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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-03781-01

Fecha
6 de marzo de 2026
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-03781-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 31 de julio de 2025, proferida por Consejo de Estado-Sección Quinta, que declaró improcedente la acción de tutela, en los términos expuestos en la parte motiva de la presente sentencia. SEGUNDO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-03781-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

6 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., seis (6) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03781-01

Accionante: RUBÉN DARÍO ROSARIO FLÓREZ

Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA-SALA
TERCERA DE DECISIÓN Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. TUTELA-
Carácter subsidiario del amparo. RELEVANCIA CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia
adicional del proceso ordinario.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la sentencia
del 31 de julio de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que
declaró improcedente la acción por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional.

ANTECEDENTES

1. Acción de tutela

El 16 de junio de 2025 el señor Rubén Darío Rosario Flórez, actuando en nombre
propio, interpuso acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso real y efectivo a la
administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, que afirmó fueron vulnerados
por el Tribunal Administrativo de Antioquia-Sala Tercera de Decisión, bajo ponencia
de la magistrada Hirina del Rosario Meza Rhenals, y por el Procurador General de
la Nación, en el marco del trámite incidental adelantado dentro de la acción de tutela
identificada con el radicado 05001-23-33-000-2025-00446-00.

En virtud de la acción de tutela, la parte accionante solicitó textualmente:

2
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-03781-01
Accionante: Rubén Darío Rosario Flórez
Acción de tutela–Segunda instancia

«Con fundamento en los hechos narrados y consideraciones expuestas, solicito que
se me tutelen los derechos constitucionales fundamentales invocados frente al
Tribunal Administrativo de Antioquia y al Procurador General de la Nación».

Sin embargo, de los hechos de la acción de tutela también se desprenden las
siguientes solicitudes:

«Por tal razón, solicito respetuosamente a los Honorables Magistrados del Consejo
de Estado que revoquen los autos interlocutorios 408 del 28 de mayo y 429 del 6 de
junio de 2025, y en su lugar se ordene la apertura del incidente de desacato
presentado el 15 de mayo de 2025, así como el cumplimiento de lo dispuesto en el
fallo de primera instancia del 28 de abril de 2025».

2. Hechos relevantes

El señor Rubén Darío Rosario Flórez, en su calidad de accionante, promovió acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia-Sala Tercera de Decisión con
ponencia de la magistrada Hirina del Rosario Meza Rhenals y contra el Procurador
General de la Nación.

Señaló que, dentro del proceso inicial de tutela1 promovido por el accionante,
mediante el fallo de primera instancia del 28 de abril de 2025, se tutelaron sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia
y a la tutela judicial efectiva, ordenándose al Juzgado Diecisiete Administrativo Oral
del Circuito de Medellín revisar nuevamente el cumplimiento de la sentencia del 18
de septiembre de 2024, modificada por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 3
de octubre de 2024, y adoptar las medidas necesarias para garantizar su ejecución
por parte de la UARIV.

Expuso que el 15 de mayo de 2025 solicitó la apertura de incidente de desacato
contra el Juzgado Diecisiete Administrativo Oral del Circuito de Medellín, ante el
incumplimiento de lo ordenado en la citada providencia del 28 de abril. No obstante,
mediante auto interlocutorio 408 del 28 de mayo de 2025, la magistrada Hirina del
Rosario Meza Rhenals resolvió no declarar en desacato a la autoridad judicial
vinculada.

1
Proceso identificado con número de radicación: 05001-23-33-000-2025-00446-00.

3
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-03781-01
Accionante: Rubén Darío Rosario Flórez
Acción de tutela–Segunda instancia

Por lo anterior, señaló que interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación
contra esa decisión, los cuales fueron rechazados mediante auto interlocutorio 429
del 6 de junio de 2025.

En su criterio, las providencias cuestionadas vulneraron sus derechos fundamentales
mencionados, razón por la cual interpuso la presente acción de tutela.

3. Fundamentos de la acción

El señor Rubén Darío Rosario Flórez fundamentó su acción en la vulneración de los
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso real y efectivo a
la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva. Afirmó que tales garantías
resultaron desconocidas por las decisiones adoptadas dentro del trámite incidental
de desacato en el proceso de tutela2.

