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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03675-00

Fecha
17 de julio de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03675-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor Jair Narváez Santander por conducto de apoderado, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia. Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03675-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

17 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03675-00
Accionante: Jair Narváez Santander
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
Sala Segunda de Decisión

Tema: Tutela contra providencia judicial

Decisión: Negar las pretensiones de la demanda por no configurarse
los defectos alegados

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
acción de tutela1 presentada por el señor Jair Narváez Santander, actuando a
través de apoderado, en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
Sala Segunda de Decisión, por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales a: “la igualdad ante la ley, debido proceso, principio de
prevalencia del derecho sustancial, acceso a la administración de justicia y
cualquier otro derecho del mismo rango”, con ocasión de: “la configuración de
una posible vía de hecho al momento de proferir sentencia de segunda Instancia
núm. 084 de fecha treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025), que
negó las pretensiones de la demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Laboral, con radicado 76001-33-33- 005-2020- 00085-01, adelantada por el
accionante, en contra de la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional;
sentencia que fue notificada mediante medios electrónicos, el día miércoles 23
de abril de 2025 y la cual, quedó debidamente ejecutoriada el día 30 de abril de
2025 a las 5:00 p.m.”

II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos

2. Del escrito de tutela se colige que el señor Jair Narváez Santander laboró
en la Policía Nacional desde que prestó su servicio militar en el año 2001, hasta
el 28 de octubre de 2019, fecha en la que fue retirado de la institución cuando
ostentaba el grado de intendente, mediante la Resolución 0399 del 25 de octubre
de 2019, emitida con posterioridad al concepto de la Junta de Evaluación y
Clasificación que mediante Acta 052 COMAN-SUBCO-2.35 del 22 de octubre de
2019 recomendó el retiro del uniformado, “por la causal de voluntad de la

1
Acción de tutela presentada el 13 de junio de 2025.

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Accionante: Jair Narváez Santander

Dirección General de la Policía Nacional, por razones del servicio, en forma
discrecional”.

3. Inconforme con lo anterior, el accionante a través de apoderado judicial
instauró una demanda2 contra la Policía Nacional, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, pretendiendo la nulidad de la
resolución precitada, alegando falsa motivación y desviación de poder en el acto
administrativo, ya que en su sentir la decisión no tuvo en cuenta su buen
desempeño en la institución y se basó en un informe de captura por un presunto
punible, que adujo no ha sido probado judicialmente por un juez o tribunal
competente.

4. Adicionalmente, solicitó su reintegro al servicio activo, el pago de las
prestaciones sociales posteriores a su desvinculación y una compensación
económica por los perjuicios sufridos.

5. El proceso correspondió al Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito
de Cali, autoridad judicial que, mediante la sentencia del 3 de octubre de 20243,
resolvió negar las pretensiones de la demanda, al encontrar que tanto el acta4
que sirvió de fundamento para proferir la Resolución 399 del 25 de octubre de
2019, como esta última, estuvieron debidamente motivadas y contenían las
razones objetivas en las que se fundó la desvinculación del servicio del
accionante, sin que se haya demostrado algún vicio de nulidad por falsa
motivación o por desviación de poder en estas.

6. En sede de apelación5, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca a
través de la sentencia del 31 de marzo de 20256 confirmó la anterior decisión.

2.2. Fundamento jurídico

7. El accionante alegó la existencia de un defecto fáctico, pues argumentó
que los operadores judiciales, omitieron apreciar y evaluar las pruebas
determinantes al darle valor probatorio y tomar como ciertas las afirmaciones del
entonces intendente jefe Edinson Torres, investigador criminal de la Dirección de
Investigación Criminal e Interpol -DIJIN7, que sirvieron como sustento al acta
proferida por la Junta y fueron determinantes en la decisión concretada en la
resolución de retiro, toda vez que indicó que finalmente: “resultaron no ser ciertas,
pero, en su momento, originaron la supuesta afectación al servicio y la también
supuesta pérdida de la confianza en el señor intendente (r) Jair Narváez
Santander”.

