Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03569-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03569-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-03569-02
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
22 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., veintidós (22) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03569-02
Accionante: David Isaac Valencia Villadiego
Accionado: Presidente de la República
Tema: tutela por vulneración del derecho al buen nombre y a la honra. Subtema 1:
mensaje en la red social «X» de un servidor público y su referencia a un ciudadano
particular. Subtema 2: alcances de la libre expresión del jefe de Estado.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
impugnación interpuesta por la Presidencia de la República contra la sentencia del 11
de julio de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El señor David Isaac Valencia Villadiego presentó acción de tutela con la pretensión
de amparo de sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, que consideró
vulnerados por el presidente de la República, con ocasión del mensaje publicado en la
red social «X» el 20 de abril de 2025, en cuyo contenido hizo referencia al accionante.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y los demás elementos aportados por las partes en el
trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:
2. El 20 de abril de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, a
través de su cuenta de la red social «X» publicó el siguiente mensaje:
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Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03569-01, índice 2, certificado núm. 9543223D5039C302 D8C71D4F6C4F051A
D15B943A9BC7F08F 111311BB4DEEFA1B.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Accionante: David Isaac Valencia Villadiego
Accionado: presidente de la República
«Le solicito a @FiscaliaCol y a @PolicíaColombia abrir investigación judicial sobre esta
red dirigida por el asesino @Lykanista, construida para amenazar de muerte a
progresistas en la red, incluido al presidente de la República.
La red está vinculada a la senadora Cabal.x.com/Aquelarre118/s…»
3. La publicación realizada por el presidente de la República estuvo acompañada de
un mensaje emitido el 18 de abril de 2025 por el usuario de la cuenta de «X»
denominado «@Aquelarre118» «GRUPO AQUELARRE», en cuyo contenido se indicó
lo siguiente:
«Información sobre el Delincuente lykan
(hilo en construcción durante el día)
¿#FiscalCamargoEncubreAsesinos como lykan?
4. El mensaje publicado por el usuario «@Aquelarre118» adjuntó una imagen con las
fotografías y los retratos de los perfiles de otros usuarios de la red social «X», entre
los que se encontraba el señor David Isaac Valencia Villadiego, cuya cuenta se
identifica como «@Policrilameo_».
5. El señor Valencia Villadiego solicitó a la Presidencia de la República la rectificación
de las afirmaciones expresadas en la referida publicación y la eliminación del mensaje
de la red social «X». Sin embargo, la entidad con escrito del 12 de mayo de 2025 negó
el requerimiento del actor.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
6. La parte actora, en el escrito de tutela, solicitó lo siguiente:
«1. Que se amparen mis derechos fundamentales vulnerados por el accionado.
2. Conforme a lo anterior, que se le ordene al accionado realizar una retractación
pública en su cuenta de la red social X, desvinculándome del delito que me imputa
falsamente.
3. Y para evitar que el daño se siga causando, ordenarle al accionado eliminar la
publicación realizada que vulnera mis derechos»2.
7. Como fundamento de sus pretensiones, el accionante manifestó que el
presidente de la República con la publicación que realizó el 20 de abril de 2025 vulneró
sus derechos al buen nombre y a la honra porque efectuó afirmaciones infundadas, en
tanto lo vinculó con pertenecer a una red criminal, sin tener prueba alguna que sustente
o justifique tal aseveración.
8. Asimismo, expresó que su nombre fue expuesto de manera directa ante millones
de personas, lo que afecta su reputación y entorno profesional y personal.
9. En este sentido, refirió que la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia de tutela del 26 de mayo de 2025, proferida dentro del expediente con
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Se transcribe incluso con errores
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03569-02
Accionante: David Isaac Valencia Villadiego
Accionado: presidente de la República
radicado núm. 11001-03-15-000-2025-02583-00, amparó los derechos fundamentales
de otra persona que también fue señalada falsamente de pertenecer a una red criminal.
2.3. Trámite procesal
10. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante auto del 13 de
junio de 20253, admitió la solicitud de amparo, ordenó la notificación a la autoridad
accionada, es decir, el presidente de la República y puso en conocimiento el escrito
de tutela al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE),
en calidad de tercero con interés.
2.4. Intervenciones
11. La Presidencia de la República4, a través de la Secretaría Jurídica de la entidad,
solicitó que se niegue el amparo de tutela porque el mensaje que reprocha el
accionante no vulneró sus derechos fundamentales, pues los argumentos de la acción
constitucional parten de una lectura fragmentada, descontextualizada y subjetiva del
tutelante, respecto de las palabras utilizadas por el presidente de la República.
12. En este sentido, expuso que la entidad, a través de escrito del 12 de mayo de
2025, se pronunció sobre la solicitud de rectificación presentada por el accionante, en
la cual se le informó que el mensaje cuestionado fue producto de un uso legítimo de la
libertad de expresión del jefe de Estado. Además, las declaraciones no perseguían el
propósito de atribuirle al accionante un hecho ilícito, pues solo «realizó una solicitud
para que las autoridades competentes realizaran las indagaciones correspondientes».
13. Asimismo, indicó que, en la publicación reprochada, el presidente de la República
cumplió con un deber ciudadano de dar a conocer a las autoridades hechos de posibles
delitos. De esta manera, en el mensaje solo se requirió a las autoridades para que
investigaran a un grupo de personas, entre los que se encuentra el actor e iniciaran
las indagaciones correspondientes, con el fin de determinar si se cometió una posible
conducta punible, por lo que no se emitió un juicio de responsabilidad concreto
respecto al tutelante.
14. De este modo, precisó que, el mensaje del presidente fue un «reposteo» de una
denuncia de un tercero, pues el jefe de Estado se limitó a compartir la denuncia
realizada por el usuario «@Aquellarre118», por lo que no se trata de una publicación
propia del primer mandatario.
15. Afirmó que el Consejo de Estado, en la tutela con radicado
110001031500020230488500/01, determinó que, en ciertas circunstancias, es
legítimo que cualquier ciudadano, incluido el presidente de la República, ponga en
conocimiento de las autoridades competentes hechos que puedan revestir carácter
delictivo. Este criterio resulta relevante para el análisis del caso concreto, ya que
permite evaluar que la actuación cuestionada se enmarca en el cumplimiento de un
deber ciudadano, además, de que se trata de una conducta que se encuentra
protegida por la libertad de expresión.
3
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03569-00, índice 4, certificado núm. 8E8422D71D187744 70301502581BD03C
CB891A4F812FAA7C B77975ED98085E12. . .
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Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06513-00, índice 12, certificado núm. 86A3E976A360621E 32A536A572605E56
C93AF55C24DF8E28 2DCAED2B1EE5181D.
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Accionado: presidente de la República
16. Por otro lado, refirió que la democracia constitucional exige tolerar las denuncias
que se presentan ante autoridades competentes. Reiteró que el mensaje del
presidente de la República no buscaba atribuir responsabilidad al accionante, sino
solicitar que las entidades a cargo realizaran las indagaciones correspondientes.
