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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-03704-00

Fecha
31 de julio de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-03704-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentadas por la COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL y la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por sustracción de materia, respecto de la solicitud de amparo presentada por el actor, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 22 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03704-00 Actor: ELKIN ALFONSO REYES PLATA

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-03704-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

31 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03704-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: ELKIN ALFONSO REYES PLATA

TESIS: SE DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR SUSTRACCIÓN DE
MATERIA FRENTE A LAS PRETENSIONES EXPUESTAS.

DERECHO FUNDAMENTAL: AL DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y EL DERECHO A ELEGIR Y SER ELEGIDO

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER1.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

El señor ELKIN ALFONSO REYES PLATA, a través de apoderado,

en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la

Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

1 En adelante el TRIBUNAL.

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fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de

justicia y a elegir y ser elegido, los cuales estima vulnerados por el

TRIBUNAL, al haber proferido la providencia de 11 de junio de 2025

dentro del medio de control de nulidad electoral identificado con el

número único de radicación 2025-00264-00.

I.2. Hechos

Indicó que resultó elegido como alcalde del municipio de Oiba

(Santander), en las pasadas elecciones territoriales celebradas el 29

de octubre de 2023.

Adujo que el 7 de noviembre de 2024, la SECCIÓN QUINTA DEL

CONSEJO DE ESTADO dentro del medio de control de nulidad

electoral identificado con el número único de radicación 2024-00024-

02, revocó la sentencia de primera instancia proferida por el

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER el 26 de agosto

de 2024 y, en su lugar, declaró la nulidad de su acto de elección

como alcalde del municipio de Oiba, para el período constitucional

2024 a 2027.

Manifestó que el 18 de marzo de 2025, mediante Resolución núm.

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3171, la Registraduría Nacional del Estado Civil fijó el calendario

electoral para llevarse a cabo las elecciones atípicas para ocupar el

mencionado cargo, por lo que decidió inscribirse nuevamente.

Expresó que el 18 de mayo de 2025 se llevaron a cabo las

mencionadas elecciones y mediante formulario E-26 AL de 20 de

mayo de 2025, la comisión escrutadora municipal declaró su

elección.

Agregó que el señor CARLOS LEONARDO HERNÁNDEZ, en

ejercicio del medio de control de nulidad electoral, presentó demanda

con el fin de que se declarara la nulidad del referido acto

administrativo.

Indicó que el Tribunal Administrativo de Santander mediante

providencia de 11 de junio de 2025 resolvió, entre otras: admitir la

demanda y acceder a la solicitud de suspensión provisional de los

efectos del formulario E-26 AL de 20 de mayo de 2025.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en un

defecto sustantivo por haberse apartado del precedente judicial

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fijado en la sentencia SU-304 de 2024, así como de la sentencia de

unificación del Consejo de Estado que ha establecido que “[…] otrora

Gobernador de Caldas Guido Echeverri, que ha sido replicada en el

reciente caso del Contralor General de la República Carlos Hernán

Rodríguez Becerra […]”.

Aseguró que frente a esta última sentencia en ella se estableció que

los efectos de la sentencia de nulidad electoral son ex tunc, y, que,

con ocasión de la orden judicial que declaró una nulidad, se tiene que

nunca hubo primera elección.

Entonces, si la primera elección nunca ocurrió, en virtud de la

declaratoria de nulidad, la autoridad civil y/o política tampoco pudo

ser ejercida, toda vez que, si la realizó, fue bajo el manto de la

primera elección, la cual fue anulada, por lo que no se puede

desconocer que las sentencias del Consejo de Estado, en cuanto a su

énfasis, ha indicado que situaciones consolidadas no pueden correr

la misma suerte que la anulación de la elección del alcalde, toda vez

que nos encontraríamos ante una inseguridad jurídica e institucional.

Aseguró que aunque hayan existido dos elecciones para períodos

similares, al desaparecer los efectos de una de ellos, no se genera

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per se una inhabilidad para postularse al mismo u otro cargo de

elección, en la segunda oportunidad, pues esta consecuencia no está

contemplada para los casos en que se produce la declaratoria de

nulidad de la primera elección, tal como lo ha señalado la

jurisprudencia de la Sección Quinta, en el caso del entonces

gobernador del departamento de Caldas, GUIDO ECHEVERI

PIEDRAHITA.

Adujo que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto

fáctico por ausencia de apoyo probatorio para haber decretado la

suspensión provisional del acto de elección y señalar que “[…] que

no se requiere la verificación efectiva de que el servidor público haya

hecho uso de algunas de las atribuciones que le otorga la ley, sino

que basta con que aquel tenga la virtualidad o potencialidad de

desarrollarlas para colegir que ejerció autoridad […]”.