8. La parte actora endilgó la existencia de un defecto procedimental
absoluto porque en su sentir el ad quem no realizó un pronunciamiento de fondo
2
Índice 2 del aplicativo SAMAI, 7_110010315000202503675005DemandaWeb2025613143329. El 1 de julio de
2020.
3
Índice 41 del aplicativo SAMAI, exp. 76-001-33-33-005-2020-00085-00
4
De la Junta de Evaluación y Clasificación del personal de Suboficiales, Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía
Nacional
5
Presentada el 15 de octubre de 2024, índice 43 del aplicativo SAMAI, exp. 76-001-33-33-005-2020-00085-00
6
Índice 14 del aplicativo SAMAI, exp. 76-001-33-33-005-2020-00085-01
7
En el “Informe captura funcionarios de la Metropolitana de Santiago de Cali”, Radicado Nro. S-2019- 154974-
DIJIN de fecha 11 de octubre de 2019. Ver extractos del informe, en el índice 41 del aplicativo SAMAI exp. 76-
001-33-33-005-2020-00085-00, págs.14-15

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frente a su recurso de apelación, pero al respecto, básicamente reiteró lo
planteado en el defecto fáctico reprochado, al considerar que no se valoraron las
pruebas acertadamente, en particular, respecto al hecho de que finalmente las
afirmaciones del informe del intendente investigador de la DIJIN no pudieron ser
probadas, aduciendo al respecto que prevaleció una excesiva formalidad sobre
el derecho sustancial.

9. El accionante reprochó también un desconocimiento del precedente,
señalando que fueron inaplicadas las sentencias C-5258 de 1995, C-1799 de
2006, SU-053/1510, SU-172/1511 y SU-288/1512, las cuales exigen que la facultad
discrecional para retirar miembros de la Fuerza Pública debe ejercerse con
motivación objetiva, proporcional y no arbitraria.

10. Sostuvo que en su caso no se cumplió con lo anterior, ya que los hechos
que motivaron su retiro eran falsos e improbados, y en su sentir las instancias
omitieron aplicar los criterios jurisprudenciales que garantizan el debido proceso
y la protección del derecho al trabajo de los miembros de la Fuerza Pública.

11. Adicionalmente, el accionante argumentó que el Tribunal desconoció
precedentes de esta corporación que limitan el uso de la facultad discrecional en
el retiro de miembros de la Policía Nacional. En particular, citó tres sentencias;
en la primera de ellas, se exige motivación objetiva del acto de retiro13; en la
segunda, se establece la necesidad de considerar el historial laboral del
funcionario14; y en la tercera15 se reitera que dicha facultad no puede ejercerse
de manera arbitraria y debe observar parámetros de razonabilidad.

12. Por otro lado, censuró que la providencia de segunda instancia incurrió en
una falta de motivación, al confirmar un fallo sin sustento jurídico ni análisis
congruente con las pruebas obrantes en el expediente alegando que en su sentir
se valoraron hechos inciertos sin verificar su evolución o la posterior falsedad de
las acusaciones.

13. Afirmó que ninguna de las instancias realizó un estudio sustancial de las
pruebas que desvirtuaban los motivos del retiro, omitiendo elementos favorables
como su destacada hoja de vida y sus reconocimientos por buen servicio,
vulnerando con ello el principio de legalidad y el derecho a una defensa
adecuada.

14. Sustentó lo anterior fundamentado en la Sentencia C-590 de 200516 y la

8
Corte Constitucional, Sentencia C-525 del 16 de noviembre de 1995. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, exp. D-942
9
Corte Constitucional, Sentencia C-179 del 08 de marzo de 2006. M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra
10
Corte Constitucional, Sentencia SU-053/15, Gloria Stella Ortiz Delgado.
11
Corte Constitucional, Sentencia SU-172/15, Gloria Stella Ortiz Delgado.
12
Corte Constitucional, Sentencia SU-288/15, Mauricio González Cuervo
13
Consejo de Estado, sentencia del 28 de junio de 2012 rad. 05001-23-31-000-2005-00990-01, MP Gustavo
Eduardo Gómez Aranguren
14
Consejo de Estado, sentencia del 4 de octubre de 2012 rad. 05001-23-31-000-2002-02984-01, MP Gustavo
Eduardo Gómez Aranguren
15
Consejo de Estado, sentencia del 22 de julio de 2015 rad. 25000-23-25-000-2000-00207-01, MP Jorge Octavio
Ramírez
16
Corte Constitucional, Sentencia C -590 de 2005, MP Jaime Córdoba Triviño. -La cual establece los requisitos de
la acción de tutela contra providencias judiciales. -

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Acción de Tutela
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Accionante: Jair Narváez Santander

T-407 de 201617 de la Corte Constitucional, reprochando que al no tener la
providencia una justificación fáctica y jurídica válida se configuró el defecto por
decisión sin motivación.

