Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03602-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03602-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-03602-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
6 de noviembre de 2025
Demandante: Karol Mabel Casas Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca, Sala
Segunda de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03602-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Seis (6) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03602-01
Demandante: KAROL MABEL CASAS SÁNCHEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA, SALA SEGUNDA
DE DECISIÓN
Temas: Tutela contra providencia judicial. Confirma sentencia que
declara la improcedencia de la acción por no cumplir con el
requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide la impugnación interpuesta por la accionante contra la sentencia del
18 de julio de 2025, por medio de la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, declaró improcedente la acción de tutela porque no cumple el
presupuesto de la relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
Mediante escrito radicado el 12 de junio de 2025, la señora Karol Mabel Casas
Sánchez, por conducto de apoderado, interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Cauca, Sala Segunda de Decisión, con el fin de que se amparen
sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la tutela judicial efectiva, al trabajo y a la igualdad.
Estimó vulneradas tales garantías constitucionales con ocasión de la sentencia de
28 de noviembre de 2024 del Tribunal Administrativo del Cauca, Sala Segunda de
Decisión, que confirmó el fallo del 2 de diciembre de 2020, mediante el cual el
Juzgado Primero del Circuito Judicial de Popayán negó las pretensiones de la
demanda en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 19001-33-33-001-2016-00283-00/01, promovido contra el Terminal de
Transporte de Popayán S.A.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la accionante elevó las siguientes pretensiones:
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Demandante: Karol Mabel Casas Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca, Sala
Segunda de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03602-01
1. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, derecho al trabajo, a la igualdad y al Estado Social de
Derecho de mi poderdante, señora KAROL MABEL CASAS SÁNCHEZ, vulnerados por
la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Cauca.
2. Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia No. 259 del
veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), proferida por la
mencionada autoridad judicial dentro del proceso con radicado
19001333300120160028301.
3. ORDENAR a la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Cauca
que, en un término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas, profiera una nueva
sentencia de reemplazo, en la cual valore en su integridad y de manera conjunta y
razonable todo el acervo probatorio, especialmente la confesión de la parte demandada
sobre los motivos reales del retiro y los demás elementos de juicio que demuestran la
falsa motivación y la desviación de poder, de conformidad con el precedente
constitucional y los fundamentos expuestos en esta tutela.
1.3. Hechos
La solicitud de amparo presentada por la tutelante se sustenta en los siguientes
hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en
esta sentencia:
Relató que ocupó un cargo de libre nombramiento y remoción denominado jefe
administrativa y financiera, en el Terminal de Transporte de Popayán S.A., por el
interregno comprendido entre el 1° de marzo de 2013 y el 1° de febrero de 2016.
Añadió que luego ocupó la plaza de gerente suplente.
Señaló que el gerente del Terminal de Transporte de Popayán S.A., mediante
Resolución 00011 del 1° de febrero de 2016, declaró la insubsistencia del
nombramiento en el cargo que ocupaba, con fundamento en la facultad discrecional
que le asistía y por razones de confianza. Sin embargo, dicho nominador le explicó
verbalmente que se trató de una exigencia política, lo cual quedó grabado y no
registrado en su hoja de vida.
Puntualizó que acudió a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual le correspondió
por reparto al Juzgado Primero del Circuito Judicial de Popayán; instancia que,
mediante sentencia del 2 de diciembre de 2020, denegó las pretensiones de la
demanda.
Destacó que el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala Segunda de Decisión, por
medio del fallo del 28 de noviembre de 2024, confirmó la decisión del a quo, porque
la falta de anotación en la hoja de vida de las causas que originaron la
desvinculación no comporta una nulidad.
Además, en la sentencia se precisó que la grabación aludida debía ser excluida del
acervo probatorio por ser violatoria de la constitución y la ley, y que la aceptación
que hizo la entidad demandada respecto de la existencia de esa reproducción no
era una confesión.
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1.4. Sustento de la vulneración
La actora aseveró que la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Adujo que el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala Segunda de Decisión, dejó de
valorar pruebas las pruebas aportadas al proceso ordinario, las cuales permitían
establecer la falsa motivación y desviación de poder en que incurrió la Resolución
00011 del 1° de febrero de 2016, pues se fundó en hechos ajenos a la realidad
(supuesta falta de confianza) y no en la verdadera razón (móvil político).
