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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03781-00

Fecha
31 de julio de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03781-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Deniéganse las solicitudes de desvinculación de la Procuraduría General de la Nación y la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV). SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el 16 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Rubén Darío Rosario Flórez Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-03781-00 señor Rubén Darío Rosario Flórez por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03781-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

31 de julio de 2025

Demandante: Rubén Darío Rosario Flórez
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Tercera de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03781-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03781-00
Demandante: RUBÉN DARÍO ROSARIO FLÓREZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA
TERCERA DE DECISIÓN Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara
improcedente.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la solicitud formulada por la parte actora, en
ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 constitucional y
desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de la corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Rubén Darío Rosario Flórez presentó acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión y el
procurador General de la Nación, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia, así como a la garantía de la tutela judicial efectiva.

Lo anterior, en atención a que consideró vulneradas las citadas
prerrogativas con los autos del 28 de mayo y 6 de junio de 2025, dictados
por el mencionado tribunal1 en el expediente contentivo del trámite
incidental de la acción de tutela con radicado 05001-23-33-000-2025-

1
Por la magistrada ponente Hirina del Rosario Meza Rhenals (Despacho 19).

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Rubén Darío Rosario Flórez
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Tercera de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03781-00

00446-00, con los cuales se decidió no sancionar por desacato al juez
Diecisiete (17) Administrativo del Circuito Judicial de Medellín por el
presunto incumplimiento del fallo dictado en dicho proceso2 y, se
rechazaron por improcedentes los recursos de reposición y apelación
interpuestos por el actor en contra del proveído inicial.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte accionante solicitó:

Con fundamento en los hechos narrados y las consideraciones
expuesta[s] solicito…tutelar mis derechos constitucionales fundamentales
invocados al Tribunal Administrativo de Antioquia y [al] procurador
General de la Nación.”3

1.3. Hechos

1.3.1. Acción de tutela 05001-33-33-017-2024-00274-00/01

La parte accionante señaló que presentó una acción de tutela contra la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV)
debido a la falta de respuesta a la solicitud del 14 agosto del 2024, para el
pago de la indemnización administrativa reconocida mediante la Resolución
04102019-480548 del 13 de marzo de 2020.

Agregó que dicho proceso se identificó con el radicado 05001-33-33-017-
2024-00274-00/01 y su conocimiento correspondió al Juzgado Diecisiete
(17) Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, el cual, mediante
sentencia del 18 de septiembre de 2024, concedió el amparo constitucional
solicitado.

Indicó que la mencionada unidad impugnó y el Tribunal Administrativo de
Antioquia, a través de fallo del 3 de octubre de 2024, modificó la decisión
de primera instancia, en los siguientes términos:

PRIMERO. MODIFICAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la
Sentencia del 18 de septiembre de 2024, proferida por el Juzgado
Diecisiete Administrativo Oral de Medellín. En su lugar, ORDENAR que la
Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas – UARIV,

2
En el que también se vinculó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, pues el objeto de dicha acción de tutela correspondió a otro proceso de igual
naturaleza promovido por el actor contra la mencionada entidad, la cual se identificó con el
radicado 05001-33-33-017-2024-00274-00.
3
Cita textual con posibles errores.

2

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Demandante: Rubén Darío Rosario Flórez
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Tercera de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03781-00

en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de la providencia, suministre una respuesta de fondo, clara,
precisa y congruente a la petición elevada por Rubén Darío Rosario
Flórez, indicando un plazo aproximado en el cual tendrá acceso efectivo
a la medida de indemnización administrativa que le fue reconocida
mediante la Resolución 04102019-480548 del 13 de marzo de 2020,
atendiendo a los promedios presupuestales que se asignen a la entidad
para el pago de indemnizaciones.

SEGUNDO: En todo lo demás, CONFIRMAR la Sentencia del 18 de
septiembre de 2024, proferida por el Juzgado Diecisiete Administrativo
Oral de Medellín.

TERCERO. NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30
del Decreto 2591 de 1991.

