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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03733-00

Fecha
10 de julio de 2025
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03733-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación que radicó la Rama Judicial. SEGUNDO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA de COOTRANSUROCCIDENTE y Emprestur S.A. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. CUARTO: Dentro de los diez [10] días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-03733-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

10 de julio de 2025

Demandantes: Cooperativa de Transportadores de Urabá y Occidente
Antioqueño y Emprestur S.A.
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03733-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Diez [10] de julio de dos mil veinticinco [2025]

Referencia: ACCIÓN TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03733-00
Demandantes: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE URABÁ Y
OCCIDENTE ANTIOQUEÑO y EMPRESTUR S.A.
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
A Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial – reparación directa – hecho
del legislador – declara falta de legitimación en la causa por
activa.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La sala decide la presente acción de tutela de conformidad con los Decretos 2591
de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de
la Sala Plena de esta corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El 13 de junio de 2025, la Cooperativa de Transportadores de Urabá y Occidente
Antioqueño [en adelante COOTRANSUROCCIDENTE], y la sociedad anónima
Emprestur, por intermedio de abogada, presentaron acción de tutela con el fin de
que se le amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la «tutela judicial efectiva».

Las mencionadas garantías las estimaron vulneradas por el Tribunal Administrativo
de Antioquia y la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado al
proferir las providencias de 23 de agosto de 2022 y 6 de diciembre de 2024, por
medio de las cuales se negó, en las respectivas instancias, la demanda de
reparación directa de perjuicios causados a un grupo identificada con el radicado
05001-23-33-000-2014-00870-01 [69.141].

1.2. Pretensiones

Lo requerido en el mecanismo constitucional es lo siguiente:

Primera: Tutelar los derechos fundamentales invocados.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Cooperativa de Transportadores de Urabá y Occidente
Antioqueño y Emprestur S.A.
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03733-00

Segunda: Dejar sin efectos la sentencia del 6 de diciembre de 2014 del Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, en el proceso de acción de grupo radicado
número 05 001 23 33 000 2014 00870 01 (69141) que confirmo la adoptada por el
Tribunal Administrativo de Antioquia el 23 de agosto de 2022.

Tercera: Como consecuencia, ordenar al Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, en el proceso de acción de grupo radicado número 05 001 23 33 000
2014 00870 01 (69141) la adopción de una sentencia de reemplazo en la que resuelva
de fondo las pretensiones de la demanda con un análisis riguroso de todos los
elementos de la responsabilidad extracontractual, con aplicación de la tesis
jurisprudencial vigente al año 2014 de acuerdo con lo señalado en el presente escrito
de tutela1.

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

• COOTRANSUROCCIDENTE y EMPRESTUR S.A. presentaron demanda de
reparación directa de perjuicios causados a un grupo contra la Nación - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial [en adelante Rama Judicial] y el Congreso de
la República, con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables por
el pago que efectuaron mientras estuvo vigente el arancel judicial.

• El 23 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las
pretensiones de la demanda al considerar que, como los efectos de la sentencia C-
169 de 2014 que declaró la inconstitucionalidad de la Ley 1653 de 2013 fueron hacia
futuro, ello implicaba sostener que los pagos que se efectuaron en su vigencia
tenían fundamento legal, y en ese sentido, eran una carga que los administrados
debían soportar.

• El 6 diciembre de 2024, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
luego de hacer alusión al criterio contenido en la sentencia de 13 de marzo de 20182,
que unificó la jurisprudencia en lo que respecta a los daños derivados por el hecho
del legislador, confirmó lo decido por el a quo, al exponer que «los hechos
consolidados en vigencia de la Ley 1653 de 2013 se encontraban amparadas por el
principio de legalidad y garantía constitucional».

• Al respecto precisó que el daño no tenía la connotación de antijurídico porque (i)
no se acreditó que el grupo demandante pidiera la devolución de los pagos que
considera como no debidos y tampoco que esa reclamación se hubiera negado, , y
(ii) dado que la declaratoria de inexequibilidad con efectos a futuro -ex nunc-
significaba que, si bien la norma tenía un vicio, era constitucional mantener su
vigencia y obligatoriedad entre su expedición y la decisión.

