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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03709-00

Fecha
17 de julio de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03709-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-03709-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

17 de julio de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03709-00
Demandante: Leidy Angélica Vargas

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03709-00
Demandante: LEIDY ANGÉLICA VARGAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso ejecutivo.
Improcedencia de la acción de tutela. Relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Leidy Angélica Vargas contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 13 de junio de 2025, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, la señora
Leidy Angélica Vargas pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y a la
reparación integral.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión del auto del 9 de junio
de 2025, dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, que confirmó la decisión de primera instancia de denegar una medida
cautelar solicitada en el proceso ejecutivo con radicado 1001-3335-021-2024-00365-01.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1. Se sirva tutelar los derechos fundamentales invocados.
2. Dejar sin efectos el auto proferido el 9 de junio de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca - Subsección B.
3. Ordenar al juez de primera instancia decretar la inscripción del embargo sobre el inmueble identificado
con folio No. 50S-40764275, como medida procesal adecuada, sin que implique su remate ni afectación
del servicio público.
4. Ordenar que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Sur proceda a la
inscripción inmediata del embargo, como garantía procesal del cumplimiento de la sentencia.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

Manifestó la señora Leidy Angélica Vargas que, por sentencia del 11 de octubre de 2019,
el Juzgado 21 Administrativo de Bogotá le reconoció la existencia de una relación laboral
encubierta en contratos de prestación de servicio con la Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur ESE.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03709-00
Demandante: Leidy Angélica Vargas

Que esa decisión fue confirmada parcialmente el 31 de marzo de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B.

Que, en vista del incumplimiento de las mencionadas sentencias, promovió demanda
ejecutiva, a la que se le asignó el radicado 1001-3335-021-2024-00365-00 y que es
tramitada por el Juzgado 21 Administrativo de Bogotá.

El 24 de enero de 2025, la tutelante pidió que se decretara como medida cautelar el
embargo del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 50S-40764275 de propiedad
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE.

El 4 de febrero de 2025, el Juzgado 21 Administrativo de Bogotá requirió a la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur ESE para que informara la destinación y el uso que
la entidad le estaba dando al señalado inmueble.

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE informó que el bien se encontraba
en ejecución del proyecto denominado <<Construcción y Dotación Nuevo Hospital de
Usme>>, que esa propiedad y los recursos físicos y financieros que hacían parte de ese
proyecto estaban destinados a la prestación del servicio público de salud y que, por lo
tanto, eran inembargables por pertenecer al Sistema General de Seguridad Social.

Mediante auto del 4 de marzo de 2025, el Juzgado 21 Administrativo de Bogotá denegó
la medida cautelar al estimar que el bien inmueble estaba destinado a la prestación de
un servicio público esencial y por ello era inalienable, inembargable e imprescriptible.

Inconforme, la ejecutante interpuso recurso de apelación y argumentó que, el inmueble
no era indispensable para la prestación del servicio público de salud, que el embargo no
afectaría de manera sustancial la ejecución del proyecto, que la medida cautelar
solicitada buscaba garantizar el cumplimiento de las obligaciones que le fueron
reconocidas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Que, de acuerdo con el artículo 594 del Código General del Proceso, los bienes
inmuebles de entidades públicas podían ser objeto de embargo, salvo si se acreditaba su
destinación exclusiva a un servicio público esencial, pero que esa circunstancia no había
sido probada en el proceso.

Por auto del 9 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, confirmó la decisión apelada, básicamente por las mismas
consideraciones del a quo.

4. Fundamentos de la acción de tutela

La parte actora nada dijo sobre el cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. En cuanto al fondo del
asunto, si bien no identificó los defectos que alegaría, la Sala los resumirá en el siguiente
vicio de fondo:

Defecto sustantivo por indebida aplicación del artículo 594 del Código General del
Proceso, porque, según dijo, con la medida cautelar no se pretende el remate del bien
inmueble y que la solicitud de embargo no afectaría el servicio público de salud.

Dijo que <<la jurisprudencia de la Corte Constitucional (C-793/2002, C-546/1992, C-354/1997,
SU-556/2019) y del Consejo de Estado ha sostenido que la inembargabilidad no puede ser
absoluta cuando se trata de garantizar derechos laborales consolidados mediante sentencia
judicial>>.

