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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03594-01

Fecha
18 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03594-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-03594-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

18 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03594-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: FABER OBANDO VERA

TESIS: CONFIRMA LA DECISIÓN DEL A QUO QUE DECLARÓ IMPROCEDENTE
LA SOLICITUD DE AMPARO POR CARECER DEL REQUISITO DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL. ASUNTO MERAMENTE LEGAL Y ECONÓMICO. SANCIÓN
MORATORIA POR EL PAGO TARDÍO DE CESANTÍAS. REITERACIÓN.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra

la sentencia de 9 de julio de 2025, mediante la cual la SECCIÓN

TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO1

declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1
En adelante SECCIÓN TERCERA.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03594-01
Actor: FABER OBANDO VERA

I.1.- La Solicitud

El señor FABER OBANDO VERA, actuando en nombre propio, en

ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la

Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la defensa, los

cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

DEL TOLIMA2, al haber proferido la providencia de 23 de enero de

2025, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho identificado con el número único de radicación 2022-00182-

01.

I.2. Hechos

Indicó que se vinculó como docente oficial al servicio del

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Y CULTURA3, por lo que se encuentra afiliada al FONDO NACIONAL

DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO -FOMAG-4.

Señaló que el 24 de julio de 2020 solicitó el retiro de las cesantías

2
En adelante Tribunal.
3
En adelante Departamento.
4
En adelante FOMAG.

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3

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Actor: FABER OBANDO VERA

parciales para compra de vivienda, prestación que le fue reconocida

a través de la Resolución núm. 3145 de 16 de octubre de 2020,

expedida por el DEPARTAMENTO, la cual fue remitida el 19 de

noviembre de ese año a la FIDUPREVISORA S.A., para el

correspondiente pago.

Manifestó que el 6 de diciembre de 2021 solicitó al MINISTERIO DE

EDUCACIÓN NACIONAL5 - FOMAG, el reconocimiento y pago de la

sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías, no

obstante, no recibió respuesta alguna, por lo que se configuró un

acto ficto negativo.

Indicó que mediante Resolución núm. 1475 de 28 de marzo de 2022,

el DEPARTAMENTO revocó lo dispuesto en la Resolución núm. 3145

de 16 de octubre de 20206, por cuanto consideró que no existía

certeza sobre la compra de vivienda.

Relató que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda en

ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho contra el MINISTERIO - FOMAG y el DEPARTAMENTO,

con el fin de que se declarara la existencia y la nulidad del acto ficto

5
En adelante Ministerio.
6
Notificado el 18 de marzo por correo electrónico.

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Actor: FABER OBANDO VERA

negativo y, en su lugar, se ordenara el reconocimiento y pago de la

sanción moratoria por el pago no oportuno de las cesantías.

Señaló que al mencionado proceso le fue asignado el número único

de radicación 2022-00182-00 y le correspondió en primera instancia

al JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO

DE MEDELLÍN7 que, mediante sentencia de 13 de junio de 2023,

accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.

Adujo que, inconforme con la anterior decisión, el DEPARTAMENTO

interpuso recurso de apelación, el cual fue desatado por el

TRIBUNAL que, mediante providencia de 23 de enero de 2025,

revocó la decisión del a quo y, en su lugar, denegó las pretensiones

de la demanda.

I.3 Fundamentos de la solicitud

A juicio del actor, la autoridad judicial accionada desconoció el

precedente jurisprudencial establecido por el Consejo de Estado8, en

el que ha señalado que a las entidades demandadas dentro del

7
En adelante JUZGADO.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección A, sentencia
de 15 de enero de 2018, expediente identificado con el número único de radicación 2017-03032-00,
M.P. Gabriel Valbuena Hernández
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 8 de mayo de
2025, expediente identificado con el número único de radicación 2025-01127-00, M.P. Omar Joaquín
Barreto Suárez.

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proceso ordinario cuestionado, les asiste la obligación de consignar

dentro del término las cesantías causadas en el año 2020, so pena

de incurrir en mora, lo cual ocurrió en el caso sub examine.

A juicio del actor, la autoridad judicial accionada omitió efectuar una

valoración adecuada, completa y armónica de los elementos de juicio

obrantes en el expediente ordinario. En particular, reprochó que no

se hayan analizado los vicios que contiene la Resolución núm. 1475

de 28 de marzo de 2022, la cual fue expedida de manera

extemporánea, no fue notificada en debida forma y tampoco contenía

una justificación válida para ordenar la revocatoria directa del acto

inicial.

I.4. Pretensiones

El actor solicitó que se amparen sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] PRIMERO: Obtener de su señoría la protección a los derechos al
debido proceso, ordenando A TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
TOLIMA, una vez se compruebe cómo están los elementos axiológicos
para la prosperidad de la acción, respetuosamente solicito SE ORDENE
MODIFICAR la sentencia emitida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL TOLIMA el veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025).

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, respetuosamente
solicito al Honorable Consejo de Estado se ORDENE al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE TOLIMA a proferir nueva sentencia de fondo sin
tener en cuenta la Resolución no. 1475 del 28 de marzo de 2022, la
Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Tolima revocó

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la Resolución no. 3145 del 16 de octubre de 2.020, notificado el 28 de
marzo. […] Por adolecer de la notificación en debida forma y en
consecuencia la única Resolución vigente es la Nro. 3145 del 16 de
octubre de 2.020 y como tal se cumple con la totalidad de sustento
probatorio para CONFIRMAR lo planteado por el Juzgado Quinto
Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, en sentencia proferida el
trece (13) de junio de dos mil veintitrés (2.023).

TERCERO: Se requiera a la Entidad Accionada, para que no vuelva a
incurrir en estas conductas.” […] (Negrilla pertenece al texto).

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL señaló que la sentencia cuestionada se ajustó

a la normativa y jurisprudencia vigente sobre la materia, lo que

significa que no vulneró los derechos fundamentales alegados por el

accionante y, además, tal decisión tiene fuerza de cosa juzgada

material erga omnes.

