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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03586-00

Fecha
31 de julio de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03586-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. ACEPTAR la solicitud de desvinculación de los Ministerios de Transporte, Interior y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, por las razones expuestas. SEGUNDO. NEGAR la petición de desvinculación de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, de acuerdo con lo con signado en la motivación de esta sentencia. TERCERO. NEGAR el amparo del derecho fundamental de petición invocado por la señora María Noemí Valencia Ramírez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. QUINTO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03586-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

31 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 11001-03-15-000-2025-03586-001
Demandante : María Noemí Valencia Ramírez
Demandado : Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Vinculados : Jhonny Aurelio Morales Quintero, Laura Tatiana Morales
Valencia, Jhon Amador Morales Valencia, Maria Adela
Quintero Londoño, Joaquín Guillermo Morales Quintero,
Jair de Jesús Morales, Jael Snedi Morales Quintero, Jhon
Jairo Morales Quintero, Luz Alba Morales Quintero, María
Sofía Morales Quintero, Sandra Darley Morales Quintero,
Nación – Ministerio de Defensa Nacional -Policía Nacional,
Ejercito Nacional, Ministerio del Interior, Ministerio de
Transporte y Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República
Acción : Tutela
Tema : Mora Judicial
Decisión : Niega solicitud de amparo

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela
incoada por María Noemí Valencia Ramírez contra el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, por la presunta vulneración de su derecho fundamental de petición.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por la actora. Luego, se revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela
y, finalmente, se resolverá lo pertinente en torno a las pretensiones de este
mecanismo constitucional.

La demanda de tutela.

María Noemí Valencia Ramírez, quien actúa a través de apoderado, interpuso el
presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección del derecho

1
Expediente digital disponible en Samai.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-03586-00
Demandante: María Noemí Valencia Ramírez
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

fundamenta de petición, presuntamente vulnerado por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca

Por consiguiente, solicitó:

«PRIMERO: Tutelar el derecho fundamental al derecho de petición.

SEGUNDO: Ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA -
DESPACHO DEL MAGISTRADO DR. EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS que,
resuelva de fondo la solicitud de corrección de sentencia radicada el 13 de enero de
2025 y reiterada el 7 de abril de 2025, dentro del proceso con radicado 76111-33-31-
001-2013-00227-01.»

Hechos2.

La tutelante relata que, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante
sentencia del 11 de diciembre de 2020, dictada dentro del proceso de reparación
directa identificado bajo el radicado núm. 76111-33-31-001-2013-00227-013,
condenó a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional al pago
de una indemnización a favor del señor Jhony Aurelio Morales Quintero y otros,
entre quienes se encuentra la accionante.

En cumplimiento de dicho fallo, el Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional, expidió la Resolución núm. 00588 del 15 de noviembre de 2024; sin
embargo, se abstuvo de efectuar el pago de la indemnización ordenada a su favor
y suspendió la causación de los intereses, argumentado inconsistencias en su
nombre.

Afirmó que la entidad exigió, como requisito para realizar el pago, la corrección de
su nombre en la sentencia, en el sentido que se precise el nombre competo - María
Noemi Valencia Ramírez -, dado que, en el fallo figuró como María Nohemí
Valencia.

En atención a lo anterior, el 13 de enero de 2025, radicó ante la autoridad judicial
accionada solicitud de corrección de la sentencia en el sentido que se corrija el
nombre. Posteriormente, el 7 de abril del 2025, presentó un nuevo memorial
mediante el cual, reiteró su petición, solicitando que se resolviera la solicitud
previamente formulada.

2
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 2.
3
El proceso puede ser consultado en Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, bajo el radicado núm. 76111-
33-40-003-2013-00227-01.
2

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-03586-00
Demandante: María Noemí Valencia Ramírez
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Finalmente, indicó que, a la fecha de presentar la acción constitucional han
transcurrido «casi cinco (5) meses desde la primera solicitud y más de dos (2) meses desde la
segunda, sin que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca haya emitido pronunciamiento
alguno», Lo cual, a su juicio, se configura en una mora judicial.

