Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03549-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03549-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-03549-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
10 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03549-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: JOSÉ MARÍA ROMERO ORTEGA
TESIS: DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO RESPECTO DE LA ALEGADA VULNERACIÓN AL DERECHO
DE PETICIÓN POR PARTE A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,
COMOQUIERA QUE EN EL TRÁMITE CONSTITUCIONAL DIO
TRASLADO DE LA SOLICITUD A LA ENTIDAD COMPETENTE. AMPARA
EL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN FRENTE A
COLPENSIONES, PUES NO SE EVIDENCIA QUE HAYA DADO
RESPUESTA A LA SOLICITUD QUE LE FUE TRASLADADA DESDE EL
16 DE JUNIO DE 2025. DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPARO
SOLICITADO POR FALTA DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD EN
CUANTO A COLPENSIONES Y PORVENIR S.A., TODA VEZ QUE LA
ACCIÓN DE TUTELA NO RESULTA PROCEDENTE PARA SOLICITAR
TRASLADO PENSIONAL. OTRO MEDIOS DE DEFENSA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: PETICIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y
LIBRE ESCOGENCIA DEL RÉGIMEN PENSIONAL.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, la
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03549-00
Actor: JOSÉ MARÍA ROMERO ORTEGA
COLPENSIONES1- y el FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.2
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
El señor JOSÉ MARÍA ROMERO ORTEGA, actuando a través de
apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales de petición, a la seguridad social, a la libre
escogencia del régimen pensional y al principio de eficacia
administrativa, los cuales estima vulnerados por la PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA, COLPENSIONES y PORVENIR S.A. al no
haber trasladado a la entidad competente la solicitud presentada, vía
electrónica, el 31 de marzo de 2025 y al omitir realizar el traslado de
fondo pensional solicitado.
I.2. Hechos
Manifestó que, mediante petición de 31 de marzo de 2025
presentada ante la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, solicitó el
1
En adelante Colpensiones.
2
En adelante Porvenir S.A.
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traslado del fondo pensional PORVENIR S.A. al régimen de prima
media administrado por COLPENSIONES.
Indicó que la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA remitió la petición
a la Superintendencia Financiera y no a COLPENSIONES, como si
se tratara de una queja, lo cual desnaturalizó su solicitud.
Afirmó que PORVENIR S.A. mediante respuesta de 21 de abril de
2025, le indicó que debía realizar la doble asesoría, ignorando que
su petición ya incluía la solicitud expresa de la doble asesoría y
traslado.
Sostuvo que, ante la falta de remisión de la petición por parte de la
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, COLPENSIONES tampoco realizó
trámite alguno referente a su solicitud de traslado.
Refirió que tiene 67 años, cuenta con 1.323 semanas de cotización y
ya realizó la doble asesoría exigida.
I.3 Fundamentos de la solicitud
A juicio de la parte actora, la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
desvió su solicitud como una queja, en lugar de darle el trámite al
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derecho de petición de traslado entre regímenes, por lo que la
demora injustificada en el traslado afecta su derecho a una pensión
oportuna.
Aseveró que COLPENSIONES y PORVENIR S.A., se han abstenido
de darle trámite a su petición, pese a que ya realizó la doble asesoría
y cumple con los requisitos legales para el efecto.
I.4. Pretensiones
El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados
y, en consecuencia:
“[…] 1. Contra la Presidencia de la República:
Ordenar el traslado inmediato de mi derecho de petición a
Colpensiones, para que sea tratado como una solicitud de
traslado y no como una queja.
2. Contra Porvenir y Colpensiones:
Ordenar que, en un plazo máximo de 10 días, efectúen el traslado
de mi afiliación, dado que ya cumplí con todos los requisitos
(incluida la doble asesoría).
Exigir a ambas entidades que coordinen el proceso y me informen
por escrito los pasos realizados […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- COLPENSIONES indicó que lo solicitado por el actor
desnaturaliza este mecanismo constitucional de carácter subsidiario
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y residual, pues no ha realizado el procedimiento idóneo para el
efecto, comoquiera que no ha radicado solicitud de copia de su
expediente pensional, de tal forma que no ha tenido la oportunidad
de pronunciarse sobre las pretensiones de amparo.
