisionado de la ONU para los
refugiados, pero no se observa que conste el envío de la respuesta al accionante ni
a las entidades a las que se remitió la solicitud, por lo que se accederá a la
salvaguarda.

Por último, respecto a la Presidencia de la República se observa que contestó la
solicitud el 9 de mayo de 2025, en el sentido de informar al accionante que dio
traslado de la petición al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante
el OFI25-00087016 / GFPU 13150000. Igualmente, consta la respectiva
comunicación al actor y la remisión a la cartera ministerial, a través del OFI25-
00087017 / GFPU 13150000, por lo que no se advierte la vulneración del derecho
fundamental de petición por su parte y, en esa medida, se mantendrá la decisión
adoptada en primera instancia.

Por otra parte, se advierte que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
otorgó respuesta clara, concreta y de fondo a la petición, con anterioridad a la
instauración de esta acción (10 de junio de 2026), esto es, el 26 de junio de 2025,
por lo cual se negará el amparo.

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En consecuencia, se revocará parcialmente la sentencia del 5 de agosto de 2025
proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el
sentido de declarar improcedente la acción en contra de los organismos
internacionales accionados; negar el amparo respecto al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible; amparar el derecho fundamental de petición del señor
Ericsson Ernesto Mena vulnerado por el Ministerio del Interior, el Ministerio de
Justicia y del Derecho, la Unidad Nacional de Protección, la Fiscalía General de la
Nación, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Policía
Nacional; se ordenará a dichas entidades que brinden una respuesta clara, de fondo
y coherente con lo pedido y efectúen debidamente la comunicación; y se confirmará
la sentencia en lo demás.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. REVOCAR parcialmente la sentencia del 5 de agosto de 2025 proferida
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de conformidad
con la parte motiva de esta providencia.

Segundo. AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor Ericsson
Ernesto Mena vulnerado por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y del
Derecho, la Unidad Nacional de Protección, la Fiscalía General de la Nación, la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Policía Nacional.

Tercero. ORDENAR a dichas entidades que, en el término de cuarenta y ocho (48)
horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, brinden al accionante
una respuesta clara, coherente y de fondo a la petición elevada el 5 de mayo de
2025, y la notifiquen debidamente.

Cuarto. NEGAR el amparo respecto al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

Quinto. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción en contra de los organismos
internacionales accionados y el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación
de Medidas de Protección Colectiva.

Sexto. CONFIRMAR la sentencia en lo demás, acorde con lo expuesto.

Séptimo. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

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Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 5- 0 3 53 6- 0 1

Octavo. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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