Expuso que el 15 de mayo de 2025 promovió incidente de desacato contra el
Juzgado Diecisiete Administrativo Oral del Circuito de Medellín, por considerar
incumplida la orden contenida en el fallo de primera instancia del 28 de abril de 2025,
mediante el cual se había dispuesto tutelar sus derechos fundamentales y ordenar a
dicho despacho judicial revisar nuevamente la situación de cumplimiento de la
sentencia del 18 de septiembre de 2024, modificada por el Tribunal Administrativo
de Antioquia el 3 de octubre de ese mismo año, y adoptar las medidas necesarias
para garantizar la efectividad de lo resuelto frente a la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas.

Señaló que, pese a la claridad de la orden, la magistrada ponente, mediante auto
interlocutorio 408 del 28 de mayo de 2025, resolvió no dar apertura al incidente de
desacato a la autoridad judicial vinculada. Contra dicha providencia interpuso recurso
de reposición y en subsidio apelación, que fueron rechazados mediante auto
interlocutorio 429 del 6 de junio de 2025. A su juicio, estas decisiones desconocieron
de manera arbitraria su derecho a controvertir judicialmente el proveído que había
negado la sanción.

2
Proceso identificado con número de radicación: 05001-23-33-000-2025-00446-00.

4
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-03781-01
Accionante: Rubén Darío Rosario Flórez
Acción de tutela–Segunda instancia

El accionante manifestó que lo decidido por el tribunal representaba un retroceso en
la garantía de sus derechos, al permitir que un fallo de tutela debidamente
ejecutoriado quedara sin eficacia material. Insistió en que la negativa de apertura del
incidente de desacato lo colocaba en situación de desigualdad frente a otros casos
en los que, en circunstancias similares, sí se había declarado la responsabilidad por
incumplimiento.

Finalmente, justificó la vinculación del Procurador General de la Nación por la
trascendencia de los hechos y por la necesidad de garantizar la defensa de los
derechos humanos y de las víctimas del conflicto armado, dado que se encuentra
inscrito en el Registro Único de Víctimas, por lo que estimó indispensable la
intervención del Ministerio Público en el trámite constitucional.

4. Trámite de primera instancia

Mediante auto del 20 de junio de 2025, el Consejo de Estado-Sección Quinta,
inadmitió3 la demanda de tutela debido a que no se precisaron los hechos, actos u
omisiones atribuibles al Procurador General de la Nación que justificaran su
vinculación.

El accionante subsanó4 la demanda y solicitó la vinculación del Procurador General
de la Nación a la acción de tutela, al considerar que dicho órgano debía pronunciarse
sobre la legalidad de los autos interlocutorios 408 del 28 de mayo y 429 del 6 de junio
de 2025, mediante los cuales la magistrada ponente Hirina del Rosario Meza
Rhenals negó la apertura del incidente de desacato relacionado con el fallo de tutela
del 28 de abril de 2025, proferido en contra del Juzgado Diecisiete Administrativo del
Circuito de Medellín. Sostuvo que el Ministerio Público debía intervenir para
garantizar el cumplimiento de lo ordenado en dicho fallo y evitar contradicciones, así
como pronunciarse sobre precedentes judiciales en los que la Unidad de Víctimas
había cumplido con fallos de tutela asignando fechas probables de pago, los cuales
fueron desconocidos por la magistrada ponente.

3
SAMAI, índice 4 de primera instancia.
4
SAMAI, índice 8 de primera instancia.

5
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-03781-01
Accionante: Rubén Darío Rosario Flórez
Acción de tutela–Segunda instancia

Mediante auto del 9 de julio, el Consejo de Estado-Sección Quinta admitió5 la acción
de tutela, ordenó notificar a los honorables magistrados que integran la Sala Tercera
de Decisión, incluida la magistrada ponente Hirina del Rosario Meza Rhenals, y
dispuso la vinculación como terceros interesados del Procurador General de la
Nación, del Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Medellín y de la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Finalmente, requirió a la
autoridad judicial accionada y al juzgado vinculado para que remitieran copia digital
del expediente de tutela radicado 05001-23-33-000-2025-00446-00/01 y de su
trámite incidental, así como del proceso con radicado 05001-33-33-017-2024-00274-
00.

