Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03600-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03600-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-03600-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
16 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03600-01
Accionante: SANDRA ORTEGA SIERRA
Accionados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTRO
Tema: Deber de debida diligencia en la prevención, investigación y
sanción de casos de violencia contra la mujer en el ámbito laboral
y universitario.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la impugnación presentada
por la parte actora en contra del fallo de 16 de octubre de 2025, proferido por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado. Ello, de conformidad con lo dispuesto en los
decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y
799 de 2025, así como en el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena de esta
corporación.
Por auto del 18 de junio de 20252, el a quo admitió la acción de tutela; en auto de
22 de julio ordenó vincular a terceros con interés3 y mediante la providencia del 5
de noviembre de mismo año concedió la impugnación.
Asimismo, por medio de los autos de 30 de enero y 25 de marzo de 2026, el
despacho sustanciador de segunda instancia resolvió sobre las medidas
provisionales solicitadas4, se dispuso nuevas vinculaciones5 y se ordenó la práctica
1 Modificado por el acuerdo 434 de 2024.
2 En esta providencia, se admitió la demanda en contra de la Presidencia de la República, el Ministerio de
Educación Nacional y la Policía Nacional. Así mismo, se ordenó la vinculación de: (i) el Consejo Superior
Universitario de la Universidad Francisco de Paula Santander, (ii) la Vicerrectoría de Bienestar Universitario de
la Universidad Francisco de Paula Santander, (iii) la Fiscalía General de la Nación, (iv) la Procuraduría General
de la Nación, (v) el Comité intersectorial departamental para la prevención de la violencia por razones de sexo
y género, la atención, protección y acceso a justicia de NNA y mujeres víctimas de estas violencias en Norte de
Santander, y (vi) la Defensoría Regional del Pueblo de Norte de Santander, oficina delegada de mujer y asuntos
de género. En este mismo auto, se negó la medida provisional solicitada por la accionante.
3 En particular, se vinculó al señor Carlos Alberto Bolívar Corredor, delegado presidencial en el Consejo Superior
Universitario de la Universidad Francisco de Paula Santander.
4 En particular, el despacho resolvió: «ORDENAR a la Fiscalía General de la Nación, como medida cautelar
,que, mientras se profiere fallo de segunda instancia en este proceso, mantenga los efectos de la medida de
protección otorgada a la señora Sandra Ortega Sierra el 27 de noviembre de 2024, en el entendido de que esta
debe ser aplicada como una restricción que impide que el señor Carlos Alberto Bolívar Corredor se presente,
de forma física, al domicilio o al lugar de trabajo de la accionante, cuando ella se encuentre presente».
5 En concreto se ordenó a la FGN sobre las actuaciones realizadas en el marco de la denuncia formulada por
la accionante. Igualmente, se requirió al Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías
de Cúcuta para que allegase a este proceso copia íntegra digital del expediente 54001600113120241505200.
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de pruebas6. Finalmente, mediante auto de 16 de julio de la presente anualidad, se
resolvió el impedimento manifestado por el magistrado Omar Joaquín Barreto
Suárez.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. La señora Sandra Ortega Sierra, en nombre propio, presentó acción de tutela
en contra de la Presidencia de la República y el Ministerio de Educación Nacional
(MEN), con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la dignidad humana, de petición, de acceso a la administración de justicia
y «a la no revictimización y protección especial por mi condición víctima de actos de
violencia basada en género [VBG]».
2. La accionante consideró vulneradas las anteriores garantías constitucionales
por la omisión de las accionadas en la adopción de acciones tendientes a suspender
al delegado de la Presidencia de la República en el Consejo Superior de
Universitario de la Universidad Francisco de Paula Santander. Ello, mientras
culminan los procesos por violencia de género que adelanta la Fiscalía General de
la Nación (FGN), la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Subdirección de
Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación.
3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERO. Tutelar mis derechos fundamentales de petición, dignidad humana,
debido proceso, acceso a la justicia en el plazo razonable, a la no
revictimización y protección especial por mi condición de mujer víctima de
violencia basada en género, y los derechos establecidos en la Ley 1257/2008,
que por conexidad con los derechos fundamentales establecidos en los
artículos 13, 43 y 93 de nuestra carta constitucional adquieren el carácter de
derechos Fundamentales, (los derechos humanos establecidos en el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, específicamente la Convención sobre
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer), y en consecuencia:
SEGUNDO. ORDENE a las accionadas suspender a CARLOS ALBERTO
BOLIVAR CORREDOR, delegado del presidente de la República ante el
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO de la UFPS y nombrar a otra persona
en su lugar hasta tanto se resuelvan los procesos tanto en la FISCALIA
GENERAL DE LA NACION como en la PROCURADURIA GENERAL DE LA
NACION, así como ante l a SUBDIRECCION DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
6 En este proveído se ordenó vincular, nuevamente, a Procuraduría General de la Nación, Procuraduría
Delegada Disciplinaria de Instrucción 3, Procuraduría Regional de Instrucción de Norte de Santander, a la
Defensoría del Pueblo Regional de Norte de Santander y a la Defensoría del Pueblo y la Gobernación del Norte
de Santander. Asimismo, se requirieron nuevos informes a Presidencia de la República, al Ministerio de
Educación Nacional, Procuraduría General de la Nación, Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 3,
Procuraduría Regional de Instrucción de Norte de Santander, a la Fiscalía General de la Nación y a la Defensoría
del Pueblo Regional de Norte de Santander sobre el trámite impartido a las denuncias de la señora Ortega
Sierra.
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del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, por las denuncias realizadas
por un caso de violencia basada en género del cual he sido víctima.
TERCERO. Se ordene a la POLICÍA NACIONAL que continúe prestando en
apoyo a la UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER y garantice
el cumplimiento de las medidas de protección ordenadas por la FGN y las
acciones afirmativas decretadas por el líder del protocolo de VBG en la UFPS
en el marco de sus funciones establecidas en el Acuerdo CSU UFPS 070/2023
y de la AUTONOMIA UNIVERSITARIA.
1.2. Hechos
4. La accionante es docente a tiempo completo y funcionaria de la Universidad
Francisco de Paula Santander (en adelante, la Universidad o UFPS) 7. Desde el 23
de noviembre de 2022, tomó posesión en el cargo de rectora de dicha institución de
educación superior.
5. El Consejo Superior Universitario es el máximo órgano de gobierno de la
Universidad, el cual está conformado por nueve miembros, entre ellos, la rectora,
un delegado del presidente de la República, un delegado del MEN y el gobernador
de Norte de Santander, quien lo preside. La actora señaló que el consejo se reúne
periódicamente una vez al mes, y ella debe asistir a tales sesiones «con voz pero
sin voto». De acuerdo con la tutelante, este órgano de gobierno es «superior
jerárquico» a su cargo.
6. La accionante afirmó que, por su condición de mujer y por el cargo que ocupa,
ha sido víctima de actos de «violencia basada en género, discriminación,
hostigamiento, acoso laboral [y] entorpecimiento laboral» por parte del delegado del
presidente de la República, el señor Carlos Alberto Bolívar Corredor8, quien
«ostenta la calidad de ser particular con funciones públicas», pues no tiene vínculo
contractual ni laboral con la Universidad; sin embargo, sí cuenta con voz y voto en
el Consejo Superior Universitario.
7. El 21 de marzo de 2024, la señora Ortega Sierra denunció al señor Bolívar
Corredor por hechos de Violencia Basada en Género (en adelante VBG) ante el
Consejo Superior Universitario. En particular, expuso que, en dicha sesión, solicitó
expresamente al delegado del MEN que activara las rutas de protección «que debe
tener tanto el Ministerio como la Presidencia» para atender este tipo de casos, sin
que a la fecha haya obtenido algún pronunciamiento o medida de protección a su
favor.
8. Lo anterior, a pesar del requerimiento de 5 de abril de 2024 que realizó la
Defensoría del Pueblo – Regional Norte de Santander, en el cual remitió a la
Presidencia de la República el caso de la demandante «para que en el marco de
sus competencias se tomen las acciones pertinentes».
7 La UFPS es una universidad pública del orden departamental.
8 Designado ante el Consejo Superior Universitario mediante el Decreto del MEN n. ° 2233 de 17 de noviembre
de 2022.
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9. Así mismo, la tutelante manifestó que presentó denuncia y queja disciplinaria
ante la FGN y la PGN, respectivamente. El trámite de tales procesos, así como de
las acciones adelantadas por la Universidad, se resume así:
(i) Investigación penal
10. El 4 de abril de 2024, la señora Ortega Sierra formuló denuncia9 contra el
señor Carlos Alberto Bolívar Corredor por los siguientes delitos: actos de
discriminación10, hostigamiento11, injuria12, injuria por vía de hecho13, calumnia14,
amenazas15. Asimismo, solicitó el decreto de medidas cautelares, entre ellas, que
se le garantizara su derecho a no ser confrontada con su agresor, conforme lo
dispone la Ley 1257 de 2008.
11. Entre los hechos denunciados, la actora relató una serie de «acciones
malintencionadas» del denunciado, con el fin de que ella se retire del cargo de
rectora de la UFPS, entre ellos: (i) participar como coadyuvante en los procesos de
nulidad electoral que se adelantaron contra el acto de su designación, (ii) promover
la recolección de firmas entre la comunidad académica con el fin de que se
promoviera su destitución, (iii) impedir la normal realización de la «actividad
académica», (iv) realizar, de forma presencial y en sus redes sociales16,
«afirmaciones, difamaciones y acusaciones que no corresponden a la verdad», con
la única finalidad de «desprestigiar [su] buen nombre», y (v) difundir su imagen y
sus iniciales («S.O.S.») en distintas publicaciones en redes sociales para
desprestigiar su «imagen pública y profesional».