• La providencia de segunda instancia fue notificada el 13 de diciembre de 2024 y
la acción de tutela de la referencia fue radicada el 13 de junio de 2025.

1 Transcrito con posibles errores ortográficos y negritas del texto original.
2 Expediente con radicado interno 28.769, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

2
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Demandantes: Cooperativa de Transportadores de Urabá y Occidente
Antioqueño y Emprestur S.A.
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1.4. Fundamentos de la solicitud

En este caso los accionantes consideraron que se les vulneraron sus derechos
fundamentales al configurarse los defectos: (i) sustantivo, (ii) violación directa de la
Constitución, (iii) fáctico, y (iv) desconocimiento del precedente.

Destacaron que la competencia para determinar la responsabilidad extracontractual
de cualquier entidad pública, en los términos del artículo 90 de la Constitución y el
artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, corresponde a la jurisdicción contenciosa
administrativa y no a la Corte Constitucional, no obstante, la autoridad judicial
accionada en la providencia controvertida establece «que la responsabilidad
extracontractual por la actuación del legislador, la termina definiendo, en último
término, la Corte Constitucional, por la vía de la determinación de los efectos de sus
sentencias».

Resaltaron que «ninguna de las razones que la Corte tiene en cuenta para
determinar el efecto retroactivo de una determinación de inconstitucionalidad tienen
siquiera una remota relación con los presupuestos de la responsabilidad
extracontractual del Estado».

Precisaron que la providencia que definió la controversia incurre en un error de
apreciación del texto de la circular DEAJ14-45 pues intenta hacer ver que los
miembros del grupo actor si fueron incluidos en las hipótesis de devolución, «cuando
lo cierto es que allí solo se regularon las devoluciones de pagos realizados luego de
la declaratoria de inconstitucionalidad».

Afirmaron que no se debió implementar el criterio unificado en el año 2018, sino
que, por el contrario, se debió aplicar la tesis contenida para el año de la
presentación de la demanda, esto es, 20143, ya que «la postura del Consejo de
Estado consistía en que la responsabilidad extracontractual4 del legislador la
juzgaba autónomamente la justicia administrativa, quien definía la satisfacción de
los elementos de la responsabilidad con base en el artículo 90 y los diferentes títulos
de imputación».

1.5. Trámite de la acción

El 18 de junio de 2025 el magistrado sustanciador admitió la acción de tutela y
ordenó notificar como demandado al Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, y vinculó como terceros con interés en las resultas del proceso a la
Nación – Congreso de la República y Rama Judicial, así como las demás partes,

3 En cuanto a la imposibilidad de aplicar cambios jurisprudenciales de manera retroactiva, se
relacionaron los siguientes radicados: «Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
Sentencia del 2 de marzo de 2020, Radicado 25 000 23 26 000 2005 02122 01 Expediente 39947
MP Martín Bermúdez, [y] Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 30 de
abril de 2021, radicado 11 001 03 15 000 2020 04068 01 AC, MP Ramiro Pazos Guerrero».
4 Precisaron que esta tesis se encontraba contenida en las siguientes sentencias: «Consejo de

Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 26 de marzo de 2014, Radicado 25 000 23
26 000 2003 00175 01, Expediente 28741 MP Enrique Gil Botero; Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de mayo de 2015, Radicado 25 000 23 26 000 2003 00168
02, Expediente 30170 MP Hernán Andrade, y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
Sentencia del 13 de mayo de 2015, Radicado 25 000 23 26 000 2003 00195 01 Expediente 26692
MP Hernán Andrade Rincón».

3
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Demandantes: Cooperativa de Transportadores de Urabá y Occidente
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personas y/o entidades que hayan participado en el proceso ordinario con radicado
05001-23-33-000-2014-00870-01 [69.141].

Por su parte requirió a la abogada Nidia Cristina Montoya Restrepo, en atención de
que no aportó el mandato en donde se evidencie que COOTRANSUROCCIDENTE,
y la sociedad anónima Emprestur le confirieron poder para representarlas.

