Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03720-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03720-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-03720-00
Consejero ponente: María Adriana Marín
25 de julio de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03720-00
Demandante: Samary Alexa Ríos Machado
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03720-00
Demandante: SAMARY ALEXA RÍOS MACHADO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Improcedencia por
falta de relevancia constitucional / AUSENCIA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Con
los argumentos esgrimidos se pretende utilizar la tutela como una instancia adicional.
La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Samary Alexa Ríos
Machado contra el Tribunal Administrativo del Chocó y el Juzgado Segundo
Administrativo de Quibdó.
I. ANTECEDENTES
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda
1. El 13 de junio de 20251, la señora Samary Alexa Ríos Machado interpuso
acción de tutela contra las autoridades judiciales mencionadas, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y de acceso a
la administración de justicia a la igualdad y de acceso a la administración de justicia2,
con motivo del auto proferido el 21 de febrero de 2025, en el medio de control
ejecutivo con radicado 27001-33-33-002-2019-00293-01. Formuló las siguientes
pretensiones (transcripción textual):
1. Ampárense los derechos fundamentales a SAMARY ALEXA RÍOS
MACHADO, ya descritos como violados.
2. Ordénesele al Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó y al
Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, que, en el término
de 48 horas posterior a la ejecutoria del fallo, deje sin efecto el auto 126 de
febrero 21 de 2025 donde se confirmó el auto 334 de mayo 7 de 2024.
3. Como consecuencia de lo anterior, se les ORDENE REACTIVAR la
medida de embargo que fue levantada dentro proceso de ejecución que dio
vida a la presente acción de tutela, aplicando las Subreglas para embargar
1
Se advierte que el 3 de julio de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente,
para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2
También consideró desconocidos los principios de «derechos adquiridos» y de prevalencia del
derecho sustancial sobre las formalidades.
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Demandante: Samary Alexa Ríos Machado
recursos incorporados al presupuesto general de la Nación en la jurisdicción
contencioso-administrativa, como lo viene desarrollando la Jurisprudencia del
H. Consejo de Estado, en lo concerniente al hecho que ante la falta de recursos
para pagar la obligación y apoyado en la excepción a la inembargabilidad, se
puede hacer uso de los recursos provenientes a otras participaciones.
4. Si las anteriores pretensiones, son falladas favorablemente, se oficie
a la Procuraduría General de la Nación, por parte del señor consejero de la
causa, para que vigile el cumplimiento inmediato de la presente acción, para
así evitar dilaciones y demoras injustificadas por parte del accionado, ya que
estas decisiones son de cumplimiento inmediato, tal como lo expresan las
sentencias de tutela Nros. T-492 del 2000 y T-098 del 2002.
2. De la demanda de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los
siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
3. La señora Ríos Machado presentó demanda ejecutiva a continuación con el
fin de obtener el pago de la condena establecida en la sentencia del 31 de octubre
de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado 2008-00228-01.
4. Mediante auto del 1 de octubre de 2015, el Juzgado Primero Administrativo
de Quibdó denegó la medida cautelar solicitada por la ejecutante, al considerar que
los bienes estatales no se podían embargar. Inconforme con lo anterior, se interpuso
recurso de apelación, el cual fue confirmado en providencia del 28 de enero de 2019,
por el Tribunal Administrativo del Chocó. La accionante interpuso acción de tutela
contra la última de las autoridades judiciales mencionadas y, en sentencia del 11 de
marzo de 2019, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
amparó los derechos fundamentales de la actora y le ordenó al tribunal proferir una
nueva decisión.
5. Mediante auto del 24 de octubre de 2019, el Juzgado Segundo Administrativo
de Quibdó decretó el embargo y retención de los dineros depositados en las cuentas
de ahorro, corrientes o los que a cualquier título bancario llegara a tener el
Departamento del Chocó – Secretaría de Educación Departamental. Esta orden fue
reiterada mediante los autos del 23 de octubre de 2021 y adicionada con auto del 8
de febrero de 2022.
6. El 10 de mayo de 2023, la parte ejecutada promovió trámite incidental en el
que solicitó el desembargo de la cuenta de ahorros 979082815 denominada IREM-
SALUD. Lo anterior, por cuanto la medida decretada recayó sobre las cuentas del
Departamento del sector educativo y la naturaleza de la cuenta de ahorros
embargada es del sector salud.
7. Mediante auto del 7 de mayo de 2024, el Juzgado Segundo Administrativo de
Quibdó levantó la medida cautelar de embargo que recae sobre la cuenta de ahorros
979082815 denominada IREM-SALUD del Banco de Bogotá. Explicó que dicha
cuenta bancaria «está vinculada con la prestación del servicio de educación por giro
del Sistema General de Participaciones, recursos que por disposición constitucional
cuentan con destinación específica y por lo tanto con el carácter de
INEMBARGABLES, sumado al hecho que no se tratan de obligaciones laborales
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derivadas de la prestación del servicio educativo». Inconforme con lo anterior, la
parte ejecutante interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.
