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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03706-01

Fecha
6 de febrero de 2026
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03706-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: NEGAR la solicitud de adición de la sentencia del 14 de noviembre de 2025 10 [15] «Consagrado en el artículo 40, en concordancia con los artículos 103 y 270, de la Constitución Política de 1991». 6 Expediente No. 11001-03-15-000-2025-03706-01 Accionante: Luis Fernando Caracas Golú Niega solicitud de adición presentada por el accionante, de conformidad con los motivos expuestos en la parte considerativa. SEGUNDO: En firme esta decisión, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03706-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

6 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., seis (6) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03706-01
Demandante: Luis Fernando Caracas Golú
Demandado: Presidencia de la República y otros
Asunto: Acción de tutela

ADICIÓN DE PROVIDENCIAS-

Procede la Sala a resolver la solicitud de adición presentada por el accionante, respecto
de la sentencia del 14 de noviembre de 2025, proferida por esta Subsección en el proceso
de la referencia.

I. ANTECEDENTES

El 13 de junio de 2025, Luis Fernando Caracas Golú —Consejero Nacional de Juventud
por el departamento del Meta 1—, por medio de apoderado judicial, interpuso acción de
tutela contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Igualdad y Equidad, y el
Viceministerio de la Juventud, para que se amparen sus derechos fundamentales de
petición, debido proceso administrativo y participación en el ejercicio y control del poder
político, que considera vulnerados por las autoridades accionadas al no haber dado
respuesta de fondo a la petición que presentó el 16 de mayo anterior, en la cual solicitó
que se cumpliera el «deber jurídico» establecido en el artículo 50 de la Ley Estatutaria
1622 de 2013, sustituido por el artículo 19 de la Ley 1885 de 2018.

La acción planteó las siguientes pretensiones (se transcriben, incluso con errores):

PRIMERO: Tutelar los derechos constitucionales fundamentales de aplicación inmediata
de participación en el ejercicio y control del poder político, debido proceso administrativo
y petición del señor Luis Fernando Caracas Golú.

SEGUNDO: Consecuencialmente, ordenar a las autoridades accionas para que, en el
término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la
providencia que resuelva la presente litis, procedan a resolver de fondo, completa, clara,
precisa, concreta, eficaz, motivada, conforme a derecho, congruente con lo solicitado,
consecuente con el trámite adelantado, sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas de
responsabilidad, la petición de cumplimiento del deber jurídico estatutario establecido en
el artículo 50 de la Ley Estatutaria 1622 de 2013, sustituido por el artículo 19 de la Ley
Estatutaria 1885 de 2018, presentada a través del suscrito apoderado, por parte del señor
Luis Fernando Caracas Golú en fecha 16 de mayo de 2025.

TERCERO: Por lo tanto, ordenar al Presiente de la República, señor Gustavo Francisco

1 También funge como consejero Departamental de Juventud del Meta y consejero Municipal de Juventud de
Villavicencio.

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Expediente No. 11001-03-15-000-2025-03706-01
Accionante: Luis Fernando Caracas Golú
Niega solicitud de adición

Petro Urrego, convocar y realizar antes de finalizar el primer semestre del año 2025, las
dos (02) sesiones conjuntas anuales mínimas obligatorias de interlocución entre el
Presidente de la República y su gabinete en sesión de Consejo de Gobierno y el Consejo
Nacional de Juventud, correspondientes al segundo semestre del 2024 y al primer
semestre del 2025, en las que se presentarán propuestas relacionadas con las agendas
concertadas dentro del Subsistema de Participación y la Comisión de Concertación y
Decisión, las cuales deberán desarrollarse en días diferentes y transmitirse por televisión
pública nacional, así como por las cuentas oficiales de las redes sociales YouTube,
Facebook e Instagram de la Presidencia de la República y el Ministerio de Igualdad y
Equidad, en virtud de los principios de transparencia y publicidad.

CUARTO: Ordenar a la Presidencia de la República que, directamente o a través del
Ministerio de Igualdad y Equidad—Viceministerio de la Igualdad, cubra los gastos
logísticos (transporte, alojamiento y alimentación) necesarios para garantizar la asistencia
de los Consejeros Nacionales de Juventud a las dos (02) sesiones conjuntas anuales
mínimas obligatorias de interlocución entre el Presidente de la República y su gabinete en
sesión de Consejo de Gobierno y el Consejo Nacional de Juventud, correspondientes al
segundo semestre del 2024 y al primer semestre del 2025, en las que se presentarán
propuestas relacionadas con las agendas concertadas dentro del Subsistema de
Participación y la Comisión de Concertación y Decisión.

QUINTO: Prevenir a los accionados para evitar la repetición del actuar que ha generado
la violación de los derechos constitucionales fundamentales en el presente asunto.

SEXTO: Ordenar en abstracto la indemnización del daño emergente causado al señor
Luis Fernando Caracas Golú por parte de los accionados, necesario para asegurar el goce
efectivo de sus derechos constitucionales fundamentales de aplicación inmediata.

SÉPTIMO: Condenar en costas y agencias a los accionados.