12. El 27 de noviembre de 2024, la FGN citó a la accionante y al denunciado, a
fin de verificar la procedibilidad de un acuerdo conciliatorio, cuyo resultado fue «NO
CONCILIACIÓN». En esa misma diligencia, el ente investigador ordenó medidas de
protección en favor de la accionante.
13. Posteriormente, en virtud de la audiencia celebrada el 26 de diciembre de
2025 ante el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías
de Cúcuta, fue aclarada la medida de protección de 27 de noviembre de 2024
previamente concedida a la accionante por parte de la Fiscalía General de la
Nación.
14. De acuerdo con la actora, dicha medida impedía el ingreso del presunto
agresor en los espacios académicos y laborales en los que se encontrase la señora
Ortega Sierra. Sin embargo, en la referida audiencia, se precisó que estas «son
preventivas y no restrictivas», por lo que no es posible impedir el ingreso físico del
9 A esta denuncia le fue asignado el siguiente número único de noticia criminal: NUNC-
540016001131202415052.
10 art. 134a del código penal.
11 art. 134b del código penal.
12 art. 220 del código penal.
13 art. 226 del código penal.
14 art. 221 del código penal.
15 art. 347 del código penal.
16 En particular, se refirió a Facebook, X y Tik Tok.
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presunto agresor, el señor Carlos Alberto Bolívar Corredor, a la UFPS.
15. En concreto, en dicha audiencia, la jueza Tercera Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de Cúcuta, resolvió no levantar la medida de
protección; empero, aclaró su alcance y contenido así:
Minuto: 1 hora 3 minutos 22 segundos
No observo tampoco que se esté limitando la locomoción del señor Carlos
Alberto Bolívar Corredor, yo lo que leo es cuando la violencia o maltrato revista
gravedad y se tema su repetición, la autoridad competente ordenará una
protección temporal especial de la víctima por parte de las autoridades de
policía. Tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo, si lo tuviere, yo en
ninguna parte veo que diga que el agresor no se puede acercar a la víctima o
que el agresor no puede que presunto agresor no puede acceder al campus
universitario o no puede acceder al domicilio o no puede acceder a la oficina de
la doctora Sandra Ortega Sierra, yo lo que leo en este formato es que ordena
una protección temporal especial a la víctima, como efectivamente lo realizó la
fiscalía al remitir esto al CAI a 2 CAI esta medida de protección.
[…]
Minuto 1 hora 10 minutos 36 segundos
En ese sentido, el Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de Control
de Garantías de Cúcuta no accede a la solicitud de levantamiento de medida
de protección, pero hago claridad, en el sentido de que no ha incurrido la
Fiscalía en la imposición de una medida que afecte la locomoción del señor
CARLOS ALBERTO BOLÍVAR CORREDOR.
Esa medida o ese formato de medida, únicamente lo que está ordenando es
que tenga una protección temporal especial la víctima por parte de las
autoridades de policía, o sea, es una advertencia que le están haciendo al señor
Carlos Alberto Bolívar Corredor para que no incurran actos violentos. Y en caso
de que así sea, pues ya hay un precedente donde se le advirtió. Pero eso es
algo muy distinto a que le hubiesen prohibido acercarse a las instalaciones de
la universidad, por eso es que no es procedente mucho menos.
16. Esa providencia fue apelada por el señor Bolívar Corredor y la víctima, y en
proveído de 24 de marzo de 2026, el Juzgado 2 Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Cúcuta confirmó la decisión de la jueza de control de garantías,
en el sentido de no acceder al levantamiento de la medida de protección, pero con
la siguiente precisión:
Así las cosas, se cuenta ahora con absoluta claridad sobre el alcance de la
medida de protección en el presente caso y su fundamentación. En
consecuencia, se advierte nuevamente al señor CARLOS ALBERTO
BOLÍVAR CORREDOR que tiene prohibido acudir a los lugares, tanto
dentro como fuera de la UFPS, en los que se encuentre Sandra Ortega
Sierra, así como desplegar cualquier conducta que ponga en riesgo su
integridad personal, emocional o el ejercicio de sus funciones como
rectora y docente de dicha institución educativa.
En caso de que se llegue a demostrar -o ya existan elementos de convicción
suficientes- que el procesado ha incumplido la medida de protección impuesta
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en su contra, tanto la Fiscalía como el representante de víctimas podrán acudir
ante un juez de control de garantías para solicitar su reforzamiento. Incluso, de
no haberse formulado aún imputación, durante su eventual desarrollo podría
plantearse la imposición de una medida de aseguramiento en contra del
indiciado, acreditándose con esto que representa un peligro para la víctima.
(ii) Investigación disciplinaria
17. El 17 de abril de 2024, la señora Ortega Sierra radicó ante la PGN queja
disciplinaria contra el señor Bolívar Corredor por «acoso laboral, violencia basada
en género y extralimitación de funciones, todas estas conductas disciplinables con
connotación de violencia basada en género»17. En esta oportunidad, también pidió
el decreto de las medidas cautelares previstas en la Ley 1257 de 2008.
(iii) Acciones adelantadas ante las autoridades universitarias
18. De acuerdo con la accionante, tanto los hechos de acoso como la existencia
de los procesales penal y disciplinarios antes mencionados fueron puestos en
conocimiento de las autoridades universitarias.
19. En vista de ello y de conformidad con la Política Institucional «Tolerancia
Cero a la Violencia Basada en Género»18, la Universidad, a través de la
Vicerrectoría de Bienestar Universitario, adoptó las siguientes medidas afirmativas
en su favor: impedir el acceso presencial peatonal y/o vehicular al señor Bolívar
Corredor en las instalaciones de la UFPS y del Club del Comercio —mientras la
señora Ortega Sierra se encuentre en las instalaciones—. Así mismo, se ordenó la
notificación a Bienestar Universitario, a la Policía Metropolitana de Cúcuta, a la
Presidencia de la República, entre otros.
20. Del mismo modo, la accionante también afirmó que la mencionada
vicerrectoría la ha acompañado en los diferentes procesos promovidos por ella, así
como en la presentación de un «sin número de solicitudes» ante la Presidencia de
la República y el MEN, en relación con las cuales tan solo le informaron que debía
esperar la decisión de las autoridades penales y disciplinarias.
21. Igualmente, la actora mencionó una serie de peticiones presentadas ante la
Presidencia de la República y el MEN, relacionadas con la denuncia por acoso
laboral contra el referido delegado. Empero, estas entidades no han adoptado
medidas de protección, sino que se han limitado, principalmente, a remitirlas a las
autoridades penales y disciplinarias.
22. Por último, la accionante insistió en que las conductas de acoso denunciadas
persisten. En particular, señaló que el señor Bolívar Corredor ha seguido ingresando
a las instalaciones de la Universidad y ha «amenazado» públicamente con asistir,
de forma presencial, a las sesiones del Consejo Superior Universitario, que se
17 Radicado e-2024-252703.
18 Adoptada mediante el Acuerdo CSU UFPS 070/2023.
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realizaría en la sala de juntas de su despacho, lo que la expone al riesgo de ser
enfrentada con su presunto agresor.
1.3. Sustento de la vulneración
23. La accionante alegó la vulneración de sus derechos de petición, dignidad
humana, debido proceso, acceso a la justicia, a la no revictimización y protección
especial por su condición de mujer víctima de VBG garantías reconocidas en la
Constitución Política y en la Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
24. En particular, adujo que la Carta Política y los mencionados instrumentos
internacionales reconocen el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de
violencia y, en consecuencia, le impone al Estado colombiano el deber de adoptar
medidas tendientes a evitar violaciones a los derechos de las mujeres. Ello, a su
vez, se refleja en una serie de normas legales y reglamentarias19 que reconocen el
derecho a la protección inmediata ante cualquier forma de violencia.
25. Además, la accionante indicó que los hechos que motivaron la presentación
de la tutela versan sobre conductas de acoso en un espacio de trabajo, el cual
debería ser un entorno seguro. De allí que resulte menester, entre otras, que se le
garantice su derecho a no ser confrontada con su presunto agresor, sobre todo,
teniendo en cuenta el rol que desempeña en la Universidad.
26. Finalmente, la accionante se refirió a las sentencias T-224 de 2023 y T-400
de 2022, en las cuales la Corte Constitucional señaló que todas las autoridades
tienen el deber «de proteger a la mujer que ha sido víctima de violencia, al ser
aquellas garantes del derecho a vivir una vida libre de cualquier forma de
discriminación y a ser tratadas sin ninguna clase de estereotipo».
1.4. Intervenciones
27. Presidencia de la República. Sostuvo que adolece de falta de legitimación
en la causa por pasiva, porque los hechos en los que se funda la vulneración de los
derechos de la actora no le son atribuibles a dicha entidad, ni por acción ni por
omisión, puesto que estos se relacionan con «la imposibilidad de inscribir materias
en la UFPS».
28. Igualmente, adujo que las solicitudes que recibió en relación con el
cumplimiento eficaz de las medidas de protección ordenadas por la FGN por los
presuntos actos de acoso realizados por el delegado presidencial fueron remitidas
a las autoridades competentes, así:
19 En concreto, mencionó las siguientes: leyes 51 de 1980, 30 de 1992, 248 de 1995, 294 de 1996, 984 de 2005,
1257 de 2008; los decretos 4798 de 2011, 4799 de 2011; y la Resolución 014466 de 25 de julio de 2022 del
MEN («Lineamientos de Prevención, Detección, Atención de Violencias y Cualquier Tipo de Discriminación
Basada en Género en Instituciones de Educación Superior […]»).