Aseguró que la valoración de las pruebas y la resolución del caso

concreto se desarrolló de manera adecuada en el marco de la

autonomía e independencia judicial y acatando el precedente

jurisprudencial dispuesto frente a la sanción moratoria por el no pago

oportuno de las cesantías.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- La FIDUPREVISORA S.A., en calidad de vocera del FOMAG,

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advirtió que la argumentación del accionante es “exigua” en relación

con la fundamentación de las causales genéricas y específicas de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial,

porque se está utilizando con el ánimo de invalidar actuaciones

procesales previas y decisiones ejecutoriadas.

Solicitó declarar improcedente el amparo invocado puesto que la

autoridad judicial demandada actuó conforme a las normas aplicables

y no vulneró los derechos fundamentales, sumado a ello, pidió su

desvinculación del presente trámite constitucional, dado que no está

legitimada en la causa por pasiva para actuar.

I.6.2.- El JUZGADO se limitó a remitir el expediente contentivo del

proceso ordinario objeto de controversia.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 9 de julio de 2025, la SECCIÓN TERCERA

declaró improcedente la solicitud de amparo de la referencia bajo el

argumento de que no se cumple con el requisito general de la

relevancia constitucional, toda vez que la controversia examinada es

de carácter legal y económico, pues se pretende debatir el

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reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación

tardía de las cesantías.

Resaltó que el asunto en controversia ya fue sometido a estudio por

las autoridades judiciales competentes en las instancias

correspondientes, por lo que no se puede emplear la acción de tutela

como un recurso que permita revivir la discusión legal y una instancia

adicional para obtener una decisión favorable a los intereses del

actor.

Por último, negó la desvinculación del trámite constitucional de La

FIDUPREVISORA S.A., en calidad de vocera del FOMAG.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la decisión proferida en primera instancia y solicitó

que se revoque, reiterando los fundamentos jurídicos plasmados en

el escrito introductorio.

Afirmó que a la fecha aún no le han pagado las cesantías parciales

solicitadas el 24 de julio de 2020, por lo que persiste la vulneración

de su derecho al debido proceso, máxime si se tiene en cuenta que

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el acto administrativo que negó tal reconocimiento, no nació a la vida

jurídica, ya que fue extemporáneo y no fue notificado de debida

forma.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

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Consejera María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

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a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas

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susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

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c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

h. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera
del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

deje sin efecto la providencia de 23 de enero de 2025, proferida

por el TRIBUNAL, por medio de la cual revocó el fallo del JUZGADO

y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda dentro del

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

identificado con el número único de radicación 2022-00182-01.

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A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos

fundamentales pues juicio del actor, la autoridad judicial accionada

desconoció el precedente jurisprudencial establecido por el Consejo

de Estado, en el que ha señalado que a las entidades demandadas

dentro del proceso ordinario cuestionado, les asiste la obligación de

consignar dentro del término las cesantías causadas en el año 2020,

so pena de incurrir en mora, lo cual ocurrió en el caso sub examine.

A juicio del actor, la autoridad judicial accionada omitió efectuar una

valoración adecuada, completa y armónica de los elementos de juicio

obrantes en el expediente ordinario. En particular, reprochó que no

se hayan analizado los vicios que contiene la Resolución núm. 1475

de 28 de marzo de 2022, la cual fue expedida de manera

extemporánea, no fue notificada en debida forma y tampoco contenía

una justificación válida para ordenar la revocatoria directa del acto

inicial.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN TERCERA de esta Corporación que, a través de

providencia de 9 de julio de 2025, declaró improcedente la solicitud

de amparo, luego de considerar que incumplía con el requisito

general de relevancia constitucional, habida cuenta que la

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controversia examinada es de carácter legal y económico, pues se

pretende el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el

pago tardío de las cesantías.

El actor impugnó la decisión proferida en primera instancia y solicitó

que se revoque, reiterando los fundamentos jurídicos plasmados en

el escrito introductorio. Además, insistió en que el acto

administrativo que le negó el retiro de las cesantías parciales, no

nació a la vida jurídica, ya que fue extemporáneo y no fue notificado

de debida forma.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe

resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero, ii)

establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

fundamentales invocados al denegar las pretensiones de la demanda

de nulidad y restablecimiento del derecho identificada con el número

único de radicación 2022-00182-01.

En ese orden, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos

generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias

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judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

En este punto, la Sala advierte que la finalidad de la actora con la

solicitud de amparo de la referencia es que se reconozca la sanción

moratoria solicitada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento

del derecho.

Cabe señalar que sobre el incumplimiento del requisito de relevancia

constitucional en los asuntos en que se discuten providencias

judiciales en las que se resolvió sobre la procedencia de la sanción

moratoria por no consignación oportuna de las cesantías, la Corte

Constitucional en la sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 20199,

sostuvo lo siguiente:

“[…] 51. Teniendo en cuenta lo dicho, y en consideración a la
especial carga interpretativa que debe asumir el juez de tutela
cuando valora la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de Altas Cortes, para la Sala es claro que
en esta oportunidad el asunto sub examine carece de relevancia
constitucional. Los accionantes consideran que, con las
sentencias proferidas en el marco de los procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho, la autoridad judicial vulneró
sus derechos fundamentales, por cuanto les fue negada la
pretensión de reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por no consignación oportuna de las cesantías,

9
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019. Referencia: Expedientes
T7.457.373, T-7.457.923 y T-7.466.562. M.P. Carlos Bernal Pulido

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Actor: FABER OBANDO VERA

prevista por el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990
y la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de
1998. En esa medida, adujeron que las providencias impugnadas
incurrieron en los defectos sustantivo y por desconocimiento del
precedente, dado que la accionada no interpretó las normas
legales “con un enfoque constitucional” y desconoció los
pronunciamientos de la Corte Constitucional y Consejo de
Estado, según los cuales tenían derecho al pago de la penalidad
reclamada.

52. Sin embargo, las supuestas irregularidades advertidas por
los actores no cumplen con esta exigencia jurisprudencial,
debido a que la controversia planteada: (i) versa sobre un
asunto meramente legal, con una connotación
patrimonial privada, (ii) que no tiene relación directa con
la presunta afectación de un derecho fundamental, y (iii)
busca reabrir el debate concluido por el juez ordinario,
por cuanto no se advierte prima facie una actuación
arbitraria o ilegítima de la autoridad judicial.

