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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03625-00

Fecha
24 de julio de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03625-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia por falta de requisito general de inmediatez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03625-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

24 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03625-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: YEISON JAIR RINCÓN OLAYA

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR
CARENCIA DEL REQUISITO DE INMEDIATEZ.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO

DE SOGAMOSO1 y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

BOYACA2.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

El señor YEISON JAIR RINCÓN OLAYA, actuando a través de

apoderada judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

1
En adelante el Juzgado.
2
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03625-00
Actor: YEISON JAIR RINCÓN OLAYA

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la

administración de justicia, los cuales estima vulnerados por el

JUZGADO y el TRIBUNAL, al haber proferido, respectivamente, las

providencias de 1o. de noviembre de 2021 y 23 de octubre de 2024,

dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

identificado con el número único de radicación núm. 2017-00010-01.

I.2. Hechos

Manifestó que laboró como auxiliar en la Policía Nacional desde el 9

de octubre de 2005 hasta el 1 de mayo de 2006, y que fue ascendido

al grado de patrullero ejecutivo. Con posterioridad, a través de la

Resolución núm. 0070 de 8 de julio de 2016, fue retirado del servicio

por recomendación de la Junta de Evaluación y Calificación para

suboficiales de la institución.

Aseguró que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda

en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho contra la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA -

POLICÍA NACIONAL3, con el fin que se declarara la nulidad del acto

3
En adelante Policía Nacional.

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3

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Actor: YEISON JAIR RINCÓN OLAYA

administrativo que lo retiró del servicio, la cual fue identificada con

el número único de radicación núm. 2017-00010-00, y correspondió

por reparto al JUZGADO que, en sentencia de 1o. de noviembre de

2021, denegó las pretensiones de la demanda.

Advirtió que inconforme con lo anterior, presentó recurso de

apelación ante el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 23 de

octubre de 2024, confirmó la decisión del a quo.

I.3 Fundamentos de la solicitud

A juicio del actor, las autoridades judiciales accionadas

desconocieron sus derechos fundamentales al debido proceso y al

acceso a la administración de justicia, en tanto no se le brindó la

posibilidad de ser evaluado de manera justa por la Junta de

Evaluación y Calificación para suboficiales de la Policía Nacional.

Aseguró que la parte demandada incurrió en defecto fáctico, al

omitir y no valorar las pruebas que reposaban en el expediente

ordinario y que su retiro de la institución castrense correspondió a

situaciones ajenas al mejoramiento del servicio. Además de haberse

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4

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Actor: YEISON JAIR RINCÓN OLAYA

encontrado irregularidades en su desempeño, lo procedente era

iniciar acciones disciplinarias en su contra.

Igualmente, manifestó que las providencias judiciales cuestionadas

incurrieron en desconocimiento del precedente establecido en las

sentencias C-179 de 8 de marzo 20064 y T-995 de 21 de noviembre

de 20075, proferidas por la Corte Constitucional, en las que, a su

juicio, se ha determinado que los actos de retiro deben contar con

una motivación adecuada, suficiente y fundada en razones objetivas

y hechos ciertos relacionados con el mejoramiento del servicio, lo

cual no ocurrió en el presente caso. Además, no se realizó un examen

de fondo, no cumplieron con los requisitos de proporcionalidad y

razonabilidad, ni especificaron la finalidad del mejoramiento del

servicio.

I.4. Pretensiones

El actor solicitó que se amparen sus derechos fundamentales

4
M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
5
M.P. Jaime Araújo Rentería.

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5

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Actor: YEISON JAIR RINCÓN OLAYA

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…]PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales a la igualdad
ante la ley, al derecho al trabajo, al debido proceso, y acceso a la
administración de justicia establecidos en los artículos 13, 25, 29, y
229 de la Constitución Política de Colombia, los cuales fueron
vulnerados al señor YEISON JAIR RINCON OLAYA por el JUZGADO
PRIMERO ADMINISTRATIVO DE SOGAMOSO y el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ, DESPACHO No. 1, como
consecuencia de las decisión adoptada el día 23 de octubre de 2024,
notificada el 14 de noviembre de 2024 y ejecutoriada el 4 de
diciembre de 2024, dentro del medio de control de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho No. 15759333300120170001001
instaurado contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional,,
las cuales negaron la pretensión de declarar la nulidad de la
Resolución No. 0070 del 8 de julio de 2016 que ordenó su retiró del
servicio activo de la Policía Nacional.