2.3. Pretensiones

15. Con fundamento en lo anterior, el actor solicitó:

«(…) 1. Que se ampare y se tutele, los DERECHOS
FUNDAMENTALES a la IGUALDAD ANTE LA LEY, DEBIDO
PROCESO, PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO
SUSTANCIAL, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y
CUALQUIER OTRO DERECHO DEL MISMO RANGO que se
determine como violados al señor Intendente (R) JAIR NARVAEZ
SANTANDER, con la Sentencia de Segunda Instancia No. 084 de fecha
treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025), proferida por
la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN del Honorable TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, Magistrado Ponente: Dr.
RONALD OTTO CEDEÑO BLUME; que CONFIRMÓ la sentencia No.
234 del 3 de octubre de 2024, proferida por el Juzgado Quinto
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, que negó las
pretensiones de la demanda de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO LABORAL, con Radicado Nro. 76001-33-33-005-2020-
00085-01, adelantada por el señor JAIR NARVAEZ SANTANDER, en
contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA
NACIONAL; sentencia que fue notificada mediante medios electrónicos,
el día miércoles 23 de abril de 2025, la cual, quedó debidamente
ejecutoriada el día 30 de abril de 2025 a las 5:00 p.m.; por cuanto se le
han desconocido las garantías fundamentales, que afectan los
derechos sustanciales del demandante, hoy accionante, tal y como ya
se ha indicado.

2. Que, como consecuencia de la declaratoria anterior, DEJAR SIN
EFECTOS el FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA proferido el día 31 de
marzo de 2025 y antes descrita; y, en su lugar, se ORDENE a la SALA
SEGUNDA DE DECISIÓN del Honorable TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, Magistrado Ponente: Dr.
RONALD OTTO CEDEÑO BLUME que, dentro del término razonable
que el Honorable Juez de Tutela considere, profiera o dicte un nuevo
Fallo de Segunda Instancia, en reemplazo del anterior, en el cual, se
realice un adecuado análisis del material probatorio allegado al
expediente y, se acaten los argumentos jurídicos expuestos en la
presente acción de tutela, observando el precedente vertical fijado por
la Honorable Corte Constitucional y por el Honorable Consejo de
Estado en las sentencias cuyo desconocimiento se invocó, como
también su propia jurisprudencia; y, los cuales desconoció al momento
de desatar el recurso de alzada. » (Sic)

2.4. Intervenciones

16. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 17 de
junio de 202518, a través del cual se ordenó notificar al Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión como accionado y como interesados
en el resultado del proceso a la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional
y al Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali.

2.4.1. La Policía Nacional19, solicitó negar las súplicas del accionante, al no

17
Corte Constitucional, Sentencia T-407 de 2016, MP Luis Ernesto Vargas Silva. -Relacionada con la decisión sin
motivación como causal de procedibilidad de acción de tutela contra providencias judiciales. -
18
Índice 4 del aplicativo SAMAI
19
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existir ninguna trasgresión ius fundamental ni acreditarse un perjuicio
irremediable.

17. Precisó que el retiro estuvo condicionado al seguimiento de las pautas
previstas por la jurisprudencia constitucional y de esta corporación, orientadas a
la aplicación de la causal de retiro por “la pérdida de la confianza”, causal que
adujo se vio afectada ostensiblemente en el servicio de policía prestado por el
accionante.

18. Sobre la pérdida de confianza referida, indicó que el actor, al encontrarse
laborando en la Estación de Policía de Candelaria como comandante de patrulla
de vigilancia, se vio inmerso en comportamientos contrarios20 a los de un
funcionario ejemplar de la institución policial, motivo suficiente para que la Junta
de Evaluación y Clasificación del personal de Suboficiales, Nivel Ejecutivo y
Agentes de la Policía Nacional recomendara su retiro del servicio activo.