Que el proyecto hospitalario reportaba un avance del 89% en el mes de octubre de 2024
y que el registro de embargo no impedía la continuidad de la obra ni su eventual
funcionamiento.

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Demandante: Leidy Angélica Vargas

Que la autoridad judicial demandada incumplía los principios de cosa juzgada, seguridad
jurídica y reparación de derechos laborales.

Manifestó que <<El artículo 599 del CGP permite expresamente el embargo registral como
medida cautelar proporcional, limitada y legal, y la Corte Constitucional ha reiterado que en
procesos laborales contra el Estado, la efectividad de la sentencia debe ser asegurada incluso
frente a bienes públicos, cuando se hace con límites razonables y sin desnaturalizar su uso (C-
354/1997, C-1154/2008)>>.

5. Trámite procesal

Por auto del 20 de junio de 2025, el Despacho sustanciador admitió la demanda y, entre
otras cosas, ordenó notificar en calidad de demandados a los magistrados del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, y en calidad de
terceros con interés, al juez 21 administrativo de Bogotá y al gerente de la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur ESE.

Adicionalmente, denegó la medida provisional pretendida por la parte actora, relacionada
con que se ordenara a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona
Sur que inscribiera el embargo del inmueble con matrícula inmobiliaria nº 50S-40764275.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 25 de junio de
2025.

6. Intervenciones

El magistrado del Tribunal de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
ponente de la providencia cuestionada, pidió que se declarara improcedente la acción de
tutela.

Hizo un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso ejecutivo y reiteró las
consideraciones del auto del 9 de junio de 2025, para señalar que la presunta vulneración
de los derechos fundamentales de la parte actora no se había configurado.

El Juzgado 21 Administrativo de Bogotá se limitó a remitir el enlace del proceso
ejecutivo con radicado 1001-3335-021-2024-00365-00/01, sin embargo, no se pronunció
sobre el fondo del asunto.

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE guardó silencio, pese a que, como
se vio, fue debidamente notificada.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por Leidy
Angélica Vargas para dejar sin efectos el auto del 9 de junio de 2025, dictado por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que confirmó
la decisión de primera instancia de denegar una medida cautelar solicitada en el proceso
ejecutivo con radicado 1001-3335-021-2024-00365-01.

La Sala anticipa que declarará improcedente la solicitud de amparo, por cuanto la acción
de tutela no satisface el requisito general de relevancia constitucional. En efecto, la parte
actora la utiliza para insistir en que se debió decretar la medida cautelar de embargo del
bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 50S-40764275. Además, se trata de
un proceso que aún se encuentra en trámite.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03709-00
Demandante: Leidy Angélica Vargas

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a (i) la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, (iii) el análisis del caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales1 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos2 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-003, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.

El primer criterio (vulneración o amenaza real de derechos fundamentales) está previsto
para que la acción de tutela no se utilice para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la
acción de tutela.

Frente al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una instancia
adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.

Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.

4. Análisis del caso concreto

De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte
que coinciden con los propuestos en el proceso ejecutivo.

Básicamente, en ese proceso y en la acción de tutela, la parte actora señala que se debió
decretar la medida cautelar de embargo del bien inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria 50S-40764275.

1 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
2 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
3 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03709-00
Demandante: Leidy Angélica Vargas

En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por la señora Leidy Angélica Vargas
contra el auto del 4 de marzo de 2025, dictado por el Juzgado 21 Administrativo de
Bogotá, se lee lo siguiente:

Con base en la certificación emitida por la Superintendencia de Notariado y Registro, se confirma que
el inmueble con matrícula inmobiliaria 50S-40764275 es de propiedad de la demandada Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., y no registra anotaciones de secuestro ni afectaciones por
procesos judiciales vigentes, lo que habilita su afectación dentro del presente proceso ejecutivo.
(…)
El inmueble en cuestión no se encuentra demostrado como indispensable para la prestación del servicio
público de salud, y su embargo no afectará de manera sustancial las operaciones de la ejecutada. La
medida cautelar solicitada busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones pendientes de pago
reconocidas en este proceso, las cuales no han sido canceladas por la ejecutada.
(…)
De conformidad con el artículo 594 del Código General del Proceso, los Bienes Inmuebles de entidades
públicas pueden ser objeto de embargo y secuestro, salvo que se acredite su destinación exclusiva a
un servicio público esencial, situación que no se ha demostrado en este caso.