II. TRÁMITE PROCESAL

Con auto del 16 de junio de 20254, se inadmitió la presente acción constitucional
para que fuera subsanada.

Allegada la corrección de la solicitud y por satisfacer los requisitos formales, esta
Corporación, a través de auto de 8 de julio de 2025, admitió la presente acción de
tutela. En dicha decisión se (i) ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca; y (ii) dispuso vincular a Jhonny Aurelio Morales Quintero, Laura Tatiana
Morales Valencia, Jhon Amador Morales Valencia, Maria Adela Quintero Londoño,
Joaquín Guillermo Morales Quintero, Jair de Jesús Morales, Jael Snedi Morales
Quintero, Jhon Jairo Morales Quintero, Luz Alba Morales Quintero, María Sofía
Morales Quintero, Sandra Darley Morales Quintero, Nación – Ministerio de Defensa
– Policía Nacional, Ejercito Nacional, Ministerio del Interior, Ministerio de Transporte
y Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en los términos
del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

2.1 Contestación de la acción.

2.1.1 El Ministerio de Transporte5 adujo que los hechos descritos en la presente
solicitud no le constaban, ya que, no guarda relación con las funciones legales y
constitucionales de la entidad. Alegó falta de legitimación en la causa por pasiva,
al no tener participación alguna en la presunta vulneración del derecho invocado
por la accionante. Precisó que, su competencia se circunscribe a la formulación de
políticas publicas en materia de transporte, tránsito e infraestructura, y que carece
de potestad para realizar juicios de validez respecto de las decisiones judiciales.
En consecuencia solicitó su desvinculación.

2.1.2 El Ministerio del Interior6 solicitó ser desvinculado del presente medio
constitucional, por no haber sido la entidad que presuntamente vulneró el derecho

4
Registrado a índice 4 de Samai.
5
Índice 18 de Samai.
6
Índices 22, 23 y 24 de Samai.
3

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-03586-00
Demandante: María Noemí Valencia Ramírez
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

alegado por la tutelante. Sostuvo que, la solicitud debía de ser resuelta por el
Tribunal accionado, en ejercicio de su autonomía e independencia judicial.

2.1.3 El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República7,
indicó que no tuvo conocimiento de la controversia. Argumento que, en virtud de la
separación de poderes, no tiene facultad para modificar o hacer cumplir las
decisiones judiciales. Solicitó su desvinculación, que se declare improcedente y se
niegue la tutela.

2.1.4 El Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional8 manifestó que
mediante resolución núm. 00588 del 15 de noviembre de 2025, dio cumplimiento a
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Sin
embargo, indicó que los valores correspondientes a la accionante quedaron
suspendidos, en razón a que, estaba pendiente la corrección del fallo del 11 de
diciembre de 2020, proferido por la citada autoridad judicial, en el cual, se omitió su
segundo apellido.

Adicionalmente, solicitó su desvinculación del trámite de tutela, por cuanto la
petición de corrección fue elevada exclusivamente ante el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, autoridad competente para pronunciarse, sin que mediara
requerimiento dirigido a esa entidad.

2.1.5 El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el Ejército Nacional, los
señores Jhonny Aurelio Morales Quintero, Laura Tatiana Morales Valencia,
Jhon Amador Morales Valencia, Maria Adela Quintero Londoño, Joaquín
Guillermo Morales Quintero, Jair de Jesús Morales, Jael Snedi Morales
Quintero, Jhon Jairo Morales Quintero, Luz Alba Morales Quintero, María
Sofía Morales Quintero ySandra Darley Morales Quintero guardaron silencio en
la oportunidad prevista para el efecto.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud
de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y

7
Indices 25, 28 y 29 de Samai.
8
Índices 26 y 27 de Samai.
4

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-03586-00
Demandante: María Noemí Valencia Ramírez
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

333 de 2021.

3.2 Cuestión previa.

En relación con las solicitudes de los Ministerios de Transporte, Interior, y el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de ser excluidos del
presente mecanismo constitucional, la Sala accederá, teniendo en cuenta que, en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que se adelantó bajo el
radicado núm. 76111-33-31-001-2013-00227-00/019, fueron desvinculados.

