Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-03746-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-03746-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2025-03746-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
7 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., siete (07) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03746-01
Accionante: Yeimy Andrea Vargas Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Putumayo
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación interpuesta contra la sentencia dictada el 21 de
agosto de 2025 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de tutela
El 13 de junio de 20251, la señora Yeimy Andrea Vargas Gómez, en ejercicio de la
acción de tutela2 y en nombre propio, así como en representación de su hija menor
T.O.V.3, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia, por considerar que el Tribunal
Administrativo de Putumayo vulneró tales garantías al haber incurrido en una
dilación injustificada para resolver el recurso de apelación presentado contra la
sentencia de primera instancia dentro del proceso de reparación directa No. 86001-
33-31-001-2016-00117-01.
2. Hechos
2.1. La accionante manifestó que tanto ella como su compañero permanente fueron
obligados a colaborar con un grupo armado al margen de la ley, bajo amenazas de
muerte, situación que los puso en grave riesgo y vulnerabilidad.
1
Índice 2 de SAMAI del expediente No. 76001-23-33-000-2025-03746-00, certificado 6A6133676D056689
D3FC6FF5417AD7F4 5D7BCA0D65EE4905 A308A1C51BA6F24F.
2
Índice 2 de SAMAI del expediente No. 76001-23-33-000-2025-03746-00, certificado DE5DECE1EFCD856B
211AB8174958D3AB FC7E1778CFA62602 5050B3021CD1502D.
3
En atención al principio del interés superior del menor y a los derechos fundamentales a la intimidad y al hábeas data
consagrados en el artículo 15 de la Constitución Política, la Corte Constitucional ha establecido que, en los procesos donde
intervienen niños, niñas o adolescentes, debe preservarse su identidad mediante la supresión de nombres completos o el uso
de iniciales (Sentencia C-748 de 2011), con el fin de evitar su exposición indebida y garantizar la reserva de su información
personal.
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03746-01
Accionante: Yeimy Andrea Vargas Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Putumayo
2.2. En enero de 2014, la señora Yeimy Andrea Vargas Gómez aportó información
de relevancia estratégica que permitió el desarrollo de un operativo militar exitoso
en contra de miembros del mencionado grupo armado ilegal.
2.3. Como consecuencia de la colaboración prestada a las autoridades, la
accionante manifestó que durante el operativo efectuado el 16 de enero de 2014
perdió la vida su compañero permanente. Posteriormente, el 4 de junio del mismo
año, su madre fue víctima de un ataque armado que le ocasionó la muerte. Indicó
en su demanda de tutela que ambos hechos tuvieron origen en la falta de medidas
de protección adecuadas por parte del Estado, pese a las advertencias formuladas
y al riesgo que afrontaba su núcleo familiar.
2.4. Por estos hechos4, la señora Yeimy Andrea Vargas Gómez promovió un
proceso de reparación directa, identificado con el radicado No. 86001-33-31-001-
2016-00117-00, en contra del Ministerio de Defensa Nacional, el Ejército Nacional,
la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de que se
declarara la responsabilidad patrimonial del Estado por la presunta omisión en la
adopción de medidas adecuadas para salvaguardar la vida e integridad personal de
su compañero permanente y de su madre.
2.5. El conocimiento del proceso correspondió al Juzgado Primero Administrativo
de Mocoa, que, mediante sentencia del 8 de octubre de 2020, declaró responsable
a la Nación – Ejército Nacional por la muerte del compañero permanente de la
demandante y lo condenó al pago de perjuicios morales a favor de la señora Vargas
Gómez y de sus hijos L.T.O.V. y Y.D.S.V., así como al reconocimiento de perjuicios
materiales en la modalidad de lucro cesante.
2.6. En la misma providencia, el despacho judicial exoneró de responsabilidad a las
demás entidades demandadas y negó las pretensiones relacionadas con el
fallecimiento de la madre de la accionante.
2.7. Inconformes con la decisión, tanto la parte demandante como el Ejército
Nacional interpusieron recurso de apelación.
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Lo que se expondrá a continuación se sustenta no solo en los relatos de la parte actora, sino que se complementa con el
examen del expediente correspondiente al proceso ordinario.
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03746-01
Accionante: Yeimy Andrea Vargas Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Putumayo
2.8. El Juzgado Primero Administrativo de Mocoa concedió el recurso y ordenó
remitir el expediente al Tribunal Administrativo de Nariño.