SEGUNDA: REVOCAR las sentencias proferidas, en primera instancia
por el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE SOGAMOSO y en
segunda instancia por el TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ – Despacho No. 1 integrado por los
Magistrados: Magistrada Ponente LAURA PATRICIA ALBA, LUIS
ERNESTO ARCINIEGAS TRIANA, DAYÁN ALBERTO BLANCO
LEGUÍZAMO, emitida el día 23 de octubre de 2024, notificada el 14
de noviembre de 2024 y ejecutoriada el 4 de diciembre de 2024, y
en su lugar, se CONCEDA el amparo del derecho fundamental a la
igualdad ante la ley, al derecho al trabajo, al debido proceso, y
acceso a la administración de justicia al señor YEISON JAIR RINCON
OLAYA.

TERCERA: DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia en Primera y Segunda
Instancia proferida por el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE
SOGAMOSO y el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
BOYACÁ – Despacho No. 1, integrado por los Magistrados:
Magistrada Ponente LAURA PATRICIA ALBA, LUIS ERNESTO
ARCINIEGAS TRIANA, DAYÁN ALBERTO BLANCO LEGUÍZAMO,
emitida el día 23 de octubre de 2024, notificada el 14 de noviembre
de 2024 y ejecutoriada el 4 de diciembre de 2024, al configurarse un
defecto fáctico y el desconocimiento del precedente judicial, en los
que incurrieron las accionadas, las cuales, con su actuación
vulneraron los derechos a la igualdad ante la ley, al derecho al
trabajo, al debido proceso, y el acceso a la administración de justicia
del señor YEISON JAIR RINCON OLAYA.[…]”.

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I.5. Defensa

I.5.1.- el TRIBUNAL solicitó negar las pretensiones de la demanda,

por cuanto, a su juicio, el actor no puede suponer una violación a sus

derechos fundamentales por mera razón de que las providencias

judiciales cuestionadas sean contraria a sus intereses.

Asimismo, resaltó que la sentencia censurada de segunda instancia

no incurrió en los defectos deprecados por el actor, pues en ella se

abordó el estudio del problema jurídico y se valoró el material

probatorio aportado al expediente, de conformidad con el marco legal

y jurisprudencial que regula el retiro del servicio por discrecionalidad;

asimismo, se tuvo en cuenta el concepto emitido por la Junta de

Evaluación y Calificación para Suboficiales de la Policía Nacional, que

recomendó la separación del servicio del actor.

Finalmente, aseguró que el actor pretende controvertir una decisión

judicial utilizando la acción de tutela como una nueva instancia.

I.5.2.- La POLICÍA NACIONAL señaló que la acción de tutela es

improcedente, por cuanto la parte actora no demostró la existencia

de un perjuicio irremediable derivado de las decisiones adoptadas

por las autoridades judiciales demandadas.

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Aseguró que entre la notificación de la providencia cuestionada de

segunda instancia y la presentación de la presente acción de tutela,

no existe un período razonable, es decir, que no se atendieron los

plazos para la instauración del mecanismo constitucional, por lo que

en el presente asunto no se cumple el requisito de la inmediatez.

Igualmente, indicó que lo que pretende el actor es reabrir un debate

que ya fue zanjado por la autoridad competente en el marco de sus

competencias.

I.5.3.- El JUZGADO se limitó a enviar de manera digital el

expediente contentivo del proceso ordinario objeto de controversia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de

11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que

regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y

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del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma

Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de

tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

consejera María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

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unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y

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seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario

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judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

dejen sin efecto las providencias de 1o. de noviembre de 2021

y 23 de octubre de 2024, proferidas por el JUZGADO y el

TRIBUNAL, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del

derecho identificado con el número único de radicación núm. 2017-

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00010-01.

