Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03735-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03735-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-03735-00
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
1 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., primero (01) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03735-00
Demandante: Luis Gabriel López Daza
Demandado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO / Improcedencia
– Subsidiariedad – existencia de otro mecanismo judicial idóneo y eficaz – no se
probó perjuicio irremediable.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del trámite
constitucional de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1. El señor Luis Gabriel López Daza instauró acción de tutela contra el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en busca de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicción, trabajo, mínimo
vital, unidad familiar, “vacaciones remuneradas” y “a la estabilidad laboral en
provisionalidad”.
2. La señora Luisa2 presentó una solicitud de traslado por razones de seguridad, en
su calidad de titular en provisionalidad de un Juzgado Penal Municipal con Funciones
de Control de Garantías al mismo cargo en los juzgados 21 y 18 Penales Municipales
con Funciones de Control de Garantías de Cartagena, este último ocupado por el
accionante, también en provisionalidad.
3. El 23 de mayo de 2025, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena
avocó conocimiento de la solicitud y requirió a la servidora para que indicara su
preferencia entre los juzgados seleccionados. A su vez, puso en conocimiento de los
titulares de esos despachos la solicitud de traslado, a fin de que realizaran las
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 La Sala estima oportuno reservar el nombre de la servidora judicial para evitar poner en riesgo su integridad,
de cara a las situaciones que motivaron su solicitud de traslado.
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03735-00
Demandante: Luis Gabriel López Daza
Demandado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
manifestaciones que estimaran pertinentes. Ese mismo día, la funcionaria informó
sobre su preferencia por el Juzgado 18 Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Cartagena.
4. Mediante Resolución 64 del 29 de mayo de 2025, el Tribunal accionado concedió
el traslado solicitado por la señora Luisa al Juzgado 18 Penal Municipal con Función
de Control de Garantías de Cartagena. Contra esa decisión, el accionante interpuso
recurso de reposición y, en subsidio, apelación, los cuales fueron declarados
improcedentes a través de la Resolución 65 del 6 de junio de 2025.
5. El demandante alegó que tales actos vulneraron sus derechos fundamentales, por
cuanto: (i) no se le concedió un término razonable para ejercer su derecho de
defensa frente a la solicitud de traslado; (ii) la decisión de conceder el traslado
adolece de motivación y se dictó con desviación de finalidad; y, (iii) se consideró
erróneamente la improcedencia de los recursos, pese a que la decisión recurrida
modificó una situación jurídica consolidada.
6. En cuanto al primer reproche, señaló que la solicitud de traslado le fue remitida por
correo electrónico el 23 de mayo de 2025 a las 5:13 p.m., por lo que debía entenderse
notificada al día hábil siguiente, esto es, el 26 de mayo. Sin embargo, el término para
pronunciarse fue fijado hasta esa fecha, desconociendo la Ley 2213 de 2022, según
la cual la notificación electrónica se entiende surtida dos días hábiles después de su
envío. En consecuencia, el plazo para pronunciarse debió haber iniciado el 29 de
mayo de ese mismo año y debió otorgarse un mínimo de cinco (5) días hábiles para
ejercer su derecho de defensa, conforme lo establecido en el artículo 291 del CGP.
No obstante, reprochó que el acto administrativo que concedió el traslado fue
expedido ese mismo día, sin haberse concedido siquiera un (1) día para ejercer sus
derechos de defensa y contradicción.
7. Todo lo anterior, pese a que, de forma previa, le habían sido otorgadas las
vacaciones para ser disfrutadas desde el 1° de julio de 2025, lo que implica una
afectación directa a sus derechos laborales y a su estabilidad en el cargo que
ocupaba en provisionalidad, pues su desvinculación lo obligaría a retornar al cargo
de carrera que ostenta como secretario del Tribunal Superior del Distrito de Santa
Marta, sin derecho a vacaciones durante los próximos dos años.
8. Afirmó que el traslado solicitado por la señora Luisa no obedeció a una inminente
situación de riesgo, sino que fue utilizado para evitar su salida del servicio. Ello,
debido a que, antes de presentar la solicitud de traslado, aquella ya tenía
conocimiento de la aceptación del traslado de otro funcionario al cargo que ésta
ocupaba en provisionalidad, lo cual implicaba su inminente desvinculación. Por tanto,
considera que existió una desviación en la finalidad del acto que concedió el traslado.
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Demandante: Luis Gabriel López Daza
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9. Agregó que la solicitud de amparo es necesaria para evitar la configuración de un
perjuicio irremediable, toda vez que la señora Luisa se posesionaría el 9 de junio de
2025, lo que conduciría a la pérdida del cargo que el actor ocupaba en
provisionalidad, afectando su derecho al trabajo y al mínimo vital, además de que
perdería las vacaciones previamente autorizadas.
