Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03780-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03780-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-03780-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
14 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Paipa, catorce (14) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03780-00
Accionante: ALBA LUCÍA JARAMILLO JARAMILLO Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C
Temas: Tutela contra providencia judicial — reparación directa por
ejecución extrajudicial — ampara — flexibilidad probatoria del
conteo del término de caducidad en casos de responsabilidad
del Estado por graves afectaciones de los derechos humanos.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra de la Subsección C de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Lo anterior, de
conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia
con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de
2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
Por auto del 7 de julio de 20252, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia3.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. Las señoras Alba Lucía Jaramillo Jaramillo, María Resfa Jaramillo
Jaramillo, María Doralba Jaramillo Jaramillo y los señores Norbey Andrés
Castrillón Jaramillo, Hernando Antonio Jaramillo Jaramillo, Donaldo de Jesús
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 11 Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionada a la
Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Asimismo, se
dispuso la vinculación de: (i) la señora Elda Rosa Jaramillo Jaramillo; (ii) el señor Nelson de Jesús
Jaramillo Jaramillo; (iii) el Juzgado 60 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá; y (iv) la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los términos del artículo 610 del Código
General del Proceso.
3 Por medio del auto de 18 de junio de 2025 (Índice 5 Samai), se inadmitió la solicitud de amparo
para que el abogado Juan Esteban Montoya Hincapié allegara el poder especial para actuar como
apoderado judicial de ciertos accionantes.
1
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Accionante: Alba Lucía Jaramillo Jaramillo y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C
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Jaramillo Jaramillo, actuando por medio de apoderado judicial4, presentaron
acción de tutela en contra de la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca. Con la solicitud de amparo pretenden la
protección de sus derechos fundamentales a la reparación integral, al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.
2. Las anteriores garantías constitucionales las estimaron vulneradas con
ocasión de la providencia del 7 de noviembre de 2024, proferida por el tribunal
accionado. Mediante esta decisión se confirmó el auto del 7 de septiembre de
2023, dictado por el Juzgado 60 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,
que rechazó la demanda del medio de control de reparación directa identificado
con el radicado 11001-33-43-060-2023-00230-00/01, al considerar que operó el
fenómeno jurídico de la caducidad.
3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1. Se amparen los derechos fundamentales al acceso a la justicia, reparación
integral, contenidos en la Carta Política y los Tratados Internacionales de
Derechos Humanos.
2. Que en consecuencia se revoque auto del 07 de noviembre de 2025
proferido en el medio de control de reparación directa con radicado
11001334306020230023001 por la Subsección C- Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Magistrado Andrew Julián
Martínez Martínez.
3. Se ordene a la Subsección C- Sección Tercera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, emitir, dentro de un plazo razonable, un nuevo auto que
sea garante de los derechos fundamentales alegados y de las obligaciones
internacionales del Estado contenidas en los tratados internacionales sobre
Derechos Humanos ratificados por Colombia. (Sic)
1.2. Hechos
4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
siguiente manera:
5. El 28 de julio de 2023, la parte actora interpuso demanda de reparación
directa contra de la Nación — Ministerio de Defensa Nacional — Ejército
Nacional, con el fin de que se declarara administrativamente responsable por los
perjuicios materiales y morales causados debido a la ejecución extrajudicial del
señor Juan Guillermo Jaramillo Jaramillo5.
6. Al medio de control se le asignó el radicado 11001-33-43-060-2023-00230-
00 y le fue repartido al Juzgado 60 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.
Esta autoridad judicial, por medio del auto del 7 de septiembre de 2023, rechazó
la demanda al considerar que operó el fenómeno jurídico de la caducidad.
4 Poder especial conferido al profesional del derecho Juan Esteban Montoya Hincapié.
5 El homicidio ocurrió el 23 de febrero de 2005, en el municipio de Ituango (Antioquia).
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7. Sostuvo que, de conformidad con la sentencia de unificación del Consejo
de Estado del 29 de enero de 20206, el término para interponer la demanda se
debe contabilizar desde el momento en que ocurrió el evento dañoso, por cuanto
los demandantes tuvieron conocimiento de la intervención del Ejército Nacional
en el homicidio de la víctima directa desde el 23 de febrero de 2005.
8. Inconformes con la decisión, los accionantes presentaron recurso de
apelación. Indicaron que se desconocieron las reglas jurisprudenciales sobre la
imprescriptibilidad y el conteo del término de caducidad en casos en los que se
invoque un daño derivado de delitos de lesa humanidad, contenidas en la
sentencia SU-167 de 2023 proferida por la Corte Constitucional. En particular,
hicieron énfasis en la flexibilización que debió realizar el juzgado referido debido
a que hubo circunstancias que constituyeron, en su caso, barreras para acceder
a la administración de justicia7.
9. Al respecto, pusieron de presente que los ocultamientos a la verdad por
parte del Ejército Nacional no fueron superados, sino hasta que, a través de la
Jurisdicción Especial para la Paz (en lo sucesivo JEP), se enteraron de que
mediaba confesión de los involucrados en la ejecución extrajudicial del señor
Juan Guillermo Jaramillo Jaramillo8.