Mencionó que presentó varios incidentes de desacato ante el
incumplimiento de la orden de amparo por parte de la directora técnica de
reparaciones de la UARIV, cargo que desempeñaba para la época la
señora Lilia María Rodríguez Albarracín, el cual fue resuelto mediante
providencia del 28 de octubre de 2024, con la que se sancionó a la parte
incidentada. Adujo que dicha sanción fue confirmada en el grado
jurisdiccional de consulta por el superior, el 7 de noviembre de 2024.

Refirió que la unidad presentó varias solicitudes de modulación de la
sentencia e inaplicación de la sanción, las cuales habían sido negadas,
pero el 10 de marzo de 2025 el juzgado accionado inaplicó la sanción
impuesta a la señora Rodríguez Albarracín.

Señaló que inició un nuevo incidente de desacato, pero que, por auto del 21
de marzo de 2025, no se le dio apertura, pues el juzgado consideró que
pese a que no se le informó una fecha exacta en la que recibirá la
indemnización, esto obedecía a la imposibilidad material de establecer tan
circunstancia, frente a lo que no existía dolo o culpa de los funcionarios que
intervinieron en el trámite, así que imponerles sanciones sería
desproporcionado.

Indicó que contra la anterior decisión presentó un recurso de reposición y
en subsidio apelación y que el aludido despacho judicial, con auto del 27 de
marzo de 2025, decidió no reponer el proveído y negó por improcedente la
alzada.

1.3.2. Acción de tutela 05001-23-33-000-2025-00446-00

3

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Demandante: Rubén Darío Rosario Flórez
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Tercera de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03781-00

Refirió que, por lo anterior, presentó una acción de tutela contra el juez
Diecisiete (17) Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, con el fin de
que se dejara sin efectos el auto del 21 de marzo de 2025, en el que se
dispuso no dar apertura al incidente de desacato antes referido.

Expuso que el conocimiento de dicho proceso correspondió al Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, el cual, con fallo del
28 de abril de 2025, amparó los derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva,
por lo que, dispuso lo siguiente:

SEGUNDO: Como efecto de la anterior decisión, se ORDENA al juzgado
diecisiete (17) administrativo del circuito de Medellín, que en el término
improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación
de la presente sentencia, revise nuevamente, de cara a las motivaciones
del presente proveído, la situación de cumplimiento del fallo de amparo
proferido el 18 de septiembre de 2024, modificado por el tribunal
administrativo de Antioquia el 3 de octubre de 2024 y adopte los
correctivos y medidas necesarias para garantizar la efectividad de su
ejecución por parte de la UARIV, en guarda de los derechos que se
ampararon en dicho fallo y respetando en todo caso, las reglas del
debido proceso.

TERCERO: NOTIFÍQUESE esta providencia por el medio más expedito a
las partes.

Refirió que, ante el incumplimiento de la anterior decisión, el 15 de mayo de
2025 solicitó la apertura del incidente de desacato respectivo, pero que por
auto del 28 de mayo de 2025, el tribunal demandado decidió: “PRIMERO:
NO declarar en desacato a la autoridad incidentada, frente a la sentencia
de tutela dictada dentro del proceso 05-001-23-33-000-2025-00446-00…”,
por cuanto consideró que no estaban dados los supuestos para declarar el
desacato, ya que las decisiones del juzgado no eran contrarias a lo
ordenado y además había adoptado los correctivos y medidas que, en el
marco de su autonomía judicial, estimó necesarias para garantizar la
efectividad de su ejecución por parte de la UARIV.

Añadió que contra la anterior decisión presentó los recursos de reposición y
apelación, no obstante, con proveído del 6 de junio de 2025, se rechazaron
por improcedentes.

4

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Demandante: Rubén Darío Rosario Flórez
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Tercera de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03781-00

1.4. Sustento de la petición

La parte actora manifestó que se vulneraron sus derechos fundamentales
con ocasión de los autos del 28 de mayo y 6 de junio de 2025, dictados por
la magistrada ponente del Tribunal Administrativo de Antioquia4 en el
expediente contentivo del trámite incidental de la acción de tutela con
radicado 05001-23-33-000-2025-00446-00, con los cuales se decidió no
sancionar por desacato al juez Diecisiete (17) Administrativo del Circuito
Judicial de Medellín por el incumplimiento del fallo dictado en dicho
proceso5 y, se rechazaron por improcedentes los recursos de reposición y
apelación interpuestos en contra del proveído inicial.

