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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03550-00

Fecha
1 de agosto de 2025
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03550-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por José Gregorio Botello Ortega contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otros, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03550-00

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

1 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., primero (1) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

RADICACIÓN NÚMERO: 11001-03-15-000-2025-03550-00
ACCIONANTE: JOSÉ GREGORIO BOTELLO ORTEGA
AUTORIDAD: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE
SANTANDER Y OTROS
PROCESO: ACCIÓN DE TUTELA
ASUNTO: SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario.

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por José Gregorio Botello Ortega contra el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el Juzgado Tercero Administrativo Oral
del Circuito de Cúcuta y la alcaldía de Cúcuta.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 10 de junio de 2025, José Gregorio Botello Ortega, en nombre propio y en calidad de
veedor ciudadano y defensor de derechos humanos, formuló acción de tutela con el fin
de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a
la administración de justicia, a la protección del patrimonio público, a la moralidad
administrativa, a la sostenibilidad fiscal, a la legalidad del gasto público, a la participación
y al control social, que considera vulnerados por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander al haber proferido las providencias del 28 de mayo y 6 de junio de 2025, en el
marco del proceso de protección de derechos e intereses colectivos1 que adelantó Luis
Hernando Barrios Ortiz contra el municipio de San José de Cúcuta y otros2, en el cual el
accionante funge como coadyuvante, y la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y el Departamento Nacional de Planeación como vinculados.

1 Identificado con el Radicado No. 54001-33-33-003-2024-00365-01
2 El Concejo Municipal de San José de Cúcuta, Financiera de Desarrollo Territorial S.A.-Findeter y Bancolombia S.A..

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Accionante: José Gregorio Botello Ortega
Acción de tutela – sentencia de primera instancia

En virtud de la acción de tutela, solicita que los derechos que considera vulnerados sean
protegidos. En consecuencia, solicita (se transcriben las pretensiones, incluso con
errores):

«TERCERO. DECLARE que el Auto del Tribunal Administrativo de Norte de
Santander de fecha 6 de junio de 2025 constituye una vía de hecho judicial
por omisión, al haber revocado sin fundamento técnico ni probatorio suficiente la
medida cautelar inicial decretada para prevenir un daño fiscal y presupuestal grave
al municipio.

CUARTO. DEJE SIN EFECTOS el Auto del Tribunal y el Auto de modificación
parcial proferido el 28 de mayo de 2025 por el Juzgado Tercero
Administrativo Oral de Cúcuta, por constituir ambos actos judiciales contrarios a
los principios de prevención, precaución y legalidad del control fiscal y
presupuestal.

QUINTO. RESTABLEZCA ÍNTEGRAMENTE LA MEDIDA CAUTELAR INICIAL
decretada el 6 de marzo de 2025 por el Juzgado Tercero Administrativo Oral
de Cúcuta, ordenando su vigencia de forma temporal mientras se profiere fallo
de fondo dentro de la acción popular, con el fin de evitar que se materialicen los
riesgos advertidos sobre el empréstito.

[…]

DÉCIMO. ORDENE la instalación de una mesa técnica o interinstitucional, con
participación del accionante, autoridades municipales, entidades financieras
involucradas, entes de control y expertos independientes, con el fin de revisar
integralmente la sostenibilidad, legalidad y pertinencia del empréstito aprobado
mediante Acuerdo 029 de 2024 y sus actos derivados, garantizando transparencia,
rendición de cuentas y participación ciudadana.

DÉCIMO PRIMERO. SOLICITE a los órganos de control y vigilancia
(Contraloría, Procuraduría, Personería y Fiscalía) emitir concepto técnico y
preventivo dentro de los términos de sus competencias, respecto a los riesgos
advertidos sobre el empréstito y su ejecución, a fin de evitar la configuración de
daños fiscales, disciplinarios o penales.

DÉCIMO SEGUNDO. EXHORTE a los jueces de la jurisdicción contencioso-
administrativa a aplicar los estándares constitucionales y jurisprudenciales en
materia de tutela de derechos colectivos, especialmente los principios de
precaución, sostenibilidad fiscal, eficacia y prevención del daño irreparable.

DÉCIMO TERCERO. REMITA COPIA de esta tutela, con sus anexos y
decisiones que se llegaren a adoptar, a la Corte Constitucional, a los efectos de
seguimiento, eventual revisión y generación de jurisprudencia unificada sobre el
rol de las medidas cautelares en la defensa efectiva de los derechos colectivos y
el control del gasto público en entidades territoriales.».