10. La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por auto del 7 de noviembre de 2024, confirmó el rechazo de la
demanda al concluir que, conforme al artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 y la
jurisprudencia que ha fijado el Consejo de Estado9, el conteo del término de
caducidad para interponer el medio de control de reparación directa inicia desde
que se advierte la posibilidad de imputar la responsabilidad al Estado.
11. Precisó que, desde el día del homicidio, es decir, desde el 23 de febrero
de 2005, la parte actora tuvo conocimiento del daño, en atención a que dos días
después la señora María Resfa Jaramillo Jaramillo denunció las circunstancias
en la que su hijo fue aprehendido por miembros del Ejército Nacional el día de su
muerte10. Igualmente, resaltó que los demandantes no acreditaron haber
6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia del 29 de enero de 2020, M.P.
Martha Nubia Velásquez Rico, Rad. No. 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61033).
7 Ver numeral 17 de la presente providencia.
8 Hicieron énfasis a dos momentos relevantes en los que recibieron información por parte de la
JEP: (i) llamada telefónica del 14 de diciembre de 2021, mediante la cual se les informó que
mediaba confesión de algunos de los involucrados; y (ii) respuesta del 13 de abril de 2023 a la
solicitud de acreditación de víctimas, en la que les notificaron la Resolución No. 737 del 23 de
febrero de 2023, mediante la cual se reconoció la calidad de víctima de la señora María Resfa
Jaramillo Jaramillo y les brindaron acceso al expediente de uno de los militares.
9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia del 29 de enero de 2020, M.P.
Martha Nubia Velásquez Rico, Rad. No. 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61033).
10 Escrito de tutela (índice 2 de Samai): «miembros del Ejército Nacional en horas de la
madrugada ingresaron violentamente a su vivienda ubicada en la vereda Las Camelias del
corregimiento Santa Rita, en el municipio de Ituango, departamento de Antioquia, y en presencia
de su familia procedieron llevárselo por la fuerza, para luego asesinarlo, después de haber puesto
suficiente distancia para no ser observados».
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padecido algún tipo de imposibilidad para acceder a la administración de justicia
con anterioridad.
12. Adicionalmente, afirmó que las diligencias que se adelantaron ante la JEP
no inciden en el término de caducidad, debido a que «los demandantes tenían
conocimiento con anterioridad a dicho trámite de las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en las que se presentó el deceso de su familiar y, por lo tanto, la
contabilización del plazo para la presentación oportuna de la demanda debe
efectuarse desde el acaecimiento del hecho dañoso».
13. Por lo expuesto, concluyó que la fecha límite para interponer el medio de
control de reparación directa era el 24 de febrero de 2007.
1.3. Sustento de la vulneración
14. La parte actora indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en el
defecto por desconocimiento del precedente judicial y por violación directa de la
Constitución, debido a que fueron desconocidas diversas providencias proferidas
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) y la
sentencia SU-167 de 2023 dictada por la Corte Constitucional.
15. Al respecto, expuso que el tribunal no analizó los precedentes de la Corte
11
IDH que, además de ser vinculantes para Colombia, establecen que no se
puede sancionar con caducidad a las víctimas de graves violaciones de derechos
humanos.
16. Por otro lado, sostuvo que la providencia controvertida desconoció los
criterios de interpretación fijados por la Corte Constitucional en la sentencia SU-
167 de 2023, en relación con la caducidad del medio de control de reparación
directa en casos de ejecuciones extrajudiciales. En concreto, hizo énfasis en que
no se tuvieron en cuenta las dificultades para acceder a la administración de
justicia a raíz de las barreras y ocultamientos efectuados por el Ejército Nacional,
pese a que lo pusieron de presente en el recurso de apelación contra la decisión
de primera instancia.
17. Destacó que durante el trámite penal ocurrieron las siguientes
particularidades que le impidieron contar con la posibilidad material de imputar la
responsabilidad al Estado con anterioridad: (i) la autoridad demandada ratificaba,
por medio de declaraciones e informes oficiales, que el señor Juan Guillermo
Jaramillo Jaramillo había muerto en combate12; (ii) el expediente se incineró el
29 de diciembre de 2007 mientras estaba en conocimiento del Juzgado 28 Penal
11 Sentencia del 29 de noviembre de 2018, caso Órdenes de Guerra vs Chile; y, Sentencia del 23
de septiembre de 2021, caso Familia Julien Grisonas vs Argentina.
12 Ante la justicia penal militar y la ordinaria, los miembros del Batallón Contraguerrillas No. 80 de
la Brigada Móvil No. 11 sostuvieron y aportaron material de guerra para acreditar que en el
desarrollo de la orden de operaciones «Espada» y la misión táctica «Flanco» dieron de baja en
combate a un miembro de la FARC identificado como Juan Guillermo Jaramillo Jaramillo.