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Autoridad a la que se
Oficio
remitió
OFI25-00029720 / GFPU 13150000 del 19 de febrero de 2025 FGN
OFI25-00029721 / GFPU 13150000 del 19 de febrero de 2025 PGN
OFI25-00029723 / GFPU 13150000 del 19 de febrero de 2025 MEN
29. En el mismo sentido, arguyó que la petición que recibió por parte de la
Vicerrectoría de Bienestar Universitario de la UFPS también fue remitida a las
autoridades competentes, a través de los oficios OFI25-00124108, OFI25-
00124110, OFI25-00124117, OFI25-00124118, OFI25- 00124120 y OFI25-
0012412520. En un escrito posterior, le anunció a la Universidad, que se atendría a
lo que las autoridades competentes resolvieran respecto del delegado presidencial.
30. Posteriormente, solicitó la nulidad de todo lo actuado por la falta de
competencia del Consejo de Estado para conocer de acciones dirigidas contra
autoridades del orden nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 799 de
2025.
31. MEN. Solicitó que se declare su falta de legitimación por pasiva. Esto, por
cuanto: (i) no ha incurrido en violación alguna de los derechos fundamentales
invocados por la accionante «toda vez que no es función de esta cartera la
expedición de documentos relacionados con el historial académico […]»; y (ii) no
tiene competencia legal para pronunciarse sobre la controversia.
32. Al respecto, manifestó que la discusión planteada por la señora Ortega Sierra
se enmarca en el ámbito de la autonomía universitaria, en virtud de la cual la UFPS
puede establecer sus propios procedimientos para atender situaciones de acoso,
sin que el MEN tenga injerencia alguna. Sobre este particular, también adujo que la
Universidad ha activado los mecanismos internos para analizar casos de VBG y, a
su vez, lo remitió a las autoridades, una vez constató que el Comité de Convivencia
Laboral no tenía competencia frente al delegado presidencial.
33. Finalmente, alegó que, cuando le fue comunicado el caso, requirió al señor
Bolívar Corredor para que se pronunciara sobre los hechos de la denuncia, quien
se opuso a ellos y, además, afirmó no contar con información suficiente para ejercer
su derecho de defensa. Concluyó con la aclaración de que la decisión sobre la
suspensión del delegado presidencial es una facultad exclusiva del presidente de la
República.
34. Carlos Alberto Bolívar Corredor. Estimó que la solicitud de amparo es
improcedente, porque no ha incurrido en hecho de acoso contra la accionante. Por
el contrario, consideró que la señora Ortega Sierra acudió a la tutela para «coartar,
limitar, restringir o minimizar el ejercicio que realiza el suscrito en su condición de
Designado del Presidente de la República ante el Consejo Superior de la
20 Estas remisiones estuvieron dirigidas, respectivamente, a la FGN, la Policía Nacional, el MEN, la PGN, la
Defensoría del Pueblo, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
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Universidad» y que las medidas de protección le impiden la realización de las
funciones como delegado presidencial ante el máximo órgano de gobierno de la
UFPS.
35. UFPS. A través de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, solicitó que se
conceda el amparo deprecado por la señora Ortega Sierra y que, en consecuencia,
se ordene la suspensión del señor Bolívar Corredor, como delegado presidencial en
el Consejo Superior Universitario de la UFPS, y, además, que se le exija a la Policía
Nacional que siga prestando apoyo a efectos de garantizar la eficacia de las
medidas de protección emitidas por la FGN.
36. Sobre el particular, la UFPS se refirió a la denuncia por VBG que llevó a cabo
la accionante en el Consejo Superior Universitario, ante las autoridades penales y
disciplinarias, así como a la Presidencia de la República y al MEN, sin que a la fecha
alguna de ellas hubiese protegido los derechos de la señora Ortega Sierra.
37. Frente a cada una de esas autoridades, relató lo que, en su criterio,
constituye la desatención de sus deberes constitucionales, legales y reglamentarios
para la atención de casos de VBG, así:
(i) Presidencia de la República: conforme a la directiva presidencial 02/202321, la
accionante es beneficiaria de la ruta de atención dispuesta, en virtud de la cual
tiene derecho a no ser confrontada con su agresor. Tal directiva también
establece que los derechos de las víctimas de VBG «deben ser respetados e
implementados por todo el personal y órganos de la entidad que tengan algún
rol en las diferentes rutas de atención contenidas en el presente protocolo».
(ii) MEN: al igual que a la Presidencia de la República, le es aplicable la
mencionada directiva presidencial, así como las normas especiales sobre la
materia en el ámbito universitario22. En particular, se pronunció respecto a las
funciones de inspección y vigilancia que puede ejercer el MEN respecto de los
«directivos, representantes legales, consejeros, administradores […]» de las
instituciones de educación superior.
Al respecto, la UPFS puso de presente que, pese a que ha presentado varias
solicitudes, quejas y denuncias en contra del delegado presidencial ante el
Consejo Superior Universitario de la UFPS, el MEN no ha adelantado acción
alguna tendiente a iniciar el proceso disciplinario correspondiente. Aunado a
ello, expuso que el Ministerio ha permitido que la víctima y el presunto agresor
compartan espacios en reuniones virtuales.
(iii) PGN: la Universidad adujo que ha acompañado a la tutelante en las diligencias
21 «Protocolo para la prevención, atención y medidas de protección de todas las formas de violencia contra las
mujeres y basadas en género y/o discriminación por razón de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología
política o filosófica, sexo u orientación sexual o discapacidad, y demás razones de discriminación en el ámbito
laboral y contractual del sector público; y la participación efectiva de la mujer en las diferentes instancias de la
administración pública».
22 A saber, Decreto 4798 de 2011, Ley 1740 de 2014, entre otras.
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que se han llevado a cabo en el marco de la queja disciplinaria elevada por la
señora Ortega Sierra. En particular, afirmó que la funcionaria encargada de la
investigación previno al vicerrector acerca de que solo podría acudir a las
diligencias como abogado de la víctima, y no como acompañante en virtud de
la política institucional contra la VBG. Esta situación, a su juicio, ha permitido
que la accionante sea revictimizada.
(iv) FGN: en el trámite de la denuncia formulada por la rectora, el ente acusador
no ha garantizado que la accionante no sea confrontada con el presunto
agresor. Como ejemplo de ello, señaló que, en la audiencia de conciliación
celebrada en noviembre de 2024, la señora Ortega Sierra fue «confrontada en
el mismo espacio».
(v) Carlos Alberto Bolívar Corredor: la UFPS señaló que el presunto agresor
formuló una tutela contra la Universidad y la FGN, «tendientes a censurar y
poner una mordaza tanto a nuestra rectora como al suscrito [vicerrector]», al
acusarlos de realizar «actos de hostigamiento» en su contra23.
38. PGN. Solicitó su desvinculación, comoquiera que, luego de revisados sus
sistemas de gestión documental, no halló «petición, queja, reclamo o denuncia
alguna radicada por la accionante». Ahora, en relación con el proceso disciplinario
promovido por la accionante, estimó que la entidad ha actuado conforme a los
principios que orientan el procedimiento administrativo sancionatorio «sin que se
evidencie mora injustificada ni inactividad procesal» que pueda serle atribuida.
39. Defensoría del Pueblo, Regional Norte de Santander. Pidió su
desvinculación, por cuanto ha actuado en el marco legal y no avizora vulneración o
amenaza alguna de los derechos fundamentales de la actora. En concreto, señaló
que, desde que conoció los hechos denunciados por la tutelante, ha adelantado las
siguientes acciones: (i) remitió a la Presidencia de la República, al Departamento
Administrativo de Prosperidad Social y a la FGN «oficio de coadyuvancia» para el
caso de acoso laboral y VBG elevado por la señora Ortega Sierra; (ii) presentó
solicitud de impulso procesal ante la Fiscalía a cargo de la denuncia de la
accionante; y (iii) brindó acompañamiento a la víctima ante «el riesgo inminente de
Revictimización y confrontación».
40. En ese orden, concluyó que ha actuado en el marco de sus funciones para
que las autoridades competentes tomen decisiones frente el caso de la actora y
cesen los hechos de violencia.
41. Gobernación de Norte de Santander. A través de la Secretaría de la Mujer,
solicitó que se declare su falta de legitimación por pasiva, pues el gobernador no
tiene el deber de responder por las actuaciones de las autoridades que actualmente
conocen de los procesos iniciados contra el señor Bolívar Corredor.
23 Este proceso de adelantó bajo el radicado núm. 54-001-31-09-009-2025-00102-00.
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42. Ahora bien, también se refirió al Mecanismo Departamental de Articulación
para la prevención de la violencia por razones de sexo y género, la atención,
protección y acceso a justicia de NNA y mujeres víctimas de estas violencias. En
particular, advirtió que no han recibido comunicación sobre el caso de la señora
Ortega Sierra; sin embargo, al tratarse de un caso de conocimiento público, ha
puesto de presente su compromiso y disposición para activar las rutas de atención,
en caso de que sean requeridos.
43. A su vez, por medio de su Secretaría Jurídica, informó que la Secretaría
Departamental de la Mujer sí recibió comunicación formal acerca de los hechos
denunciados por la parte actora24. En esta comunicación, se refirió a los procesos
ya iniciados por la accionante y, asimismo, solicitó la intervención del Comité de
Protección, Cualificación y Acceso a la Justicia. Esa petición fue abordada en sesión
ordinaria n. ° 110 de 21 de agosto de 2024. Pese a que el interviniente no señaló el
resultado de tal reunión, sí reiteró su compromiso para activar las rutas de atención.