17. Adicional a lo expuesto, consideró que la solicitud del presidente de la República
hecha a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional sí contó con una
verificación fáctica mínima y, por ende, atendió al principio de veracidad que se exige
para las opiniones y/o juicios de valor que exterioriza el primer mandatario, tal y como
fue reconocido por el Consejo de Estado en el fallo de tutela de segunda instancia
dentro del proceso que cursó bajo el radicado 11001-03-15-000-2025-00605-01.
18. En este orden, concluyó que la publicación del 20 de abril de 2025 de ninguna
manera tenía por objeto afectar los derechos del actor, pues simplemente se trató de
una denuncia ciudadana, por lo que corresponderá exclusivamente a las autoridades
en el marco del debido proceso, determinar si existen méritos para iniciar una
investigación y proceder con acciones legales relacionadas con los hechos expuestos.
2.5. Sentencia de primera instancia
19. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 11 de julio de 20255, accedió al amparo de los derechos fundamentales
al buen nombre y a la honra del señor David Isaac Valencia Villadiego y, en
consecuencia, ordenó al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, eliminar el
mensaje publicado el 20 de abril de 2025 en la red social «X» y rectificar la información
allí contenida respecto del tutelante.
20. Advirtió el juez de primera instancia que según la jurisprudencia constitucional6, el
derecho a la libertad de expresión de los funcionarios públicos se presenta en dos
escenarios, el primero consiste en el hecho de transmitir información objetiva, el cual
está sometido a cargas de veracidad e imparcialidad y, el segundo, corresponde a la
intención de divulgar criterios personales sobre la política oficial, defender la gestión,
responder a críticas o emitir juicios sobre algún asunto, cabe la apreciación personal y
subjetiva, no se exige la estricta objetividad. Así pues, para garantizar una opinión
verdaderamente libre, estas apreciaciones solo pueden ser expuestas a partir de un
mínimo de justificación fáctica real y de criterios de razonabilidad.
21. De lo anterior, coligió que, si bien los servidores públicos no pierden el derecho a
opinar y a expresarse en razón a las funciones que ejercen, se les exige un mayor
grado de prudencia y cuidado en sus manifestaciones.
22. También, refirió que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido el
derecho al buen nombre como «la reputación, o el concepto que de una persona tienen
los demás» y «la estimación o deferencia con la que, en razón a su dignidad humana,
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03569-00, índice 13, certificado núm. CA442BF03E69B422 E4918E97AC631D21
D4FCDC9E57FC0825 B39DE86467CE620C.
6
Al respecto se pueden consultar las sentencias T-1191 del 2004; T-1062 del 2005; T-1037 del 2008. T-263 del 2010; T-949 del
2011; T-627 del 2012; T-466 del 2016; y T-446 de 2020.
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cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le
conocen y le tratan»7.
23. Así pues, expuso que este derecho puede ser vulnerado por las autoridades o por
particulares, cuando se divulga información falsa o errónea, o se utilizan expresiones
ofensivas, injuriosas o tendenciosas, lo que conlleva a que la reputación o el concepto
que se tiene de la persona se distorsionen, afectando también su dignidad humana.
24. En este orden, destacó que los servidores públicos, especialmente aquellos que
ejercen altas responsabilidades en la dirección del Estado, cuentan con límites a la
libertad de expresión, en particular cuando difunden información, pues tienen la carga
de garantizar que aquello que divulgan supere estándares de veracidad y objetividad.
25. En el caso concreto, el mensaje emitido por el presidente de la República, en la
red social «X» tiene un señalamiento delincuencial, pues vinculó al actor con una
estructura criminal relacionada con agresión física y amenaza a miembros de la
coalición de partidos de gobierno. En esa medida, se trata de una afirmación con alta
carga difamatoria, pues, si bien denuncia unos hechos que, a criterio del jefe de Estado
son criminales, no se detuvo en la denuncia a las autoridades competentes, sino que
señaló al actor de incurrir en conductas punibles.
26. Además, mencionó que el mensaje cuestionado utiliza sustantivos como
«asesino» y «construida para amenazar», motivo por el cual, el tono de las
afirmaciones implica una tensión con el derecho constitucional al buen nombre y honra
del actor.
27. Adicionalmente, resaltó que la cuenta de la red social del presidente de la
República supera los 8 millones de seguidores, y el referido mensaje fue compartido y
tuvo un número considerable de «likes».
28. En efecto, para el a quo, el contenido del mensaje de 20 de abril de 2025
demostraba con claridad que el jefe de Estado ejerció el derecho-deber de difundir
información, la cual, está sometida a los estándares de veracidad e imparcialidad, por
lo que el discurso debía examinarse a la luz de dichas exigencias.
29. Destacó que el mensaje difundido en la red social «X» se apoyó en una foto que
en primer plano aparece el rostro del actor, quien es señalado de pertenecer a una red
«constituida para amenazar de muerte a progresistas». Se afirma que este grupo de
personas está dirigido por un «asesino».
30. De este modo, consideró que la afirmación del jefe de Estado no se realizó con
respeto a los estándares de veracidad e imparcialidad, puesto que se efectuó una
afirmación tajante, sin adjetivos que implicaran una duda o una construcción sintáctica
que permitiera concluir que atribuye un hecho hipotético. Por el contrario, se trató de
una aseveración vehemente en la que prescindió de adjetivos como: «supuestos», o
«eventuales» y, se presentó al actor y otras personas, como parte de una red
delincuencial.
7
Ver entre otras, Corte Constitucional, Sentencias T-977 de 1999, T-405 de 2007, T- 634 de 2013, T-050 de 2016.
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31. Sumado a lo anterior, desestimó los argumentos de la Presidencia de la República,
pues, si bien todo servidor público tiene el deber de poner en conocimiento de las
autoridades la comisión de delitos, ello no incluye el derecho a mencionar a ciudadanos
particulares, que no ejercen cargos públicos y presentarlos como miembros de redes
delincuenciales.
32. Aclaró que el jefe de Estado habría ejercido legítimamente su derecho a la libertad
de expresión, si se hubiese limitado a solicitar la investigación de las supuestas
conductas punibles sin hacer afirmaciones tajantes e inequívocas sobre la
responsabilidad penal de las personas y en esa línea podía utilizar adjetivos conforme
a los cuales, se trata de hechos que son objeto de investigación, pues hasta que no se
obtengan decisiones judiciales, se trata de hipótesis, o supuestos.
33. En este orden, concluyó que las aseveraciones del jefe de Estado implicaron una
vulneración al derecho al buen nombre y a la honra del actor, pues le atribuyó una
responsabilidad penal derivada de conductas punibles de altísima gravedad, respecto
de las cuales no existen decisiones judiciales que desvirtúen la presunción de
inocencia del actor.
