Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03709-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03709-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-03709-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
25 de septiembre de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03709-01
Accionante: Leidy Angélica Vargas
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE (E): GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03709-01
Accionante: LEIDY ANGÉLICA VARGAS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA -
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Tesis: No es procedente la acción de tutela que se interpone en
contra de la decisión que deniega una medida cautelar
dentro de un proceso ejecutivo que se encuentra en curso
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la
providencia dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 17 de
julio de 2025.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. Leidy Angélica Vargas solicitó el amparo de los derechos
fundamentales al acceso a la administración de justicia, al debido proceso,
a la tutela judicial efectiva, “al cumplimiento de decisiones judiciales”, “la
cosa juzgada” y a la “reparación integral de acreencias laborales”, que
estimó vulnerados con la providencia de 9 de junio de 2025 proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda -
Subsección B dentro del proceso ejecutivo núm. 11001-33-35-021-2024-
00365-00/01.
1.2. La accionante adelantó el referido proceso ejecutivo contra la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. con el objeto de obtener el pago
de una obligación reconocida mediante sentencia judicial, y solicitó el
decreto de la medida cautelar de embargo de un inmueble de la entidad.
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Accionante: Leidy Angélica Vargas
La demanda correspondió al Juzgado 21 Administrativo de Bogotá,
autoridad que denegó el decreto de la medida cautelar tras considerar que
el inmueble es un bien inembargable, pues en él se encuentra en ejecución
el proyecto de construcción de un hospital, de manera que se trata de un
bien de uso público y destinado a un servicio público. Dicha decisión fue
objeto de recurso de apelación y fue confirmada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección B, a
través de proveído del 9 de junio de 2025.
1.3. La accionante alegó en la tutela que la decisión del Tribunal desconoce
la jurisprudencia que permite la inscripción de embargos sobre bienes
públicos sin afectar su destinación final, así como aquella que admite
exceptuar el principio de inembargabilidad cuando el asunto involucra el
cumplimiento de una sentencia laboral ejecutoriada. Igualmente, reprochó
que se aplicó de forma absoluta y desproporcionada el artículo 594 del
Código General del Proceso (CGP), sin valorar el perjuicio causado a la
trabajadora; que el Tribunal no tuvo en cuenta que el embargo no paraliza
el proyecto ni afecta la prestación del servicio de salud, y que desconoció
los artículos 53, 228 y 229 de la Constitución Política.
Finalmente, mencionó que el artículo 599 del CGP autoriza de manera
expresa el embargo registral como una medida cautelar proporcional,
limitada y legal, y que la Corte Constitucional en las sentencias C-354 de
1997 y C-1154 de 2008 ha señalado que, en los procesos laborales contra
el Estado, la efectividad de la sentencia debe ser asegurada incluso frente
a bienes públicos.
1.4. Con fundamento en lo expuesto, formuló las siguientes pretensiones:
“1. Se sirva tutelar los derechos fundamentales invocados.
2. Dejar sin efectos el auto proferido el 9 de junio de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Subsección B.
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3. Ordenar al juez de primera instancia decretar la inscripción del embargo sobre el
inmueble identificado con folio No. 50S-40764275, como medida procesal
adecuada, sin que implique su remate ni afectación del servicio público.
4. Ordenar que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Sur
proceda a la inscripción inmediata del embargo, como garantía procesal del
cumplimiento de la sentencia”.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. Mediante auto del 20 de junio de 2025, el a quo admitió la tutela,
denegó la medida provisional solicitada y ordenó vincular como terceros
con interés al Juzgado 21 Administrativo de Bogotá y a la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
2.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda
• Subsección B allegó informe en el que realizó un resumen de las
consideraciones expuestas en la decisión objeto de debate y sostuvo que
no se vulneraron los derechos fundamentales de la accionante, toda vez
que la decisión fue tomada conforme a las reglas establecidas en la
Constitución y la ley sobre la inembargabilidad de bienes públicos
destinados a la prestación de servicios esenciales.
2.3. El Juzgado 21 Administrativo de Bogotá remitió copia digital del
proceso ejecutivo adelantado con el radicado 11001-3335-021-2024-
00365-00/01.
2.4. La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE no allegó
pronunciamiento.