44. Policía Nacional – Policía Metropolitana de Cúcuta. Pidió su
desvinculación por falta de legitimación por pasiva. Al respectó, señaló todas las
acciones realizadas cuando se le ha requerido, entre ellas, la imposición de un
comparendo al presunto agresor por haber ingresado a las instalaciones de la
UFPS, pese a la medida de protección dictada por la FGN. Igualmente, aclaró que
las pretensiones de la accionante son de competencia de la FGN y la PGN, por lo
que no se le puede endilgar falta alguna relacionada con la vulneración de derechos
fundamentales alegada por la accionante.
1.5. Sentencia de primera instancia
45. En el fallo de 16 de octubre de 2025, la Sección Cuarta rechazó la nulidad
formulada por la Presidencia de la República25, declaró la improcedencia de la
acción de tutela y ordenó la desvinculación de la Defensoría del Pueblo, la PGN y
la Gobernación del Norte de Santander.
46. En cuanto a lo primero, el a quo señaló que el incidente de nulidad es
improcedente porque el Decreto 799 de 2025 no establece reglas de competencia.
En ese orden, la solicitud no se fundó en la causal de nulidad por falta de
competencia, sino en una simple discrepancia en la aplicación de las normas de
reparto.
47. Igualmente, declaró la improcedencia de la acción. En primer lugar, precisó
que la facultad del presidente de la República para designar delegados ante los
consejos superiores universitarios se funda en el artículo 189.13 de la Carta Política.
Esta corresponde a una facultad discrecional y exclusiva del primer mandatario, «sin
que las universidades ni otras autoridades puedan intervenir en esa decisión, en
atención a la reserva funcional que la Constitución confiere al Ejecutivo».
24 A esta petición se le dio el radicado 40000.20.01-2494.
25 La nulidad se fundó en que, en virtud del Decreto 0799 de 2025, la competencia para conocer la acción de
tutela contra la Presidencia de la República es de los jueces del circuito.
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48. Asimismo, afirmó que el ordenamiento jurídico prevé un diseño
interinstitucional para la atención de casos de VBG, en el que concurren varias
autoridades judiciales, administrativas, disciplinarias y de policía (v.gr., FGN, PGN,
Policía Nacional, jueces de la república, Defensoría del Pueblo, entidades
territoriales, MEN y la Presidencia de la República, a través de la Consejería
Presidencial para la Equidad de la Mujer).
49. Así, en atención a que los hechos denunciados por la accionante ya han sido
puestos en conocimiento de las autoridades competentes y estas han adoptado
algunas medidas de protección en su favor, es ante dichas autoridades que la actora
debe presentar cualquier reproche relacionado con la procedencia, suficiencia o
eficacia de las medidas de protección.
50. Finalmente, la Sección Cuarta señaló que, en este caso, no era procedente
«acudir al uso de facultades extra petita», en tanto no se advierte un
desconocimiento de los deberes de protección ni una situación actual de riesgo que
justifique la adopción de medidas adicionales por parte del juez de tutela.
1.6. Impugnación
51. El fallo del a quo fue impugnado por la accionante y por la vicerrectoría de
Bienestar Universitario de la Universidad Francisco de Paula Santander, en los
siguientes términos:
52. Sandra Ortega Sierra. Expuso que la situación de riesgo a la que se ha visto
sometida con ocasión de los hechos de VBG se mantiene. Esto, porque su presunto
agresor se ha seguido presentado a la institución, pese a las alertas y medidas de
protección adoptadas en su favor. En su opinión, ello demuestra que las medidas
actuales han sido insuficientes y «que la omisión de la Presidencia de la República
en adoptar medidas eficaces de suspensión temporal del delegado agrava mi
situación de vulnerabilidad».
53. Asimismo, reiteró las distintas fuentes normativas, internacionales y
jurisprudenciales que consagran el derecho a vivir una vida libre de violencia y el
deber del Estado de investigar, prevenir y sancionar este tipo de conductas.
54. En consecuencia, solicitó revocar el fallo del a quo. Esto, con el fin de
conceder el amparo de sus derechos fundamentales y ordenarle a la Presidencia
de la República la suspensión preventiva del delegado presidencial.
55. Vicerrectoría de Bienestar Universitario. También pidió que se revoque la
decisión de primera instancia y, en su lugar, se tutelen los derechos de la señora
Ortega Sierra. A su vez, requirió que se ordene la suspensión del señor Bolívar
Corredor, que se reconozca que la tutela promovida por el delegado en contra de la
rectora y el vicerrector de Bienestar Universitario, constituyen hechos de
revictimización que ponen en peligro a la rectora y al sistema institucional de
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protección, entre otras.
56. Sobre el particular, relató los hechos de revictimización y el riesgo de daño
irreparable al que se ve expuesta la accionante. Estos se relacionan con actos
intimidatorios que ha venido llevando a cabo el señor Bolívar Corredor, a saber: (i)
la interposición de una acción constitucional para que se desactivaran las medidas
institucionales de protección y (ii) la presentación de una «denuncia» disciplinaria
en contra del vicerrector de Bienestar Universitario por haber acompañado a la parte
actora a una diligencia en la PGN y en la que pidió que se garantizara el derecho
de la accionante a la no confrontación con el presunto agresor.
1.7. Memoriales presentados en segunda instancia
57. FGN. Envió copia del proceso penal que adelanta en contra del señor Bolívar
Corredor, en virtud de la denuncia presentada por la señora Sandra Ortega Sierra.
58. Carlos Alberto Bolívar Corredor. En primer lugar, se refirió a los hechos de
la tutela en lo que respecta, principalmente, a las pretensiones de la actora y a las
medidas de protección requeridas. Luego, solicitó la nulidad de todo lo actuado con
fundamento en el artículo 133.8 del Código General del Proceso26. Esto, por cuanto,
antes de resolver sobre las medidas provisionales solicitadas por la accionante en
segunda instancia, debió vincularse a las autoridades judiciales que conocieron de
la solicitud de levantamiento de medidas de protección, es decir, el Juzgado 03
Penal Municipal con Función de Control de Garantías y al Juzgado Segundo Penal
del Circuito con Función de Conocimiento. Ello, comoquiera que tal decisión
guardaba relación con las providencias que resolvieron «aclarar» la medida de
protección otorgada por la FGN a la accionante.
59. UFPS. A través del vicerrector de Bienestar Universitario, empezó por
advertir que su intervención en el proceso «no es anómala ni intrusiva», sino que
hace parte del acompañamiento que le corresponde como líder de la política
institucional y de la ruta de atención de VBG.
60. Asimismo, se refirió a algunas diligencias realizadas por las autoridades
disciplinarias de la PGN, en la que se ha restringido su acceso como acompañante
de la doctora Ortega Sierra y se le ha negado copia de actas. Además, mencionó
que el proceso se ha venido instruyendo sin aplicar enfoque diferencial de víctimas,
sin filtros reforzados, sin reconocer a la rectora como víctima y sin permitirle
representación judicial en el recaudo de testimonios. A su juicio, estas situaciones
confirman y agravan la vulneración de los derechos de la parte actora.
61. Aunado a ello, observó que la presencia del señor Bolívar Corredor en el
Consejo Superior Universitario también ha acrecentado el riesgo de la tutelante, en
26 «[…] El proceso es nulo, en todo o parte, solamente en los siguientes casos: [...] 8. Cuando no se practica en
legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de
las demás personas, aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban
suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al
Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado. […]».
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tanto su conducta representa «un riesgo objetivo de interferencia, revictimización y
torpedeo del esclarecimiento institucional y disciplinario de los hechos, así como la
posibilidad de que continúe proyectando su poder funcional para opacar, desviar o
debilitar el curso de las actuaciones de control».
62. Sandra Ortega Sierra. Aportó varios documentos relacionados con el
proceso adelantado ante la PGN y con criterios orientadores con enfoque de género
adoptados por el referido ente disciplinario para el cumplimiento de sus funciones
misionales.
63. De igual manera, en otro memorial puso de presente que el delegado
presidencial en el Consejo Superior Universitario ha asistido de forma presencial a
alguna de estas reuniones, lo que la expone a ser confrontada con su presunto
agresor, quien finalmente, se retiró del recinto ante las presiones de los presentes
a efectos de que cumpliera con los términos de la medida de protección dictada en
su favor.
64. Presidencia de la República. Expuso que ha dado respuesta a las
peticiones elevadas por la parte actora, en las que, entre otras, le ha informado que
no tiene funciones de «instrucción o sanción, como tampoco cuenta con facultades
de policía judicial ante las irregularidades que se denuncian».
65. MEN. Expresó que, por medio de la Subdirección de Inspección y Vigilancia,
ha llevado a cabo las acciones que le corresponden en el marco de sus
competencias legales, a saber: (i) el 8 abril de 2024, desde el despacho del
viceministro de Educación Superior se remitió a la mencionada subdirección la
denuncia presentada por la señora Ortega Sierra; (ii) el 11 de abril siguiente, requirió
a la UFPS para que se pronunciara sobre tales acontecimientos e informara sobre
las acciones emprendidas por la Universidad27; (iii) también le pidió al delegado
presidencial que se pronunciara sobre los hechos denunciados; (iv) el 1. ° de julio
de 2025, recibió de presidencia una solicitud de la señora Ortega Sierra tendiente a
que se materializan las medidas de protección, a lo cual informó que ello es
competencia de otras autoridades; y (v) mediante oficio 2025-EE-350844 pidió a la
PGN el ejercicio de su poder disciplinario preferente en este asunto.