19. Indicó que las felicitaciones o condecoraciones previas no constituían per
se un fuero de estabilidad, pues cumplir con las actividades encomendadas con
rectitud es un deber del uniformado. En ese entendido, afirmó que la facultad
discrecional de retiro gozaba de presunción de legalidad toda vez que (citando a
la jurisprudencia de esta corporación)21 estuvo fundada en supuestos de hecho
reales, objetivos y ciertos. Por todo lo anterior, afirmó que no existió la alegada
desviación de poder.

2.4.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de
Decisión22, a través del magistrado Ronald Otto Cedeño Blume, solicitó negar
las pretensiones de la acción. Argumentó que no se configuró ninguna vía de
hecho ni alguna trasgresión ius fundamental, ya que se respetaron plenamente
los postulados normativos, jurisprudenciales y de la sana crítica al momento de
decidir el caso en segunda instancia.

20. Indicó que en su providencia se analizaron los hechos, pruebas testimoniales
y documentales aportados por las partes, incluyendo los reconocimientos
profesionales del demandante y las circunstancias de su conducta disciplinaria,
en el marco del proceso penal y disciplinario instaurado con base en una
denuncia de fuente humana por el presunto delito de tráfico de estupefacientes.

21. Sostuvo que el Tribunal concluyó que no proceden los argumentos del
accionante, pues todas las pruebas relevantes fueron valoradas y los
fundamentos del fallo cuestionado obedecieron a un juicio razonado que
desvirtúa la acusación de falsa motivación y garantiza el respeto al debido
proceso y al derecho sustancial, por lo que el actor pretendía convertir la acción
en una tercera instancia.

2.4.3. No se rindieron más informes.

20
Por cuanto fue objeto de captura por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, con ocasión a la
orden librada por el Juzgado Octavo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Popayán dentro del
proceso con radicado NUNC 190016000703201801095
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, C.P. Gerardo
Arenas Monsalve, en sentencia del 09 de febrero de 2012
22
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III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia

22. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
es competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Problema jurídico

23. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en
establecer si la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, al proferir la sentencia del 31 de marzo de 2025, vulneró los derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y al principio de prevalencia del derecho sustancial del accionante, al
incurrir presuntamente en una vía de hecho, a través de la configuración de los
defectos fáctico, procedimental absoluto, por desconocimiento de precedente y
por decisión sin motivación.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

24. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

25. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.

26. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en
esa medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia

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de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica,
la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad
de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

27. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela
y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como
son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.

3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.

3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente
individualizados.

3.3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
de 6 meses desde que se profirió de la última providencia cuestionada, esto es,
el 31 de marzo de 2025 y la interposición de la acción de tutela, es decir, 13 de
junio de la presente anualidad.

3.3.1.4. El asunto por resolver es de relevancia constitucional, en la medida que
se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental a la igualdad, al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia y al principio de
prevalencia del derecho sustancial del accionante como consecuencia de los
presuntos defectos fáctico, procedimental absoluto, por desconocimiento de
precedente y por decisión sin motivación los cuales se encuentran
fundamentados razonablemente.

28. En razón a que el defecto procedimental absoluto alegado planteó los
mismos argumentos que el fáctico, solamente se realizara el análisis de este
último. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

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3.4. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

29. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional23 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa24, que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración
y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de
la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las
omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la
veracidad de los hechos analizados por el juez.

b. Una dimensión positiva25, que se presenta generalmente cuando el
juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

30. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del
juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser,
de carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al
juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le
corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta
más convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos
probatorios»26.

31. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por
el juez que ordinariamente conoce de un asunto.

3.4.1. Análisis de la presunta configuración del defecto fáctico en el asunto
bajo examen

32. El accionante alegó un defecto fáctico, al considerar que las autoridades
judiciales dieron valor a unas pruebas no verificadas, basadas en las
afirmaciones del investigador de la DIJIN, que posteriormente se demostró que
no eran ciertas.