2. Hechos relevantes

El 11 de diciembre de 2024, el ciudadano Luis Hernando Barrios Ortiz radicó una
demanda en contra del Municipio de San José de Cúcuta, de su Concejo Municipal, de

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Findeter S.A. y de Bancolombia S.A., en ejercicio del medio de control de protección de
derechos e intereses colectivos. La demanda solicitó la protección de los derechos
colectivos a la moralidad administrativa, entre otros, que se deje sin efecto el Acuerdo
No. 022 de 2024 por medio del cual el Concejo Municipal de Cúcuta aprobó que la
Alcaldía contrate un empréstito hasta por doscientos ochenta y siete mil quinientos
millones de pesos ($287.500.000.000). La demanda incluyó una solicitud de medida
cautelar de urgencia, consistente en que:

«se ordene de manera provisional, la suspensión inmediata de cualquier
desembolso o gestión adicional relacionada con este crédito, hasta que se
presente una evaluación completa e independiente sobre su impacto fiscal y
financiero. Asimismo, se solicita vincular a las entidades financieras involucradas,
como Bancolombia y Findeter, para garantizar que se abstengan de realizar
operaciones relacionadas con este empréstito mientras no se resuelva de fondo
esta acción».

El asunto correspondió al Juzgado Tercero Administrativo Oral de Cúcuta. El 13 de enero
de 2025 admitió la demanda e informó a la comunidad de esta decisión. El mismo día, el
juez decidió no dar trámite de urgencia a la medida y correr traslado de la misma.

El accionante solicitó ser reconocido como coadyuvante en el proceso mediante memorial
del 20 de enero de 2025, mientras se surtían los traslados de la demanda y de la medida
cautelar. El 5 de febrero siguiente, el juzgado admitió su solicitud de intervención. El 10
del mismo mes, el accionante solicitó el decreto de la medida cautelar.

El 6 de marzo de 2025, el juzgado decretó la medida cautelar y ordenó la suspensión
inmediata de cualquier gestión de cara al Acuerdo 022 de 2024. Además, ordenó que
Bancolombia S.A. se abstuviera de desembolsar cualquier crédito solicitado o celebrado
por el Municipio de San José de Cúcuta, por virtud de dicho Acuerdo.

El municipio accionado, por medio de apoderado judicial, interpuso recurso de apelación
contra el referido auto, al considerar que la medida no era razonable ni proporcionada. El
recurso se concedió ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante auto
del 19 de marzo siguiente.

Mientras se surtía el trámite de la alzada, Martín Alberto Santos Díaz, coadyuvante de la
parte demandada que solicitó intervenir en el proceso el 20 de enero de 2025, interpeló,
por medio de un oficio remitido el 26 de mayo del año en curso, para que se evaluara la
posibilidad de modificar la medida cautelar oficiosamente, dado que no se enmarca en

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las competencias del juez administrativo establecidas en el artículo 229 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-, porque
implicaba la suspensión de un contrato estatal. El coadyuvante allegó jurisprudencia de
la Sección Tercera de esta Corporación en ese sentido, e invocó el artículo 235 del mismo
código, que establece que la medida «podrá ser modificada o revocada en cualquier
estado del proceso, de oficio o a petición de parte, cuando el juez […] advierta que no se
cumplieron los requisitos para su otorgamiento».

Mediante auto del 28 de marzo de 2025, el juzgado accionado modificó la medida
cautelar. En ese sentido, advirtió que ya se habían celebrado cuatro contratos de
empréstito:

«1. Contrato de empréstito y pignoración de rentas a largo plazo suscrito con la
entidad banco de BANCOLOMBIA el día dieciséis (16) de octubre de 2024, por
valor total de sesenta y seis mil millones (66.000.000.000) de pesos m/cte.

2. Contrato de empréstito y pignoración de rentas a largo plazo suscrito con la
entidad BANCOLOMBIA el día diecisiete (17) de octubre de 2024, por valor total
de treinta y cuatro mil millones (34.000.000.000) de pesos m/cte.

3. Contrato de empréstito de deuda pública interna y pignoración de rentas suscrito
con la entidad bancaria BANCO DE BOGOTÁ, el día tres (03) de diciembre del año
2024, por valor de noventa mil millones (90.000.000.000) de pesos m/cte.