Al respecto se precisó que «la abogada Montoya Restrepo deberá aportar el poder
de su representado en debida forma, para lo cual podrá; i5) acreditar la trazabilidad
del otorgamiento del mandato a través de mensaje de datos6, o en su defecto,
realizar la presentación personal del mismo7».

El despacho sustanciador presentó proyecto de fallo, no obstante, el 9 de julio de
2025, el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez manifestó estar impedido para
conocer del asunto de la referencia con fundamento en la causal 5.º del artículo 56
del Código de Procedimiento Penal.

El 10 de julio de 2025, la Sala declaró infundado el impedimento manifestado por el
consejero Omar Joaquín Barreto Suárez, porque no se configuró el elemento
subjetivo de la causal.

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron los siguientes informes:

1.6.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, luego de recordar
los fundamentos de la solicitud de amparo, señaló que la tutela carece de relevancia
constitucional, comoquiera que el extremo activo reitera los argumentos que fueron
abordados por el juez natural de la causa.

1.6.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión señaló
que el mecanismo es improcedente, porque no se identifica «de manera clara en
qué medida dicha vulneración se habría producido y el por qué la situación es
jurídicamente relevante».

Por su parte pidió que, en el evento de que se considere procedente la tutela, esta
se niegue, comoquiera que las decisiones controvertidas «fueron el fruto de un
proceso donde se observó el debido proceso y se fundaron las mismas tanto en la
normatividad como en la jurisprudencia».

5 Artículo 5. º de la Ley 2213 de 2022 [Ver SU-212 de 2023 de la Corte Constitucional].
6 Ver al respecto Ley 527 de 1999: «Artículo 2º. Definiciones. Para los efectos de la presente ley se

entenderá por: a) Mensaje de datos. La información generada, enviada, recibida, almacenada o
comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el
Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el
telefax.
Artículo 11. Criterio para valorar probatoriamente un mensaje de datos. Para la valoración de la
fuerza probatoria de los mensajes de datos a que se refiere esta ley, se tendrán en cuenta las reglas
de la sana crítica y demás criterios reconocidos legalmente para la apreciación de las pruebas. Por
consiguiente habrán de tenerse en cuenta: la confiabilidad en la forma en la que se haya generado,
archivado o comunicado el mensaje, la confiabilidad en la forma en que se haya conservado la
integridad de la información, la forma en la que se identifique a su iniciador y cualquier otro factor
pertinente».
7 Artículo 74 del CGP.

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1.6.3. La Rama Judicial pidió «(i) ordenar la desvinculación de la presente acción
constitucional respecto de la DEAJ; (ii) disponer la vinculación de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín- Antioquia; y (iii) negar
las pretensiones de la demanda de tutela, al no existir vulneración de los derechos
fundamentales invocados por los actores».

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por COOTRANSUROCCIDENTE y Emprestur S.A., de conformidad con
lo establecido en los Decretos 1069 de 2015 y 333 de 2021, y en el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Cuestión previa - solicitud de desvinculación

Esta colegiatura advierte que si bien la Rama Judicial solicitó su desvinculación del
presente trámite, esta petición será negada, en razón a que su comparecencia a
este mecanismo se hizo en calidad de tercero con interés en las resultas del proceso
porque integró la parte demandada al interior del proceso contencioso, y por lo
mismo, tampoco se accederá a la petición de vinculación de la seccional de
Medellín, porque esta última no fue accionada en el expediente ordinario.

2.3. Problema jurídico

En primer lugar, esta colegiatura advierte que el estudio de esta acción se limitará
a la providencia que puso fin al proceso, y por ello corresponde a la sala determinar
si, en el caso concreto, se presenta una vulneración a los derechos fundamentales
advertidos por los accionantes, por parte del Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, como autoridad judicial accionada, con ocasión de la sentencia
proferida en segunda instancia el 6 de diciembre de 2024.

Para el efecto, se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) la legitimación en la causa por activa, de superarse el
anterior presupuesto, (iii) el análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva,
y, finalmente, (iv) el estudio del caso concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 8
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de

8 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela

• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada ponente: María Elizabeth
García González.