2.9. Posteriormente, el Tribunal Administrativo de Nariño dispuso enviar el
expediente al Tribunal Administrativo del Putumayo, que avocó conocimiento del
proceso el 15 de julio de 2024.
3. Fundamentos de la acción de tutela
La parte demandante expuso que, aunque el Tribunal Administrativo del Putumayo
asumió el conocimiento del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de
primera instancia el 15 de julio de 2024, dentro del proceso de reparación directa
No. 86001-33-31-001-2016-00117-01, a la fecha no se ha proferido decisión de
segunda instancia.
4. Pretensiones de la acción de tutela
La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:
“[…]
Sírvanse honorables magistrados a TUTELAR los derechos fundamentales al ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DEBIDO PROCESO vulnerados por Honorable
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO Despacho del Honorable Magistrado
MARCO ANTONIO MUÑOZ MERA con ocasión de la mora judicial injustificada en la
expedición del fallo de segunda instancia dentro del medio de control de reparación directa de
radicado 86001333100120160011701.
Como consecuencia de la declaración anterior, ORDENAR que en el término máximo de
veinte (20) días proceda a emitir el fallo de segunda instancia, dando PRELACIÓN al asunto,
teniendo en cuenta las circunstancias especiales que nos acreditan como Sujetos de especial
protección dentro de este trámite. […].”5 (Negrillas y mayúsculas en el escrito de tutela).
5. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición
5.1. Por auto del 176 de junio de 2025, el despacho de primera instancia admitió la
acción de tutela y ordenó notificar, en calidad de demandados, a los magistrados
del Tribunal Administrativo de Putumayo. De igual forma, dispuso vincular, como
terceros con interés en el trámite, al Ministro de Defensa Nacional, al Comandante
del Ejército Nacional, al Director General de la Policía Nacional, al Fiscal General
de la Nación y al señor Yerson David Silva Vargas, quien actuó como demandante
5
Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado DE5DECE1EFCD856B 211AB8174958D3AB
FC7E1778CFA62602 5050B3021CD1502D, folios 7 y 8.
6
Índice 4 de Samai del expediente de tutela digital de primera instancia.
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Sentencia de segunda instancia
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Accionante: Yeimy Andrea Vargas Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Putumayo
dentro del proceso identificado con el radicado No. 86001-33-31-001-2016-00117-
00/01.
5.1.1. Posteriormente, por auto del 287 de julio de 2025, la Sala de primera instancia
precisó que, durante la sesión de decisión, no fue posible alcanzar la mayoría
requerida para la aprobación del proyecto de sentencia. En consecuencia, ordenó
a la Secretaría efectuar el sorteo de un conjuez, conforme con las disposiciones
aplicables, con el fin de integrar la Sala y proceder a la adopción del fallo
correspondiente.
5.1.2. Dicho sorteo se realizó el 30 de julio de 2025 y resultó designado Humberto
Aníbal Restrepo Vélez. No obstante, la Sala precisó que, debido a la modificación
en su integración tras la posesión de la consejera Claudia Rodríguez Velázquez -el
12 de agosto de 2025-, el conjuez sería reemplazado conforme a lo dispuesto en el
artículo 17 del Decreto 1265 de 1970.
5.2. El magistrado ponente del Tribunal Administrativo del Putumayo8 solicitó
declarar improcedente la acción de tutela o, en subsidio, negar las pretensiones
formuladas. Fundamentó su posición en que no existe mora judicial injustificada ni
la inminencia de un perjuicio irremediable.
5.2.1. Explicó que el proceso de reparación directa se tramitó inicialmente ante el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa, el cual profirió sentencia de
primera instancia el 8 de octubre de 2020, decisión que fue apelada por ambas
partes.
5.2.2. Indicó que el 22 de abril de 2021 el Tribunal Administrativo de Nariño solicitó
el expediente, y el 22 de junio de 2022 admitió el recurso de apelación.
5.2.3. Señaló que, en virtud del Acuerdo PCSJA23-12125 del 19 de diciembre de
2023, el Consejo Superior de la Judicatura creó el Tribunal Administrativo del
Putumayo y que, el 4 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo de Nariño remitió
el expediente. Precisó que el 15 de julio de 2024 su despacho avocó conocimiento
del proceso e informó a la parte actora que el expediente ocupaba el turno número
45 para dictar sentencia de segunda instancia.
7
Índice 15 de Samai del expediente de tutela digital de primera instancia.
8
Índice 8 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 8137F82EABF7E3BC 903E1DF350B13117
12E9D9F43D70E733 0AC4A794B49476D4.