66. En cuanto a sus funciones instituciones, señaló que estas «se circunscriben
a la promoción, seguimiento y verificación de acciones institucionales orientadas a
la prevención, detección y atención de violencias basadas en género en las
instituciones de educación superior, sin que tenga competencia para imponer
sanciones disciplinarias ni adoptar medidas de protección individuales».
67. Defensoría del Pueblo, Regional Norte de Santander. Hizo un recuento de
todas las actuaciones realizadas en relación con el caso sub judice, a fin de que las
27 En esa oportunidad, la Universidad, informó que puso en conocimiento del Consejo Superior Universitario los
hechos denunciados y activó las rutas institucionales de protección. También se le comunicó acerca de la falta
de competencia de la Universidad para adelantar procesos contra el señor Bolívar Corredor, por ser un particular
en ejercicio de funciones públicas, por lo que puso la denuncian en conocimiento de la PGN y la FGN.
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autoridades competentes adopten las medidas necesarias para que cesen los
hechos de VBG. También puso de presente que la representación de las víctimas
en los procesos debe realizarse por medio de la Defensoría Pública, lo cual puede
ser solicitado por la actora si así lo requiere.
II. CONSIDERACIONES
68. La Sala revocará la sentencia dictada por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, que declaró la improcedencia de la acción por no superar el requisito de
subsidiariedad. En su lugar, (i) declarará la improcedencia respecto de la FGN y la
PGN, y (ii) negará el amparo deprecado frente a la Presidencia de la República, el
MEN y la Universidad.
2.1. Cuestiones previas
69. Levantamiento de la medida provisional. En el auto de 30 de enero de 2026,
se decretó una medida provisional en favor de la accionante, consistente en
ordenarle a la FGN que la medida de protección otorgada a la accionante debe ser
aplicada como una restricción que impide que el señor Carlos Alberto Bolívar
Corredor se presente, de forma física, al domicilio o al lugar de trabajo de la
accionante, cuando ella se encuentre presente. Sin embargo, su vigencia se
condicionó a la expedición del fallo de segunda instancia, por lo que se ordenará su
levantamiento.
70. Solicitud de nulidad. El señor Carlos Alberto Bolívar Corredor solicitó la
nulidad de todo lo actuado en segunda instancia, pues, en su opinión, antes de
decidir sobre la medida provisional solicitada por la accionante, en el auto de 30 de
enero de 2026, ha debido vincularse a las autoridades judiciales penales que
conocieron sobre la solicitud de levantamiento de medida provisional dictada por la
FGN. En su opinión, no hacerlo configura la causal de nulidad contenida en el
artículo 133.8 del Código General del Proceso28.
71. La Sala rechazará la nulidad alegada, por dos razones. Primero, porque la
Sección no estima necesaria la vinculación de las referidas autoridades judiciales,
comoquiera que a ellas no se les atribuye vulneración o amenaza de los derechos
de la tutelante. Segundo, en tanto, de conformidad lo dispuesto en el artículo 135
ibidem, la nulidad por indebida representación o por falta de notificación o
emplazamiento solo podrá ser alegada por la persona afectada. En tales términos,
el señor Bolívar Corredor no está legitimado para proponer la nulidad sub examine.
28 «8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas
determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas
como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo
ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo
con la ley debió ser citado.
Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto
admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida,
pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma
establecida en este código.»
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2.2. Delimitación del caso y metodología de la decisión
72. En este caso, la accionante formuló la acción de tutela en contra de la
Presidencia de la República y el MEN, con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana, de petición, de
acceso a la administración de justicia y «a la no revictimización y protección especial
por mi condición víctima de actos de violencia basada en género». Ello, por cuanto
dichas autoridades no habrían adoptado las medidas necesarias a suspender al
delegado presidencial ante el Consejo Superior de la UFPS mientras se adelantan
las investigaciones penal y disciplinaria que ha promovido.
73. Pues bien, para la Sala, de la revisión de los hechos, pruebas e
intervenciones allegadas al proceso, se advierte que el sub judice se circunscribe a
determinar si las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales
de la señora Ortega Sierra a la igualdad, al debido proceso y a vivir una vida libre
de violencia, por no adelantar acciones dirigidas a prevenir, investigar y sancionar
los hechos de acoso que ella denunció en relación con el mencionado delegado
presidencial.
74. Al respecto, es menester aclarar que dicho estudio también se llevará a cabo
en relación con la UFPS, la FGN y la PGN, por las siguientes dos razones. De un
lado, porque la Universidad es el sitio de trabajo de la tutelante en el que ocurrieron
los hechos de acoso que motivaron el ejercicio de esta acción. Por ende, es
necesario revisar su conducta, como empleador de la accionante.
75. De otro lado, puesto que, si bien la actora solo demandó a la Presidencia de
la República y al MEN, lo cierto es que todas las denuncias y solicitudes
relacionadas con los hechos de acoso alegados, han sido remitidos a tales
entidades, por ser quienes tienen la competencia para investigar y sancionar al
delegado presidencial, en caso de que ello proceda.
76. Por tal motivo, en primer lugar, la Sala estudiará los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela; luego, analizará la jurisprudencia constitucional
sobre el deber de prevenir, investigar y sancionar hechos de violencia basada en
género, sobre todo, en el contexto laboral y universitario; y, finalmente, examinará,
en el caso concreto, si las autoridades accionadas vulneraron los derechos
fundamentales de la actora
2.3. Procedencia de la acción
77. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela es
un mecanismo judicial subsidiario, residual, informal y autónomo que tiene por
objeto garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales a través
de un proceso preferente y sumario. De acuerdo con lo previsto en el Decreto 2591
de 1991 y el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, son requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela: (i) la legitimación en la causa por
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activa y por pasiva de las partes, (ii) la inmediatez y, (iii) la subsidiariedad. El
cumplimiento de estos requisitos de procedencia es una condición para que el juez
de tutela pueda emitir una decisión de fondo29.
78. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en que
quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como
fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el
accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas
(pasiva).
79. En este caso, la señora Sandra Ortega Sierra está legitimada porque ser la
titular de los derechos fundamentales que presuntamente han sido vulnerados con
ocasión de la omisión de las autoridades accionadas de adelantar acciones
tendientes a investigar y sancionar las conductas de violencia basada en género
que ella ha denunciado, lo cual, a su juicio, se concretaría con la suspensión del
delegado presidencial.
80. Asimismo, se advierte que la Presidencia de la República, el MEN, el Consejo
Superior Universitario de la UFPS, la FGN y la PGN, se encuentran legitimadas por
pasiva, pues los hechos en los que se funda la solicitud de tutela guardan relación
con omisiones a ellos atribuidos. Lo anterior, teniendo en cuenta que la señora
Ortega Sierra denuncia en la petición de amparo la omisión de las autoridades que
han conocido su caso en adoptar medidas adecuadas para hacer cesar los hechos
de violencia denunciados.
81. A su vez, se tendrán como terceros con interés al Comité Intersectorial
Departamental para la prevención de la violencia por razones de sexo y género, la
atención, protección y acceso a justicia de NNA y mujeres víctimas de estas
violencias en Norte de Santander, la Defensoría Regional del Pueblo de Norte de
Santander, Oficina Delegada de Mujer y Asuntos de Género y la Policía Nacional,
toda vez que conocieron de las denuncias formuladas por la accionante, por lo que
les puede asistir un interés en lo que se decida en esta acción constitucional.
82. Del mismo modo, también se encuentra legitimado para intervenir en el
presente asunto el señor Carlos Alberto Bolívar Corredor, por ser el presunto
agresor de la tutelante y en relación con quien la accionante solicitó que se
suspenda su designación como delegado presidencial en el Consejo Superior
Universitario.
83. Inmediatez. La Corte Constitucional ha señalado reiteradamente que la
acción de tutela debe interponerse en un tiempo oportuno y justo, a partir del
momento en el que ocurre la situación que presuntamente vulnera o amenaza el
derecho fundamental30.
84. La accionante cumplió debidamente con esta carga, pues los fundamentos
29 Ver, entre otras, sentencias T-183 de 2024, T-309 de 2023 y T-099 de 2021.
30 Ver, entre otras, sentencias T-834 de 2005, T-887 de 2009 y T-427 de 2019.
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fácticos en los que se funda la solicitud de amparo (i.e., los hechos de violencia
basada en género y la presunta omisión de las demandadas en adoptar medidas
tendientes a garantizar sus derechos como víctima) aún no habrían cesado.
85. Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución Política consagró el
carácter subsidiario de la acción de tutela frente a los medios ordinarios de defensa.
En virtud de dicho requisito, la Corte Constitucional ha determinado acción de tutela
solo procede en dos casos excepcionales31: (i) como mecanismo de protección
definitivo, si el afecto no dispone de otro medio de defensa judicial idóneo 32 y
eficaz33 y, (ii) como mecanismo de protección transitoria.
86. En relación con este requisito, en casos similares, la jurisprudencia
constitucional ha señalado que, cuando el objeto de la tutela es reprochar la
infracción del deber de debida diligencia en la investigación y sanción de actos de
violencia contra la mujer, la acción es procedente, porque no se cuenta con otro
mecanismo de judicial de defensa34.
87. Lo anterior, porque, en la mayoría de ocasiones, no existe un acto
administrativo susceptible de ser cuestionado ante las autoridades de la jurisdicción
contencioso-administrativa; máxime cuando «exigirles [a las presuntas víctimas]
que esperen un pronunciamiento de fondo por parte de las autoridades competentes
dentro de un procedimiento presuntamente dilatorio prologaría la vulneración de sus
derechos y las sometería a un proceso que las revictimiza»35.