III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante fallo del 17 de julio de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado declaró improcedente el amparo solicitado al considerar que la
acción de tutela no cumple con el requisito general de relevancia
constitucional, pues la actora acudió a este mecanismo con el propósito de
insistir en los argumentos que propuso en el proceso ejecutivo y que ya
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fueron resueltos por la autoridad accionada. Además, destacó que se trata
de un proceso que aún se encuentra en trámite.
En ese sentido, sostuvo que la acción de tutela no puede ser usada como
una instancia adicional para discutir decisiones proferidas por el juez natural
del asunto, y destacó que no se acreditó un perjuicio irremediable o
inminente que justificara la intervención del juez de tutela.
IV. IMPUGNACIÓN
La accionante impugnó la sentencia de primera instancia y sostuvo que en
el fallo impugnado se efectuó una interpretación formalista del derecho a la
tutela judicial efectiva, “al sostener que no hay vulneración del derecho al
debido proceso, pese a que el juez natural se abstuvo de ordenar la
verificación de la naturaleza de los recursos solicitados para embargo”.
Agregó que ello obstaculiza el cumplimiento efectivo del fallo condenatorio
y configura una violación al debido proceso.
Además, puso de presente que a través de la sentencia de 18 de julio de
2025 la Sección Segunda del Consejo de Estado revocó un fallo de tutela
en el que se había negado el embargo de cuentas bancarias solicitado en
un proceso ejecutivo laboral. Señaló que ese precedente era aplicable a
este asunto, pues en ambos casos se trata de procesos ejecutivos
derivados de sentencias laborales.
Por otra parte, allegó unas certificaciones bancarias expedidas por el
banco Davivienda S.A. que, a su juicio, acreditan la existencia de cuentas
abiertas por la parte ejecutada que han sido utilizadas para el pago de
sentencias. Y, aportó un documento que sostuvo fue expedido por la parte
demandada en el proceso ejecutivo en el que se señalan bienes inmuebles
como no esenciales para la prestación del servicio de salud.
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V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto en el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.
5.2. ANÁLISIS DE LA SALA
5.2.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
5.2.1.1. El requisito de la subsidiariedad de la acción de tutela
contra providencias judiciales
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 6º del Decreto
2591 de 19911, la acción de tutela es un recurso subsidiario y residual
para la protección de los derechos fundamentales, lo que implica que sólo
será procedente cuando se agoten todos los mecanismos de defensa
judicial principales de los que se disponga ante la conducta activa u
omisiva de las autoridades, o no exista en el ordenamiento jurídico un
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Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
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medio idóneo y eficaz para el amparo judicial de esa categoría de
derechos.
Respecto al requisito de subsidiariedad cuando se atacan decisiones
judiciales, la Corte Constitucional2 ha señalado que se pueden presentar
dos escenarios: i) cuando el proceso ha concluido, y ii) cuando el proceso
se encuentra en curso. En el segundo de los escenarios, ha precisado que
la intervención del juez constitucional está vedada en principio, toda vez
que la acción de tutela no constituye un mecanismo alternativo o paralelo
para resolver problemas jurídicos que deben ser resueltos al interior del
trámite ordinario. Posición que se ha reiterado por el Tribunal
Constitucional y que se ha acogido por esta Sección, al señalar que la
acción de tutela contra providencia judicial es improcedente por no
cumplir con el requisito de subsidiariedad cuando: “(i) el asunto está en
trámite; (ii) no se han agotado los medios de defensa judicial ordinarios
y extraordinarios; y (iii) se usa para revivir etapas procesales en donde
se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento
jurídico3”.
No obstante, se han establecido dos excepciones al principio de
subsidiariedad de la acción de tutela, a saber: i) cuando el mecanismo
ordinario de defensa no es idóneo ni eficaz para la protección inmediata
de los derechos fundamentales, y ii) cuando se pretende evitar un
perjuicio irremediable. En este último evento, se debe demostrar que el
perjuicio es inminente y grave, que requiere de la adopción de medidas
2
Posición que se desarrolló en sentencia T-113 de 2013 y que se reiteró en sentencia T-103 de 2014
3
En la Sentencia T-396 de 2014 al respecto se afirma lo siguiente: “Es reiterativa la posición de la Corte en
cuanto a la improcedencia de la tutela cuando en desarrollo de un proceso judicial las partes pudieron valerse
de los recursos judiciales ordinarios pero estos no fueron empleados oportunamente, ya que no puede
constituirse en la vía para discutir situaciones jurídicas consolidadas que adquirieron firmeza por la caducidad
de los recursos y acciones que no fueron utilizados oportunamente por los interesados. Entonces, por vía de
tutela, no es viable revivir términos de caducidad agotados, en la medida que se convertiría en un mecanismo
que atentaría contra el principio de seguridad jurídica y se desnaturalizaría el propósito mismo de la acción
constitucional de protección de los derechos fundamentales. Es necesario que quien alega la vulneración de
sus derechos fundamentales haya agotado los medios de defensa disponibles en la legislación para el efecto.