34. Por otro lado, aclaró que, si bien en otras acciones de tutela se reconoció la libertad
de expresión del presidente de la República, también es cierto que, en esos eventos,
a diferencia del actual, se trataban de mensajes que versaban sobre exservidores
públicos o personas que habían ejercido responsabilidades públicas durante varios
años, quienes están sometidos un nivel más alto de escrutinio por parte de la opinión
pública, según la jurisprudencia interamericana. Sumado al hecho de que se discutían
aspectos cobijados por discursos especialmente protegidos. Adicionalmente, las
afirmaciones del primer mandatario no eran tajantes, sino que se refería a las personas
como «supuestos» o «eventuales» responsables de conductas.
35. Por lo anterior, concluyó que el mensaje de 20 de abril de 2025 no respetó los
estándares de veracidad e imparcialidad ni puede entenderse como parte del ejercicio
del derecho a la libertad de expresión del jefe de Estado, en la defensa de su programa
político.
2.6. Impugnación
36. La Presidencia de la República presentó impugnación8, en contra de la sentencia
del 11 de julio de 2025. A juicio de la recurrente, la decisión del juez de tutela de
primera instancia no efectuó un análisis adecuado del mensaje objeto de
cuestionamiento en esta acción constitucional.
37. Manifestó que el juez de primera instancia valoró de manera descontextualizada e
irrazonable la publicación realizada por el presidente de la República en la red social
«X», pues no tuvo en cuenta que dicha actuación simplemente tenía como finalidad
informar a las autoridades competentes un hecho que consideró necesario investigar.
Esta divulgación, no implicó la atribución de responsabilidad penal en concreto en
contra del actor, ya que se limitó a compartir la información expuesta por la cuenta
@Aquelarre118 ante las respectivas autoridades.
8
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03569-01, índice 18, certificado núm. AFCDFE21C76A0329 1D7AAAAD54144ADB
76E242A9FDAE54B9 D6B24F18B44F9CB1.
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6
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38. Asimismo, expuso que el fallo impugnado ignoró el contexto, la forma y el tono del
mensaje, así como la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional
que protege la libertad de expresión en debates públicos y exige analizar las
declaraciones desde la intención del emisor, no desde percepciones subjetivas. Al
omitir este análisis integral, la decisión vulneró el derecho a la libre expresión del
presidente y aplicó un estándar restrictivo incompatible con el marco jurídico que
ampara las opiniones y denuncias en el ámbito político.
39. Expreso que existió justificación fáctica para el mensaje publicado por el
presidente de la República, pues la solicitud de investigación se basó en un mínimo
fáctico razonable y en el deber institucional del primer mandatario de visibilizar riesgos
para el orden público, sin que ello configurara un discurso de odio o imputación directa.
40. De igual manera, refirió que existen antecedentes jurisprudenciales9 en los que se
ha determinado que, en ciertas circunstancias, es legítimo que cualquier ciudadano,
incluido el presidente de la República, ponga en conocimiento de las autoridades
hechos que puedan revestir carácter delictivo, tal y como ocurrió en el presente asunto.
41. Insistió en que el Consejo de Estado, dentro del expediente con radicado 11001-
03-15-000-2023-04885-00, resolvió una acción de tutela en la que estableció que no
era necesario la interposición de una denuncia formal y que resultaba suficiente elevar
la solicitud a través de la red social para que se considerara cumplido el deber que
asiste a los ciudadanos de poner en conocimiento de las autoridades competentes
conductas que se consideran reprochables
42. Con fundamento en lo anterior, solicitó que se revoque la providencia impugnada
y, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la tutela.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
43. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 11 de julio
de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
3.2. Legitimación en la causa
44. La legitimación en la causa por activa del señor David Isaac Valencia Villadiego
se encuentra acreditada, por cuanto fue uno de los sujetos que, en su criterio, resultó
afectado con la publicación realizada por el presidente de la República en la red social
«X».
45. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del presidente de
la República, en la medida en que fue la autoridad que efectuó la publicación que, a
juicio del tutelante, vulneró sus garantías constitucionales.
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3.3. Problema jurídico
46. Corresponde a la Sala determinar si debe revocar, confirmar o modificar la
sentencia de primera instancia del 11 de julio de 2025, proferida por la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que accedió al amparo de tutela
promovido por el señor David Isaac Valencia Villadiego.
47. En particular, deberá establecer si la publicación realizada por el presidente de la
República, el 20 de abril de 2025 en la red social «X» vulneró los derechos
fundamentales al buen nombre y a la honra del accionante.
48. Para el efecto, se estudiará: i) la procedencia de la acción de tutela; ii) la protección
constitucional de los derechos al buen nombre y a la honra; iii) los alcances del
derecho a la libertad de expresión en redes sociales; iv) la utilización de las redes
sociales por parte de las autoridades; y ii) el caso concreto.
3.3.1. Procedencia de la acción de tutela
49. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda
persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando sean violados o amenazados por la
acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala la
ley. Este mecanismo constitucional tiene dos requisitos de procedencia: la
subsidiariedad y la inmediatez10.
50. El primero, exige que el interesado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que busque evitar un perjuicio irremediable11; y el segundo, consiste en que se
acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable, pues de lo contrario,
«[…] la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda en entredicho
[…]»12.
51. En el presente asunto, se advierte que el presupuesto de la inmediatez se
encuentra satisfecho, por cuanto el mensaje que el actor reprocha como vulnerador
de sus garantías constitucionales fue publicado el 20 de abril de 2025 y la acción de
tutela se promovió el 11 de junio de 2025, esto es, dentro de un plazo razonable.
52. Asimismo, se observa que el actor solicitó directamente al emisor el retiro y la
rectificación del mensaje que consideró lesivo de sus derechos el 20 de abril de 2025;
sin embargo, esta se resolvió desfavorablemente, con escrito del 12 de mayo
siguiente. Además, «ninguna de las reglas de la comunidad prevén un mecanismo
para cuestionar publicaciones» como la aquí expuesta «[…] o que, en términos
generales, puedan afectar la honra y el buen nombre. Las prohibiciones se ubican más
en el plano de la violencia, la seguridad de los datos o el rechazo a ciertos contenidos
de carácter sexual»13. Finalmente, el asunto es relevante constitucionalmente porque
la publicación que se reprocha fue realizada por un alto funcionario del Estado, cuyas
manifestaciones gozan de una mayor credibilidad y resonancia en la sociedad.
10
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
11
Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017.
12
Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, criterio reiterado en la sentencia SU-084 de 2019.
13
Corte Constitucional, Sentencia T-203 de 2022.
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53. Conforme con lo anterior, es posible inferir que la acción de tutela es un
mecanismo idóneo, eficaz y efectivo para la protección de los derechos fundamentales
invocados por a parte actora, de acuerdo con los criterios definidos por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-420 de 2019.
3.3.2. La protección constitucional de los derechos al buen nombre y a la honra
54. El artículo 15 de la Constitución política, reconoce el derecho al buen nombre y
establece que el Estado tiene el deber de respetar estos derechos y hacerlos respetar
cuando una autoridad por acción u omisión los ha infringido.
