RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-03538-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03538-01

Fecha
4 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03538-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 14 de julio de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03538-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

4 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-03538-01
Accionante: GABRIEL EDUARDO GÓMEZ ABRIL
Accionado: TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA
Tema: TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS – Se confirma el
fallo impugnado.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia de
14 de julio de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor Gabriel Eduardo Gómez Abril solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, “[…] a la publicidad y transparencia […] a
interponer recursos contra actos administrativos […]”, cuya vulneración le atribuyó
al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta con la omisión de comunicar el
acto administrativo a través del cual se nombró en provisionalidad al Juez Dieciséis
Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cúcuta.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Informó
que se posesionó como escribiente nominado en propiedad, en el
Juzgado Promiscuo Municipal de Sardinata; y actualmente, ocupa el cargo de oficial
mayor en provisionalidad de dicho despacho judicial.

2.2. Señaló que el 9 de mayo de 2025, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cúcuta realizó una convocatoria para proveer la vacante en provisionalidad del

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03538-01
Accionante: Gabriel Eduardo Gómez Abril

cargo de Juez Dieciséis Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Cúcuta, con fecha de inicio 19 de mayo de 2025, cargo para el cual presentó su
postulación.

2.3. Relató que el Tribunal realizó la elección y nombramiento del cargo en
provisionalidad, sin embargo, dicha actuación no le fue comunicada.

2.4. Indicó que el Tribunal vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
publicidad y transparencia, toda vez que omitió comunicarle el acto administrativo por
medio del cual se efectuó el nombramiento en provisionalidad del cargo convocado,
situación que le impidió interponer recursos en contra de la decisión.

2.5. Precisó que el Tribunal desconoció el artículo 132 de la Ley 270 de 7 de marzo de
19961, modificado por el artículo 68 de la Ley 2340 de 9 de octubre de 20242, que a
su vez fue reglamentado por el Acuerdo PCSJA-12238 del 9 de diciembre de 2024,
expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, sobre la forma de provisión de
cargos en la Rama Judicial; así como la Ley 1712 de 6 de marzo de 20143.

2.6. Adujo que, a pesar de que existe un vacío normativo con respecto a los requisitos
para efectuar el nombramiento en provisionalidad de las vacantes definitivas se debe
“[…] interpretar y aplicar en el mismo precepto los requisitos de la vacante temporal
[…]”, en aplicación al principio de favorabilidad el cual establece que “[…] en caso de
incertidumbres o conflictos sobre la aplicación de normas, se debe optar por la que
resulte más favorable para el trabajador […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] Primero: TUTELAR mis derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO
ART. 29 CP, PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA LEY 1712 DE 2014,
DERECHO A INTERPONER RECURSOS CONTRA ACTOS
ADMINISTRATIVOS DE NOMBRAMIENTO LEY 270 DE 1996.

Segundo: SE VINCULE a esta tutela a todos los servidores públicos que
optaron al cargo de JUEZ DIECISÉIS PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE
CONTROL DE GARANTÍAS CÚCUTA, según aviso de convocatoria del 9 de
mayo de 2025, publicado por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO
JUDICIAL DE CÚCUTA.

Tercero: DEJAR SIN EFECTO el acto administrativo de nombramiento del
JUEZ DIECISÉIS PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE
GARANTÍAS CÚCUTA, por encontrarse viciado dado por la violación al debido
proceso, derecho de defensa, transparencia y publicidad.

Cuarto: ORDENAR al TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CÚCUTA realizar el nombramiento del JUEZ DIECISÉIS PENAL MUNICIPAL

1
“Estatutaria de la Administración de Justicia”.
2
"POR LA CUAL SE MODIFICA LA LEY 270 DE 1996 - ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".
3
“Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan
otras disposiciones”.

3
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03538-01
Accionante: Gabriel Eduardo Gómez Abril

CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS CÚCUTA, bajo los parámetros
del artículo 132 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia,
modificada por el artículo 68 de la Ley 2340 de 2024, reglamentado mediante
Acuerdo PCSJA-12238 expedido el 09 de diciembre de 2024 por el Consejo
Superior de la Judicatura, y no desconociendo el principio de favorabilidad en
el derecho laboral, a su vez, dar aplicación a la Ley 1712 de 2014 sobre el
procedimiento de publicidad y transparencia de acto administrativo que se
profiera.