Detalló que la Resolución 00011 de 2016 se motivó en la falta de confianza, pero el
nuevo gerente del Terminal de Transporte de Popayán S.A. fue claro al comunicarle
que su desvinculación obedeció a que su empleo debía ser provisto por una persona
de su misma línea política. Hecho que fue grabado y aceptado por la administración
en la contestación de la demanda.
Recalcó que el tribunal accionado no le dio crédito a lo anterior, porque
supuestamente la grabación es ilegal y la aceptación que hizo el Terminal de
Transporte de Popayán S.A. no era una confesión, en los términos del artículo 195
del CGP; empero, no tuvo en cuenta que el asentimiento que hizo la entidad en la
contestación de la demanda también podía ser tomada como un informe sobre los
hechos debatidos en el escrito inicial del proceso, lo cual sí podía ser admitido como
prueba.
Iteró que al tribunal le faltó rigor en el análisis de las pruebas pues, en un primer
momento, dijo que no se podía establecer quienes eran los interlocutores en la
grabación, luego, reconoció que se trataba de ella y del gerente del terminal
demandado y, finalmente, invalidó la prueba con una citación genérica del derecho
a la intimidad.
Refirió que lo anterior configura un defecto fáctico y un desconocimiento del
precedente, ya que la autoridad judicial accionada omitió analizar una prueba
relevante a la luz de las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-371 de 2021, máxime cuando «(i) quien graba es un receptor legítimo;
(ii) existe la convicción de que se registra una irregularidad; (iii) el grabado es un
funcionario público en ejercicio de sus funciones (como lo es el gerente de una
empresa pública); y (iv) no se actúa de mala fe.»
Puso de relieve que el Terminal de Transporte de Popayán S.A. omitió el deber de
dejar constancia en su hoja de vida de las causas que motivaron su retiro, tal como
lo exige el artículo 26 del Decreto 2400 de 1968, para evitar abusos y desviaciones
de poder, y reforzar la legalidad del acto administrativo.
Infirió que la falta de anotación descrita, sumada a la aceptación que hizo la
administración de un móvil político, creaba un acervo probatorio contundente de la
arbitrariedad que se alegaba.
Precisó que lo anterior, de igual forma, deja entrever que el fallo del 28 de noviembre
de 2024 adolece de un defecto sustantivo por interpretación restrictiva e
incongruencia en la valoración del móvil político.
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1.5. Trámite de la primera instancia
Por auto del 16 de junio de 2025, el despacho sustanciador de primera instancia
admitió la demanda de tutela y ordenó notificar, en calidad de demandados, a los
magistrados del Tribunal Administrativo del Cauca, Sala Segunda de Decisión y
como terceros con interés, al juez Primero Administrativo del Circuito Judicial de
Popayán y al gerente del Terminal de Transportes de Popayán S.A.
1.6. Intervenciones
1.6.1 El Juzgado Primero del Circuito Judicial de Popayán pidió ser
desvinculado porque no emitió la decisión que se cuestiona ni vulneró derecho
fundamental alguno.
1.6.2 El Tribunal Administrativo del Cauca, Sala Segunda de Decisión,
manifestó que no incurrió en una vía de hecho que conculque derechos
fundamentales.
Enfatizó que a «pesar de que la tutelante se duele ahora de falta de análisis sobre
el expediente y el acervo probatorio arrimado, debe destacarse que la providencia
atacada desarrollo una evaluación del contenido documental y testimonial vertido
durante la etapa probatoria, procediéndose a realizar un contraste de versiones
inclusive sobre la aludida grabación que la señora CASAS SANCHEZ entregó al
plenario.»
Agregó que efectuó una valoración racional de las pruebas acorde con las reglas de
la sana crítica, pues observó «en todo momento la pertinencia, utilidad y legalidad
de los medios aportados, haciendo eco de las posiciones en litigio frente a la
sentencia recurrida.»
Concluyó que este mecanismo no es procedente, porque se está utilizando como
una tercera instancia para reabrir una discusión que ya fue zanjada de forma
definitiva.
1.7. Sentencia de primera instancia
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en providencia del 18 de
julio de 2025, declaró la improcedencia de la acción de tutela porque incumple el
requisito de relevancia constitucional.
Consideró que la accionante pretende utilizar este mecanismo como si se tratara de
una instancia adicional, pues los reproches contenidos en el escrito de tutela buscan
reabrir el debate que tuvo lugar en el trámite ordinario, con el fin de que prevalezca
su interpretación sobre la acogida por el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala
Segunda de Decisión.