55. La jurisprudencia constitucional ha considerado que «el derecho al buen
nombre tiene carácter personalísimo, relacionado […] con la valía que los miembros
de una sociedad tengan sobre alguien, siendo la reputación o fama de la persona el
componente que activa la protección del derecho. Se relaciona con la existencia de
un mérito, una buena imagen, un reconocimiento social o una conducta irreprochable,
que aquilatan el buen nombre a proteger, [este] derecho que es vulnerado cuando se
difunde información falsa o inexacta, o que se tiene derecho a mantener en reserva,
con la intención de causar desdoro contra el prestigio público de una persona»14.
56. Así pues, lo que protege el ordenamiento constitucional respecto del derecho en
mención es la afectación negativa que puede sufrir una persona como consecuencia
de expresiones ofensivas, injuriosas, falsas o tendenciosas, que distorsionen el criterio
que la sociedad tiene de ella. Esta garantía fundamental hace parte del patrimonio
moral y social del que gozan los ciudadanos.
57. Acorde con lo expuesto, el preámbulo de la Constitución junto con el artículo 21
superior garantizan el derecho a la honra, entendido como la estimación o deferencia
con la cual cada persona debe ser distinguida por los demás miembros de la sociedad.
Su protección encuentra su fundamento último en la dignidad humana y constituye el
patrimonio moral y social de los individuos.
58. Así las cosas, la protección de los derechos al buen nombre y a la honra de las
personas, que se sometan al estudio del juez de tutela exigen revisar si las
expresiones o informaciones cuestionadas corresponden al ejercicio legítimo del
derecho a la libertad de expresión, información u opinión del emisor o, por el contrario,
desbordan el marco de acción de esta última garantía constitucional.
3.3.3. Los alcances del derecho a la libertad de expresión en redes sociales
59. La libertad de expresión es un derecho protegido por el ordenamiento superior y
un pilar fundamental de las sociedades democráticas. Sin embargo, no es una
prerrogativa absoluta y, por el contrario, su ejercicio, como ocurre con los demás
derechos y libertades en los términos del artículo 95 de la Constitución Política, implica
responsabilidades.
60. En efecto, el referido artículo establece expresamente que «son deberes de la
persona y del ciudadano» «1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los
14
Corte Constitucional, Sentencia T-028 de 2022.
9
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propios». De este modo, el ejercicio de la libertad de expresión no faculta la
vulneración de derechos de terceros, como el buen nombre y la honra.
61. En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha señalado que no todos los
discursos gozan de la protección constitucional prevista en el artículo 20 superior. Esto
ocurre con las «expresiones formalmente injuriosas e innecesarias para el mensaje
que se desea divulgar, en las que simplemente su emisor exterioriza su personal
menosprecio o animosidad respecto del ofendido»15.
62. La Corte Constitucional ha sostenido que la protección y los límites predicables de
la libertad de expresión, que han sido desarrollados por dicha corporación judicial en
su jurisprudencia, son aplicables en el escenario digital16. Esto, debido que el internet,
y las redes sociales, han generado nuevos espacios de interacción social y, más aún,
facilitan la libre expresión de opiniones y la difusión de información sin que intervengan
los medios de comunicación tradicionales.
63. En concreto, la facilidad que tienen los ciudadanos para acceder a las redes
sociales y la capacidad que tienen estos instrumentos de comunicación para difundir
rápida y masivamente los contenidos que allí se publican pueden ocasionar tensiones
entre la libertad de expresión y otros derechos.
64. Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional, ha reconocido que la dinámica
de internet impide incluso el control previo de contenidos prohibidos. Dado que las
redes sociales permiten, por su naturaleza, una maximización de la libertad de
expresión sin un contrapeso, los desafíos son mayores de cara a la posible afectación
de los derechos a la intimidad, honra, imagen y buen nombre de las personas.
Adicionalmente, se exacerba el riesgo de que el propio debate público se vea afectado
por las prácticas que se llevan a cabo en las redes bajo el supuesto amparo de la
libertad de expresión17.
65. Con relación a los hechos y acciones que atentan contra los derechos al buen
nombre y la honra de los ciudadanos en el ejercicio cotidiano de internet y las redes
sociales, la Corte Constitucional18 ha precisado lo siguiente:
En concreto, algunas de las acciones que agudizan estos peligros en redes sociales y
que se derivan de la interacción de los mismos participantes en las redes sociales, se
incluyen, en primer lugar, los comentarios realizados en las publicaciones de redes
sociales por las “ciber tropas” –que son grupos de personas dedicadas a manipular la
opinión pública a través de las redes sociales, usualmente a cambio de un pago–19.
Estas publicaciones tienen un impacto negativo en la democracia y la opinión pública
15
Corte Constitucional sentencias T-281 de 2021, T-550 de 2012, T-050 de 2016, T-271 de 2021, C-222 de 2022, entre otras.
16
Corte Constitucional, sentencia T-475 de 2024. En dicha providencia se cita la Declaración Conjunta Sobre la Libertad de
Expresión en Internet, de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión del 1° junio
2011, en cuyo contenido se estableció que «a. La libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos los
medios de comunicación. Las restricciones a la libertad de expresión en Internet solo resultan aceptables cuando cumplen con
los estándares internacionales que disponen, entre otras cosas, que deberán estar previstas por la ley y perseguir una finalidad
legítima reconocida por el derecho internacional y ser necesarias para alcanzar dicha finalidad (la prueba ‘tripartita’). ½½b. Al
evaluar la proporcionalidad de una restricción a la libertad de expresión en Internet, se debe ponderar el impacto que dicha
restricción podría tener en la capacidad de Internet para garantizar y promover la libertad de expresión respecto de los beneficios
que la restricción reportaría para la protección de otros intereses».
17
Corte Constitucional, sentencias T-277 de 2015 y T-543 de 2017.
18
Corte Constitucional, sentencia T-475 de 2024.
19
Las personas que pertenecen a estos grupos se conocen como “cyber troopers” y su actividad ha ido incrementando en cerca
de 81 países. Este fenómeno y su impacto en la democracia disgregado por países puede encontrarse en: Bradshaw, S., Bailey,
H., Howard, P.N., Industrialized Disinformation. 2020 Global Inventory of Organized Social Media Manipulacion. Oxford Internet
Institute. Disponible en: https://demtech.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/12/2021/01/CyberTroop-Report20-FINALv.3.pdf
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en la medida en que pretenden manipular la opinión que se conforma en las redes
sociales. Los comentarios pueden ser positivos, cuando pretenden consolidar o
fortalecer la posición oficialista o una ideología política. Pueden ser comentarios
negativos cuando se emplea el abuso verbal, el acoso, el hostigamiento o el “trolling” –
que son agresiones cibernéticas–. O pueden ser inclusive comentarios neutros, que
buscan desviar la atención del mensaje que se está comentando, restando impacto al
mensaje. Dentro de este último escenario se encuentra el “envenenamiento de
hashtag” (hashtag poisoning) que implica interrumpir una conversación que se
relaciona a través de los enlaces creados con los hashtags con publicaciones o
comentarios que no guardan relación alguna y que distraen del objeto de la discusión20.
