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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03756-00

Fecha
4 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03756-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Deniégase la solicitud de desvinculación presentada por la directora jurídica de la UGPP. SEGUNDO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela promovida por la señora Flor María Guzmán de Godoy. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-03756-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

4 de septiembre de 2025

Demandante: Flor María Guzmán de Godoy
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03756-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03756-00
Demandante: FLOR MARÍA GUZMÁN DE GODOY
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN C

Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en ejercicio de
la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución y de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

Mediante escrito radicado el 13 de junio de 2025, la señora Flor María Guzmán de
Godoy, por conducto de apoderado, interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, con el fin de que
le sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad
social, al mínimo vital, a la igualdad y a «la protección especial de las personas de
la tercera edad».

Estimó quebrantadas tales garantías constitucionales con ocasión de la sentencia
del 19 de febrero de 2025, que revocó el fallo del 1º de julio de 2021, a través del
cual el Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá había ordenado
seguir adelante con la ejecución, para en su lugar, declarar probada la excepción
de pago formulada por la entidad demandada, dentro del proceso ejecutivo con
radicado 11001-33-35-012-2019-00371-001, promovido por la accionante contra la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social, UGPP.

En concreto, solicitó a esta Corporación:

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Demandante: Flor María Guzmán de Godoy
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03756-00

1. Se amparen a la Accionante, FLOR MARÍA GUZMÁN DE GODOY, C.C.
20.285.129, sus derechos fundamentales al Debido Proceso (Art. 29 C.N.) y a la
Seguridad Social (Art. 48 C.N.), conforme a las causales de procedibilidad de la
Acción de Tutela contra Sentencias, decantadas por la Corte Constitucional en
reiterados pronunciamientos o precedentes constitucionales, al igual que por la
Honorable Corte Suprema de Justicia y por el Honorable Consejo de Estado.

2. Como consecuencia del anterior amparo constitucional, se revoque la Sentencia
del 19 de febrero de 2025 del Tribunal Administrativo De Cundinamarca, Sección
Segunda-Subsección “C”, notificada el 21 de febrero de 2025, MP. DR. Samuel José
Ramírez Poveda, dentro del Proceso De Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho No.
11001333501220190037101, Demandante: FLOR MARÍA GUZMÁN DE GODOY,
C.C. 20.285.129, Entidad Demandada: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP, y, en su lugar, se ordene al Tribunal Accionado –
Sección Segunda-Subsección “C”, proferir otra Sentencia, accediendo a las
pretensiones formuladas en el libelo introductorio de la demanda ejecutiva, en un
término no superior a veinte (20) días, contados a partir de la notificación del Fallo de
Tutela que así lo disponga, en donde:

A. Se establezca que el Título Ejecutivo se conforma por:

• Copia de las sentencias del 21 de octubre de 2015 proferida por el Juzgado Doce
Administrativo de Bogotá y 17 de mayo de 2017 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
• Constancia de ejecutoria en la que se informa que la anterior providencia quedó en
firme a partir del 21 de junio de 2017
• Petición de cumplimiento de la sentencia radicada en la UGPP el 18 de enero 2018
• Certificado de salarios y prestaciones certificados de devengos y deducidos
los años 1996 у 1997 (ff.96-97) y (fl.185).

B. Se siga adelante con la Ejecución por las sumas que resulten de las diferencias
33433602 de mesadas no pagadas desde 31 de octubre de 2009 y hasta la ejecutoria
Bogotá D. C. de la sentencia, conforme a las Sentencia proferida por El Juzgado Doce
Administrativo de Bogotá y confirmada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, y conforme a lo expuesto en la parte motiva del auto que libró
mandamiento de pago de fecha 24 de septiembre de 2020 del Juzgado Doce
Administrativo De Oralidad De Bogotá Sección Segunda.1

1.2. Hechos

La accionante narró los siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala,
resultan relevantes para la decisión que se va a adoptar en el presente asunto:

Mencionó que nació el 1º de julio de 1941 y prestó sus servicios al estado por más
de 31 años, razón por la cual la extinta Caja de Previsión Nacional, Cajanal, le
reconoció la pensión de vejez mediante la Resolución No. 15198 del 2 de
septiembre de 1997.

