Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03539-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03539-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-03539-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
11 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Once (11) de julio de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03539-00
Accionante: HAROLD ARBELÁEZ DUQUE
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – requisitos / relevancia
constitucional / improcedencia – El accionante acudió a la acción de tutela con el
propósito de reabrir una discusión ya resuelta en sede del proceso ordinario.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
1. La Sala resuelve la acción de tutela promovida por Harold Arbeláez Duque,
actuando a nombre propio, contra las Sentencias del 20 y 30 de mayo de 2025,
emitidas por el Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Medellín y el Tribunal
Administrativo de Antioquia, respectivamente, dentro de la acción de cumplimiento
identificada con número 05001-33-33-013-2025-00114-00. A juicio del tutelante,
dichas providencias transgredieron sus derechos fundamentales al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia, de conformidad con el artículo 86 de la
Constitución política, el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo 080 de
20191.
ANTECEDENTES
2. El presente caso corresponde a una acción de tutela contra una providencia
judicial, por lo que tendrá el siguiente orden en la exposición de los antecedentes:
(i) los hechos que dieron origen al proceso ordinario y el trámite de este; y (ii) los
argumentos que fundamentaron la interposición de la acción de amparo
constitucional, así como las pretensiones formuladas por el demandante.
Antecedentes del proceso ordinario
3. Harold Arbeláez Duque presentó demanda en ejercicio del medio de control de
cumplimiento contra el municipio de Itagüí – Secretaría de Movilidad y Tránsito, con
el objetivo de obtener la declaración de la prescripción de la sanción que se deriva
del comparendo identificado con número 05360000000021001403, impuesto por
dicha entidad.
4. Mediante Sentencia del 20 de mayo de 2025, el Juzgado Trece Administrativo
del Circuito de Medellín declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento, al
considerar que el accionante aún no había agotado el medio de control de nulidad
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03539-00
Accionante: Harold Arbeláez Duque
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y Otro.
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
y restablecimiento del derecho para solicitar la prescripción del comparendo
interpuesto por la Secretaría de Movilidad de Itagüí.
5. El tutelante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia. Sobre el particular, alegó que esta decisión incurrió en falsa motivación al
afirmar que aún existía un medio de defensa judicial pendiente por agotar. Sostuvo,
además, que en el fallo se realizó una interpretación errónea del artículo 818 del
Estatuto Tributario, al concluir que el inicio del cobro coactivo interrumpía el término
de prescripción y ampliaba automáticamente el plazo a 5 años. Finalmente, afirmó
que el juez no valoró el material probatorio aportado al proceso y desconoció el
precedente jurisprudencial del Consejo de Estado.
6. Mediante sentencia del 30 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo de
Antioquia confirmó la providencia de primera instancia, al señalar que el peticionario
dispone de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir la
legalidad del acto administrativo que le impuso el comparendo.
Fundamentos de la demanda de tutela
7. El 10 de junio de 20251, el accionante promovió acción de tutela en la que indicó
que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en cuatro defectos que, a su
juicio, configuran una vulneración de sus derechos fundamentales. En primer lugar,
alegó la existencia de un defecto sustantivo, al considerar que los falladores
interpretaron de forma errónea el artículo 159 del Código Nacional de Tránsito, el
cual según su criterio imponía el deber de declarar de oficio la prescripción del
comparendo. En segundo lugar, invocó un defecto fáctico, dado que los despachos
omitieron valorar adecuadamente el material probatorio allegado al expediente. En
tercer lugar, señaló un defecto procedimental absoluto, pues los jueces no
ofrecieron una justificación suficiente para abstenerse de emitir un pronunciamiento
de fondo sobre la demanda. Finalmente, advirtió la configuración de
un desconocimiento del precedente, por cuanto los fallos atacados omitieron aplicar
la jurisprudencia del Consejo de Estado en relación con la procedencia de la acción
de cumplimiento frente a situaciones en las que opera la prescripción de
comparendos.
Pretensiones de la demanda
8. Conforme a lo dispuesto en el escrito de tutela, se formularon las siguientes
pretensiones (se transcribe con posibles errores):
“1. Que se tutelen mis derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia.
2. Que se deje sin efectos la sentencia AP-69 del 30 de
mayo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia y la sentencia del 20 de mayo de 2025 del
Juzgado 13 Administrativo de Medellín, rad. 05001-33-33-
013-2025-00114-00.