10. En ese sentido, las pretensiones están orientadas a que se deje sin efectos los
actos administrativos cuestionados, así como se ordene el pago de las prestaciones
sociales, vacaciones y demás derechos laborales suspendidos como consecuencia
del traslado que calificó como irregular.
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
11. Mediante auto del 19 de junio de 2025, se inadmitió la demanda, para que la parte
actora procediera a su corrección, en tanto no había claridad sobre la acción u
omisión a la que pretendía atribuirse la afectación de los derechos invocados, ni lo
pretendido con la solicitud de amparo.
12. Una vez subsanada, por auto del 17 de julio de 2025, se dispuso: (i) admitir la
acción de tutela; (ii) notificar de su presentación al Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena; (iii) vincular, en calidad de terceros con interés, a la señora
Luisa, a la Unidad de Administración de Carrera Judicial y a las Direcciones
Seccionales de Administración Judicial de Cartagena y Santa Marta; (iv) decretar
como pruebas los documentos allegados con anterioridad a la admisión de la
demanda; (v) negar las demás solicitudes de vinculación, de pruebas y la medida
provisional deprecada; y (vi) comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.
13. Durante el trámite de tutela, se rindieron los siguientes informes:
(i) Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena3
14. Señaló que el traslado de la servidora Luisa no fue caprichoso o arbitrario, sino
que se fundamentó en estudio de seguridad realizado por el Director de la Oficina de
Asesoría para la Seguridad de la Rama Judicial.
15. Indicó que, en acatamiento a lo previsto en el artículo 6°4 del Acuerdo PCSJA17-
10754 de 2017, la solicitud de traslado fue tramitada con un carácter preferente.
16. Adujo que, en garantía del debido proceso administrativo, la corporación
estableció que, en los trámites de traslado, la solicitud debe ser puesta en
3 Intervención digital contenida en 6 folios.
4 “Las peticiones de traslado por razones de seguridad deberán estar revestidas de un trámite preferencial, de
manera que se le garantice al servidor judicial, además de las medidas de protección, el cumplimiento de sus
funciones en condiciones seguras.”
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Demandante: Luis Gabriel López Daza
Demandado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
conocimiento del servidor que se encuentre ocupando el cargo solicitado. No
obstante, aclaró que esta actuación no tiene como finalidad impedir o negar el
traslado, sino garantizar que, de ser necesario, se adopten medidas afirmativas en
favor del servidor saliente para salvaguardar sus derechos fundamentales. Sin
embargo, precisó que tales medidas no pueden consistir en la negativa de conceder
el traslado, sino en otras que beneficien al servidor saliente, sin afectar a quien
solicita el traslado.
17. En ese sentido, sostuvo que el hecho de que el accionante no haya presentado
observaciones frente al traslado no invalida la actuación administrativa, puesto que:
(i) no constituye un requisito previsto en las normas que rigen el trámite de los
traslados; (ii) tratándose de un traslado por razones de seguridad, donde la vida de
un servidor corre peligro, no puede oponerse razón alguna; y (iii) la comunicación
previa solo busca conocer la situación del servidor que se ve afectado con el traslado,
a efectos de adoptar medidas afirmativas si a ello hubiere lugar, que no pueden
materializarse en la negativa del traslado, ya que la normativa no contempla una
causal de rechazo, ni alguna consecuencia jurídica asociada a la falta de
pronunciamiento.
18. Aseveró que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de subsidiariedad,
toda vez que el actor tiene a su alcance el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para controvertir los actos administrativos objeto de
reproche y tampoco se acreditó la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
19. En lo que respecta al disfrute de las vacaciones, manifestó que cuando se trata
de un traslado por motivos de seguridad, este no puede suspenderse ni denegarse
por razones de esa índole, so pena de comprometer la integridad del servidor que
pide el traslado. En cualquier caso, señaló que no se agotó la vía administrativa
frente a la alegada afectación en el goce de las vacaciones, lo cual impidió que la
administración se pronunciara al respecto.
20. Finalmente, recalcó que el nombramiento del accionante como Juez 18 Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cartagena fue en
provisionalidad, por lo que no ostentaba derechos de carrera que debieran ser
garantizados.
(ii) Luisa5
21. Sostuvo que, contrario a lo expuesto por el actor, su solicitud de traslado fue
elevada ante el Consejo Superior de la Judicatura el 7 de abril de 2025, es decir, con
anterioridad a la fecha en que tuvo conocimiento de la solicitud de traslado
presentada por otro servidor al cargo que aquella venía desempeñando en
provisionalidad, pues ello solo le fue informado hasta el 28 de abril siguiente, cuando
5 Intervención digital contenida en 9 folios.
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Demandante: Luis Gabriel López Daza
Demandado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
ya había radicado su solicitud.