[…]

55. De otro lado, la sanción moratoria por no consignación
oportuna de las cesantías no es un derecho fundamental
ni está ligada a la satisfacción de una garantía de
naturaleza constitucional. La jurisprudencia de esta
Corporación ha reconocido el carácter irrenunciable de las
cesantías, como una prestación patronal de rango legal cuya
finalidad es “auxiliar a la persona que se queda temporalmente
sin trabajo”. Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado
sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se
advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho
al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador. En
consecuencia, cualquier pago adicional que no
corresponda a la finalidad misma de las cesantías, sino a
una penalidad para el empleador que no las consigna al
fondo o las paga al trabajador en los términos solicitados,
es un reconocimiento de fuente legal con carácter
netamente patrimonial, que no amerita la intervención
del juez de tutela […]”.

De lo anterior se desprende que los argumentos relacionados con la

procedencia de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las

cesantías no pueden acreditar vulneración de derecho fundamental

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03594-01
Actor: FABER OBANDO VERA

alguno, sino que corresponden a inconformidades de mera legalidad,

que versan sobre un reconocimiento patrimonial que no amerita la

intervención del juez de tutela.

Dicha posición fue reiterada por esta Sala mediante sentencia de 15

de julio de 202110, que declaró la improcedencia de la acción de

tutela por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional,

en un asunto en el que se pretendía dejar sin efectos unas

providencias judiciales que denegaron el reconocimiento de una

sanción moratoria por el no pago oportuno de unas cesantías.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso identificado con
el núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-01425-01. Actora: BOLIVIA MERCEDES PACHECO
GONZÁLEZ. M.P. Oswaldo Giraldo López

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03594-01
Actor: FABER OBANDO VERA

esenciales, propias del debido proceso constitucional11, de manera

tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».12

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación13, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [14]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para

11
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
12
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[14] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”

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Actor: FABER OBANDO VERA

“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [15].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [16].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [17].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de

[15] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[16] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[17] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [18]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [19].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [20]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia

[18] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[19] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[20] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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Actor: FABER OBANDO VERA

en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU-215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho

requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no

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Actor: FABER OBANDO VERA

un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que

excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación

que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó

que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el

requisito de relevancia constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito: (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad; (ii) impedir que la acción de

tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para

controvertir las decisiones judiciales, y (iii) preservar la competencia

y la independencia del juez ordinario.

Descendiendo al caso concreto, la Sala constata que lo planteado

en la presente acción de tutela no se refiere a un asunto de relevancia

constitucional, en los términos señalados en la jurisprudencia

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constitucional aquí analizada-, que haga imperiosa la intervención del

juez de tutela, con miras a examinar la posible vulneración de los

derechos fundamentales invocados por el actor

En efecto, se advierte que lo pretendido por la accionante con la

presente solicitud es controvertir la decisión judicial por medio de la

cual se denegó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por

el retardo en el pago oportuno de unas cesantías, lo cual conforme

con el criterio establecido por la Corte Constitucional y reiterado por

esta Sala, anteriormente expuesto, no cumple con el requisito

general de relevancia constitucional por tratarse de un asunto

meramente económico, sobre el cual versan inconformidades de

mera legalidad que no ameritan la intervención del juez de tutela.

Ahora bien, la Sala advierte que los argumentos que invoca la parte

actora como fundamento de la presunta vulneración de los derechos

deprecados, fueron objeto de pronunciamiento por el TRIBUNAL

mediante sentencia de 23 de enero de 2025, en la que dijo lo

siguiente:

“[…] 6.1.3. Problema jurídico

Se precisa que el problema jurídico en esta instancia se
concreta en determinar si fue ajustada a derecho la decisión
adoptada por el operador jurídico primario en lo

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Actor: FABER OBANDO VERA

correspondiente al reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por el no pago oportuno de las cesantías parciales
solicitadas por el señor FABER OBANDO VERA, o si, por el
contrario, la misma se ha de revocar y/o modificar en atención
a los reparos formulados por el extremo pasivo – Departamento
del Tolima.

Pretende la parte accionante, se declare la existencia y
posterior nulidad del acto ficto o presunto derivado del silencio
administrativo negativo respecto de las solicitudes presentadas
por el señor FABER OBANDO VERA el 06 de diciembre de 2021,
y conforme a la cual peticionó el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria por la no cancelación oportuna de la cesantía
parciales, en calidad de empleado público del ramo docente.

Con miras a resolver la presente controversia, se determinará:
i) el acto administrativo acusado, ii) los hechos probados, iii)
el régimen salarial y prestacional docente iv) El marco
normativo de la sanción moratoria por pago inoportuno de
cesantías aplicable a los servidores públicos, v) conteo del
término vi) aplicabilidad de la Ley 1071 de 2006 al personal
docente en calidad de servidores públicos y sustento
jurisprudencial y vii) del caso en concreto dentro del cual se
analizará en primer término el fenómeno jurídico de la
prescripción.

6.2.2. Hechos probados

Ahora bien, de conformidad con las pruebas allegadas
oportunamente y en forma legal a la encuadernación, se
advierten lo siguiente:

• El día 24 de julio del año 2020, el señor FABER OBANDO
VERA solicitó el reconocimiento y pago de cesantías parciales
para compra de vivienda, en razón a que labora como docente
al servicio de la institución Educativa sede principal Gonzalo
Giménez de Quesada – Tolima. (fol. 13-15 – Doc. PDF –
003DemandaConAnexos – expediente digital juzgado –
SAMAI).

• Que mediante la Resolución N° 3145 del 16 de octubre
de 2020, la Secretaría de Educación Departamental del Tolima
reconoció y ordenó el pago de una cesantía parcial para compra
de vivienda en favor del señor FABER OBANDO VERA, por el
valor de $23.120.417, notificado el 26 de octubre de 2020, con
renuncia a términos. (fol. 13-15 – Doc. PDF –
003DemandaConAnexos, y PDF

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Actor: FABER OBANDO VERA

12.Contestacióndemandaapoderadadepartamentotolima – PDF
folio 39- expediente digital juzgado – SAMAI).