4. Contrato de empréstito interno de largo plazo de pignoración de rentas celebrado
entre el Municipio de Cúcuta y la entidad bancaria BBVA, el día cuatro (04) de
diciembre de 2024, por valor de noventa y siete mil quinientos (97.500.000.000)
millones de pesos».

Frente a esos hechos, puso de presente dos sentencias de esta Sección3, que indican
que los jueces administrativos no están llamados a suspender el cumplimiento de
contratos estatales a través de las medidas cautelares. Al suscribirse a esa postura, el
Juez Tercero Administrativo Oral de Cúcuta consideró que la suspensión del
cumplimiento de contratos estatales «requiere un acuerdo de voluntades de ambas
partes, situación que no acontece en el presente caso». Por eso, modificó la medida, y
añadió que lo decretado no suspendería el cumplimiento de los contratos ya firmados,
que fueron celebrados antes de la admisión de la demanda.

Ante ello, el 30 de mayo de 2025 el accionante interpuso un recurso de apelación en
contra del auto que modificó las medidas cautelares. En esa oportunidad, planteó que el
auto viola el «principio de eficacia preventiva y extralimitación judicial». Trajo a colación

3 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Auto del 26 de abril de 2021.
Rad. 85001-23-33-000-2020-
00040-01. C.P. Guillermo Sánchez Luque. Subsección B. Rad. 25000-23-41-000-2017-00083-02. C.P. Martín
Bermúdez Muñoz.

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decisiones de esta Corporación, en Sala Plena Contenciosa 4 y Sala Especial de
Decisión5, que se refieren a la competencia de los jueces administrativos en el marco de
la acción popular. Considera el accionante que los contratos estatales no constituyen un
límite a la jurisdicción constitucional, pues la Ley 472 de 1998 permite medidas
provisionales que detengan actuaciones que puedan causar un daño grave o irreparable,
incluyendo la ejecución de contrato que comprometan la moralidad administrativa o el
patrimonio público. Finalmente, consideró que «[e]l razonamiento contenido en el auto
apelado crea un grave precedente: bastaría firmar un contrato rápidamente para blindarlo
del control constitucional, haciendo nugatoria la acción popular como instrumento
preventivo».

Empero, el 6 de junio de 2025, antes de que el juez se pronunciara sobre la solicitud del
accionante, el Tribunal Administrativo profirió auto que revocó la medida cautelar
decretada. El ad quem determinó que, a partir de las pruebas aportadas por las partes
del proceso de protección de derechos e intereses colectivos, «no se puede concluir»
que con el acuerdo y los empréstitos contratados «se amenace o ponga en riesgo el
patrimonio público, la moralidad administrativa y la sostenibilidad fiscal del municipio
[…]».

El Tribunal analizó las pruebas obrantes en el expediente y concluyó que el Municipio de
San José de Cúcuta contaba con capacidad de pago y de endeudamiento, además de
que contaba con estudios técnicos y diseños respecto de los proyectos a los que
pretendía destinar los recursos. Afirmó que «la providencia [de primera instancia] carece
del análisis de las pruebas obrantes en el proceso», que hay «escasa fundamentación
frente a la decisión adoptada, así como una falta de valoración probatoria y de lo
argumentado por la parte demandada, lo cual constituye una flagrante vulneración del
derecho al debido proceso que comporta este tipo de decisiones».

3. Fundamentos de la solicitud

El accionante centra sus argumentos en que la medida cautelar inicialmente decretada
por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Cúcuta el 6 de marzo de 2025 fue adoptada
con base en principios constitucionales como la prevención del daño irreparable, el

4 Consejo de Estado, Sala Plena. Sentencia del 5 de mayo de 2020. Expediente No. 25000-23-15-000-2006-00190-

01(AP). C.P. María Adriana Marín.
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Once Especial De Decisión. Sentencia del

cinco (5) de mayo de dos mil veinte (2020). Rad. 25000-23-15-000-2006-00190-01.

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principio de precaución y la supremacía del interés general. Plantea que la medida
respondía a la verificación de un riesgo cierto e inminente de afectación al patrimonio
público, dada la ausencia de estudios técnicos, la falta de control fiscal previo, el uso de
ingresos no recurrentes como respaldo financiero y una calificación de riesgo degradada
del municipio. Considera que el Tribunal revocó esta medida sin desvirtuar los
fundamentos que la motivaron, sin practicar nuevas pruebas ni realizar un análisis de
proporcionalidad, lo que, según el accionante, configura una omisión judicial grave.