Sostuvo que el Tribunal decretó la suspensión del acto mediante de

su elección, sin ningún tipo de fundamentación, pruebas y motivación

jurídica para apartarse del precedente constitucional fijado en la

sentencia SU-207 de 2022.

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I.3. Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:

“[…] Con base en los hechos, fundamentos y causales específicas de la
acción de tutela, solicito a los Honorables consejeras y consejeros de
Estado, acceder a las siguientes pretensiones:

5.1. Declarar que el Tribunal Administrativo de Santander, al proferir
el auto del once (11) de junio dos mil veinticinco (2025), notificado el
mismo día, dentro del proceso de nulidad electoral, con radicado
68001233300020250026400, el cual decretó la suspensión provisional
del acto de elección del Alcalde de Oiba – Santander (2025-2027), por
encontrarse demostrado, según el Tribunal Administrativo de
Santander, la autoridad civil y política de mi prohijado, incurrió en
violación de sus derechos fundamentales a ser elegido para dicho
cargo, debido proceso, y los principios de seguridad jurídica, confianza
legítima, legalidad, confianza en el precedente, acceso a la
administración de justicia, la eficacia del voto y pro homine.

5.2. Como consecuencia de la anterior declaración, amparar los
derechos fundamentales de Elkin Alfonso Reyes Plata a la participación
política, en su versión de elegir y ser elegido, acceder al desempeño
de funciones y cargos públicos, a la igualdad, al acceso a la
administración de justicia, a la seguridad jurídica, a la confianza en el
precedente, a la tutela judicial efectiva, a la confianza legítima y al
debido proceso.

5.3. Que se deje sin validez el auto del once (11) de junio dos mil
veinticinco (2025), notificado el mismo día y el oficio enviado a la
Gobernación de Santander para ejecutar decretó la suspensión
provisional del acto de elección del Alcalde de Oiba – Santander (2025-
2027) dentro del proceso de nulidad electoral, con radicado
68001233300020250026400, y en su lugar se ordene proferir la
decisión que en derecho corresponde, conforme a los parámetros
constitucionales, legales y precedentes constitucionales con fuerza
vinculante en los términos que determine la sentencia de tutela.

5.4. En caso de haberse ejecutado el fallo que se impugna, y el Alcalde
Elkin Alfonso Reyes Plata, haya sido removido del cargo, por quien le
corresponda el cumplimiento de las decisiones aquí impugnadas, oficiar
informándole la decisión adoptada y los efectos automáticos de
incorporación al cargo del accionante, una vez se adopte la decisión de
primera instancia, en caso de ser favorable, teniendo en cuenta el

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principio que establece que el que es primero en el tiempo es primero
en el derecho y por cuanto el encargo, sería con fundamento en la
existencia de vacante temporal, y en caso de prosperar la presente
tutela, habrán desaparecido los fundamentos de hecho y de derecho
tenidos en cuenta el encargo, produciéndose el decaimiento del acto
administrativo de encargo […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL consideró que la decisión contenida en el auto

de 11 de junio de 2025 estuvo debidamente motivada, en el que,

además, se realizó un análisis exhaustivo de todos los argumentos

expuestos por las partes en el traslado de la medida cautelar,

especialmente, sobre la aplicación del precedente jurisprudencial

respecto de los efectos de las nulidades electorales.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- El CONSEJO NACIONAL ELECTORAL solicitó su

desvinculación del presente trámite de tutela por haberse

configurado la falta de legitimación en la causa por pasiva.

I.6.2.- La REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

solicitó que se le desvincule de la acción constitucional de la

referencia por haberse configurado la falta de legitimación en la

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causa por pasiva.

I.6.3.- Los señores CARLOS LEONARDO HERNÁNDEZ,

JOSELÍN DÍAZ AGUILLÓN y YOJAN LEONARDO

PEÑARANDA QUINTERO, pese a ser notificados en debida

forma, guardaron silencio.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario

precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el

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punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la

sentencia.

La Sala advierte que el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL y la

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL solicitaron que

se les desvinculara del presente trámite de tutela, al haberse

configurado la falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en

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cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Ahora bien, la Sala advierte que al CONSEJO NACIONAL

ELECTORAL y a la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO

CIVIL les asiste interés en la decisión de la acción constitucional de

la referencia toda vez que fueron vinculados como terceros con

interés dentro del proceso de nulidad electoral cuestionado, razón

por la que se denegará su solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en

la parte resolutiva de la presente providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

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(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

consejera María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

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“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción
de tutela como un mecanismo de protección alternativo,
se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional
en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente

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de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

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f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera
del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

deje sin efecto la providencia de 11 de junio de 2025, proferida por

el TRIBUNAL dentro del medio de control de nulidad electoral

identificado con el número único de radicación 2025-00264-00.