• Que la secretaría de Educación y Cultura del
departamento del Tolima remitió ante la Fiduprevisora S.A., el
reporte de envió prestaciones para pagos el 19 de noviembre
de 2020. (ver doc. PDF
12.Contestacióndemandaapoderadadepartamentotolima – PDF
• expediente digital juzgado – SAMAI).

• Que conforme a la Resolución Nro. 1475 del 28 de marzo
de 2.022, la Secretaría de Educación y Cultura del
Departamento del Tolima revocó la Resolución Nro. 3145 del
16 de octubre de 2.020, notificado el 28 de marzo de

• 2022. (ver folios 44-47 y 48 doc. PDF
12.Contestacióndemandaapoderadadepartamentotolima – PDF
• expediente digital juzgado – SAMAI).

• Que el anterior acto administrativo fue notificado el 28
de marzo de 2022, vía correo electrónico –
faberobando@hotmail.com. (ver folios 52-53 PDF
12.Contestacióndemandaapoderadadepartamentotolima – PDF
• expediente digital juzgado – SAMAI).

• Que mediante petición Nro. 2021-ER-427533 del 6 de
diciembre de 2021, la parte demandante solicitó a la Nación –
Ministerio de Educación - Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio Regional, el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por el no pago oportuno de sus cesantías; no
obstante, la administración guardó silencio. (fol. 12 – Doc. PDF
– 003DemandaConAnexos – expediente digital juzgado –
SAMAI).

• • Que por intermedio de la petición radicada bajo el No.
TOL2021ER045793 del 6 de diciembre de 2.021, el
demandante solicitó ante Departamento del Tolima el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el no pago
oportuno de sus cesantías, sin embargo, la misma no fue
resuelta. (fol. 12– Doc. PDF – 003DemandaConAnexos –
expediente digital juzgado – SAMAI).
•
6.2.3. El régimen salarial y prestacional docente

Por disposición del artículo 3° del Decreto 2277 de 1979, los
educadores que prestan sus servicios en entidades oficiales del
orden Nacional, Departamental, Distrital, y Municipal, son
empleados oficiales de régimen especial. La especialidad del

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régimen comprende algunas prerrogativas, tales como la
posibilidad de recibir simultáneamente pensión y sueldo
(Decreto 224 de 1972, artículo 5°), y de gozar de la
denominada pensión gracia, (Leyes 114 de 1913, 116 de 1928
y 37 de 1933) prestaciones que reiteran las Leyes 91 de 1989;
100 de 1993, artículo 279 y; 115 de 1994, artículo 115.

Ahora bien, se tiene que en virtud de la potestad consagrada
en el numeral 19, literal e, del artículo 150 Superior5, el
Congreso de la República expidió la Ley 91 de 19896, a través
de la cual se instituyó el régimen prestacional especial del
personal docente, el cual es administrado por el Fondo Nacional
de Prestaciones del Magisterio, organismo que se encarga de
atender las prestaciones sociales de los docentes en lo
relacionado con salud, pensiones y cesantías, efectuando el
pago de las prestaciones económicas y garantizando la
prestación de los servicios médico - asistenciales.

En orden a resolver lo pertinente, encuentra la Sala que el
régimen prestacional especial del personal docente
contemplado en la Ley 91 de 1989, regula en el numeral 3° de
su artículo 15, lo atinente al reconocimiento de las cesantías,
así: […]

A su turno, la Ley 60 de 1993, al disponer la forma de
organización de las plantas de personal docente, aclaró que el
régimen de prestaciones sociales a favor de los nuevos
docentes, será el establecido en la precitada Ley 91 de
1989. Así quedó previsto en el artículo 6º, al señalar:

Por su parte, la Ley 115 de 1994 “Por la cual se expide la Ley
General de Educación”, señaló en su artículo 115: […]

De la relación normativa expuesta, se puede concluir que las
prestaciones sociales de los docentes y, específicamente en el
caso de las cesantías, se gobiernan por lo dispuesto en la Ley
91 de 1989.

6.2.4. Marco normativo de la sanción moratoria por pago
inoportuno de cesantías de los servidores públicos.

En este punto, se ha de establecer que, la cesantía es una
prestación social, originada en una vinculación de tipo laboral,
que beneficia no sólo al trabajador adscrito al sector privado
sino también al vinculado al sector público, sea cual sea la
modalidad bajo la cual se haya generado el vínculo. Se
reconoce cuando se rompe la relación entre la administración y
el funcionario, caso en el cual es definitiva, o cuando se dan los

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supuestos para su otorgamiento de forma parcial, sin que el
vínculo laboral cese, como cuando su pago está relacionado con
necesidades de adquisición o mejoramiento de vivienda.

Ahora bien, la indemnización por mora en el pago de la cesantía
de los servidores públicos se erigió por parte del legislador, a
través de la Ley 244 de 19957, subrogada en algunos artículos
por la Ley 1071 de 2006, en este sentido dispone:

En la exposición de motivos de la Ley 244 de 1995 se precisó
que la finalidad de la sanción moratoria es lograr el pago
oportuno de las cesantías del servidor público, mediante un
cronograma y un procedimiento ágil, que evite que éste reciba
una suma devaluada. Concretamente se indicó: […]

En este orden de ideas, se puede afirmar que la Ley 244 de
1995, al establecer en sus artículos 1º y 2º, un término
perentorio para la liquidación y pago de las cesantías definitivas
y parciales buscó que i) la administración expidiera la
resolución en forma expedita y ii) que el pago se hiciera de
manera oportuna para evitar corrupción, favorecimientos
indebidos y perjuicios a los trabajadores.

6.2.5. Cómputo de la sanción moratoria

Con respecto al conteo de términos de la sanción moratoria, el
Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia
del 02 de marzo de 201711, precisó: […]

Así las cosas, la moratoria en el pago de las cesantías se rige
por el procedimiento contemplado en la Ley 244 de 1995,
subrogada por la Ley 1071 de 2006, previendo que luego de
presentada la solicitud, la entidad cuenta con el término
máximo de 15 días para expedir la resolución de liquidación de
las cesantías definitivas y/o parciales, 5 o 10 días, según el
caso, que corresponden a la ejecutoria del acto administrativo,
y 45 días hábiles para el pago, luego de los cuales empezará a
correr la sanción moratoria correspondiente a un día de salario
por cada día de retardo.