El demandante sostiene que la providencia de segunda instancia incurre en una violación
del principio de sostenibilidad fiscal, al no exigir el cumplimiento de la Ley 819 de 2003,
ni verificar la existencia de estudios de impacto presupuestal, certificaciones de
capacidad de pago o coherencia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Además, critica
que el Tribunal haya adoptado una postura formalista, subordinando la defensa del
interés público a una «presunción de legalidad de los actos administrativos», sin ejercer
el control material que le corresponde al juez de acción popular.

También argumenta que la decisión judicial vulnera el principio de eficacia de los
derechos colectivos, al ignorar las advertencias ciudadanas y desestimar sin motivación
suficiente las pruebas aportadas. En este sentido, denuncia la ausencia de un análisis
riguroso de los criterios de fumus boni iuris, periculum in mora y ponderación de intereses,
que justificaban mantener la medida cautelar. A su juicio, la revocatoria de la medida sin
justificación técnica ni probatoria constituye un «retroceso injustificado» en la protección
de los derechos colectivos, contrario al principio de no regresividad reconocido en el
bloque de constitucionalidad.

4. Trámite procesal

El 16 de junio de 2025 se admitió la acción de tutela6 y se ordenó su notificación a la
autoridad judicial accionada; así como Luis Hernando Barrios Ortiz, al municipio de San
José de Cúcuta, al Concejo Municipal de San José de Cúcuta y Financiera de Desarrollo
Territorial S.A.-Findeter, a la Nación- Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al
Departamento de Planeación Nacional-DNP, como terceros interesados. Se vinculó a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y se publicó la providencia en la página
del Consejo de Estado, para quienes tengan interés en el asunto. Asimismo, se solicitó
al Juzgado Tercero Administrativo Oral de Santander que remitiera copia digital del

6 SAMAI, índice 7.

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Accionante: José Gregorio Botello Ortega
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expediente identificado con el radicado 54001-33-33-003-2024-00365-00/01, contentivo
del proceso de protección de derechos e intereses colectivos adelantado por Luis
Hernando Barrios Ortiz contra el municipio de San José de Cúcuta y otros. En el mismo
auto admisorio, se negó la medida provisional por coincidir en su objeto con las
pretensiones de la acción de tutela.

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en su escrito de contestación7, recopiló
el análisis que adelantó en la providencia enjuiciada y, con base en ese análisis, indicó
que no había vulnerado «derecho fundamental alguno» al accionante y que la decisión
se ajusta a derecho. Por lo anterior, solicitó que se deniegue el amparo.

Por su parte, Findeter S.A.8, una vez recapituló en los hechos que motivaron la acción de
tutela, solicitó que la desvincularan del asunto, por no estar legitimada en la causa pasiva.

La Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público9, por su parte, solicitó que se niegue
el amparo solicitado y, en cualquier caso, que se desvincule a la cartera del proceso.
Argumentó que la acción de tutela no procede para amparar derechos o intereses
colectivos; que no existe vulneración y que su incidencia en el asunto está limitada por la
autonomía de las entidades territoriales.

El accionante allegó un memorial de respuesta a la anterior intervención 10, en el cual
aclaró que la tutela procede para proteger derechos fundamentales cuando exista
conexidad con derechos colectivos. En esa medida, argumentó que el auto enjuiciado
vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y a la «participación efectiva». También replicó los argumentos sobre la
legitimación en la causa del ministerio y sobre la autonomía territorial, manifestando que
dicha cartera había incurrido en omisiones respecto del concepto técnico de viabilidad
fiscal y que la autonomía territorial no es absoluta.

El Departamento Nacional de Planeación 11 solicitó, de igual forma, negar el amparo
solicitado, porque no se advierte un yerro procesal que suscite una vulneración de
derechos en el asunto.

7 SAMAI, índice 17.
8 SAMAI, índice 15.
9 SAMAI, índice 16.
10 SAMAI, índice 18.
11 SAMAI, índice 19.

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En el mismo sentido se pronunció el Municipio de San José de Cúcuta 12, que solicitó
declarar improcedente la acción por no reunir el requisito de relevancia constitucional.
Además, consideró que la acción no acredita ninguno de los requisitos específicos de
procedencia.

II. CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la tutela contra los autos enjuiciados, proferidos por
el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Cúcuta Tribunal Administrativo de Norte
de Santander, cumple con los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales y, de ser el caso, si se vulneraron los derechos fundamentales del
accionante.

6. Análisis de la sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86
de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la acción con arreglo a lo dispuesto por el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo No. 80 del 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede excepcionalmente
contra providencias judiciales, si se advierte la afectación manifiesta y grosera de un
derecho constitucional fundamental13. De conformidad con su jurisprudencia, la tutela
contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: (i) que
la controversia tenga relevancia constitucional; (ii) que el afectado haya agotado todos
los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que
se configure un perjuicio irremediable; (iii) que la tutela se formule con inmediatez; (iv) si
se trata de una irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; (v)
que la solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta
vulneración; vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de
tutela14.

12 SAMAI, índice 20.
13 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
14 Ibidem.

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Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una prueba;
falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un precepto; error
inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del «precedente»
constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación directa de la
Constitución.

Relevancia constitucional

La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional 15:
(i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo cual no basta con
enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se deben expresar las
razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor respecto de tales
derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) Que la tutela no constituya
una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia
acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto constitucional y no meramente
legal y/o económico.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos antes
expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que excluye su
formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen a la
controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional es
consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad de los
jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional. Además de
lo anterior, la Corte indicó que:

«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades principales; a
saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad
de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia

15 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03

15 000 2012 02201 01 (IJ).

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adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal».

Tutela como mecanismo de protección cuando se afectan derechos e intereses
colectivos

La Corte Constitucional, en la sentencia SU-1116 de 2001 16 , precisó que cuando la
vulneración a un derecho fundamental conlleve también la afectación de un interés
colectivo, la acción de tutela procede como mecanismo de protección. Cuando ello
ocurre, la tutela se convierte en el medio adecuado para amparar los derechos vulnerados
o amenazados, prevaleciendo sobre las acciones populares. En la misma decisión, la
Corte reiteró los requisitos para que le tutela proceda y prevalezca en caso de afectación
de un interés colectivo:

«(…) es necesario (i) que exista conexidad entre la vulneración de un derecho
colectivo y la violación o amenaza a un derecho fundamental, de tal suerte que el
daño o la amenaza del derecho fundamental sea "consecuencia inmediata y
directa de la perturbación del derecho colectivo". Además, (ii) el peticionario debe
ser la persona directa o realmente afectada en su derecho fundamental, pues la
acción de tutela es de naturaleza subjetiva; (iii) la vulneración o la amenaza del
derecho fundamental no deben ser hipotéticas sino que deben aparecer
expresamente probadas en el expediente. Y (iv) finalmente, la orden judicial debe
buscar el restablecimiento del derecho fundamental afectado, y "no del derecho
colectivo en sí mismo considerado, pese a que con su decisión resulte protegido,
igualmente, un derecho de esta naturaleza».

Caso concreto

El accionante considera que el Juzgado y el Tribunal accionados vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, al proferir los autos del 28 de mayo y 6 de junio de
2025, respectivamente. Aduce que en este se incurrió en una vía de hecho por omisión,
porque al revocar la medida cautelar de suspensión desconoce normas y principios
constitucionales fundamentales, que rigen la procedencia de medidas cautelares en el
marco de la protección de derechos e intereses colectivos.

De forma preliminar, la Sala advierte que carece de competencia para emitir órdenes
respecto de las pretensiones décima a decimosegunda de la demanda. No solamente
porque la acción de tutela no ofrece indicación de cómo estas medidas contribuirían a
conjurar la vulneración alegada por el accionante, sino porque ordenar asuntos de esta

16 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-1116 de 2001. Criterio reiterado, entre otras, en sentencia T-099 de

2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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índole usurpa competencias administrativas y judiciales, inclusive las del juez del medio
de control. Si bien tanto en la acción de tutela como en la acción popular, el juez
administrativo actúa como juez constitucional, el legislador ha dispuesto la segunda como
vía preferente para salvaguardar los derechos e intereses colectivos que el accionante
pretende amparar mediante esas pretensiones de su acción.