Esta exigencia responde al principio de subsidiariedad de la tutela, que pretende asegurar que la acción
constitucional no sea considerada en sí misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo
de defensa que reemplace aquellos otros diseñados por el legislador. Menos aún, que resulte ser un camino
excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes o para corregir oportunidades vencidas en los
procesos jurisdiccionales ordinarios.”. En igual sentido, Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
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de carácter urgente para superar el daño y, por lo tanto, que la protección
constitucional es impostergable4.
5.2.2. Caso concreto
5.2.2.1. En el asunto bajo examen, de acuerdo con lo expuesto en la
solicitud de amparo y en la impugnación, los argumentos de la parte
actora giran en torno a sus inconformidades con la providencia del 9 de
junio de 2025, que confirmó la decisión de negar la medida cautelar de
embargo solicitada dentro del proceso ejecutivo promovido contra la
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Así, la accionante
pretende que, por vía de tutela, se deje sin efectos la decisión atacada y
que se le ordene juez ordinario de primera instancia decretar la inscripción
del embargo sobre un inmueble como medida cautelar.
5.2.2.2. Ahora bien, de la revisión de las actuaciones del proceso ejecutivo
en el que se dictó la providencia acusada la Sala advierte que dicho
trámite encuentra en curso y que la última actuación judicial, registrada
el 12 de agosto de 20255, corresponde a un auto que provee respecto de
nuevas medidas cautelares solicitadas por Leidy Angélica Vargas.
5.2.2.3. Así las cosas, la sala advierte que la presente solicitud de amparo
no cumple con el requisito de la subsidiariedad, toda vez que el proceso
ejecutivo en el que se profirió la decisión censurada se encuentra aún en
trámite, situación en la que, como se señaló en precedencia, se configura
uno de los supuestos que, según el criterio de la Corte Constitucional,
impide al juez constitucional inmiscuirse en el asunto.
La referida postura también ha sido reiterada por esta corporación y en
particular por esta Sección, al señalar que, “por regla general, cuando el
proceso se encuentra en curso la acción de tutela no es procedente para
cuestionar cualquier decisión adversa las partes, aún luego de agotados
4
Sentencia T-150 de 2016
5
Visible en índice 63 del expediente del proceso ejecutivo en SAMAI.
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los recursos que contra ellas proceden dentro del proceso, si el desarrollo
del medio de control no ha finalizado y, por tanto, no se puede tener
certeza de la trascendencia de esa presunta irregularidad procesal en la
decisión que pone fin al proceso”6.
La anterior regla tiene su razón de ser en que: (i) es el juez ordinario
quien debería corregir, si las hay, las irregularidades que se llegaren a
presentar en el curso del proceso, de manera oficiosa o a solicitud de
parte, a efecto de dictar una sentencia que materialice el derecho a la
tutela judicial efectiva y sea el resultado de una actuación conforme a las
garantías procesales; y (ii) la acción de tutela tiene carácter residual y
subsidiario con la finalidad, justamente, de evitar que se vacíen las
competencias de los operadores judiciales ordinarios, al constituirse en
una instancia adicional de las decisiones que éstos emitan o en un
mecanismo paralelo a los medios de control establecidos en la ley, lo que
ocurriría de permitirse en esta instancia la revisión de cada una de las
actuaciones que se profieran al interior de dichos asuntos.
En este sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de
unificación7, indicó:
“El derecho procesal en general y el ordenamiento nacional, en particular,
prevén diversos mecanismos procedimentales, entre los que se encuentran los
recursos, las nulidades procesales y el poder-deber del juez de corregir las
irregularidades o equivocaciones que ocurran durante el proceso en virtud del
principio que reza que “lo interlocutorio no ata al juez” .
Cada uno de estos medios opera en determinadas circunstancias, esto es, antes,
durante y después del proceso legalmente concluido.