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Sentencia de segunda instancia
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Accionante: Yeimy Andrea Vargas Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Putumayo
5.2.4. Manifestó que no se configura mora judicial injustificada, dado que el tiempo
transcurrido antes de la remisión del expediente no es imputable a su despacho.
Afirmó que el trámite se ha desarrollado conforme al orden cronológico y dentro de
parámetros razonables, y que no procede otorgar prelación al caso al no existir un
criterio legal que lo habilite.
5.2.5. Finalmente, expuso que su despacho afronta una carga de más de 358
procesos activos y cuenta únicamente con el apoyo de una profesional
especializada y una auxiliar judicial. Pese a la congestión estructural del sistema
judicial, afirmó que se han adelantado actuaciones diligentes dentro de las
capacidades disponibles.
5.3. La Fiscalía General de la Nación9 solicitó que se declarara improcedente la
acción de tutela, al considerar que no se encuentra acreditada la mora judicial
alegada por la parte demandante. Expuso que no se advierte dilación atribuible a la
falta de diligencia del despacho judicial ni omisión sistemática alguna en el
cumplimiento de sus deberes funcionales.
5.3.1. Igualmente, pidió ser desvinculada del trámite constitucional, al carecer de
legitimación en la causa por pasiva, dado que no tiene competencia respecto de los
trámites internos de los despachos judiciales. En tal sentido, sostuvo que la acción
de tutela se fundamenta en una presunta inactividad judicial atribuible al Tribunal
Administrativo del Putumayo y no a la Fiscalía, por lo cual no existe nexo causal
entre su actuación institucional y el perjuicio alegado por la parte accionante.
5.4. El Ministerio de Defensa – Ejército Nacional10 manifestó que debe declararse
improcedente la acción de tutela promovida por la parte demandante, al estimar que
no se configura mora judicial injustificada en la emisión del fallo de segunda
instancia dentro del proceso de reparación directa.
5.4.1. Explicó que la supuesta demora se originó en una redistribución estructural
derivada de la creación del Tribunal Administrativo del Putumayo, el cual avocó
conocimiento del proceso el 15 de julio de 2024 y le asignó el turno 45. En
9
Índice 9 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 79704F631962455A 20F544BAF6886D5E
805369D954CDAC9C 1C8498DA33379CF3.
10
Índice 11 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 1A9D6213915CF6F1 AAC193D8E8E0FF1B
5830A43EE7D37BA9 17A86787AF5186F0.
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03746-01
Accionante: Yeimy Andrea Vargas Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Putumayo
consecuencia, señaló que no resulta procedente alterar el orden de turnos
establecido para la decisión del asunto.
5.5. El señor Yerson David Silva Vargas11 solicitó el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la
señora Yeimy Andrea Vargas Gómez, al considerar que la demora en la decisión
del recurso de apelación dentro del proceso de reparación directa vulnera sus
garantías constitucionales.
6. Fallo de tutela de primera instancia
El 21 de agosto de 2025, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, declaró la carencia
actual de objeto por hecho superado, al constatar que el 14 de agosto de 2025 el
Tribunal Administrativo del Putumayo profirió sentencia de segunda instancia dentro
del proceso de reparación directa No. 86001-33-31-001-2016-00117-01, decisión
que fue notificada a las partes el 15 del mismo mes y año. La Sala precisó que, con
la emisión de dicha providencia, cesaron las circunstancias que originaron la acción
de tutela por presunta mora judicial injustificada, motivo por el cual resultó inocuo
un pronunciamiento de fondo.
7. Razones de la impugnación
Inconforme con la decisión, la parte accionante presentó escrito de impugnación 12,
en el que expuso los siguientes argumentos:
7.1. Expresó que la sentencia de primera instancia del 21 de agosto de 2025,
incurrió en un error al concluir que el Tribunal Administrativo del Putumayo ya no
afectaba los derechos fundamentales alegados, al haber dictado sentencia el 14 de
agosto de 2025 dentro del proceso de reparación directa radicado No. 86001-33-
31-001-2016-00117-01, sin constatar si la providencia contaba con ejecutoria.
7.2. Indicó que el 15 de agosto de 2025 se formuló una solicitud de aclaración y
corrección sobre dos aspectos del fallo: (i) la última letra del nombre de la
demandante Yeimy Andrea Vargas Gómez; y (ii) la ausencia del reconocimiento
11
Índice 10 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado C23E8BB53A7A4450 E2447C9E831B3220
E08C8ADF2E1F38A7 90DF902448CC1A62.