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la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema9.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales10.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201411, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. La legitimación en la causa por activa en la acción de tutela

2.5.1. La acción de tutela, que se encuentra consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política de Colombia, obra como mecanismo que puede ser ejercido
por toda persona «[…] por sí mismo o por quien actúe a su nombre […]», que
pretenda obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando
éstos sean violados por la acción u omisión de cualquier autoridad estatal o
eventualmente por una entidad particular.

Así, el artículo 86 Superior señala que la tutela puede ser ejercida por el titular de
los derechos fundamentales amenazados o vulnerados: (i) en forma directa; (ii) por
medio de representante legal [cuando se trata de menores de edad, incapaces
absolutos, interdictos y/o personas jurídicas]; (iii) a través de apoderado judicial; (iv)
por intermedio de agente oficioso, siempre que el interesado esté imposibilitado
para promover su defensa, o (v) por el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales.

En el mismo sentido el Decreto 2591 de 1991, «[…] [p]or el cual se reglamenta la
acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]», en los
artículos 1. °, 10. °, 46 y 49, precisa que esa acción puede ser presentada por
cualquier persona que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien
sea: (i) por sí misma; (ii) a través de representante; (iii) apoderado; o (iv) por medio
de la agencia oficiosa cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en
condiciones de promover su defensa. También pueden interponer acción de tutela
los defensores del pueblo y los personeros municipales12.

9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
10 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
12Corte Constitucional. Sentencia T-793 de 2007, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.

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Ahora bien, en cuanto a la legitimación en la causa por activa en materia de tutela,
la Corte Constitucional indicó los elementos del apoderamiento, en los que se
requiere:

(i) un acto jurídico formal que se concreta en un escrito, llamado poder, el cual se
presume auténtico; (ii) tratándose de un poder especial, debe ser específico, de modo
que aquel conferido para la promoción o para la defensa de los intereses en un
determinado proceso no se entiende otorgado para la promoción de procesos
diferentes, así los hechos que le den fundamento a éstos tengan origen en el proceso
inicial; (iii) el destinatario de apoderamiento sólo puede ser un profesional del derecho
habilitado con tarjeta profesional. Es decir, la legitimación por activa se configura si
quien presenta la demanda de tutela acredita ser abogado titulado y se anexa el
respectivo poder repicar, de modo que no se puede pretender hacer valer un poder
otorgado en cualquier proceso para solicitar el amparo constitucional.

Sobre el punto esta Sección se pronunció en los siguientes términos13:

Es por esto que, tanto para la interposición de la acción de tutela a través de
apoderado judicial, como para la representación de cualquiera de la partes o terceros
con interés en las resultas del proceso, se quiere que el interesado otorgue un poder
especial a su abogado.

Además de lo anterior, se descarta la posibilidad de que los poderes otorgados
para la promoción de otros procesos se extiendan para la “representación
judicial” del poderdante en asuntos diferentes, como lo puede ser la contestación
de una acción de tutela, así, los hechos que le den fundamento a esta tengan origen
en el proceso inicial.

Por su parte, el Decreto 806 de 2020 habilitó, en su artículo 5. º, el otorgamiento de
poder a través de mensaje de datos. Respecto a este punto, resulta pertinente
recordar que la vigencia de la mencionada norma se estableció de manera
permanente, mediante la Ley 2213 de 2022.

Ahora, se tiene que la Corte Constitucional, al revisar la exequibilidad 14 del artículo
5. º del Decreto ídem, precisó que esta normatividad contempló tres grandes
cambios en la forma como se otorgan los poderes especiales cuando se hace uso
del mensaje de datos, particularmente (i) establece una presunción de autenticidad;
(ii) elimina el requisito de presentación personal, (iii) e indica que los poderes
conferidos mediante mensaje de datos no requerirán firma digital.