Aun cuando la jurisprudencia constitucional ha señalado que la tutela procede respecto
de intereses colectivos cuando estos han sido afectados por la vulneración de un derecho
fundamental conexo, la Sala no advierte dicha conexidad respecto de las peticiones
analizadas, porque no buscan el restablecimiento de un derecho fundamental, sino del
interés colectivo en sí mismo. Por lo anterior, dichas pretensiones no se estudiarán por
improcedentes, al no estar relacionadas con una acción u omisión que vulnere sus
derechos fundamentales.

Dicho esto, corresponde a la Sala pronunciarse respecto de las demás pretensiones
relacionadas con la vulneración a los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, derivadas de los autos del 28 de mayo –por medio del cual el
juez modificó la medida cautelar– y 6 de junio de 2025, por medio del cual el Tribunal
Administrativo de Santander la revocó.

Pues bien, observa la Sala que, si bien el accionante invoca una serie de principios
constitucionales que, en su criterio, se vulneran con la revocatoria de la medida cautelar
de suspensión, lo cierto es que su decreto es un asunto reglado por el legislador y cuyos
requisitos también responden a la salvaguarda de esos principios y del debido proceso
de las partes procesales contra quienes se interpone una medida cautelar.

Por virtud de lo anterior, cualquier medida cautelar, de protección o provisional, según el
proceso, está sujeta a la demostración del fumus boni iuris y del periculum in mora,
además de que requiere un análisis de proporcionalidad y razonabilidad por parte del
juez, considerando los dos factores anteriores.

Pues bien, para la Sala resulta claro que el Tribunal analizó los factores anteriormente
citados y encontró que los hechos acreditados en el expediente no daban cuenta de los
requisitos para el decreto de la medida cautelar. Por el contrario, consideró que el a quo
había omitido valorar las pruebas allegadas por los demandados, por lo que, incluso,

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afirmó que hubo una vulneración al debido proceso de dicho extremo con el decreto de
la medida cautelar.

La Sala advierte que el análisis del ad quem respondió a la valoración de las pruebas
obrantes en el expediente, en relación con los requisitos para el decreto de medidas
cautelares que establecen en las normas aplicables al asunto. Por el contrario, al analizar
los argumentos del accionante, se evidencia que se circunscriben a manifestar su
desacuerdo con la ponderación que desarrolló el Tribunal entre los principios que alega
vulnerados y los parámetros para el decreto de la medida. Además, repite en la
inexistencia de certificaciones y estudios previos de las obras a las que se destinarían los
recursos del empréstito. Sin embargo, la Sala observa que el ad quem analizó,
justamente, esas certificaciones17 y estudios18, a los que remite en el auto enjuiciado.

Al analizar los supuestos de hecho y de derecho, el fallador de segunda instancia
concluyó lo siguiente:

«La Sala tras valorar el material probatorio obrante en el expediente, encontró que
el municipio de San José de Cúcuta cuenta con capacidad de endeudamiento para
julio de 2024. Así mismo, que poder suscribir el contrato de empréstito autorizado
por el Acuerdo N°022 del 30 de el ente territorial cuenta con estudios técnicos y
diseños respecto de cada uno de los proyectos a los cuales se pretende destinar
los recursos del crédito antes indicado.

Ahora bien, no puede pasar por alto la Sala que el A-quo en la providencia objeto
de estudio indica que “habiendo revisado el material probatorio aportado por el
demandante, revisadas las alegaciones y argumentaciones formuladas por los
extremos procesales y los coadyuvantes, este Despacho arriba a la conclusión de
que efectivamente, en el sub examen, “existe un serio riesgo de vulneración a los
derechos colectivos a la moralidad administrativa y al patrimonio público”,
esencialmente por una deficiente planeación en el trámite de los créditos cuya
celebración, adopción, o materialización pretende la Alcaldía Municipal de San
José de Cúcuta; de la misma manera, que dicho riesgo es inminente, pues el
17 Por ejemplo, las siguientes pruebas analizadas: «Certificación del 25 de abril de 2024 de la Secretaría de Hacienda

del municipio relacionada con la capacidad de endeudamiento con el cierre de la vigencia fiscal 2023
(012Recepcionmemor_10CERTIFICACIONcapac) […] Certificación del 03 de mayo de 2024 de la Secretaría de
Hacienda del municipio relacionada con el superávit primario con el cierre de la vigencia fiscal 2023
(023Recepcionmemor_17SUPERAVITPRIMARIOp) […] Acta de Comité Técnico N°704 del 09 de mayo de 2024
realizada por los Miembros del Comité de la Sociedad Calificadora de Valores Value & Risk Rating de revisión
extraordinaria en la cual se indica lo siguiente (018Recepcionmemor_2Informe1CALIFICADOR) […] Certificación del
20 de agosto de 2024 de la Secretaría de Hacienda del municipio en la cual se indica (Prueba 11.13
CERTIFICACION_PIGNORACION_RENTAS)», entre varias otras pruebas.
18 Dice el auto enjuiciado: «dentro del expediente figuran los documentos técnicos para proyectos de inversión del