En su escrito de contestación6, la magistrada Hirina del Rosario Meza Rhenals, del
Tribunal Administrativo de Antioquia, informó que la acción de tutela interpuesta por
Rubén Darío Rosario Flórez pretendía la nulidad de los autos dictados en el trámite
del incidente de desacato radicado 05001-33-33-000-2025-00446-00, mediante los
cuales se decidió no declarar en desacato al Juzgado Diecisiete Administrativo de
Medellín y se rechazaron los recursos presentados. Señaló que dichas decisiones
se adoptaron conforme a los supuestos normativos y probatorios del caso, y que la
competencia para modificar lo ordenado en la sentencia del 18 de septiembre de
2024 correspondía al juzgado de primera instancia y no al tribunal. Resaltó que la
acción carecía de relevancia constitucional, pues no se configuró arbitrariedad ni
desconocimiento de la jurisprudencia aplicable, y que la tutela no podía convertirse
en una tercera instancia para reabrir debates ya resueltos. En consecuencia, solicitó
que se declarara improcedente la acción y se tuviera como defensa la motivación
expuesta en las providencias cuestionadas. El Tribunal allegó copia digital del
expediente solicitado.

La Procuraduría General de la Nación-Regional de Instrucción de Antioquia
contestó7 la acción de tutela y señaló que su vinculación al trámite se dio en calidad
de tercero con interés en el resultado y no como demandada. Indicó que no existía
solicitud formal dirigida a ese órgano de control ni hechos que justificaran atribuirle
responsabilidad por la presunta vulneración de derechos fundamentales. Resaltó

5
SAMAI, índice 10 de primera instancia.
6
SAMAI, índice 14 y 15 de primera instancia.
7
SAMAI, índice 17 de primera instancia.

6
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-03781-01
Accionante: Rubén Darío Rosario Flórez
Acción de tutela–Segunda instancia

que su intervención responde a criterios estratégicos y a la defensa del interés
general, no de intereses particulares, conforme a lo establecido por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-743 de 1998. Alegó la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva y solicitó al Consejo de Estado desvincularla de
la acción, sin perjuicio de su disposición para atender requerimientos y coadyuvar en
caso de comprobarse la violación alegada.

Por su parte, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral Para las Víctimas, por intermedio de su representante judicial, contestó8 la
acción de tutela solicitando su desvinculación del proceso al considerar que carece
de legitimación en la causa por pasiva. Señaló que la demanda no estaba dirigida en
su contra, sino contra el Tribunal Administrativo de Antioquia y otro y adicionó que
no había incurrido en vulneración alguna de derechos fundamentales, pues los
hechos reclamados no correspondían a sus funciones legales.

Mediante sentencia del 31 de julio de 20259, el Consejo de Estado-Sección Quinta
consideró que la acción de tutela presentada por Rubén Darío Rosario Flórez contra
los autos del 28 de mayo y 6 de junio de 2025 no se acreditaba el requisito de
relevancia constitucional, toda vez que el accionante no cumplió con la carga
argumentativa, pues el actor no explicó de manera clara y suficiente cómo las
decisiones cuestionadas vulneraban sus derechos fundamentales, limitándose a
manifestar inconformidad con lo resuelto y a invocar precedentes de manera
genérica sin demostrar su aplicabilidad al caso concreto. La Sala precisó que la
controversia se reducía a un debate de carácter legal y probatorio ya resuelto por el
juez natural, por lo cual la tutela no podía convertirse en una tercera instancia. En
consecuencia, negó las solicitudes de desvinculación de la Procuraduría General de
la Nación y de la UARIV, y declaró improcedente la acción de tutela.

La parte accionante impugnó la decisión10. Adujo que se desconoció su calidad de
víctima reconocida del conflicto armado y el derecho a recibir la indemnización
administrativa ordenada por las sentencias del 18 de septiembre y 3 de octubre de
2024. Señaló que los autos del 28 de mayo y 6 de junio de 2025, mediante los cuales

8
SAMAI, índice 16 de primera instancia.
9
SAMAI, índice 19 de primera instancia.
10
SAMAI, índice 23 de primera instancia.