8. En providencia del 30 de julio de 2024, el referido Juzgado no repuso la
decisión y concedió el recurso de apelación.
9. Mediante auto del 21 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo del Chocó
confirmó la providencia recurrida. Para tal efecto, argumentó que se configuran dos
excepciones al principio de inembargabilidad presupuestal, pues es el cobro
ejecutivo de una sentencia judicial y porque el título ordenó el reconocimiento de
derechos laborales, lo cual habilita embargar recursos del Sistema General de
Participación.
10. No obstante, explicó que conforme la orden emitida en la sentencia de tutela
del 11 de marzo de 2019, las sumas susceptibles de embargo en pro del
cumplimiento del proceso ejecutivo «serán únicamente las correspondientes a la
partida destinada a educación, en tanto que, si bien las obligaciones reclamadas
corresponden a una sentencia, la misma tiene como objeto el reconocimiento de
derechos en favor de un docente, lo que denota la improcedencia del embargo»
sobre la cuenta cuyo rubro corresponde al de salud.
11. La parte actora considera que con la decisión cuestionada se está
desconociendo la orden impartida por el Consejo de Estado en el proceso de tutela
con radicado 11001-03-15-000-2019-00569-00.
12. Explicó que no ha existido poder humano que logre hacer que el Tribunal
Contencioso Administrativo del Chocó y el Juzgado de primera instancia hagan
cumplir a las demandadas los mandatos del artículo 431 del CGP y 298 del CPACA.
Manifestó, además, que sobre el tema de la inembargabilidad ha presentado varios
escritos al juzgado y al tribunal que considera «no fueron valorados en legal forma,
ya que se desconoció por completo el precedente judicial que ronda el tema» el cual
permite que se pueda buscar el pago de la obligación con recursos provenientes de
otras participaciones. Para tal efecto, citó las sentencias C-793 de 2002 y C-566 de
2003, las cuales, según citó, consideraron lo siguiente:
Es posible la ejecución, con embargo, en primer lugar, de los recursos del
presupuesto destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate
de esa clase de títulos, y, si ellos no fueren suficientes, de los recursos de la
participación respectiva, sin que puedan afectarse con embargo los recursos
pertenecientes a las otras participaciones.
B. Trámite impartido e intervenciones
13. Mediante auto de 19 de junio de 2025 se admitió la solicitud de amparo, se
ordenó notificar la decisión a los magistrados que integran la Sala Segunda de
Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó y a la titular del Juzgado Segundo
Administrativo de Quibdó, como parte demandada, y a la gobernadora y a la
secretaria de educación del Departamento del Chocó, como terceros con interés.
Asimismo, se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
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14. La magistrada del Tribunal Administrativo del Chocó explicó que en la
providencia cuestionada se hizo un análisis exhaustivo al principio de
inembargabilidad de los recursos públicos, por lo que, si bien el título ejecutivo
reconoció unos derechos laborales a favor de la accionante, el embargo recayó sobre
una cuenta destinada exclusivamente a la Iniciativa Regional de Erradicación de la
Malaria (IREM-SALUD), es decir, recursos del sector salud, los cuales no pueden ser
objeto de embargo para el pago de obligaciones laborales del sector educativo.
15. Manifestó que tuvo en cuenta lo decidido por el juez de tutela en la sentencia
del 11 de marzo de 2019, en la cual se consideró que solo podían ser embargados
los recursos del Sistema General de Participaciones cuando se tratara de partidas
presupuestales directamente relacionadas con la naturaleza de la obligación
reclamada, pero, al tratarse de una obligación laboral, únicamente podían afectarse
recursos del SGP asignados al sector educación.
II. CONSIDERACIONES
C. Competencia
16. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es
competente para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37
del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080
de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).
D. Problema Jurídico
17. La Sala deberá verificar si se superan los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela. Solo en el evento de que se reúnan estas
exigencias, se analizará si la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
endilgados y, por ende, vulneró los derechos fundamentales en cabeza de la señora
Samary Alexa Ríos Machado.
E. Análisis de la Sala
Del requisito de relevancia constitucional
18. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota al
señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos
contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga
argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia
o instancia adicional a las establecidas por el legislador.
19. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente3 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de
3
Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
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tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos de origen, ni
en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en
juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada
especialidad.