Solicitó que se dejen sin efectos las decisiones demandadas porque “es un
mal precedente para los llamados a administrar justicia como lo demostr[ó]
con los adjuntos 4”, en tanto que “para uno sí hay justicia y en [su] caso
no”, esto, muy a pesar de que el tribunal en el expediente 05001-33-33-
017-2024-00274-00/01 modificó la decisión inicial para ordenar que la
UARIV suministrara una respuesta de fondo, clara, precisa y congruente a
la petición del 14 agosto del 2024.

Además, señaló que en el trámite incidental se sustentó en los “precedente”
dictados en las acciones de tutela adelantadas ante el i) Juzgado Segundo
Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Medellín y ii) el Juzgado
Dieciséis Administrativo del Circuito Judicial de Medellín con radicado
05001-33-33-016-2025-00081-00. También refirió como precedente la iii)
providencia del 22 de octubre de 2024, dictada en la acción de tutela con
radicado 05001-34-03-002-2024-00093-01 por el Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta Civil de Decisión, demandante
Frank Giovany Ibarra Flórez contra la UARIV.

Consideró que, por lo anterior resultaba necesaria la intervención del
procurador General de la Nación “…como institución encargada de
defender los derechos humanos y los intereses públicos…su intervención
en este proceso sería crucial para garantizar[l]e que se haga justica y se
protejan [sus] derechos …afectados por la violencia”; por lo que, pidió que
el “…Ministerio P[ú]blico se pronuncie a lo ordenado por la magistrada
ponente…[pues] …no dio cumplimiento a su mismo fallo”6.

4
Por la magistrada ponente Hirina del Rosario Meza Rhenals (Despacho 19).
5
En el que también se vinculó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, pues el objeto de dicha acción de tutela correspondió a otro proceso de igual
naturaleza promovido por el actor contra dicha entidad, la cual se identificó con el radicado
05001-33-33-017-2024-00274-00.
6
Transcripción literal con posibles errores.

5

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Demandante: Rubén Darío Rosario Flórez
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Tercera de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03781-00

1.5. Trámite

Mediante auto del 20 de junio de 2025 se inadmitió la demanda
constitucional, con la finalidad de que el actor determinara el motivo por el
cual consideraba lesionados sus derechos fundamentales por parte del
procurador General de la Nación, con qué hechos, actos u omisiones
precisos y claros derivados de esta autoridad y describiera concretamente
las circunstancias relevantes para decidir la solicitud.

La parte accionante presentó escrito de subsanación con el cual refirió que
era necesaria la vinculación del mencionado procurador para que se
pronunciara sobre la legalidad del auto del 28 de mayo de 2025, en cual se
enuncia como una de las decisiones demandadas.

Por lo que, con proveído del 9 de julio de 2025, se admitió la solicitud de
tutela y, por consiguiente, se dispuso la notificación de los magistrados que
integran el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión,
entre ellos a la magistrada ponente del despacho 19 Hirina del Rosario
Meza Rhenals.

A su vez, se vinculó como terceros con interés en el resultado del proceso
al procurador General de la Nación, al juez Diecisiete (17) Administrativo
del Circuito Judicial de Medellín, así como al representante de la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Adicionalmente, se requirió al tribunal demandado y al juzgado vinculado
para que aportaran las copias digitales de los procesos con radicados
05001-23-33-000-2025-00446-00/01 y 05001-33-33-017-2024-00274-00.

1.6. Contestaciones e intervenciones

1.6.1. Tribunal Administrativo de Antioquia

La magistrada ponente del despacho 19, Hirina del Rosario Meza Rhenals
presentó su informe de la siguiente manera:

Solicitó que se atienda como parte de la defensa, la motivación de hecho y
de derecho plasmada en las providencias censuradas y que, en
consecuencia, se declare improcedente la solicitud de amparo contra este
tribunal.