7
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-03781-01
Accionante: Rubén Darío Rosario Flórez
Acción de tutela–Segunda instancia

se negó la apertura del incidente de desacato y se rechazaron los recursos
interpuestos, configuraron una vulneración de sus derechos a la igualdad, al debido
proceso, al acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva. Afirmó que el Tribunal
de Antioquia incumplió lo resuelto en su propio fallo de tutela y que la argumentación
del Consejo de Estado-Sección Quinta omitió valorar adecuadamente los
precedentes y las pruebas allegadas. Sostuvo que tales omisiones implicaron un
trato desigual y permitieron la persistencia del incumplimiento por parte del Juzgado
Diecisiete Administrativo de Medellín y de la UARIV. En consecuencia, solicitó
revocar la sentencia de primera instancia y conceder el amparo. El 19 de agosto de
2025 se concedió la impugnación11.

5. Manifestación de impedimento

El consejero de Estado Nicolás Yepes Corrales manifestó impedimento 12 con
fundamento en el numeral 1 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, relativo a que el
funcionario judicial o su cónyuge tenga interés en la actuación procesal. Señaló que
se encontraba incurso en dicha causal debido a la vinculación laboral de su cónyuge
en la Procuraduría General de la Nación, entidad que está vinculada en el proceso.

Indicó que su cónyuge ocupa el cargo de Procuradora Judicial II Delegada para la
Conciliación Administrativa, circunstancia que configura un interés actual, especial y
personal en la actuación procesal, en la medida en que debe pronunciarse sobre las
actuaciones u omisiones de la entidad con la cual aquella se encuentra vinculada.
Precisó además que, la eventual decisión podría afectar positiva o negativamente a
su cónyuge dado que el ente de control funge, además como su nominador y
participa en el proceso como sujeto vinculado, lo que podría comprometer su
imparcialidad al momento de integrar la Sala de Decisión.

CONSIDERACIONES

6. Impedimento

11
SAMAI, índice 27 de primera instancia.
12
SAMAI, índice 5 de segunda instancia.

8
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-03781-01
Accionante: Rubén Darío Rosario Flórez
Acción de tutela–Segunda instancia

El artículo 4 del Decreto 306 de 19923 —por el cual se reglamenta el Decreto 2591
de 1991— remite a los principios generales del Código de Procedimiento Civil para
interpretar las disposiciones de trámite de la acción de tutela, reguladas por el
Decreto 2591 de 1991. De modo que, en lo no regulado por ese decreto, debe
aplicarse el Código General del Proceso para regular el procedimiento las acciones
de tutela, incluyendo los impedimentos que se manifiesten durante su trámite.

En esa medida, el artículo 140 de la Ley 1564 de 2012, por la cual se expidió el
Código General del Proceso, CGP, determina lo siguiente:

«Los magistrados, jueces, conjueces en quienes concurra alguna causal de
recusación deberán declararse impedidos tan pronto como adviertan la existencia de
ella, expresando los hechos en que se fundamenta.
[…]
El magistrado o conjuez que se considere impedido pondrá los hechos en
conocimiento del que le sigue en turno en la respectiva sala, con expresión de la
causal invocada y de los hechos en que se funda, para que resuelva sobre el
impedimento y en caso de aceptarlo pase el expediente a quien deba reemplazarlo
o fije fecha y hora para el sorteo de conjuez, si hubiere lugar a ello».

Así las cosas, correspondió al suscrito consejero resolver el impedimento
planteado13, donde concluyó que no se configuró la causal de impedimento invocada,
toda vez que el consejero Nicolás Yepes Corrales no tiene interés respecto de lo que
se pretende con la presente acción de tutela. Si bien la Procuraduría General de la
Nación fue vinculada al trámite como tercero con interés, las actuaciones u omisiones
cuestionadas se atribuyen específicamente a la Regional de Instrucción de
Antioquia, dependencia en la cual no interviene la delegatura en la que labora su
cónyuge.

En consecuencia, mediante auto de ponente, declaró infundado el impedimento y
dispuso continuar con el trámite del proceso.

7. Problema jurídico

13SAMAI, índice 10 de segunda instancia. Esta postura fue aprobada por la Sala Plena de la Sección Tercera
del Consejo de Estado el 16 de octubre de 2025.