En este punto, es menester precisar que el término de
ejecutoria depende de la fecha de expedición del acto
administrativo, es decir, si se dio en el marco de aplicación de
la Código de lo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de
1984), que contemplaba como término para la interposición de
los recursos de 5 días (artículo 51), no obstante, tal plazo fue

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ampliado con la expedición de la Ley 1437 de 2011 a 10 días
(artículo 76).

En conclusión, cuando la administración no se pronuncie frente
a la solicitud de pago del auxilio de cesantía, o lo haga en forma
tardía, dicha situación no la exime de la sanción moratoria
correspondiente a un día de salario por cada día de retraso,
razón por la cual, en tales casos, la moratoria debe
contabilizarse a partir de la fecha de la solicitud, pues en caso
contrario, se estaría avalando el retardo injustificado de la
administración en proferirlo, desconociendo los motivos que el
legislador tuvo para la consagración de esta sanción14.

6.2.6. Aplicabilidad de la Ley 1071 de 2006 al personal
docente del sector oficial y sustento jurisprudencial

El artículo 2º de la Ley 1071 de 2006, por medio de la cual se
subrogó la Ley 244 de 1995, precisó de manera expresa los
destinatarios de la norma, así: […]

Ahora bien, con relación a la específica aplicación de esta
norma al personal docente es preciso señalar que la H. Corte
Constitucional en sentencia de unificación SU-336 del 18 de
mayo de 2017, con ponencia del Doctor IVÁN HUMBERTO
ESCRUCERÍA MAYOLO, estableció que éstos deben ser
considerados como empleados públicos y por ende
beneficiarios de la sanción moratoria por el pago tardío de la
cesantías parciales o definitivas. En dicho fallo, el Alto Tribunal
Constitucional aclaró: […]

De igual manera, la Corporación mediante sentencia C-486 de
2016, efectuó el estudio de constitucionalidad y declaró
inexequible el artículo 89 de la Ley 1769 de 201515 “por la cual
se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley
de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31
de diciembre de 2016”, toda vez que, trasgredía los principios
de unidad de materia presupuestal al modificar los plazos para
el pago de las cesantías parciales o definitivas de los docentes
del magisterio y reducir el monto de los intereses por mora en
el cumplimiento de esta obligación, tal y como se encuentra
previsto en los artículos 4° y 5° de la Ley 1071 de 2006,
decisiones que a juicio de la máxima instancia constitucional,
resultan regresivas y atentan contra los derechos mínimos
laborales de los trabajadores. Del mismo modo, indicó que la
normativa aplicable al personal docente en materia de pago de
cesantías y sanción moratoria, es la contemplada en la Ley
1071 de 2006, pues tales servidores deben ser considerados,
para tales efectos, como servidores públicos: […]

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Este criterio a su vez fue acogido por el Honorable Consejo de
Estado y por la Corte Constitucional en sentencia de unificación
CE-SUJ-SII-012-2018 del 18 de julio de 201816, en donde se
hizo un estudio detallado de la naturaleza del empleo docente
en el sector oficial, concluyendo que los educadores prestan un
servicio público esencial a cargo del Estado y en beneficio del
interés general, resultándoles aplicable la sanción mora
consagrada en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 por el
reconocimiento y pago tardío de las cesantías.

6.2.7. Entidad que debe asumir el pago de la sanción
moratoria causada

Hasta el 25 de mayo de 2019 el Decreto 1075 de 2015 era el
que reglamentaba el reconocimiento y pago de las prestaciones
económicas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones del
Magisterio, así como la sanción por mora en caso de
incumplimiento de los términos previstos en la Ley 1071 de
2016, y allí se percibe la "Subsección 2 Reconocimiento y pago
de las prestaciones económicas a cargo del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio" que ha tenido
innumerables cambios.

De acuerdo a la norma reglamentaria, las solicitudes
correspondientes a reconocimientos de cesantías parciales o
definitivas a cargo del FOMAG deben ser resueltas sin exceder
15 días hábiles contados desde la radicación completa de la
solicitud por parte del peticionario, con un procedimiento
expedito y sin dilaciones conforme lo dispusieron las leyes 244
de 1995 y 1071 de 2006; agotado el referido trámite y radicado
el acto de reconocimiento de cesantías parciales o definitivas a
la sociedad Fiduciaria, esta cuenta con 45 días hábiles para
pagar la prestación.

Asimismo, según lo dispuesto en el artículo 2.4.4.2.3.2.2.-5 del
Decreto 1075 de 2015, la gestión a cargo de las Secretarías de
Educación consiste en “remitir, a la sociedad fiduciaria
encargada del manejo de los recursos del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, copia de los actos
administrativos de reconocimiento de prestaciones sociales a
cargo de este, junto con la respectiva constancia de ejecutoria
para efectos de pago. Adicionalmente y según lo previsto en el
artículo 2.4.4.2.3.2.27. ibídem, “dentro de los 45 días hábiles
siguientes a la notificación y ejecutoria del acto administrativo
que reconoce las solicitudes de reconocimiento de cesantías
parciales o definitivas, la sociedad fiduciaria deberá efectuar los
pagos correspondientes”.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03594-01
Actor: FABER OBANDO VERA

Posteriormente, el Congreso de la República de Colombia,
expidió la Ley 1955 de 2019 "Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022-Pacto por Colombia-Pacto por la Equidad", norma que en
su artículo 57 trasladó a la entidad territorial la responsabilidad
de pagar la sanción moratoria en los eventos que dicha mora
se genere como consecuencia del incumplimiento de los plazos
previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago
de cesantías por parte de la Secretaría de Educación territorial
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio: […]

En ese sentido, el reconocimiento del auxilio de cesantías es
responsabilidad de la Secretaría de Educación territorial
certificada en educación, mientras el pago es competencia del
Ministerio de Educación –Fomag.