33. La Sala considera que no se configuró el defecto fáctico alegado, toda vez
que la decisión de retiro se fundamentó en los elementos objetivos aportados por
la Junta de Evaluación y Clasificación, respaldados por el informe27 institucional

23 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de

2010, T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
24 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
25 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
26 Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.
27
Algunos extractos del informe pueden visualizarse en el índice 41 del aplicativo SAMAI exp. 76-001-33-33-005-
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del investigador de la DIJIN. Estos documentos fueron valorados en su contexto
por las autoridades judiciales y fueron considerados suficientes para justificar la
pérdida de confianza en el accionante, sin evidencia alguna de que este los
desacreditara al momento del retiro.

34. Así las cosas, la afirmación del accionante sobre la supuesta falsedad del
informe no tiene sustento probatorio firme dentro del expediente. Ahora bien,
aunque posteriormente no tuvieron consecuencias penales los hechos objeto del
informe, ello no invalida el impacto que estos sucesos tuvieron en la confianza
institucional para adoptar su decisión. Sobre el particular el Tribunal indicó:

«(…) 84. En efecto, la Sala no desconoce, como tampoco lo hizo la
demandada, que se trataba de un delito presuntamente realizado
por el actor, pues no existía para aquel momento una decisión en
firme dentro del proceso penal que así lo determinara; sin embargo,
ello no impide, como se indicó en el acto acusado, que dicha
situación genere un indicio grave en contra del actor, así como
la pérdida de confianza en su labor por parte de la institución,
tornándose en procedente su retiro del servicio con miras a mejorar
el mismo. » Negrillas y subrayas de la Sala.

35. En ese contexto, se recuerda que el defecto fáctico se configura
únicamente en los eventos en los que se advierta que la valoración de la prueba
fue arbitraria o irracional, y en el caso concreto la argumentación de la
providencia es razonable.

36. Por tal razón, no es posible considerar que se presentó un defecto
fáctico, sino que la parte accionante se encuentra inconforme con la
interpretación efectuada por la autoridad judicial accionada, situación que, dada
la finalidad prevista para la tutela, sale de la órbita de competencia del juez
constitucional.

37. Al respecto, la Corte Constitucional ha recordado que la autonomía con
que cuenta el juez para valorar la prueba dentro de cierto grado de
discrecionalidad, cuando sus conclusiones están fundadas en una crítica objetiva
fundada en la lógica y en los principios de racionalidad jurídica que deben guiar
los pronunciamientos de la justicia, descarta la posibilidad de calificar su decisión
como violatoria de derechos fundamentales o constitutiva de algún defecto
puesto que se trata, simplemente, de la actividad ejercida de manera razonable
al amparo de los principios constitucionales de autonomía e independencia
judicial28.

3.5. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales

38. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al efectuar el estudio de
exequibilidad respecto del artículo 4 de la Ley 169 de 1896 29, precisó que de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230 superior, los jueces solo están
sometidos al imperio de la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma

28
Sentencia T-106 de 2000.
29 Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.

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forma como lo han hecho en casos anteriores, siempre y cuando, «expongan
clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión».

39. Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia
C-590 de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por
parte del juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de
tutela.

40. Respecto del precedente vertical30, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el
respeto hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en
especial, por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones.

41. Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el
asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que, al mismo tiempo, surge
de los presupuestos fácticos relevantes de cada caso31.

42. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente
y razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha
seguido en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de
la igualdad y de la independencia judicial; por tanto, no podrá reprocharse a la
sentencia arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los
justiciables ningún género de discriminación32.

43. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional
por parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de
arbitrariedad por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se
encuentran en idénticas circunstancias frente a la ley.

3.5.1. Análisis de la presunta configuración del desconocimiento de
precedente

44. El accionante alegó que el Tribunal desconoció precedentes
jurisprudenciales constitucionales y del Consejo de Estado que exigen una
motivación objetiva, proporcional y no arbitraria al ejercer la facultad discrecional
para retirar miembros de la Fuerza Pública.

45. Sostuvo que en su caso los hechos invocados eran falsos e improbados,
y no se valoró adecuadamente su hoja de vida ni se respetaron los criterios de
protección al debido proceso y al derecho al trabajo. Citó diversas sentencias de
la Corte Constitucional y de esta corporación para sustentar su posición, que
regulan el uso racional de la facultad discrecional pues consideró que las
decisiones judiciales omitieron aplicar tales parámetros.