En efecto, aseguró que no ha vulnerado derecho fundamental alguno,
pues actualmente no tiene petición o trámite pendiente por resolver
en favor del accionante.
Destacó que la solicitud de amparo se torna improcedente, pues
busca a través de este mecanismo que se realice el traslado de
régimen pensional, pese a que no ha efectuado los trámites
pertinentes para el efecto, comoquiera que el actor puede radicar el
formulario correspondiente a su solicitud, junto con los documentos
necesarios de acuerdo a la prestación que requiera, para que se le
pueda dar una respuesta de fondo, clara y concreta y si, ante dicha
respuesta presenta desacuerdo puede agotar los procedimientos
administrativos y judiciales dispuestos para tal fin.
I.5.2.- PORVENIR S.A. informó que recibió por medio de la
Superintendencia Financiera la solicitud del actor, por lo que
mediante oficio de 21 de abril de 2025 dio respuesta en la cual ilustra
al accionante el proceso para ejercer dicha opción de traslado.
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Destacó que si bien el actor afirma haber efectuado el trámite para
la doble asesoría, no allega prueba o constancia de haber acudido a
COLPENSIONES o a PORVENIR S.A. para tales efectos, de hecho
en su plataforma no se evidencia registro alguno de doble asesoría,
lo que hace improcedente la solicitud de amparo.
Por lo anterior, solicita que se declare improcedente la acción de
tutela de la referencia y que se le desvincule del presente trámite
pues es ajena a cualquier vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales invocados, por lo que carece de legitimación en la
causa por pasiva.
I.5.3.- La PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA sostuvo que no se
han vulnerado los derechos fundamentales del actor, debido a que
las pretensiones del accionante van dirigidas a que se dé respuesta
a un derecho de petición que ya fue contestado de fondo y bajo el
margen de sus facultades legales.
Para el efecto, refirió que mediante oficio OFI25-00114338 / GFPU
13150000 de 16 de junio de 2025, le comunicó al actor que su
petición fue trasladada a COLPENSIONES y a PORVENIR S.A.,
para que actúen conforme a sus competencias, de tal forma que la
acción de tutela debe ser denegada ante la presencia de un hecho
superado.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Cuestión previa
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la
sentencia.
La Sala advierte que PORVENIR S.A. solicitó su desvinculación en
la presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por
pasiva.
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Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
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demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que una de las pretensiones de la acción de tutela de la
referencia está encaminada a que PORVENIR S.A. efectué el
traslado de régimen pensional del actor a COLPENSIONES, le asiste
interés directo en las resultas del proceso, por lo que la Sala concluye
que corresponde denegar la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en
la parte resolutiva de la presente providencia.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19913. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
3
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
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Caso concreto
A través de la presente acción de tutela el actor pretende que se
amparen sus derechos fundamentales de petición, a la seguridad
social, a la libre escogencia del régimen pensional y al principio de
eficacia administrativa y que, como consecuencia de ello, se ordene
a la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA a remitir la petición
presentada, vía electrónica, el 31 de marzo de 2025, a
COLPENSIONES y; además, que se ordene a esta última entidad y
a PORVENIR S.A., que efectúen su traslado de régimen pensional,
por cumplimento de los requisitos para el efecto.
En ese orden de ideas, la Sala procederá a determinar i) si la
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA vulneró el derecho fundamental
de petición del actor al omitir trasladar su solicitud a la entidad
competente; y ii) si resulta procedente la acción de tutela para
solicitar el traslado de fondo pensional solicitado.
Del derecho de petición
El derecho de petición se encuentra establecido en el artículo 23 de
la Constitución Política, que textualmente indica:
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“[…] Toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales […]”.
Respecto del derecho de petición, la Jurisprudencia de la Corte
Constitucional, entre otras, en sentencia C-818 de 20114, estableció
que:
“[…] En relación con lo que debe entenderse como elementos
estructurales esenciales del derecho fundamental de
petición, reiteradamente, la Corporación ha señalado que estos se
constituyen en la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos
respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se
nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas. Sobre el
particular, la Sentencia T-490 de 2005, reiterada por la Sentencia
T-1130 de 2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006 y T-108 de 2006,
señaló:
“En lo que concierne al derecho de petición, considera la Sala
que conforme a las reglas que en esa materia ha fijado esta
Corporación y que se encuentran contenidas, entre otras, en
la Sentencia T-466 de 2004, el núcleo esencial del derecho de
petición reside en la resolución pronta y oportuna de la
cuestión, el cual en el asunto de la referencia resulta lesionado
puesto que el Seguro Social, según se ha reseñado, no
demostró haber dado respuesta a la petición del actor
formulada el 5 de noviembre de 2003. Esta sola circunstancia
impedía al a-quo dar aplicación al artículo 26 del Decreto 2591
de 1991”.
