Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03673-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03673-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-03673-00
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
11 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03673-00
Accionante: Alexander de Jesús Dueñas Herrera
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Auto emitido
dentro de proceso ejecutivo. Niega medida cautelar / DECLARA IMPROCEDENCIA
– Falta de cumplimiento de requisito de relevancia constitucional – Se pretende
emplear la acción de tutela como una instancia adicional al proceso ordinario y
reproches carecen de carga argumentativa
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela
de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 12 de junio de 2025, el señor Alexander de Jesús Dueñas Herrera promovió
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección B, para que se deje sin efectos el auto de 9 de junio de 2025,
emitido dentro del proceso ejecutivo2 que instauró contra la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur E. S. E., encaminado a obtener el cumplimiento de la condena
impuesta en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 11001-33-42-057-2017-00291-00/01 3 . Aduce el compromiso de sus
derechos fundamentales al debido proceso, tutela judicial efectiva y trabajo.
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Expediente 11001-33-42-057-2023-00072-00/01.
3 Mediante sentencia de 27 de septiembre de 2019 del Juzgado 57 Administrativo de Bogotá, confirmada el 20
de agosto de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se declaró la existencia de una relación
laboral entre el tutelante y la mencionada E. S. E. del 1º de abril de 2004 al 31 de diciembre de 2013, por lo que
se ordenó el pago de las correspondientes prestaciones a que hubiere lugar, así como de la diferencia entre los
aportes realizados durante ese lapso al sistema de seguridad social.
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Accionante: Alexander de Jesús Dueñas Herrera
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B
2.
Mediante la providencia acusada, se confirmó la decisión adoptada el 4 de marzo
de 2024 por el Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo de Bogotá, que negó el
decreto de la medida cautelar de embargo y retención de dineros en diferentes
entidades bancarias 4 . Se precisó que los recursos de las entidades públicas
destinados para el pago de sentencias y conciliaciones son inembargables, de
conformidad con el parágrafo 2º del artículo 195 del CPACA.
3.
Además, se indicó que no mediaba riesgo alguno frente al no pago de lo ejecutado
o prueba que acredite que sea inminente su incumplimiento en desmedro de la
seguridad jurídica y los derechos reconocidos al ejecutante.
4.
La parte actora sostuvo que se incurrió en defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente. Se (i) omitió que la sentencia cuya ejecución se
persigue tiene origen laboral y se encuentra ejecutoriada desde agosto de 2021; (ii)
inobservó la existencia de una cuenta pública designada expresamente para el “pago
de sentencias y conciliaciones”, con plena trazabilidad y titularidad; y, (iii) rechazó el
embargo con base en una inembargabilidad genérica, sin examinar si se configura
alguna de las excepciones establecidas por la Corte Constitucional en las sentencias
C-1154 de 2008, C-546 de 1992 y C-534 de 1997.
5.
La decisión judicial acusada configura una ineficacia del aparato judicial para
asegurar el cumplimiento de una orden judicial laboral.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
6.
Mediante auto de 19 de junio de 20255, se admitió la acción de tutela, se negaron
las solicitudes de medida provisional y de pruebas, se ordenó notificar a la autoridad
demandada y se vinculó a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E. S. E.,
en calidad de tercero con interés. De igual modo, se ordenó comunicar la decisión a
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.
(i) Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección
B
7.
Indicó que en la decisión judicial acusada se determinó que no era procedente el
embargo de las cuentas y dineros de la mencionada Subred. Los recursos de las
entidades públicas destinados al pago de sentencias y conciliaciones son
inembargables y el embargo de la cuenta solicitada es de dicha especificación,
conforme lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 195 del CPACA.
8.
Por consiguiente, aun cuando con la medida cautelar de embargo solicitada se
busca asegurar la ejecución de una sentencia proferida por la jurisdicción
4 Davivienda, Bancolombia, Banco de Bogotá, Banco Popular, ITAU, CorpBanca Colombia S. A., Banco de
Occidente, Scotiabank Colpatria, Banco Agrario de Colombia, Banco Coomeva, Banco AV Villas.
