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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03720-01

Fecha
25 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03720-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia del 25 de julio de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva. Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03720-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

25 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03720-01
Accionante: Samary Alexa Ríos Machado
Accionados: Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Segunda de Decisión y
otro

Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro de un proceso
ejecutivo

Decisión: Confirmar la decisión declaró la improcedencia de la acción de
tutela por falta del requisito de relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. LaSubsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte actora contra la providencia del 25 de julio de
2025 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

1. El 21 de junio de 2013, la señora Samary Alexa Ríos Machado interpuso
demanda ejecutiva teniendo como título la sentencia del 31 de noviembre de 2011
proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

2. Elproceso correspondió al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Quibdó, autoridad judicial que, mediante auto del 1.° de octubre de 2015, negó la
medida cautelar de embargo, al considerar que los bienes del Estado eran
inembargables. Decisión que fue confirmada por el Tribunal Administrativo del
Chocó a través de proveído del 28 de enero de 2019.

3. Con posterioridad, la hoy accionante presentó acción de tutela contra la providencia
del 28 de enero de 2019, la cual correspondió a la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, donde mediante sentencia del 11 de marzo de
2019 resolvió amparar los derechos en los siguientes términos:

«1.0 Ampárense los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia de la señora Samary Alexa Ríos Machado,
conforme a la parte motiva.

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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03720-01
Accionante: Samary Alexa Ríos Machado

2.° Déjese sin efectos el auto de 28 de enero de 2019, mediante el cual el Tribunal
Administrativo del Chocó confirmó el de 1 de octubre de 2015 con el que el Juzgado
Primero (1.0) Administrativo de Quibdó negó la medida cautelar de embargo
solicitada en el proceso ejecutivo 27001-33-33-001-2013-00332-00, en armonía con
lo expuesto en la parte motiva.

3.° En consecuencia, ordénese a los señores magistrados del Tribunal
Administrativo del Chocó que en el término de diez (10) días siguientes a la
notificación de esta providencia, profieran un nuevo pronunciamiento en el que
analicen en segunda instancia la petición de embargo presentado por la señora
Samary Alexa Ríos Machado en el trámite ejecutivo 27001-33-33-001-2013-00332-
00, en atención a las consideraciones de esta decisión.»

4. En cumplimiento de la anterior decisión, el Tribunal Administrativo de Chocó, Sala
Segunda de Decisión mediante proveído del 17 de septiembre de 2019 ordenó:

«PRIMERO: ACATASE por medio de este proveído el fallo de tutela de fecha once
(11) de marzo de dos mil diecinueve (2019), proferido H por la Sección Segunda,
Subsección B, Sala de lo Contencioso Administrativo del H. Consejo de Estado, que
tuteló el derecho fundamental al debido proceso, acceso a la administración de
justicia de la señora Samary Alexa Ríos Machado.

SEGUNDO: REVÓCASE el auto N° 1092 del 01 de octubre de 2015, proferido por
el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó dentro del presente
medio de control, que negó la medida cautelar de embargo excepcional de recursos
inembargables para en su lugar estudie la solicitud en tal sentido sin oponer la
inembargabilidad de los recursos, conforme y la parte motiva»

5. En ese sentido, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Quibdó a
través de auto del 24 de octubre de 2019 decretó el embargo de los dineros
depositados en las cuentas de ahorro, corrientes o los que a cualquier título
bancario llegara a tener el Departamento del Chocó – Secretaría de Educación
Departamental.

6. Con posterioridad, el 10 de mayo de 2023, la parte ejecutada presentó solicitud
de desembargo de la cuenta de ahorros 979082815. Por lo tanto, el aludido juzgado
por medio de auto del 7 de mayo de 2024 levantó la medida cautelar de embargo
porque dicha cuenta se encontraba vinculada con la prestación del servicio de
educación por giro del Sistema General de Participaciones. En sede apelación, el
Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Segunda de Decisión, a través de proveído
del 21 de febrero de 2025 confirmó la anterior decisión.

7. La parte actora señaló que en la providencia objeto de la acción de tutela se
configuró un defecto procedimental absoluto «por venir actuando completamente al
margen del procedimiento establecido frente al tema de la inembargabilidad y el
cumplimiento de las sentencias judiciales dictadas por los Jueces de la república,
normas y precedente judicial desconocidos dentro del proceso ejecutivo dicho y que
se adelanta en contra del departamento del chocó y otro, lo que los hace inmersos
en una vía de hecho y con ello se le viene vulnerando (…) los derechos al debido
proceso, al trabajo y al pago de los créditos generados de las sentencias judiciales,
derechos adquiridos, derecho de acceso a la administración de justicia, prevalencia
del derecho sustancial y demás conexos».

2.3. Pretensiones

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Accionante: Samary Alexa Ríos Machado

8. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«(…)
Ampárense los derechos fundamentales a SAMARY ALEXA RIOS
MACHADO, ya descritos como violados.