Adujo que las decisiones adoptadas dentro del trámite incidental 05001-33-
33-000-2025-00446-00 fueron proferidas al darse los supuestos normativos

6

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Demandante: Rubén Darío Rosario Flórez
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia,
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03781-00

y fáctico-probatorios para ello, lo que se plasmó en la motivación de las
providencias criticadas con asidero en el expediente respectivo.

Precisó que la competencia para el cumplimiento de lo decidido en el
expediente de tutela 05001-33-33-017-2024-00274-00, es del juzgado y no
del tribunal, además de que no tuvo a su cargo la sustanciación del fallo de
segunda instancia proferido dentro del citado asunto constitucional.

Aseguró que hacer uso de la acción de tutela por presunta vulneración de
derechos fundamentales bajo el argumento de que las decisiones
proferidas por ambas instancias resultaron desfavorables, desataría
estudiar de nuevo cada proceso litigioso a través de una nueva instancia
solamente por una manifestación de inconformidad sin sustento,
convirtiéndose en un desgaste para la jurisdicción.

Expuso que se atendiera lo establecido por la Corte Constitucional sobre la
procedencia excepcional de la tutela contra sentencias de tutela y
decisiones adoptadas en trámite incidental de tutela.

1.6.2. Procuraduría General de la Nación

Esta entidad se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda
de tutela, puesto que el accionante no hizo alguna solicitud formal a este
órgano de control ni ha pedido una vinculación como demandado a la
misma, toda vez que la acción de tutela fue dirigida directamente en contra
de la UARIV y no contra la Procuraduría General de la Nación.

En cuanto a sus funciones y misión, citó la sentencia C-743 de 1998 de la
Corte Constitucional y solicitó su desvinculación del trámite de la referencia.

1.6.3. UARIV

Esta entidad pidió su desvinculación pues carece de legitimación en la
causa por pasiva. Agregó que el tribunal no desconoció los derechos
fundamentales de la parte actora.

1.6.4. Juzgado Diecisiete (17) Administrativo del Circuito Judicial de
Medellín

Pese a su notificación, guardó silencio.

7

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la primera instancia de la acción
de tutela adelantada contra la decisión judicial demandada, según lo
previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20157, así como en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Cuestión previa

La Procuraduría General de la Nación y la UARIV pidieron su
desvinculación del trámite de la acción de tutela de la referencia.

Al respecto, se denegarán las aludidas peticiones puesto que su
integración al presente trámite constitucional se dio en calidad de terceros
con interés en el asunto del proceso, en razón a que, frente a la primera, la
parte actora solicitó expresamente su vinculación pues consideró que
resultaba necesaria para que se garantizaran sus derechos fundamentales.
En cuanto a la segunda entidad, su integración obedeció a las
circunstancias fácticas descritas por el accionante en la demanda de
amparo, principalmente al ser la autoridad frente a la cual se pretendía
iniciar el trámite incidental de desacato.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala verificar si se vulneraron los derechos
fundamentales de la parte actora con los autos del 28 de mayo y 6 de junio
de 2025, dictados por el Tribunal Administrativo de Antioquia 8, Sala Tercera
de Decisión en el expediente contentivo del trámite incidental de la acción
de tutela con radicado 05001-23-33-000-2025-00446-00, con los cuales se
decidió no sancionar por desacato al juez Diecisiete (17) Administrativo del
Circuito Judicial de Medellín por el presunto incumplimiento del fallo dictado
en dicho proceso9 y, se rechazaron por improcedentes los recursos de
reposición y apelación interpuestos por el actor en contra del proveído
inicial.

Por lo anterior, se revisarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la
7
Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
8
Por la magistrada ponente Hirina del Rosario Meza Rhenals (Despacho 19).
9
En el que también se vinculó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, pues el objeto de dicha acción de tutela correspondió a otro proceso de igual
naturaleza promovido por el actor contra dicha entidad, la cual se identificó con el radicado
05001-33-33-017-2024-00274-00.