12
Índice 31, certificado DCC0E5C2E66D3008 157EB5C08B76419B AED28EE3E6104E75 46ACC445FCCA05C6, ibid.
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explícito de perjuicios morales en la parte resolutiva, pese a que en la parte motiva
se ratificó la condena impuesta en primera instancia.
7.3. Señaló que la solicitud de aclaración y corrección fue presentada de manera
formal ante el Tribunal el 18 de agosto de 2025, con el propósito de evitar
confusiones en la etapa de cumplimiento de la sentencia, toda vez que la falta de
precisión podría generar dificultades en la tasación de los perjuicios morales y
materiales.
7.4. Afirmó que, mientras la autoridad judicial no resuelva la petición radicada,
persiste la vulneración alegada, dado que la efectividad del amparo constitucional
depende de la existencia de una sentencia debidamente ejecutoriada, condición
necesaria para materializar sus derechos frente a las entidades responsables.
Añadió que la falta de pronunciamiento oportuno mantiene afectación a los derechos
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
8. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia
Mediante auto del 12 de septiembre de 202513 el a quo concedió la impugnación.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política, 32
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado
080 de 2019, esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada
en contra del fallo proferido el 21 de agosto de 2025 por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
del 21 de agosto de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
que declaró improcedente la acción tuitiva.
13
Índice 35 de SAMAI, certificado 664DD75D62D54339 870556884916A19B B87C1B4777930D7A BDC6A2B36C397A70,
ibid.
8
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3. Carencia actual de objeto
El Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia14, ha indicado que la carencia
actual de objeto se configura cuando frente a las pretensiones esbozadas en la
acción de tutela cualquier orden emitida por el juez sería inane. Específicamente,
esta figura tiene lugar cuando se presenta un daño consumado15, un hecho
superado16 o una situación sobreviniente17.
3.1. Hecho superado en el caso concreto
3.1.1. De acuerdo con el escrito de impugnación y con los elementos de juicio
recaudados durante el trámite constitucional, la accionante, Yeimy Andrea Vargas
Gómez, alegó la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, por cuanto el Tribunal Administrativo del
Putumayo habría incurrido en mora judicial injustificada dentro del proceso de
reparación directa identificado con el radicado 86001-33-31-001-2016-00117-01, en
la medida en que, pese al tiempo transcurrido desde que avocó conocimiento del
asunto, no había proferido la sentencia de segunda instancia correspondiente.
3.1.2. Al analizar el expediente digital del proceso ordinario de reparación directa,
esta Sala constató que la demanda fue presentada ante los Juzgados
Administrativos de Mocoa y asignada al Juzgado Primero Administrativo del Circuito
de Mocoa, que mediante sentencia del 8 de octubre de 2020 accedió parcialmente
a las pretensiones. Contra dicha decisión interpusieron recurso de apelación tanto
la parte demandante como la Nación – Ejército Nacional.
14
Se toma de la sentencia T-038 de 2019.
15
Se da cuando se materializa la afectación que se pretendía evitar con la acción de tutela, de tal manera que el juez no
puede emitir una orden al respecto, con el fin de hacer que cese la vulneración o impedir que se consume el peligro. Sobre el
asunto, consultar la sentencia SU-225 de 2013, dictada por la Corte Constitucional.
16
Tiene cabida entre el momento de interposición de la acción de tutela y el fallo. Se apercibe cuando, como consecuencia
del obrar de la accionada, cesó la vulneración de derechos fundamentales alegada por el accionante. Se configura si se
realizó la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó la afectación, por lo que resulta inocua cualquier
intervención del juez constitucional en aras de proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha garantizado.
Sobre los casos en que cesó la vulneración de derechos fundamentales ver las sentencias de la Corte Constitucional T-970
de 2014, T-597 de 2015, T-669 de 2016, T-021 de 2017, T-382 de 2018, entre otras. En lo relacionado con la terminación de
la afectación, el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 establece: “[s]i, estando en curso la tutela, se dictare resolución,
administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud
únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
17
El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por las distintas Salas de Revisión. Es una categoría
que ha demostrado ser de gran utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud cobija casos que
no se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño consumado y hecho superado. El hecho sobreviniente remite a
cualquier “otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda
de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío”. No se trata entonces de una categoría homogénea y
completamente delimitada. A manera de ilustración, la jurisprudencia ha declarado un hecho sobreviniente cuando: (i) el actor
mismo es quien asume la carga que no le correspondía para superar la situación vulneradora; (ii) un tercero –distinto al
accionante y a la entidad demandada– ha logrado que la pretensión de la tutela se satisfaga en lo fundamental; (iii) es
imposible proferir alguna orden por razones que no son atribuibles a la entidad demandada; o (iv) el actor simplemente pierde
interés en el objeto original de la Litis. Al respecto consultar la SU-522 de 2019, así como las sentencias T-988 de 2007, T-
585 de 2010, T-200 de 2013, T-481 de 2016, entre otras.