Quinto: SOLICITÓ de la manera más respetuosa a los honorables magistrados
del Consejo de Estado ESTABLECER UN CRITERIO Y PROCEDIMIENTO
UNIFICADO, FRENTE A LOS NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES EN
VACANTE TEMPORAL Y DEFINITIVA DENTRO DE LA RAMA JUDICIAL, con
la finalidad, de proteger los derechos y garantías de los servidores públicos que
se encuentren en carrera administrativa y que deciden optar dentro de una
convocatoria para un cargo temporal o definitivo […]”. [negrilla del texto].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 13 de junio de 2025, el Despacho de la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado a cargo de la sustanciación del proceso
admitió la presente acción de tutela. Asimismo, vinculó como terceros con interés
directo en el resultado del proceso a “[…] las personas que participaron en el
proceso de convocatoria del 9 de mayo de 2025, y al Juzgado Dieciséis Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Cúcuta […]”.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuada la notificación a la autoridad accionada y a los vinculados, se
allegaron los siguientes informes:

5.1. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta informó que el 9 de mayo
de 2025 se realizó la publicación de la convocatoria con ocasión a la vacante de
Juez Dieciséis Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cúcuta,
para lo cual se recibieron 107 postulaciones y en sesión extraordinaria núm. 14 de
16 de mayo de 2025 se realizó la elección y nombramiento del abogado Andrés
Alonso Silva Reyes en el cargo convocado.

5.2. Resaltó que frente a las manifestaciones relativas a la omisión por la falta de
notificación del acto administrativo de nombramiento del funcionario judicial este
“[…] no genera la obligación de comunicar a los terceros interesados o aspirantes
al cargo, sino únicamente a la persona sobre la cual recayeron las consecuencias
derivadas de la decisión adoptada […]”, adicionalmente por tratarse de un acto
administrativo condicional “[…] solo producen efectos y generan un derecho o una
situación jurídica concreta con la posesión del servidor público cuando jura ante la
autoridad competente desempeñar lealmente sus funciones […]”.

5.3. Por lo anterior, solicitó negar las pretensiones de la acción de amparo.

4
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03538-01
Accionante: Gabriel Eduardo Gómez Abril

5.4. Los señores John Facter Gómez Cuellar, Gloria Patricia Gómez Miraval,
Laura Vanessa Zambrano Mendieta, Rubén David Suarez Cañizares y Carlos
Andrés Zuleta Villamil en calidad de participantes de la convocatoria para proveer
la vacante provisional de Juez Dieciséis Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Cúcuta, manifestaron coadyuvar las pretensiones de la tutela y
solicitaron se amparen sus derechos fundamentales, dado que tampoco les fue
comunicado el acto administrativo de nombramiento, en el cargo que resultaba de
su interés.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 14 de julio de 2025, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por
incumplimiento del requisito general de subsidiariedad.

7. El juez de primera instancia concluyó que el accionante “[…] puede acudir a la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir el Acta de Sala Plena
Ordinaria núm. 14 y la Resolución núm. 18 del 16 de mayo de 2025, con los que se
dispuso el nombramiento del doctor Andrés Alonso Silva Reyes en el cargo de juez
dieciséis penal municipal con función de control de garantías de Cúcuta. Actuación
que, a su juicio, vulneró sus derechos fundamentales. […]”.

8. A su vez, señaló que frente a los cuestionamientos del presunto incumplimiento
de “[…] los lineamientos del numeral 2 del artículo 132 de la Ley 270 de 1996,
modificado por el artículo 68 de la Ley 2340 de 2024, y reglamentado por el Acuerdo
PCSJA-12238 del 9 de diciembre de 2024, expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura, sobre la provisión de cargos en la Rama Judicial […]”, igualmente deben
ser resueltos por el juez contencioso administrativo.

9. El a quo advirtió en relación con la falta de comunicación del acto administrativo
al accionante que “[…] tales aspectos están vinculados al debido proceso
administrativo. En ese sentido, pueden ser objeto de revisión en sede judicial a
través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho […]”,
adicionalmente señaló que “[…] si el accionante no comparte el procedimiento
establecido en el Acuerdo PCSJA-12238 del 9 de diciembre de 2024, expedido por
el Consejo Superior de la Judicatura, para los nombramientos provisionales en
vacante temporal y definitiva dentro de la Rama judicial, puede demandar su
contenido a través del medio de control de simple nulidad, previsto en el artículo
137 del CPACA […]”.