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Militar13; (iii) el proceso lo conoció el Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de
Ituango14 y no fue sino hasta agosto de 2018 que la Fiscalía 106 Especializada
en Derechos Humanos formuló la acusación; (iv) mediante providencia del 29 de
abril de 2019 el juzgado referido remitió el proceso a la Sala de Definición de
Situaciones Jurídicas de la JEP.
18. En ese orden, así como lo expuso en el recurso de apelación contra la
providencia del juzgado vinculado, insistió que no fue sino hasta el 13 de abril de
202315 que tuvo acceso al expediente de la JEP en el que mediaba confesión de
uno de los militares acusados.
19. Finalmente, frente al cargo de violación directa de la Constitución,
consideró que, por haber omitido el análisis anterior, la Subsección C de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró sus
garantías constitucionales a la reparación integral, al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia.
1.4. Intervenciones
20. Juzgado 60 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá. Consideró
que no ha vulnerado derecho fundamental alguno de los accionantes. En
consecuencia, solicitó la desvinculación del presente trámite constitucional,
puesto que ninguna de las pretensiones fue formulada en su contra.
21. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C. Se limitó a realizar un recuento de las actuaciones judiciales
surtidas en el medio de control referido y a remitir el expediente del mismo.
II. CONSIDERACIONES
22. La Sala amparará los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y de acceso a la administración de justicia de la parte actora. Para ello,
se estudiará lo siguiente: (i) la superación de los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; y (ii) el
cumplimiento de los elementos establecidos jurisprudencialmente para la
configuración del defecto por desconocimiento del precedente judicial.
13 Autoridad judicial que a juicio de la parte actora omitió remitir oportunamente el expediente al
juez natural de la causa. La Sala destaca que la Corte Suprema de Justicia ha establecido
pacíficamente que, si el móvil del delito es la posible relación o nexo de la víctima con un grupo
armado ilegal esta conducta no puede concebirse como un acto del servicio de la Fuerza Pública.
Razón de peso para descartar que estos casos sean asumidos por la justicia militar. (Ver: Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia No. 31091 del 4 de mayo de 2011, M.P.
Julio Enrique Socha Salamanca)
14 Según el escrito de tutela, el proceso pasó al conocimiento de la jurisdicción ordinaria en el
2013.
15 Fecha en la que notificaron, al apoderado judicial de la parte actora, la Resolución No. 737 del
23 de febrero de 2023, mediante la cual se reconoció la calidad de víctima de la señora María
Resfa Jaramillo Jaramillo y les brindaron acceso al expediente de uno de los militares.
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2.1. Caso concreto
2.1.1. La solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales
23. El Consejo de Estado16 y la Corte Constitucional17, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales18 y a la configuración de algún
defecto especial19 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.
24. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
25. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo cumple
parcialmente con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como
pasa a exponerse.
26. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).
27. La Sala advierte que las señoras Alba Lucía Jaramillo Jaramillo, María
Resfa Jaramillo Jaramillo, María Doralba Jaramillo Jaramillo y los señores Norbey
Andrés Castrillón Jaramillo, Hernando Antonio Jaramillo Jaramillo y Donaldo de
Jesús Jaramillo Jaramillo, están legitimados en la causa por activa, porque fueron
la parte demandante dentro del medio de control en el que se dictó la providencia
que se reprocha mediante esta vía. Por otro lado, se evidencia que la Subsección
C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca está
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
17 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
18 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)
efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza.
19 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
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legitimada en la causa por pasiva por haber proferido la decisión reprochada
mediante el presente trámite constitucional.
28. Por último, el Juzgado 60 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,
solicitó la desvinculación del presente trámite constitucional al considerar que no
ha vulnerado ninguna garantía fundamental de la parte actora.
29. La Sección negará dicha petición, debido a que la autoridad referida no
fue vinculada a la acción de tutela en calidad de accionada, sino como tercero
con interés. Ello, al ser el juez que conoció, en primera instancia, del expediente
de reparación directa identificado con el radicado 11001-33-43-060-2023-00230-
00/01.
30. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional20, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.
31. En este caso, la parte actora formuló los siguientes cargos contra la
providencia objeto de estudio: i) desconocimiento del precedente judicial, y ii)
violación directa de la Constitución.
32. La Sala precisa que el reproche por desconocer las sentencias de la Corte
IDH21 y el cargo por violación directa de la Constitución no superan el requisito de
relevancia constitucional, por las siguientes razones:
33. Primero, frente al desconocimiento de las providencias mencionadas, la
Corte Constitucional tiene una postura reiterada frente al término de caducidad
del medio de control de reparación directa, en el sentido de no extender la
imprescriptibilidad de la acción penal a los procesos que buscan la reparación
patrimonial de las víctimas22. En ese orden, resulta evidente que se está
controvirtiendo y proponiendo una discusión que el máximo órgano constitucional
ya zanjó.