30
Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
31 Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
32 Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

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46. En ese entendido, alegó que el Tribunal inaplicó la jurisprudencia invocada
que establece que la decisión debe tener una motivación objetiva, proporcional y
no arbitraria al ejercer la facultad discrecional para retirar miembros de la Fuerza
Pública.

47. Ahora bien, las sentencias de la Corte Constitucional: C-525 de 1995, SU-
053/15, SU-172/15, SU-288/15 citadas en el fundamento jurídico, y otras
providencias de esta corporación33 invocadas por el actor, coinciden en la
exigencia de que la facultad discrecional no sea arbitraria, sino motivada con
criterios objetivos y ajustada a razones del servicio.

48. En el caso concreto, la resolución de retiro se basó en el concepto de la
Junta de Evaluación, por circunstancias que afectaron la confianza institucional,
con sustento documental que fue valorado por las instancias judiciales lo que
llevó a que la motivación fuera clara y legal, sin desviación ni capricho
institucional alguno, por lo que el desconocimiento del precedente en ese sentido
carece de asidero.

49. Por otro lado, tanto la sentencia C-179 de 2006, como una providencia de
esta corporación34 referida por el accionante, señalan que la hoja de vida del
funcionario debe ponderarse al evaluar un retiro. No obstante, contrario a lo
planteado por el accionante, las autoridades judiciales sí tuvieron en cuenta esta
ponderación:

«(…) Adicional a lo anterior, el despacho no comparte el
argumento esgrimido por el apoderado judicial de la parte
actora, al afirmar que la decisión de retiro adoptada en la
Resolución 0399 del 25 de octubre de 2019, no se justifica al
compararla con la hoja de vida del actor, toda vez que dicho
representante judicial desconoce que el normal desempeño en la
prestación del servicio es una obligación de todo servidor púbico y
en especial de los miembros de la Policía Nacional, que por la
naturaleza de sus funciones, requieren, entre otras virtudes y
aptitudes, confianza, dedicación, lealtad, disponibilidad y plena
capacidad física e intelectual, por lo que el hecho de haber sido
felicitado o condecorado no le otorga un fuero de estabilidad
laboral que lo exima de ser retirado de la institución por la
decisión discrecional de la entidad ante la pérdida de confianza
en su labor como policía. » Negrillas y subrayas de la Sala.

50. Así las cosas, las autoridades judiciales advirtieron que, si bien el señor
Narváez Santander contaba con reconocimientos, la valoración del historial no
obligaba a la Policía Nacional, ni a ellos como jueces, a privilegiar dicho elemento
sobre otros que comprometen la función pública, como la pérdida de confianza.
En ese sentido, sí se constató el buen desempeño del actor al verificar su hoja
de vida y los testimonios positivos de su gestión por parte de algunos policiales,
pero se determinó que ello no era suficiente para desvirtuar el motivo del retiro.

51. Por las razones expuestas, no se desconoció el precedente, sino que

33
Consejo de Estado, rad. 05001-23-31-000-2005-00990-01 y rad. 25000-23-25-000-2000-00207-01 (citadas en
el fundamento jurídico)
34
Consejo de Estado, rad. 05001-23-31-000-2002-02984-01.

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se aplicó dentro del marco de discrecionalidad, respetando los principios de
razonabilidad y proporcionalidad.

3.6. Decisión sin motivación como causal de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales

52. La jurisprudencia constitucional35 ha señalado que el defecto conocido
como «decisión sin motivación» se configura cuando la providencia atacada
carece de fundamentos fácticos y jurídicos que la soporten, lo cual deriva en una
decisión arbitraria que desconoce derechos fundamentales.