Por su parte, se resalta que la Corte precisó que el artículo 5. ° contiene medidas
orientadas a identificar al otorgante y de garantizar la autenticidad e integridad del
mensaje de datos mediante el cual se confiere el poder, en tanto exige que «(i) los
poderes otorgados por personas inscritas en el registro mercantil envíen el poder
desde la dirección inscrita en la respectiva Cámara de Comercio para efectos de
notificaciones judiciales15, y que (ii) el poderdante indique la dirección del correo
electrónico del apoderado al que le confiere el poder, la cual debe coincidir con la

13 Consejo de Estado, Sentencia del 27 de enero de 2016. M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 2016-

00196-00.
14 Sentencia C-420 de 2020.
15 «Esta medida permite contrastar la información del mensaje de datos con la del registro mercantil

para identificar quién otorgó y si esa persona tenía capacidad para el efecto».

7
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Demandantes: Cooperativa de Transportadores de Urabá y Occidente
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que este inscribió en el Registro Nacional de Abogados16. En cualquier caso, las
medidas que prescribe el artículo son facultativas por lo que, los poderes especiales
se pueden seguir otorgando conforme a las normas del CGP».

2.5.2. Ahora bien, verificados los documentos aportados por la abogada que
presentó la acción de la tutela de la referencia, con ocasión del requerimiento
efectuado en el auto admisorio, se tiene que la profesional del derecho no acreditó
su derecho de postulación, como pasará a explicarse.

En primer lugar, se recuerda que el magistrado sustanciador requirió en el auto
admisorio a la abogada Nidia Cristina Montoya Restrepo con el fin de que aportara
el poder que la facultaba para actuar en nombre de los demandantes del proceso
ordinario. Particularmente, dispuso:

No obstante lo anterior, se dispondrá requerir a la abogada Nidia Cristina Montoya
Restrepo, en atención de que no aportó el mandato en donde se evidencie que la
Cooperativa de Transportadores de Urabá y Occidente Antioqueño, y la sociedad
anónima Emprestur les confieren poder para representarlas.

En consecuencia, la abogada Montoya Restrepo deberá aportar el poder de su
representado en debida forma, para lo cual podrá; i17) acreditar la trazabilidad del
otorgamiento del mandato a través de mensaje de datos18, o en su defecto, realizar
la presentación personal del mismo19.

Por su parte, la abogada Nidia Cristina Montoya Restrepo allegó escrito en donde
se aportó lo siguiente:

• captura de pantalla en donde se evidencia que la abogada remitió a la
dirección electrónica operaciones@cootransuroccidente.com el auto
admisorio de 18 de junio de 2025 y un poder.
• copia digitalizada de un escrito suscrito por el señor German Alexander Calle
Henao, en donde manifiesta otorgar poder a la señora Montoya para que
continúe con el trámite de la tutela de la referencia.
• dos capturas de pantalla en donde se puede observar que el usuario de
whatsapp «Diana Pino Cootra…» envió a la profesional del derecho el
certificado de existencia y representación legal de
COOTRANSUROCCIDENTE, en donde se consigna que el correo de
notificaciones judiciales de la cooperativa es
notificaciones@cootransuroccidente.com.

16 «Esta medida permite contrastar los datos del apoderado y verificar la existencia del mandato».
17 Artículo 5. º de la Ley 2213 de 2022 [Ver SU-212 de 2023 de la Corte Constitucional].
18 Ver al respecto Ley 527 de 1999: «Artículo 2º. Definiciones. Para los efectos de la presente ley se

entenderá por: a) Mensaje de datos. La información generada, enviada, recibida, almacenada
o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el
Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el
telefax;
Artículo 11. Criterio para valorar probatoriamente un mensaje de datos. Para la valoración de
la fuerza probatoria de los mensajes de datos a que se refiere esta ley, se tendrán en cuenta
las reglas de la sana crítica y demás criterios reconocidos legalmente para la apreciación de
las pruebas. Por consiguiente habrán de tenerse en cuenta: la confiabilidad en la forma en la
que se haya generado, archivado o comunicado el mensaje, la confiabilidad en la forma en
que se haya conservado la integridad de la información, la forma en la que se identifique a su
iniciador y cualquier otro factor pertinente».
19 Artículo 74 del CGP [Énfasis del Despacho].