En segundo lugar, están los ataques focalizados contra una o varias personas. En este
caso, lo primero es identificar el objetivo –que puede ser un líder de opinión, periodista,
activista o líder político– para, posteriormente, atacarlo a través de las redes sociales.
A diferencia del anterior escenario, en este caso el ataque no se produce contra una
publicación sino contra una o varias personas. Usualmente los ataques involucran
acoso cibernético, que incluye burlas, mensajes de odio o de discriminación, o
expresiones tendientes a denigrar su buen nombre y honra. Estos ataques pueden ser
transitorios –por ejemplo, cuando se limitan a la duración de una campaña electoral–,
o pueden ser más duraderos en el tiempo. Esta práctica tiene un efecto disuasivo pues
se emplea para crear un daño reputacional, y eventualmente, para excluir a la persona
o grupo de personas del ecosistema de las redes sociales y del debate público. En
efecto, se ha documentado que esta práctica conduce a la autocensura21.
En tercer lugar, se encuentran las cuentas, páginas web o aplicaciones patrocinadas
por el gobierno, creadas con el objetivo de difundir propaganda política y que cubren
un amplio rango de plataformas como Facebook, Twitter o Instagram, así como páginas
web o aplicaciones adicionales. En estos espacios, es común crear contenido que
permite a los ciudadanos replicar logros a veces inflados o inexistentes, bajo la creencia
de que se trata de información verídica, y facilita la identificación de quienes disienten
y que corren el riesgo de convertirse en blanco de ataques focalizados con el propósito
de silenciarlos22.
En cuarto lugar, se encuentran las cuentas falsas y la propaganda computacional. En
este caso las ciber tropas organizan cuentas falsas para esconder sus verdaderas
identidades e intereses. Dentro de este supuesto se encuentra el fenómeno conocido
como el “astroturfing” que consiste en una práctica cooperativa en la cual se crea una
campaña a favor de una causa, generando la apariencia de que responde a una
preocupación masiva que está apoyada por una gran cantidad de ciudadanos, y que
se disfraza de un auténtico movimiento social. Sin embargo, es posible que esta causa
busque un interés diferente al que promociona, o que en realidad no cuente con el
apoyo popular que refleja, dado que está replicado por cuentas falsas o
computacionales (“bots”). Este fenómeno distorsiona el debate público pues inserta en
la agenda pública causas que no tienen el apoyo popular que dicen tener, inflando las
cifras a través de los “retweets”, “me gusta”, o “vistos” que tienen las publicaciones. Lo
anterior, además de crear una falsa sensación de popularidad sobre unas causas,
margina otras que sí cuentan con mayor respaldo popular. Además, permiten diseminar
20
Bradshaw, S., N. Howard, P. Troops, Trolls and Troublemakers: A Global Inventory of Organized Social Media Manipulación.
University of Oxford. Disponible en: https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:cef7e8d9-27bf-4ea5-9fd6-
855209b3e1f6/files/m3ca8c455852611e82d0fb182445a471f
21
Amnistía Internacional. El debate público limitado, Trolling y agresiones a la libre expresión de periodistas y defensores de
DDHH en Twitter Argentina. 2018. Disponible en: https://amnistia.org.ar/wp-content/uploads/delightful-downloads/2018/03/online-
pre1.pdf.
22
Un caso ilustrativo de esta práctica es el denominado “Ejército de la Verdad” (Army of Truth) operado por el ejército Ucraniano.
Ibid., p. 11. A su vez, el gobierno de Ecuador lanzó una plataforma denominada Somos + que investigaba y respondía las críticas
al gobierno, esta plataforma permitía a los partidarios de gobierno etiquetar colectivamente a los disidentes. Ibid.
11
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con gran facilidad noticias falsas que son difíciles de contrarrestar23.
66. De acuerdo con lo anterior, es posible advertir que las malas prácticas de las
redes sociales pueden derivar en una distorsión del debate público y ponen en riesgo
derechos fundamentales como la honra, la intimidad y el buen nombre. Esto se agrava
por la capacidad de amplificación que tienen estos instrumentos de comunicación, que
inflan artificialmente el alcance de opiniones marginales, generando una percepción
distorsionada de la realidad e impactan negativamente en la discusión.
67. Si bien, las redes sociales y el internet funcionan como el principal foro de
libertad de expresión, en tanto permiten la difusión rápida y masiva de la información,
no es menos cierto que estos mecanismos de comunicación tienen serios impactos
negativos y pueden causar daños reputacionales graves (el buen nombre y a la honra),
especialmente en casos de ataques masivos e infundados, sin perjuicio de los actos
individuales. Aunque existen mecanismos jurídicos para proteger los derechos
afectados, la magnitud del daño justifica establecer límites a la libertad de expresión
para proteger las garantías de terceros.
3.3.4. La utilización de las redes sociales por los servidores públicos
68. Las redes sociales han sido un instrumento en el que se han apoyado los
servidores públicos para mantener una comunicación fluida con la ciudadanía y demás
integrantes de la sociedad; sin embargo, es un hecho que en el ordenamiento jurídico
colombiano no existe suficiente legislación que permita delimitar el alcance de los
derechos de las personas (naturales o jurídicas), o el uso abusivo de estos escenarios
de expresión social.
69. En efecto, la jurisprudencia constitucional se ha ocupado progresivamente de
pronunciarse sobre las vicisitudes que corresponden al uso indiscriminado de las redes
sociales por entidades públicas y funcionaros, particularmente en lo que corresponde
a la libertad de expresión de los servidores públicos24, en cuyos pronunciamientos se
ha señalado que los mensajes que estos emitan estos deben diferenciarse según su
naturaleza de oficial o personal.
70. Tal distinción no tendría lugar cuando se trata de cuentas cuyo titular es la
administración pública y no el funcionario, pues todas las publicaciones que se realicen
allí están revestidas de carácter oficial. En consecuencia, en estos casos el uso de las
redes sociales estará siempre enmarcado en el ejercicio de la función pública y sujeto
a los límites que esta imponga.
71. En este punto, es importante destacar que el ejercicio del derecho a la libertad
de expresión que cobija a los servidores públicos está sometido a cargas especiales
derivadas del mandato contenido en el artículo 2 de la Constitución Política que
establece que «[l]as autoridades de la República están instituidas para proteger a
todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y
23
El uso de este mecanismo se ha documentado en Argentina, Azerbaiyán, Irán, México, Filipinas, Rusia, Arabia Saudita, Corea
del Sur, Siria, Turquía y Venezuela. Ibid.
24
Al efecto pueden consultarse las sentencias T-155 de 2019, T-124 de 2021, T-203 de 2023
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demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales
del Estado y de los particulares»25.
72. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha precisado que las personas
vinculadas al servicio público tienen obligaciones constitucionales cuyo cumplimiento
implica limitaciones en su libertad de expresión, de donde se deriva su deber de ejercer
la libertad de expresión bajo el criterio de máximo respeto por los derechos y libertades
de todas las personas para evitar actuaciones que puedan afectar o constituyan
injerencias lesivas sobre aquellos26.
73. Así pues, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el adecuado uso e
implementación de las redes sociales para el ejercicio de la función pública por parte
de los servidores del estado, en los siguientes términos:
En atención a la importancia y profusión de las redes sociales, la Corte ha considerado
que el uso de estos canales por funcionarios públicos genera una mayor
responsabilidad, dada la importancia que para la opinión pública presentan sus
declaraciones27. Así pues, la comunicación de los funcionarios públicos adquiere una
naturaleza dual de poder y deber. El carácter de deber se deriva de la lectura armónica
de los artículos constitucionales 20 –que contempla el derecho de todas las personas
de recibir información–, 74 –que consagra el derecho de acceso a los documentos
públicos con las excepciones que establezca la Ley–, y 2 –del que se deriva el deber
correlativo de las autoridades de facilitar este proceso de información ciudadana y de
contribuir a la democracia participativa–. De ahí entonces que la comunicación de los
servidores públicos a la comunidad, en lo que respecta a los asuntos de interés general
y de las políticas públicas que se están gestionando, no es una mera facultad sino un
deber y, dado que recae sobre información que se presenta como auténtica, está
sometida al cumplimiento de las cargas de veracidad y objetividad.
Esta comunicación, en todo caso, no puede entenderse solamente desde la óptica de
un discurso objetivo, pues los servidores públicos también están facultados para opinar
sobre su gestión, y la posibilidad de responder las críticas que se eleven contra su
administración. De ahí que el acto de comunicación también es un poder o facultad de
transmitir las apreciaciones personales y subjetivas sobre un asunto. En este ámbito
no es exigible la estricta objetividad, pues en principio, se trata de una opinión libre28.
Si bien, inicialmente, la Corte se pronunció sobre el poder-deber de comunicación en
cabeza de altos funcionarios como el presidente de la República29, este poder-deber
25
Acorde con lo citado, el artículo 6 también superior dispone que “[l]os particulares solo son responsables ante las autoridades
por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el
ejercicio de sus funciones”.
26
Corte Constitucional, sentencia T-446 de 2020. A su vez, esta obligación adquiere mayor relevancia cuando se recae sobre los
derechos de sujetos de especial protección constitucional, como los defensores de derechos humanos, los desplazados por la
violencia o los miembros de comunidades de paz, al respecto ver las sentencias T-1191 del 2004, T-1062 del 2005, T-1037 del
2008, T-263 del 2010, T-627 del 2012 y T-446 de 2020.
27
En la Sentencia T-1191 de 2004, la Sala de Revisión revisó una tutela interpuesta contra varias alocuciones públicas efectuadas
por el presidente de la República y consideró que “[e]ste poder-deber del Presidente difiere sustancialmente de la simple libertad
de expresión reconocida en general a los ciudadanos, y más bien constituye un medio legítimo de ejercicio de facultades
gubernamentales propio de las democracias contemporáneas. Ciertamente, esta comunicación entre el primer mandatario y los
ciudadanos, no sólo es una herramienta de gobierno que permite informar asuntos de interés general, comunicar políticas, e
incluso impartir órdenes, sino que constituye un mecanismo que facilita la conformación de una opinión pública libre e informada,
presupuesto para la participación de los ciudadanos en la toma de las decisiones que los afectan y en el control del poder público”.
28
El concepto del poder-deber de comunicación se encuentra en las sentencias C-1172 de 2001, T-1191 de 2004, T-263 de 2010,
T-627 de 2012, T-446 de 2020, T-124 de 2021, entre otras.
29
Específicamente, en la Sentencia C-1172 de 2001 la Corte estudió la norma que permitía el presidente de la República “utilizar,
para dirigirse al país, los servicios de televisión, en cualquier momento y sin ninguna limitación”, en aquella oportunidad la Corte
consideró que “Por mandato constitucional el Presidente de la República representa a la Nación tanto dentro del país como
internacionalmente, lo cual le confiere la facultad de ser su vocero y, en ese orden de ideas, tiene el deber de mantener informados
a sus conciudadanos en relación con todos los asuntos de orden económico, político y social, a fin, de que tenga plena realización
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es analógicamente predicable de cualquier otro funcionario como gobernadores o
alcaldes30, especialmente teniendo en cuenta que los servidores públicos deben
procurar la materialización de los principios constitucionales. Adicionalmente, esta
corporación ha señalado que “no se puede pretermitir que la relación de poder entre
un gobernante y los ciudadanos es vertical, precisamente por las facultades que rodean
su cargo, por lo que cualquier desmán en el ejercicio del mencionado poder-deber debe
ser juzgado de forma más estricta al ejercicio antijurídico que un particular haga de la
libertad de opinión o de información”31.
3.4. El caso concreto
74. El señor David Isaac Valencia Villadiego acudió al juez de tutela con el fin de
obtener la protección de sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra y,
en consecuencia, pidió que se ordene al presidente de la República realizar una
retractación pública en su cuenta de la red social «X» y eliminar la publicación que
afecta sus garantías constitucionales.
75. En el expediente se encuentra acreditado que el 20 de abril de 2025, el señor
presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, a través de su cuenta de la red
social «X» publicó el siguiente mensaje:
«Le solicito a @FiscaliaCol y a @PolicíaColombia abrir investigación judicial sobre esta
red dirigida por el asesino @Lykanista, construida para amenazar de muerte a
progresistas en la red, incluido al presidente de la República.
La red está vinculada a la senadora Cabal.x.com/Aquelarre118/s…»
76. En efecto, con la publicación realizada por el presidente de la República se anexó
un mensaje emitido el 18 de abril de 2025 por el usuario de la cuenta de «X»
denominado «@Aquelarre118» «GRUPO AQUELARRE», en cuyo contenido se indicó
lo siguiente:
«Información sobre el Delincuente lykan
(hijo en construcción durante el día)
¿#FiscalCamargoEncubreAsesinos como lykan?
77. En concreto, el mensaje divulgado a través de la red social «X» se realizó en la
forma en que se ilustra a continuación:
el postulado constitucional establecido en el artículo 2° de la Carta, que consagra como uno de los fines esenciales del Estado
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la
Nación”. Por otra parte, en la Sentencia T-1191 de 2004 se desarrollaron las reglas para la comunicación cuando se tratara del
presidente de la República en atención a la existencia del poder-deber de comunicación que ostenta con la ciudadanía.
30
Este planteamiento fue desarrollado en la Sentencia T-263 de 2010 para los gobernadores y alcaldes, y para el procurador
general de la Nación en la T-627 de 2012.
31
Sentencia T-263 de 2010.