Por su parte, en la acción de tutela, la parte actora argumenta lo siguiente:

La parte ejecutante no solicitó el remate del inmueble, sino su embargo registral como medida de presión
legítima y prevista en el artículo 599 del CGP, sin que ello afecte la operatividad de un bien aún no
puesto al servicio.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional (C-793/2002, C-546/1992, C-354/1997, SU-556/2019) y del
Consejo de Estado ha sostenido que la inembargabilidad no puede ser absoluta cuando se trata de
garantizar derechos laborales consolidados mediante sentencia judicial.
El proyecto del hospital reporta un avance del 89% a octubre de 2024, sin que exista constancia de que
la anotación registral del embargo impida la continuidad de la obra ni su eventual funcionamiento futuro.
La negativa judicial desconoce la jurisprudencia que permite la inscripción de embargos sobre bienes
públicos sin afectar su destinación final, especialmente cuando se actúa dentro del marco legal y se
busca proteger derechos constitucionales.
(…)
La Corte Constitucional ha reiterado que, si bien la acción de tutela no sustituye los mecanismos
judiciales ordinarios, sí procede contra providencias judiciales cuando estas incurren en vías de hecho
o desconocen abiertamente derechos fundamentales (SU-556 de 2019, C-793 de 2002, T-231 de 2006).
En este caso, la decisión del Tribunal:
Desconoce la jurisprudencia que permite excepciones al principio de inembargabilidad, cuando lo que
está en juego es el cumplimiento de una sentencia laboral ejecutoriada.
Aplica de forma absoluta, literal y desproporcionada el artículo 594 del CGP, sin realizar un análisis de
proporcionalidad ni valorar el perjuicio irremediable causado a la parte trabajadora.
No pondera que el embargo no implica desposesión del bien, ni paraliza el proyecto, ni afecta el servicio
de salud futura, limitándose a una anotación registral legalmente permitida.
Incumple los deberes del Estado respecto al principio de cosa juzgada, seguridad jurídica, y reparación
efectiva de derechos laborales, violando los artículos 53, 229 y 228 de la Constitución.
La jurisprudencia constitucional establece que los derechos fundamentales prevalecen cuando están en
tensión con una regla procesal secundaria, especialmente en casos de mínimo vital, dignidad humana
y cumplimiento de fallos judiciales firmes.
El artículo 599 del CGP permite expresamente el embargo registral como medida cautelar proporcional,
limitada y legal, y la Corte Constitucional ha reiterado que en procesos laborales contra el Estado, la
efectividad de la sentencia debe ser asegurada incluso frente a bienes públicos, cuando se hace con
límites razonables y sin desnaturalizar su uso (C-354/1997, C-1154/2008).

No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el tribunal demandado en el auto del 9 de
junio de 2025, en el que consideró:

Lo primero que ha de señalarse es que la ejecutante presentó demanda ejecutiva e contra de la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, con el fin de que se libre mandamiento de pago por concepto
de la condena impuesta en sentencia judicial, proferida por el Juzgado Veintiuno (21) Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá el día 11 de octubre de 2019, modificada por la sentencia del 31 de marzo
de 2022, proferida por esta Sala de decisión, a través de la cual se declaró la nulidad del Oficio OJU-E-
1067-2017 del 14 de junio de 2017, y, consecuencialmente, a título de restablecimiento del derecho
declaró la relación laboral entre la ejecutante y la ejecutada durante el lapso comprendido entre el 8 de
marzo de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2016, ordenando a la demandada pagar las prestaciones
legales ordinarias a cargo del empleador entre durante el tiempo antes referido, entre otros; sentencia
que quedó debidamente ejecutoriada el día 19 de abril de 2019.