20. La tutela sólo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión
de marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el
simple señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino
porque, en efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha desbordado
el alcance de un derecho fundamental.
Caso concreto y solución del problema jurídico
21. De entrada, la Sala anticipa que la presente tutela deviene improcedente
porque no supera el requisito de relevancia constitucional, en tanto que tiene la
clara y marcada intención de revivir la controversia planteada en sede de ejecución.
22. Con ocasión de una acción de tutela promovida en el año 2019 por la aquí
accionante, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, profirió
la sentencia del 11 de marzo de 2019, mediante la cual amparó los derechos
fundamentales de la accionante, así:
1. Ampáranse los derechos fundamentales al debido proceso y acceso
a la administración de justicia de la señora Samary Alexa Ríos Machado,
conforme a la parte motiva.
2. Déjase sin efectos el auto de 28 de enero de 2019, mediante el cual
el Tribunal Administrativo del Chocó confirmó el de 1 de octubre de 2015, con
el que el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó negó la medida cautelar
de embargo solicitada en el proceso ejecutivo 27001-33-33-001-2013-00332-
00, en armonía con lo expuesto en la parte motiva.
3. En consecuencia, ordénase a los señores magistrados del Tribunal
Administrativo del Chocó que en el término de diez (10) días siguientes a la
notificación de esta providencia, profieran un nuevo pronunciamiento en el que
se analicen en segunda instancia la petición de embargo presentada por la
señora Samary Alexa Ríos Machado en el trámite ejecutivo 27001-33-33-001-
2013-00332-00, en atención a las consideraciones de esta decisión.
23. En ese proceso, el juez constitucional consideró que las sumas que integran
el sistema general de participaciones susceptibles de embargo en el proceso
ejecutivo con radicado 27001-33-33-001-2013-00332-00, «son únicamente las
correspondientes a la partida destinada a educación, comoquiera que la Corte
Constitucional explicó que son objeto de la referida medida las obligaciones
derivadas de actividades establecidas en el artículo 15 de la Ley 715 de 2001, dentro
de las que se encuentra la de “pago del personal docente”, que concierne a la
accionante».
24. En cumplimiento de esa decisión, el Tribunal Administrativo del Chocó profirió
el auto del 17 de septiembre de 2019, mediante el cual revocó el auto del 1 de
octubre de 2015, proferido por el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó, para,
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en su lugar, estudiara la solicitud en tal sentido «sin oponer la inembargabilidad de
los recursos».
25. En cumplimiento de lo anterior, el Juzgado Segundo Administrativo de Quibdó
decretó el embargo y retención de los dineros depositados en las cuentas de ahorro,
corrientes o los que a cualquier título bancario llegara a tener el Departamento del
Chocó – Secretaría de Educación Departamental. Esta orden fue reiterada mediante
los autos del 23 de octubre de 2021 y adicionada con auto del 8 de febrero de 2022.
26. No obstante, la ejecutada solicitó que se levantara la medida cautelar de
embargo que recae sobre la cuenta de ahorro 979082815 denominada IREM-SALUD
del Banco de Bogotá y que es propiedad del Departamento del Chocó.
27. Mediante auto del 7 de mayo de 2024, el Juzgado Segundo Administrativo de
Quibdó decretó el levantamiento de la medida cautelar ordenada, pues consideraba
que dicha cuenta de ahorros estaba vinculada con la prestación de los servicios de
educación por giro del sistema general de participaciones y esos recursos cuentan
con destinación específica con carácter de inembargabilidad. Inconforme con la
anterior decisión, la parte ejecutante interpuso recurso de reposición y en subsidio
de apelación, así:
Lo anterior no se comparte, teniendo en cuenta que la orden de embargo
proviene de una acción de tutela instaura por la demandante, la cual fue fallada
por el H. Consejo de Estado en marzo 11 de 2019, bajo el radicado Nro. 11001-
03-15-000-2019-00569-00 (…) Como se observa la acción de tutela nació por
habérsele negado a la ejecutante las medidas de embargo solicitadas y hoy
levantar nuevamente esas medidas de embargo decretadas es desconocer esa
orden judicial que ya hizo tránsito a COSA JUZGADA, lo que genera una vía
de hecho y la hace inmersa en la violación de normas penales y disciplinarias.
28. El 30 de junio de 2024, el referido juzgado decidió no reponer el auto
recurrido porque la cuenta embargada está vinculada con la prestación del servicio
de salud por giro del Sistema General de Participaciones, y esos recursos, por
disposición constitucional, cuentan con destinación específica y no se pueden
embargar.