Antes de la Ley 1955 de 2019, no estaba regulado un pagador
distinto al Ministerio de Educación - FOMAG de la sanción
moratoria; además, no era necesario establecer si existieron
demoras administrativas por parte de la entidad territorial
interviniente en el trámite; pero con la entrada en vigencia de
esta Ley se torna imperativo verificar si la entidad territorial
incumplió los plazos previstos para la radicación o entrega de
la solicitud de pago de cesantías al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, que será de 15 días
máximo, pues de ser así, deberá aquel ente de la
administración pagar la respectiva sanción moratoria.

Igualmente, el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019, señaló que
la vigencia de la misma sería a partir de la publicación, acto
que se surtió el 25 de mayo de 2019. En efecto, debe tenerse
presente que sólo aplica para las solicitudes de cesantías
radicadas a partir del 25 de mayo de 2019; en virtud del
principio de legalidad, tipicidad e irretroactividad.

Por lo anterior, la citada norma sólo produce efectos hacia el
futuro y no se aplica a casos como este, en el que la petición
de reconocimiento y pago de las cesantías fue radicada el 18
de junio de 2015, esto es, antes de la entrada en vigencia de
la Ley 1955 de 2019, de manera que para el caso concreto es
aplicable lo establecido en el artículo 56 de la Ley 962 de 2005,
siendo el FOMAG el responsable del pago de la sanción
moratoria por el pago tardío en las cesantías.

6.2.8. De la suspensión de términos en los trámites
administrativos como consecuencia de la emergencia
sanitaria decretada por el Ministerio de SALUD y
Protección Social en virtud del brote de covid-19.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03594-01
Actor: FABER OBANDO VERA

[…]

Conforme lo anterior, tenemos que mediante el Decreto 296
del 17 de marzo del 2020 expedido por el Gobernador del
Tolima, se suspendieron los términos de las peticiones,
recursos y demás actuaciones administrativas hasta que se
superara la emergencia sanitaria o hasta cuando se considerara
necesario.

Posteriormente, conforme a la Circular 147 del 10 de julio de
202021, el secretario Departamental de Educación levantó los
aludidos términos de suspensión a partir del 13 de julio de ese
año, referente únicamente a los procesos de Prestaciones
Sociales (Cesantías Parciales, Cesantías Definitivas,
Pensiones), es decir, frente al trámite que trata el presente
medio de control, y establece el proceso de atención virtual
para los mismos a través de Correo Electrónico Institucional.

En orden a lo anterior, los términos de las peticiones, recursos
y demás actuaciones administrativas de la oficina de
prestaciones sociales de la Secretaria de Educación y Cultura
del Departamento del Tolima, estuvieron suspendidos en el
marco de la emergencia sanitaria por causa del COVID-19,
desde el 17 de marzo de 2020 hasta el 12 de julio de igual año.
Ahora bien, la Corte Constitucional, dentro del proceso de
revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 491 de
2020, sobre la suspensión de términos que implique la
inaplicación de una norma que contenga una sanción
moratoria, como la que se reclama en este proceso, precisó:
De conformidad a lo antedicho por la Corte Constitucional, esta
Sala concluye que durante el tiempo que dure la suspensión de
términos en las actuaciones administrativas adelantadas para
el reconocimiento y pago de cesantías definitivas o parciales,
se indexa el valor de la respectiva prestación (cesantías
parciales o definitivas, según el caso).

6.2.7. Caso concreto

Teniendo en cuenta el material probatorio relacionado
precedentemente, y la Sentencia de Unificación, CE-SUJ-SII-
012-2018, proferida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado, es claro que en el caso bajo estudio es necesario
determinar si la administración reconoció y canceló
tardíamente las cesantías parciales solicitadas por la
demandante, por lo que el término para el cómputo de la
sanción moratoria iniciará a partir de la radicación de la
solicitud de reconocimiento de cesantías, de manera que se
contará quince (15) días que tenía el correspondiente ente

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03594-01
Actor: FABER OBANDO VERA

territorial para expedir el acto administrativo de
reconocimiento, diez (10) días del término de ejecutoria de la
decisión, teniendo en cuenta que la solicitud fue presentada en
vigencia de la Ley 1437 de 2011, y cuarenta y cinco (45) días
hábiles con lo que se contaba para efectuar el correspondiente
pago. Por lo que, al vencimiento de los setenta (70) días hábiles
discriminados en precedencia, se causará la sanción moratoria.
De esta manera, y según los medios de pruebas debidamente
incorporados al expediente, se tiene que la solicitud de las
cesantías deprecada por el señor Obando Vera se resolvió en
los siguientes términos.

• La petición fue radicada por el señor FABER OBANDO VERA
ante la Secretaría de Educación del Departamento del Tolima
el 24 de julio de 2020, bajo el radicado 2020-CES-027665 y
TOL2020ER015043.

• Que el Departamento del Tolima – Secretaría de Educación
Departamental, el 16 de octubre de 2020, expidió la
Resolución No. 3145 conforme a la cual reconoció en favor del
señor FABER OBANDO VERA, unas cesantías parciales por el
valor de $23.120.417, M/cte, acto administrativo fue
notificado personalmente el 26 de octubre de 2020.

• Que la remisión de la Resolución No. 3145 del 16 de
octubre de 2020 ante la Fiduprevisora S.A. vocera del FOMAG
para su pago se dio el 19 de noviembre de 202022;
documento que fue recepcionado el 10 de diciembre de 2020.

• Que mediante derechos de petición radicados bajos los Nos.
2021-ER-427533 y TOL2021ER045793 del 6 de diciembre de
2.021, ante la Nación – Ministerio de Educación - Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio Regional, y el
Departamento del Tolima, el extremo procesal activo solicitó
el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el no
pago oportuno de sus cesantías, sin embargo, los mismos no
fueron resueltos.

• Que conforme a la Resolución Nro. 1475 del 28 de marzo de
2.022, la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento
del Tolima revocó la Resolución Nro. 3145 del 16 de octubre
de 2.020, notificado el 28 de marzo de 2022, conforme al
siguiente argumento: “Que el docente FABER OBANDO VERA
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 93397633, se
notificó de la resolución No. 3145 de 16/10/20201,
manifestando renunciar a términos de ejecutoria y sin
interponer recurso de reposición, por lo que la actuación
administrativa se desarrolló a la Luz del principio, por lo que
la actuación administrativa se desarrolló a la luz del principio
constitucional de la buena fe, art. 83 CPC.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03594-01
Actor: FABER OBANDO VERA

Que la oficina de prestaciones sociales del Magisterio Regional
Tolima, remitió el expediente para pago, el cual tiene recibido
por parte de la funcionaria de la Fiduprevisora S.A.