Afirmó que, pese a lo anterior, la entidad no incluyó en la liquidación todos los
factores salariales que percibió en el último año de servicios, según lo dispuesto en
la Ley 33 de 1985.

Destacó que el 30 de octubre de 2012 solicitó la reliquidación de su pensión, la cual
fue negada a través de la Resolución 008426 del 22 de febrero de 2013, confirmada
por las Resoluciones RDP 16523 y RDP 19945 del 12 y 30 de abril de 2013,

1
Trascripción literal del original con posibles errores.

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Demandante: Flor María Guzmán de Godoy
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C
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respectivamente.

Indicó que promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra
de las anteriores decisiones, cuyo conocimiento le correspondió al Juzgado Doce
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, autoridad que accedió parcialmente
a las pretensiones del medio de control bajo sentencia del 21 de octubre de 2015.

Explicó que en esa providencia se declaró la nulidad de los actos administrativos
demandados y se ordenó a la UGPP que reliquidara su pensión de vejez en cuantía
equivalente al 75% del promedio mensual del total devengado durante el último año
anterior a la fecha de retiro del servicio, esto es, entre el 30 de diciembre de 1996 y
el 31 de diciembre de 1997, incluyendo factores salariales como la prima de
servicios, prima de vacaciones y prima de navidad, los cuales estaban debidamente
certificados.

Además, resaltó que esta liquidación debía realizarse a partir del 1º de enero de
1998 con efectos fiscales a partir del 31 de octubre de 2009, en la medida en que
las mesadas anteriores ya habían prescrito.

Finalmente, se dispuso que la entidad debía pagarle las diferencias de las mesadas
pensionales resultantes entre los valores que reconoció inicialmente y los que debía
reconocer de acuerdo con la reliquidación ordenada.

Resaltó que esta sentencia fue confirmada parcialmente por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, mediante fallo
del 17 de mayo de 2017.

Lo anterior, en el sentido de precisar que las primas de servicios, de vacaciones y
de navidad debían ser incluidas en la base de liquidación pensional en doceavas
partes; asimismo, para que advertir que la entidad debía hacer el descuento de los
aportes a seguridad social correspondientes a los factores salariales sobre los
cuales no se hubiera efectuado la deducción legal, en la proporción que
correspondiera.

Expuso que a través de petición del 18 de julio de 2017, solicitó a la UGPP el
cumplimiento de la sentencia, pero dicha institución emitió la Resolución 35035 del
11 de septiembre del mismo año, en la que declaró la imposibilidad de acatar el
fallo.

Añadió que esta determinación fue reiterada en la Resolución 019945 del 30 de
mayo de 2018, bajo el argumento de que al reliquidar la pensión de vejez no podía
incluirse la prima de vacaciones.

Precisó que dicho acto administrativo fue confirmado a través de la Resolución
025907 del 4 de julio de 2018.

Manifestó que mediante auto ADP 005955 del 21 de agosto de 2018, la UGPP
dispuso la práctica de pruebas con el fin de que la accionante y la Fiscalía General
de la Nación certificaran haber percibido la prima de vacaciones durante el último
año de servicios.

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Demandante: Flor María Guzmán de Godoy
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Aseguró que, en todo caso, la entidad emitió la Resolución RDP 037811 del 18 de
septiembre de 2018, en la que afirmó dar cumplimiento a las sentencias ordinarias,
pero no incluyó la totalidad de lo devengado en el último año anterior al retiro.

Al respecto, sostuvo que no se tuvo en cuenta la totalidad de las primas de
vacaciones que devengó, puesto que fueron tres períodos debidamente causados
y pagados en el año 1997.