9
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-03781-01
Accionante: Rubén Darío Rosario Flórez
Acción de tutela–Segunda instancia

Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia del 31 de julio de 2025 proferida por el Consejo de Estado-Sección Quinta,
que declaró improcedente el amparo solicitado.

8. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de
primera instancia con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de
1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental14. De conformidad
con su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento
de los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii)
que el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela15.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
«precedente» constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.

14 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
15 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-03781-01
Accionante: Rubén Darío Rosario Flórez
Acción de tutela–Segunda instancia

Relevancia constitucional

La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional16: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo
cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se
deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor
respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) que
la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.

Adicionalmente, en sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que
los elementos antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto
de relevancia constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales
implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos de
interpretación que dieron origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito
de relevancia constitucional es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de
tutela y de la especialidad de los jueces naturales del asunto, tanto en materia
ordinaria como constitucional. Además de lo anterior, la Corte indicó que:

«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la
protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de
la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal».

Caso concreto

El señor Rubén Darío Rosario Flórez sostuvo que el Tribunal Administrativo de
Antioquia, a través de la magistrada Hirina del Rosario Meza Rhenals, vulneró sus

16 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:

11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-03781-01
Accionante: Rubén Darío Rosario Flórez
Acción de tutela–Segunda instancia

derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, al negarse a abrir el incidente
de desacato promovido el 15 de mayo de 2025 contra el Juzgado Diecisiete
Administrativo Oral del Circuito de Medellín y al rechazar los recursos de reposición
y apelación interpuestos frente a dicha decisión. Manifestó que los autos del 28 de
mayo y 6 de junio de 2025 resultaban contradictorios y desconocían lo dispuesto en
el fallo de tutela del 28 de abril de 2025, en el que se habían amparado sus derechos
y se ordenó adoptar medidas concretas para garantizar la efectividad de la sentencia
de septiembre de 2024, modificada en octubre del mismo año. A su juicio, la
actuación del tribunal permitió la persistencia del incumplimiento por parte de la
UARIV y generó un trato desigual frente a otros precedentes judiciales en los que sí
se había declarado el desacato.

Corresponde a la Sala determinar si los autos interlocutorios 408 del 28 de mayo y
429 del 6 de junio de 2025, proferidos en el trámite del incidente de desacato dentro
del proceso de tutela radicado 05001-23-33-000-2025-00446-00, configuraron una
vulneración de los derechos fundamentales invocados por el accionante.

En el caso examinado, se tiene que, en una primera acción de tutela, el Tribunal
Administrativo de Antioquia, mediante sentencia de 28 de abril de 2025, amparó los
derechos del actor y ordenó al Juzgado Diecisiete Administrativo Oral del Circuito de
Medellín revisar nuevamente el cumplimiento de la providencia del 18 de septiembre
de 2024, modificada por sentencia del 3 de octubre del mismo año, y adoptar las
medidas necesarias para garantizar su ejecución por parte de la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas. El accionante consideró que tal orden
no fue cumplida y, por ello, el 15 de mayo de 2025 promovió incidente de desacato
contra el juzgado.

No obstante, dicho trámite concluyó con el auto interlocutorio 408 del 28 de mayo de
2025, mediante el cual la magistrada ponente resolvió no declarar en desacato al
juez cuestionado. Frente a esta decisión, el señor Rosario Flórez interpuso recurso
de reposición y en subsidio apelación, que fueron rechazados mediante auto
interlocutorio 429 del 6 de junio de 2025. Esta secuencia procesal llevó al accionante
a formular la presente acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-03781-01
Accionante: Rubén Darío Rosario Flórez
Acción de tutela–Segunda instancia

y el Procurador General de la Nación, con la pretensión de que se dejaran sin efectos
las providencias señaladas y se ordenara la apertura del incidente de desacato,
además del cumplimiento del fallo del 28 de abril de 2025.