29. Mediante auto del 21 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo del
Chocó confirmó el auto apelado. Para sustentar su decisión, examinó lo ordenado
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el fallo de
tutela, hizo un análisis de las excepciones legales y jurisprudenciales aplicables al
principio de inembargabilidad de los recursos públicos y concluyó lo siguiente:
Así las cosas, de todo lo hasta aquí dicho, en principio se podría decir, que sí
era procedente para el pago de la obligación, el embargo y retención de los
recursos del Sistema General de Participación asignados al Departamento del
Chocó. Sin embargo, conforme las reglas planteadas por la jurisprudencia y la
orden emitida por el Consejo de Estado en la Sentencia de Tutela de fecha 11
de marzo de 2019, dentro del proceso antes anotado, las sumas que integran
el sistema general de participaciones susceptibles de embargo en pro del
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el proceso ejecutivo de
marras, serán únicamente las correspondientes a la partida destinada a
educación, en tanto que, si bien las obligaciones reclamadas corresponden a
una sentencia, la misma tiene como objeto el reconocimiento de derechos en
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favor de un docente, lo que denota la improcedencia del embargo de los dineros
depositados en la cuenta de ahorros No. 0979082815 denominada
GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ INICIATIVA REGIONAL “IREM – SALUD” cuyo
rubro corresponde al de salud, lo que comporta la inembargabilidad de los
recursos depositados en la citada cuenta.
30. Para la Sala, los argumentos expuestos por las autoridades judiciales
accionadas son razonables y no merecen reproche alguno desde el punto de vista
constitucional. El hecho de que la parte actora no los comparta, no habilita al juez
de tutela para volver a estudiar un asunto que ya fue decidido por el Tribunal
Administrativo del Chocó.
31. La Sala considera que la decisión cuestionada resulta razonable y no merece
reproche alguno desde el punto de vista constitucional. Lo que se observa en el
proceso es una discrepancia de criterio de la parte actora con las providencias
demandadas, diferencia que, en sentir de la Sala, no constituye razón suficiente ni
valedera para que el juez de tutela intervenga.
32. Obsérvese que el Tribunal Administrativo del Chocó hizo referencia al
análisis que realizó la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en el cual indicó que en ese proceso ejecutivo solamente correspondía el embargo
de las sumas que integran el sistema general de participaciones cuya partida esté
destinada a educación, con fundamento en lo considerado por la Corte
Constitucional en la sentencia C-566 de 2003 proferida por la Corte Constitucional,
en la cual se consideró lo siguiente:
(…) las excepciones al principio de inembargabilidad que pueden predicarse
respecto de los recursos de la participación de educación a que alude el artículo
18 de la Ley 715 de 2001 solo proceden frente a obligaciones que tengan como
fuente las actividades señaladas en el artículo 15 de la misma ley como destino
de dicha participación.
33. De hecho, también fundamentó su decisión en las sentencias C-354 de
1997, C-793 de 2002, C-1154 de 2008 y C-543 de 2013 de la Corte Constitucional.
34. A lo anterior conviene agregar que esta Subsección, en reciente
pronunciamiento4, consideró que, según el precedente constitucional fijado en las
sentencias T- 053 de 2022 y T-172 de 2022, «los recursos provenientes del SGSSS
son embargables cuando provengan del Sistema General de Participaciones en los
siguientes casos: i) cuando se trate de obligaciones laborales; ii) cuando dichas
obligaciones estén reconocidas mediante sentencia, y iii) cuando se demuestre la
insuficiencia de los recursos de libre destinación de la entidad territorial deudora
para cubrir la deuda».
35. Queda claro, entonces, que las decisiones adoptadas por las autoridades
judiciales accionadas son razonables desde el punto de vista constitucional, pues
estuvieron soportadas en el precedente jurisprudencial que se ha encargado de
delimitar en cuáles eventos resulta posible embargar recursos que gozan del
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Auto del 30 de mayo de 2025. Expediente con radicado 76001-23-33-000-2023-00139-01. M.P.
Fernando Alexei Pardo Flórez.
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principio de inembargabilidad y, además, porque obró en estricto cumplimiento de
lo ordenado por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
como juez de tutela, en virtud de lo cual le precisó que, en ese proceso ejecutivo,
solo se podía embargar los rubros correspondientes a la educación, en atención a
la naturaleza de la obligación laboral reconocida en la sentencia que obra como
título ejecutivo.
36. Conforme a lo razonado, la Sala encuentra improcedente la solicitud de
amparo presentada por la señora Samary Alexa Ríos Machado, por incumplimiento
del requisito general de relevancia constitucional.
37. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por la señora
Samary Alexa Ríos Machado, por lo razonado en las consideraciones.
SEGUNDO. Notifíquese esta decisión a las partes y a los interesados por el medio
más expedito y eficaz.
TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Ausente con permiso
VF
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