88. Sobre el particular, en la sentencia T-210 de 2023, la Corte reiteró que, es
posible que, pese a la diligencia de los tutelantes en acudir a otros medios de
defensa (v.gr., instancias universitarias, quejas ante el MEN, solicitudes ante la
Defensoría Distrital o denuncias ante la FGN), la fuente de la vulneración se atribuya
a la negligencia con la cual han actuado las autoridades en el cumplimiento de sus
funciones y a no haber encontrado soluciones adecuadas y conducentes para la
defensa de sus derechos.
89. En esos casos, la tutela se torna un mecanismo procedente, no solo porque
no se acude a ella como mecanismo principal respecto de los medios previstos en
el ordenamiento, sino también porque en estos casos pueden configurarse un
perjuicio irremediable que requiere la intervención del juez constitucional. En efecto:
99. En tanto que la subsidiariedad de la acción de tutela debe valorarse en
relación con la idoneidad y la eficacia de otros mecanismos judiciales, los
procesos administrativos que puedan tener lugar para vigilar la presunta
conducta omisiva de la universidad y del ministerio no riñen con la posibilidad
de acudir a la acción de tutela.
31 Sentencia T-183 de 2024.
32 De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es idóneo si es «materialmente apto para producir el efecto
protector de derechos fundamentales». al respecto, ver sentencia SU-379 de 2019.
33 Id. La Corte Constitucional ha considerado que la eficacia se refiere a si el mecanismo judicial está diseñado
para brindar una protección oportuna a los derechos fundamentales vulnerados.
34 Ver Corte Constitucional, sentencias T-210 de 2023, T-235 de 2025, y T-010 de 2026.
35 Corte Constitucional, Sentencia T-232 de 2025.
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100. También observa la Sala que esta es una situación en la cual están
comprometidos derechos humanos y fundamentales que se reputan vulnerados
en una gran escala y magnitud que, en caso de verificarse que efectivamente
están en riesgo y/o vulnerados por las acciones y omisiones descritas por los
accionantes, amerita la intervención del juez constitucional, no solo para
proveer justicia en ausencia de otro medio de defensa judicial idóneo, sino
también a efectos de evitar un perjuicio irremediable. Esto es así ya que de la
información que reposa en el expediente se deriva que los derechos
fundamentales involucrados, ante la presunta omisión de la universidad y del
ministerio, se encontrarían en peligro de grave afectación, por lo que se
requerirían medidas urgentes e impostergables por parte del juez constitucional.
Por todo lo anterior, se debe conocer el caso de fondo respecto de las acciones
y omisiones de las que se acusan a estas entidades36.
90. Lo anterior, no significa que, automáticamente todas las pretensiones de la
acción de tutela se tornen procedentes. Al respecto, la Corte ha sostenido que, por
regla general, la tutela no es el medio para controlar las acciones u omisiones de la
FGN en el marco de investigaciones penales en curso, a menos de que se configure
una situación de mora judicial injustificada37.
91. En vista de lo anterior, la Sala considera que, contrario a lo señalado por el a
quo, la acción de tutela sub examine supera el requisito de subsidiariedad respecto
de la posible omisión de las autoridades accionadas y vinculadas en adelantar
acciones tendientes a prevenir, investigar y sancionar los hechos de VBG, en el
ambiente laboral de la actora. En concreto, ello estaría relacionado con el trámite
impartido a su denuncia por parte de la Presidencia de la República, el MEN y la
UFPS. Ello, pues, para la actora, ninguna de esas instancias le ha garantizado su
derecho a no ser confrontada con su presunto agresor en los espacios a los que
debe asistir para cumplir con sus funciones como rectora de la institución de
educación superior.
92. Como se indicó en el acápite 2.2. de esta providencia, dado que todas las
denuncias han sido remitidas por competencia a la FGN y a la PGN, resulta
menester revisar la procedencia de la acción frente a dichas entidades.
93. Sin embargo, para la Sección, la tutela es improcedente frente a la FGN.
Como lo ha señalado la Corte, el juez de tutela no puede desplazar a las autoridades
competentes en la investigación de posibles conductas penales. Ello, sobre todo,
porque la parte actora no le atribuye, de forma directa o indirecta, ningún hecho
concreto al ente investigador penal y, en todo caso, el control de las medidas de
protección otorgadas a la señora Ortega Sierra ya fue revisado por las autoridades
judiciales competentes, sin que esas providencias hubiesen sido cuestionadas en
esta acción.
94. Por lo demás, tampoco se advierte situación alguna que permita tener
acreditada la posible configuración de un perjuicio irremediable como consecuencia
36 Id.
37 Id.
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del actuar de la FGN. Por el contrario, la Sala observa que, conforme a sus
funciones, la entidad ha venido impartiendo el trámite correspondiente a su
denuncia e, inclusive, ordenó medidas de protección a su favor, las cuales aún se
encuentran vigentes.
95. En el mismo sentido, también se declarará la improcedencia de la acción
respecto de la PGN. Esto, por tratarse de un proceso en curso, respecto del cual
tampoco se alega una mora administrativa de la autoridad disciplinaria que justifique
la intervención del juez constitucional; y, porque, en todo caso, los cuestionamientos
elevados acerca de la instrucción del proceso (v.gr., acompañamiento de la
Vicerrectoría de Bienestar Universitario y su presencia en las diligencias, por
ejemplo, de recaudo de pruebas) deben elevarse ante la autoridad disciplinaria a
través de los medios ordinarios dispuestos en la Ley 1952 de 2019.
2.4. Deber de prevenir, investigar y sancionar hechos de violencia contra
la mujer en el contexto laboral y universitario
96. La Constitución Política instituyó la protección de la mujer como un derecho
fundamental y un deber de las autoridades estatales. Así, por ejemplo, desde el
preámbulo, el constituyente estableció que el Estado debe garantizar «a la totalidad
de los integrantes de la nación, “la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la
igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico,
democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social
justo”»38 (negrilla del texto original).
97. En el mismo sentido, los artículos 13 y 43 de la Carta reconocen el derecho
de las mujeres a vivir una vida libre de discriminación y de cualquier forma de
violencia. De acuerdo con la Corte Constitucional, este derecho «exige de la
totalidad de los actores que conforman la vida en sociedad, el compromiso no
solamente de evitar la comisión de actos que discriminen y violenten a la mujer, sino
el de adelantar acciones que en armonía con el cumplimiento de las obligaciones
propias de un Estado social de derecho, generen un ambiente propicio para que de
manera efectiva, la mujer encuentre en el Estado, la sociedad y en sus pares -
hombres y mujeres-, la protección de sus derechos, elevados a la categoría de
Derechos Humanos, como lo es precisamente el derecho a vivir libre de violencia y
en general, a no ser discriminada»39.
98. Ahora bien, por violencia contra la mujer se entiende «cualquier acción o
conducta, basada en su género, que les cause muerte, daño o sufrimiento físico,
sexual o psicológico a las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado» 40.
En otras palabras, la violencia puede ser «visible […] invisible o estructural
(inequidad política, social y económica) y cultural (discursos justificativos de la
desigualdad)41».
38 Corte Constitucional. Sentencia SU-080 de 2020.
39 Id.
40 Corte Constitucional, Sentencia T-010 de 2026.
41 Id.
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99. Asimismo, entre las formas de violencia contra la mujer reconocidas en
Colombia, se encuentra el acoso laboral. Este corresponde a «toda conducta
persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un
empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de
trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia,
a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia
del mismo»42.
100. Los distintos instrumentos internacionales ratificados por Colombia, entre
ellos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará, han dispuesto entre
las principales obligaciones de los Estados las siguientes: (i) «abstenerse de
cualquier acción o práctica violenta contra la mujer»43; (ii) actuar con la debida
diligencia en la prevención, investigación y sanción de la violencia contra la mujer;
e (iii) incorporar normas penales, civiles, administrativas o de cualquier naturaleza,
para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra la mujer «y
adoptar todas las medidas administrativas que sean del caso»44. A nivel interno,
esas obligaciones se concretan, especialmente, en las leyes 1257 de 2008 45, 1542
de 201246 y 2365 de 202447.
101. Todas estas normas tienen por objeto reafirmar el compromiso del Estado y
de todas sus autoridades con la prevención, investigación y sanción de las
conductas que puedan significar violencia contra la mujer o VBG. En otras palabras,
«las autoridades deben adoptar medidas para que tales conductas no se presenten
y, en todo caso, de evidenciarse o ser denunciadas, se deben activar y aplicar con
la debida diligencia las medidas oportunas e idóneas destinadas a la investigación,
sanción y no repetición»48.
102. De allí que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, vulnera el
derecho de las mujeres de vivir una vida libre de violencia no solo el comportamiento
de acoso, sino también las omisiones institucionales frente a su prevención,
investigación y sanción49, en todos los ámbitos en los que las mujeres proyectan su
vida, entre ellos, el laboral y el universitario.
103. Deber de prevención, investigación y sanción en el ámbito laboral. Nuestro
orden constitucional reconoce el derecho de las personas a un trabajo en
condiciones dignas y justas. Esto conlleva la proscripción de cualquier forma de
discriminación en los escenarios laborales y, a su vez, la protección contra la
42 Artículo 2, Ley 1010 de 2006.
43 Corte Constitucional, Sentencia T-414 de 2024.
44 Id.
45 «Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación
contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan
otras disposiciones».
46 «Por la cual se reforma el artículo 74 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal».