5 Notificado el 1º de julio de 2025.
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contencioso-administrativa, dicho argumento no constituye por sí mismo la
excepción a la cláusula de inembargabilidad, pues no se evidenció riesgo alguno
frente al no pago de lo ejecutado o prueba que acredite que sea inminente su
incumplimiento en desmedro de la seguridad jurídica y los derechos reconocidos a
la ejecutante.
(ii) Accionante
9.
El 28 de julio de 2025, presentó un memorial con el objeto de poner en
conocimiento del juez de tutela, y que se valore, “un precedente reciente, obligatorio
y directamente aplicable, proferido por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, en sentencia de tutela de fecha 9 de julio de 2025, radicado 11001-
03-15-000-2025-03356-00”.
II. CONSIDERACIONES
C. Análisis del caso concreto
10. La tutela no satisface el presupuesto de relevancia constitucional. La parte actora
pretende se acoja la manera como, a su juicio, se debió haber despachado su
solicitud de embargo, para cuyo efecto se limita a presentar inconformidad con la
decisión judicial atacada, en cuanto a la naturaleza de la sentencia que se pretende
ejecutar y de la cuenta bancaria cuyo embargo se solicitó así como las excepciones
fijadas por la Corte Constitucional frente al principio de inembargabilidad, sin que se
despliegue una carga argumentativa suficiente tendiente a demostrar yerros de
orden constitucional.
11. Contrario a lo indicado por la parte actora, no es acertado afirmar que la autoridad
judicial no haya tenido en cuenta que se pretendía la ejecución de una sentencia en
firme de naturaleza laboral, o que la cuenta bancaria que se pedía embargar estaba
destinada al pago de sentencias y conciliaciones judiciales. Lo que dijo el operador
judicial fue que no estaba comprobado el riesgo de la falta de pago o su posible
incumplimiento, circunstancias que generarían quebranto de la seguridad jurídica y
de los derechos reconocidos al ejecutante.
12. Además, se puso de presente que el aludido pago estaba supeditado al
cumplimiento de turnos de radicación de las respectivas cuentas de cobro de las
sentencias, por lo que decretar el embargo pedido podría influir de manera negativa
en el cumplimiento de dichas obligaciones y con ello en los derechos de esas
personas, para darle prevalencia a los del accionante a pesar de estar en un plano
de igualdad, al no advertir alguna situación que fundamente un trato diferenciado.
13. Así las cosas, lo que se evidencia es que la parte actora pretende, a través de
este mecanismo constitucional, que se le imponga a la autoridad judicial acoger la
tesis que pregona acerca de la viabilidad de decretar el embargo solicitado en el
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proceso ejecutivo para procurar la materialización del derecho laboral que le fue
reconocido vía judicial, sin desvirtuar los motivos esgrimidos por el juez natural de
la causa para confirmar la negativa de dicho decreto ni exponer alguna circunstancia
que indique la necesidad de ello, con el propósito de probar la afectación
constitucional que se alega en este asunto.
14. Porúltimo, adujo que no se examinaron si se configuraba alguna de las
excepciones establecidas por la Corte Constitucional en las sentencias C-1154 de
2008, C-546 de 1992 y C-534 de 1997.
15. Sobre el particular la Sala no evidencia que se hubiere desplegado una suficiente
carga argumentativa para fundamentar el defecto sustantivo por la desatención una
de las referidas sentencias de constitucionalidad6, en la medida en que no se
señalaron las excepciones fijadas en las aludidas providencias ni cuál o cuáles
consideró se configuraban en su caso, con el fin de que se lograra dilucidar por parte
del juez de tutela si ello comportaba la afectación constitucional invocada.
16. Ello por cuanto no es dable que en sede de tutela se analice el asunto puesto en
conocimiento como si se tratara de una instancia adicional, en la que se formulan
argumentos jurídicos y se solicita que sean aplicados, en la medida en que en este
escenario se debe acreditar que la determinación judicial acusada comporta algún
tipo de arbitrariedad por parte de la autoridad judicial que la dictó, circunstancia que
no se evidencia en estas diligencias.
17. Entodo caso, a pesar de la carencia en la fundamentación respecto de la
inobservancia de las aludidas providencias judiciales, se evidencia que en el auto
objeto de censura la autoridad judicial anotó que, en efecto, el principio de
inembargabilidad no es de aplicación absoluta, para cuyo efecto citó, entre otras,
dichas sentencias.