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78. De lo anterior, es posible advertir que el mensaje publicado por el usuario
«@Aquelarre118» anexó una imagen con las fotografías y representaciones graficas
de los perfiles de otros usuarios de la red social «X», entre los que se encontraba el
señor David Isaac Valencia Villadiego, cuya cuenta se identifica como
«@Policrilameo_».
79. Ciertamente, el mensaje del jefe de Estado inició con una solicitud directa a la
Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional para abrir una investigación penal
en contra de algunas personas, dadas las competencias constitucionales y legales de
estas entidades. Sin embargo, la petición estuvo sucedida por la siguiente expresión:
«esta red dirigida por el asesino @Lykanista», en cuya construcción semántica se
empleó el pronombre demostrativo «esta», con el fin de hacer referencia a algo que se
encontraba cerca o próximo al mensaje.
80. En este caso, es claro que lo pretendido con la mencionada frase era remitir a los
destinatarios del mensaje y a los demás usuarios de la red social «X», que podía
visualizar dicha publicación, a la imagen en la que se mostraba a un grupo de
personas, dentro de un mensaje publicado desde la cuenta denominada
@Aquelarre118, la cual, a su vez cuestionada a la fiscal «Camargo» de encubrir a
«asesinos».
81. Adicionalmente, se observa que el mensaje emitido por el presidente de la
República también utilizó el sustantivo «asesino» para referirse a un usuario de la red
social «X» denominado «@Lykanista», como un homicida, quien según la afirmación
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contenida en la comunicación de «X» del jefe de Estado tenía como función dirigir una
«red», que había sido «construida para amenazar de muerte a progresistas en la red,
incluido al presidente de la República».
82. Lo anterior, permite inferir que los términos y afirmaciones empleados por el
presidente en el mensaje del 20 de abril de 2025 contienen un tono que implican
tensión con los derechos constitucionales al buen nombre y a la honra, por cuanto
tiene una indicación delictiva respecto de un grupo de personas que fueron
identificadas con los usuarios que utilizan en la red social «X» y sus respectivas
fotografías de los perfiles, en la que aparece en primer plano, el rostro del tutelante,
esto es, el señor David Isaac Valencia Villadiego.
83. En este orden, resulta evidente que el mensaje reprochado tiene un señalamiento
en el que es vinculado el actor con una estructura criminal relacionada con actos de
agresión física y amenaza contra miembros o simpatizantes de los partidos de
gobierno. En esa medida, se trata de una afirmación con alta carga difamatoria, toda
vez que, si bien realizó una solicitud de investigación penal para unos sujetos que, a
criterio del jefe de Estado son criminales, lo cierto es que no se detuvo en la petición
dirigida a las autoridades y por los conductos pertinentes, sino que utilizó la red social
para señalar, entre otros, al actor de incurrir en conductas punibles.
84. Así las cosas, la Sala destaca que el mensaje del jefe de Estado no se realizó con
respeto a los estándares de veracidad e imparcialidad, puesto que se efectuó una
aseveración tajante, sin hacer uso de expresiones o términos que implicaran una duda
o una construcción sintáctica que permitiera concluir que atribuye un hecho hipotético.
Por el contrario, se trató de una afirmación vehemente en la que, se abstuvo de
emplear adjetivos como «supuestos» o «eventuales» y, en consecuencia, se presentó
al actor y otras personas, como parte de una red delincuencial, sin garantizar la
presunción de inocencia, que es un derecho de orden constitucional.
85. Sumado a lo expuesto, es pertinente mencionar que el número de seguidores de
la red social del presidente de la República alcanza más de 8 millones de cuentas, y
el mencionado mensaje fue compartido y tuvo un número importante de «likes», es
decir, que fue visto y conocido por una cantidad de sujetos que coexisten al interior de
la comunidad digital de «X».
86. Ahora bien, la apoderada de la Presidencia de la República sostuvo que el asunto
fue analizado fuera de contexto, pues la intensión del señor presidente fue la de
informar o poner en conocimiento de los organismos competentes (Fiscalía General
de la Nación y Policía Nacional), la realización de conductas punibles en contra de
algunos simpatizantes del Gobierno nacional. En esa medida, indicó que el mensaje
era la materialización del deber constitucional y legal como ciudadano y funcionario del
Estado de denunciar cualquier acto ilícito del cual tenga conocimiento.
87. Al respecto, es pertinente aclarar que, si bien todo servidor público tiene el deber
de comunicar a las autoridades la comisión de conductas que pueden llegar a constituir
delitos, para que se inicien las indagaciones e investigaciones respectivas, lo cierto es
que ello debe ejercerse dentro del marco del respeto por los derechos individuales de
las personas, entre estos, la presunción de inocencia, el buen nombre, la honra y la
dignidad humana, por lo que no es de recibo que valiéndose de su deber de denuncia,
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se expresen afirmaciones vehementes sobre las características delictivas de un grupo
de personas, a través de redes sociales.
88. En este punto, conviene aclarar que el ejercicio del deber de denuncia no implica
un uso desmedido del derecho a la libertad de expresión. Sobre esta última
prerrogativa es pertinente precisar que su ámbito de protección se expande o se
restringe dependiendo de quién es la persona que emite la opinión o información, toda
vez que es necesario valorar el rol que ejerce dentro de la sociedad. Así pues,
tratándose de los funcionarios públicos, la libertad de expresión tiene mayores
limitaciones en comparación con lo que le corresponde a un particular, puesto que al
pronunciarse como una autoridad no está ejerciendo «la simple libertad de expresión
reconocida en general a los ciudadanos, sino que están utilizando un medio legítimo
para el ejercicio de la autoridad pública»32.
89. En concreto, el derecho a la libertad de expresión de los funcionarios públicos no
es absoluto y encuentra su limitación en el deber constitucional que se les impone de
proteger la vida, honra, bienes, creencias y demás derechos libertades de las personas
residentes en Colombia, así como asegurar el cumplimiento de los deberes sociales
del Estado y de los particulares33.
90. Entonces, cuando las autoridades actúan en ejercicio de sus funciones «tienen un
rango muy limitado de autonomía y deben orientarse a la defensa de […] los derechos
fundamentales de todas las personas habitantes del territorio»34. Esto, por cuanto
«ostentan una posición de garante frente a las prerrogativas de los asociados, [por lo
que] es necesario que se guíen bajo el criterio de máxima prudencia al momento de
emitir manifestaciones que pongan en riesgo o constituyan injerencias lesivas sobre
tales derechos»35.