Adujo que, ante la renuencia de la entidad en el pago total de la obligación, presentó
demanda ejecutiva con el fin de que se ordenara a la UGPP la cancelación de las
sumas que no fueron incluidas en la resolución antes referida.

Informó que el Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,
mediante auto del 24 de septiembre de 2020, libró mandamiento de pago en contra
de la demandada para que en el término de 5 días cumpliera con la condena
impuesta en las sentencias objeto de ejecución.

Expuso que, contra esa determinación, la UGPP presentó recurso de reposición y
formuló las excepciones de pago, prescripción y caducidad.

Relató que, no obstante, el juzgado profirió sentencia el 1º de julio de 2021, en la
que declaró no probadas tales excepciones, ordenó seguir adelante con la
ejecución, dispuso la práctica de la liquidación del crédito y condenó en costas a la
ejecutada.

En criterio de la autoridad judicial, aunque la entidad afirmó haber dado
cumplimiento a los fallos por medio de la Resolución RDP 037811 del 18 de
septiembre de 2018, no aportó prueba alguna de la satisfacción de la obligación ya
que no allegó un certificado que estableciera la fecha en que realizó la consignación
efectiva de los dineros adeudados.

Expresó que la UGPP apeló esta decisión insistiendo en que ya había acatado las
sentencias ordinarias a través de la precitada resolución.

Sostuvo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, mediante providencia del 19 de febrero de 2025, revocó el fallo de
primera instancia y declaró probada la excepción de pago formulada por la entidad.

Para el efecto, a través de la Oficina de Contadores delegados para la Sección
Segunda de esa corporación, efectuó la liquidación de los valores que debían ser
cancelados por la UGPP de acuerdo con los lineamientos expuestos en el fallo
condenatorio, es decir, teniendo como IBL el 75% de los factores salariales
percibidos por la demandante en su último año de servicios, según las
certificaciones aportadas al expediente.

Al realizar el cálculo respectivo, concluyó que no existía diferencia alguna con el
monto de la mesada pensional reconocida por la entidad en la Resolución RDP
037811 del 18 de septiembre de 2018, así que no había diferencias pensionales
adeudadas, razón suficiente para revocar la decisión apelada y declarar probada la

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excepción de pago.

1.3. Sustento de la vulneración

A juicio de la parte actora, con la providencia de segunda instancia se incurrió en
defecto fáctico por indebida valoración probatoria, así como en violación directa de
la Constitución.

Frente al primer aspecto, recordó que en la sentencia que accedió a las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, se dispuso
que la reliquidación de la pensión debía realizarse en cuantía equivalente al 75%
del promedio mensual del total devengado durante el último año anterior a la fecha
de retiro del servicio.

Consideró que esa expresión no hace exclusión de algún tipo, por lo que debió
incluirse la prima de vacaciones independientemente de si la Fiscalía General de la
Nación certificó o no su pago, ya que fue causada en años anteriores y cancelada
en el año 1997, anterior a su retiro.

Aseveró que la Oficina de Contadores delegados para la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca no incluyó en la liquidación la totalidad de
lo devengado durante el último año de servicios, lo que le resta validez al documento
que sirvió de fundamento a la autoridad judicial para declarar probada la excepción
de pago.

Recalcó que la sentencia del proceso ordinario constituía un título complejo que no
solo estaba conformado por su parte resolutiva, sino por los certificados emitidos
por la Oficina de Tesorería de la Fiscalía General de la Nación, en el que se
indicaron los pagos realizados durante 1996 y 1997, y que sí fueron tenidos en
cuenta por el juzgado de primera instancia al ordenar seguir adelante con la
ejecución, ya que allí se desglosaron cada uno de los factores pagados por el
empleador.

Por tal motivo, incluyó una tabla con los valores que, en su criterio, sí muestran la
existencia de una diferencia en las mesadas reconocidas por la UGPP y las que
debieron ser realmente liquidadas.