34. Segundo, respecto del cargo por violación directa de la Constitución los
20 Sentencia SU-215 de 2022.
21 Sentencia del 29 de noviembre de 2018, caso Órdenes de Guerra vs Chile; y, Sentencia del 23
de septiembre de 2021, caso Familia Julien Grisonas vs Argentina.
22 Corte Constitucional, Sentencia SU-312 de 2020.
7
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accionantes se limitaron a afirmar que la providencia del tribunal accionado
vulneró sus garantías constitucionales, sin que mediara algún argumento
tendiente a demostrar la incidencia material en sus derechos fundamentales, por
ende, no cuenta con la carga argumentativa mínima para ser estudiado de fondo.
35. No obstante, frente a la presunta configuración de un desconocimiento de
la sentencia SU-167 de 2023 de la Corte Constitucional, esta colegiatura
considera que este requisito se encuentra superado, por cuanto la parte actora
expuso cómo la omisión de aplicar las reglas de unificación jurisprudencial para
efectos del conteo de términos de la caducidad en el marco de crímenes de lesa
humanidad incide directamente en sus derechos fundamentales.
36. En particular, la parte demandante hizo referencia a que el tribunal
demandado, al momento de realizar el conteo del término para interponer la
demanda de reparación directa por la ejecución extrajudicial que sufrió el señor
Juan Guillermo Jaramillo Jaramillo, omitió analizar las barreras y ocultamientos a
los que se enfrentó que retrasaron la posibilidad material de imputarle la
responsabilidad al Estado (ver numeral 17 del presente fallo) a la luz de los
criterios de flexibilización que ha establecido el máximo tribunal constitucional.
37. Por ende, se advierte que las razones presentadas no comportan una
simple intención de revivir alguna de las etapas procesales ya zanjadas por el
juez del trámite ordinario, sino que estas reflejan una posible vulneración de sus
derechos fundamentales.
38. Se destaca que la providencia que declaró la caducidad del medio de
control se profirió antes de que se trabara la litis, aspecto que, sin lugar a duda,
encuentra una mayor relevancia para realizar un estudio de fondo, ya que se trata
de una duda legítima sobre la presunta vulneración de la garantía constitucional
de acceso a la administración de justicia, que ampara el derecho de toda persona
de solicitar ante los jueces competentes, la protección o el restablecimiento de
los derechos que consagran la Constitución y la Ley.
39. Asimismo, en anteriores oportunidades, esta Sección23 ha estudiado de
fondo las acciones de tutela en las que se reprochan decisiones judiciales
proferidas dentro de un proceso en el que se debatió sobre la comisión de una
ejecución extrajudicial, dada la relación que tienen estos asuntos con la posible
vulneración a los derechos humanos por parte del Estado.
40. Por tanto, de conformidad con lo expuesto y dada la naturaleza del asunto
que conoció el juez de lo contencioso administrativo, el presente litigio reviste
relevancia constitucional.
41. Subsidiariedad. La parte actora cumplió con este presupuesto, ya que no
23 Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencia del 20 de febrero de 2025. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. Radicado: 11001-03-15-
000-2025-00435-00.
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cuenta con otros mecanismos judiciales ordinarios ni extraordinarios para
controvertir la providencia que cuestiona mediante esta vía. Esto, debido a que,
por tratarse de un auto que confirma el rechazo de la demanda, no es susceptible
de recurso alguno.
42. Inmediatez. También se acredita este requisito sin que sea necesario
constatar la fecha de ejecutoria, pues el auto que se reprocha fue notificado por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 16 de diciembre de 2024. Es decir,
el actor promovió la acción de tutela24 dentro de los seis meses que estableció
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, como plazo razonable
para ejercer la acción constitucional.
43. Tutela contra tutela. Se supera este presupuesto ya que no se
controvierte una decisión de tutela, pues la providencia reprochada fue proferida
al interior del trámite del medio de control de reparación directa con 11001-33-
43-060-2023-00230-00/01.
44. Identificación razonable de los hechos. Finalmente, en la solicitud de
amparo se presentó una explicación clara y suficiente de los hechos y
argumentos por los que la parte actora consideró que le fueron vulnerados sus
derechos fundamentales. Por ende, cumplió con la carga mínima en dar las
razones por las cuales considera que la autoridad accionada incurrió en una
vulneración de las garantías.
2.1.2. La providencia controvertida incurrió en el defecto por
desconocimiento del precedente judicial
45. De acuerdo con la posición de la Sala, por regla general, se entiende como
precedente aquella sentencia o conjunto de sentencias, que presentan
similitudes fácticas y jurídicas con un caso nuevo objeto de estudio, de las cuales
se desprende una regla para resolver la controversia (ratio decidendi) que obliga
al juez a fallar en el mismo sentido25. Cabe destacar que el acatamiento de la
ratio decidendi no está atado al número de decisiones que traten el tema objeto
de discusión, dado que solo basta una providencia en donde se especifique una
regla o sub-regla de derecho26.