A las citadas providencias el actor le atribuye la vulneración de sus

derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la

administración de justicia, comoquiera que, a su juicio, las

autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto fáctico y

desconocimiento del precedente, toda vez que omitieron valorar

en debida forma las pruebas que reposaban en el expediente

ordinario y que su retiro de la institución castrense correspondió a

situaciones ajenas al mejoramiento del servicio. Además, por cuanto

pasaron por alto lo establecido en las sentencias C-179 de 8 de marzo

2006 y T-995 de 21 de noviembre de 2007, proferidas por la Corte

Constitucional, en las que, a su juicio, se ha determinado que los

actos de retiro deben contar con una motivación adecuada, suficiente

y fundada en razones objetivas y hechos ciertos relacionados con el

mejoramiento del servicio.

Es del caso advertir que, si bien en la acción de tutela se solicita dejar

sin efectos tanto la providencia de 1o. de noviembre de 2021

proferida por el JUZGADO, como la dictada el 23 de octubre de

2024, por el TRIBUNAL, la Sala realizará únicamente el análisis de

la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados

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frente a la providencia de segunda instancia, toda vez que fue esta

la que dio por terminado el proceso para el actor.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que

debe resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso

cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción

de tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii)

establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

fundamentales invocados.

En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, en especial, el requisito de la inmediatez.

Al respecto, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha

sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está instituida

como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de

los derechos fundamentales que se consideran vulnerados y que,

aunque no tenga previsto un término de caducidad para su

presentación, es necesario que se invoque tal protección dentro de

un plazo razonable y prudente, dado que, “[…] de transcurrir un lapso

injustificadamente largo, se desvirtúa la urgencia de la protección y

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la gravedad de la afectación, por ende, no cabría la procedencia del

mecanismo […]”6.

Desde luego que el juez debe valorar las circunstancias de cada caso,

para determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el

momento en que ocurre la presunta vulneración de los derechos y la

instauración de la tutela.

Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción

constitucional se ejerce contra una providencia judicial, en razón a

que exige un examen más riguroso en aras de preservar los

principios de cosa juzgada y seguridad jurídica y de salvaguardar el

interés de terceros, cuya situación podría verse injustamente

afectada por el otorgamiento tardío de la protección constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que 7:

“[…] Según la Jurisprudencia Constitucional, la exigencia de
inmediatez responde a necesidades adicionales. En primer lugar,
proteger derechos de terceros que pueden verse vulnerados por
una tutela ejercida en un plazo irrazonable, caso en el que ‘se
rompe la congruencia entre el medio de protección y la finalidad
que se busca: la protección integral y eficaz de los derechos
fundamentales de las personas’. En segundo lugar, impedir que
el amparo ‘se convierta en factor de inseguridad [jurídica]’. En
tercer lugar, evitar ‘el uso de este mecanismo constitucional

6
Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
7
Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto.

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como herramienta supletiva de la propia negligencia’ en la
agencia de los derechos […]”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

del Consejo de Estado, al unificar la jurisprudencia en torno a los

requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias

judiciales, sostuvo8:

“[…] Es de la esencia de este medio de defensa judicial la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales y el
respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros
afectados.

[…]

De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la
situación que vulnera o amenaza vulnerar un derecho
fundamental sea un elemento consustancial para la
protección que se ofrece.

Este requisito que opera de forma general frente a todas
las acciones de tutela es más estricto cuando se interpone
contra providencias judiciales, por lo que, como lo ha
sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un tiempo
significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos, resulta
claramente desproporcionado el control constitucional de una
providencia judicial por la vía de tutela’. Por tal razón, debe
mediar un término razonable entre la ejecutoria de la decisión
judicial que se aduce como violatoria de los derechos
fundamentales del accionante y la presentación de la acción de
tutela para buscar su amparo.

[…]
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere
que la acción se ejerza en un tiempo razonable,
prudencial, requisito que garantiza la realización del
principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el
grado de certeza material, que la hace definitiva e
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, op. cit.

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inmutable.

[…]

[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela
contra providencias judiciales se ejerce oportunamente […]”.
(Destacado fuera de texto).