53. En desarrollo de lo anterior, la Corte Constitucional36 ha establecido los
criterios que se deben tener en cuenta para establecer si existió un defecto por
falta de motivación, ya que dicha ausencia no puede estructurarse en cualquier
descuerdo que exista con la justificación de la providencia atacada. Para ello y
con el fin de respetar el principio de autonomía y razonamiento del juez, su
configuración procederá cuando la argumentación sea defectuosa, insuficiente o
inexistente y «se activa únicamente en los casos específicos en que la falta de
argumentación decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad
del juez, es decir en una arbitrariedad».37

54. Finalmente, ha insistido la Corte Constitucional38 que cuando se señale
que una providencia judicial incurrió en falta de motivación debido a la ausencia
de razonamientos que sustenten lo decidido el juez constitucional debe
salvaguardar el derecho de los accionantes a obtener respuestas razonadas que
además les permitan ejercer su derecho de contradicción, ya que aceptar una
decisión que no sustente las razones fácticas y jurídicas iría en contravía de la
función judicial que ostentan los administradores de justicia, situación que
además conllevaría a una flagrante violación del derecho al debido proceso.

3.6.1. Análisis de la presunta decisión sin motivación en el caso concreto

55. La parte actora sostuvo que la sentencia cuestionada adoleció del defecto
de decisión sin motivación porque en su sentir el Tribunal confirmó un fallo sin
sustento jurídico. Señaló que en su sentir se valoraron hechos inciertos sin
verificar su evolución o falsedad posterior.

56. Aunado a lo anterior, afirmó que ni la primera ni la segunda instancia
realizaron un estudio sustancial de las pruebas que desvirtuaban los motivos del
retiro, omitiendo elementos favorables como su hoja de vida destacada y sus
reconocimientos por buen servicio vulnerando con ello el principio de legalidad y
el derecho a una defensa adecuada.

35 Sentencia C-590 de 2005.
36 Sentencia T-233 de 2007.
37 Sentencia T-709 de 2010.
38 Sentencia T-041 de 2018.

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57. Con base en la Sentencia C-590 de 2005 y la T-407 de 2016 de la Corte
Constitucional, el actor sostuvo que al dictarse la providencia de segunda
instancia sin una justificación fáctica y jurídica válida se configuró un defecto por
decisión sin motivación.

58. Sobre el particular, se tiene que no se configura el defecto por decisión sin
motivación, ya que la providencia censurada expresó las razones jurídicas que
sustentaban la confirmación del fallo, apoyándose en la valoración de los
documentos institucionales que justificaron la desvinculación del accionante.

59. En ese entendido, el reproche del actor no tiene ningún asidero pues la
sentencia del 31 de marzo de 2025 contiene fundamentos claros, tanto en la
valoración probatoria como en la aplicación normativa y jurisprudencial. En ella
se hizo un análisis explícito del acto administrativo acusado, del acta 052
COMAN–SUBCO-2.35, de los testimonios presentados y de la situación jurídica
del señor Narváez Santander, lo que demuestra motivación y congruencia con el
expediente.

60. Así las cosas, la simple ausencia de una referencia explícita a ciertos
elementos que el actor consideró como favorables no implica falta de motivación,
sino un ejercicio legítimo de ponderación judicial.

61. Por lo expuesto, en definitiva, no se configura el defecto por falta de
motivación alegado, pues no puede calificarse como decisión arbitraria aquella
que se emite con base en una valoración jurídica expresa, así el accionante no
comparta sus conclusiones. Lo que existe es una divergencia interpretativa del
material probatorio, lo cual es propio de la autonomía judicial, pero no constituye,
per se, ningún defecto.

62. Es necesario recordar que el análisis que le corresponde realizar al juez
constitucional al estudiar la procedencia de tutela contra providencia judicial no
es de corrección sino de validez39, motivo por el cual solo habrá lugar a amparar
los derechos fundamentales en los eventos en los que se advierta que el
razonamiento es arbitrario o caprichoso.

63. En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte
accionante con la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada para
confirmar la decisión de primera instancia y en consecuencia negar las
pretensiones de la demanda, circunstancia que para la Sala no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales.

39
Corte Constitucional, sentencia SU 128 de 6 de mayo de 2021, magistrado ponente: Cristina Pardo Schlesinger.

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64. Por lo tanto, al no hallarse estructurados los defectos invocados, la Sala
procederá a negar las pretensiones del amparo solicitado mediante la acción de
tutela presentada por la parte accionante en contra del Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor
Jair Narváez Santander por conducto de apoderado, de acuerdo con los
argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia.

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

Tercero: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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