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Demandante: Leidy Angélica Vargas

Aunado a lo anterior, con la demanda ejecutiva, se presentó solicitud de medida cautelar de embargo
del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No 50S-40764275; la cual fue negada por el
Juzgado de primera instancia, argumentando que dicho bien es inembargable por cuanto su destinación
es de uso público y para la prestación del servicio público de salud.
Bajo tales presupuestos, se advierte que lo pretendido es la ejecución y pago de una condena impuesta
a través de una providencia judicial que reconoció la relación laboral encubierta o subyacente entre la
señora Leydy Angélica Vargas Acero y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Ahora, y teniendo claro que la inembargabilidad no es un principio absoluto, esta Sala, revisó la
información suministrada por la entidad ejecutada al requerimiento hecho por el a quo, para establecer
la destinación y uso del predio objeto de embargo, encontrando que, en el mismo, se encuentra en
ejecución el proyecto denominado «Construcción y Dotación Nuevo Hospital de Usme», proyecto que
con corte a octubre de 2024 presenta un avance en la ejecución del 89% de la obra.
Destaca esta Sala sobre el particular, que, la Ley 100 de 1993, en su artículo 9, establece que los
recursos de las instituciones de la seguridad social no se podrán destinar ni utilizar para fines diferentes
a ella, así mismo, la Ley 1751 de 2015, por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud
y se dictan otras disposiciones, en su artículo 25, estableció que:
(…)
Aunado a lo anterior, aun cuando en la medida cautelar de embargo solicitada por la ejecutante, se
aduce que se busca asegurar la ejecución de una sentencia proferida por esta Jurisdicción, tal
argumento no constituye por sí mismo la excepción a la cláusula de inembargabilidad, toda vez que no
se advierte riesgo alguno frente al no pago de lo ejecutado o prueba que acredite que sea inminente su
incumplimiento en desmedro de la seguridad jurídica y los derechos reconocidos a la ejecutante.
En consecuencia, con base en la normativa y jurisprudencia citada en precedencia, resulta claro que
los argumentos expuestos por el Juzgado Veintiuno (21) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,
están acordes con la tesis de esta Sala de decisión, por tanto, resulta improcedente el embargo de dicho
bien inmueble, propiedad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., por tratarse de un
bien de uso público y destinado a la prestación de un servicio público, ya que en dicho predio, se está
ejecutando el proyecto de construcción del Nuevo Hospital de Usme, por lo que se confirmará dicha
decisión.

Como se ve, la discusión que propone la parte actora ya fue resuelta por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que explicó que no
era dable decretar el embargo del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria
50S-40764275, de propiedad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, por
tratarse de un bien de uso público y destinado a la prestación de un servicio público.

En el escenario que propone la demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por las autoridades judiciales demandadas en
el proceso ordinario, finalidad para la que no está previsto este mecanismo constitucional.

Justamente por lo anterior, la Sala, como juez de tutela, no puede volver a examinar si
era procedente el decreto de la medida cautelar de embargo pretendida por la parte
actora.

La acción de tutela es un valioso instrumento para proteger derechos fundamentales, que
no puede utilizarse como una instancia adicional para obtener una opinión jurídica diversa
o tratar de imponer una decisión distinta a la adoptada por las autoridades jurisdiccionales
de instancia.

Ahora bien, la Sala no puede pasar por alto que la demandante alega que la decisión
cuestionada le estaría causando un perjuicio irremediable, sin embargo, no se advierte la
causación del mismo, que comprometa la vulneración de los derechos alegados y amerite
la intervención urgente del juez de tutela. Máxime si el proceso ejecutivo aún se encuentra
en trámite.

La Corte Constitucional, con relación al perjuicio irremediable, ha dicho4:

En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado
de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la
causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento
sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño,

4 Corte Constitucional, sentencia T - 1316 de 2001.

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Demandante: Leidy Angélica Vargas

entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia
del perjuicio, y como respuesta que armonice con las-particularidades del caso. Por último, las medidas
de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia
a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable

Para la Sala, en el sub lite, se itera, no está probada ninguna circunstancia de urgencia,
inminencia, impostergabilidad o gravedad que demuestre la existencia de un perjuicio
irremediable que imponga la necesidad de intervención del juez de tutela.

Las anteriores razones son suficientes para declarar improcedente la presente acción de
tutela, por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

II. FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
La integridad de este documento electrónico puede comprobarse con el «validador de documentos» disponible en:
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