18. En ese sentido adujo que la sentencia C-546 de 1992 de la Corte Constitucional
“estableció la constitucionalidad de la inembargabilidad de los bienes y rentas
incorporados al Presupuesto General de la Nación, dejando la salvedad frente a
aquellos casos en que la efectividad del pago de obligaciones a cargo del Estado
surgidas de derechos laborales, solo se logre mediante el embargo de bienes y
rentas incorporadas al presupuesto de la Nación”. Criterio que, señaló, fue reiterado
en la sentencia C-354 de 1997 de la Corte Constitucional, en la que adicionó “como
excepción a dicho principio en tratándose de sentencias judiciales en pro de
garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en la
sentencia”.
6 Aunque se invocó defecto sustantivo y desconocimiento del precedente, la jurisprudencia ha indicado que
cuando se trata de desatención de sentencias de constitucionalidad, se está ante el primero de los referidos
defectos. Sobre el particular, la sentencia T-410 de 2024 señaló: “La jurisprudencia ha precisado los supuestos
en los que una decisión judicial incurre en defecto sustantivo, entre los que se encuentra la aplicación de una
norma que desconoce una sentencia de efectos erga omnes. En esta situación, se aplica una norma bajo un
alcance o interpretación que desconoce la ratio decidendi de una sentencia de constitucionalidad”.
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19. De igual modo, indicó que el principio de inembargabilidad a los recursos públicos
ha sido desarrollado por la Corte Constitucional, entre otras, en las sentencias C-
793 de 2002, C-192 de 2005 y C-1154 de 2008. Puntualmente, respecto de esta
última providencia sostuvo que fijó tres excepciones a ese principio, a saber: “(i) la
necesidad de satisfacer y cumplir con los créditos u obligaciones de origen laboral
con miras a efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas; (ii) el
pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de
los derechos reconocidos en las mismas y (iii) la ejecución de títulos emanados del
Estado que reconocen una obligación clara, expresa y exigible”.
20. Con base en lo expuesto, no se evidencia el desconocimiento del precedente que
se alega, máxime cuando no se desplegó la suficiente carga argumentativa sobre el
particular y cuando, por el contrario, la autoridad judicial hizo referencia a las
providencias judiciales de la Corte Constitucional que se estiman desatendidas,
diferente es que se haya determinado que no había lugar a aplicar la excepción al
principio de inembargabilidad advertido frente a la cuenta bancaria cuyo embargo se
solicitó.
21. En ese orden de ideas, se concluye que la inconformidad del tutelante sobre la
negativa de la medida cautelar que formuló en la acción ejecutiva denota una
discrepancia con dicha determinación, por no resultarle favorable a sus intereses,
sin que se haga referencia a que esta incurra en algún tipo de arbitrariedad, por
ende, el hecho de que la autoridad judicial no acogiera el modo que considera
correcto la parte actora no involucra la afectación constitucional alegada.
22. Por ende, el simple desacuerdo con la decisión judicial atacada no habilita a la
parte a la que aquella le resultó desfavorable para promover esta acción con el
objeto de que se acoja la tesis que pregona. Acceder a lo pretendido implicaría
invadir la órbita de competencia del juez natural, como si este escenario
constitucional hubiera sido instituido como una tercera instancia, para imponer el
sentido en que se deben zanjar los litigios sin considerar el razonamiento
desplegado por la autoridad judicial accionada para arribar a la conclusión que no
comparte una de las partes.
23. Finalmente, la Sala se abstendrá de pronunciarse sobre el memorial presentado
el 28 de julio de 2025 por el accionante, pues la consideración de una decisión
judicial (proferida en una acción de tutela, en fecha posterior a la providencia
cuestionada), implica desconocer que el Tribunal no tuvo la oportunidad de conocer
sobre ese argumento en oportunidad previa y pronunciarse.
24.
En ese orden de ideas, comoquiera que no se supera el requisito de relevancia
constitucional, esta Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo.
25.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-03673-00
Accionante: Alexander de Jesús Dueñas Herrera
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en
atención a las consideraciones planteadas.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE7
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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