En cuanto al segundo cargo, relativo a una violación directa de la Constitución, se
limitó a invocar el desconocimiento (i) de los artículos 4, 13, 29, 46, 48 y 53 del a
Carta Política y (ii) del precedente del Consejo de Estado y del propio Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que en su criterio sí cumplieron a cabalidad con
el deber de ejecución de las sentencias.

Frente a este último punto, únicamente citó apartes de la sentencia T-048 de 2019
de la Corte Constitucional, así como una providencia (sin indicar fecha) emitida por
la Sección Cuarta de esta corporación dentro del radicado 25000-23-27-000-2011-
00178-01 (19250), relacionadas con el cumplimiento de los fallos judiciales.

1.4. Trámite, contestaciones e intervenciones

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Mediante auto del 20 de junio de 2025 se inadmitió la acción de tutela con el fin de
que se aportara el poder debidamente conferido al abogado que representa a la
accionante.

Cumplido el anterior requerimiento, a través de proveído del 9 de julio de 2025 se
admitió la solicitud de amparo y se ordenó notificar a los magistrados que integran
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en
calidad de demandados.

Así mismo, se vinculó al juez Doce Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y
a la UGPP, en atención al interés que le asiste en las resultas del presente trámite
constitucional.

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.4.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C

El magistrado ponente de la decisión cuestionada afirmó que dicha providencia se
emitió conforme a la normativa aplicable al caso concreto.

Expresó que la determinación allí adoptada fue realizada con fundamento en las
pruebas aportadas al expediente y con respeto de las garantías de las partes.

Afirmó que sus conclusiones se basaron en la liquidación efectuada por los
contadores adscritos a la Sección Segunda de esa corporación, quienes informaron
que no existía diferencia alguna entre las mesadas reconocidas por la UGPP y el
valor a pagar según lo resuelto en la sentencia que servía de título ejecutivo.

Consideró que no se configuraba causal alguna que hiciera viable la acción de tutela
contra providencias judiciales, por lo que solicitó que se declare la improcedencia
de la solicitud de amparo.

1.4.2. UGPP

La directora jurídica y apoderada de la entidad, solicitó que se denieguen las
pretensiones y se le desvincule del presente trámite constitucional.

Aseguró que la parte actora pretende sustituir al juez natural de la causa, pese a
que la decisión de declarar probada la excepción de pago fue acertada.

Manifestó que esta decisión está ajustada al ordenamiento jurídico y no puede ser
catalogada como vía de hecho, por el simple hecho de estar en desacuerdo con la
determinación adoptada por la autoridad judicial accionada.

Recalcó que el tribunal ya resolvió el litigio respetando el principio de doble
instancia, sin que sea posible advertir la vulneración de las garantías invocadas por
la tutelante.

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Argumentó que no se cumplen los requisitos generales ni específicos de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ni se encuentra
acreditada la existencia de un perjuicio irremediable que amerite la intervención del
juez constitucional, sumado a la imposibilidad de acudir a esta vía para reclamar
prestaciones económicas negadas en sede ordinaria.

1.4.3. Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá

La autoridad judicial se limitó a enviar copia digital del expediente ordinario.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Cuestión previa

La directora jurídica y apoderada de la UGPP solicitó que se desvincule a la entidad
del presente trámite constitucional.

Sin embargo, se precisa que su vinculación se realizó como tercero, debido al
interés que le asiste en las resultas del asunto de la referencia por conformar el
extremo demandado en el proceso ejecutivo objeto de controversia.

En tal sentido, como la decisión que se adopte en esta sentencia puede afectar a
esta institución, la sala denegará su solicitud de desvinculación.

2.3. Problema jurídico

Corresponde en este caso determinar si, tal y como lo argumenta la parte actora, la
autoridad judicial demandada desconoció sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la seguridad social, al mínimo vital, a la igualdad y a «la protección
especial de las personas de la tercera edad».