10. Finalmente, indicó que la participación de señores Gloria Patricia Gómez Miraval,
Laura Vanessa Zambrano Mendieta, John Facter Gómez Cuellar, Rubén David
Suarez Cañizares y Carlos Andrés Zuleta Villamil, como coadyuvantes “[…] se
entenderá como una manifestación de respaldo a las pretensiones del accionante.
Por tal motivo, no es procedente considerar solicitudes individuales, ya que para ello

5
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03538-01
Accionante: Gabriel Eduardo Gómez Abril

deberán acudir de manera personal e independiente a este mecanismo
constitucional […]”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

11. La parte accionante impugnó y solicitó revocar el fallo de primera instancia, para
lo cual argumentó que, los medios ordinarios “[…] resultan irrisorios para este caso
[…]”, por cuanto “[…] es evidente que existen derechos fundamentales
transgredidos […]”.

12. Señaló que el Tribunal incurrió en una omisión “[…] de aplicación de las normas
referenciadas para el nombramiento del JUEZ DIECISÉIS PENAL MUNICIPAL
CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS CÚCUTA según aviso de
convocatoria del nueve (09) de mayo de dos mil veinticinco (2025), situación que
deja sin garantías y se convierte en una burla para los postulantes para optar por el
cargo, siendo una mala praxis para la ejecución de dichos nombramientos, pues, al
no existir publicad y transparencia en la notificación de quienes hicieron parte de la
convocatoria, deja claro una violación directa al derecho fundamental al DEBIDO
PROCESO […]”.

13. Adujo que “[…] si bien si existen otros mecanismos para resolverlo no resultan
relevantes cuando se violan derechos fundamentales, es en este sentido, que para
el caso sub examine la acción de tutela resulta procedente para amparar los
derechos fundamentales que han sido quebrantados por parte del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cúcuta […]”.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

14. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19914, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20155, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20216 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20257, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20198, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20249.

4
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
5
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
6
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
8
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
9 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.

6
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03538-01
Accionante: Gabriel Eduardo Gómez Abril

VIII.2. Cuestión previa

15. LaSala no analizará las solicitudes de coadyuvancia en razón a que fueron
estudiadas por el juez de primera instancia, y sobre este aspecto del litigio no se
presentaron argumentos en la impugnación.

VIII.3. Problemas jurídicos

16. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado12, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela. Si ello es así, se deberá determinar:

b) Si la autoridad accionada vulneró los derechos fundamentales del
accionante, por la omisión de comunicar el acto administrativo a través del
cual se nombró en provisionalidad al Juez Dieciséis Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de Cúcuta.

VIII.4. Requisitos de procedencia de la acción de tutela contra actos
administrativos

17. Sobre el particular, la Sala advierte que, de conformidad con lo establecido por el
artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, relativo a la subsidiariedad de la acción de
tutela, por regla general, esta no procede para controvertir actos administrativos de
carácter general o particular, toda vez que el legislador previó como mecanismo de
defensa judicial para desvirtuar su legalidad, la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho y, en su defecto, la acción de nulidad.

18. En ese sentido, la jurisprudencia10 de la Corte Constitucional ha sido reiterativa
en expresar que:

“[...] el estudio de procedencia de la acción de tutela, cuando el actor pretende
controvertir un acto administrativo, debe considerar que el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –CPACA–
consagró mecanismos de autotutela y los medios de control de nulidad y de
nulidad y restablecimiento del derecho, para el efecto. En este contexto, la
jurisprudencia constitucional ha definido, por regla general, la
improcedencia de la tutela para controvertir actos administrativos en
atención a: (i) la existencia de mecanismos de autotutela; (ii) la existencia de
medios judiciales ordinarios establecidos para controvertir las actuaciones de la
administración en el ordenamiento jurídico; (ii) la presunción de legalidad que
las reviste; y (iii) la posibilidad de que, a través de las medidas cautelares o
provisionales, se adopten remedios idóneos y eficaces de protección de los
derechos en ejercicio de los mecanismos ordinarios. [...]” [Negrilla original del
texto].

10
Corte Constitucional. Sentencia T-8.999.065 de 2023. M.P.: Alejandro Linares Cantillo.

7
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03538-01
Accionante: Gabriel Eduardo Gómez Abril

19. La Corte Constitucional mediante sentencia SU-691 de 2017 concluyó que:

“[…] por regla general, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo cuenta
con los instrumentos procesales idóneos y eficaces para garantizar la protección
de los derechos fundamentales, materializados en el conocimiento del asunto
por jueces especializados y en el decreto de medidas cautelares de protección.
Sobre las medidas cautelares, la Corte señaló que “la medida cautelar de
suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos se encuentra
regulada en el artículo 231, en el cual se contempló para su procedencia la
comprobación de una contradicción entre el acto demandado y una norma
superior a partir de la evidencia o del estudio de las pruebas allegadas a la
solicitud” […]”.