En el mismo sentido, la Policía Nacional solicitó ser desvinculada; sin embargo,
teniendo en cuenta que dicha entidad funge como demanda en el proceso ordinario,
su vinculación en el presente asunto se justifica en calidad de tercero con interés,
con el fin de garantizar su derecho de defensa y contradicción. En consecuencia,
no se aceptará su desvinculación.

3.3 La acción.

La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por
los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como
mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos fundamentales,
permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.4 Problema jurídico.

Se contrae a determinar si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca ha
incurrido en mora judicial al no haber resulto la solicitud de corrección de la
sentencia del 11 de diciembre de 2020, la cual, fue reiterada el 7 de abril de 2025.

3.5 Derecho de petición ante autoridad judicial.

9
El proceso puede ser consultado en Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, bajo el radicado núm. 76111-
33-40-003-2013-00227-01.
5

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-03586-00
Demandante: María Noemí Valencia Ramírez
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Corte Constitucional ha sido enfática en precisar que, si bien el derecho de petición
puede ser ejercicio ante autoridades judiciales, su alcance está condicionado al tipo
de solicitud presentada. En este sentido, ha señalado:

«5.2. Ahora bien, en lo que respecta al derecho de petición ante autoridades judiciales,
esta Corporación ha precisado sus alcances al manifestar que si bien es cierto que el
derecho de petición puede ejercerse ante los jueces y en consecuencia estos se
encuentran en la obligación de tramitar y responder las solicitudes que se les
presenten, también lo es que “el juez o magistrado que conduce un proceso judicial
está sometido -como también las partes y los intervinientes- a las reglas del mismo,
fijadas por la ley, lo que significa que las disposiciones legales contempladas para las
actuaciones administrativas no son necesariamente las mismas que debe observar el
juez cuando le son presentadas peticiones relativas a puntos que habrán de ser
resueltos en su oportunidad procesal y con arreglo a las normas propias de cada juicio”.

En este sentido, la Corte ha sostenido que el alcance del derecho de petición encuentra
limitaciones respecto de las peticiones presentadas frente a autoridades judiciales, toda
vez que han de diferenciarse los tipos de solicitudes, las cuales pueden ser de dos
clases: (i) las referidas a actuaciones estrictamente judiciales, que se encuentran
reguladas en el procedimiento respectivo de cada juicio, debiéndose sujetar entonces
la decisión a los términos y etapas procesales previstos para tal efecto; y (ii) aquellas
peticiones que por ser ajenas al contenido mismo de la litis e impulsos procesales,
deben ser atendidas por la autoridad judicial bajo las normas generales del derecho de
petición que rigen la administración y, en especial, de la Ley 1755 de 2015»10

A partir de lo expuesto, se concluye que, las solicitudes formuladas dentro de un
proceso judicial que versen sobre aspectos propios de su trámite deben de ser
resueltas conforme a las regalas procedimentales que lo rigen, sin que resuelte
exigible su tratamiento bajo las disposiciones generales del derecho de petición.

Teniendo en cuenta que, la petición a la que alude la accionante en este trámite
corresponde a una corrección de una providencia judicial, es claro que, no se rige
por la Ley 1755 de 2015, sino por los términos procesales establecidos en la Ley
1437 del 2011 y en lo no regulado por el Código General del Proceso. Por lo que,
la Sala procederá a analizar si la autoridad judicial ha incurrido en mora judicial.

3.6 La acción de tutela frente a la mora judicial.

El derecho fundamental al acceso a la administración de justicia comporta la
facultad de toda persona de acudir ante los jueces de la República, en aras de
resolver las controversias que vulneran o amenazan sus prerrogativas.

Dicha atribución constitucional no solo refiere a la posibilidad de poner en
funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado, sino también a la de recibir una

10
Corte Constitucional sentencia T-394/18 del 24 de septiembre de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera.
6

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-03586-00
Demandante: María Noemí Valencia Ramírez
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

pronta solución al conflicto, para lo cual las autoridades cuentan con la facultad de
adoptar las medidas coercitivas previstas en el sistema normativo.