En igual sentido, en la Sentencia T- 147 de 2006, se dijo:
“La abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional en
materia de características esenciales del derecho de
petición, cuyo núcleo esencial reside en la resolución pronta y
oportuna de la cuestión, tiene como presupuesto esencial una
de dos circunstancias: (i) que al accionante no se le permita
presentar petición, o (ii) que exista presentación de una
solicitud por parte del accionante. En este sentido, la
vulneración del derecho de petición se presentará o bien por
4
M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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la negativa de un agente de recibir la respectiva petición o
frustrar su presentación – circunstancia (i)-; o bien que
habiendo presentado una petición respetuosa no ha obtenido
respuesta, o que la solicitud presentada no fue atendida
debidamente –circunstancia (ii).”
De la misma manera, las Sentencias T-1160A de 2001, T-1889 de
2001, T-846 de 2003, T-306 de 2003, T-447 de 2003, T-855 de
2004, T-734 de 2004, T-915 de 2004, T-192 de 2007, T-243 de
2008, T-325 de 2010, entre muchas otras, han señalado que el
derecho de petición en su contenido comprende los siguientes
elementos: (i) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas;
(ii) una respuesta que debe ser pronta y oportuna, es decir
otorgada dentro de los términos establecidos en el ordenamiento
jurídico, así como clara, precisa y de fondo o material, que supone
que la autoridad competente se pronuncie sobre la materia propia
de la solicitud y de manera completa y congruente, es decir sin
evasivas, respecto a todos y cada uno de los asuntos planteados
y (iii) una pronta comunicación de lo decidido al peticionario,
independientemente de que la respuesta sea favorable o no, pues
no necesariamente se debe acceder a lo pedido […]”.
El derecho de petición es considerado fundamental y determinante
para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.
Además, porque mediante él se garantizan otros derechos
constitucionales, como el de información, participación política y
libertad de expresión.
Asimismo, que el núcleo esencial de dicho derecho reside en la
resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la
posibilidad de dirigirse a la autoridad si esta no resuelve o se reserva
para sí el sentido de lo decidido.
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Que por ello, la respuesta debe cumplir con estos requisitos: ser
oportuna; debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera
congruente con lo solicitado; ser puesta en conocimiento del
peticionario. Si la misma no cumple con estos parámetros se incurre
en una vulneración del derecho constitucional fundamental de
petición.
Por su parte, la Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 20155 se
ocupó de regular el derecho fundamental de petición y sustituyó el
Título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
En lo pertinente al objeto y modalidades del derecho de petición, se
refirió así la citada Ley:
“[…] Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de
petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los
términos señalados en este código, por motivos de interés
general o particular, y a obtener pronta resolución completa y
de fondo sobre la misma.
Toda actuación que inicie cualquier persona ante las
autoridades implica el ejercicio del derecho de petición
consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que
sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones,
se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la
intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una
situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir
información, consultar, examinar y requerir copias de
5
“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos
e interponer recursos.
El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede
realizarse sin necesidad de representación a través de
abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores en
relación a las entidades dedicadas a su protección o formación
[…]”.
En cuanto al término para resolver las distintas peticiones, la Ley
1755 estableció que es de quince (15) días siguientes a su recepción,
excepto cuando se trate de peticiones de documentos y de
información o consultas a las autoridades en relación con las
materias a su cargo, cuyo plazo es de diez (10) y treinta (30) días,
respectivamente. En todo caso, si no es posible resolver la petición
en los plazos señalados, la autoridad debe informar esa circunstancia
al interesado, antes del vencimiento del término señalado,
precisando los motivos de la demora y el plazo razonable en que se
dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto.