20. Asimismo, la jurisprudencia ha reconocido que, en algunas circunstancias
especiales, procede la acción de tutela contra actos administrativos, siempre que se
reúnan las siguientes condiciones: i) se esté en presencia de una vulneración de
derechos fundamentales y, ii) que, como consecuencia de lo anterior, exista peligro
de ocurrencia de un perjuicio irremediable, con lo que el amparo procedería como
mecanismo transitorio.

21. En ese sentido, en sentencia T-514 de 200311, la Corte Constitucional determinó:

“[...] La Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es
improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos
fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la
expedición de actos administrativos, como quiera que existen otros mecanismos
tanto administrativos como judiciales para su defensa; (ii) que procede la acción
de tutela como mecanismo transitorio contra las actuaciones administrativas
cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable; y (iii)
que solamente en estos casos el juez de tutela podrá suspender la aplicación
del acto administrativo [artículo 7 del Decreto 2591 de 1991] u ordenar que el
mismo no se aplique [artículo 8 del Decreto 2591 de 1991] mientras se surte el
proceso respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo [...]”.
[Subrayado fuera del texto].

22. Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional ha admitido que, cuando se presenta
una vía de hecho administrativa y se demuestra un perjuicio irremediable, la acción
de tutela puede incluso proceder excepcionalmente. Sobre este punto, en Sentencia
T - 912 de 2006, se señaló:

“[...] No obstante, esta Corporación también ha admitido que en ciertos casos,
cuando existe una vía de hecho en un acto administrativo y se observa la
existencia de un perjuicio irremediable, la acción de tutela procederá no sólo
como mecanismo transitorio, sino que excepcionalmente podrá́ concederse de
forma definitiva. En efecto, en la sentencia T-418 de 2003, se señaló́ sobre este
punto lo siguiente:

[...] si se trata de una decisión proferida en proceso administrativo, fiscal o
disciplinario, en la que se alega la existencia de una vía de hecho en la decisión
correspondiente, el examen del juez de tutela es distinto, pues, en estos casos,
el afectado siempre puede acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
En estos eventos, cuando existe indudablemente la vía de hecho, según las

11
Corte Constitucional, expediente T-705724, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

8
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03538-01
Accionante: Gabriel Eduardo Gómez Abril

circunstancias del caso concreto, y frente a un perjuicio irremediable,
debidamente sustentado, el juez de tutela puede conceder la acción de tutela,
como mecanismo transitorio, o, excepcionalmente, en forma definitiva.

Así también lo señaló en la sentencia T-811 de 2003, en donde la Corte resaltó
lo siguiente:

‘No obstante lo afirmado, ha de manifestarse que la acción de tutela resulta
excepcionalmente procedente contra actuaciones administrativas en todos
aquellos casos en los que la actuación de la autoridad respectiva carezca de
fundamento objetivo y sus decisiones sean el producto de una actitud arbitraria
y caprichosa que traiga como consecuencia la vulneración de derechos
fundamentales de la persona, incurriendo de esa manera en lo que se ha
denominado como ‘vía de hecho [...]”.

VIII.5. El caso concreto

23. El señor Gabriel Eduardo Gómez Abril solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, “[…] a la publicidad y transparencia […] a
interponer recursos contra actos administrativos […]”, cuya vulneración le atribuyó
al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta con la omisión de comunicar el
acto administrativo a través del cual se nombró en provisionalidad al Juez Dieciséis
Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cúcuta.

VIII.5.1. Del incumplimiento del requisito general de procedibilidad de
subsidiariedad

24. La acción de tutela es un medio de defensa judicial que, de conformidad con el
artículo 86 de la Constitución Política, tiene carácter subsidiario, excepcional y
residual. Esto significa que por regla general este instrumento de protección de
derechos fundamentales solo será procedente cuando se hayan agotado todos los
medios de defensa judicial previstos por el legislador o cuando los mismos no sean
idóneos para la protección de los derechos fundamentales que se consideran
vulnerados.

25. Se destaca que este carácter excepcional y residual se encuentra previsto en el
artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991. La norma aludida dispone:

“[…] CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela
no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.

[…]”.

26. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo el interesado debe
agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal [acción, recurso,
incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su

9
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03538-01
Accionante: Gabriel Eduardo Gómez Abril

naturaleza12], lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en
tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.