A la citada providencia el actor le atribuye la vulneración de sus

derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la

administración de justicia y a elegir y ser elegido, habida cuenta que,

a su juicio, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos

sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y fáctico.

A juicio del actor, el TRIBUNAL incurrió en un defecto sustantivo por

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haberse apartado del precedente judicial fijado en la sentencia SU-

304 de 2024, así como de la sentencia de unificación del Consejo de

Estado que ha dicho que “[…] otrora Gobernador de Caldas Guido

Echeverri, que ha sido replicada en el reciente caso del Contralor

General de la República Carlos Hernán Rodríguez Becerra […]”.

Aseguró que frente a esta última sentencia en ella se estableció que

los efectos de la sentencia de nulidad electoral son ex tunc, y, que,

con ocasión de la orden judicial que declaró una nulidad, se tiene que

nunca hubo primera elección.

Entonces, si la primera elección nunca ocurrió, en virtud de la

declaratoria de nulidad, la autoridad civil y/o política tampoco pudo

ser ejercida, toda vez que, si la realizó, fue bajo el manto de la

primera elección, la cual fue anulada, por lo que no se puede

desconocer que las sentencias del Consejo de Estado, en cuanto a su

énfasis, ha indicado que situaciones consolidadas no pueden correr

la misma suerte que la anulación de la elección del alcalde, toda vez

que nos encontraríamos ante una inseguridad jurídica e institucional.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso es procedente

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o no declarar la carencia actual de objeto por sustracción de materia,

y si la respuesta al anterior interrogante es negativa, corresponde

establecer si se cumplen los presupuestos generales de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de

ser así, se establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los

derechos deprecados e incurrió en los defectos alegados.

Ahora bien, descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que de

las actuaciones registradas en el aplicativo de consulta SAMAI se

logra evidenciar que contra la providencia cuestionada, esto es, el

proveído de 11 de junio de 2025, se formularon solicitudes y se

profirieron decisiones como se observa a continuación:

• Recurso de apelación interpuesto por el actor contra el auto de

11 de junio de 2025, proferido por el TRIBUNAL.

• El TRIBUNAL mediante auto de 18 de junio de 2025 resolvió

“[…] Conceder, en el efecto devolutivo, los recursos de

apelación interpuestos por la parte demandada y los

coadyuvantes por pasiva Joselín Díaz Aguillón y Yojan

Leonardo Peñaranda Quintero en contra del auto del 11 de

junio de 2025 proferido por esta Corporación mediante el cual

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Actor: ELKIN ALFONSO REYES PLATA

se admitió la demanda y se decretó la suspensión provisional

de los efectos del acto de elección del señor Elkin Alfonso

Reyes Plata como alcalde del municipio de Oiba contenido en

el formulario E-26 AL del 20 de mayo de 2025 […]”.

• Al consejero PEDRO PABLO VANEGAS GIL de la SECCIÓN

QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO2 le correspondió por

reparto conocer de la apelación contra el mencionado auto.

• La SECCIÓN QUINTA a través de providencia de 24 de julio

de 2025 resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: REVOCAR la suspensión provisional decretada
en el auto del 11 de junio de 2025, proferido por el Tribunal
Administrativo de Santander, conforme la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: En firme esta decisión, REMITIR el expediente al
tribunal de origen […]”.

Ahora bien, el actor en su escrito de tutela solicitó lo siguiente:

“[…] Con base en los hechos, fundamentos y causales específicas de la
acción de tutela, solicito a los Honorables consejeras y consejeros de
Estado, acceder a las siguientes pretensiones:

5.1. Declarar que el Tribunal Administrativo de Santander, al proferir
el auto del once (11) de junio dos mil veinticinco (2025), notificado el
mismo día, dentro del proceso de nulidad electoral, con radicado
68001233300020250026400, el cual decretó la suspensión provisional
del acto de elección del Alcalde de Oiba – Santander (2025-2027), por
encontrarse demostrado, según el Tribunal Administrativo de
Santander, la autoridad civil y política de mi prohijado, incurrió en

2
En adelante SECCIÓN QUINTA.

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violación de sus derechos fundamentales a ser elegido para dicho
cargo, debido proceso, y los principios de seguridad jurídica, confianza
legítima, legalidad, confianza en el precedente, acceso a la
administración de justicia, la eficacia del voto y pro homine.