22. Con fundamento en lo anterior, manifestó que no es cierto que su solicitud haya
sido caprichosa o motivada por intereses ocultos relacionados con el traslado de
aquel servidor. Aclaró que su petición obedeció a una amenaza seria y real en su
contra, proveniente de una organización criminal, en razón a casos que conoció
como Juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías en la ciudad donde
reside y es ampliamente reconocida. Por esa razón, consideró que no solo se
encontraba en riesgo como funcionaria pública, sino también su familia, y
especialmente, su hijo menor, por lo que decidió solicitar el traslado a Cartagena. Lo
anterior, afirmó, encuentra respaldo en la denuncia radicada ante los entes
competentes, en los informes presentados por el personal asignado a su esquema
de seguridad, los actos administrativos emitidos por la Unidad Nacional de
Protección -UNP-, así como en la amenaza directa por parte de la referida
organización criminal, entre otras cosas.
23. Señaló que el 23 de mayo de 2025, el Tribunal Superior del Distrito de Cartagena
le informó que avocó conocimiento sobre su solicitud de traslado y que se correría
traslado a los jueces 18 y 21 Penales Municipales con Funciones de Control de
Garantías de Cartagena, a fin de que se pronunciaran sobre el particular. No
obstante, resaltó que el tutelante guardó silencio, a diferencia de la Juez 21 Penal
Municipal, quien presentó observaciones, informando que se encontraba en periodo
de lactancia.
24. En relación con la alegada afectación al mínimo vital, arguyó que no se encontraba
acreditada, en tanto el mismo actor reconoció ostentar el cargo de secretario en
propiedad de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito de Santa Marta. Por ende,
no quedó cesante, ni privado de ingresos, ya que regresó a su cargo de carrera, por
lo que continuó devengando salario y los demás emolumentos percibidos por la
prestación del servicio. Agregó que su periodo de vacaciones no se ve afectado,
pues puede ser disfrutado en cualquier tiempo.
25. Respecto a la unidad familiar, aseguró que este derecho no se vulneró en forma
alguna, ya que el accionante es oriundo de Santa Marta y allí tiene su cargo en
propiedad, donde reside con su familia. Además, destacó que el demandante no
gozaba de estabilidad laboral reforzada, pues el cargo que ocupaba era en
provisionalidad.
26. Conforme lo expuesto, solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela,
así como su desvinculación del proceso, en tanto no se acreditó la vulneración
alegada.
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Demandante: Luis Gabriel López Daza
Demandado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
(iii) Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santa Marta6
27. Informó que desde el año 2011 el señor López Daza se encuentra vinculado en
propiedad en la Secretaría del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta.
28. Por otra parte, adujo que la solicitud de amparo carece de subsidiariedad, en tanto
la controversia ventilada debe ser debatida ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo, máxime cuando no se probó la ocurrencia de un perjuicio
irremediable.
29. Asimismo, solicitó su desvinculación del trámite de tutela, toda vez que no es el
llamado a responder por la presunta transgresión de los derechos objeto de reclamo,
toda vez que el trámite de traslado estuvo a cargo del nominador, quien pertenece a
otra Seccional, el Consejo Seccional de la Judicatura y la Unidad de Administración
de Carrera Judicial.
(iv) Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cartagena7
30. Pidió ser desvinculada del proceso, dado que no incurrió en ninguna acción u
omisión que comporte una vulneración a los derechos fundamentales invocados por
el accionante.
(v) Unidad de Administración de Carrera Judicial8
31. Solicitó su desvinculación de la acción de tutela, en tanto la decisión sobre los
nombramientos de los servidores corresponde al nominador, sin que el Consejo
Superior de la Judicatura tenga injerencia alguna. Señaló que tales actos gozan de
presunción de legalidad y para desvirtuarla corresponde acudir a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.
32. Aclaró que si bien tiene a su cargo la expedición del concepto previo de traslado,
este no es vinculante para la autoridad nominadora, pues la decisión de conceder o
no el traslado es de su exclusiva competencia y, en caso favorable, al servidor
aceptar dicha designación.