Que con la hoja de revisión emitida por la Fiduprevisora S.A.
con numero identificado 2020552, NIEGA el pago de la
prestación, aludiendo que no procede porque “SE DEBE NEGAR
TENIENDO EN CUENTA QUE REVISADO EL CERTIFICADO DE
LIBERTAD Y TRADICION APORTADO CORRESPONDIENTE A LA
MATRICULA INMOBILIARIA 362- 1679, EN LAS ANOTACIONES
10 Y 11, SE EVIDENCIA QUE SE HAN REALIZADO
COMPRAVENTAS ENTRE LAS MISMAS PARTES QUE
CONCURREN EN EL PRESENTE CASO, POR LO QUE TAL HECHO
NO GENERA CERTEZA DE LA VERACIDAD DEL NEGOCIO
JURIDICO Y LA FINALIDAD DE LOS FONDOS QUE SE GIREN
POR CONCEPTO DE CESANTIAS”, por lo tanto, ordenar revocar
el acto administrativo.

Que, como consecuencia de lo anterior, se debe revocar la
Revocatoria No. 3145 de 16/10/20201, por solicitud de la
FIDUPREVISORA S.A., a quien se le está causando un agravio
injustificado según el numeral 3º del artículo 93º de la ley
1437 de 2011, por cuanto se presenta una diferencia en el
valor liquidado, en razón de lo anterior se deja sin efectos el
acto administrativo anteriormente mencionado, y el
peticionario deberá radicar nuevamente la solicitud de
cesantía parcial para COMPRA DE VIVIENDA con la
documentación completa y los formularios debidamente
diligenciados con el fin de evitar las sanciones por mora que
trata la Ley 244 de 1995, Ley 1071 de 2006 y la Ley 1955 de
2019 Art. 53.”

Teniendo en cuenta lo anterior, en primer lugar, habrá que
señalar que, conforme a lo dispuesto en los acápites
precedentes, los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales – FOMAG, tienen derecho al
reconocimiento de la sanción moratoria en aquellos eventos en
los que se advierta mora en la expedición del acto de
reconocimiento o en el pago de la prestación.

Ahora, se tiene que surtido el trámite procesal correspondiente
en primera instancia, la juez accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, argumentando que, como quiera
que la Resolución Nro. 1475 del 28 de marzo de 2.022 es un
acto administrativo cuya presunción de legalidad no es objeto
de estudio en el presente asunto y aunque fue puesto en
conocimiento por parte del Departamento del Tolima; y las
pretensiones de la demanda persiguen el reconocimiento y
pago de la sanción moratoria causada con ocasión del pago
tardío de las cesantías parciales reconocidas en la Resolución
Nro. 3145 del 16 de octubre de 2.020, consideró que había

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03594-01
Actor: FABER OBANDO VERA

lugar a la citada sanción, desde la fecha de su expedición, el
16 de octubre de 2.020 hasta el momento de su revocatoria
por parte de la administración, el 28 de marzo de 2.022, esto
es, el término en que estuvo vigente.

En el recurso de apelación, el Departamento del Tolima
argumenta, la inexistencia de responsabilidad total del
Departamento del Tolima frente a la reclamación impetrada,
esto, por cuanto el ente territorial a través de la secretaría de
Educación y Cultura remitió el acto administrativo de
reconocimiento y pago de Cesantías, ante la Fiduciaria la
previsora S.A para su correspondiente pago, tal y como lo
dispone la Ley 91 de 1989, y en tal medida tanto el FOMAG
como la Fiduciaria son entidades que deben ser llamadas a
responder conforme a las facultades que les asisten; sin
embargo, en el conteo de términos señaló que el pago no se
dio debido a la revocatoria del reconocimiento de fecha 28 de
marzo de 2022.

Lo primero que se ha de señalar es que, de acuerdo a las
pretensiones de la demanda, en efecto el actor busca que se
declare la existencia y consecuente nulidad de los actos fictos
resultantes de la falta de respuesta a las solicitudes que
negaron el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por
el retraso en el pago de cesantías solicitadas el 24 de julio de
2020.

Ahora, y conforme a lo anterior, se tiene que la prueba
documental da cuenta que, la Secretaría de Educación
Departamental como consecuencia de la solicitud presentada
por la demandante el 24 de julio de 2020, expidió acto
administrativo No. 3145 del 16 de octubre de 2.020; el cual,
una vez notificado, fue remitido al Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio Regional Tolima para su pago; no
obstante, según hoja de revisión emitida por la Fiduprevisora,
se tuvo que la misma fue objeto de revocatoria según
resolución No. 1475 del 28 de marzo de 2022, esto por cuanto
al denegarse el derecho prestacional se indicó que en el caso
no se evidenciaba la veracidad del negoció jurídico y a finalidad
de los fondo que se giren por el concepto de cesantías.

En tales condiciones, se tiene que a través de la Resolución
1475 del 28 de marzo de 2022, la administración definió lo
correspondiente a la solicitud elevada por la demandante, y
negó el reconocimiento y pago de las cesantías, indicándole a
la hoy accionante que debía radicar nueva solicitud de
reconocimiento con la documentación completa y los
formularios debidamente diligenciados, razón por la cual es

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03594-01
Actor: FABER OBANDO VERA

claro que al no haber sido reconocida la cesantías, este Tribunal
considera que no es posible pedir el reconocimiento y pago de
la sanción moratoria, pues al no nacer la obligación tampoco la
sanción, máxime cuando este último acto no fue objeto de
controversia, ya que como se indicó el proceso se centró
únicamente en la legalidad de los actos fictos resultantes de la
falta de respuesta a las solicitudes que negaron el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el retraso
en el pago de cesantías solicitadas el 24 de julio de 2020.