Ahora bien, al examinar el escrito de tutela, la Sala observa que la inconformidad del
accionante se limitó a cuestionar las conclusiones adoptadas por el Tribunal,
afirmando de manera genérica que se había desconocido su calidad de víctima y
que no se valoraron precedentes judiciales que, a su juicio, imponían una decisión
distinta. Sin embargo, el accionante no cumplió con la carga de demostrar de manera
clara y razonada que las providencias atacadas tuvieran una relevancia
constitucional para ser estudiadas en sede de tutela. En otras palabras, el
planteamiento del actor no trascendió de un desacuerdo subjetivo con la
interpretación judicial ni explicó cómo los autos cuestionados comprometieron de
forma directa sus derechos fundamentales.

Adicionalmente, la Sala advierte que el requisito de relevancia constitucional no se
acreditó, por cuanto el debate planteado se redujo a la valoración probatoria y a la
interpretación judicial de normas procesales que, en criterio del Tribunal, justificaban
la negativa de apertura del incidente de desacato y el rechazo de los recursos
interpuestos. Estos aspectos, por su propia naturaleza, corresponden al ámbito de la
legalidad ordinaria y deben ser resueltos por el juez natural del proceso, sin que
corresponda al juez de tutela reemplazar su criterio. Permitir lo contrario implicaría
convertir la acción de tutela en una tercera instancia, lo cual desnaturaliza su carácter
subsidiario y excepcional.

Tampoco se acreditó que las decisiones impugnadas hubiesen sido arbitrarias,
caprichosas o manifiestamente irrazonables. Por el contrario, se observa que las
providencias contienen una motivación fundada en los supuestos normativos y
probatorios disponibles, aun cuando el actor no comparta su alcance. La simple
existencia de precedentes que, a juicio del tutelante, resultaban aplicables, no basta
para configurar un defecto constitucional, pues correspondía demostrar la identidad
entre los supuestos fácticos y la pertinencia de la ratio decidendi, lo cual no fue
desarrollado.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-03781-01
Accionante: Rubén Darío Rosario Flórez
Acción de tutela–Segunda instancia

En cuanto a la vinculación del Procurador General de la Nación, se constató que la
demanda no identificó actuaciones concretas de dicha autoridad que justificaran su
inclusión como demandado, limitándose a señalar en términos amplios que debía
intervenir en defensa de sus derechos. Esta circunstancia ratifica la insuficiencia
argumentativa del escrito, en tanto no se delimitó con precisión la responsabilidad
atribuida a cada una de las autoridades cuestionadas.

En ese contexto, la controversia planteada no pone en evidencia una afectación
directa de derechos fundamentales, sino que excluye la configuración de una vía de
hecho y revela una inconformidad del accionante con el sentido de la decisión
adoptada y con la interpretación judicial del precedente aplicable, lo cual resulta
insuficiente para habilitar la intervención del juez de tutela como instancia adicional
de revisión.

En estas condiciones, la Sala concluye que la acción de tutela no superó el umbral
de procedencia excepcional frente a providencias judiciales, en la medida en que no
se acreditó la existencia de un problema de relevancia constitucional ni se cumplió
la carga de argumentación exigida para demostrar una vulneración directa de los
derechos fundamentales invocados. Por ello, la acción constitucional no está llamada
a prosperar, pues pretende utilizarse como un mecanismo alterno de revisión para
reabrir un debate ya resuelto en sede judicial ordinaria.

La acción de tutela, no está llamada a operar como instancia adicional ni como
mecanismo para sustituir el criterio interpretativo del juez natural, salvo que se
acredite un apartamiento manifiesto, irrazonable o arbitrario del ordenamiento
jurídico, circunstancia que no se acreditó en este caso. En ese contexto, al no
advertirse una actuación caprichosa, irrazonable o carente de sustento jurídico por
parte de la autoridad judicial accionada, resulta improcedente que el juez de tutela
intervenga para revisar o sustituir la interpretación adoptada por el juez natural.

Como se mencionó, la acción de tutela no constituye una tercera instancia ni un
mecanismo para desconocer la autonomía e independencia que rige las decisiones
judiciales. Por las razones expuestas, la Sala habrá de confirmar la sentencia del 31
de julio de 2025, proferida por el Consejo de Estado-Sección Quinta.

14
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-03781-01
Accionante: Rubén Darío Rosario Flórez
Acción de tutela–Segunda instancia

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 31 de julio de 2025, proferida por Consejo
de Estado-Sección Quinta, que declaró improcedente la acción de tutela, en los
términos expuestos en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO

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