Durante el proceso las irregularidades se subsanan mediante los recursos
ordinarios, y las nulidades procesales. Después de dictada la sentencia, a través
de los recursos ordinarios o extraordinarios, la adición o corrección de sentencia
y, de manera residual y excepcional, en caso de que se afecten derechos
fundamentales de las partes, se encuentra la acción de tutela.
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1º de febrero de
2018, proferida dentro del expediente con número único de radicación 11001-03-15-000-2017-02930-00(ac),
Roberto Augusto Serrato Valdés
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Consejero Ponente Dr. Jorge Octavio Ramírez - Radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), Demandante
Alpina Productos Alimenticios S.A., Demandado: Consejo de Estado – Sección Primera.
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En otras palabras, de manera residual, esto es, cuando no haya otro medio de
defensa judicial efectivo y se vean afectados derechos fundamentales por
decisiones de los jueces, las partes pueden acudir a la acción constitucional de
tutela, pues es lo que se infiere del texto constitucional y de lo discutido en la
Asamblea Nacional Constituyente”.
Sobre el particular, resulta pertinente poner de presente que, si bien la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha considerado que la acción de
tutela procede tanto contra las decisiones tomadas en autos como frente
a sentencias, ello no implica que se pueda promover el amparo para
atacar todas las decisiones que se emitan mientras el medio de control se
encuentra en curso.
Para delimitar las oportunidades en las que resulta admisible atacar por
vía de este mecanismo excepcional las decisiones interlocutorias
proferidas al interior de los procesos judiciales que estén en trámite, la
referida corporación fijó las siguientes condiciones8.
“[…] en materia de decisiones adoptadas en autos, la Corte ha señalado que
éstas, por regla general, deben ser discutidas por medio de los recursos
ordinarios que el legislador ha dispuesto para el efecto. La acción de tutela
procederá solamente i) cuando se evidencie una vulneración o amenaza
de los derechos fundamentales de las partes que no puede ser
reprochada mediante otros medios de defensa judicial. Por tanto, la
acción constitucional no será procedente cuando han vencido los términos para
interponer los recursos ordinarios y la parte afectada no hizo uso de ellos, o
cuando fueron utilizados, pero en forma indebida; ii) cuando a pesar de
que existen otros medios, éstos no resultan idóneos para proteger los
derechos afectados o amenazados; o iii) cuando la protección
constitucional es urgente para evitar un perjuicio irremediable. En el
primer caso, para que proceda la tutela, deberán reunirse los requisitos
generales de procedencia y presentarse al menos una de las causales específicas
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales que han
sido fijados por esta Corporación […]”. (Resaltados de la Sala).
Aplicados los referidos presupuestos de procedencia excepcional de la
acción de tutela contra las decisiones dictadas al interior de los procesos
judiciales en curso, al caso concreto, se advierte que no se satisface
ninguno de aquellos.
8
Corte Constitucional. Sentencia T-148 de 2010. M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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5.2.2.4. Así las cosas, la Sala concluye que el proceso ejecutivo que dio
origen a la presente acción de tutela no ha finalizado y, por ende, no es
procedente el amparo solicitado por la parte actora. Sostener lo contrario
equivaldría a predicar que los ciudadanos pueden emplear la acción
constitucional como un mecanismo paralelo a los procesos judiciales
iniciados, con el fin de lograr que en éstos se adopten decisiones que
favorezcan sus intereses. Además, de la consulta realizada en el aplicativo
SAMAI se advirtió que la actora solicitó nuevas medidas cautelares de
embargo, ahora sobre vehículos tipo ambulancia de propiedad de la
entidad ejecutada y a la fecha petición se encuentra en estudio por parte
del Juzgado 21 Administrativo de Bogotá.
Por lo tanto, la acción de tutela no cumple con el requisito de
subsidiariedad, y en todo caso, no se observa que la accionante esté
sometida a un perjuicio irremediable que haga procedente el amparo de
manera excepcional.
5.3. Conclusión
Como consecuencia de lo expuesto, la Sala confirmará el fallo impugnado,
que declaró improcedente la tutela, pero al encontrar configurada la
ausencia del requisito de subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 17 de julio de 2025, dictada
por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que declaró la improcedencia
del amparo, pero por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
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Accionante: Leidy Angélica Vargas
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado (E)
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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