46. De apartarse del precedente, sin que el operador judicial cumpla con una
carga argumentativa encaminada a justificar de forma suficiente y razonada por
qué no aplicará lo establecido con anterioridad, se configura el defecto por
desconocimiento del precedente judicial.
24 Radicada el 16 de junio de 2025. Índice 2 de Samai.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15
de julio de 2021. Rad. No. 11001-03-15-000-2021-01626-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
26 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencia de 6 de mayo de 2021, Rad. No. 11001-03-15-000-2021-00281-01, M.P. Rocío Araújo
Oñate.
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47. En ese orden, la Sala considera que la Subsección C de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al proferir el auto del 7 de
noviembre de 2024, incurrió en el defecto aludido. Esto, por ignorar los
parámetros establecidos por la Corte Constitucional para efectos del conteo del
término de caducidad del medio de control de reparación directa, cuando se le
imputa un daño antijurídico al Estado por la comisión de delitos de lesa
humanidad como lo es una ejecución extrajudicial.
48. Resulta pertinente puntualizar que la autoridad judicial accionada
fundamentó su decisión en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020
dictada por la Sección Tercera del Consejo de Estado27. Advirtió que, en dicho
fallo, se estableció que para los casos similares al del señor Jaramillo Jaramillo
el conteo del plazo para acceder a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo inicia desde el momento que se «conoció el daño y advirtieron la
posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial al Estado». En
consecuencia, concluyó que: (i) debido a las circunstancias del homicidio, los
demandantes tenían certeza de la participación del Ejército Nacional desde el 23
de febrero de 2005; (ii) no se acreditó que los accionantes hayan padecido de
alguna imposibilidad para acceder a la administración de justicia; y (iii) que las
diligencias surtidas ante la JEP no inciden en el cómputo del término de
caducidad pues desde el hecho dañoso la parte actora conoció las
circunstancias del deceso de su familiar.
49. Por su parte, la Corte Constitucional en la sentencia SU-167 de 2023,
reiteró la postura de la flexibilización del conteo del término de caducidad cuando
se evidencia una imposibilidad de contar con los elementos probatorios para
demandar al Estado28 y, extendió dicha consideración, a los casos en los que se
oculta la veracidad de los hechos que consumaron los delitos de lesa
humanidad, a saber:
149. En suma, a partir del anterior recuento jurisprudencial se advierte que
específicamente, en relación con la reparación de los daños antijurídicos
ocasionados por delitos de lesa humanidad, (i) el plazo razonable de dos
años para acudir a la jurisdicción no se cuenta necesariamente desde el
momento en que se produce el daño que origina el perjuicio, sino desde
cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por
acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle
responsabilidad patrimonial; (ii) la caducidad de la demanda de reparación
directa o la existencia de barreras en el acceso a la justicia debe ser
analizada por el juez contencioso administrativo competente, atendiendo a
las particularidades de cada asunto en concreto; y (iii) la aplicación del fallo
de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado debe realizarse
teniendo en cuenta la necesidad de readecuar el trámite para brindar
oportunidad a las partes de ajustarse a las nuevas cargas y posibilidades
procesales que este contiene. (Énfasis de la Sala)
27 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia del 29 de enero de 2020, M.P.
Martha Nubia Velásquez Rico, Rad. No. 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61033).
28 Sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 dictada por la Sección Tercera del Consejo
de Estado; y, Sentencia SU-312 de 2020, proferida por la Corte Constitucional.
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[…]
210. El ocultamiento de información relevante frente a casos de graves
violaciones a los derechos humanos constituye un comportamiento que
atenta contra el derecho de las víctimas a conocer la verdad y a obtener
justicia. Las víctimas y sus familias tienen derecho a conocer qué ocurrió,
quiénes fueron los responsables y a que estos sean sancionados, como
parte de su derecho a la reparación integral.
211. Esto ocurre no solo cuando se niega el acceso a registros o
documentos relevantes, sino cuando el contenido de los mismos no refleja la
realidad de los hechos. Tal distorsión de la verdad puede tomar múltiples
formas, desde omisiones hasta manipulaciones o falsificaciones.
212. Se trata de una circunstancia que no sólo obstaculiza la búsqueda de
justicia, sino que también desorienta y confunde el curso de las
investigaciones. Además, estas manipulaciones pueden revictimizar a las
víctimas y a sus familias, al negarles el derecho a conocer la verdad completa
sobre lo ocurrido y a obtener una reparación por los daños antijurídicos
causados, socavando el estado de derecho, la confianza en las instituciones
públicas y los esfuerzos por garantizar la no repetición de las violaciones a
los derechos humanos29.
50. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el juez
contencioso administrativo debe analizar detenidamente desde qué momento las
víctimas tuvieron a su disposición los elementos probatorios que le permitiesen
superar la imposibilidad material de presentar el medio de control de reparación
directa oportunamente, más aún cuando no hay certeza que hayan tenido
acceso al proceso penal con anterioridad. Al respecto, el máximo tribunal
constitucional sostuvo que:
204. Si bien la accionante tenía a su alcance la posibilidad de presentar la
demanda de reparación directa y, posteriormente, solicitar la suspensión
por “prejudicialidad” a la espera del resultado del proceso penal, lo cierto es
que dicho instrumento no permitía superar las restricciones en el acceso a la
administración de justicia que enfrentaba, pues en todo caso implicaba el
ejercicio del derecho de acción en circunstancias en las que aún no se
contaba con elementos de juicio que permitieran desvirtuar al menos prima
facie la versión oficial de los hechos.
205. Lo anterior no quiere decir que sea imprescindible el inicio de un
proceso penal o esperar a sus resultados para acudir al medio de control de
reparación directa, ya que la parte demandante cuenta con la facultad de
ejercer el derecho de acción si así lo desea. Esta consideración responde a
las particularidades que rodean estos asuntos y a la obligación del Estado
de garantizar los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas
de graves violaciones a los derechos humanos30.
51. Ahora bien, en el caso objeto de estudio los tutelantes expusieron las
siguientes circunstancias especiales que les impidieron presentar la demanda
con anterioridad: (i) el Ejército Nacional, por medio de declaraciones e informes
oficiales, impuso un manto de legalidad al deceso señor Juan Guillermo Jaramillo
29 Corte Constitucional, Sentencia SU-167 de 2023.
30 Ibidem.
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Jaramillo, puesto que se informó que había muerto en combate31; (ii) el
expediente penal se incineró el 29 de diciembre de 2007 mientras estaba en
conocimiento del Juzgado 28 Penal Militar32; (iii) el proceso lo conoció el Juzgado
Promiscuo del Circuito Judicial de Ituango33 y no fue sino hasta agosto de 2018
que la Fiscalía 106 Especializada en Derechos Humanos formuló la acusación;
(iv) mediante providencia del 29 de abril de 2019 el juzgado referido remitió el
proceso a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP.
52. Asimismo, indicaron que no contaban con los elementos probatorios
suficientes para imputarle la responsabilidad al Ejército Nacional, sino hasta que
la JEP les dio acceso al expediente penal34.
53. Por lo expuesto, la Sala advierte que el tribunal accionado se equivocó al
determinar que el término de caducidad del medio de control de reparación
directa debió contabilizarse desde el día siguiente a la ocurrencia del evento
dañoso35, por las razones que pasan a explicarse.
54. Primero, aunque la madre de la víctima directa días después del homicidio
denunció la participación del Ejército Nacional, no significa que la parte
demandante hubiese tenido la posibilidad material de imputarle la
responsabilidad al Estado. Ello, teniendo en cuenta que, en los casos de
ejecuciones extrajudiciales, por regla general, las víctimas se enfrentan a
obstáculos para acceder a la justicia, tales como el encubrimiento de información
veraz a través de informes y declaraciones oficiales.
55. De ahí que aplicar estrictamente el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 y
los criterios jurisprudenciales establecidos en la sentencia de unificación del 29
de enero de 2020 dictada por el Consejo de Estado, sin tener en cuenta las
dificultades sistemáticas que enfrentan las víctimas, «no sólo resulta injusto, sino
que perpetúa la negación de sus derechos fundamentales a la verdad, a la
justicia y a la reparación integral»36. Aunado a que, prima facie, el único medio
probatorio que tenían a su disposición era la declaración de las víctimas que
estuvieron presentes en la casa cuando el Ejército Nacional aprehendió al señor
31 Ante la justicia penal militar y la ordinaria, los miembros del Batallón Contraguerrillas No. 80 de
la Brigada Móvil No. 11 sostuvieron y aportaron material de guerra para acreditar que en el
desarrollo de la orden de operaciones «Espada» y la misión táctica «Flanco» dieron de baja en
combate a un miembro de la FARC identificado como Juan Guillermo Jaramillo Jaramillo.
32 Autoridad judicial que a juicio de la parte actora omitió remitir oportunamente el expediente al
juez natural de la causa. La Sala destaca que la Corte Suprema de Justicia ha establecido
pacíficamente que, si el móvil del delito es la posible relación o nexo de la víctima con un grupo
armado ilegal esta conducta no puede concebirse como un acto del servicio de la Fuerza Pública.
Razón de peso para descartar que estos casos sean asumidos por la justicia militar. (Ver: Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia No. 31091 del 4 de mayo de 2011, M.P.
Julio Enrique Socha Salamanca)
33 Según el escrito de tutela, el proceso pasó al conocimiento de la jurisdicción ordinaria en el
2013.
34 En concreto, la JEP a través de la Resolución No. 737 del 23 de febrero de 2023 le dio acceso
a la madre de la víctima directa, al expediente penal de uno de los militares involucrados.
35 El homicidio ocurrió el 23 de febrero de 2005.
36 Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 2024.
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Juan Guillermo Jaramillo Jaramillo.