47 «Por medio de la cual se adoptan medidas de prevención, protección y atención del acoso sexual en el ámbito
laboral y en las instituciones de educación superior en Colombia y se dictan otras disposiciones».
48 Corte Constitucional, Sentencia T-210 de 2023.
49 Id.
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violencia y el acoso50, con el fin de promover «entornos seguros y dirigidos a
equilibrar las relaciones asimétricas de poder que subyacen y se ocultan tras el
elemento subordinante y/o otros factores sociales que inciden directamente en la
construcción de relaciones jerarquizadas»51.
104. El principal referente normativo para la investigación y sanción del acoso
laboral es la Ley 1010 de 2006. Dicha norma aplica a relaciones laborales públicas
y privadas, pero solo en el ámbito de relaciones de dependencia o subordinación de
carácter laboral52. Este mismo ámbito de aplicación se proyecta respecto de los
Comités de Convivencia Laboral, cuya función es la de recibir y dar trámite a las
quejas de acoso, para promover la solución efectiva de este tipo de controversias.
105. A nivel jurisprudencial, la Corte Constitucional ha reiterado que el Estado, «a
través de sus autoridades judiciales o administrativas, según sea el caso, debe
desplegar todas las actuaciones necesarias conducentes a prevenir y sancionar
cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y actuar con la debida
diligencia para prevenir, investigar y sancionar este tipo de agresiones»53.
106. En el contexto laboral, lo anterior se traduce, esencialmente, en tres
obligaciones54. Primero, el deber de debida diligencia y corresponsabilidad. Para la
Corte, la debida diligencia comprende la apertura oportuna de la investigación
disciplinaria en contra del presunto infractor, así como la prevención de futuras
agresiones y retaliación. Asimismo, incluye el compromiso de adoptar medidas
tendientes a que las víctimas no se vean obligadas a ser confrontadas con su
presunto agresor (v.gr., modificación de los sitios y horarios de trabajo). Por otra
parte, la corresponsabilidad exige la existencia de canales, rutas y protocolos de
atención «seguros, ciertos, conocidos y efectivos» para la investigación y sanción
de los hechos de violencia.
107. Segundo, el deber de no tolerancia o neutralidad, el cual demanda la
adopción del enfoque diferencial de género en las investigaciones. Por último, el
deber de no repetición, que le es aplicable al Estado y a los particulares.
108. Deber de prevención, investigación y sanción en las instituciones de
educación superior. Aun cuando la Constitución y la ley reconocen la autonomía
universitaria, en virtud de las cuales este tipo de instituciones pueden darse sus
propias directivas y regirse por sus propios estatutos; estas prerrogativas deben
garantizar los derechos fundamentales de la comunidad académica, entre ellos, el
«derecho fundamental a que la educación se ejerza en espacios libres de
discriminación y violencia, particularmente aquella cometida en razón del género»55.
109. Al respecto, el Decreto 4798 de 2011 estableció una serie de obligaciones a
50 Corte Constitucional, Sentencia T-104 de 2025.
51 Id.
52 Artículo 6, Ley 1010 de 2006.
53 Corte Constitucional, Sentencia T-104 de 2025.
54 Id.
55 Id.
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las universidades relacionadas con: (i) la adopción e implementación de protocolos
integrales para la prevención, detección y atención de VBG, las cuales deben
garantizar la debida diligencia y la «investigación y sanción disciplinaria de los
miembros de la comunidad universitaria (v.gr. docentes, estudiantes,
administrativos y contratistas)56»; (ii) la expedición de lineamientos por parte del
MEN, así como la vigilancia del cumplimiento de dicha normativa por parte de las
instituciones educativas; y (iii) la competencia de la PGN para investigar y sancionar
a los funcionarios públicos que desatiendan dicho marco normativo57.
110. A partir de lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha sistematizado los
deberes a cargo de las universidades ante casos de violencia contra la mujer así:
«(a) “la no tolerancia o neutralidad” ante la ocurrencia de eventos de violencia; (b)
“la corresponsabilidad” en la atención de las afectadas, con el fin de evitar la
revictimización; (c) “la debida diligencia” en la investigación y sanción disciplinaria
de las conductas; y (d) “la no repetición” de los hechos»58.
111. Frente a la debida diligencia, el máximo tribunal constitucional ha sostenido
que dicho deber se satisface cuando las investigaciones disciplinarias: (i) son
oficiosas, por lo que no es necesario que la víctima denuncie para que la autoridad
universitaria inicie e impulse el trámite disciplinario; (ii) son oportunas, es decir,
cuando se llevan a cabo con celeridad, dentro de los plazos normativamente
previstos; (iii) son imparciales, lo que ocurre cuando la administración garantiza una
actuación objetiva y libre de prejuicios y estereotipos, con el fin de evitar la
revictimización; y (iv) son adelantadas con perspectiva de género59.
112. La Corte Constitucional ha encontrado trasgredido el deber de debida
diligencia, en estos contextos, en casos en los que se constata la desidia
institucional, por ejemplo, por no activar oportunamente la investigación, incurrir en
dilaciones injustificadas, desatender testimonios relevantes, no adelantar los
procesos disciplinarios internos o por incurrir en peregrinaje institucional60.
2.5. Caso concreto
113. Corresponde a la Sección Quinta determinar si las autoridades accionadas
vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a vivir
una vida libre de violencia de la señora Sandra Ortega Sierra, por no adelantar
acciones dirigidas a prevenir, investigar y sancionar los hechos de violencia que ella
denunció en relación con el delegado presidencial ante la UFPS. Por ende, la Sala
analizará la conducta de cada uno de los accionados y de la Universidad, en su
condición de empleador de la actora.
114. La Presidencia de la República no ha vulnerado los derechos de la
accionante. Al respecto, la Sala advierte que, de los hechos de la tutela y de las
56 Corte Constitucional, Sentencia T-010 de 2026.
57 Cfr., id.
58 Id.
59 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-010 de 2026.
60 Ver, por ejemplo, las sentencias T-210 de 2023 y T-235 de 2025 y T-010 de 2026.
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pruebas recaudadas en el proceso, la accionante reprocha que, pese a que ella, la
UFPS y la Defensoría del Pueblo, Regional Santander, le han informado a
Presidencia sobre las denuncias contra el señor Bolívar Corredor por hechos
relacionados con VBG, no se han adoptado medidas tendientes a suspender al
delegado, a fin de garantizar su derecho a no ser confrontada con su presunto
agresor en su sitio de trabajo.
115. Sobre el particular, la Presidencia de la República indicó que ha dado
respuesta a las solicitudes, en el sentido de informar que no tiene funciones de
«instrucción o sanción, como tampoco cuenta con facultades de policía judicial ante
las irregularidades que se denuncian». De allí que haya remitido sus denuncias a
las autoridades competentes, a saber, la FGN, la PGN y el MEN, en relación con lo
cual señaló que se atendría a lo que estas resuelvan sobre su delegado.
116. En el caso concreto, se observa que la designación del señor Bolívar
Corredor se realizó mediante el Decreto 2233 de 17 de noviembre de 2022, en virtud
de las facultades previstas en los artículos 189.13 de la Constitución61 y 64 de la
Ley 30 de 199262.
117. De acuerdo con esa normativa, la designación, permanencia y remoción del
delegado presidencial corresponde a una facultad discrecional del presidente de la
República. También es preciso aclarar que tal designación no convierte al señor
Bolívar Corredor en un empleado o trabajador del Estado, sino que su naturaleza
es la de un particular que ejerce funciones públicas en virtud del mencionado acto
de designación.
118. Lo anterior supone dos cosas. La primera es que no es posible derivar un
deber a cargo de la demandada de suspender al delegado presidencial, en tanto,
se reitera, su designación corresponde a un acto discrecional del primer mandatario,
quien solo debe verificar que el delegado «haya tenido vínculos con el sector
universitario»63. Una conclusión distinta implicaría usurpar una función que la
Constitución le asignó expresamente a otra autoridad y, a su vez, anticipar un juicio
de responsabilidad disciplinaria en sede de tutela.
119. La segunda es que la competencia para investigar y sancionar los hechos
denunciados por la señora Ortega Sierra (i.e., acoso laboral, violencia basada en
género y extralimitación de funciones) corresponde a la PGN. En efecto, como lo
señaló la demandada, en este momento, no tiene competencia sancionatoria
respecto del delegado presidencial, por dos razones.
61 «ARTICULO 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y
Suprema Autoridad Administrativa: […] 13. Nombrar a los presidentes, directores o gerentes de los
establecimientos públicos nacionales y a las personas que deban desempeñar empleos nacionales cuya
provisión no sea por concurso o no corresponda a otros funcionarios o corporaciones, según la Constitución o
la ley.
En todo caso, el Gobierno tiene la facultad de nombrar y remover libremente a sus agentes».
62 «ARTÍCULO 64. El consejo superior universitario es el máximo órgano de dirección y gobierno de la
universidad y estará integrado por: […] c. Un miembro designado por el Presidente de la República, que haya
tenido vínculos con el sector universitario».
63 Este es el único requisito que señala el artículo 64 de la Ley 30 de 1992.
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120. De un lado, la Directiva Presidencial 01 de 202364 sí establece un deber de
los superiores de activar la ruta de atención cuando tengan conocimiento de un caso
de VBG; sin embargo, esto no se traduce en una obligación automática de
suspensión del presunto agresor. Por el contrario, dicha normativa contiene unas
reglas de procedimiento en aras de garantizar el debido proceso del denunciado por
parte de las oficinas de control interno disciplinario (en el caso de los servidores
públicos) o de la PGN (en el caso de contratistas, pasantes, judicantes, practicantes
o personal en comisión). Por ende, la denuncia no conlleva necesariamente una
obligación de suspensión. Aunado a ello, la Sala no puede obviar el hecho de que
la demandada ha remitido todas las denuncias a la PGN, como autoridad
disciplinaria que tiene a su cargo la investigación.