Por último, si la autoridad a la que se dirige la petición no es la
competente, debe informar de inmediato al interesado si este actúa
verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la
recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado debe
remitir la petición al competente y enviar copia del oficio remisorio
al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se
lo comunicará (Ley 1755, artículo 21).
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Descendiendo al caso concreto, visto el marco normativo y
jurisprudencial aplicable al caso bajo estudio, la Sala procede a
verificar si la petición presentada, vía electrónica, el 31 de marzo de
2025, por medio de la cual solicitó el traslado pensional, fue remitida
por la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA a la entidad competente,
esto es, a COLPENSIONES, tal como lo pretende el actor.
La Sala observa de las pruebas aportadas por la PRESIDENCIA DE
LA REPÚBLICA que la petición presentada por el actor el 31 de
marzo de 2025 fue remitida a COLPENSIONES mediante oficio
OFI25-00114490 / GFPU 13150000 de 16 de junio de ese año, de tal
forma que la situación que alega el actor como vulneradora de sus
derechos fundamentales ya desapareció, tal y como se observa a
continuación:
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Verificado lo anterior, la Sala observa que comoquiera que una de las
pretensiones de la acción de tutela de la referencia era que la
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA trasladara la petición formulada
por el actor el 31 de marzo de 2025 a COLPENSIONES, lo cual ya
sucedió en el trámite de la presente acción constitucional 6, se
advierte que las circunstancias fácticas que generaron la presunta
vulneración desaparecieron y se entiende que se ha configurado la
carencia actual de objeto, por hecho superado.
Sobre el particular, cabe traer a colación el concepto de la carencia
actual de objeto desarrollado por la Corte Constitucional en la
sentencia T-653 de 2017, que lo define como «la imposibilidad
material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna
orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han
sido encomendados»7. Y en la misma sentencia se precisó que el
fenómeno previamente descrito puede materializarse a través de las
siguientes figuras:
“[…] (i) Daño consumado, consiste en que, a partir de la vulneración
que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que
con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la
imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se
concrete el peligro, no es factible que el juez constitucional dé una
orden al respecto.
6
Situación que fue puesta de presente al actor mediante oficio OFI25-00114338 / GFPU 13150000 de
16 de junio de 2025.
7
Magistrado Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo.
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El daño consumado supone que no es posible hacer cesar la violación
o impedir que se concrete el peligro y, por ello, tan solo es
procedente el resarcimiento del daño originado por la violación del
derecho. Cuando al momento de la interposición de la acción de
tutela el daño ya está consumado, por regla general, esta resulta
improcedente, puesto que dicha acción tiene una finalidad
preventiva y no indemnizatoria.
(ii) Hecho superado, comprende el supuesto de hecho en el
que, entre el momento en que se interpone la demanda de
amparo y el fallo se evidencia que, como producto del obrar
de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a los
derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la
conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por
tanto, se superó la afectación y resulta inocua cualquier
intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr
la protección de unos derechos que, en la actualidad, no se
encuentran afectados ni amenazados (regulada en el artículo 26
del Decreto 2591 de 1991) .
(iii) Acaecimiento de una situación sobreviniente, se presenta en
casos en que como producto del acaecimiento de una situación
sobreviniente cuyo origen no está en el accionar de la parte
demandada, la vulneración predicada ya no tiene lugar, ya sea
porque el actor asumió la carga que no le correspondía, porque a
raíz de dicha situación perdió interés en el resultado de la litis, o por
cualquier otro hecho que haga inútil o innecesaria la intervención del
juez de tutela […]”8. (Se resalta).
En el mismo sentido, esta Sala, en relación con eventos en los cuales
se ha dado cumplimiento a lo perseguido por la parte actora, ha
indicado lo siguiente:
“[…] La acción de tutela se concibió para obtener la protección
efectiva y oportuna de los derechos fundamentales amenazados o
vulnerados. Ello permite entender que si durante su trámite cesan o
desaparecen los motivos que generan la amenaza o la vulneración, o
su consumación impide el ejercicio del derecho, el objeto o la
pretensión perseguida deja de ser exigible o pierde su efecto
necesario, al punto de no existir el motivo u objeto que justifica la
intervención preferente del juez constitucional. Se sigue de lo dicho,
que la carencia actual de objeto se presenta a través de dos eventos,
8
Ibídem.