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Cooperativa de Transportadores de Urabá y Occidente
Antioqueño y Emprestur S.A.
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03733-00

Ahora bien, de lo anterior es posible constatar que la representante legal de
COOTRANSUROCCIDENTE es CALOTRANS S.A.S. Además, de una consulta a
la página del RUES20, se pudo identificar que el señor German Alexander Calle
Henao es el representante legal de la sociedad por acciones simplificada en
mención21, luego es posible concluir que el señor Calle sí es la persona competente
para conferir mandatos para la representación de las mencionadas personas
jurídicas, sin embargo, se evidencia que el escrito en donde se otorgó el poder no
cuenta con presentación personal o firma digital, por lo que no es posible aceptarlo,
en los términos del artículo 74 del CGP.

Por su parte, y si bien el mandato fue presentado a través de mensaje de datos 22,
no hay constancia de que éste fuera remitido por intermedio del correo electrónico
inscrito para recibir notificaciones judiciales, lo que impide a este juez constitucional
admitir la representación de la multicitada cooperativa inscrita en el registro
mercantil.

En efecto esta sala destaca que si bien el artículo 5. º del Decreto 806 de 2020
introdujo varios cambios en la forma como se otorgan los poderes en la era digital,
dentro de los cuales se encuentra la presunción de autenticidad de los poderes
especiales23, también resulta relevante recordar que esta norma impuso unos
presupuestos mínimos para garantizar, de manera razonada, la integridad y
autenticidad de estos mandatos, como lo son que: «(i) el poderdante deberá indicar
expresamente la dirección de correo electrónico del apoderado, que deberá
coincidir con la inscrita en el Registro Nacional de Abogados (inciso 2 del art. 5º);
y (ii) los poderes otorgados por personas inscritas en el registro mercantil
deberán ser remitidos desde la dirección de correo electrónico inscrita para
recibir notificaciones judiciales (inciso 3 del art. 5º)24» [énfasis de la sala].

Ente orden de ideas, como se está en presencia en presencia de una persona
jurídica, y esta cuenta con correo electrónico para notificaciones judiciales, era
obligatorio que, si pretendía delegar su representación judicial a la señora Nidia
Cristina Montoya Restrepo, ello lo debía realizar a través del correo electrónico
dispuesto para el efecto.

Finalmente, en lo que respecta a la presentación de la sociedad anónima Emprestur,
la abogada que radicó la solicitud de tutela guardó silencio frente a esta empresa,
luego resultan extensible las consideraciones que se realizaron frente a
COOTRANSUROCCIDENTE, en cuanto a su indebida representación.

20 Según consulta en la página web https://www.rues.org.co/.
21 Según consulta en la página web https://www.rues.org.co/.
22 El artículo 2. º de la Ley 527 de 1999, que define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes

de datos, define el «mensaje de datos» como «[l]a información generada, enviada, recibida,
almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre
otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex
o el telefax;».
23 Ver C-420 de 2020: «De manera temporal, el artículo 5º del Decreto sub examine establece que

los poderes especiales se presumirán auténticos y, por tanto, no requerirán de ninguna
presentación personal o reconocimiento (inciso 1 del art. 5º). Asimismo, prescribe que estos podrán
otorgarse mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma (inciso 1
del art. 5º, resalto fuera del texto original)» [negritas de la Sala].
24 Ídem referencia 22.

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Demandantes: Cooperativa de Transportadores de Urabá y Occidente
Antioqueño y Emprestur S.A.
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03733-00

2.6. Conclusión

Así las cosas, se declarará la falta de legitimación en la causa por activa de
COOTRANSUROCCIDENTE y Emprestur S.A., en atención a que no se aportó, en
debida forma, el poder que acreditara a la abogada Nidia Cristina Montoya Restrepo
para actuar en su nombre.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación que radicó la Rama Judicial.

SEGUNDO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR
ACTIVA de COOTRANSUROCCIDENTE y Emprestur S.A.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

CUARTO: Dentro de los diez [10] días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrada

[aclaración de voto]
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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