OCTAVO: Ordenar lo que ultra y extra petita resuelva el honorable Consejo de Estado.

En sentencia del 14 de julio de 2025 2, el Consejo de Estado-Sección Segunda-
Subsección B negó el amparo solicitado, al razonar que, por un lado, el Ministerio de la
Igualdad y Equidad había dado respuesta de fondo a la petición, observando los
requerimientos de la jurisprudencia constitucional. Además, consideró que, para
solventar la situación de incumplimiento del deber legal de convocar a las sesiones de
gobierno con el Consejo Nacional de Juventudes, puede resolverse a través de la acción
de cumplimiento, desarrollada en el artículo 87 Superior, en la Ley 393 de 1997 y en el
artículo 146 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo -CPACA.. Finalmente, iteró que, pese a que el artículo 25 de la
Constitución Política admite el otorgamiento de la indemnización en abstracto y las costas
del proceso, esto procede en circunstancias muy excepcionales, toda vez que la tutela
no es un mecanismo idóneo para solicitarla y que la indemnización no era necesaria para
garantizar «la efectividad de la protección».

El accionante impugnó la decisión y la segunda instancia correspondió a esta Sala, que
confirmó la sentencia de primera instancia 3. La Subsección consideró que la respuesta
que brindaron las autoridades a la petición del accionante cumplía con lo dispuesto en el

2 SAMAI, índice 73 de primera instancia. Notificada por correo electrónico el 19 de agosto de 2025. SAMAI, índice 86

de primera instancia. Durante el mes que duró el trámite de la sentencia, el accionante interpuso ocho impulsos
procesales.
3 SAMAI, índice 50.

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Expediente No. 11001-03-15-000-2025-03706-01
Accionante: Luis Fernando Caracas Golú
Niega solicitud de adición

ordenamiento constitucional, por lo que no se vulneró el derecho fundamental
correspondiente. Además, se zanjó que, como la situación narrada por el accionante no
vulneraba directamente su derecho a la participación política, procedía la acción de
cumplimiento para exigir el cumplimiento del deber legal establecido en el artículo 50 de
la Ley Estatutaria 1622 de 2013, sustituido por el artículo 19 de la Ley Estatutaria 1885
de 2018. La sentencia fue notificada personalmente mediante correo electrónico del 27
de noviembre de 2025 4.

El 4 de diciembre siguiente 5, la parte accionante solicitó la adición de la sentencia del 14
de noviembre de 2025. Adujo que la sentencia no se pronunció sobre la violación de los
derechos constitucionales de participación en el ejercicio y control del poder político y
debido proceso administrativo. Adicionalmente, puso de presente una nueva
comunicación del Ministerio de la Igualdad que daba cuenta de que el convenio ya había
sido firmado y aún no se habían agendado las sesiones. Finalmente, agregó argumentos
sobre la improcedencia de la acción de cumplimiento cuando existen vulneraciones
derechos fundamentales que se pueden proteger mediante la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES

Procedencia y oportunidad

1. El artículo 4 del Decreto 306 de 1992 6 —por el cual se reglamenta el Decreto 2591 de
1991— remite a los principios generales del Código de Procedimiento Civil para
interpretar las disposiciones de trámite de la acción de tutela, reguladas por el Decreto
2591 de 1991. De modo que, en lo no regulado por ese decreto, debe aplicarse el Código
General del Proceso para regular el procedimiento las acciones de tutela, incluyendo las
solicitudes de adición, aclaración y corrección de las sentencias.

2. El artículo 287 del CGP prevé la posibilidad de adicionar la sentencia cuando se «omita
la resolución de cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de
conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento» y, en el evento en que
proceda, deberá proferirse sentencia complementaria. Igualmente, la normativa en cita
establece que dicha solicitud deberá presentarse dentro del término de ejecutoria de la
providencia que se pretenda adicionar.

3. En el caso objeto de análisis, se encuentra que la sentencia dictada por esta

4 SAMAI, índice 53.
5 SAMAI, índice 54.
6 «Artículo 4° De los principios aplicables para interpretar el procedimiento previsto por el decreto 2591 de 1991. Para

la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se
aplicarán los principios generales del Código de Procedimiento Civil, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho
Decreto […]».

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Expediente No. 11001-03-15-000-2025-03706-01
Accionante: Luis Fernando Caracas Golú
Niega solicitud de adición

Subsección el 14 de noviembre de 2025 7, se notificó por correo electrónico del 27 de
noviembre de 20258 y la solicitud de aclaración fue radicada el 4 de diciembre de 20259.
Así las cosas, la Sala concluye que la solicitud fue presentada dentro del término de
ejecutoria de la sentencia, por lo que será resuelta de fondo.

Sobre la solicitud de adición.

4. La solicitud de adición sostiene que el fallo de segunda instancia del 14 de noviembre
de 2025 omitió pronunciarse sobre aspectos esenciales que debían resolverse. En
particular, aduce que la Sala no analizó ni decidió las pretensiones relacionadas con los
derechos fundamentales de aplicación inmediata de participación en el ejercicio y control
del poder político y de debido proceso administrativo, pese a que fueron expresamente
solicitados en la acción de tutela.