municipio de San José de Cúcuta, en los cuales se advierte el estudio realizado para determinar la necesidad de la
construcción del centro de bienestar animal [24], así como para la construcción, mejoramiento, rehabilitación y
mantenimiento de la malla vial urbana [25], la adecuación de escenarios recreo deportivos [26], mejoramiento de las
condiciones de habitabilidad de la población beneficiada en la zona urbana [27], y, mejoramiento de las condiciones
de convivencia y seguridad ciudadana con un sistema de videovigilancia y optimización de los procesos de inteligencia
e investigación judicial [28] (…).
[24] Pdf Prueba 11.7.1 Documento tecnico BPIN 2024540010004
[25] Pdf Prueba 11.7.2.1 Documento tecnico BPIN 2024540010005
[26] Pdf Prueba 11.7.3.1 Documento tecnico BPIN 2024540010007
[27] Pdf Prueba 11.7.4.1 Documento tecnico BPIN 2024540010008
[28] Pdf Prueba 11.7.5.1 Documento tecnico BPIN 2024540010009».

13
Radicación:11001-03-15-000-2025-03550-00
Accionante: José Gregorio Botello Ortega
Acción de tutela – sentencia de primera instancia

desembolso dichos recursos tornaría nugatoria la presente acción popular; y
finalmente que, luego de realizar un ejercicio de ponderación, “se arriba a la
conclusión de que la adopción de la medida cautelar es la mejor forma de prevenir
un daño contingente o inminente.”; sin embargo, revisada la misma no se observa
material probatorio analizado, por el contrario la providencia carece del análisis de
las pruebas obrantes en el proceso.

Lo anterior ya que solamente se indica que “De especial relevancia resultan las
posibles inconsistencias respecto de la inclusión de ingresos de destinación
específica y otros no recurrentes para calcular la capacidad de pago, las
variaciones en las calificaciones emitidas por las calificadoras de riesgo, así como
la forma en que se calculó el indicador de solvencia de la entidad, situaciones estas
que pondrían de manifiesto una posible vulneración de las Leyes 358 de 1997 y
617 de 2000”; así no se advierte en que se basa el Juez para realizar tal afirmación,
pues no basta con la aseveración de la parte demandante, sino que ello, como se
indicó, debe encontrarse probado.

Así, en lo que respecta a los argumentos expuestos por el Juez Tercero
Administrativo del Circuito de Cúcuta, pertinente resulta precisar que los mismos
en su mayoría se estructuran citando jurisprudencia tanto del Consejo de Estado,
como de la Honorable Corte Constitucional; evidenciándose con ello una escasa
fundamentación frente a la decisión adoptada, así como una falta de valoración
probatoria y de lo argumentado por la parte demandada, lo cual constituye una
flagrante vulneración del derecho al debido proceso que comporta este tipo de
decisiones».

Así las cosas, la Sala encuentra que los argumentos del accionante están encaminados
a desvirtuar los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión, pretendiendo utilizar la
tutela como una instancia adicional a las que otorgó el medio de control. Dicho análisis
jurídico y fáctico, que corresponde adelantar al juez del medio de control, en efecto, se
realizó conforme a una interpretación razonable de los preceptos jurídicos aplicables al
asunto y, especialmente, a las pruebas del expediente.

En conclusión, al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la
autoridad judicial accionada, resulta improcedente que el juez de tutela revise o evalúe la
interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no es una
instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la autonomía e
independencia que caracteriza las actuaciones judiciales. Por las razones expuestas, la
acción de tutela no cumple con el requisito general de procedencia atinente a la
relevancia constitucional. Por eso, se impone declarar improcedente la acción de amparo
en el resto de sus peticiones.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

14
Radicación:11001-03-15-000-2025-03550-00
Accionante: José Gregorio Botello Ortega
Acción de tutela – sentencia de primera instancia

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por José
Gregorio Botello Ortega contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otros,
de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
VF

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