2.- Ordénesele al Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó y al Juzgado
segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, que, en el término de 48
horas posterior a la ejecutoria del fallo, deje sin efecto el auto 126 de febrero
21 de 2025 donde se confirmó el auto 334 de mayo 07 de 2024.

3.- Como consecuencia de lo anterior, se les ORDENE REACTIVAR la medida
de embargo que fue levantada dentro proceso de ejecución que dio vida a la
presente acción de tutela, aplicando las Subreglas para embargar recursos
incorporados al presupuesto general de la Nación en la jurisdicción
contencioso-administrativa, como lo viene desarrollando la Jurisprudencia del
H. Consejo de Estado, en lo concerniente al hecho que ante la falta de
recursos para pagar la obligación y apoyado en la excepción a la
inembargabilidad, se puede hacer uso de los recursos provenientes a otras
participaciones.

4.- Si las anteriores pretensiones, son falladas favorablemente, se oficie a la
Procuraduría General de la Nación, por parte del señor consejero de la causa,
para que vigile el cumplimiento inmediato de la presente acción, para así evitar
dilaciones y demoras injustificadas por parte del accionado, ya que estas
decisiones son de cumplimiento inmediato, tal como lo expresan las
sentencias de tutela Nros. T - 942 del 2000 y T - 098 del 2002.» (Sic)

2.4. Intervenciones

9. La acción de tutela de la referencia fue admitida por la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado mediante auto del 19 de junio de 2025 a
través del cual se ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Chocó, Sala
Segunda de Decisión y al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Quibdó
y a la Gobernación del Chocó, Secretaría de Educación del Departamento del
Chocó.

10. El Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Segunda de Decisión después
de hacer un recuento de las actuaciones surtidas al interior del proceso manifestó
que la orden de levantamiento de la medida cautelar fue una decisión adoptada en
estricto cumplimiento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo
de Estado, en respeto a su destinación específica. Máxime cuando la ejecutante
conserva la posibilidad de hacer efectivo su crédito sobre otras partidas
presupuestales embargables como las de educación, siempre que lo permita la
disponibilidad presupuestal.

11. No se rindieron más informes.

2.5. Sentencia impugnada

12. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante
sentencia del 25 de julio de 2025 resolvió declarar la improcedencia de la acción de
tutela por falta del requisito de relevancia constitucional.

13. Al respecto, señaló que la decisión cuestionada resultaba razonable y no
merecía reproche alguno desde el punto de vista constitucional. De modo que, lo
que observó en el proceso es una discrepancia de criterio de la parte actora con las

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providencias demandadas, diferencia que, no constituía razón suficiente ni valedera
para que el juez de tutela interviniera.

14. En ese sentido, concluyó que las decisiones adoptadas por las autoridades
judiciales accionadas eran razonables desde el punto de vista constitucional, pues
estuvieron soportadas en el precedente jurisprudencial que se ha encargado de
delimitar en cuáles eventos resulta posible embargar recursos que gozan del
principio de inembargabilidad y, además, porque obró en estricto cumplimiento de
lo ordenado por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
como juez de tutela, en virtud de lo cual le precisó que, en ese proceso ejecutivo,
solo se podía embargar los rubros correspondientes a la educación, en atención a
la naturaleza de la obligación laboral reconocida en la sentencia que obra como
título ejecutivo.

2.6. Impugnación

15. La parte accionante después de insistir en los argumentos de la demanda de
tutela solicitó revocar la decisión de primer grado y en consecuencia se ampare los
derechos fundamentales invocados en protección, en la medida que el principio de
inembargabilidad no es absoluto, sino que por el contrario debe conciliarse con los
demás valores, principios y derechos reconocidos en la Carta Política.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

16. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.3. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a determinar,
previa verificación del cumplimiento de los requisitos generales de la acción de
tutela contra providencias judiciales, en especial el de relevancia constitucional
echado de menos en primera instancia, si el Tribunal Administrativo del Chocó, Sala
Segunda de Decisión, al proferir el auto del 21 de febrero de 20251, vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, acceso a la administración de
justicia e igualdad, al incurrir en el defecto procedimental absoluto.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

17. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1065 de 2015.
Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa

1 Es de advertir que si bien, la parte actora presenta la acción de tutela contra la providencia del 7 de mayo de

2024, lo cierto es que de conocer de fondo la Sala se pronunciara respecto de la providencia del 21 de febrero
de 2025 que fue la resolvió el recurso de apelación.

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judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene
el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

18. De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la
vulneración; iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de
manera clara, que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v)
que la parte actora identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en
el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de
sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un examen
exigente y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra providencia
judicial de naturaleza «excepcional».

19. En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material
o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho
de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos
una de las anteriores causales o defectos.