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Actor: JOSÉ MARÍA ROMERO ORTEGA
a saber: el hecho superado y el daño consumado. El primero acaece
cuando se supera la afectación de tal manera que el pronunciamiento
del juez pierde su finalidad constitucional por cuanto la decisión que
pudiere adoptar sería inocua y contraria al objetivo de protección
inmediata y efectiva constitucionalmente previsto, o en el evento en
que ya no hay lugar a ordenar lo pretendido por cuanto con ello no se
va a lograr el amparo solicitado. La jurisprudencia constitucional lo
explica así: La carencia actual de objeto por hecho superado se da
cuando entre el momento de la interposición de la acción de tutela y
el momento del fallo se satisface por completo la pretensión contenida
en la demanda de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial
en tal sentido se torna innecesaria, En otras palabras, aquello que se
pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido
antes de que el mismo diera orden alguna […]”9.
Consecuente con lo anterior, comoquiera que tal hecho ha sido
superado, la Sala declarará la carencia actual de objeto respecto de
la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, como en efecto se dispondrá
en la parte resolutiva de esta providencia.
Ahora, en cuanto a COLPENSIONES, la Sala advierte que la petición
del actor fue trasladada por la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA a
dicha entidad el 16 de junio de la presente anualidad, sin que obre
prueba en el expediente que acredite que al señor ROMERO
ORTEGA le fue dada una respuesta de fondo, clara, precisa y
congruente frente a la solicitud de traslado.
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente:
Roberto Augusto Serrato Valdés. Bogotá, D.C., 14 abril de 2016. Radicación número: 54001-23-33-
000-2016-00061-01(AC). Actor: Yorman Mauricio Tobos Peñaranda. Demandado: Ministerio de Defensa
Nacional - Ejército Nacional - Dirección de Sanidad.
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En ese orden de ideas, comoquiera que no se encuentra probado que
COLPENSIONES haya dado respuesta a la solicitud efectuada por el
actor, la Sala concederá el amparo al derecho de petición y, en
consecuencia, se ordenará a COLPENSIONES que, en el término de
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
providencia, responda de fondo y de manera clara, precisa, completa
y congruente con el contenido de la petición presentada por el señor
JOSÉ MARÍA ROMERO ORTEGA y que le fue trasladada el 16 de
junio de 2025, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
la presente providencia.
De la improcedencia de la acción de tutela para solicitar
traslado pensional por carecer del requisito de subsidiariedad
Al respecto, cabe señalar que el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991
prevé como causal de improcedencia que «existan otros recursos
o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante» (Subrayas y negrillas fuera del texto).
Lo anterior significa, que este mecanismo de amparo ostenta un
carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente
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cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales
para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo
tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en
aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.
Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,
afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los
derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural
idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las
competencias establecidas por el legislador.
No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de
un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría
intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos
fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo
contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de
amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que
se dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe
conocer del fondo del asunto.»10 (Subrayas y negrillas fuera del
texto).
10
Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente doctor Jorge
Iván Palacio Palacio.
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Ahora bien, descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la
pretensión relativa a que, a través de este mecanismo constitucional
se ordene a COLPENSIONES y a PORVENIR S.A. el traslado de
régimen pensional del actor, resulta improcedente, comoquiera que
no es el medio judicial idóneo para invocar tal solicitud, pues para
ello el accionante debe acudir, en primer lugar, al trámite dispuesto
por las administradoras de pensiones para el efecto, tal como le fue
expuesto el procedimiento por PORVENIR S.A. mediante respuesta
de 21 de abril de 2025 y, en segundo lugar, en caso de que su
respuesta no sea favorable a sus intereses, puede recurrir a la
jurisdicción ordinaria, por lo que ante la existencia de tales
mecanismos, le está vedado al juez constitucional sustituir al
funcionario competente.