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3.1.3. Por auto del 3 de marzo de 2021, el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Mocoa concedió el recurso de apelación y ordenó remitir el expediente
al Tribunal Administrativo de Nariño, que mediante providencia del 22 de junio de
2022 admitió dicho recurso. Posteriormente, en virtud del Acuerdo PCSJA23-12125
del 19 de diciembre de 2023, el Consejo Superior de la Judicatura dispuso la
creación del Tribunal Administrativo del Putumayo, razón por la cual el 4 de junio de
2024 el Tribunal de Nariño envió el expediente a esa nueva corporación, la cual
asumió el conocimiento del asunto el 15 de julio de 2024 e informó que el proceso
ingresó al despacho para fallo el 27 de agosto del mismo año.
3.1.4. La Sala advierte que, durante el trámite del presente amparo, la accionante
presentó escritos de impulso procesal los días 12 de marzo y 18 de julio de 2025,
en los cuales solicitó la emisión de la sentencia de segunda instancia, sin obtener
un pronunciamiento definitivo. Sin embargo, se verificó que el 14 de agosto de 2025
el Tribunal Administrativo del Putumayo profirió la sentencia de segunda instancia,
notificada a las partes el 15 del mismo mes y año. En ese contexto, la Sala concluye
que se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, puesto que la
autoridad judicial accionada dictó la decisión cuya demora se cuestionaba, lo que
permitió que desapareciera la situación que dio origen a la interposición de la acción
de tutela.
Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU-274 de 201918, reiteró que
“ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a
la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud pierde
su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y
expedito de protección judicial”. Ello se justifica en que al desaparecer el supuesto
de hecho que motivó la presentación de la solicitud, cualquier determinación por el
juez constitucional sería inocua y no atendería el objetivo de esta acción consagrado
en el artículo 86 de la Constitución Política.
3.1.5. De igual manera, esta Subsección comparte la decisión del a quo en cuanto
a negar la solicitud de desvinculación elevada por la Fiscalía General de la Nación.
En efecto, no resulta procedente acceder a dicha petición, toda vez que la entidad
fue vinculada al trámite constitucional en calidad de tercero interviniente, por haber
actuado como parte demandada dentro del proceso de reparación directa.
18
M. P. José Fernando Reyes Cuartas.
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3.1.6. En atención a lo señalado, esta Subsección confirmará la improcedencia del
amparo por carencia actual de objeto por hecho superado, pues no le atañe al juez
de tutela proferir una orden en este asunto en particular, dado que las circunstancias
planteadas inicialmente en el escrito de tutela se cesaron.
3.2. Sobre los argumentos nuevos expuestos en el escrito de impugnación
3.2.1. La Sala advierte que los planteamientos introducidos por la accionante en el
escrito de impugnación incorporan aspectos que no fueron objeto de debate en la
demanda de tutela ni en el trámite surtido ante el juez de primera instancia, pues la
controversia se limitó a establecer la presunta mora judicial atribuible al Tribunal
Administrativo del Putumayo en la emisión de la sentencia de segunda instancia del
proceso de reparación directa radicado 86001-33-31-001-2016-00117-01. En
consecuencia, los nuevos hechos referidos a la aclaración o corrección del fallo
constituyen una alteración del marco procesal y una mutación del problema jurídico
originalmente propuesto, razón por la cual su estudio resulta improcedente.
3.2.2. Atender tales planteamientos implicaría desconocer el principio de
congruencia procesal y vulnerar el derecho de defensa del extremo pasivo, quienes
no tuvieron oportunidad de pronunciarse ni controvertirlos. Por tanto, la Sala se
abstiene de valorarlos, al considerar que hacerlo afectaría las garantías procesales
de las partes vinculadas y desbordaría los límites constitucionales del debate, en
detrimento de la estabilidad e inmutabilidad del problema jurídico delimitado en la
primera instancia.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 21 de agosto de 2025, proferida
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
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Accionante: Yeimy Andrea Vargas Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Putumayo
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes por el
medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejera de Estado Consejero de Estado
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