56. Segundo, el tribunal accionado no atendió los criterios de flexibilización
dispuestos por la Corte Constitucional en la sentencia SU-167 de 2023. En
particular, omitió aplicar el deber que tiene el juez contencioso administrativo de
valorar integralmente el acervo probatorio para determinar si en el expediente
obran elementos que demuestren la presencia de situaciones que hayan
impedido el ejercicio oportuno del medio de control de reparación directa.
57. Lo anterior, aunado a que la parte demandante puso de presente, en el
recurso de apelación contra la decisión de primera instancia, la existencia de
barreras y ocultamientos que: (i) limitaron su acceso a los elementos probatorios
que permiten imputar materialmente la responsabilidad al Ejército Nacional,
teniendo en cuenta las declaraciones e informes oficiales que aseguraban que
la muerte de su familiar fue en combate, y, por consiguiente, (ii) imposibilitaron
haber presentado la demanda con anterioridad (ver numeral 49 de la presente
providencia).
58. De igual forma, se evidencia que, pese a que no hay certeza de que los
demandantes hayan tenido acceso al expediente penal (jurisdicción ordinaria),
el tribunal se limitó a contabilizar el término de caducidad restrictivamente sin
que mediase argumentación alguna tendiente a demostrar cuáles eran los
medios de prueba con los que contaban los accionantes para imputar el daño
antijurídico al Estado desde el 24 de febrero de 2005.
59. Tercero, haber desestimado las diligencias surtidas por la JEP respecto
del proceso penal adelantado por el homicidio del señor Juan Guillermo Jaramillo
Jaramillo, a pesar de que la parte actora haya afirmado que desde que se les
permitió el acceso al expediente penal superaron los ocultamientos del Ejército
Nacional, desconoció la regla jurisprudencial de flexibilización probatoria para
efectos del conteo de la caducidad por la imposibilidad material de imputar la
responsabilidad al Estado establecida por la Corte Constitucional.
60. Debe recordarse que la JEP fue creada con el fin de administrar justicia
transicional respecto de los crímenes más graves cometidos en el contexto del
conflicto armado colombiano37. El artículo 5 transitorio del Acto Legislativo 01 de
2017, establece que su finalidad es «satisfacer el derecho de las víctimas a la
justicia; ofrecer verdad a la sociedad colombiana; proteger los derechos de las
víctimas; contribuir al logro de una paz estable y duradera; y adoptar decisiones
que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa
o indirecta en el conflicto armado interno mediante la comisión de las
mencionadas conductas».
61. En el caso concreto, se tiene que el Juzgado Promiscuo del Circuito
Judicial de Ituango, mediante providencia del 29 de abril de 2019, remitió el
37 Acto Legislativo 01 de 2017.
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proceso penal referido a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP.
Posteriormente, el apoderado judicial de la parte actora, el 15 de diciembre de
2021, solicitó ante la JEP el reconocimiento de la madre del señor Juan Guillermo
Jaramillo Jaramillo como víctima, con el fin de participar y conocer los elementos
probatorios del proceso. Dicha petición, fue resuelta mediante la Resolución No.
737 del 23 de febrero de 202338, en la cual, se le reconoció la calidad de
interviniente especial como víctima a la señora María Resfa Jaramillo Jaramillo.
62. Al respecto, la JEP, mediante la Sentencia Interpretativa 1 de 2019, de la
Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, afirmó que la participación de las
víctimas en los procesos penales es un derecho en sí mismo, el cual constituye
un presupuesto para el goce de los demás derechos fundamentales de los
afectados, pues en últimas «es una expresión de los derechos constitucionales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia (CP arts 29 y 229)».
63. Ahora bien, en el caso sub examine, a pesar de que haya certeza de que
el derecho a la participación efectiva de la parte actora se garantizó únicamente
a través de la Resolución No. 737 del 23 de febrero de 2023 dictada por la JEP,
el tribunal accionado ignoró que, a partir del reconocimiento de los accionantes
como intervinientes en calidad de víctimas dentro del proceso penal, podrían
acceder a piezas procesales importantes para superar los ocultamientos
efectuados por el Ejército Nacional. Así las cosas, la Subsección C de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca desconoció los criterios
que ha establecido la Corte Constitucional para el análisis de la imposibilidad
material de imputar la responsabilidad al Estado.
64. En este punto, se resalta la carga que recae sobre el juez contencioso
administrativo de analizar contextualmente cada caso para efectos de realizar el
conteo del término de la caducidad de la reparación directa en el marco de la
comisión de delitos de lesa humanidad, con más veras, cuando no hay certeza
de que la parte actora haya accedido con anterioridad al expediente penal y
además, como en este caso, cuando dentro del expediente de la JEP mediaba
la confesión de un exmilitar que respaldaba la imputación que se elevó en la
demanda contenciosa. Situación que, para la Sala, da cuenta del momento en el
cuál la parte actora superó materialmente las barreras y los ocultamientos que
le impidieron acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo
previamente.