5.2. Como consecuencia de la anterior declaración, amparar los
derechos fundamentales de Elkin Alfonso Reyes Plata a la participación
política, en su versión de elegir y ser elegido, acceder al desempeño
de funciones y cargos públicos, a la igualdad, al acceso a la
administración de justicia, a la seguridad jurídica, a la confianza en el
precedente, a la tutela judicial efectiva, a la confianza legítima y al
debido proceso.

En el caso sub examine y conforme lo expuesto supra, la Sala

observa que lo que pretendía el actor con la acción de tutela de la

referencia era que se revocara la suspensión provisional decretada

en el auto del 11 de junio de 2025, proferido por el TRIBUNAL, lo

cual aconteció en el presente tramite de tutela, teniendo en cuenta

que dicha decisión fue revocada por la SECCIÓN QUINTA a través

de la providencia de 24 de julio de 2025, como se indicó supra, por

lo que se configuró la carencia actual de objeto por sustracción de

materia.

Ahora bien, la Sala Plena de esta Corporación frente a la carencia

actual de objeto por sustracción de materia, ha señalado, lo

siguiente:

“[…] El Consejo de Estado, en su función de ‘tribunal supremo
de lo contencioso administrativo’, ha entendido por sustracción
de materia la desaparición de los supuestos, hechos o normas

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que sustentan un medio de control, antes acción, lo cual
ocasiona que el juez no pueda pronunciarse porque se ha
extinguido la causa que originó́ el acudir a la jurisdicción…

“De acuerdo con la jurisprudencia contencioso administrativa de
esta Corporación, si las causas que originaron el ejercicio del
medio de control desaparecen, el juez debe declararse inhibido
para resolver el asunto ya que no hay objeto que se sujete a una
sentencia. Lo anterior, porque la sustracción de materia,
admitida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo
como causal para inhibirse, opera cuando la relación sustancial
o material que originó la litis ha variado de sentido, o incluso
desaparecido […]”3.

La Corte Constitucional4 se ha referido a la carencia actual de objeto

por sustracción de materia en los siguientes términos:

“[…] 3. Carencia actual de objeto por sustracción de
materia

Conforme al artículo 86 de la Carta Política, toda persona tiene
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, y
“(…) la protección consistirá en una orden para que aquél
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de
hacerlo”.

Así, cuando los supuestos de hecho que dan lugar a la amenaza
o violación de los derechos fundamentales desaparecen, dado
que sobre el asunto debatido ya hay una solución, se configura
la carencia actual de objeto por sustracción de materia.

Esta Corporación, al resolver una acción de tutela interpuesta
por un Concejal minusválido de la ciudad de Tunja, contra la
Alcaldía de esa misma municipalidad, porque las instalaciones
del Consejo no tenían las facilidades de acceso para personas
como él; expuso el criterio de la carencia actual de objeto por
sustracción de materia, dado que no había objeto jurídico
tutelable al fallar el asunto, pues se encontró que el accionante
ya no ejercía como concejal. Así, dijo en tal oportunidad[8]:

3
Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 19 de julio de 2016, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
4
Sentencia T-204 de 12 de abril de 2013, M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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“Carencia actual de objeto por sustracción de materia

Durante el transcurso del proceso pueden sobrevenir hechos que
cambien la situación del accionante frente a la entidad
accionada. (…) Se presenta, en consecuencia, una inexistencia
del objeto jurídico tutelable.

Esta Corporación ha considerado que cuando el hecho está
superado, la protección a través de la tutela pierde sentido y, en
consecuencia, el juez de tutela queda imposibilitado para emitir
orden alguna de protección del derecho fundamental invocado
[…]”.

De lo anterior se colige que la carencia actual de objeto, por

sustracción de materia, se configura en aquellos casos en que

deja de existir el objeto jurídico respecto del cual el juez

constitucional debe tomar una decisión, por lo cual, la

protección a través de la tutela pierde sentido y, en

consecuencia, el juez constitucional queda imposibilitado para emitir

orden alguna de protección del derecho fundamental invocado, tal y

como ocurre en el presente caso.

Aplicando dicho criterio al caso bajo examen, se advierte que no hay

lugar a emitir un pronunciamiento de fondo dentro del presente

asunto, toda vez que existe carencia actual de objeto por sustracción

de materia, pues, en efecto, la pretensión incoada por vía de tutela

ya fue resuelta como se indicó supra.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentadas por la COMISIÓN

NACIONAL ELECTORAL y la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL

ESTADO CIVIL, por las razones expuestas en la parte motiva de

esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por sustracción

de materia, respecto de la solicitud de amparo presentada por el actor,

por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 31 de julio de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN (E2) OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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