91. En efecto, la emisión de opiniones o información por parte de funcionarios
públicos «puede tener un impacto mucho mayor en el imaginario colectivo, en las
creencias de las gentes e incluso en su conducta, dado el enorme grado de confianza
que las personas suelen tener en las afirmaciones de quienes ocupan los cargos más
representativos»36. En este sentido, la Corte Constitucional ha precisado que el
derecho a la libertad de expresión de los funcionarios públicos se restringe debido al
mayor compromiso social que tienen respecto de un particular, así:
[s]i bien es cierto que los servidores públicos mantienen su libertad de información y de
opinión, en su calidad de ciudadanos, también lo es que se les restringe, por su mayor
compromiso social y debido a que el servicio público es una actividad altamente reglada,
que impone mayor prudencia y respeto, por ejemplo, al expedir opiniones y dar
información. En esa medida, claro está que deviene diferente el ámbito de la libertad de
expresión de los servidores públicos, cuando en cumplimiento de sus funciones
constitucionales y legales debe activar su derecho/deber de difundir o expresar
información oficialmente relevante.37
32
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2016. En esta sentencia se analizó una tutela interpuesta contra el ICBF por los
pronunciamientos de dicha entidad en los que responsabilizaba de la desnutrición de los niños Wayúu a sus familias.
33
Constitución Política. Artículo 2.
34
Sentencia T-1037 del 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño. En esta oportunidad se estudió la tutela interpuesta por la periodista
Claudia Julieta Duque contra el DAS por los hostigamientos de los que había sido víctima por parte de dicha entidad.
35
Sentencia T-446 del 2020. M.P. José Fernando Reyes Cuartas. AV. Richard S. Ramírez Grisales (e). En esta sentencia se
abordó el estudio de dos acciones de tutela interpuestas contra el alcalde de Bucaramanga por las acusaciones realizadas en
contra de los accionantes en un programa transmitido desde su cuenta de Facebook.
36
Sentencia T-1037 del 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
37
Corte Constitucional, sentencia T-949 de 2011.
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Accionante: David Isaac Valencia Villadiego
Accionado: presidente de la República
92. La jurisprudencia constitucional, también ha indicado que «los altos funcionarios
del Estado, cuando emiten una opinión o presentan una información, más que el simple
ejercicio del derecho a la libertad de expresión, ejercen un poder-deber de
comunicación permanente con la ciudadanía38. Esto significa que los
pronunciamientos y declaraciones públicas de estos servidores no entran
exclusivamente en el ámbito de su libertad de expresión, sino que constituyen una
forma de ejercer sus deberes frente a los administrados, además de constituir un
mecanismo que facilita la conformación de una opinión pública libre e informada, lo
que posibilita la discusión y participación de los ciudadanos en la toma de las
decisiones que los afectan, así como el control del poder público»39.
93. En síntesis, es claro que los servidores públicos tienen el deber de garantizar los
derechos de todas las personas y asegurar la vigencia del ordenamiento jurídico, por
lo que es necesario que el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión se
encuentre sometido a cargas especiales y mayores restricciones que el resto las
demás personas, pues las opiniones e informaciones que transmitan a la ciudadanía
y demás autoridades deben estar provistas de una especial diligencia y cuidado, con
el fin de evitar que éstas lesiones o amenacen los derechos de las personas. Esta
responsabilidad toma una mayor relevancia cuando el mensaje se transmite a través
de medios de comunicación masiva, como las redes sociales, dada su amplia
capacidad de difusión e incorporación en la sociedad40.
94. Conforme con lo anterior, si lo pretendido por el jefe de Estado era ejercer
legítimamente su derecho a la libertad de expresión, con el fin de transmitir una
información relevante para la seguridad, en cumplimiento de su deber denuncia, lo
propio era que el mensaje del 20 de abril de 2025 se hubiese limitado a solicitar la
investigación de las posibles conductas punibles, dado que en este punto no se emitió
un pronunciamiento concreto respecto de las calidades de algún sujeto particular.
95. No obstante, como se expuso en líneas anteriores, es evidente que el primer
mandatario adicionó su requerimiento y realizó afirmaciones tajantes e inequívocas,
sobre la responsabilidad penal de un grupo de personas, incluida el señor David Isaac
Valencia Villadiego, sin tener un soporte concreto sobre las acusaciones, lo cual
desconoció que las conductas punibles reprochadas debían ser objeto de investigación
por parte de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, y hasta tanto no
existiera una decisión judicial en firme, todo comportamiento correspondería a simples
hipótesis o supuestos.
96. En este orden, es posible concluir que la aseveración que hizo el jefe de Estado
de presentar de manera inequívoca al actor como un miembro de una red encargada
de amenazar a progresistas y al propio presidente de la República derivó en una
vulneración al derecho al buen nombre y honra del señor Valencia Villadiego, pues le
atribuyó una responsabilidad penal sobre supuestas conductas punibles, de altísima
gravedad, respecto de las cuales no existen decisiones judiciales que desvirtúen la
presunción de inocencia de este.
38
Corte Constitucional, sentencias T-1191 del 2004, T-263 de 2010 y T-627 de 2012.
39
Corte Constitucional, sentencia T-124 de 2021.
40
Ibidem.
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97. En este punto, es pertinente resaltar que el señor David Isaac Valencia Villadiego
no estaba sometido a un nivel especial de escrutinio y control social, toda vez que se
trataba de un ciudadano particular, que no ocupa ni ha ejercido algún cargo oficial, por
lo que, según la jurisprudencia Constitucional41, sus derechos al buen nombre y a la
honra tienen una protección amplia en comparación con aquellos servidores y
funcionarios que actúan en el ámbito público o político, que en razón de sus funciones
asumen la carga de soportar mensajes públicos.
98. Por lo anterior, la Sala considera que la acción objeto de estudio, como bien lo
indicó el juez de primera instancia, resultaba procedente para amparar el buen nombre
y la honra del actor, en la medida en que se demostró que el mensaje de 20 de abril
de 2025 no respetó los estándares de veracidad e imparcialidad, al realizar
afirmaciones que desconocieron la reputación e imagen del accionante.
99. Finalmente, es importante aclarar que, si bien en las providencias de tutela
emitidas por esta corporación en el expediente con radicado 11001-03-15-000-2023-
04885-00/01 concluyeron que el presidente de la República no vulneró los derechos
fundamentales de la parte actora por haber efectuado una denuncia ciudadana a
través de la red social «X», también es cierto que en esa ocasión el mensaje publicado
por el jefe de Estado se limitó a solicitar expresamente a la Fiscalía General de la
Nación que identificara al usuario que efectuó una publicación por la mencionada
comunidad digital con una «amenaza» dirigida en contra del director de la SAE 42, lo
cual no corresponde al asunto bajo estudio, pues en esta ocasión el mandatario,
además de informar a las autoridades un hecho investigable, también mencionó a un
grupo de personas, incluido el actor, con unos adjetivos y calificativos, que como ya se
dijo, afectaron su buen nombre y la honra.
IV. CONCLUSIÓN
100. En virtud de lo anterior, la Subsección confirmará la sentencia del 11 de julio de
2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que accedió
al amparo de los derechos fundamentales invocados por el señor David Isaac Valencia
Villadiego.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 11 de julio de 2025 proferida por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
41
Corte Constitucional, sentencia T- 628 de 2017, criterio reiterado en la sentencia T-241 de 2023.
42
Sociedad de Activos Especiales (SAE).
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Accionante: David Isaac Valencia Villadiego
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TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
JLAS/SEJV
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