1.8. Impugnación
Con escrito recibido el 17 de septiembre de 2025, la tutelante impugnó la decisión
de primera instancia, por cuanto en el asunto sub examine no se busca reabrir el
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debate sobre la interpretación de los hechos, sino poner de presente unos defectos
en que incurrió el tribunal accionado al analizar las pruebas.
Precisó que no está ante una simple divergencia de criterios, sino ante la exclusión
inconstitucional de una prueba fundamental y la omisión de valoración de la
aceptación que hizo el Terminal de Transportes de Popayán S.A.
Insistió en que la acción de tutela sí cumple el criterio de la relevancia constitucional,
si se tiene en cuenta que el «Tribunal Administrativo del Cauca aplicó una regla de
exclusión probatoria de manera automática, sin atender las subreglas específicas
fijadas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-371 de 2021», lo cual genera
una afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Reafirmó que el tribunal accionado no solo excluyó indebidamente la grabación,
sino dejo de valorar la aceptación que hizo de la misma el Terminal de Transporte
de Popayán S.A.
Recalcó que la autoridad judicial accionada minimizó el hecho de que la entidad
demandada omitió el deber de dejar constancia en su hoja de vida de las causas
que motivaron el retiro.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la acción constitucional del asunto, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.
2.2. Cuestión previa
El Juzgado Primero del Circuito Judicial de Popayán solicitó su desvinculación
porque no emitió la decisión que se cuestiona.
Al respecto, se advierte que el aludido juzgado no fue vinculado a la acción de tutela
en calidad de accionado, sino como tercero por haber conformado el extremo pasivo
en el proceso ordinario objeto de controversia.
Por tal motivo, le asiste un interés jurídico en las resultas del proceso que justifica
su vinculación al trámite de la referencia, por lo que la Sala denegará su solicitud.
2.3. Problema jurídico
De conformidad con lo expuesto, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a
confirmar, revocar o modificar la providencia de primera instancia.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio sobre
los requisitos adjetivos de procedibilidad; y finalmente, de encontrarse superados
se abordará; y (iii) el caso concreto.
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2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20121, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:
[…] [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203),
han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «[…] fijados hasta el
momento jurisprudencialmente […]». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a
que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que
impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: (i) que sea
relevante constitucionalmente; (ii) que no se trate de tutela contra tutela; (iii)
inmediatez, y (iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia
objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los
derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo se requerirá: (i) que la causa, motivo o razón a la que se
1 M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
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atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de
la decisión y (ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.5. El examen de los requisitos de procedencia adjetiva
2.5.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que
la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las
sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial «[...] el juez de tutela debe
limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados
por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de
la providencia reprochada.»
Igualmente, enfatizó en que cuando se cuestiona una providencia de una alta Corte,
el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la
decisión fue proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal
constitucional consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación
de las normas que se zanjaron por el juez natural.
A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente
legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para verificar
si se supera esta exigencia, los cuales son:
[...] (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia
judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o
violatoria de derechos fundamentales.
En el asunto sub examine la actora cuestiona el proveído del 28 de noviembre de
2024, que confirmó la decisión de primera instancia que denegó las pretensiones
de la demanda del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 19001-33-33-001-2016-00283-00, por incurrir en defectos fáctico,
sustantivo y desconocimiento del precedente, pues (i) dejó de valorar una prueba
relevante, como es la grabación, con lo cual se desatendieron las subreglas
establecidas en la sentencia SU-371 de 2021; (ii) no le dio crédito a la aceptación
que hizo la entidad demandada de esa reproducción en la contestación de la
demanda, la cual suportaba las causales de nulidad de falsa motivación y desviación
de poder; y (iii) minimizó el hecho de que la entidad demandada omitió el deber de
dejar constancia en su hoja de vida de las causas que motivaron su desvinculación.
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Para descender al caso concreto, se observa que el Juzgado Primero del Circuito
Judicial de Popayán, mediante sentencia del 2 de diciembre de 2020, denegó las
pretensiones de la demanda, porque la actora (i) ocupaba un cargo que era de libre
nombramiento y remoción, por lo que el acto de su desvinculación no requería
motivación; (ii) no acreditó una situación que le generara una estabilidad laboral
reforzada por enfermedad [síndrome del túnel carpo bilateral] ni probó en forma
objetiva y razonable un móvil político; y (iii) no gozaba de un fuero de estabilidad en
razón de su bien desempeño.