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Rubén Darío Rosario Flórez
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Tercera de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03781-00

Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial; (ii) Procedencia de la acción de tutela contra los autos dictados en
el incidente de desacato; (iii) el estudio sobre los requisitos de procedencia
adjetiva y, finalmente, de encontrarse superados se analizará (iv) el fondo
del asunto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio
de 201210, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:

…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la
acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del
pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han
abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional,
cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.11

Conforme al anterior precedente, es claro que la corporación ha modificado
su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia,
conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se
presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de
unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará
ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta
el momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela
constituye un mecanismo residual y excepcional para la protección de
derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por
ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia

10
Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de
tutela - Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González. Negrilla fuera de
texto.
11
Ibídem.

9

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Demandante: Rubén Darío Rosario Flórez
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Tercera de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03781-00

judicial no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al
amparo –procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente
adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.12

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del
asunto. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la
Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo
impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya
la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de
la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del
juez natural.

2.5. Procedencia de la acción de tutela contra los autos dictados en el
incidente de desacato

La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la procedencia de la
acción de tutela contra decisiones asumidas en el trámite de un incidente
de desacato, de la siguiente manera:

Tratándose de solicitudes de amparo en contra de las providencias
proferidas en el curso de un incidente de desacato, como aquella que
resuelve el incidente, la Corte ha establecido que procede la acción de
tutela excepcionalmente, siempre que logre verificarse la existencia de

12
Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto
de 2004 y C-590 de 2005.

10

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una vía de hecho. Lo anterior, por cuanto es claro que por medio del
incidente de desacato, las autoridades judiciales toman decisiones que
pueden llegar a vulnerar los derechos fundamentales de las partes.
Entonces, siendo procedente de forma excepcional la acción de tutela,
debe tenerse presente que durante el trámite de tal incidente no se
deberán ventilar asuntos que afecten la ratio decidendi, ni la decisión que
con base en ésta se adoptó en el fallo de tutela, y que sirve como
fundamento para promover el incidente de desacato. Así, el estudio de
una acción de tutela interpuesta contra un incidente de desacato deberá
limitarse, en todo caso, a la conducta desplegada por el juez durante el
incidente mismo, sin consideración alguna del fallo que le sirve de
trasfondo. Lo contrario sería revivir un asunto debatido que hizo tránsito a
cosa juzgada13

Lo anterior denota claramente que la acción de tutela resulta procedente en
contra de las decisiones que se profieran en el trámite de un incidente de
desacato, lo que está prohibido es que el juez constitucional ahonde y se
pronuncie sobre la decisión de tutela que sirvió como base para promover
el incidente.

Lo anterior, por cuanto, de otra manera los asuntos decididos por el juez
natural serían interminables y sometidos a incertidumbre, lo cual va en
contravía de los postulados de seguridad jurídica y cosa juzgada
imperantes en un Estado de Derecho.

Igualmente, en la sentencia SU - 627 de 2015, el máximo tribunal
constitucional fijó las reglas de procedencia de la acción de tutela contra
providencias dictadas en el trámite de la acción de tutela, en los siguientes
términos:

4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia de la acción
de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces
de tutela anteriores o posteriores a la sentencia.

4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata
de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige
contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o
posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es
la de que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus
Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de

13
CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-482 de 2013.

11

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nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte
Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando
exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos
genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la
acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de
amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la
decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de
fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación.

4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela
diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con
anterioridad o con posterioridad a la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los
terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de
tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el
asunto para su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción
de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de
desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de
manera excepcional”. (Subrayado fuera del texto original)

2.6. Examen de los requisitos: Procedencia adjetiva

2.6.1. Tutela contra providencia de la misma naturaleza

La acción de tutela es improcedente cuando se interpone contra decisiones
de tutela.

No obstante, en este caso resulta procedente de manera excepcional,
puesto que la acción de tutela no se dirige contra el fallo del 28 de abril de
2025 que accedió al amparo de los derechos fundamentales de la parte
actora en el expediente 05001-23-33-000-2025-00446-00, sino contra autos
del 28 de mayo y 6 de junio de 2025, a través de los que se decidió no
sancionar por desacato al juez Diecisiete (17) Administrativo del Circuito
Judicial de Medellín por el presunto incumplimiento de la mencionada

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decisión y, se rechazaron por improcedentes los recursos de reposición y
apelación interpuestos por el actor en contra del proveído inicial.