33. Posteriormente, el accionante presentó una “solicitud de reconsideración” en
contra del auto admisorio, la cual fue rechazada por improcedente, mediante auto
del 5 de agosto de 2025.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
C. Cuestión previa
6 Intervención digital contenida en 6 folios.
7 Intervención digital contenida en 3 folios.
8 Intervención digital contenida en 3 folios.
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Demandante: Luis Gabriel López Daza
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
34. La Sala no accederá a las solicitudes de desvinculación propuestas por los
terceros, ya que todas las entidades tuvieron alguna incidencia en la actuación
administrativa que dio lugar a los actos administrativos objeto de reproche y, en esa
medida, les asiste un interés para intervenir en el presente trámite.
35.En cuanto a la funcionaria Luisa también se negará la solicitud de desvinculación,
por cuanto podría verse directamente afectada con la decisión que adopte el juez
constitucional en caso de un eventual amparo, dado que lo que se pretende es dejar
sin efectos el acto a través del cual le fue concedido el traslado que solicitó.
D. Caso concreto
36. Esta Subsección declarará la improcedencia de la solicitud de amparo por no
satisfacer el presupuesto general de procedencia atinente a la subsidiariedad.
37. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
únicamente procede cuando el accionante no dispone de otro medio de defensa,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un
perjuicio irremediable9. Por lo tanto, para que el juez constitucional estudie una
solicitud de amparo, el interesado debió haber agotado todos los mecanismos -
idóneos y eficaces- que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para remediar la
situación que amenaza o lesiona sus derechos. De lo contrario, la tutela deviene
improcedente.
38. Tratándose de la acción de tutela contra actos administrativos, la Corte
Constitucional ha indicado que la excepcionalidad del recurso de amparo se torna
especialmente estricta, en tanto no es el mecanismo idóneo para atacarlos ya que,
por su propia naturaleza, se encuentran amparados por el principio de legalidad,
pues se parte del presupuesto de que la administración, al momento de manifestarse
a través de un acto, debe acatar las prerrogativas constitucionales y legales a las
que se encuentra subordinada. De allí que la legalidad de un acto administrativo se
presuma, obligando a demostrar a quien pretende controvertirlo que aquel se apartó,
sin justificación alguna, del ordenamiento jurídico, debate que se debe adelantar ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo10.
39. En esa línea, la jurisprudencia constitucional11 ha señalado que, por regla general,
la improcedencia de la acción de tutela contra actos administrativos obedece a: (i) la
existencia de mecanismos judiciales ordinarios previstos por el legislador para
9 La noción de perjuicio irremediable ha sido definida como un riesgo cierto y real de daños provenientes de la
amenaza o violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegar a producirse no tendría ninguna manera
de ser reparado, esto es, diferente a la mera indemnización del perjuicio. Por ende, ante tales hipótesis, es
necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela.
10 Corte Constitucional, Sentencia T -332 de 2018.
11 Corte Constitucional, Sentencia T-253 de 2020, MP. Gloria Stella Ortiz Delgado.
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03735-00
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
controvertir las actuaciones de la administración; (ii) la presunción de legalidad que
las cobija; y (iii) la posibilidad de adoptar medidas cautelares a fin de proteger y
garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.
40. Sin perjuicio de lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha establecido que, aun
en el evento en que concurran otros medios de defensa, existen dos excepciones
que justifican la procedibilidad de la acción de tutela: (i) la falta de idoneidad y eficacia
del instrumento de defensa y; (ii) cuando siendo idóneo y eficaz, éste no impide la
ocurrencia de un perjuicio irremediable. En esta última hipótesis el mecanismo de
amparo constitucional procede como mecanismo transitorio.
41. En el caso bajo estudio, el accionante acudió al juez de tutela con el propósito de
controvertir las resoluciones 64 y 65 del 29 de mayo y 6 de junio de 2025, por medio
de las cuales la autoridad accionada concedió el traslado solicitado por la señora
Luisa al cargo que ocupaba en provisionalidad el actor y declaró improcedentes los
recursos que interpuso contra esa decisión.
42. La Sección Segunda de esta corporación ha precisado que cuando se nombra un
servidor en un cargo que venía ocupando otro en provisionalidad, esto implica para
este último un acto tácito de insubsistencia, susceptible de control a través de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho12.
43. Así las cosas, se hace evidente que el actor tiene a su disposición dicho medio de
control, como instrumento judicial idóneo y eficaz, para ventilar la controversia
suscitada en sede de tutela. Esto, por cuanto, además de permitirle debatir la
presunción de legalidad de los actos acusados y obtener el restablecimiento integral
de los derechos presuntamente vulnerados a causa de su expedición, también le
ofrece la posibilidad de solicitar, en cualquier estado del proceso, la suspensión
provisional de los actos enjuiciados o la adopción de cualquier otra medida que
considere necesaria para garantizar -provisionalmente- el objeto del proceso.