Alega que tampoco se realizó el cotejo entre los hechos y el contenido y alcance de esos
derechos, incumpliendo así el deber del juez constitucional de determinar el derecho
tutelado y de precisar las órdenes necesarias para su garantía. Adicionalmente, la
sentencia no abordó varios extremos de la litis, ni incluyó en sus consideraciones ni en
su parte resolutiva. Finalmente, planteó una situación sobreviniente y varios argumentos
sobre la improcedencia de la acción de cumplimiento en el caso bajo examen.

5. Examinada dicha solicitud, la Sala anuncia que debe negarse, toda vez que la
sentencia del 14 de noviembre de 2025 se pronunció sobre todos los puntos que reclama
el accionante. Además, la adición no es una oportunidad para exponer situaciones
sobrevinientes, ni para plantear sus desacuerdos con la sentencia.

6. De otra parte, la Sala pone de presente que la impugnación se circunscribió a la
vulneración al derecho de petición y la procedencia de la acción de cumplimiento en este
caso. Por ello, el ad quem se pronunció sobre esos reparos, sin que se detectara una
situación de vulneración de derechos que ameritara una intervención de oficio del juez
constitucional.

7. Sobre la vulneración del derecho fundamental a la participación política, la providencia
previó lo siguiente:

Dicho lo anterior, la Sala observa que las pretensiones de que se convoquen y realicen
«las dos sesiones conjuntas anuales mínimas obligatorias de interlocución» entre el
presidente de la República, su gabinete ministerial y el Consejo Nacional de Juventud, y
de que se cubran los gastos logísticos para garantizar que los consejeros nacionales de
juventud asistan a esas sesiones; no buscan sanear una situación en la que se impide al

7 SAMAI, índice 50.
8 SAMAI, índice 53.
9 SAMAI, índice 54.

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Expediente No. 11001-03-15-000-2025-03706-01
Accionante: Luis Fernando Caracas Golú
Niega solicitud de adición

consejero Caracas Golú el ejercicio de su cargo público ni le coarta su derecho
fundamental a la participación política10 (denominado por el accionante «participación en
el ejercicio y control del poder político») en su calidad de ciudadano.

Lo que se obstaculiza, en caso de que se comprobara el incumplimiento del mandato legal
deprecado, es el ejercicio de la competencia del accionante, en su calidad de miembro del
Consejo Nacional de Juventud. Si bien esa dignidad implica, según el artículo 34 de la Ley
Estatutaria 1622 de 2013, que se adelante una interlocución entre el Consejo y distintas
autoridades, además de la naturaleza participativa que le otorga la ley, la Sala considera
que los derechos que emanan de esa dignidad no son de naturaleza fundamental. En esa
medida, esta situación tiene la potencialidad de generar el tercer escenario planteado por
la jurisprudencia constitucional: «que la inacción de la administración amenace o vulnere
derechos de rango legal».

Así las cosas, la providencia se pronunció claramente sobre la vulneración al derecho
fundamental a la participación política, al manifestar que no existe tal vulneración. A partir
de esa conclusión, la Sala estableció que la acción de cumplimiento sería el mecanismo
procedente, toda vez que no están comprometidos los derechos fundamentales del
accionante.

8. Sobre el debido proceso administrativo, la Sala observa que el análisis procedimental
se ciñe a la petición y su respuesta, lo que materialmente constituye el procedimiento
administrativo en el caso bajo examen. En esa medida, la sentencia analizó, desde el
punto de vista que la Sala estimó pertinente, el ajuste al ordenamiento constitucional del
traslado del DAPRE al Ministerio de la Igualdad y de la respuesta de esta cartera. Todo
ello, en criterio de la Sala, cumple con los derroteros constitucionales para el efecto. Así
las cosas, el procedimiento administrativo no se encontró vulnerado en el presente asunto
y por eso se confirmó la sentencia de primera instancia en todas sus partes.

9. Por demás, la oportunidad para solicitar la adición, conforme al artículo 287 del CGP,
no comprende la posibilidad de introducir hechos nuevos —que pueden ser objeto de una
nueva acción—, ni tampoco la de controvertir los aspectos resueltos en el fallo de
segunda instancia. Así las cosas, no resulta pertinente un pronunciamiento de la Sala
frente a estos aspectos, más allá de negar la adición del fallo.

Por todo lo anterior, se negará la solicitud de adición interpuesta por el demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C,

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de adición de la sentencia del 14 de noviembre de 2025

10 [15] «Consagrado en el artículo 40, en concordancia con los artículos 103 y 270, de la Constitución Política de 1991».

6
Expediente No. 11001-03-15-000-2025-03706-01
Accionante: Luis Fernando Caracas Golú
Niega solicitud de adición

presentada por el accionante, de conformidad con los motivos expuestos en la parte
considerativa.

SEGUNDO: En firme esta decisión, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES ADRIANA POLIDURA CASTILLO
JMA

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