65. Se tiene entonces que el tribunal demandado se limitó a sostener que la
caducidad se debió contar desde la muerte del señor Juan Guillermo Jaramillo,
puesto que la familia tuvo conocimiento de la participación del Ejército Nacional
desde ese día. No obstante, no analizó desde cuándo la parte actora contaba
con los medios probatorios requeridos para imputarle la responsabilidad al
Estado, a pesar de que pusieron de presente, en el escrito de apelación contra
38 Resolución expedida dentro del expediente de uno de los militares acusados por el homicidio
de Juan Guillermo Jaramillo Jaramillo (Rad. 9003171-34.2019.0.00.0001). Fue notificada el 13 de
abril de 2023 al apoderado de la parte actora.
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la providencia de primera instancia, que no fue sino hasta el 13 de abril de 2023
que la parte actora tuvo acceso al expediente del proceso penal que conoce la
JEP39.
66. Lo anterior, aunado a que la declaratoria de caducidad en el presente caso
se produjo en la etapa inicial del proceso, situación que permite evidenciar una
postura irreflexiva y rígida frente a los criterios de flexibilización probatoria para
efectos del conteo del término de caducidad, fijado por la Sección Tercera del
Consejo de Estado y por la Corte Constitucional, en casos en los que se reclama
una reparación por ejecuciones extrajudiciales.
67. En consecuencia, esta Sala considera acreditada la violación de las
garantías constitucionales de la parte tutelante, ya que la autoridad judicial
accionada desconoció los criterios jurisprudenciales previamente mencionados.
68. Por último, se resalta que esta Sección reconoce el análisis diferencial que
debe tenerse en cuenta cuándo gracias a las actuaciones adelantadas por la
JEP se superan los ocultamientos y barreras, impuestas por el Estado, para el
esclarecimiento de la verdad cuando haya una grave afectación de los derechos
humanos. Por ende, la flexibilización probatoria para efectos del conteo del
término de caducidad, en este caso, está ligada a la salvaguarda de los derechos
a la verdad, a la justicia y a la reparación integral de las víctimas del conflicto
armado40.
2.2. Conclusión
69. La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca incurrió en defecto por desconocimiento del precedente judicial,
de conformidad con las consideraciones expuestas con antelación. En ese orden,
se ampararán los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de
acceso a la administración de justicia de las señoras Alba Lucía Jaramillo
Jaramillo, María Resfa Jaramillo Jaramillo, María Doralba Jaramillo Jaramillo y
de los señores Norbey Andrés Castrillón Jaramillo, Hernando Antonio Jaramillo
Jaramillo, Donaldo de Jesús Jaramillo Jaramillo.
70. Así las cosas, se dejará sin efectos el auto del 7 de noviembre de 2024
dictado por la autoridad judicial accionada y se ordenará proferir una decisión de
reemplazo, aplicando el criterio de flexibilidad probatoria para efectos del conteo
de la caducidad en los casos que se hayan comisionado delitos de lesa
humanidad, sobre todo en lo que tiene que ver con la fecha en que los
accionantes tuvieron la posibilidad de atribuir responsabilidad al Estado al
superar barreras que impidieron presentar la demanda de reparación directa con
antelación.
39 Ello, gracias al reconocimiento de intervinientes en calidad de víctimas a través de la Resolución
No. 737 del 23 de febrero de 2023.
40 Al respecto ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Auto del 16 de junio de
2025, M.P. María Adriana Marín, Rad. No. 11001-03-26-000-2024-00180-00 (72.237).
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71. Finalmente, resulta pertinente precisar que:
i. el amparo acá concedido no implica automáticamente una decisión
favorable a los demandantes del proceso ordinario, máxime cuando se
limitó al análisis de la caducidad del medio de control, luego la autoridad
judicial accionada en el marco de su autonomía e independencia podrá
definir lo que en derecho corresponda.
ii. La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca podrá decretar las pruebas de oficio que estime útiles,
pertinentes y conducentes, a efectos de establecer desde cuando la parte
actora superó las barreras que adujo soportar y tuvo la posibilidad de
imputarle materialmente la responsabilidad patrimonial al Estado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y de acceso a la administración de justicia de las señoras Alba Lucía
Jaramillo Jaramillo, María Resfa Jaramillo Jaramillo, María Doralba Jaramillo
Jaramillo y de los señores Norbey Andrés Castrillón Jaramillo, Hernando Antonio
Jaramillo Jaramillo, Donaldo de Jesús Jaramillo Jaramillo.
SEGUNDO: DEJAR SIN VALOR NI EFECTOS la providencia del 7 de noviembre
de 2024 dictada al interior del medio de control de reparación directa identificado
con el radicado 11001-33-43-060-2023-00230-00/01, y ORDENAR a la
Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que profiera una providencia de reemplazo, teniendo en cuenta el
análisis efectuado por la Sala en esta oportunidad, para lo cual se le concederá
el término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la notificación de la
presente sentencia.
TERCERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela de la
referencia respecto de los cargos por desconocimiento de las providencias de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos y por violación directa de la
Constitución.
CUARTO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Juzgado 60
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.
QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
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SEXTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
Ausente con permiso
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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