Lo anterior, con ocasión de la sentencia del 19 de febrero de 2025, que revocó el
fallo del 1º de julio de 2021, a través del cual el Juzgado Doce Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá había ordenado seguir adelante con la ejecución, para
en su lugar, declarar probada la excepción de pago formulada por la entidad
demandada, dentro del proceso ejecutivo con radicado 11001-33-35-012-2019-
00371-001, promovido por la accionante contra la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de
la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales;
ii) los requisitos adjetivos de procedibilidad; y finalmente, de encontrarse superados
se estudiará, iii) el fondo del reclamo.

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2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20122, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203),
han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a
que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que
impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea relevante
constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez, y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia
objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los
derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad

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M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

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o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se
atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de
la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva – Relevancia
constitucional

En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que la Corte
Constitucional, en la sentencia SU-215 de 2022, explicó que, dado que las
sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial «(...) el juez de tutela debe
limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados
por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de
la providencia reprochada».

En ese sentido, el alto tribunal constitucional consideró que la tutela implica un juicio
de validez y no una corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede
utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones
probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez
natural.

A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente
legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para verificar
si se supera esta exigencia, los cuales son:

(...) (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

En el asunto que ocupa a la sala, la parte actora controvierte la sentencia emitida el
19 de febrero de 2025, que revocó el fallo del 1º de julio de 2021, a través del cual
se había ordenado seguir adelante con la ejecución, para en su lugar, declarar
probada la excepción de pago formulada por la entidad demandada, dentro del
proceso ejecutivo con radicado 11001-33-35-012-2019-00371-001, promovido por
la accionante contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.

En síntesis, su inconformidad radica en que la autoridad judicial no haya tenido en
cuenta que tanto la liquidación realizada por la UGPP, como la efectuada por la

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Demandante: Flor María Guzmán de Godoy
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03756-00

Oficina de Contadores delegados para la Sección Segunda del tribunal accionado,
no incluía la totalidad de lo devengado durante el año anterior a su retiro del servicio.

Con base en lo anterior, planteó la configuración de un defecto fáctico, ya que debió
incluirse la prima de vacaciones que fue causada en años anteriores y que
finalmente devengó en 1997, tal y como obraba en los certificados emitidos por la
Oficina de Tesorería de la Fiscalía General de la Nación.

A su vez, alegó la violación directa de la Constitución y el desconocimiento del
precedente de una providencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado,
que en su criterio establecen el deber de cumplimiento de los fallos judiciales.

A partir de lo expuesto, para la sala es evidente que el asunto carece de relevancia
constitucional puesto que lo pretendido por la parte actora es reabrir el debate que
ya se agotó al interior del proceso ejecutivo respecto de las sumas de dinero que
debían ser incluidas en la reliquidación de su pensión, a partir de una inconformidad
con la valoración probatoria realizada por la autoridad judicial en segunda instancia.

En efecto, los argumentos planteados por la parte actora coinciden con los mismos
que ya fueron objeto de estudio tanto por el Juzgado Doce Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, como por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C en la sentencia censurada, que no son otros que
la presunta liquidación irregular realizada por la UGPP al no incluir en su pensión
de vejez la prima de vacaciones que, según su dicho, recibió en 1997.

Así, frente a este aspecto, el tribunal accionado comparó la liquidación realizada por
la entidad y la elaborada por la Oficina de Contadores de la Sección Segunda de
esa corporación, a partir de la cual no encontró diferencia alguna que hiciera
pertinente seguir adelante con la ejecución. De hecho, explicó por qué se apartaba
de la postura asumida en primera instancia, en los siguientes términos:

La Sala advierte que entre la liquidación efectuada por el a quo y la realizada por esta
Corporación existen varias discrepancias respecto a los valores tomados de los
factores salariales incluidos en el IBL de la pensión, por lo que se procederá a explicar
factor por factor.

Frente a la asignación básica, prima de servicios y prima de navidad, no hay
divergencia entre las citadas liquidaciones, ya que en ambas se incluyó la totalidad
percibida por tal concepto durante el último año de servicios por tal razón.