Ahora bien, cuando los funcionarios judiciales no actúan dentro de los términos
fijados en las normas procesales, se configura la mora judicial, que constituye un
«fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute efectivo
del derecho de acceso a la administración de justicia, pero que muchas veces una
buena parte de la misma es el resultado de acumulaciones procesales estructurales
que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra
la solución de los procesos»11.

No obstante, el mero retraso en las actuaciones judiciales no vulnera el derecho
fundamental que ahora se estudia, por cuanto debe mediar una tardanza
injustificada por parte de los funcionarios para quebrantar esa garantía, caso en el
cual será susceptible de protección a través de la solicitud de amparo.

Resulta oportuno advertir que, la jurisprudencia de la Corte Constitucional12 ha
indicado que, como regla general, el juez de tutela no debe inmiscuirse en el trámite
de los procesos judiciales debido a que podría desconocer el principio de
autonomía judicial. Sin embargo, cuando se evidencia que, la tardanza no obedece
a cuestiones relacionadas con carga de trabajo, problemas estructurales o
complejidad de los asuntos que se conocen, la acción de tutela resulta procedente
para proteger el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia.

Por tanto, para establecer la prosperidad de la acción de tutela en los casos de
mora judicial, se deben analizar las particularidades de cada situación en concreto
con el fin de determinar si el retardo es justificado o no.

3.7 Solución al caso concreto.

La tutelante pretende que se ordene al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
resolver la solicitud de corrección de la sentencia de segunda instancia, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y otros (76111-33-31-001-2013-
00227-00/01), puesto que, la corrección fue presentada el 13 de enero del presente

11
Corte Constitucional, Sentencia T-945 de 1998, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
12
Sentencia T-258 de 2004, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
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Demandante: María Noemí Valencia Ramírez
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

año y reiterada mediante escrito del 7 de abril de 2025, y a la fecha de radicación
de la presente tutela (12 de junio de 2025), no se ha emitido pronunciamiento
alguno al respecto.

Sea lo primero advertir que, si bien la accionante se encuentra en pleno ejercicio
de su derecho fundamental de petición, ello no implica que toda solicitud elevada
ante autoridad judicial deba de ser tramitada conforme a las reglas generales del
derecho de petición. En presente caso, lo que la tutelante formuló fue una solicitud
encaminada a obtener un pronunciamiento dentro de un proceso judicial. Por tanto
dicha petición debe de ser analizada a luz de las de la normatividad aplicable.

En este sentido, la Corte Constitucional13 ha distinguido entre las solicitudes de
índole administrativa, que sí se rigen por el procedimiento previsto en el régimen
general del derecho de petición, y aquellas que se relacionan de manera estricta
con el desarrollo de una actuación judicial, las cuales deben tramitarse con sujeción
a las reglas procesales correspondientes, sin que ello constituya vulneración del
derecho fundamental invocado. De allí que, en el presente caso, no se advierte una
omisión atribuible a la autoridad accionada que pueda configurar una transgresión
a su derecho.

De otro lado, el Tribunal accionado, aunque no presentó escrito de contestación,
aportó a este trámite constitucional el aludido expediente ordinario, el cual, también
puede ser consultado en la plataforma de gestión judicial denominada SAMAI con
el siguiente radicado 76111-33-40-003-2013-00227-01. De allí se desprende que:
(i) mediante oficio núm. EALB 591 / 2013-00227-01 del 13 de abril de 202114, el
Tribunal devolvió el expediente al juzgado de origen; (ii) el 13 de enero de 2025 la
señora María Noemí Valencia Ramírez, por intermedio de apoderado judicial radicó
ante el Tribunal, solicitud de corrección de sentencia15; (iii) el 27 del mismo mes de
la misma anualidad el Tribunal solicito al Juzgado 3 Administrativo de Buga la
devolución16 del proceso con ocasión a la petición allegada por la tutelante; (iv) el
30 de enero de 2025, fue remitido en formato digital el plenario al Tribunal17; y (v)
el 7 de abril de 2025 la accionante retiró su solicitud18.