En el examen de la razonabilidad y oportunidad en la interposición

de la acción de tutela, ha dicho la jurisprudencia que el juez debe

tener en cuenta los siguientes eventos:

(i) Si existen razones válidas para la inactividad, como un caso

fortuito o de fuerza mayor, la incapacidad o imposibilidad del actor

para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de

un hecho nuevo e inesperado, entre otras9;

(ii) Si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la

vulneración de los derechos fundamentales del interesado10;

(iii) Si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los

derechos de terceros afectados con la decisión11;

9
Corte Constitucional, sentencia T-678 de 17 de agosto de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
10
Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1º de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
11
Corte Constitucional, sentencia T-326 de 3 de mayo de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo.

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Actor: YEISON JAIR RINCÓN OLAYA

(iv) Si el fundamento de la acción de tutela surgió después de

acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales12;

(v) Si el accionante se encuentra en situación de debilidad

manifiesta13.

Así las cosas, toda vez que la acción de tutela de la referencia está

dirigida a cuestionar la decisión proferida en la providencia de 23 de

octubre de 2024, el término dispuesto por la jurisprudencia

constitucional para la acción de tutela contra providencia judicial

debe empezar a contabilizarse desde la notificación de la misma.

Precisado lo anterior, la Sala advierte que de acuerdo con las

constancias obrantes en el expediente del proceso origen de la

controversia, la providencia de 23 de octubre de 2024, aquí

cuestionada, fue notificada a las partes, el 14 de noviembre de esa

anualidad, sin embargo, en aplicación del numeral segundo del

artículo 205 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 14, la Sala

entenderá que la notificación de la providencia cuestionada se surtió

en debida forma el 18 de ese mes y año.

12
Corte constitucional, sentencia T-743 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
13
Estos eventos fueron reseñados en la sentencia T-1028 de 2010, Magistrado ponente: doctor
Humberto Antonio Sierra Porto.
14
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

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Ahora bien, la Sala observa que la solicitud de amparo de la

referencia se presentó el 12 de junio de 2025, esto es,

transcurrido más de 6 meses y 23 días, superando así los 6

meses que han sido estimados por la jurisprudencia como término

razonable para impugnar por vía de tutela el contenido de una

decisión judicial, sin que el actor haya expuesto razón alguna que

justifique la inactividad o tardanza en la presentación de la solicitud

de amparo.

Aunado a lo anterior, la Sala señala que para que proceda el amparo

constitucional como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia

de un perjuicio irremediable, debe ser actual y las medidas que se

requieran para conjurarlo han de ser urgentes; no basta cualquier

perjuicio, se requiere que sea grave, lo que equivale a una gran

intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber

jurídico de la persona; y la urgencia y la gravedad determinan que la

acción de tutela sea impostergable, debido a que tiene que ser

adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.

Precisado lo anterior, teniendo en cuenta que en la presente acción

de tutela no se evidenció situación que se enmarque en alguno de

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Actor: YEISON JAIR RINCÓN OLAYA

los supuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional que

puedan excusar su presentación por fuera del término establecido

por la Sala Plena del Consejo de Estado, la Sala concluye que la

solicitud de amparo constitucional se presentó por fuera del término

razonable para cuestionar vía tutela providencias judiciales.

Se destaca que, en la sentencia SU-354 de 201715, la Corte

Constitucional, además de reiterar la importancia del requisito de

inmediatez en la acción de tutela contra providencia judicial, para

resolver el caso concreto exceptuó el término de los seis meses

establecido por regla general como tiempo razonable, dadas las

particularidades especiales del asunto que allí se estudiaba en el que

existió un hecho relevante que justificaba la tardanza en la

interposición de la solicitud de amparo. Empero, tal situación no se

observa en el presente caso.

Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente el

amparo solicitado, por carencia del requisito general de inmediatez,

como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

15
Magistrado ponente: doctor Iván Humberto Escrucería Mayolo.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

constitucional de la referencia por falta de requisito general de

inmediatez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta

sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 24 de julio de 2025.

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Actor: YEISON JAIR RINCÓN OLAYA

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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