3. Que se ordene a un juez administrativo competente emitir
una nueva sentencia, valorando de fondo el cumplimiento
1 Índice electrónico 01 de SAMAI.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03539-00
Accionante: Harold Arbeláez Duque
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y Otro.
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
del artículo 159 de la Ley 769 de 2002 y el artículo 818 del
E.T. en consonancia con la Sentencia del Consejo de
Estado 11001-0315-000-2015-03248-00 del 11 de febrero
del año 2016 consejero Ponente Roberto Augusto Serrato
Valdés”2.
Trámite en primera instancia
9. Mediante Auto del 12 de junio de 20253, el despacho sustanciador admitió la
presente acción de amparo constitucional y negó la medida provisional solicitada
por el actor consistente en suspender de forma inmediata toda actividad de cobro
coactivo, mandamientos de pago, embargos y actualización de interés relacionados
con el comparendo identificado con número 05360000000021001403. Asimismo,
ordenó vincular al municipio de Itagüí - Secretaría de Movilidad y Tránsito y a los
demás intervinientes dentro de la acción de cumplimiento identificada con número
05001-33-33-013-2025-00114-00/01 como terceros con interés en las resultas del
proceso.
Intervenciones
10. El Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Medellín4 envío el
expediente de acción de cumplimiento, identificado con número 05001-33-33-013-
2025-00114-00, dentro del cual se emitieron las providencias cuestionadas en esta
demanda de tutela.
11. El señor Harold Arbeláez Duque allegó memorial5 en el que solicitó proferir un
fallo de fondo dentro del proceso de la referencia, dejar sin efectos las Providencias
del 20 y 30 de mayo de 2025, emitidas por el Juzgado Trece Administrativo del
Circuito de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, respectivamente, y
ordenar al Juez de segunda instancia dentro del proceso ordinario a emitir una
nueva sentencia en la cual se valore el cumplimiento del artículo 159 de la Ley 769
de 2002 y el artículo 818 del Estatuto Tributario, conforme a la jurisprudencia
contenida en la Sentencia del Consejo de Estado identificada con radicado número
11001-03-15-000-2015-03248-00.
12. El Tribunal Administrativo de Antioquia guardó silencio a pesar de haber sido
notificado6.
CONSIDERACIONES
13. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del
2 Índice electrónico 02 de SAMAI. 7ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.
3 Índice electrónico 04 de SAMAI. 15Autoqueadmite_120250353900ADMITEHA(.pdf) NroActua 4.
4Índice electrónico 010 de SAMAI. 19_MemorialWeb_Respuesta-004RESPUESTAtutel(.pdf)
NroActua 10.
5 Índice electrónico 012 de SAMAI. 24RECIBEMEMORIAL_RV_derechodepeticion(.zip) NroActua
12.
6 Índice electrónico 07 de SAMAI. Soporte notificación Auto que admite tute(.pdf) NroActua 7.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03539-00
Accionante: Harold Arbeláez Duque
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y Otro.
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el acuerdo 080 de
20197.
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
14. En primer lugar, la Sala debe determinar si la presente acción de tutela
satisface los requisitos formales de procedibilidad establecidos en la jurisprudencia
constitucional para su admisión. En caso de superar dicho examen preliminar, en
segundo lugar, será procedente estudiar de fondo si las decisiones judiciales
proferidas por el Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Medellín y el Tribunal
Administrativo de Antioquia, en providencias del 20 y 30 de mayo de 2025,
respectivamente, incurrieron en los defectos sustantivo, fáctico, procedimental
absoluto y desconocimiento del precedente, y si tales yerros constituyeron una
vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, al declarar que el peticionario tiene pendiente por agotar
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
15. Con el objetivo de resolver el problema jurídico, la Sala adoptará la siguiente
ruta de análisis: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales y, (ii) análisis del caso concreto.
La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
16. En la sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional “sistematizó” los
requisitos para que proceda la acción de tutela contra providencias judiciales. En
dicha decisión, la Corte estableció una distinción entre requisitos de carácter
general, y requisitos de carácter específico o defectos.