13
Corte Constitucional, sentencia T - 920 de 2008, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
14
Índice 24 de Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
15
Índice 26 de Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
16
Ibidem.
17
Índice 27 de Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
18
Índice 29 de Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
8

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Demandante: María Noemí Valencia Ramírez
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Sobre el particular, se advierte que, el aparato jurisdiccional colombiano padece de
problemas estructurales, como consecuencia, en gran medida, de un excesivo
volumen de trabajo que imposibilita que los procesos de su conocimiento se
adelanten en estricto acatamiento de los plazos previstos en las normas legales 19,
como ocurre en el presente caso, pues el despacho en el que se tramita la solicitud
de corrección dentro del proceso de reparación directa radicado 76111-33-40-003-
2013-00227-01conoce de varios asuntos de similar naturaleza, a los cuales debe
dárseles impulso según su turno de ingreso.

No obstante, resulta indispensable para la Sala apoyarse en la metodología
expuesta por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia STP9335-202520,
entendiendo que dicha corporación no se apartó del precedente que la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado han planteado sobre la mora judicial, sino
que identificó un sistema21 para identificar de manera objetiva si existe justificación
en la demora de los despachos judiciales para tramitar los asuntos que le son
asignados.

De acuerdo con las estadísticas publicadas por la Unidad de Desarrollo y Análisis
Estadístico – UDAE, en el presente año22, el despacho del Tribunal accionado en
el cual cursa el proceso ha tenido una actividad que se puede evidenciar como
adecuada para la responsabilidad social y la función asignada, habiendo tramitado
en los dos trimestres de este año el 88 % de los expedientes asignados, tal y como
se pada a ver:

AÑO Meses Ingresos Egresos Total inventario Porcentaje de expedientes
reportados efectivos efectivos final evacuados
2025 6 184 162 423 88 %

Por ello, puede entenderse que el accionado no presenta muestras de mora en su
actuar, por lo que, a pesar de haber transcurrido alrededor de 6 meses y 18 días
en que se presentó la solicitud de corrección, éste no ha sido omisivo en el
cumplimiento de sus funciones, con lo que no podría indicarse que existe violación
injustificada del derecho fundamental de la accionante.

19
Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2013, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
20
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, M.P.: José Joaquín Urbano Martínez. Sentencia STP9335-2025 del
3 de junio del 2025.
21
Como todo sistema, debe ser estudiado y comprobado por los pares, pero es una metodología que puede ayudar a
garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia, no obstante, debe considerarse en su aplicación situaciones
excepcionales que puedan darse en los despachos judiciales, como afecciones a la salud física o mental de los empleados
y funcionarios, situaciones de seguridad, acceso a los medios tecnológicos de trabajo o incluso el respeto por los derechos
laborales o sindicales de los mismos, todo lo que deberá ser analizado por los jueces al momento de definir si existe
justificación o no en la tardanza alegada.
22
https://www.ramajudicial.gov.co/web/estadisticas-judiciales/a%C3%B1o-2025
9

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-03586-00
Demandante: María Noemí Valencia Ramírez
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

La Sala confía en que, la adopción de esta metodología funja como un aporte a la
superación de la mora judicial, al ser un mensaje claro a los Jueces y Magistrados
de lo contencioso-administrativo en el país, frente a las expectativas de la
ciudadanía y nuestro papel como administradores de justicia.

IV. DECISIÓN

Por las razones expuestas la Sala considera que, en el presente asunto no se logró
demostrar la violación del derecho fundamental de la actora, se impone negar las
pretensiones de este mecanismo judicial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. ACEPTAR la solicitud de desvinculación de los Ministerios de
Transporte, Interior y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, por las razones expuestas.

SEGUNDO. NEGAR la petición de desvinculación de la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional - Policía Nacional, de acuerdo con lo con signado en la
motivación de esta sentencia.

TERCERO. NEGAR el amparo del derecho fundamental de petición invocado por
la señora María Noemí Valencia Ramírez, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

CUARTO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en
la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

QUINTO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR
el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

10

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-03586-00
Demandante: María Noemí Valencia Ramírez
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

11

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