44. No obstante, la parte actora no ha ejercido el mecanismo señalado, ni ofreció
alguna razón que justifique su abstención. A lo que se suma que tampoco acreditó
la existencia de un perjuicio irremediable que active la posibilidad de intervención del
juez de tutela.
45. Si bien en los casos de desvinculación de trabajadores, la Corte Constitucional13
ha admitido la procedencia excepcional del mecanismo de amparo, esta solo se
habilita cuando el empleado se encuentre en entornos de vulnerabilidad manifiesta,
que le otorguen una estabilidad laboral reforzada y que haga necesaria la adopción
12 Al respecto, ver, entre otras, otras, las sentencias del 4 de noviembre de 2021 (exp. 25000-23-42-000-2013-
01558-02, C. P. Carmelo Perdomo Cuéter), 5 de mayo de 2022 (exp. 25000-23-42-000-2013-04276-01, C. P.
César Palomino Cortés) y 1 de junio de 2023 (exp. 25000-23-25-000-2012-00982-02, C.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar).
13 Sentencia T-849 de 2010, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03735-00
Demandante: Luis Gabriel López Daza
Demandado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
de medidas urgentes para evitar un perjuicio irremediable. Sin embargo, el
accionante no alegó ni acreditó encontrarse en alguna situación particular que lleve
a considerar que ostenta la condición de sujeto de especial protección constitucional
o que debía haberse adoptado alguna medida afirmativa a su favor.
46. Aunque la Corte14 también ha reconocido una estabilidad laboral relativa a los
servidores que ocupan cargos de carrera en provisionalidad, para su protección se
requiere acreditar la existencia de un trato discriminatorio o arbitrario, lo que no
ocurrió en este caso, ya que el actor ni siquiera expuso alguna situación ante su
nominador que lo obligara a evaluar la adopción de medidas afirmativas en su favor.
47. Cabe resaltar que si bien el actor cuestionó el término concedido para
pronunciarse sobre el traslado, lo cual, a su juicio, le impidió “ejercer sus derechos
de defensa y contradicción”, se constató que otra funcionaria, que se encontraba en
idénticas condiciones, si logró presentar observaciones dentro del mismo plazo. En
todo caso, la finalidad de esa comunicación era evaluar la posibilidad de adoptar
medidas afirmativas en caso de ser procedentes a favor del servidor saliente, sin que
las eventuales objeciones representaran la negativa en el traslado.
48. Tampoco se probó el perjuicio alegado en relación con el mínimo vital, ya que el
actor continúa vinculado al servicio en su cargo en propiedad como secretario del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, por lo que, en caso de optar
por regresar a este, tiene la posibilidad de conservar un salario y unas prestaciones
sociales.
49. Aun cuando no se desconoce que el cambio de un cargo a otro puede generar un
menoscabo cuando existe una reducción en el salario, ese hecho por sí solo no
resulta suficiente para acreditar una afectación al mínimo vital, sino que es necesario
demostrar que los ingresos mensuales resultan insuficientes para cubrir las
necesidades básicas, lo que se echa de menos en esta oportunidad.
50. En todo caso, aceptar que cualquier afectación económica derivada de una
desvinculación en provisionalidad habilite automáticamente la intervención del juez
constitucional, conduciría a desnaturalizar la acción de tutela, pues implicaría la
indebida intromisión en un asunto que se presume legal, en tanto no ha sido objeto
de control ante el juez natural, máxime en casos como este, en los cuales la
desvinculación no condujo de forma automática que la persona quedara cesante o
en estado de necesidad.
51. Finalmente, la Sala considera oportuno recordar que el accionante se encontraba
ocupando un cargo en provisionalidad, vinculación que, dada su naturaleza, es de
carácter excepcional y transitorio. Por tanto, al momento de su aceptación en el
cargo, conocía el carácter de su nombramiento y que no gozaba de una estabilidad
14 Al respecto, ver sentencias T-063 de 2022 y T-253 de 2023, entre otras.
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03735-00
Demandante: Luis Gabriel López Daza
Demandado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
laboral absoluta, sino relativa, que únicamente opera frente a sujetos en una
situación de debilidad manifiesta. Y, aún si se encontrara en esa condición, ello
tampoco implicaría una permanencia indefinida en el cargo, sino la necesidad de
adoptar medidas afirmativas, las cuales, se reitera, tampoco fueron reclamadas ante
el nominador.
52. Por lo expuesto en precedencia, la Sala declarará la improcedencia de la acción
de tutela.
53. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación planteadas por los terceros.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional solicitado.
TERCERO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE15
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
15 VF
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