De manera, que este presupuesto se cumple.

2.4.2. Relevancia constitucional

Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU 215 de 26 de junio
de 2022 explicó que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a
cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial “...el juez de tutela debe limitarse
a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por
el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo
de la providencia reprochada’.”

En ese sentido, el alto tribunal constitucional consideró que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una
corrección de la decisión objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar
este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones
probatorias o de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez
natural.

A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional “protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales” y explicó en detalle los criterios que se deben tener en
cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:

...(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
(ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la
acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte,
se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales.14

En lo particular, el actor consideró que sus derechos fundamentales se
vulneraron con ocasión de los autos del 28 de mayo y 6 de junio de 2025,

14
Destacado por la Sala.

13

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dictados por el Tribunal Administrativo de Antioquia15 en el expediente
contentivo del trámite incidental de la acción de tutela con radicado 05001-
23-33-000-2025-00446-00, con los cuales se decidió no sancionar por
desacato al juez Diecisiete (17) Administrativo del Circuito Judicial de
Medellín por el incumplimiento del fallo dictado en dicho proceso 16 y, se
rechazaron por improcedentes los recursos de reposición y apelación
interpuestos por el actor en contra del proveído inicial.

Sin embargo, la parte demandante no cumplió con la carga argumentativa
necesaria que permita establecer la presunta transgresión de sus garantías
constitucionales, más allá de reprochar indirectamente el presunto
incumplimiento del fallo de tutela del 28 de abril de 2025 accedió al amparo
de los derechos fundamentales y que, ordenó al Juzgado Diecisiete (17)
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, que revisara nuevamente,
la situación de cumplimiento de la sentencia del 18 de septiembre de 2024,
modificado en segunda instancia y adopta los correctivos y medidas
necesarias para garantizar la efectividad de su ejecución por parte de la
UARIV.

De la revisión del contenido de las providencias demandadas, se encuentra
que, la parte actora pretende reabrir un debate ya resuelto en el proceso
05001-23-33-000-2025-00446-00, que fueron analizados por la autoridad
judicial demandada, a partir de los que se decidió no sancionar por
desacato al mencionado juez, con ocasión del fallo dictado en dicho
proceso y rechazar por improcedentes los recursos de reposición y
apelación interpuestos por el actor en contra del proveído inicial.

Sobre el cargo por desconocimiento del precedente es preciso resaltar que
esta Sección ha considerado que la parte que invoca este defecto debe
cumplir con la carga mínima de identificar: (i) la decisión que considera
desatendida; (ii) la ratio aplicable a la solución del nuevo caso que se
somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis anterior y (iii) la
incidencia de esta en la decisión final que adopte el fallador de instancia.

En lo particular, se observa que la parte accionante si bien hizo alusión a
que existían algunos “precedentes” en los que se “hizo justicia y en otros
no”, lo cierto es que, tal argumento lo dirigió al cumplimiento del fallo de
tutela que accedió al amparo de sus derechos en el expediente 05001-33-

15
Por la magistrada ponente Hirina del Rosario Meza Rhenals (Despacho 19).
16
En el que también se vinculó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, pues el objeto de dicha acción de tutela correspondió a otro proceso de igual
naturaleza promovido por el actor contra dicha entidad, la cual se identificó con el radicado
05001-33-33-017-2024-00274-00.

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33-017-2024-00274-00/01; el cual a su vez, fue el motivo de demanda en la
acción de tutela identificada con el radicado 05001-23-33-000-2025-00446-
00, que es el objeto de esta nueva acción constitucional.