17. Los primeros constituyen condiciones previas que deben cumplirse en su
totalidad para que el juez pueda asumir el conocimiento de fondo del caso
analizado8. Una vez superados estos requisitos de forma, es procedente el estudio
de fondo. Por su parte, los requisitos específicos hacen alusión a los defectos
presentes en la providencia cuestionada, los cuales serían la causa directa de la
vulneración de los derechos fundamentales9.
18. Para que una providencia judicial pueda ser estudiada a través de la acción de
tutela, es indispensable que, en primer lugar, se acrediten los requisitos generales
de procedencia, como son10: (i) la legitimidad en la causa por activa y pasiva11; (ii)
la relevancia constitucional del asunto debatido12; (iii) el agotamiento de todos los
medios de defensa judicial -ordinarios y extraordinarios-, salvo que la acción de
7 Reglamento interno de esta corporación, puntualmente el artículo 13- “Distribución de los procesos
entre las secciones”.
8 Corte Constitucional, Sentencia T-089 de 2025.
9 Corte Constitucional, Sentencia SU-026 de 2021.
10 Corte Constitucional, Sentencia SU-215 de 2022.
11 Corte Constitucional, Sentencia SU-214 de 2022.
12 Corte Constitucional, Sentencia SU-018 de 2024, T-354 de 2023, SU-128 de 2021 y SU-439 de
2017.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03539-00
Accionante: Harold Arbeláez Duque
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y Otro.
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
tutela busque evitar la configuración de un perjuicio irremediable13; (iv) la
presentación de la acción de tutela dentro de un término razonable, contado a partir
del hecho de vulneración, esto es, el cumplimiento del requisito de inmediatez14; (v)
en caso de alegarse una irregularidad procesal, la precisión de que ese yerro sea
determinante o decisivo y afecta derechos fundamentales de la parte actora 15; (vi)
la identificación de los hechos que dieron origen a la vulneración de los derechos16;
y (vii) la providencia cuestionada no sea una de tutela17, ni una decisión adoptada
en ejercicio de control abstracto de constitucionalidad por parte de la Corte
Constitucional18 o el Consejo de Estado19, ni una sentencia interpretativa (SENIT)
proferida por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción
Especial para la Paz -JEP-.20.
19. A esta altura, se examinará si la acción de tutela de la referencia satisface la
legitimidad por activa y por pasiva, así como los requisitos formales de procedencia
para su admisión.
Análisis del caso concreto
20. El señor Harold Arbeláez Duque interpuso una acción de tutela contra las
Sentencias del 20 y 30 de mayo de 2025, emitidas por el Juzgado Trece
Administrativo del Circuito de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia,
respectivamente. En su criterio, dichas providencias violaron sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.
21. Adicionalmente, el actor alegó que las decisiones atacadas incurrieron en cuatro
defectos específicos: (i) sustantivo, por una errónea interpretación del artículo 159
del Código Nacional de Tránsito, al omitir ordenar de oficio la prescripción del
comparendo, (ii) fáctico, al no valorar las pruebas allegadas al proceso, (iii)
procedimental absoluto, por no motivar adecuadamente las decisiones que
declararon la existencia de un medio de control pendiente por agotar, y (iv)
desconocimiento del precedente del Consejo de Estado sobre la acción de
cumplimiento en caso de comparendos.
La legitimación en la causa por activa y pasiva
22. Harold Arbeláez Duque cumple con el requisito de legitimación en la causa por
activa, toda vez que es la persona directamente afectada por las decisiones
proferidas por el Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Medellín y Tribunal
13 Corte Constitucional, Sentencia SU-018 de 2024, T-354 de 2023, SU-027 de 2021.
14 Corte Constitucional, Sentencia SU-050 de 2022.
15 Corte Constitucional, Sentencia SU-048 de 2022 y Sentencia C-591 de 2005.
16 Corte Constitucional, Sentencia SU-157 de 2021.
17 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012, T-
951 de 2013 y T-373 de 2014 y SU-055 de 2015. Se advierte que esta última providencia no eliminó
esa posibilidad.
18 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
19 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
20 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03539-00
Accionante: Harold Arbeláez Duque
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y Otro.
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Administrativo de Antioquia, las cuales presuntamente vulneraron los derechos
fundamentales invocados. Esto se debe a que el actor figuró como demandante en
el proceso que culminó con las decisiones impugnadas.