El Tribunal Administrativo del Cauca, Sala Segunda de Decisión, a través del fallo
del 28 de noviembre de 2024, confirmó lo decidido por el a quo. Fundó su decisión
en que (i) la administración tenía la facultad discrecional para disponer el retiro de
la tutelante por razones de confianza para el manejo de las funciones de
coordinación y asesoría; (ii) lo que atañe con la anotación en la hoja de vida de las
causas que originaron la desvinculación, la jurisprudencia ha considerado que ello
no constituye elemento de validez ni requisito para su conformación ni presupuesto
para su eficacia, de ahí que la omisión cuestionada no comporta una nulidad del
retiro; (iii) la grabación aducida, fue realizada al gerente del Terminal de Transporte
de Popayán S.A., sin que él haya asentido su contenido o la validez de su recaudo;
(iv) la aceptación que se hizo de la existencia de reproducción, en la contestación
de la demanda, no comporta una confesión por cuanto el apoderado de la entidad
no cuenta con dicha facultad, en los términos del artículo 217 del CPACA; (v) los
ámbitos laborales en la función pública son espacios semi privados, con una
protección intermedia de la intimidad de quien es grabado sin consentimiento; (vi)
la prueba referenciada debe ser excluida por violación de la constitución y la ley,
conforme lo expuesto en la sentencia SU-371 de 2021; y (vii) la activación del fuero
a la salud no es procedente, porque no se acreditó que el síndrome del túnel carpo
bilateral que padece la actora sea una limitante de su capacidad laboral.
De la revisión del expediente, los cargos planteados por la accionante, el material
probatorio recaudado y las intervenciones presentadas, la Sala estima que el asunto
debatido no goza de relevancia constitucional y, por ende, se debe confirmar la
decisión de primera instancia que declaró la improcedencia de la acción.
Lo anterior, por cuanto analizados los argumentos expuestos por la tutelante, se
evidencia que los mismos se encuentran encaminados a controvertir las
conclusiones a las arribó el tribunal accionado, toda vez que, según su criterio, se
dejó de valorar la grabación, lo cual desatiende las subreglas establecidas en la
sentencia SU-371 de 2021, no se le dio crédito a la aceptación que hizo el
apoderado de la Terminal de Transporte de Popayán S.A. de esa reproducción y
minimizó la falta anotación en la hoja de vida de las causas que originaron su
desvinculación.
Acorde con lo analizado, se hace evidente que la parte tutelante busca imponer su
criterio, el cual estima más acertado, que el que se plasmó en la sentencia
cuestionada, lo cual denota un inconformismo respecto al sentido de la decisión
adoptada; máxime si se tiene en cuenta que la autoridad accionada, abordó
razonablemente las inconformidades descritas en el párrafo anterior.
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Respecto de lo último, es pertinente señalar, que la actora no cumplió con la carga
de acreditar que, contrario a lo establecido por el Tribunal Administrativo del Cauca,
Sala Segunda de Decisión, el caso analizado en la sentencia SU-371 de 2021 sí es
similar o idéntico a su situación particular, por lo que el caso debió ser decidido en
sentido contrario.
Sobre lo expuesto, se advierte que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar sus decisiones
vía acción de tutela.
Así las cosas, se reitera que el juez constitucional no está instituido como órgano
de control de las decisiones judiciales. De avalarse dicha tesis, conllevaría una
deformación de este mecanismo constitucional y la desarticulación de la
organización judicial.
En consecuencia, es claro que la controversia esbozada por la accionante no
satisface el requisito de relevancia constitucional, debido a que la discusión se
circunscribe a aspectos que ya fueron abordados y zanjados por el juez natural.
En consecuencia, se considera que, si bien la tutelante intenta exponer las razones
por las cuales considera que el tribunal accionado incurrió en una vulneración de
sus derechos fundamentales, en realidad lo que se evidencia es una simple
inconformidad con lo dispuesto en la providencia censurada, y las conclusiones a
las que arribó la corporación accionada en la sentencia confirmatoria, lo cual, per
se, no implica una trasgresión de las mencionadas garantías.
Así las cosas, no es evidente la tensión entre derechos fundamentales en contraste
con lo decidido por la autoridad judicial demandada, que amerite la intervención del
juez constitucional.
Por las razones que anteceden, se confirmará la declaratoria de improcedencia de
este mecanismo por falta de relevancia constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: Deniégase la solicitud de desvinculación presentada por el Juzgado
Primero del Circuito Judicial de Popayán.
SEGUNDO: Confírmase la sentencia del 18 de julio de 2025, mediante la cual el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, declaró la improcedencia de la
acción.
TERCERO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
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Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca, Sala
Segunda de Decisión
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remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
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