En cuanto a la Bonificación por servicios, prima de vacaciones y prima de
nivelación, el a quo, tomó valores muy superiores a los efectivamente certificados
por la entidad y que fueron devengados por la ejecutante en el ultimo año laborado,
esto es, del 30 de diciembre de 1996 al 31 de diciembre de 1997, para calcular el
ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación.

Por consiguiente, se tiene que la entidad ejecutada al momento de dar cumplimiento
a las órdenes impartidas en los fallos objeto de recaudo, dio estricto cumplimiento a
lo dispuesto en dichas providencias.

En ese orden de ideas, encuentra la Sala que la Resolución N°RDP037811 del 18 de
septiembre de 2018, fue expedida por la entidad con apego a lo ordenado en las
sentencias condenatorias, en consideración a que se reliquidó la pensión con los
factores salariales devengados en el último año de servicio y con los valores
debidamente certificados.

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Demandante: Flor María Guzmán de Godoy
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Sección Segunda, Subsección C
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Por lo tanto, no cabe duda que lo pretendido por la señora Guzmán de Godoy es
convertir este mecanismo en una instancia adicional al proceso ejecutivo para
reabrir el debate abordado por el juez natural, con el fin de que se realice
nuevamente la liquidación de su pensión de vejez.

En este caso, la autoridad judicial ya definió la controversia y estableció que,
contrario a lo alegado por la accionante, la UGPP sí tuvo en cuenta la totalidad de
los valores devengados durante el año anterior al retiro del servicio, con base en las
certificaciones aportadas al expediente.

Por lo tanto, no es admisible que la accionante pretenda volver sobre la misma
discusión ante el juez de tutela, con la intención de lograr una decisión distinta que
sí sea favorable a sus intereses, a partir de argumentos que no denotan un debate
que trascienda el ámbito legal y económico, y que conlleve a un estudio de índole
constitucional.

Esto quiere decir que el estudio propuesto por la parte actora no podía centrarse en
reiterar los planteamientos que propuso justamente en el proceso, sino que era
necesario que expusiera argumentos que denotaran la existencia de una afectación
desproporcionada a un derecho fundamental producto de una actuación arbitraria
de la autoridad accionada, máxime si se tiene en cuenta que este mecanismo
constitucional no puede ser considerado como una instancia adicional al medio de
control que promovió.

Así pues, en criterio de la Sala, la accionante no cumplió con la carga ius
fundamental requerida para superar el requisito de relevancia constitucional, toda
vez que sus reproches están dirigidos a que se modifique el raciocinio del juez del
proceso ejecutivo tras no estar de acuerdo con lo decidido, más allá de sugerir
alguna discusión que justifique razonablemente la presunta vulneración de sus
garantías.

Además, aunque la señora Guzmán de Godoy invocó la violación de ciertos
artículos de Constitución Política y citó apartes de algunas sentencias del Consejo
de Estado y la Corte Constitucional, no explicó de manera clara y concreta en qué
consistía la presunta transgresión de las disposiciones superiores, ni las reglas o
subreglas contenidas en las decisiones que, en su criterio, fueron desconocidas por
la autoridad accionada, o su incidencia en la providencia finalmente emitida por el
juzgador de segunda instancia.

Es oportuno señalar que en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022 la
Corte Constitucional puntualizó que para determinar si un asunto ventilado tiene
relevancia constitucional se debe analizar si la solicitud de amparo trasciende la
mera «inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales» y que
dicho enfoque impide que la tutela sea utilizada indebidamente para debatir
«asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial».

En este orden de ideas, el tutelante no expuso planteamientos que permitan
considerar, prima facie, que su caso amerita algún pronunciamiento adicional, por

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lo que se declarará la improcedencia de la acción por no cumplir el requisito en
cuestión.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: Deniégase la solicitud de desvinculación presentada por la directora
jurídica de la UGPP.

SEGUNDO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela promovida por la
señora Flor María Guzmán de Godoy.

TERCERO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, remítase el expediente
el día siguiente a la ejecutoria de esta providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto
2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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