23. De igual manera, se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la
causa por pasiva, en la medida en que la acción de tutela se dirigió contra el
Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Medellín y Tribunal Administrativo de
Antioquia, autoridades judiciales que dictaron las providencias a las que se le
atribuye la trasgresión de los derechos fundamentales reclamados por el tutelante.
El requisito de relevancia constitucional.
24. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.
25. La Corte Constitucional indicó21que la tutela contra providencias judiciales no
puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias, ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los
derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial.
26. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de
amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en el evento
en que se pretende reabrir el debate22: (i) el debate debe recaer sobre un asunto
constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe relacionarse con
un debate jurídico que se centre al contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el desarrollo eficaz de
la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso adicional para reabrir
debates exclusivamente legales.
27. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
trasgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia23.
21 Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.
22 Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
23 Corte Constitucional, Sentencia SU-134 de 2022.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03539-00
Accionante: Harold Arbeláez Duque
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y Otro.
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
28. Sobre el particular, se considera que la demanda de tutela no supera el requisito
de relevancia constitucional respecto de los defectos alegados, como se mostrará
a continuación:
29. El defecto sustantivo no supera el requisito de relevancia constitucional. El
accionante dirigió su inconformidad hacia la interpretación del artículo 159 del
Código Nacional de Tránsito, pero no demuestra cómo dicha interpretación vulnera
sus derechos fundamentales ni explica su impacto sobre estos. En realidad, el
debate es de índole legal, al restringirse a cuestionar la aplicación de los criterios
que utilizaron las autoridades accionadas para declarar que el actor tenía pendiente
por agotar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Lo que se
observa es una inconformidad con la decisión adoptada por el juez ordinario, lo cual
por sí solo, no habilita la intervención del juez constitucional.
30. Frente al supuesto desconocimiento del precedente, la sala advierte que quien
promueva una acción de tutela contra providencias judiciales debe asumir una carga
argumentativa suficiente, mediante la cual exponga de manera clara y razonada
como la decisión judicial impugnada vulneró gravemente un derecho fundamental
por desconocer un precedente vinculante aplicable al caso. En la presente acción,
el solicitante se limitó a mencionar el desconocimiento del precedente del Consejo
de Estado, sin demostrar la configuración del defecto por desconocimiento del
precedente. En efecto, no acreditó: (i) la existencia de hechos análogos entre su
situación y los contenidos en los fallos que supuestamente no se utilizaron; (ii) la
existencia de una regla jurisprudencial vinculante a su situación; y (iii) el
desconocimiento de dicha regla, al punto que fuera contradictoria a lo decidido en
las providencias impugnadas.
31. Los defectos fáctico y procedimental absoluto tampoco satisfacen el requisito
de relevancia constitucional. El tutelante se limitó a enunciar de manera abstracta,
la existencia de estos defectos, sin exponer de forma clara, articulada y
fundamentada cómo las supuestas irregularidades vulneraron sus derechos
fundamentales. En particular, el tutelante no cumplió con la carga de demostrar de
qué manera los presuntos defectos procesales y probatorios influyeron en la
decisión de las autoridades judiciales de declarar que le faltaba agotar el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.
32. A juicio de esta Sala, el requisito de relevancia constitucional exige que el actor
invoque un derecho fundamental, y además demuestre de manera clara y concreta
cómo la decisión judicial impugnada vulneró dicha garantía. No basta con afirmar
genéricamente una afectación, por lo que es necesario identificar con precisión en
qué consiste la presunta lesión, de forma que la acción de tutela no se convierta en
un mecanismo para expresar simple inconformidad con la providencia adoptada ni
en una vía paralela o adicional al proceso judicial ordinario.
33. En suma, los defectos alegados no superan el requisito general de relevancia
constitucional. La acción de tutela es utilizada por el peticionario como una instancia
adicional, dirigida a reiterar inconformidades ya debatidas en el proceso contencioso
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03539-00
Accionante: Harold Arbeláez Duque
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y Otro.
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
administrativo24. Resulta oportuno recordar que la tutela no constituye un recurso
alternativo frente a providencias desfavorables ni puede emplearse para revivir
controversias que ya fueron objeto de pronunciamiento en el marco del proceso
ordinario.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por Harold
Arbeláez Duque, por no satisfacer el requisito general de relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
24 Identificado con número: 05001-33-33-013-2025-00114-00/01.
8
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