En este orden de ideas, se precisa que de acuerdo con los
artículos 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006, la administración tiene
15 días hábiles desde la presentación de la solicitud de
cesantías para expedir la resolución, si reúne todos los
requisitos determinados en la ley. Además, cuenta con 45
días hábiles, una vez quede en firme el acto administrativo que
reconoce las cesantías, para realizar el pago, solo después de
vencido este último plazo se genera la sanción moratoria. No
obstante en este caso, al revocarse y denegarse el
reconocimiento de la prestación por no resultar procedente
dada a la no existencia de la certeza de la veracidad del negocio
jurídico y finalidad de los fondos que se giren por el concepto
de cesantías, y no controvertirse su legalidad bien fuere a
través del presente medio de control u otro independiente, este
tiene plena validez y surte efectos jurídicos, y así las cosas,
finalmente tiene que, contrario a lo señalado por la autoridad
judicial de instancia, no se causó mora ni la penalidad
reclamada por la parte actora.

Ahora, si bien el parágrafo del artículo 4 de la Ley 1071 de 2006
establece que la entidad, al observar que la solicitud estaba
incompleta, debía informar a la peticionaria dentro de los 10
días hábiles siguientes, indicando los documentos o requisitos
pendientes, y no se tiene probado que la entidad hubiere
cumplido con este deber, ya que revoco y negó la prestación
sin otorgar la oportunidad de subsanar. No obstante, el hecho
de que la administración no concediera este plazo no implica
que la solicitud se considere completa y con el cumplimiento de
los requisitos legales, por ende, debió atacarse la legalidad del
acto administrativo de revocatoria, para determinar si las
cesantías debieran cancelarse.

Entonces, si concluye que lo propio era acudir a la jurisdicción
para controvertir la legalidad de dicho acto, dado que la
revocatoria y negación del derecho a la prestación mediante
ese acto no justifica la penalidad reclamada en este asunto,
sino que, por el contrario, lo hace improcedente […]”.

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Actor: FABER OBANDO VERA

De los apartes transcritos, la Sala observa que el TRIBUNAL arribó

a la conclusión que al actor no le asistía el derecho prestacional

reclamado, pues si bien mediante Resolución núm. 3514 de 2020, se

ordenó el pago de las cesantías parciales, la Resolución núm. 1475

del 28 de marzo de 2022, revocó la decisión inicial, puesto que no se

cumplía con los requisitos establecidos para su reconocimiento, lo

que significa que al no nacer la obligación del pago de tal prestación,

tampoco era posible pedir el reconocimiento y pago de la sanción

moratoria por el pago tardío de las cesantías.

Realizadas las anteriores observaciones, la Sala constata que lo

planteado en la presente acción de tutela no se refiere a un asunto

de relevancia constitucional, -en los términos señalados en la

jurisprudencia constitucional aquí analizada-, que haga imperiosa la

intervención del juez de tutela, con miras a examinar la posible

vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte

actora.

En efecto, se evidencia que lo pretendido es crear una instancia

adicional trayendo argumentos que ya fueron suficientemente

debatidos por el juez natural del litigio.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03594-01
Actor: FABER OBANDO VERA

Sumado a lo anterior, la Sala destaca que tampoco se cumple con la

carga argumentativa en lo que refiere al desconocimiento del

precedente endilgado, habida cuenta que, si bien la parte actora puso

no se tuvieron en cuenta “[…] las sentencias de 15 de enero de 2018,

expediente identificado con el número único de radicación 2017-

03032-00, M.P. Gabriel Valbuena Hernández y de 8 de mayo de

2025, expediente identificado con el número único de radicación

2025-01127-00, M.P. Omar Joaquín Barreto Suárez […]”, no

especificó de forma alguna la incidencia que estas tienen en la

decisión cuestionada.

Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa del

defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta

Sala21 ha indicado:

“[…] Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de las
decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas; sin
embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa
de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas y
sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las situaciones

21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de
noviembre de 2022, CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-
000-2022-04407-01.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03594-01
Actor: FABER OBANDO VERA

fácticas coligadas, y iii) los problemas jurídicos planteados
en ambos casos eran análogos o similares; argumentación
que en el caso de autos no se cumple […]” (Destacado fuera de
texto).

Así las cosas, es del caso advertir que no basta con que la parte

actora realice una remisión al tema objeto de debate dentro del

proceso cuestionado, afirmando que la decisión controvertida

desconoció sus derechos fundamentales al desconocer el precedente

judicial, por cuanto dichas afirmaciones no identifican en qué forma

el TRIBUNAL vulneró los mismos.

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte

actora, sino una divergencia que obedece a un debate de mera

legalidad, por lo cual el juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena

de otorgar a la acción de tutela el carácter de una tercera instancia

o recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales y de

paso invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

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Actor: FABER OBANDO VERA

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

Cabe señalar que, esta Sección22, al igual que las Secciones Tercera,

Cuarta y Quinta de esta Corporación23, ha venido reiterando, de

manera pacífica, que los conflictos en materia de tutela relacionados

con el reconocimiento y pago de la sanción moratoria están asociados

a controversias de índole meramente legal y económica, por lo que

no cumplen con el citado requisito general de procedibilidad.

Consecuente con lo anterior, la Sala confirmará la decisión de

primera instancia que declaró improcedente el amparo por no

cumplir el requisito general de la relevancia constitucional, como en

efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

22
Ver, entre otras, las siguientes decisiones: de 15 de julio de 2021 expediente número 11001-03-15-
000-2021-01425-01; de 5 de agosto de 2021 expediente número 11001-03-15-000-2021-02676-01;
de 7 de abril de 2022 expediente número 11001-03-15-000-2022-01593-00.

23
Ver, entre otras, las siguientes decisiones: de 17 de marzo de 2022 expediente número 11001-03-
15-000-2022-01048-00; de 5 de agosto de 2021 expediente número 11001-03-15-000-2021-01482-
01; de 8 de julio de 2021 expediente número 11001-03-15-2021-02351-00; de 20 de mayo de 2021
expediente número 11001-03-15-000-2021-01836-00.

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41

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Actor: FABER OBANDO VERA

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 18 de septiembre de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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