121. De otro lado, aún en gracia de discusión, de aceptar que la Presidencia de la
República sí tiene funciones sancionatorias respecto del delegado presidencial, lo
cierto es que, en este caso, la PGN, en el marco de su poder preferente, ya asumió
la competencia para conocer de la denuncia presentada por la accionante. Por
tanto, es en ese procedimiento disciplinario que deben investigarse y, de ser
procedente, imponerse las sanciones a las que haya lugar; entre ellas, la de
suspensión, en los términos de la Ley 1952 de 2019.
122. El MEN no ha vulnerado los derechos fundamentales de la accionante. La
señora Ortega Sierra cuestiona que el MEN tampoco ha adelantado actuaciones
encaminadas a la investigación de la conducta del señor Bolívar Corredor y a su
consecuente suspensión. Ello, a pesar de los poderes disciplinarios que puede
ejercer en virtud de sus funciones de inspección y vigilancia a las instituciones de
educación superior.
123. Tal como se concluyó respecto de la Presidencia de la República, en este
caso, tampoco se evidencia que el ministerio accionado hubiese conculcado las
garantías iusfundamentales de la tutelante, por las siguientes razones.
124. Primero, dado que la designación, permanencia y remoción del delegado
presidencial en el Consejo Superior Universitario es una facultad discrecional del
primer mandatario, no podría atribuírsele al MEN responsabilidad alguna por el
hecho de que el señor Bolívar Corredor no haya sido suspendido con ocasión de
las denuncias formuladas por la señora Ortega Sierra.
125. Segundo, la cartera ministerial accionada ha atendido los requerimientos y
peticiones relacionados con los hechos de VBG elevados por la accionante. En
efecto, en el informe rendido en segunda instancia y de acuerdo con las pruebas
aportadas al proceso, se constata que la Subdirección de Inspección y Vigilancia ha
requerido a la UFPS y al delegado presidencial en aras de que se pronuncien sobre
64 «Protocolo para la prevención, atención y medidas de protección de todas las formas de violencia contra las
mujeres y basadas en género y/o discriminación por razón de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología
política o filosófica, sexo u orientación sexual o discapacidad, y demás razones de discriminación en el ámbito
laboral y contractual del sector público; y la participación efectiva de la mujer en las diferentes instancias de la
administración pública».
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la denuncia formulada por la rectora y, aunado a ello, mediante oficio 2025-EE-
350844 pidió a la PGN el ejercicio de su poder disciplinario preferente en este
asunto.
126. Por último, debido a que el señor Bolívar Corredor es un particular en ejercicio
de funciones públicas, la competencia para investigar la posible conducta
disciplinaria corresponde a la PGN, y no al MEN directamente.
127. La UFPS no ha vulnerado los derechos fundamentales de la accionante. Aun
cuando la accionante no le endilgó directamente responsabilidad alguna a la
Universidad, para la Sala es indispensable estudiar su conducta en relación con los
hechos objeto de la tutela. Esto, por cuanto la institución universitaria es la
empleadora de la tutelante y, por tanto, quien, en primer lugar, estaría llamada a
conocer los hechos denunciados con fines de prevención, investigación y sanción,
comoquiera que aquellos se relacionan con conductas de acoso en el sitio de trabajo
de la actora.
128. Al respecto, como se expuso en el capítulo 2.4. de esta providencia, el
ordenamiento constitucional colombiano le impone a todas las autoridades, a los
empleadores y a las universidades obligaciones relacionadas con la prevención,
investigación y sanción de casos de VBG en el ámbito laboral y universitario. Estos
deberes se concretan, en esencia, en la debida diligencia y la corresponsabilidad,
en virtud del cual los sujetos obligados deben contar con protocolos y rutas de
atención claros, adelantar de forma oportuna las investigaciones de violencia contra
la mujer y adoptar medidas de protección adecuadas, entre ellas, las relacionadas
con garantizar la no confrontación de la víctima con el presunto agresor.
129. Pues bien, en este caso, la Sala advierte que la UFPS: (i) cuenta con la
Política Institucional de Tolerancia Cero a la Violencia Basada en Género en la
Universidad Francisco de Paula Santander, adoptada mediante el Acuerdo CSU
UFPS 070/2023; y (ii) a través de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario le ha
venido prestando asistencia a la actora en los distintos procesos penal y disciplinario
que ha promovido, así como en las gestiones administrativas ante la Presidencia de
la República y el MEN.
130. Al respecto, la Sección observa que, aun cuando aquello no se ha concretado
en alguna medida específica en contra del delegado presidencial, de ello no se sigue
que la UFPS hubiese trasgredido las garantías constitucionales de la accionante.
131. Lo anterior, por cuanto el delegado presidencial no tiene relación laboral con
la Universidad ni hace parte de la comunidad universitaria. Ciertamente, el
investigado no tiene la condición de docente, estudiante, personal administrativo o
contratista.
132. En ese orden, la relación entre la UFPS y el delegado no es una de tipo
laboral pública o privada en la que puedan aplicarse las disposiciones de la Ley
1010 de 2006. Del mismo modo, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el
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poder disciplinario, que deriva del Decreto 4798 de 2011, tampoco se le puede
extender, en tanto no es un miembro de la «comunidad universitaria (v.gr. docentes,
estudiantes, administrativos y contratistas)65».
133. Lo anterior se refleja, a su vez, en la Política Institucional de Tolerancia Cero
a la Violencia Basada en Género. Dicho protocolo, en el capítulo que regula el
procedimiento sancionatorio interno, establece entre sus destinatarios a los
«servidores públicos (docentes de planta y personal administrativo», «estudiantes»,
«docentes catedráticos y ocasionales, y personal administrativo vinculados a través
de contrato a término fijo y tutores», así como a «funcionarios». A priori, no se
advierte que el señor Bolívar Corredor forme parte de alguna de estas categorías.
134. De allí que la Sala no pueda exigirle a la Universidad que adelante algún tipo
de juicio disciplinario frente al señor Bolívar Corredor o, de ser el caso, que lo
suspenda como delegado presidencial en el Consejo Superior Universitario.
135. Tal situación podría suponer la existencia de un vacío normativo, pues, en la
práctica, la señora Ortega Sierra no cuenta con una instancia interna ante su
empleador a fin de formular sus denuncias sobre VBG en su sitio de trabajo, sino
que, en su caso, sus denuncias solo podrían ser conocidas por la PGN y la FGN,
como ha ocurrido. Sin embargo, dicha laguna no puede suplirse con la asignación
de una competencia disciplinaria sui generis a la Universidad; máxime cuando las
denuncias ya están siendo conocidas y tramitadas por las autoridades competentes.
136. No obstante, debido a la importancia del deber de debida diligencia en la
prevención, investigación y sanción de los asuntos de VBG, ello no puede significar
que la Universidad se desprenda, por completo, de sus deberes de protección hacia
la accionante, por al menos dos razones.
137. De un lado, porque, de las pruebas aportadas en el expediente, aún
permanece vigente una medida de protección en favor de la tutelante, dictada por
la FGN y aclarada por los jueces penales competentes. En ese orden, la Universidad
deberá garantizar que esta se cumpla en el campus universitario, en los términos
fijados por las autoridades penales.
138. De otro lado, la Sala observa que la Unidad 2 de la Política Institucional de
Tolerancia Cero a la Violencia Basada en Género66, dispone que ella será de
obligatorio cumplimiento para «terceros que no hacen parte de la institución cuando
el hecho tiene ocurrencia en el campus de la Universidad, otras sedes de la
universidad, espacios virtuales institucionales».
139. Ello permite entrever que, al menos algunas de las disposiciones de la
mencionada política, le podrían ser aplicables al delegado presidencial. En
consecuencia, si bien, frente a él la Universidad no cuenta con competencia para
adelantar investigaciones disciplinarias, eventualmente, podría exigirle el
65 Corte Constitucional, Sentencia T-010 de 2026.
66 «Protocolo de prevención, detección y atención de violencia basada en género en la UFPS».
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www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Sandra Ortega Sierra
Accionados: Presidencia de la República y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03600-01
cumplimiento de algunas de sus disposiciones y, del mismo modo, podría adoptar
medidas tendientes a garantizar que, mientras se adelantan los procesos penal y
disciplinario y, asimismo, permanece vigente la medida de protección, puedan
adoptarse ajustes razonables para garantizar que los espacios que comparten la
rectora y el delegado, en el ejercicio de sus funciones, sean entornos seguros y
libres de violencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 16 de octubre de 2025, mediante la cual la
Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de
tutela promovida por la señora Sandra Ortega Sierra. En su lugar, DECLARAR la
improcedencia de la acción de tutela en lo que concierne a la Fiscalía General de la
Nación y la Procuraduría General de la Nación; y NEGAR el amparo solicitado
respecto de la Presidencia de la República y el Ministerio de Educación Nacional y
la Universidad Francisco de Paula Santander, por las razones indicadas en esta
providencia.
SEGUNDO: LEVANTAR la medida provisional dictada mediante auto de 30 de
enero de 2026.
TERCERO: RECHAZAR la solicitud de nulidad presentada por el señor Carlos
Alberto Bolívar Corredor.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Aclaración de voto
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Accionante: Sandra Ortega Sierra
Accionados: Presidencia de la República y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03600-01
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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