En efecto, la Corte Constitucional11 ha dispuesto que la acción de
tutela no resulta procedente para solicitar el traslado pensional, tal
como se evidencia de la transcripción dispuesta a continuación:
“[…] En el caso bajo estudio, la Sala Quinta de Revisión considera
que no se cumple con el requisito de subsidiariedad, teniendo en
consideración lo siguiente:
(i) Existe otro mecanismo de defensa judicial idóneo y
efectivo. El conflicto planteado por la accionante recae
sobre el traslado del régimen pensional. Según el artículo 2º,
inciso 2º del Decreto Ley 2158 de 1948 (Código Procesal del
Trabajo), la jurisdicción ordinaria laboral es la competente para
conocer “controversias, ejecuciones y recursos que le atribuya la
legislación sobre el Instituto de Seguro Social; y de las diferencias
11
Corte Constitucional, sentencia T-359 de 8 de agosto de 2019. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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que surjan entre las entidades públicas y privadas, del régimen de
seguridad social integral y sus afiliados”. En concordancia, la Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al
conocer este proceso en segunda instancia, señaló que la
demandante puede acudir a la jurisdicción ordinaria para resolver
el presente conflicto, proceso “caracterizado por la oralidad”. En
igual sentido, esta Sala evidencia que la accionante cuenta con los
mecanismos de defensa judicial ante la jurisdicción ordinaria
laboral, los cuales son idóneos y eficaces, en la medida en que se
encuentran regulados para resolver precisamente este tipo de
controversias judiciales y, por su naturaleza, permiten una
respuesta oportuna de la administración de justicia […]”.
Tal postura ha sido reiterada por el Alto Tribunal Constitucional12, en
lo que respecta a controversias que se suscitan entre los beneficiarios
del Sistema General de Pensiones y las administradoras de Seguridad
Social, de la siguiente manera:
“[…] Adicionalmente, la improcedencia general de la acción de
tutela con fines pensionales se funda en la existencia de otro medio
de defensa judicial, ya que los litigios que surjan entre afiliados o
beneficiarios del Sistema General de Pensiones y las entidades
administradoras de Seguridad Social, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social, son competencia de la Jurisdicción Ordinaria
Laboral y de la Seguridad Social, salvo que se trate de servidores
públicos que tengan relación legal y reglamentaria y la entidad del
Sistema de Seguridad Social, sea de naturaleza pública, caso en el
cual, el asunto compete a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, de conformidad con el numeral 4 del artículo 104
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA) […]”.
Aunado a lo anterior, con el fin de analizar si en el presente caso se
configura la existencia de un perjuicio irremediable que haga
procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, la Sala
12
Corte Constitucional, sentencia T-352 de 2 de agosto de 2019. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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se remite a lo dispuesto por la Corte Constitucional 13 que, frente al
tema, ha sostenido lo siguiente:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta
Corporación ha precisado que éste debe reunir las
siguientes características: “debe ser inminente o próximo a
suceder. Este exige un considerable grado de certeza y
suficientes elementos fácticos que así lo demuestren,
tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el
perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un
detrimento sobre un bien altamente significativo para la
persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas
urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una
doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a
la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice
con las particularidades del caso. Por último, las medidas
de protección deben ser impostergables, esto es, que
respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de
evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable
[…]”.
De acuerdo con lo expuesto en precedencia, la Sala no advierte la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción
de tutela de la referencia como mecanismo transitorio, dado que de
las circunstancias fácticas probadas se pueda advertir tal situación.
En las condiciones anotadas, la Sala concluye que la solicitud de
amparo de la referencia, frente a la pretensión relativa a que se
ordene a COLPENSIONES y a PROVENIR S.A., el traslado de
régimen pensional solicitado debe ser declarada improcedente por
no cumplirse el requisito de la subsidiariedad, como en efecto se
13
Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por el FONDO DE
PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR
HECHO SUPERADO respecto de la PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del actor
y, en consecuencia, ORDENAR a la ADMINISTRADORA
COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, que, en el
término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de
esta providencia, dé respuesta de fondo, completa, clara, precisa y
congruente con lo solicitado por el señor JOSÉ MARÍA ROMERO
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Actor: JOSÉ MARÍA ROMERO ORTEGA
ORTEGA el 31 de marzo de 2025, petición que le fue trasladada el 16
de junio del presente año.
CUARTO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado en lo
referente a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
-COLPENSIONES- y el FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A. por no cumplirse el requisito de la subsidiariedad,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
QUINTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
SEXTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede
en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de julio de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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