27. La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de la
acción de tutela, en los siguientes términos:

“[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado
sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la
protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción
constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho.”

“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se
encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que
quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber agotado
los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.

Exigencia que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito,
que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí
misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de
defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un
camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los
procesos judiciales […]”13.

28. En este mismo sentido se pronunció esta Sala de Decisión, en sentencia de 25
de abril de 2019, al respecto expuso lo siguiente: “[…] la tutela no puede ser utilizada
como acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios, salvo que
estos medios ordinarios no sean idóneos o eficaces para proteger los derechos
fundamentales controvertidos o cuando la acción de tutela se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]”14.

29. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991 señalan
una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que cuando se trate
de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de tutela sin agotar
los mecanismos judiciales ordinarios. Es decir, no es necesario, bajo este supuesto
excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios cuando con la acción de
tutela se pretende evitar un perjuicio irremediable.

30. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser
conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.

12
Corte Constitucional. Sala Plena. Auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 16 de abril de 2015.
13
Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencias T-890 de 24 de noviembre de 2011, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván
Palacio Palacio y T-580 de 26 de julio de 2006, Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de abril de 2019, expediente
número 11001-03-15-000-2018-04033-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

10
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03538-01
Accionante: Gabriel Eduardo Gómez Abril

31. Descendiendo al caso objeto de estudio, se observa que el accionante alega que
la autoridad accionada vulneró sus derechos fundamentales citados supra por la
omisión de comunicarle el acto administrativo a través del cual se nombró en
provisionalidad al Juez Dieciséis Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Cúcuta, dado que el señor Gabriel Eduardo Gómez Abril participó de
la convocatoria de dicha vacante.

32. El fallo impugnado declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el
requisito de subsidiariedad, en tanto que el accionante cuenta con el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que puede cuestionar la
legalidad del acto administrativo a través del cual se hizo un nombramiento en
provisionalidad.

33. El accionante en su escrito de impugnación argumentó que los medios de
control ordinarios “[…] resultan irrisorios para este caso […]”, por cuanto “[…] es
evidente que existen derechos fundamentales transgredidos […]”, razón por la cual
solicitó revocar el fallo de primera instancia y en su lugar amparar los derechos
fundamentales solicitados.

34. En ese orden de ideas, la Sala comparte la conclusión a la que arribó el a quo,
dado que el accionante dispone de otro medio de defensa judicial como lo es el
medio de control ante la jurisdicción contencioso administrativa, para controvertir los
actos administrativos que considera vulneran sus derechos fundamentales.

35. Resulta oportuno resaltar que esta Sala de Decisión15 ha sostenido que: “[…] con
la expedición la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, ya no es aceptable el argumento
según el cual los medios de control ordinarios no son eficaces ni oportunos para la
protección de los derechos presuntamente conculcados en casos como el estudiado
[…]”16.

36. Lo anterior en consideración a que: “[…] la mencionada normativa además de
darle celeridad a los procesos al consagrar la oralidad en los mismos, contiene
diferentes herramientas jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas, las
medidas cautelares incluso de urgencia17, como la suspensión provisional de los
efectos del acto administrativo o del procedimiento hasta tanto se defina la
declaración o no de su nulidad; ordenar la adopción de una decisión administrativa;
impartir órdenes o imponerle obligaciones de hacer o no hacer a cualquiera de las
partes, las cuales demuestran la efectividad del procedimiento ordinario cuando se
advierte una situación apremiante que necesite ser remediada incluso antes de que
se profiera una decisión definitiva […]”18. [Subrayado fuera del texto].

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1° de marzo de 2018,
expediente número 52001-23-33-000-2017-00626-01, C.P. María Elizabeth García González.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de junio de 2021, expediente
número 110010315000202102428-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
17
Artículo 234 del CPACA, que textualmente señala: Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra
parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción,
se evidencie que, por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible
de los recursos a que haya lugar. La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la
constitución señalada en el auto que así lo decrete.
18
Ibidem.

11
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03538-01
Accionante: Gabriel Eduardo Gómez Abril

37. Por lo expuesto, la Sala considera que en el asunto objeto de estudio no se
cumple el requisito general de subsidiariedad y tampoco se encuentra acreditado la
configuración de un perjuicio irremediable, evento en el cual procedería la acción de
tutela como mecanismo transitorio.

38. Por lo expuesto, se confirmará el fallo impugnado que declaró la improcedencia
de la solicitud de tutela por no cumplir el requisito general de procedencia de
subsidiariedad, tal como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 14 de julio de 2025, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.