Adicionalmente, se encuentra que el actor hizo referencia de manera
genérica a otros “precedentes judiciales” con ocasión de las acciones de
tutela tramitadas ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución
de Sentencias de Medellín y el Juzgado Dieciséis Administrativo del
Circuito Judicial de Medellín con radicado 05001-33-33-016-2025-00081-
00; sin embargo, el demandante no precisó en qué consistían tales les
pronunciamientos y, en todo caso, tales decisiones no cuentan con la
naturaleza que pretende darle el accionante.

A su vez, se observa que el demandante también refirió como precedente
la providencia del 22 de octubre de 2024, dictada en la acción de tutela con
radicado 05001-34-03-002-2024-00093-01 por el Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta Civil de Decisión, demandante
Frank Giovany Ibarra Flórez contra la UARIV; no obstante esta decisión
tampoco corresponde a un p0recedente judicial, puesto que fue dictada en
un caso inter partes y por una corporación distinta a la aquí demandada.

Así las cosas, debe indicarse que la acción de tutela no es un mecanismo
para plantear indefinidamente un reproche en cuando a la protección de los
derechos fundamentales que inicialmente fueron amparados mediante un
fallo de tutela, ni siquiera a través del trámite incidental que se origine con
cada acción que se promueva para que se acate aquella orden, pero por
diferentes providencias, pues la causa originaria resulta ser la misma.

En el presente asunto, el actor no explicó puntualmente el motivo por el
cual la decisión consistente en no sancionar al aludido funcionario judicial y
el rechazo de los recursos presentados en contra de esta, resultaban
nuevamente transgresores de sus garantías constitucionales.

Al respecto, resulta del caso reiterar que en las pretensiones de la
demanda no se hizo alusión a alguna orden en particular, sino que por el
contrario, se incluyó de manera genérica lo siguiente: “Con fundamento en
los hechos narrados y las consideraciones expuesta[s] solicito…tutelar mis
derechos constitucionales fundamentales invocados al Tribunal
Administrativo de Antioquia y [al] procurador General de la Nación.”

Adicionalmente, se encuentra que la controversia propuesta por la parte
accionante no se relaciona con el alcance, contenido o aplicación de un
derecho fundamental, sino que se refiere al análisis interpretativo y

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probatorio aplicable al caso concreto que efectuó la autoridad judicial
demandada que decidió no sancionar al juez y rechazó por improcedentes
los recursos; por lo que dista del fin de la acción de amparo que no es otro
que el de proteger garantías fundamentales cuando se vean vulneradas o
amenazadas, lo que no sucede en este caso.

En ese orden, la Sala se permite destacar que la acción de tutela contra
providencias judiciales no debe ser vista como una tercera instancia para
traer a colación nuevamente los argumentos expuestos dentro del proceso
objeto de demanda, sino que es un medio excepcionalísimo por medio del
cual se revalúan decisiones que recaen en la arbitrariedad, al sobrepasar
los principios rectores de la autoridad judicial.

De modo que, no se satisface el requisito de relevancia constitucional, en el
sentido riguroso que señaló la Corte Constitucional en las sentencias de
unificación 573 de 2019, 103 y 215 de 2022.

Por consiguiente, la Sala declarará improcedente la solicitud de tutela, en
atención a la falta de carga argumentativa del accionante y, a que lo
pretendido es convertir este mecanismo de amparo en una instancia
adicional al incidente de desacato para que se resuelva una controversia
que se reduce a un debate legal relativo al cumplimiento de un fallo de
tutela.

Finalmente, en relación con la solicitud de la parte actora respecto de la
vinculación del Ministerio Público para garantía de sus derechos
fundamentales, se precisa que la intervención de dicha entidad responde a
criterios estratégicos definidos por el procurador general, y se orienta a la
protección del interés general, no del particular, como lo es el presente
asunto. Esto, sin perjuicio de que el actor acuda directamente ante dicho
órgano de control, en lo que corresponda a sus competencias.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Deniéganse las solicitudes de desvinculación de la
Procuraduría General de la Nación y la Unidad para la Atención y
Reparación Integral de las Víctimas (UARIV).

SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el

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señor Rubén Darío Rosario Flórez por no cumplir con el requisito de la
relevancia constitucional.

TERCERO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30
del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los 3 días
siguientes a la notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la
providencia oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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