Del requisito de relevancia constitucional como requisito de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales

20. En lo que tiene que ver con el requisito de relevancia constitucional la Corte
Constitucional, ha establecido que se entiende satisfecho cuando la controversia
objeto de tutela trata de un asunto que involucra algún debate jurídico al contenido,
alcance y goce de un derecho fundamental o un principio constitucional y ha
precisado que es imperativo que se demuestre de forma marcada e indiscutible que
se cumple con el referido requisito2. La finalidad de esta exigencia es la de
preservar la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la
constitucional e impedir que la acción de tutela se torne en una instancia o recurso
adicional de los procesos ordinarios.

21. Sobre el particular, el alto tribunal en materia constitucional, en Sentencia SU-
215 de 2022, estableció los siguientes criterios para determinar si se cumple con el
referido requisito:

22. Que la controversia verse sobre un asunto constitucional, mas no meramente
legal y/o económico. Es decir, que el caso no se circunscriba a la determinación de
aspectos legales de un derecho, derivados de la correcta interpretación o aplicación

2 Cfr. Sentencias C-590 de 2005, T-102 de 2006, T-136 de 2015, SU-573 de 2019, SU-073 de 2019 y T-140 de

2022, proferidas por la Corte Constitucional.

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de una norma de rango legal o reglamentario, y que el debate no sea estrictamente
monetario ni connotaciones particulares o privadas que no representen un interés
general.3

23. Asimismo, que el caso verse sobre un debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental. Dicho de otro modo, no
basta con que la parte actora alegue la violación al debido proceso, a la
administración de justicia o a la igualdad, sino que debe ir más allá «de la mera
adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos
fundamentales», lo cual supone justificar de manera razonada y clara la «existencia
de una restricción desproporcionada a un derecho fundamental»4.

24. Además, que la acción de tutela no sea empleada como una tercera instancia o
un recurso adicional para reabrir debates resueltos por los jueces ordinarios. Sobre
este punto, el máximo órgano constitucional ha expresado que la tutela contra
providencias judiciales no es un juicio de corrección sino de validez del fallo
cuestionado. Por ende, la intervención del juez constitucional solo se justifica si se
verifica la existencia de «una actuación ostensible arbitraria e ilegítima de la
autoridad judicial, violatoria de las garantías básicas del derecho al debido
proceso».5

25. Finalmente, que la solicitud de amparo que pretenda la protección de los
derechos fundamentales presuntamente vulnerados, no se haya originado en el
comportamiento negligente u omisivo del accionante en el procedimiento judicial.6

3.2.2. Análisis del requisito de relevancia constitucional

26. En el presente asunto, la Sala coincide con la primera instancia en que no se
acredita el requisito de procedibilidad de relevancia constitucional, pues, no resulta
suficiente que la parte actora afirme de manera genérica que el Tribunal incurrió en
un defecto procedimental absoluto «por venir actuando completamente al margen
del procedimiento establecido frente al tema de la inembargabilidad y el
cumplimiento de las sentencias judiciales dictadas por los Jueces de la república,
normas y precedente judicial desconocidos dentro del proceso ejecutivo dicho y que
se adelanta en contra del departamento del chocó», en la medida que tratándose
de cuestionamientos dirigidos contra providencias judiciales le corresponde una
carga mínima de argumentación que en el presente asunto no se cumple por las
razones que se expondrán a continuación.

27. Al respecto, se tiene que la accionante se limitó a señalar de manera genérica
que el Tribunal actuó «completamente al margen del procedimiento» Sin embargo,
no expone de manera concreta las razones por las cuales considera que la decisión
cuestionada adolece de tal defecto, es decir, no precisó en qué consistió ese error
procedimental, con lo cual se vulneran los derechos fundamentales que se invocan
en protección.

28. En ese sentido, se advierte que la acción de tutela es improcedente porque la

3 Cfr. Sentencias T-610 de 2015, SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y T-410 de 2022.
4 Cfr. Sentencias SU-439 de 2017, SU-573 de 2019 y T-410 de 2022.
5 Cfr. Sentencias T-555 de 2009, T-016 de 2019 y T- 410 de 2022, entre otras.
6 Cfr. Sentencias SU-128 de 2021 y T-410 de 2022.

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demanda carece de argumentación mínima que permita un estudio de fondo, en la
medida que dicha falencia no puede ser sustituida por el juez constitucional, pues,
si bien el presente mecanismo constitucional se caracteriza por la flexibilización de
las formalidades para garantizar los derechos fundamentales, lo cierto es que,
como se indicó en precedencia, al tratarse de cuestionamiento dirigidos contra
providencias judiciales, recae sobre la parte demandante una carga mínima de
argumentación, máxime si no se acreditó un perjuicio irremediable que haga
necesaria la intervención del juez de tutela.

29. Por lo tanto, la Sala procederá a confirmar la decisión de primera instancia que
declaró improcedente la acción de tutela por falta de requisito de relevancia
constitucional, por las consideraciones expuestas en el presente proveído.

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia del 25 de julio de 2025 proferida por la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva.

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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